Palabras del Presidente de la República, José Mujica, correspondiente al 18 de diciembre de 2014. Un gusto saludarlos y retomar este espacio para volcar algunas reflexiones. Hoy en un día particular porque hay como un alivio en las tensiones de América Latina por lo que ha pasado en el Caribe. Al parecer se está cerrando una vieja herida que ha ocupado una parte sustantiva de nuestros años de vida y de tantos que como nosotros están veteranos. Y es un doble anuncio por la decisión del Presidente de Estados Unidos y de la dirección de la Revolución Cubana y la decisión que acaba de tomar hace pocas horas las FARC para ayudar a liquidar esa guerra que lleva más de 50 años en las montañas de Colombia. Es pues un día de alivio y, por qué no, de alegría para la historia de nuestra América Latina. Pero, mientras tanto, acá en el Uruguay estamos atravesando una circunstancia un poco inédita. Porque históricamente nuestra República, como las repúblicas modernas, se basa en una auténtica decisión de carácter revolucionario: la separación de poderes. Estaban confundidos a lo largo de la historia de las monarquías y vaya que le costó a la humanidad plasmarlo como centro sustantivo de la evolución de organización del hombre en sus cosas de gobierno. Nuestro republicanismo se basa en la existencia de tres poderes sustantivos: el primero, el legislativo, el segundo, el Poder Judicial, y el tercero, el Poder Ejecutivo. Y comencé por el Poder Legislativo que es en el fondo el más fundamental. ¿Por qué?, por la sencilla razón que toda su integridad con capacidad de decidir es directamente elegida por la gente. Allí en ese cuerpo legislativo están representadas todas las opiniones o los puntos de vista fundamentales que hay en nuestra sociedad. Por esencia es el Poder Legislativo por lejos el más democrático que cuenta la nación. Y es además el primer poder porque en caso de crisis institucional en cuanto a problemas de sus integrantes, los integrantes del Poder Legislativo, o en caso de conflictos importantes en el seno del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo, es en última instancia el Poder Legislativo el que opera institucionalmente como juez, el que lauda definitivamente las cuestiones importantes que puedan surgir en materia conflictiva. Desde ese punto de vista, no cabe ninguna duda la importancia que tiene para la democracia el cuerpo legislativo. Y bien amigos. Hoy tenemos no un conflicto laboral. Si esto fuera un conflicto laboral tendría que dirimirse precisamente en el Ministerio de Trabajo. No. Lo que está pasando en los hechos es que existe reiteradamente un avasallamiento de las decisiones del cuerpo legislativo. Se ha dicho con enorme liviandad, tal vez sin conocer a fondo los textos, la redacción, se ha lanzado con fuerza a circular en los espacios mediáticos, que hubo inicialmente un error en el mensaje inicial del Poder Ejecutivo colocado a consideración hace años en el cuerpo legislativo con una intención: equiparar el ingreso de los ministros de Estado, de los ministros del Poder Ejecutivo, en todo caso 13, al mismo ingreso que tienen los senadores de la República.
Y esa intención fue porque en este país paradojalmente se daba una situación de hecho impropia. Se daba casos en que ministros que eran previamente senadores cobraban como senadores su sueldo porque de cobrar como ministros perdían sustantivamente una parte importante del ingreso. Otros, en cambio, cobraban como ministro y había una diferencia considerable en el ingreso en la misma responsabilidad. La sencilla intención de arreglar este entuerto que generaba molestias desde el punto de vista interno se fue transformando por otros mecanismos en esto que, en definitiva, tenemos hoy, por mecanismos de arrastre, por una supuesta legalidad. Y lo que pasó es que el mensaje inicial era bien claro y jurídicamente se entendía de determinada manera. Y se le entendió de otra manera, como suele pasar en las cuestiones jurídicas. ¿Es que acaso no tenemos la experiencia en este país de que una alta Corte de Justicia declaró constitucional la Ley de Caducidad y otra, cambiada su composición, decidió lo contrario? Como vemos, mil veces en las cuestiones jurídicas suelen darse interpretaciones que son distintas. Entonces, no se puede decir que esto fue un error. Después hubo dos mensajes más intentando definir con claridad cuál fue la intención del cuerpo legislativo. Y por apreciaciones de forma, no de fondo, se les consideró no viable. Y lo que reiteradamente se intentaba era dejar bien claro cuál había sido la intención inicial que se había tenido. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Que se está forzando la legalidad para imponer un aumento de sueldo? ¿Será así? ¿Tenemos que pensar que es posible ser juez y parte en una cuestión sustantiva? ¿En nombre de la legalidad se puede pensar que esto es ético? ¿Quiénes son los funcionarios de este país que son capaces de decidir por sí mismos los aumentos que le corresponden? ¿Es posible dejar de funcionar nada menos que un Poder del Estado? ¿Dejarlo desde el punto de vista práctico inoperante? ¿Es posible insultar con grosería al Parlamento como aconteció la otra tarde? ¿Es posible esa pérdida de respeto nada más ni nada menos por aquellos que tienen nada más ni nada menos que la responsabilidad de ejercer y de monitorear las decisiones jurídicas de este país? Creo que nos tenemos que hacer preguntas, interrogantes. Si aquellos en que se deposita la confianza de la nación —se les otorga y se les defiende la independencia para que puedan ejercer su sagrada función, además tienen buenos, buenísimos ingresos, que como cualquier cosa puede ser discutible, pero son en términos corrientes espléndidos ingresos en relación a lo que gana la masa del pueblo uruguayo— son capaces de tomar medidas que de hecho clausuran el funcionamiento de un poder del Estado, ¿significa esto que las necesidades de miles de ciudadanos tiene tan poco valor? ¿Será posible que por un ingreso que se considera legalmente necesario se pueda llegar a tomar medidas de este tipo de paralizar un poder del Estado? ¿Qué le pasaría a este país si el Poder Ejecutivo asumiera una actitud de ese tipo y no firmara ni un papel, ni una orden, ni nada?
Si se procediera así, cualquiera fueran las razones que se tuvieran. En la vida hay que tener un concepto de límite en todo lo que se realiza. Y percibir las consecuencias sobre todo las consecuencias sobre terceros que nada tienen que ver. Entiendo que se puede esgrimir multitud de razones. Pero moralmente ¿se puede perjudicar a tanta gente por una causa económica de gente que no está pasando hambre, de gente que gana bien, que vive bien, que no tiene urgencias para comer esta noche o mañana? Yo creo que hemos ido demasiado lejos. Estoy pidiendo por favor por las necesidades de la gente un compás de recapacitación. Estoy pidiendo un poco de prudencia. Estoy pidiéndole a la cabeza de la Justicia cordura. No se puede incurrir en lastimar a tanta gente que está necesitando las decisiones de la Justicia. No podemos atropellar así al cuerpo legislativo. Tenemos que darnos cuenta, todos, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, que en definitiva la convivencia significa mutuo respeto. No quisiéramos tocar este tema. No quisiéramos profundizar, no quisiéramos poner números, no quisiéramos hacer historia. No quisiéramos comparar. Quisiéramos la bonhomía de mirar estas cosas un poco en perspectiva porque estamos afectando cosas que con todos los defectos que podemos tener son sagradas como sociedad y como República.