Palabras del Presidente de la República, José Mujica, correspondiente al 26 de diciembre de 2014 Es un gusto amigos, poder saludarlos desde la emisora amiga; y antes que nada nuestro saludo y nuestro profundo reconocimiento a las familias del Uruguay. Al cerrar un ciclo, y en esta fecha peculiar de cierre del año, reconocerles lo mucho que de una forma u otra el grueso de las familias uruguayas le han aportado a nuestro devenir común como nación, ante un año que se cierra y una presidencia que se va. Así pues, abrazo generalizado a todos. En otro orden de cosas, lamentablemente, queridos amigos, tenemos que recordar alguna pequeña afirmación que por su grandeza no es pequeña, que tiene nuestra Constitución en el artículo 72 y que dice: “La enumeración de derechos, deberes y garantías hechas por la Constitución no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno” Y esto mucho tiene que ver, por eso lo leemos, con la Justicia en el sentido profundo, con la equidad más allá de cualquier discusión que pueda surgir en materia de legalidad. Porque hay cosas que pueden ser legales pero no son justas ni ética ni moralmente, por más legales que sean. Quiero señalar que en este doloroso asunto que nos divorcia de la cúspide del Poder Judicial no hubo ningún error original por parte del Poder Ejecutivo en su mensaje, con el cual se inicio este conflicto. ¿Por qué? Porque el Poder Legislativo tiene constitucionalmente la facultad, no solo de construir las leyes sino de interpretar la Constitución, así lo marca el inciso 20 del artículo 85. Pero tres veces sucesivas en el correr del tiempo con consideraciones de forma, no de contenido, ni una palabra con respecto al contenido fue desconocida la voluntad del Parlamento que era simplemente lograr una equiparación salarial para trece ministros y no más. Este, que era el problema de fondo, fue sucesivamente dejado de costado aduciendo problemas de forma y se llegó a afirmar que las modificaciones salariales debían ir en leyes presupuestales, pero a su vez se adujo un encadenamiento con el artículo de una ley no presupuestal. Se inventó una categoría algo así como institucional que no está en ninguna parte pero el punto de arranque es precisamente una ley no presupuestal que sirvió para que se dejara de lado la decisión del parlamento aduciendo que no estaban hechas sus aseveraciones en una ley presupuestal. Esta flagrante contradicción, yo sé que hay gente por todas partes que piensa y lo dice, que es por interés directo. Que acá hay una cuestión de plata; y no es una cuestión ni de principios ni de legalidad. Nosotros no lo sabemos porque no se ve corazón. Pero supongamos lo contrario, que esto es legalmente correcto, y volvemos a insistir puede ser legalmente correcto pero no consideramos que sea ético. Y lo decimos ¿por qué? Un ministro de la alta corte cobra nominalmente 141.000 pesos y suma la partida de vivienda, la partida académica y se va a cerca 180.000 pesos. Pero además en el futuro se jubila por la caja
profesional sin haber hecho aportes. No tiene por qué hacer aportes a la Caja Profesional y se jubila por ella. Y obviamente también se jubila por el PBS. Quiero decir que estamos hablamos de funcionarios que el Uruguay le retribuye bien, muy bien. Y esto no se puede negar, esto rompe los ojos, esto es evidente. Entonces, se nos está planteando una reivindicación salarial retroactiva cercana a los 50.000 pesos en el caso de los ministros de la Corte y algo menos a los señores jueces, pero siempre estamos hablando de valores muy importantes. Nosotros, humanamente, comprendemos que abajo en el funcionariado de la justicia donde se gana 20 o 25.000 pesos por 40 horas semanales haya una sed de retribuciones mayores, y lo comprendemos perfectamente. Pero no podemos entender este gigantesco trancazo. ¿Por qué digo trancazo? porque lo que se nos está exigiendo supuestamente en forma legal equivale a cerca de 500 millones de dólares en un quinquenio, más de 100 millones de dólares anuales, y esto significa para un país como el nuestro que si accedemos a semejante gasto, hay muchos otros que están muy atrás en la fila del reparto a los que no podremos atender. Y esto cuando se mira globalmente es irrefutable, por eso mas allá de la legalidad que creemos que francamente es torcida, en el centro de la cuestión se cultiva una imagen que creemos que podrá darle más pesos a quienes ejercen la Justicia pero no le va a dar más reconocimiento social, sino por el contrario. ¿Por qué? Porque en definitiva la diferencia de ingresos con otros sectores de la sociedad es enorme y las garantías de compensación a lo largo del tiempo también lo son. Se me podrá decir que se exige dedicación completa, sí, efectivamente. Por eso ciertos privilegios. Se ha dicho, que por ejemplo, los señores senadores reciben una partida importante, sí, pero tienen que hacer frente a la secretaría, que no la paga el Estado, la tiene que pagar con esa partida el señor senador. Y en todo caso, las secretarías que corresponden al Poder Judicial van a cargo global del Poder Judicial y no de cada uno de sus integrantes. Entonces, es lamentable esta contradicción que ha surgido, tenemos que llamar las cosas como son. Creemos por encima de todo que es tan espinoso el asunto que necesita voluntad política y estamos dispuestos a tenerla, pero queremos que se piense todo esto globalmente porque en definitiva los recursos del estado son siempre los mismos, tienen un origen y el Estado debe repartirlos entre todos. Si por una artimaña de carácter jurídico legal un sector le pega semejante “mascada” a los recursos públicos habrá menos recursos públicos para causas impostergables, y esto es así. Porque la generación de los recursos no es infinita. Quienes tienen la suerte y el honor de encabezar el Poder Judicial y tienen reconocimiento económico, que he reseñado, y el reconocimiento social, creo que alguna obligación tienen desde la ética con el conjunto de la sociedad. No puedo creer que precisamente la Justicia que es independiente y cuidada por todos los uruguayos no entienda estas cosas y que el afán de los números la enceguezca de esta manera. Se me dirá que esto es muy duro, ¡dura es la realidad! Nosotros nunca dijimos de la Justicia cosas que se dijeron en una carta pública, oportunamente, hace unos años cuando se acusó de
terrorismo la actitud de los juzgados y se dijo “nadie que haya sido agraviado en su honor ha encontrado una tutela en el Poder Judicial, sea por procedimientos sinuosos, estirados en el tiempo, sea por temor de los magistrados ante la presión de cierta prensa especialista en lesionar ese derecho, sea por el sesgo político, sea por inoperancia de la sanción, sea por el desacato tolerado del condenado a cumplirla. Sea por lo que fuere, hoy los habitantes del país lesionados en su honor, no encuentran en el Poder Judicial el natural ámbito donde hacer valer sus derechos”. Y podría seguir leyendo este documento que está obviamente en Internet. Nosotros no dijimos esto, estamos en una puja de carácter salarial por la distribución de los recursos del país con equidad, este es el fondo del asunto. Creemos sinceramente que más allá de cualquier legalidad, que los ministros, en general de este país, están bien pagos y bien cubiertos en general, con los recursos necesarios y con el reconocimiento social imprescindible y necesario. Creo que los altos funcionarios dignatarios del poder judicial también. Podría leer la lista de esos ingresos, pero no vale la pena. Entonces, de alguna forma, creo que podríamos encontrar caminos en lugar de esta cruda discrepancia. El Ejecutivo está defendiendo recursos que deberá gastar el próximo gobierno, inevitablemente esta es la paradoja del año que se cierra. Sin embargo nos queda un hálito de esperanza y de confianza en la capacidad del corazón de la mayoría de los uruguayos.