La política rural española se ha apoyado desde Europa desde el ingreso de España en la UE, fundamentalmente basado este apoyo en una política agraria comunitaria, con unos objetivos, programas e instrumentos financieros comunes. Aún a pesar de este apoyo, éramos conscientes de que el medio rural español mostraba diferencias de desarrollo respecto al medio urbano, especialmente acusado en determinadas zonas rurales (sólo cabe ver a nuestra provincia, problema de despoblación (además muy envejecida), muchos pueblos, territorio extenso, falta de servicios, que para mantener los servicios…..), este diferencial generó la necesidad de realizar un cambio en el enfoque de las políticas públicas para atender a territorios y poblaciones frecuentemente marginados (recordemos el Plan Teruel), dándole un enfoque fundamentalmente territorial e integral. De ahí surgió el 13 de diciembre de 2007, la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural, que establece las bases de una política rural propia, una política de Estado (por primera vez, en nuestra España rural…), una política adaptada a las condiciones económicas, sociales y medioambientales particulares del medio rural español. Esta Ley permite tener una política de desarrollo rural propia y cubre la ausencia de un texto legal que, a la vez respete escrupulosamente los Reglamentos comunitarios y el marco competencial de las CCAA. Permite además, continuar con la aplicación de los instrumentos de las políticas europeas, con los que ya contábamos, y además atiende a las políticas sectoriales convencionales, siempre bajo una premisa fundamental, todo debe girar en torno a un desarrollo sostenible sobre el medio rural. Una ley cuyo objetivo primordial es lograr el mantenimiento de la población rural y la mejora de sus condiciones de vida y rentas. Un texto legal que beneficia al 90% del territorio, al 80% de los municipios y al 35% de la población, lo que equivale a más de catorce millones de personas. Una norma que integra la actuación de 12 departamentos ministeriales con el fin de que todas las políticas del medio rural tengan un carácter coordinado y convergente para permitir de este modo en materia de desarrollo rural impulsar y establecer políticas con carácter horizontal de manera que se abarquen materias como la educación, la cultura, la sanidad, la vivienda, el transporte, la comunicación entre territorios, la seguridad en el medio rural… POLÍTICA de ESTADO INTEGRAL, ya que el medio rural y sus habitantes necesitan todos estos ámbitos para satisfacer sus necesidades, para poder desarrollar una calidad de vida en igualdad de condiciones que los habitantes del medio urbano. También pretende esta Ley lograr un alto nivel de calidad ambiental en el medio rural, preveniendo el deterioro del patrimonio natural, favoreciendo la biodiversidad, facilitando su recuperación, y propiciando una mejor planificación de los recursos naturales.
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