El combate frontal contra las drogas y el crimen organizado prevaleció como una de las prioridades en la agenda de la administración presidencial saliente (2006-2012). Conocida como la “guerra contra las drogas”, esta política pública ha implicado y sigue involucrando un grupo difuso y diverso de acciones, programas, proyectos, secretarías y organizaciones del gobierno en todos los niveles.
En México, el gasto público invertido en esta “política” ha alcanzado niveles importantes y continúa representando un rubro considerable de los presupuestos anuales del gobierno. Desde esta perspectiva, la política de drogas ha sido registrada en los presupuestos como parte del sector de seguridad pública o del eje de orden, seguridad y justicia y, por ende, considerada como un problema estrictamente de seguridad pública e impartición de justicia.
