DESGRABACIÓN DE LA AUDICIÓN RADIAL DEL PRESIDENTE MUJICA DEL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2013 PRESIDENTE MUJICA: Es un gusto amigos saludarlos a la distancia por este espacio y hoy naturalmente ante la difundida versión de que la Suprema Corte de Justicia se apresta a tomar una decisión –según informa cierta prensa- negativa con respecto a una iniciativa impositiva, con respecto a la concentración de la tierra, lo primero que tenemos que aclarar es que, más allá de los puntos de vista, las decisiones de la Justicia en un Estado de Derecho hay que obedecerlas. Eso está afuera de cualquier discusión. Pero no podemos ocultar que nuestra manera de pensar con respecto a la concentración de la gran propiedad de la tierra está en el fondo, en línea, con lo que en su tiempo pensaba don José Batlle y Ordóñez y que estuvo muy bien fundamentada por el filósofo norteamericano que en esa materia seguía don José Batlle y Ordóñez. A tantos años pensamos como él, porque para nosotros la tierra es un bien singular, único, es un bien que ha construido la naturaleza y sobre ese bien finito no hay fábrica de tierra. Se asienta en las sociedades, las naciones, la vida de los pueblos. Repito, es un bien finito, acotado, no se multiplica, por el contrario, por su carácter fundamental, permanente, cuando una sociedad es estable, se desarrolla, tiende a crecer, se multiplica la economía, se multiplica la concurrencia de población, inevitablemente el valor de mercado de ese bien natural tiende a crecer. ¿Por qué? Porque ese crecimiento es la consecuencia del avance social. Es un valor en sí que genera la tierra y que continúa indefinidamente incrementándose, siempre y cuando exista desarrollo social, crecimiento de la sociedad, estabilidad social y política en un medioambiente. Es pues la sociedad la que transfiere a esa eventual propiedad privada un plus de valor, ese valor no es hijo del trabajo, hay una parte del valor inmobiliario que es hija del avance de la sociedad. Para que quede más claro: todos nosotros conocemos un solar comprado hace 30 años en una orilla de una ciudad. Se pobló o no se pobló, quedó ahí a la vuelta de los años vale varias veces, porque la ciudad fue creciendo, porque el pueblo fue creciendo y le fue transfiriendo valor a algo que en un principio tenía un valor mucho más acotado. Esta es la cuestión, el propietario del suelo al cabo de un conjunto de años recibe un valor regalado que no es precisamente producto del trabajo y del esfuerzo, es una consecuencia del avance de la sociedad que se lo transfiere y lo recibe particularmente. Es el único bien que hay arriba de la tierra que tiene esta característica. Si tu compras un camión para trabajar, un tractor, una máquina trigadora, lo que fuere último modelo, si lo dejas en un galpón 10 o 15 años sin usar va a perder valor, inevitablemente por el paso del tiempo, como modelo que envejece. Todo envejece y todo pierde valor, menos la tierra. Esta es una ley de hierro por eso este es un bien que no se puede comparar con el resto, porque inevitablemente la sociedad cuando es estable, cuando crece, cuando no tiene tormentas en el horizonte va transfiriendo valor inevitablemente. En términos reales lo que hace ocho años valía unos 400 dólares o 500 de promedio, hoy vale 5.000 o 6.000 dólares y a veces más. Sobra información para afirmar esto por todas partes, no nos vamos a detener en ese fenómeno, la bonanza del país ha hecho posible esa suba de valor y bienvenido. Parece, por lo tanto, moralmente defendible que quienes
con mucha tierra –más de 2.000 hectáreas- quienes han recibido un beneficio tan grande, hagan un aporte de 10, 12 y hasta 16 dólares por hectárea/año. Porque recibieron un beneficio cuyo origen en gran medida es la marcha de la sociedad. Diríamos todavía más, yo estoy hablando no de legalidad, estoy hablando de moralidad, si esto es moralmente defendible. Legalmente vamos a acatar lo que hay que acatar pero estamos hablando si es defendible. Todavía más, si esa recaudación tiene una puntería explícita, contribuir a urbanizar, a mejorar todas las comunicaciones en el campo profundo uruguayo, mejorar los caminos, eventualmente vituminizar algunas cuencas lecheras, hacer puentes, a veces donde hay calzada que se corta cuando llueve mucho, mejorar las comunicaciones de la gente que vive en la campaña. No sólo para mover la producción, es obvio que esto hay que hacerlo porque está en línea con abaratar el costo global del país, una cosa es un camión que ande a 20 kilómetros entre los pozos y otra cosa un camión que pueda andar a 60 kilómetros, es totalmente distinto. Ni que decir que el grueso de la gente que vive en la campaña es gente humilde, o es de clase media rural y tratar de facilitarle urbanizando la vida, mejorando las comunicaciones, es para nosotros una necesidad de carácter histórico. Es por ello moralmente defendible. Todavía más, como es posible que a los fondos jubilatorios de trabajadores de Estados Unidos o de Suecia, o de donde fuera, que para manejos de seguridad de su capital, que es la firma de sus jubilaciones futuras, hagan compras de tierra, concentren compras de tierra importantes para que esa especulación les permita, en todo caso, multiplicar su capital y no les podemos colocar un humilde impuesto que nos ayude a urbanizar la vida de nuestro campo. Nosotros creemos que esto es profundamente defendible desde el punto de vista ético. Si esos fondos pueden asegurar beneficios a gente que está en el exterior, si esa gente se va a beneficiar con el aumento de valor inmobiliario en el mediano plazo, que supone esa suba del capital tierra, el que le pongamos una pequeña barrera relativa para que eventualmente, no sea fácil echar de la tierra a nuestra clase media rural, más claro, para que a nuestra clase media rural no la echen con plata, comprándole con espejismos el valor de la riqueza que viene de afuera y la concentra en la tierra. Nosotros no tenemos empacho en reconocer que luchamos a muerte por una visión de país que supone una sólida clase media rural que esté afincada en el medio. No queremos un campo que sea una fábrica de pobres, tampoco un campo especulativo que genere una plutocracia, entonces en términos muy relativos, el pretender imponerle que pague 12, 16 dólares por año a quien ha recibido una capitalización impresionante en estos siete u ocho años de crecimiento y de desarrollo del país, nos parece, porque esta es una imposición que apunta a quienes tienen más de 2.000 y pico de hectáreas y por lo tanto a gente que ha concentrado mucho valor inmobiliario y se preocupa mucho de respetar a la clase media rural y ni que hablar a los pequeños productores. Es por franja y aplica la filosofía de que pague más quien puede pagar, quien tiene más pero sobre todo quien ha recibido un beneficio mayor por el hecho de tener tamaña propiedad. Ese aumento de valor se lo ha transferido la sociedad, por eso la sociedad le pide una contribución para una mejora también de carácter social, cuya puntería es precisamente ayudar a las comunicaciones en el campo profundo.
Los gobiernos al parecer pueden subir aranceles, pueden subir el IVA al consumidor, pueden manejar el IRPF, pueden crear tasas, pero no pueden gravar la concentración de la tierra porque obviamente existen barreras constitucionales. Al parecer la constitución se opondría a que pague más quien más se beneficia, entonces habrá que plantearse cambios constitucionales. Globalmente el país hoy se de cuenta o no se de cuenta, y tal vez tendrán que pasar algunos años para que se de cuenta en su totalidad, está haciendo un esfuerzo desmesurado, un esfuerzo inconmensurable, porque cuando este Gobierno se retire prácticamente no van a quedar viviendas rurales sin luz y eso tiene un costo infernal. Pero somos conscientes que la gente no va a vivir en el campo si no se le dan hoy ciertas condiciones mínimas. Ya no existe habitante de este país que no tenga derecho a tener una heladera, que no tenga derecho a tener una fuente de luz eléctrica. Esto hay que entenderlo, porque el progreso también trae necesidades. No van a estar las poblaciones del futuro como estaban nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, y cuando este Gobierno se retire va a haber prácticamente una conexión de fibra para cada hogar del Uruguay. Así como se hizo con la ceibalita, con una medida de carácter general para todos, el derecho precisamente al uso de la computadora es un derecho que se viene, es una necesidad creciente del mundo en que nos toca vivir, el mundo se aprieta y se urbaniza. Será mejor o peor, esa es otra discusión, pero nos parece que es evidente. En línea con este pensamiento, porque este impuesto es parte de un programa, y ese programa, como el desarrollo de la Universidad Tecnológica en el interior que tiene una puntería, tenemos que mejorar la enseñanza tecnológica para todo el interior del país, y eso se llama UTU, eso se llama la Universidad Tecnológica y todo el esfuerzo que puede hacer la UdelaR, porque el país se va a desarrollar si logramos desarrollar el interior. Si no tendremos un freno. El país es un todo y esto es para nosotros gravitante. En ese paquete inscribimos la mejora de las comunicaciones, la mejora de los caminos, la mejora de la vialidad profunda que es parte inevitable de la vida. Desde luego, si esto es parte de un programa hay que entender que esta batalla por cambios profundos en la ruralidad va a continuar y también tener en claro que no vamos a bajar los brazos, no vamos a cambiar de programa, seguiremos luchando con toda nuestra fuerza y con aquellos que nos puedan entender y acompañar porque creemos precisamente que es parte de la modernización y de los cambios esenciales que este país necesita.