Derechos Humanos y Lucha contra la impunidad
Colombia se raja en derechos humanos,
BOLETÍN #12 Enero - Marzo de 2019
- Primer fallo internacional sobre “falsos positivos” en concluyen Colombia 500 organizaciones sociales
- Organizaciones de DDHH agudización de la violencia Solidaridad con ladenuncian defensora de DD.HH. en Arauca María Ruth Sanabria Rueda, víctima de
- Organizaciones derechossuhumanos víctimas le un atentadodecontra vida eny de Arauca
piden a la JEP que proteja, organice y haga públicos los archivos del DAS
Tierra y Territorio Humanidad Vigente Corporación Jurídica es una organización no gubernamental de derechos humanos, sin ánimo de lucro, fundada en 1996, conformada por un equipo interdisciplinario de profesionales de distintas áreas del conocimiento, con alto compromiso social que trabaja por la defensa y protección de los derechos humanos integrales, con énfasis en los derechos de mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y víctimas del conflicto en Colombia.
-Solidaridad con los pueblos indígenas del Sur Occidente Colombiano. - Minga nacional por la defensa de la vida, los territorios y la paz Construcción de paz y Memoria - 124 organizaciones convocamos Velatón por la vida y la paz: No más asesinatos de líderes sociales - Ratificamos nuestra falta de confianza y el retiro de nuestros archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica
Niñas, Niños, Jóvenes y Mujeres - Gravísima violación al DIH contra niños y niñas de escuela en Ituango en medio de enfrentamiento entre el Ejército Nacional y las denominadas autodefensas gaitanistas de colombia
DERECHOS HUMANOS Y LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
Primer fallo internacional sobre “falsos positivos” en Colombia Escrito por : Humanidad Vigente y CAJAR
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por las ejecuciones extrajudiciales de seis jóvenes presentados falsamente por el Ejército como “muertos en combate”. El pasado 21 de diciembre de 2018, la Corte IDH notificó la sentencia del caso Villamizar Durán y otros vs. Colombia, en la que declaró responsable al Estado colombiano por la ejecución extrajudicial bajo la modalidad de “falsos positivos” de los jóvenes Wilfredo Quiñones Bárcenas, José Gregorio Romero Reyes, Albeiro Ramírez Jorge, Gustavo Giraldo VIllamizar Durán, Elio Gelves Carrillo y Carlos Arturo Uva Velandia, ocurridas en los departamentos de Arauca, Santander y Casanare entre los años 1992 y 1997. Los casos, que se habían tramitado de manera independiente ante la Comisión Interamericana, se acumularon en la fase de fondo antes de llegar a la Corte, lo que permitió analizar el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales a lo largo de la década de los noventa. La Corte concluye que para esos años existió “una política que impulsaba o al menos toleraba la comisión de ejecuciones sin proceso”. La Corte se refiere a los “falsos positivos” como “ejecuciones extrajudiciales en el marco del conflicto armado colombiano, con un modus operandi caracterizado por la muerte de civiles posteriormente presentados como miembros de grupos armadas ilegales dados de baja en combate, mediante diversos mecanismos de distorsión de la escena del crimen y de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos” (párr. 115). Si bien la Corte ha conocido otros casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, es el primer fallo de un tribunal internacional en que se reconoce un patrón de comisión de “falsos positivos”. Para ello, la Corte analizó
pronunciamientos internacionales de órganos de Naciones Unidas y decisiones de órganos como la Procuraduría General de la Nación, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado proferidos a lo largo de los años 90. Así, se reconoce la existencia de esta práctica en los noventa que se agudizó y generalizó a partir del año 2002 con base en que “se incentivó con diversos beneficios la eliminación de supuestos subversivos, lo que desató una nueva serie de ejecuciones sin proceso sobre población civil indefensa, con la perversa finalidad de obtener los beneficios ofrecidos valiéndose de este letal fraude” (párr. 71). En el trámite del caso, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad por violación al derecho a la vida, por lo que su defensa se basó en el rechazo de la acumulación de los casos y en alegar la inexistencia del alegado patrón, tesis que fueron derrotadas. Por lo anterior, la Corte condenó al Estado colombiano por violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal en perjuicio de las seis víctimas del caso. De igual forma, la Corte encontró violaciones a las garantías y a la protección judiciales por actuaciones contrarias a las garantías al juez natural, al plazo razonable y a la debida diligencia, causadas principalmente por las falencias y obstáculos de las investigaciones en el marco de la jurisdicción penal militar. Además, al ser el factor de encubrimiento un elemento característico de los “falsos positivos”, la Corte encontró vulnerado el derecho a la verdad de los familiares ya que “las notorias fallas en la investigación parecen denotar más bien maniobras destinadas a ocultar la verdad de los hechos”. 2
DERECHOS HUMANOS Y LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD Organizaciones de derechos humanos y de víctimas le piden a la JEP que proteja, organice y haga públicos los archivos del DAS Escrito por : Organizaciones sociales y de DDHH
Organizaciones defensoras de derechos humanos y de víctimas que hacemos parte de la Mesa por la Justicia Transicional -MJT de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos -CCEEU, le solicitamos a la SRVR que declare los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del DAS como archivos de derechos humanos, de acuerdo a la gran cantidad de pruebas sobre su vinculación en graves violaciones a los derechos humanos desde las década de los 80 y según los estándares nacionales e internacionales. Las organizaciones presentamos concepto técnico ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad en la primera sesión de la Mesa Técnica para verificar las condiciones de preservación y acceso a los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad -DAS a la que fuimos convocados mediante el Auto 10 de enero de 2018 de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad -SRVR, de la JEP. En la intervención evidenciamos investigaciones judiciales y periodísticas que han documentado la participación del DAS en la violencia política del país, desde la creación de las autodefensas hace 30 años en el municipio de Puerto Boyacá (que hasta hace pocos años se consideraba la capital antisubversiva de Colombia (Ver: Así fue la génesis del paramilitarismo), pasando por los homicidios de Luis Carlos Galán Sarmiento, Carlos Pizarro León Gómez, Bernardo Jaramillo Ossa, Jaime Garzón Forero y Alfredo Correa de Andreis, numerosas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, hasta el escándalo de las chuzadas ilegales a políticos, periodistas, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y defensores de derechos humanos que terminó con el cierre de esta entidad. Ante su importancia, denunciamos el riesgo en el cual se encuentran actualmente dichos archivos, según los mismos reportes de la Dirección Nacional de Inteligencia -DNI y el Archivo General de la Nación
-AGN a esta Mesa Técnica. Si no se organizan para saber qué contienen y preservarlos, estamos ante el riesgo de que la verdad plena sobre el papel de esta entidad en tantos años de violencia política en el país quede sepultada entre los más de doce mil (12.509) volúmenes que componen el archivo. Por otra parte, queremos insistir en que no se puede oponer reserva alguna a las víctimas y sociedad civil para su acceso y consulta a los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del DAS, justamente por tratarse de archivos relacionados con graves violaciones a los DD.HH. y al DIH según se argumentó en la intervención. En ese sentido, el argumento de que el acceso a dichos archivos siempre compromete la seguridad nacional debe ser modulado por la JEP para facilitar su acceso a la sociedad en general.
Organizaciones de DDHH denuncian agudización de la violencia en Arauca Escrito por : Humanidad Vigente
En lo transcurrido del presente año, en el departamento de Arauca han sido asesinadas 32 personas y tan solo en los últimos 6 días se registraron 8 víctimas. Así lo han denunciado tanto el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) Capítulo Arauca, como la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra. Leer más A pesar de que Arauca es uno de los departamentos en los que se cuenta con una fuerte presencia y control militar, la situación que vive el departamento es alarmante. La población civil se encuentra en medio de la violencia generada por los grupos armados legales e ilegales, lo que ocasiona una grave crisis de derechos humanos y la infracción constante al DIH. Además de los asesinatos, varios civiles han resultado gravemente heridos. A su vez, la comunidad araucana ha denunciado que en el municipio de Fortul, se han observado hombres encapuchados portando prendas militares y armas de largo alcance pero sin ningún tipo de distintivo. También han denunciado que en varios municipios del departamento circula un panfleto firmado por el décimo frente de las FARC-EP, en el que se advierte que se adelantarán actos de la mal llamada “limpieza social”. Leer más
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TIERRA Y TERRITORIO Minga nacional por la defensa de la vida, los territorios y la paz Escrito por : ONIC
La Organización Nacional Indígena de Colombia –ONIC, orientada bajo los principios de Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía, y correspondencia con los mandatos, hemos venido tejiendo de manera comprometida y persistente la unidad entre pueblos indígenas y sectores como los afrodescendientes, campesinos, populares, ambientalistas, estudiantes entre otros, con la apuesta de aportar a la construcción de un país más justo e incluyente, para alcanzar el sueño de lograr un buen vivir para todos y todas y la certeza que solos y solas no podemos hacerlo. Con este propósito, los Pueblos Indígenas de Colombia que históricamente hemos sido defensores de la vida, la paz, armonía y el equilibrio con la Madre Naturaleza hemos motivado y participado de escenarios de convergencia como la Cumbre Campesina Étnica y Popular, La Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, las iniciativas de paz, los Movimientos políticos alternativos como MAIS y Colombia Humana, entre otros, que en los últimos años han planteado al país y la sociedad colombiana una propuesta de esperanza y transformación social. En esta perspectiva de unidad nos encontramos en espacios importantes de convergencia como: La Asamblea Legislativa Popular y de los Pueblos, realizada en octubre del 2018, el Encuentro de Organizaciones Políticas y Sociales, realizada en febrero 2019, donde participamos más 170 organizaciones sociales. Y la Comisión Política de la ONIC en 19 febrero 2019 donde convergemos alrededor de 50 organizaciones indígenas del país desde La Guajira hasta el Amazonas. En los cuales hemos caracterizamos el momento actual y decidimos los siguientes puntos: 1. Frente al contexto, analizamos: Colombia y América Latina atraviesan por una crisis como consecuencia de la agudización del modelo económico, social y político que continúa y acrecienta la acumulación de riqueza en pocas manos y
aumenta la brecha de la desigualdad social, imponen gobiernos de extrema derecha que crean guerras para el despojo de los territorios, violan los derechos conquistados en las luchas, atacan las autonomías y soberanías de los pueblos y destruyen la madre tierra. 2. Frente a esta realidad reafirmamos y decidimos: Que es necesario juntar esfuerzos, unir las luchas y actuar conjuntamente para defender la vida, los territorios, la autonomía, el agua, los derechos humanos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, las garantías democráticas y expresar nuestra voluntad de seguir construyendo la paz a través de una agenda común de movilización, acción política y unidad. 3. Como agenda de unidad y movilización se consensuó cinco (5) puntos: - Defensa de la vida, la paz y los derechos humanos. - Defensa de los territorios para la vida. - Defensa de los DESCA: derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. - Acuerdos incumplidos con el movimiento social colombiano. - Posicionamiento político y exigibilidad frente Plan de Desarrollo 2018-2022. En este marco de la agenda nacional desde los Pueblos Indígenas desarrollamos las siguientes propuestas. AGENDA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN EL MARCO DE LA MINGA NACIONAL. 1. DEFENSA DE LA VIDA, LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS. 2. DEFENSA DE LOS TERRITORIOS PARA LA VIDA 3. LA DEFENSA DE LOS DESCA: DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES. Leer más
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TIERRA Y TERRITORIO Solidaridad con los pueblos indígenas del Sur Occidente Colombiano.
#17Abril|Día Internacional de la Lucha Campesina 2019: ¡Derechos Campesinos YA! ¡Con Reforma Agraria y justicia social!. Escrito por : Vía Campesina
Escrito por : Humanidad Vigente
Foto tomada de: Telesur.como
Humanidad Vigente Corporación Jurídica, rechaza de manera contundente el hecho ocurrido el pasado 21 de marzo del presente año, en el que 9 Guardias Indígenas fallecieron y 15 se encuentran gravemente heridos, y se solidariza con los pueblos y familias indígenas Embera, Nasa y Wounaan, afectados por el mismo. Los hechos ocurrieron en el corregimiento de Juntas, resguardo indígena de Papita, municipio de Dagua, Valle del Cuaca. Según el Consejero de Derechos Humanos de Las Autoridades Tradicionales de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca – ORIVAC, “presuntamente una persona lanzó un artefacto explosivo” dejando como resultado el número antes referido de Guardias Indígenas muertos y heridos. Resulta inaceptable la estigmatización que tanto el Gobierno Nacional como los medios de comunicación han realizado de este hecho, al tiempo que apoyamos los esfuerzos que hacen los pueblos indígenas organizados en la Minga social del Sur Occidente Colombiano, en la búsqueda de salidas dialogadas a la problemática que padecen, dados los incumplimientos históricos que los distintos gobiernos han acumulado con estos pueblos De igual forma extendemos el llamamiento para que las autoridades competentes, Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, adelanten las investigaciones que lleven al esclarecimiento de los hechos, sin menoscabar la autonomía de la Jurisdicción Especial Indígena. Invitamos al pueblo colombiano y a la comunidad internacional, a solidarizarse con las justas luchas y demandas legítimas de los pueblos indígenas del sur occidente colombiano.
Este 17 de Abril, Día Internacional de la Lucha Campesina, con nuestra memoria viva y con la rebeldía heredada por nuestros 19 compañeros Sin Tierra asesinados impunemente en la llamada “Masacre de Eldorado dos Carajás” en Brasil;como cada año llamamos a nuestros miembros, amigxs y aliadxs a unificar acciones potentes a nivel global; afirmando que solo es posible tener Derechos Campesinos con Reforma Agraria y Justicia Social. El pasado 17 de diciembre de 2018, la Sesión 73 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, ahora que la declaración es un instrumento legal internacional. Como La Vía Campesina nos movilizamos por una implementación real en los territorios, y esto implica que los Estados garanticen acceso a la tierra, la protección de las semillas frente a la mercantilización y el freno de los desalojos y muertes y aplicar medidas contra los agrotóxicos; justicia social significa entonces que quienes alimentan al mundo vivan en condiciones dignas y en paz en el campo, sin ser judicializados por defender sus derechos y territorios. En ese sentido, la urgencia de la Reforma Agraria, en un contexto de extractivismo y de un alarmante acaparamiento de tierras, resulta estratégica ya que la ofensiva neoliberal en todo el mundo viene acompañada de pérdida de derechos de la clase trabajadora, y del campesinado por consiguiente. Es por eso, que este 17 de Abril nos movilizamos, y llamados a la lucha y resistencia en todos los territorios, convocamos también a otros movimientos sociales organizados, sindicales, universidades, medios de comunicación amigxs y a los gobiernos populares que priorizan a los pueblos; pues los Derechos Campesinos conquistados no pueden ser sustituidos por políticas públicas basadas en los interés del mercado global y del agronegocio.
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CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y MEMORIA Ratificamos nuestra falta de confianza y el retiro de nuestros archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica Escrito por : Organizaciones sociales y de DDHH
El conflicto armado en Colombia es innegable, así como la existencia de otras violencias, como la socio política asociada a la práctica sistemática de violaciones de DD. HH. Partiendo de esta realidad histórica las víctimas, organizaciones sociales, de derechos humanos y demás personas de la sociedad civil que suscribimos el presente comunicado, rechazamos contundentemente la designación de Darío Acevedo como director del Centro Nacional de Memoria Histórica CNMH. En declaraciones públicas Acevedo ha demostrado posturas de negación del conflicto armado así como de rechazo y estigmatización a víctimas y organizaciones que a todas luces van en contravía del espíritu misional de esta institución, rompiendo la confianza sobre la objetividad que bajo su dirección se pueda tener en la reconstrucción de la memoria nacional. En consecuencia, manifestamos nuestra determinación colectiva de no colaboración con esta institución, pues la evidente falta de imparcialidad de Darío Acevedo para asumir el mandato de develar todos los hechos victimizantes y sus responsables, no es coherente con los Principios Internacionales referidos al deber de la Memoria del Estado y el Derecho a la Verdad y lucha contra la impunidad que poseen las víctimas y la sociedad en general. En este mismo sentido, las víctimas y organizaciones que desde la promulgación de la ley 1448 de 2011, iniciamos concertaciones de confianza para celebrar, actas, acuerdos y/o convenios con el CNMH en el objetivo de aportar los archivos físicos y digitales sobre violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario durante el conflicto armado y la violencia política, hemos decidido retirar la totalidad de material entregado debido a la falta de garantías reales para su salvaguarda y buen uso en la reconstrucción de la Memoria encaminada a la consecución de la Verdad que Colombia merece.
Llamamos la atención sobre la necesidad de resguardar la independencia y autonomía de las instituciones que, como el Centro Nacional de Memoria Histórica, se han creado con el mandato de aportar en la consecución de la verdad y la Justicia como mecanismo de reparación a las víctimas y como garantía de no repetición, las cuales solo serán posibles si se parte del reconocimiento del conflicto armado y se posibilita la conjunción de las diversas voces, rostros, lenguajes y lugares sin sobreponer intereses que jueguen al vaivén de los gobiernos de turno.
124 organizaciones convocamos Velatón por la vida y la paz: No más asesinatos de líderes sociales
Escrito por : Organizaciones sociales y de DDHH
Las organizaciones de víctimas, sociales y de derechos humanos hacemos un llamado a la sociedad colombiana a manifestarse el próximo 6 de marzo en contra de la política de muerte y guerra que se ha instaurado en el país. El actual gobierno de Colombia está desconociendo el Acuerdo de Paz; se resiste a promover la verdad y la reconciliación; cierra las puertas a una salida negociada al conflicto armado y no adopta las medidas que se requieren para frenar el asesinato de líderes sociales. Durante los primeros siete meses de gobierno, han sido asesinados cerca de 60 líderes sociales. Pese a esta realidad, el Estado ha promovido medidas que, en vez de garantizar su protección, profundizan los riesgos que enfrentan. Muestra de ello es la libertad para el porte de armas, la militarización de los programas de protección, el desfinanciamiento de los programas de reparación a víctimas, y la utilización del territorio nacional para promover la confrontación en vez del diálogo. 6
CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y MEMORIA Organizaciones de DDHH, sociales y de víctimas condenan el atentado contra la Escuela de Policía General Santander Escrito por : Organizaciones sociales y de DDHH
La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos – CCEEU, La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, La Plataforma Colombiana de DDHH, Democracia y Desarrollo – PCDHDD, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE y La Red Nacional en Democracia y Paz, conformadas por más de 500 organizaciones sociales y de promoción de los derechos humanos, condenan el atentado explosivo contra la Escuela de Policía General Santander que ha dejado, según informaciones iniciales, 9 personas muertas y más de 50 personas lesionadas, y se solidarizan con los familiares y víctimas de este atentado. Estas acciones, que pretenden hacer retroceder al país a épocas de zozobra y de guerra degradada, son condenables sin importar cuáles hayan sido sus responsables o sus justificaciones. El camino hacia una sociedad en paz y respetuosa de los derechos para todas las personas no puede ser otro que el de profundizar la salida negociada a nuestro conflicto armado interno y la implementación firme y decidida del Acuerdo de Paz celebrado entre el Gobierno Nacional y las FARC. Este atentado no puede convertirse en un pretexto para desistir de la vía negociada a la confrontación armada, incrementar la militarización y justificar el cierre de los espacios y libertades democráticas. Ante este panorama urge generar una amplia movilización de la ciudadanía para persistir en el fortalecimiento de la democracia y la vigencia irrestricta de los derechos y libertades públicas, lo que exige profundizar el cumplimiento de los compromisos del Estado, la comunidad internacional y la sociedad colombiana con la implementación cabal de los Acuerdos de Paz firmados con las FARC y la exigencia al Estado y al ELN de poner fin a las acciones que han impedido reanudar este proceso de negociaciones hacia la superación definitiva del conflicto armado en el país por la vía la negociación política. Hacemos un llamado a la sociedad colombiana a persistir en la construcción de una paz estable y
duradera. Las colombianas y colombianos podemos juntos superar esta historia de violencia indiscriminada si seguimos avanzando en la búsqueda de la convivencia pacífica. La guerra, la violencia, el terror no son la solución, por el contrario, generarán más violencia. Leer más
Todos y todas Unidas por la paz Escrito por : Organizaciones sociales y de DDHH
Las organizaciones sociales y plataformas que trabajamos por la paz y los derechos humanos en la convergencia POR LA PAZ, rechazamos el atentado con explosivos que segó la vida de 21 personas y dejó decenas de heridos en la escuela general Santander de la ciudad de Bogotá, y nos solidarizamos con los familiares y allegados de las víctimas. Ante las afirmaciones del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, que señala la autoría y responsabilidad del ELN en este atentado, exigimos al Ejército de Liberación Nacional pronunciarse de inmediato sobre esta delicada acusación pública, en aras de contribuir a la verdad y al esclarecimiento de los hechos. Expresamos nuestra preocupación por las voces que desde diferentes sectores de la sociedad convocan a la guerra y la violencia como salida al conflicto armado interno. Llamamos a la sociedad colombiana a no permitir que se imponga la guerra, y por el contrario sigamos avanzando en la solución política negociada y el compromiso, decisión, amor y trabajo por la construcción de la paz en un país que ya no aguanta más violencia, ni más líderes y lideresas asesinados, estigmatizados y judicializados. Colombia merece un presente y un futuro de paz, democracia y justicia social. 37
NIÑAS, NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES Gravísima violación al DIH contra niños y niñas de escuela en Ituango en medio de enfrentamiento entre el ejército nacional y las denominadas autodefensas gaitanistas de colombia
Escrito por : Nodo Antioquia Coordinación Colombia
Foto tomada de: donpolitikon.com
DENUNCIA PÚBLICA: El Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y el Proceso Social de Garantías para Defensores/as de Derechos Humanos en Antioquia, denunciamos las siguientes violaciones, ante las autoridades colombianas responsables de la vigilancia y protección del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario y ante los organismos e instituciones nacionales e internacionales que velan también por el complimiento de las normas internacionales para la protección de la dignidad humana. Hechos: · El día lunes 04 de febrero de 2019, a las 8:40 am (plena hora de clase), varios hombres armados, al parecer pertenecientes a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, hicieron presencia en la I.E. Luis María Preciado Echavarría, sede la América, del municipio de Ituango. Aproximadamente a las 9 am el Ejército Nacional inicia una serie de disparos en contra de estas personas armadas, quienes responden, y se inicia un fuerte enfrentamiento sin importar la presencia de niños, niñas y docentes poniendo en completo riesgo sus vidas y violando claramente, el principio de protección y distinción. Ante esta situación, los padres de familia completamente desesperados y arriesgando sus vidas llegaron hasta las instalaciones de la escuela para tratar de proteger a sus hijos/as. · Fruto de esto, han sido suspendidas las clases en esta escuela por el nivel de afectación emocional sufrido por las y los niños, además de los padres de familia, quienes no ven condiciones de seguridad para que sus hijos/as vayan a la escuela. · Este hecho se suma al ocurrido el pasado 4 de enero, cuando en aparente combate, la población civil se vio inmersa en fuego cruzado que por fortuna no hubo víctimas, sin embargo, se ocasionaron algunas afectaciones y daños al techo de una ramada recién construida. Luego de esto, unos diez soldados ingresaron a la vivienda solicitando datos de los ocupantes y haciendo una inspección ocular a la vivienda en busca de los miembros del grupo armado. Estas violaciones al Derecho Internacional Humanitario (Protocolo Adicional II, en el apartado que hace referencia a los bienes y personas protegidas) que deben ser investigadas y sancionadas por las autoridades competentes. Exigimos a las autoridades competentes de atender a las y los niños, asumir responsabilidades urgentes para garantizar su respectiva integridad física, mental y emocional. Por último, solicitamos a las dependencias responsables de la protección de los derechos y garantías fundamentales (Personería Municipal, Procuraduría Regional y responsables jurídicos y para el control interno de las fuerzas militares) para que luego de adelantar las investigaciones y documentación informen públicamente el resultado de las investigaciones y las acciones de compromiso para la no repetición. 8
BOLETÍN #12
Enero - Marzo de 2019
Equipo de redacción: David Uribe Erika Gómez Oscar Pardo Cesar Quinche Santiago Briceño
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