Derechos Humanos y Lucha contra la impunidad
Colombia se raja en derechos humanos,
BOLETÍN #11 Octubre - Diciembre de 2018
- Consejo de Estado declara responsable al concluyen socialesdel Ejército Nacional500 pororganizaciones la ejecución extrajudicial campesino Guillermo León Benítez
Solidaridad la defensora de de DD.HH. - Exigimos respeto porcon el principio de centralidad las víctimas María Ruth Sanabria Rueda, víctima de - Humanidad Vigentecontra rechazasu allanamiento de la Fiscalía a un atentado vida en Arauca
la Jurisdicción Especial para la Paz
Tierra y Territorio Humanidad Vigente Corporación Jurídica es una organización no gubernamental de derechos humanos, sin ánimo de lucro, fundada en 1996, conformada por un equipo interdisciplinario de profesionales de distintas áreas del conocimiento, con alto compromiso social que trabaja por la defensa y protección de los derechos humanos integrales, con énfasis en los derechos de mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y víctimas del conflicto en Colombia.
- Acceso a la justicia y restitución de tierras - El futuro de las consultas populares y la importancia de la participación ciudadana
- Foro Académico: análisis al proceso de restitución de tierras en Meta Construcción de paz y Memoria - Las y los jóvenes identifican herramientas para la exigibilidad de sus derechos - Estado Colombiano reconoce responsabilidad por ejecuciones extrajudiciales en Saravena, Arauca
Niñas, Niños, Jóvenes y Mujeres -Ni un minuto de silencio, una vela por los líderes y lideresas asesinados. - La verdad es esencial para construir una paz estable y duradera
DERECHOS HUMANOS Y LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
Consejo de Estado declara responsable al Ejército Nacional por la ejecución extrajudicial del campesino Guillermo León Benítez
Foto tomada de: eltiempo.comco
Escrito por : Humanidad Vigente
El señor Guillermo León Benítez, era un campesino humilde y trabajador habitante de la vereda el Tamar del municipio de Remedios, Antioquia, padre de 6 hijos y dedicado a las labores de la agricultura, la cual era el sustento para él y su familia. El día 25 de noviembre del 2006, el señor Benítez habría salido de su casa rumbo a la vereda La Bodega en Remedios, para mercar y hacer un negoción con madera; pero su familia, desde ese día no volvió a tener noticias de él, hasta cuando su compañera permanente después una búsqueda incesante lo encontró enterrado en el cementerio de Remedios como NN . En la búsqueda iniciada por sus familiares se enteran que la última vez que se le vio fue ese día 25 de noviembre hacia las 11 de la mañana, por la vereda Los Bajitales y que el caballo en el que se desplazaba fue encontrado muerto con la silla de montar picada, y que en la zona se encontraban tropas del Ejército Nacional adscritos a la Brigada XV, Batallón Pedro Justo Berrio, Pelotón Bravo 1. El martes 27 de noviembre, la compañera permanente de la víctima se entera que el Ejército Nacional estaba realizando el levantamiento de un cadáver, por la zona en donde desapareció su compañero, razón por la cual se dirige hasta donde está la tropa para averiguar si podía ser su esposo, pero el Ejército le impide ver el cadáver, diciéndole que se trató de un guerrillero dado de baja. Uno de los hermanos de la víctima que también fue participe en la búsqueda, se entera que el 29 de noviembre fue enterrada una persona como NN en
el cementerio de Remedios, que fue llevada por las tropas del Ejército y que según éstas se trataba de un guerrillero de las FARC dado de baja en combate, en la zona en donde desapareció Guillermo Léon Benítez, por lo cual el hermano del señor Benítez, solicita a la Fiscalía que se exhume el cadáver ya que podía ser su hermano, sin embargo, la Fiscalía no accede a la petición argumentando que ese cuerpo llego en alto grado de descomposición por lo que sería imposible su reconocimiento. Nueve días después –el 04 de diciembre- la compañera permanente de Guillermo Léon Benítez acude a hacer reconocimiento fotográfico en las instalaciones de la Sijin, del cuerpo sin vida que había sido llevado por el Ejército Nacional del supuesto guerrillero dado de baja en combate, identificando en las fotos que se trataba de su compañero. De la valoración de las pruebas realizadas dentro del proceso judicial se estableció que el señor Benítez no habría participado de ningún combate, ya que no disparo ningún arma, no poseía zapatos y el disparo que le habría quitado la vida fue hecho por la espalda. De igual forma se logró ratificar que el Ejército habría manipulado la escena del crimen a su conveniencia, atribuyéndose funciones de policía judicial, hecho que extralimita sus funciones y son contrarias a la ley y a la constitución. Por lo que el Consejo de Estado manifesto que: “Se probó, que las actuaciones de los agentes de la demanda obstaculizaron la pronta y real identificación del occiso, el desinterés por el establecimiento de la verdad sobre lo ocurrido y la intención de eludir la acción de la justicia”. Es por ello, que el Consejo de Estado calificó este hecho como una grave violación a los derechos humanos, en la modalidad de ejecución extrajudicial (falso positivo) que reviste tal gravedad porque constituyen un crimen de lesa humanidad. Y deplora los argumentos que utilizo la defensa judicial del Ministerio de Defensa al pretender justificar el crimen del humilde campesino, haciendo una inadecuada interpretación del DIH. Leer más 2
DERECHOS HUMANOS Y LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD Exigimos respeto por el principio de centralidad de las víctimas
actitud. El mismo rechazo y posterior retiro de la audiencia se presentó también en Medellín.
Escrito por : Organizaciones sociales y de DDHH
Víctimas y familiares de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por tropas del Ejército Nacional bajo la comandancia del General (R) Mario Montoya Uribe, así como sus representantes, acudimos a la audiencia citada con una alta expectativa, tras un largo camino y lucha por el reconocimiento de los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, esperando en las actuaciones procesales de la JEP la posibilidad de un trato digno y garante de estos derechos según lo establecido en el Acuerdo Final. Durante la audiencia, la Sala no fue clara en precisar los fundamentos jurídicos de la misma, derivando en una vulneración a las garantías del debido proceso por la inseguridad generada para las víctimas y sus representantes. Mientras algunas resoluciones de la Sala consideraban como fundamento de la audiencia el artículo 75 de la Ley de Procedimiento de la JEP, norma abiertamente inconstitucional y cuestionada por la misma JEP, el día de ayer se indicó un argumento y fundamento normativo completamente distinto. Igualmente, la Sala privilegió al General (R) Mario Montoya al dar trámite a la firma del Acta de Sometimiento omitiendo reconocer la calidad de víctimas y a sus representantes que se hicieron presentes en las dos sesiones de la audiencia. Asimismo, relegó a un momento posterior la decisión sobre las nulidades y los recursos planteados por los representantes de las víctimas en la primera sesión de la Audiencia. Ante las constantes insistencias de los abogados y abogadas por las irregularidades con las que avanzaba la audiencia, la Sala impidió el uso de la palabra y rechazó las peticiones presentadas por algunos representantes y familiares de víctimas, constituyendo un trato abiertamente discriminatorio a estas. La Sala adoptó una actitud irrespetuosa con algunas de las víctimas que acudieron con sus representantes, lo que ocasionó la indignación y posterior retiro de la sala de audiencia como un acto de rechazo a las actuaciones presentadas en la audiencia y en solidaridad con quienes recibieron directamente esta
La JEP tiene como principio rector la centralidad de las víctimas y cada una de las Salas debe observar detalladamente que los procedimientos al interior de las audiencias no resulten discriminatorios y confusos, máxime si los procesos de conocimiento de la JEP se tratan de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH y busca reconocer la pluralidad de víctimas en diferentes regiones del país.
Humanidad Vigente rechaza allanamiento de la Fiscalía a la Jurisdicción Especial para la Paz Escrito por : Humanidad Vigente
Humanidad Vigente Corporación Jurídica rechaza el allanamiento por parte de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial para la Paz. Los hechos ocurrieron el día de ayer cuando un agente de la policía judicial le notificó a la JEP que se adelantaría un proceso de inspección en el caso 001, en consecuencia la Fiscalía tuvo acceso a una Leer más copia digital del expediente. Estos hechos amedrantan la independencia y autonomía judicial del organismo naciente en el Acuerdo firmado entre el Gobierno Nacional y la extinta guerrilla de las FARC-EP, y que demuestra una vez más la persecución a la Jurisdicción Especial para la Paz y sus funcionarios, por parte de la Fiscalía General de la Nación. Hacemos un llamado a la sociedad civil y a la Procuraduría General de la Nación, a pronunciarse ante estos hechos que pretenden deslegitimar el Acuerdo de Paz y reiterar la capacidad investigativa e independiente que tiene este nuevo organismo judicial el cual tiene como objetivo contribuir a la verdad y la reparación de las víctimas. A si mismo hacemos un llamado a la comunidad internacional a hacer un seguimiento adecuado a este tipo de acciones que no reconocen la centralidad de las víctimas y ponen en riesgo el proceso de paz. 3
TIERRA Y TERRITORIO Acceso a la justicia y restitución de tierras Escrito por : Humanidad Vigente
Debido al acompañamiento que realiza Humanidad Vigente al proceso de restitución de tierras en el departamento del Meta y específicamente en el municipio de Mapiripán, se ha podido comprobar que el principal embudo en la restitución de tierras se encuentra en la fase administrativa, evidenciando el altísimo nivel de negaciones al derecho a la restitución de tierras en dicha fase que a nivel nacional ronda el 64% de las solicitudes. El pasado 27 de septiembre la Comisión Colombiana de Juristas -CCJ- presentó el informe Cumplir metas, negar derechos realizando un análisis de la implementación de la fase administrativa de la restitución en el período 2012-2017. Con rigurosidad, la CCJ demuestra que hubo un cambio abrupto entre un primer período 2012-2014 y un segundo período 2015-2017. Básicamente, en el segundo período la Unidad de Restitución de Tierras dobló el cumplimiento de sus metas. No obstante, detrás de los “buenos resultados” se esconde un cambio inusitado en los indicadores de cumplimiento al tiempo que las negaciones al derecho de la restitución aumentaron y fueron asumidas por la URT como una forma exitosa de darle trámite a las solicitudes. Es decir, se procesaron más rápido las solicitudes pero hubo un incremento sustancial en las diferentes modalidades que niegan la restitución a los reclamantes (no inicio de estudio formal, no inscripción en el Registro y desistimiento tácito). En el lanzamiento del informe, la Procuraduría compartió algunas cifras que serán publicadas próximamente y que coadyuvan las afirmaciones de la CCJ. Según sus indagaciones, 23 municipios del país tendrían un porcentaje de negación por encima del 50%. Mapiripán es uno de ellos, cuyo índice de negación rondaría el 77%. Es decir, aproximadamente ocho de cada diez reclamantes de tierras en Mapiripán no han superado la fase administrativa.
El 19 de noviembre de 2018 se realizó un Foro Académico en Villavicencio sobre la restitución de tierras en el Meta, organizado por varias organizaciones de víctimas y de derechos humanos , en donde nuevamente se puso de presente los obstáculos que encuentran las víctimas en el trámite ante la Unidad de Restitución. Dentro de las causales más comunes de negación se identifican: (i) la relación entre el despojo/abandono con el conflicto armado; (ii) la relación jurídica de los solicitantes con la tierra; y (iii) los desistimientos tácitos. Humanidad Vigente puso de presente el caso de un reclamante de Mapiripán que fue víctima de secuestro y tortura en una incursión previa de los paramilitares a la Inspección de La Cooperativa y que luego, con posterioridad a la masacre de julio de 1997, salió desplazado de esta misma localidad. Tan sólo dos meses después del desplazamiento, una persona con pleno conocimiento de su situación le ofrece comprar su tierra a lo que la víctima accede ante la premura económica que atravesaba. Para la Unidad de Restitución este caso constituyó una “libre transacción” porque el comprador no hacía parte de los grupos armados y tampoco amenazó o violentó a la víctima para que le vendiera el predio. Sin embargo, esto constituye un análisis restrictivo de la categoría de despojo que desconoce esfuerzos previos como los de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada, según los cuales el despojo se configura con independencia del uso de violencia directa. Específicamente categoriza un tipo de despojo de “acto ilegal de enajenación entre particulares” cuyo rasgo distintivo es el vicio de Leer más consentimiento al momento de celebrar el contrato.
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TIERRA Y TERRITORIO El futuro de las consultas populares y la importancia de la participación ciudadana Escrito por : Humanidad Vigente
Las organizaciones sociales y colectivos ambientales de Fusagasugá, trabajaron en conjunto con la comunidad y las autoridades locales del municipio, para impulsar la consulta popular de Fusagasugá realizada el pasado 21 de octubre, donde 39.175 personas votaron en rechazo al fracking, mientras que 202 votaron por el sí. Entrevistamos a David Uribe quien hace parte de Territorios de Paz –Terrepaz-, articulación de equipos profesionales que hicieron parte del proceso, sobre el futuro de las consultas populares y la importancia de los resultados del 21 de octubre. Maria Cecilia Lozano es coordinadora de la Red de Mujeres Desplazadas del Meta e integrante de la Mesa Departamental de Víctimas. ASOMUDEM trabaja desde el año 2006 en la defensa de los derechos humanos con especial énfasis en los derechos de las mujeres víctimas, la restitución de tierras y el retorno y la reparación colectiva. Otro de los líderes que aparece en el panfleto es Cesar Plata, vicepresidente de la Unión Patriótica en el municipio de Soacha e integrante de la coordinación de víctimas de la Corporación REINICIAR, quien fue víctima de un atentado contra su vida el pasado 31 de agosto de 2018, cuando un sicario irrumpió en su residencia y lo impactó en 3 ocasiones con arma de fuego.
En esa línea ¿se podría decir que la consulta popular de Fusagasugá si tiene validez? Claro que la tiene. Desde la lectura política, el gobierno tiene la intención de bloquear las consultas populares e inclusive de tumbar las consultas que ya se hicieron, en asuntos jurídicos siempre hay un tramo de disputa y de interpretación, y uno puede encontrar eso en la misma Corte, porque antes se habían pronunciado a favor y ahora lo hacen en contra del alcance de las consultas, pero hay suficientes argumentos que respaldan su validez y legitimidad. El gobierno debe entender que hay un importante número de gente que le está diciendo no a este tipo de prácticas, y eso es lo que permiten ver estos ejercicios como las consultas populares, en donde no se ofrece ninguna dádiva por participar, ni día hábil de trabajo, ni descuentos, ni mucho menos partidos políticos que se presten para pagar votos o cosas así. La gente sale a votar a conciencia. Leer más
¿Cuál es el futuro de la consulta popular de Fusagasugá ante la decisión de la Corte Constitucional de ponerle límites? Para nosotros el pronunciamiento de la corte regiría a futuro, y por lo tanto la consulta se mantiene hasta que no se diga lo contrario, esa es una decisión ya tomada. Pero incluso, es un pronunciamiento que todavía no tiene plenos efectos jurídicos porque no contamos con la sentencia, lo que se conoce es un comunicado de la Corte en donde se da a conocer un sentido de fallo. Por lo menos el Consejo de Estado ha dicho que los comunicados son eso, comunicados, o sea que tienen un efecto informativo, mientras que la sentencia tiene el efecto jurídico vinculante.
El cumplimiento de las expectativas de las víctimas de desplazamiento forzado frente a la restitución de tierras es de vital importancia para la pretendida transición hacia una paz democrática. Humanidad Vigente está comprometida con el avance de la restitución en el departamento del Meta y considera de vital importancia la participación de la academia en los espacios de diagnóstico y proyección de esta política, identificando los retos y potencialidades, y sumando voces para su prolongación
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CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y MEMORIA A un año de la masacre en la comunidad del Tandil y agresión a la misión humanitaria Escrito por : Humanidad Vigente
Conmemoramos y recordamos los momentos de Angustia que se vivieron a partir del día 05 de octubre del año 2017, estos trágicos momentos los vivieron las comunidades campesinas, afros e indígenas del Tandil en Tumaco, departamento de Nariño, la razón, habían sido asesinados humildes campesinos, que estaban exigiendo el cumplimiento de la implementación de los acuerdos, en esa oportunidad las comunidades estaban defendiendo y solicitando se respetara e implementara lo pactado[1]. La protesta contra la erradicación forzada se convirtió en una verdadera masacre, según las versiones que se lograron recopilar, posteriormente con las comunidades afectadas y las víctimas directas, quienes manifestaron que varios campesinos se organizaron de tal manera, para no dejar a los miembros de la Fuerza Pública y los erradicadores que se dirigían hacia las plantaciones de coca; Sin embargo Mientras que el Gobierno sostiene que sólo murieron seis campesinos, los habitantes de la zona señalan que al menos diez de sus compañeros fueron masacrados, otros permanecen desaparecidos y más de 15 resultaron heridos[2]. Posteriormente a los hechos acaecidos ese 05 de octubre, desde varios escenarios entre organizaciones sociales y entidades regionales, se propuso una visita humanitaria con el objetivo de acompañar a las comunidades pero también de poder establecer lo sucedido ese día, por la gravedad de lo ocurrido, máxime cuando existían versiones contrarias entre la fuerza pública y las víctimas, así es como 08 de octubre logra llegar hasta el Tandil una misión, conformada por varias organizaciones, entidades regionales y organismos internacionales, destacando la presencia de delegados de la segunda misión de verificación de ONU, delegados de la oficina del alto comisionado de ONU, delegados de la MAPP OEA, delegado de la defensoría del pueblo, delegados del gobierno departamental y varias organizaciones de la sociedad civil territoriales y nacionales, sin embargo y pese a la presencia de las autoridades regionales y los organismos internacionales esta misión humanitaria fue atacada por parte de los miembros de la fuerza pública, en esta oportunidad no se registraron pérdidas
humanas o personas heridas[3]. Sin embargo este ataque reflejo el desconocimiento y la falta de respeto por los derechos humanos, pero además el desconocimiento al orden constitucional y legal. A la fecha no se ha avanzado en las investigaciones judiciales, ni disciplinarias, tampoco existe una respuesta eficiente por parte de la Fiscalía General de la Nación, en este orden de ideas los hechos que sucedieron desde el 05 al 08 de octubre del año 2017 quede en total impunidad, así mismo, no se ha tenido una atención y reparación integral a las víctimas y comunidades que resultaron afectadas. Actualmente el departamento de Nariño, especialmente en el municipio de Tumaco es una de las zonas con más hectáreas sembradas de hoja de coca, estos cultivos han sido históricamente la única fuente de trabajo y sustento económico para miles de familias, reflejando el reiterado abandono y falta de presencia del estado, realidad que es desconocida por el actual gobierno, a esto se suma que no se ha dado celeridad y cumplimiento a las resoluciones y actos administrativos donde se adjudica los predios a las comunidades afros e indígenas, pero tampoco hay una voluntad política y administrativa de reubicar a cientos de familias campesinas que hace más de veinte años llegaron al departamento en calidad de víctimas de desplazamiento forzado. Leer más
Foto tomada de: vanguardia.com.co
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CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y MEMORIA Comisión Interamericana de Derechos Humanos realiza audiencia sobre asesinatos de defensoras y defensores en Colombia Escrito por : Organizaciones sociales y de DDHH
Este jueves 6 de diciembre, organizaciones de derechos humanos [1] y el Estado colombiano participarán en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH, donde se analizará el estado actual de impunidad en que se encuentran los crímenes contra defensoras y defensores en Colombia.
Comunicamos a la opinión pública nacional e internacional Escrito por : Humanidad Vigente
Humanidad Vigente exige al Estado colombiano las garantías necesarias para que las y los colombianos ejerzan de manera libre su derecho fundamental a protestar y manifestarse de manera pacífica, a fin de no repetir lamentables hechos que se vienen presentando desde el día 08 de noviembre de la presente anualidad, cuando la fuerza pública en cabeza de la policía nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD-,en un ejercicio abusivo y desproporcionado de la fuerza, ha reprimido marchas y manifestaciones pacíficas que adelantan estudiantes y profesores de universidades públicas en diferentes ciudades del país.
La Fiscalía General de la Nación ha insistido públicamente que ha esclarecido el 51,8 % de los casos de homicidios contra personas defensoras, sin embargo, dicha cifra sólo se refiere a homicidios ocurridos a partir del año 2016, de tal manera que la mayoría de los ataques continúa en la impunidad. A la fecha, el 64% de los casos ocurridos antes del 2016 no muestra ningún avance procesal.
Con plena legitimidad, las jornadas de movilización demandan un aumento en el presupuesto para la educación pública en beneficio de miles de jóvenes de escasos recursos que no poseen otra alternativa para acceder a educación superior de calidad, al tiempo que objetan la reforma tributaria propuesta por el gobierno que grava con IVA la mayoría de los productos de la canasta familiar mientras disminuye la tarifa de renta al sector empresarial. El presidente Duque se ha negado a dialogar con los estudiantes y estos hechos demuestran una preocupante ausencia de garantías para el ejercicio del derecho fundamental a la protesta social.
En segundo lugar, es preocupante la decisión de la Fiscalía de priorizar la investigación sobre los homicidios, así como la falta de transparencia sobre la actividad investigativa frente a las amenazas, atentados, actos de violencia sexual, entre otras agresiones contra personas defensoras o qué se comprende por un hecho esclarecido.
Rechazamos el lenguaje agresivo y estigmatizante expresado por los medios masivos de comunicación, que invisibilizan los objetivos de la marcha y califican de manera generalizada a los estudiantes como vándalos y terroristas, situación que propicia un ambiente de animadversión y riesgo para la ciudadanía movilizada. Leer más
La conclusión real es que sólo se han producido cinco sentencias en relación a las agresiones a defensores y defensoras, y dichas decisiones se concentran en autores materiales sin que la acción judicial abarque determinadores, beneficiarios y cómplices, es decir, no se está contribuyendo al desmantelamiento de las estructuras criminales ni hay sanciones reales a los responsables. Leer más
imagen tomada de: semana.como
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NIÑAS, NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES Ejército Nacional reconoció responsabilidad y ofreció excusas públicas por violencia sexual contra niña de 13 años en Tame, Arauca Escrito por : Humanidad Vigente
En cumplimiento de colocó su denuncia, se las medidas de hubiese evitado el crimen satisfacción contra los hermanitos otorgadas por el Torres Jaimes ocurridos el Juzgado 37 14 de octubre de ese Administrativo de mismo año, a quienes Bogotá, el pasado 24 recordó. de noviembre, en el Humanidad Vigente municipio de Tame, Corporación Jurídica, Arauca, el Ejército Nacional realizó un organización que ha acompañado y acto público de representado a la víctima y reconocimiento de su familia ante las responsabilidad y excusas públicas, por instancias judiciales, los hechos ocurridos valoró positivamente el en dicho municipio, el acto, considerando que Brigadier General Álvaro Vicente Pérez Durán comandante de la Fuerza de Tarea Quirón éste aporta al 02 de octubre del 2010, en la vereda Caño Camame; en donde la niña reconocimiento y dignificación de la víctima, su de 13 años de edad para la época de los hechos, fue familia y la comunidad. Pero así mismo, manifestó su víctima de violencia sexual por el hoy destituido y preocupación ante la falta de celeridad y resultados condenado subteniente del Ejército Nacional Raúl en las investigaciones disciplinarias ordenadas por Muñoz Linares. la juez penal del caso, de los entonces comandantes de la Octava División y del batallón, entre otras El acto fue precedido por el Brigadier General Álvaro investigaciones que se ordenaron. Vicente Pérez Durán, comandante de la Fuerza de Tarea Quirón adscrita a la Octava División con Los hechos ocurridos el 02 y el 14 de octubre de jurisdicción en el departamento de Arauca, quien 2010 son crímenes de lesa humanidad, ya que existe solicitó excusas ante la víctima, su familia y la una deuda de justicia y reparación con las niñas y los comunidad, por la vulneración a la integridad niños cuyos derechos son prevalentes; la violencia personal y la libertad sexual de la niña, crimen que sexual es una de las violencias que más ha afectado calificó como reprochable, ajeno a los postulados de sus vidas porque además de ser sistemática y Derechos Humanos y a los principios del Derecho generalizada, es invisible y silenciada, alcanzando Internacional Humanitario, señalando que sus los índices más altos de impunidad. palabras o cualquier otra medida de reparación, no resarcirían la tristeza y el dolor de la víctima y su familia. Por su parte, la madre de la víctima señaló que para la familia el acto era la oportunidad de limpiar el buen nombre y la honra de su hija, e invitó a creer en las palabras de las niñas y los niños, a no callar ante la violencia sexual y salir adelante. Señaló que si las autoridades militares y judiciales le hubieran prestado mayor atención en el momento en que
Dora Zubieta madre de la víctima y Olga Silva Directora de Humanidad Vigente
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NIÑAS, NIÑOS, JÓVENES Y MUJERES El caso de violencia sexual contra dos niñas y homicidio de los hermanitos TORRES JAIMES no es de competencia de la JEP
Prevenir la violencia sexual debe ser una forma de hacer justicia
Escrito por : Humanidad Vigente
Ante esta solicitud, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, manifiesta que este crimen tan repudiable, constituye un Crimen de Lesa Humanidad que no puede ser de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, ya que no guarda ningún tipo de relación con el Conflicto Armado, porque violar y asesinar niños indefensos y en situación de vulnerabilidad, no es una acción de combate, ni representa una ventaja militar, y muy por el contrario, son población civil y sujetos de especial protección según las normas básicas del DIH y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La investidura militar al momento de la comisión de los hechos no configura ningún tipo de nexo con el conflicto armado, y menos en este caso, en el que la jurisdicción ordinaria mediante el fallo proferido por el Juzgado 27 penal del circuito de Bogotá, confirmado por el Tribunal Superior de Bogotá, estableció y probó plenamente que la conducta RECOMEDADOS criminal desplegada porLEER: el subteniente Raúl Muñoz Linares, se apartó de su deber constitucional y legal de protección a la vida, integridad y honra de los niños y niñas, contra quienes por el contrario cometió los peores vejámenes, con lo que violó gravemente preceptos fundamentales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Consideramos que esta solicitud de acogimiento ante la JEP por parte del subteniente MUÑOZ LINARES, es una maniobra para buscar beneficios a los que no tiene derecho, entre ellos, la disminución de la pena y el otorgamiento de la libertad. Ninguna manifestación de su parte ante la JEP podría contribuir a establecer la verdad de los hechos, pues ésta ya se probó plenamente ante las instancias judiciales competentes, en las que se le otorgaron todas las garantías para su defensa. Por el contrario, si su solicitud ante la JEP llegare a prosperar y se le otorgara la libertad, se desconocerían gravemente principios como la seguridad jurídica y se estaría muy lejos de garantizar los derechos de las víctimas, quienes sin duda serían revictimizadas.
Escrito por : Humanidad Vigente
En los últimos años se ha incrementado de forma astronómica diferentes clases de violencias en contra de las niñas, niños y adolescentes, presentándose desde el abandono, la falta de amor hasta la violencia sexual y el homicidio, sin embargo es preciso resaltar que estas acciones, no ocurren de manera aislada, por el contrario, son el resultado de una cadena de hechos victimizantes, que por lo general, son hechos que perfectamente en algún momento se pudiera o hubieran podido evitar. Lo que refleja la falencia por parte del estado en el momento de realizar acciones tendientes a prevenir esta clase de agresiones, por ello, se puede decir sin temor a equívocos que entre la alegría y la tristeza un buen porcentaje de la sociedad, pero especialmente el estado antepone la tristeza, debido a que los desgarradores acontecimientos que las últimas semanas, así lo demuestran. Casos como el de Génesis Rúa, una niña de 9 años, que como lo ha manifestado su padre en diferentes medios de comunicación, le apasionaba el futbol y tenía el sueño de poder llegar a ser una futbolista profesional, pero su vecino Alfonso Arrieta García, le puso fin a esos sueños el pasado 29 de septiembre, después de haberla violado sexualmente, asesinado e incinero el cuerpo, con el objetivo de no dejar rastro de lo sucedido. Estos hechos, reabrieron el debate político y jurídico sobre decretar la cadena perpetua para violadores y asesinos de niñas y niños. Adolfo Arrieta García, quien ya aceptó su responsabilidad por la violación y asesinato de Génesis Rúa, tiene antecedentes por violencia intrafamiliar, el Fiscal que fue asignado para el caso manifestó que, “Este hombre discutía muy frecuente con su mujer y, al parecer, llegó a hacerle disparos con un arma de fuego Leer más
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BOLETÍN #11
Octubre - Diciembre de 2018
Equipo de redacción: David Uribe Erika Gómez Oscar Pardo Cesar Quinche Santiago Briceño
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