Palabras del Presidente de la República, José Mujica, en su audición radial por M24 correspondiente al 17 de mayo de 2013 Hoy es una especie de día admirable, porque hay que reconocer que el Uruguay tiene gente, en su sistema político, de una capacidad de penetración, de visión, que realmente sorprende. A uno lo deja alelado. Y están ahí, humildemente. Componiendo la política uruguaya. Hay un cuerpo de analistas y de políticos enormemente aventajados. ¿Por qué digo esto? Antes, mucho antes de enviar al Parlamento (y por lo tanto, de colocar en conocimiento público) un proyecto de ley que tiene que ver con los servicios de comunicación audiovisual, o la llamada ley audiovisual, mucho antes de tener el texto, de poder leerlo, surgieron notables análisis críticos de algunos analistas políticos que a uno lo dejan francamente sorprendido. Y no es el único caso. No es el único caso. Ha pasado con otros. Se reitera. Y es para quedarnos realmente impresionados por la enorme capacidad de hablar, de razonar y de fundamentar en contra de algo que no se conoce, de lo que ni siquiera se ha tenido los titulares. Este proyecto de ley sobre los servicios audiovisuales no es, ni pretende ser, un desiderátum. Es un proyecto de ley que tiene muchísimos artículos, pero que recoge las orientaciones generales que surgen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esta materia, recoge las iniciativas de la relatoría para la libertad de opinión y expresión de la ONU. Está a leguas de cualquier cosa que pueda parecer una “ley mordaza”, ni mucho menos. Procura establecer derechos y obligaciones, claros, precisos. Procura contemplar procedimientos transparentes y respetuosos del debido proceso. Trata de que el otorgamiento de permisos para el uso de frecuencias por un tiempo sea lo suficientemente largo, tenga plazos para que se pueda desarrollar cualquier proyecto de comunicación y para que, obviamente, se pueda recuperar la inversión y lograr, como se estila en nuestra sociedad, un margen eventual de rentabilidad. Procura que, mientras se está usando la frecuencia, no aparezcan exigencias con nuevos requerimientos que están ausentes de la ley (esto es, dar seguridad, previsibilidad). No se tomarán decisiones que afecten el ejercicio de la libertad de expresión por razones de la línea editorial o informativa que se practique. Todas, todas, cada una de estas recomendaciones están contemplados en el marco normativo general uruguayo y en el proyecto de esta ley con cerca de 170 artículos que se remite al Parlamento. Trata de garantizar la diversidad y el pluralismo en el sistema de medios. Incluye la obligación de adoptar medidas adecuadas para habilitar el acceso equitativo a medios audiovisuales y trata de limitar la formación de monopolios y oligopolios.
No incluye regulación de contenidos como exigencia previa de veracidad o imparcialidad; impulsa la sensata autorregulación, sin imponer ninguna clase de códigos de ética que surjan desde el Estado. Prohíbe expresamente cualquier mecanismo de censura previa, o de presiones —directas o indirectas — sobre los medios y sus trabajadores por parte de cualquier autoridad reguladora. Trata de prohibir el uso del poder y los recursos económicos del Estado como forma de castigar o de premiar —o privilegiar— la comunicación de medios en función de las líneas informativas o editoriales. Expresa un tácito reconocimiento a la libertad editorial de los titulares de servicios y de comunicación audiovisual, lo cual incluye la determinación y libre selección de la programación. Trata de prohibir expresamente el uso discriminatorio del mecanismo de otorgamiento, revocación y renovación en función de la línea informativa o de los editoriales que practiquen los medios. Brinda seguridad y certeza jurídica; para todos los operadores, tratando de crear transparencia en esa regulación, con definiciones claras de las reglas que están expresamente incluidas en este proyecto de ley. Hay por ejemplo, plazos razonables a las autorizaciones frente a esa incertidumbre que frecuentemente aparece con las autorizaciones precarias, revocables. Y esto es un progreso sustantivo. Hay un reconocimiento expreso, no se discrimina, al sector comunitario. Se establece una reserva de aproximadamente un tercio del espectro para iniciativas sin fines de lucro. Se define en medios públicos, no gubernamentales, dentro de un sistema nacional de radio y TV del Uruguay, que va a estar dirigido por un organismo independiente del gobierno, pero que, obviamente, necesita aval parlamentario. El organismo de aplicación y fiscalización de la regulación dispuesta en este proyecto de ley va a ser independiente del gobierno y de intereses económicos. Va a estar elegido por mayorías parlamentarias y con rendición de cuentas. Se intenta crear la figura de un ombudsman —para la defensa de los derechos de las personas, reconocidos en la ley— la cual va a estar designada por mayoría especial del Parlamento. Por lo menos eso es lo que se intenta. Va a haber publicidad y amplio control ciudadano de todos los procesos de asignaciones, renovación de autorizaciones, con la creación de organismos consultivos, de participación plural, incluyendo a representantes de la sociedad civil, en los procesos en los que se otorgan autorizaciones. Obviamente, esto es un proyecto de ley. No pretende tener la verdad absoluta y en última instancia, le va a corresponder al Parlamento hacer las modificaciones que crea necesarias.
Vuelvo al principio. Hace un tiempo —más de un año y medio—, cuando se empezaban a reunir algunos técnicos en las inmediaciones de los ministerios correspondientes, y empezaban a discutir estos temas y a hacer borradores, hubo un verdadero bombardeo de prensa, de trascendidos, de esto y de lo otro. Nosotros, en Presidencia de la República, no teníamos ni noticias de lo que se estaba discutiendo. Y nos cayó muy mal que los términos de discusiones fermentales surgieran hacia afuera, estableciendo toda clase de juicios, sin que tuviéramos la más mínima idea los que, en última instancia, teníamos que poner la firma. Fue por eso que dijimos en un momento que, si nos venía un proyecto, lo íbamos a tirar en la papelera. Porque los procedimientos de conversaciones laterales que se estaban originando, seguramente por exceso de confianza en los comentarios, estaban creando una atmósfera negativa para la consideración de este proyecto. Que es importante, porque el país necesita, con los cambios tecnológicos, una verdadera actualización. Oportunamente, en esta audición dijimos que “no se pretende regular los medios de comunicación. La prensa está, hace rato, regulada en el Código Penal y la ley de prensa de 1989 y nadie piensa en tocar eso. Estamos intentando trabajar sobre los servicios audiovisuales, como la radio y la TV. Tampoco existe ningún interés en regular los contenidos de los informativos ni meternos en la eventual línea editorial de los medios. No es una cuestión de regular contenidos, no es que este o cualquier gobierno diga lo bueno o malo. Lo que es la calidad o lo que no es la calidad. No nos corresponde ese papel”. Y volvíamos sobre este tema señalando, el 31 de mayo de 2012, “no es un proyecto de ley para amordazar a los medios y los periodistas. Es más, va a tratar de dar certeza jurídica a los operadores en algunos terrenos movedizos desde el punto de vista jurídico. Y también para garantizar más libertad de expresión, pero no solo a los medios, sino para todas las personas. Cuidado: también para todas las personas”. Así que no es una tentativa de acallar a los dueños de los medios, pero sí va a procurar plantearle que tengan obligaciones y responsabilidades para con la sociedad. Debemos tomarnos el tiempo que sea necesario, discutirlo en profundidad, hacer los cambios que haya que hacer con un espíritu abierto y de respeto. Y en todo caso, no existe formalmente en la República un ámbito más adecuado y más trascendente, para esa discusión, que el Parlamento y por lo tal, nos parece que, siendo un proyecto, no deja de ser una iniciativa que, con amplia libertad, el Parlamento pueda modificar y sobre todo, mejorar muchísimo.
Eso sí: sería deseable que se pudiera hacer con seriedad, porque esto es algo para el país todo, y no cometer esa actitud de salir criticando lo que no se conoce. Ello no hace otra cosa que crear una sensación de irresponsabilidad. No se puede tener decisiones antes de conocer un asunto. Pero si nos despojamos de toda pasión, tal vez podamos en tiempos venideros, entre unos y otros, encontrar el camino de una buena ley que ayude en este frente tan delicado y tan importante de nuestro acontecer.