El MPJD ante el Memorial de Calderón Pronunciamiento México D.F., 1 de agosto de 2012 (MPJD).- El 23 de junio de 2011, al final de los primeros diálogos en el Alcazar del Castillo de Chapultepec, le dijimos al presidente Felipe Calderón que, como parte de la agenda de paz que nuestro movimiento proponía, era necesario crear una memorial para todas las víctimas de la guerra y la violencia en México; frente a la nación, pues aquel diálogo fue público, tal como lo propusimos, el jefe del ejecutivo se comprometió a aportar los recursos necesarios e instruyó a su gabinete a gestionar los fondos necesarios. Tras aquel primer diálogo se instalaron diversas mesas de trabajo con el ejecutivo federal, donde el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad impulsó una agenda donde se proponían, entre otras tareas, crear una procuraduría de atención a víctimas y familiares de víctimas de la violencia desatada en el país durante los últimos cinco años –más de cuarenta mil muertos contábamos entonces los mexicanos, hoy esa cifra se acerca a los setenta mil–; también propusimos hacer avanzar la justicia en los casos de los compañeros que se habían integrado a nuestro movimiento así como los de aquellas personas que nos habían encargado hacer nuestros sus agravios en las diferentes caravanas que el movimiento llevaba a cabo en el norte y sur del país. Trabajamos, asimismo, en temas legislativos e impulsamos la Ley General de Víctimas y cuestionamos la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que desde nuestro punto de vista vendría a institucionalizar la estrategia de la guerra llevada a cabo por el presidente Calderón cuya consecuencia, a nuestros ojos, había sido la espiral de violencia que nos había arrebatado a nuestros seres queridos y convertido a México en una nación ensangrentada. Creímos, y lo seguimos haciendo, en la palabra, en el poder de la razón, en la fuerza de la verdad, pero tenemos que reconocer que de parte de las autoridades lo que recibimos hasta ahora ha sido mentira, traición y simulación. El caso del memorial a las víctimas es ejemplar: mientras el MPJD propuso un proceso de reconstrucción pública de la tragedia, donde se incluyera el rescate de los nombre de los muertos, la creación de un registro nacional de víctimas, el gobierno federal se limitó a hablar de víctimas del delito y a buscar acotar el concepto del memorial propuesto por el MPJD a un monumento de escasa relevancia. Si el MPJD propuso un proceso amplio, nacional, de pedagogía de la memoria y la reconciliación que incluyera una amplia convocatoria y diálogos y encuentros públicos en todo el país entre artistas y creadores con víctimas y familiares, el gobierno federal impuso como condición para el otorgamiento de los recursos acordados que la designación o el concurso para erigir el monumento se llevara acabo antes del mes de agosto para que fuera inaugurado en el sexenio del presidente Calderón. A las mesas de trabajo para acordar la creación del memorial la presidencia invitó de forma unilateral a otras organizaciones de víctimas (Pastoral de Movilidad