Políticas N° 02

políticas u n p a ís e n co n s tru cció n y c a m b io

| noviembre 2011 | año 1 | número 2 |

4| La ingeniería del gran acuerdo

Patente única: de la “guerra”al alumbrado

16| Señal de ajuste El decreto sobre televisión digital

18| La UTU en obras

Con la mira puesta en las nuevas tecnologías

34| Biblioteca Nacional La memoria escrita en soledad

40| Uruguay y sus exportaciones de carne

La expansión permanente

Cambio de eje en las políticas de seguridad

El viraje | pág.24

Entrevista al ministro Roberto Kreimerman

El fin de la ingenuidad | pág.8

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Edición de Textos: Mediapress Diseño y edición fotográfica: J.A. Urruzola Fotografías: Pág.1,4,5,6,7,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,

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38,39,40,41,42,43,44,45 Sec. de Comunicación, Presidencia | Pág.2,3,8,9,12,13, 15,34,35,36,37,38,47,48 J.A. Urruzola Realizada en el marco de un convenio entre IMPO y Presidencia de la República, es impresa en Imprimex S.A. Distribuye Correo Uruguayo Registro de la propiedad intelectual en curso La Secretaría de Comunicación de Presidencia de la República es también responsable del portal de Presidencia de la República, de las conferencias de prensa y eventos de comunicación del Poder Ejecutivo, de la realización del programa Políticas que se emite los días jueves a las 20,30 en Televisión Nacional entre otras realizaciones audiovisuales, y del ciclo Uruguay Dialoga www.presidencia.gub.uy Equipo de Secretaría de Comunicación www.presidencia.gub.uy | comunicación.

La huella del futuro A las 10,40 del viernes 21 de octubre aterrizó el avión que traía a José Mujica y su comitiva de un viaje oficial a los países nórdicos, Alemania y Bélgica. Apenas cinco minutos después pero en terrenos del Batallón 14, el equipo de antropólogos que viene realizando excavaciones en el marco de los trabajos de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, encontró un zapato y luego los restos óseos de una persona detenida desaparecida. El Uruguay del siglo xxi representado en un solo instante: el país que no quiere tener zonas prohibidas de su memoria, el país que puede dialogar o negociar con otras naciones y sociedades sin prejuicios y con dignidad. Algunos insisten en que buscar la verdad es mirar para atrás, pero los hechos se encargan tozudamente de marcar lo contrario. Se encuentran las huellas del futuro cuando una sociedad se anima a mirar la realidad a los ojos, cuando se vuelve 200 años, cuando desentierra la barbarie y cuando al mismo tiempo asume abiertamente la complejidad de sus desafíos actuales.

El brasileño Leonardo Boff cuenta en su última columna de Carta Maior que le gusta buscar en la sabiduría de los pueblos originarios el sentido más profundo de los valores humanos. Dice que el año pasado aprovechó un encuentro de Carta de la Tierra en La Haya para preguntarle a Paulina Tangiora, anciana de la tribu maorí –población originaria de Nueva Zelanda–, cuál era para ella la mayor virtud. “Es el coraje”, contestó. “Nosotros precisamos el coraje para levantarnos a favor del derecho cuando reina la injusticia […] sin coraje no se puede escalar ninguna montaña, sin coraje nunca podrá llegar al fondo de su alma. Para enfrentar el sufrimiento se precisa coraje; sólo con coraje se puede extender la mano al caído y levantarlo”, le fundamentó a Boff. Y el teólogo brasileño recuerda que en lo mismo insistía el hoy también anciano cardenal Arns en pleno enfrentamiento a la dictadura brasileña, que en nombre del “estado de seguridad nacional” secuestraba a la democracia, detenía, torturaba y asesinaba: “coragem, em frente, de esperança em esperança”.

Sí, se necesita coraje, serenidad y respeto para resolver el conflicto de una sociedad dividida. No hay salida desde la falsedad o con la mera imposición de mayorías sobre los asuntos del alma de una nación. Y se necesita coraje, como dice Boff, para reconocer que el modo de civilización en que la humanidad está embarcada ha llegado a un punto crítico, donde se extiende la injusticia, se rebela Gaia por la explotación irracional de sus recursos y se desenfrena la especulación capitalista ante las crisis que engendró el propio sistema.

Coraje y perseverancia es también la gran lección que nos deja el trabajo de los equipos de antropólogos e historiadores que han seguido investigando sobre nuestro pasado reciente. Paciencia y tolerancia han enseñado los familiares de desaparecidos y asesinados que, respetando plenamente las reglas de juego de la democracia, no han bajado los brazos, buscando a sus seres queridos, buscando la verdad que siempre ilumina. Serenidad y callado respeto del gobierno, que renovó el convenio el año pasado con la Universidad para que el trabajo se desarrolle con profesionalidad y sin pausa hasta encontrar, por ejemplo, bajo un metro cuarenta de tierra removida una y otra vez (bajo capas de amenazas, desinformaciones y escondites) el cuerpo de una persona desaparecida.

políticas Al mismo tiempo el país busca su futuro, afirmándose en un presente de incesante renovación. Se cuestiona sobre sus pasos, revisa sus políticas más relevantes, como las de seguridad y educación, una y otra vez tiende puentes de intercambio con países vecinos o del Norte. Va y va. La delegación del gobierno y los empresarios que viajaron a Europa trajeron varias maletas de oportunidades. La inserción internacional tiene calidad cuando se ata el cumplimiento de los compromisos internacionales sobre derechos humanos, sobre resolución de conflictos o acerca de la transparencia de las relaciones, con el despliegue franco y soberano del interés nacional. No se les dice una cosa a los inversores y otra a los trabajadores; no hay dos caras. Todo es parte de lo mismo, cada vez hay menos espacio para esconder o esconderse, y la clave es la franqueza sin ingenuidad.

El lector también puede verlo en esta revista. El ministro Bonomi expresa largamente las dificultades que atraviesa en el desempeño de su función, y da respuestas, plantea interrogantes, abre alternativas. Hay varias voces, matices y críticas, aunque una misma preocupación, y por lo tanto un despliegue que intenta enfrentar la complejidad del problema de la seguridad en la construcción social de nuestra época.

Roberto Kreimerman describe la política industrial que ahora sí tiene el país. Define los ejes, plantea los desafíos de la construcción del conocimiento y de la capacitación profesional que se requieren para que el país aproveche, con la perspectiva de la justicia social, las posibilidades que tiene por su escala, ubicación geográfica y la transparencia de su marco jurídico y administrativo. La búsqueda del desarrollo que no se confunde con el mero crecimiento económico, la apertura que no significa hipotecar la soberanía y el impulso industrial con los cuidados del desarrollo sostenible.

En este número de Políticas hay otros detalles de una manera de gobernar. El coraje y la perseverancia para resolver asuntos que parecían menores pero que expresaban crudamente el Uruguay del “no se puede”. La ingeniería que llevó al acuerdo en las patentes de automotores es la descripción de una manera de ser y actuar: voluntad política, inteligencia aplicada, comprensión de las diversas lógicas e intereses, firmeza en la decisión.

El lector también podrá encontrar otros sentires y reflexiones que a menudo suelen quedar en el cono de sombra de la información masiva, esa que tantas veces abruma y arrebata en su infinito caudal. Véase lo poco que se sabe, aun cuando se habla tanto de educación, de lo que sucede en los bachilleratos tecnológicos de la utu.

En un mes, de un número a otro de esta revista, como siempre pasaron muchas cosas y de todas hay mucho para aprender.

Queda sin embargo una imagen de aquel 21 de octubre. El zapato hallado, que no es desnudez, expresa desde su barrosa soledad la profundidad de la aventura humana. Ese día el presidente había vuelto al país con las valijas llenas de otras expectativas. A las dos de la tarde miraba aquel zapato en silencio, sin testigos, sin fotos. Como dice Boff, se necesita coraje para afirmar que, restando y sumando todo, la vida tiene más futuro que la muerte, y que un pequeño rayo de luz es más potente que toda la oscuridad de una larga noche.

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Patente única: de la “guerra” al alumbrado

La ingeniería del gran acuerdo Hubo que desplegar al máximo –y durante meses– la capacidad de negociación para superar un trauma que había simbolizado durante decenios las frustraciones del sistema político. La tarea demandó un proyecto definido, un equipo sólido y un liderazgo claro desde la Presidencia, aparte de –dato no menor– el compromiso político de todos los intendentes. El histórico acuerdo ahora a estudio del Parlamento, que crea el Sistema Único de Cobro de Ingresos por Patentes Vehiculares (Sucive), implica que el 69% de los vehículos pague entre un 20 y un 30% menos de lo que hoy paga por patente. Pero ese acuerdo, además, va de la mano de la solución al problema del alumbrado para las comunas, en cuyo arreglo el gobierno nacional compromete incluso mayores fondos que para el tema de las patentes.

Según el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, fue un “factor clave” para alcanzar el acuerdo “la convicción del presidente de la República de que cada vez más la relación entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales es fundamental para el desarrollo del país”.

El comienzo del fin del surrealista sistema en el que los dueños de vehículos automotores deben moverse todavía hoy –y que ha llevado incluso a muchos de ellos a fingir su lugar de residencia– fue el 16 de octubre de 2010. Ese día, los 19 intendentes del país visitaron al presidente José Mujica en la Estancia Presidencial de Anchorena para plantearle la necesidad de conformar una comisión conjunta a fin de encarar cinco problemas que, a juicio de los jefes departamentales, no admitían más postergaciones.

En el primer lugar de la lista se encontraba la “guerra de patentes”, y ya por aquellos días los intendentes manifestaron su voluntad unánime de unificar el cobro y los precios del tributo en todo el país.

El segundo asunto que preocupaba era el del alumbrado público, que desde 1975 –por decisión del gobierno dictatorial de la época– pasó a ser responsabilidad de las intendencias, derivando en una dramática consecuencia sobre sus presupuestos. A estas dos preocupaciones centrales, sobre las que se comenzó a trabajar de inmediato, se sumaron otras tres que aún están en proceso de negociación (véase recuadro).

“Eso demostró que había una confianza en el proceso y en la solución –considera Cánepa–, que se construyó sobre tres pilares básicos: un proyecto definido, un equipo sólido des- Un acuerdo patente de el punto de vista El 13 de enero de 2011 el Congreso de Intendentes técnico y político, y emitió una declaración en la que encomendó a sus autoriun liderazgo claro dades la convocatoria al grupo de trabajo conjunto que se encargaría de negociar una solución al tema de las patentes, de la Presidencia de y otorgó a sus representantes plenos poderes para negociar la República. en ella.

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La comisión tenía como representantes al presidente del Congreso, Wilson Ezquerra (Tacuarembó, Partido Nacional), al vicepresidente, Marcos Carámbula (Canelones, Frente Amplio), y al segundo vicepresidente, Germán Coutinho (Salto, Partido Colorado). Quien encabezó la representación del Poder Ejecutivo fue el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, junto al director general del Ministerio de Economía y Finanzas (mef), Pedro Apezteguía, y el coordinador del Área de Políticas Territoriales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (opp) Enrique Cabrera.

El pronunciamiento de enero también incluía el compromiso de los intendentes de empadronar –a partir de ese momento– vehículos que pertenecieran únicamente a propietarios con domicilio físico en su departamento. “El cumplimiento del compromiso precedente –decía el punto 4 de la declaración–, y de lo que se acuerde en el trabajo junto con el Poder Ejecutivo, deberá ser tenido en cuenta al determinar la distribución de recursos que aporte el gobierno nacional a los gobiernos departamentales.”

Ese punto abordaba uno de los principales temas de negociación entre las partes, relativo a las partidas que desde el gobierno nacional se destinan a las intendencias por distintos conceptos. La principal corresponde al 3,33% del presupuesto nacional, que se distribuye entre los 19 gobiernos departamentales. De esta manera, la transferencia de estos y otros montos que se incluyen en el proyecto de ley se condiciona al cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el marco de las negociaciones futuras.

Las negociaciones continuaron durante los dos meses siguientes, y el 7 de marzo último el presidente Mujica planteó la necesidad de que el acuerdo que se alcanzara tuviera el aval parlamentario de una mayoría significativa, de forma de garantizar un respaldo legal y político a la solución acordada que excediera el peso específico que tiene el partido de go-

bierno en el Poder Legislativo. Otro aspecto planteado por el Poder Ejecutivo fue que el nuevo sistema comenzara a aplicarse el 1 de enero de 2012, atendiendo a razones económicas y políticas (dejar que se acercaran las elecciones sin resolver el tema podría teñir la discusión de aspectos electorales que dificultaran un acuerdo).

Una vez acordados estos puntos, se avanzó en el diseño del nuevo sistema, y se planteó que hubiera valores únicos en todo el país para los aforos de los vehículos, las alícuotas (porcentaje del aforo del vehículo que se utiliza para calcular el monto anual de la patente) y los descuentos por pronto pago y buen pagador.

Para establecer estos valores únicos, antes del 31 de octubre de cada año una comisión de seguimiento integrada por tres delegados de los intendentes, uno de la opp y otro del mef se reunirá para analizar los valores de importación de los vehículos previstos para el año siguiente, en función de los documentos únicos aduaneros que ya están disponibles a esa altura del año. El gobierno nacional será el encargado de proponer los valores, que luego deberán ser aprobados por los intendentes. En aplicación de esos montos, cada Intendencia empadronará los nuevos vehículos y comunicará a la comisión de administración del Sucive los datos del auto y del titular para que sea ésta la que establezca el monto de la patente.

Por otro lado, ya que los descuentos por pronto pago y buen pagador no pueden establecerse por ley, se incluirán en el contrato que cada una de las 19 intendencias firmará con el fideicomiso que centralizará el cobro del tributo, los recargos, las multas y las moras por incumplimiento de pago.

Además, este es el inicio del camino hacia la unificación de las multas por infracciones de tránsito y de un registro único de conductores.

A partir de enero de 2012 comenzará a regir el nuevo sistema, con valores del tributo que tienen como base los montos a diciembre de 2010, pero que globalmente se reducen entre un 20 y un 30% respecto de lo que hoy paga la inmensa mayoría de los vehículos (véase recuadro sobre beneficios).

Para evitar las pérdidas de recaudación que varias intendencias deberán enfrentar por este cambio, el gobierno nacional se comprometió a cubrir esa brecha con un aumento de las partidas que les transfiere anualmente, lo cual significa un costo que puede alcanzar los 30 millones de dólares en el primer año de aplicación. El dinero saldrá de un fondo fiduciario que se nutre de la transferencia de Rentas Generales y que estará administrado por un agente financiero profesional autorizado por el Banco Central.

Hasta diciembre de 2015 se asegurará que la recaudación de cada intendencia por concepto de patente no sea menor a la correspondiente al ejercicio 2010. Los gobiernos departamentales que verán más afectada su recaudación, y por lo tanto recibirán mayores compensaciones del gobierno nacional, son Montevideo, Canelones, San José, Río Negro y Maldonado.

Estos puntos fueron aprobados de forma unánime en la reunión del Congreso de Intendentes que se realizó el 8 de marzo último. Pero también se decidió dar “un paso histórico”, según lo definió Cánepa, que consistió en que todas las

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El ingreso será de cada departamento y la recaudación irá a cada departamento, mediante un fideicomiso que solamente administra el cobro, no la recaudación.

“El gobierno nacional no puede ni debe retener dinero de la recaudación de patente”, agrega, porque eso sería “menoscabar la autonomía de las intendencias, la cual no está cuestionada en este proyecto”.

Las tres intendencias que recibirán el aporte más importante serán las de Tacuarembó, Colonia y Flores, debido a que son las que acumulan la mayor deuda histórica con ute.

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intendencias proporcionaron los aforos y las alícuotas que aplicaban a los vehículos para definir el monto de la patente.

El acceso a la información de las 19 intendencias permitió a la opp avanzar en el diseño del nuevo Sucive a partir de mayo. “Eso demostró que había una confianza en el proceso y en la solución –considera Cánepa–, que se construyó sobre tres pilares básicos: un proyecto definido, un equipo sólido desde el punto de vista técnico y político, y un liderazgo claro de la Presidencia de la República. No nos olvidemos de que esta ley tiene un costo importante, y el gesto político de que el único gasto grande de este año sea ése es trascendente.”

Las intendencias se comprometen con el nuevo sistema a través del contrato con un fideicomiso. “La ley no obliga a las intendencias a adherir al sistema –explica Cánepa–, lo que fija es un mecanismo institucional para que los gobiernos departamentales adhieran. Lo único que está en la ley es el armazón jurídico donde va el contenido. Las intendencias pueden cobrar la patente que quieran, pero si lo hacen por fuera del Sucive van a tener un costo político importante.”

En ese sentido, califica como un “error profundo” sostener que la firma del contrato del fideicomiso debe pasar por la aprobación de las juntas departamentales, como sostiene parte de la oposición. “Lo que la Constitución establece es que una Intendencia, para endeudarse más allá del período, tiene que pedir autorización a la Junta Departamental, y acá nadie se endeuda, porque es un mecanismo de administración de cobro. Al contrario, hay un subsidio a favor de las intendencias”, destaca.

“Se cuestiona que esto tiene que pasar por las juntas –ilustra–, pero los que dicen eso no saben que desde hace 30 años las juntas departamentales delegan en los intendentes la fijación de esos montos, y es así como funciona en la práctica.”

Cánepa explica que la recaudación continuará a cargo de las intendencias, ya que no se trata de un fondo que recauda y luego distribuye el dinero. El ingreso será de cada departamento y la recaudación irá a cada departamento, mediante un fideicomiso que solamente administra el cobro, no la recaudación. “El gobierno nacional no puede ni debe retener dinero de la recaudación de patente”, agrega, porque eso sería “menoscabar la autonomía de las intendencias, la cual no está cuestionada en este proyecto”.

De todos modos, el prosecretario de la Presidencia aclara que no hay que confundir “autonomía” con “soberanía”, ya que este no es un Estado federal. Señala que los gobiernos departamentales y el nacional aplican políticas en el mismo territorio, y por lo tanto es deseable y lógico que coordinen su aplicación para evitar duplicaciones, contradicciones o ineficiencias.

Por esta y otras razones, Cánepa rechaza enfáticamente el argumento de que el proyecto de ley viola la Constitución por afectar la autonomía de los gobiernos departamentales.

“No se violenta la Constitución, porque no hay obligación para las intendencias. El acuerdo está vinculado a un compromiso de gestión, que no es una extorsión. Esos cuestionamientos hablan del conocimiento que tienen algunos juristas de este país, que desconocen cómo se arma un presupuesto; porque ya hay compromisos de gestión que implican la disminución de las partidas nacionales para las intendencias si no cumplen determinados compromisos, y eso nunca fue inconstitucional.

El Fondo de Desarrollo del Interior es un fideicomiso que firmaron los intendentes en 2005 sin pasar por la Junta y nadie lo tachó de inconstitucional”, recuerda, antes de advertir que “la Presidencia no va a detenerse en el avance de este proceso por cuestionamientos que no tienen asidero”.

Hágase la luz En mayo y junio del presente año los intendentes analizaron la propuesta que surgió del trabajo de la comisión de patentes, mientras se avanzó en el acuerdo para resolver el problema del alumbrado público y la millonaria deuda que los gobiernos departamentales acumulan con la ute.

Ante el avance de ambos asuntos, el gobierno nacional comunicó a los intendentes en julio que los dos temas se resolverían en conjunto y formarían parte de un mismo acuerdo.

De hecho, el aporte económico del gobierno para resolver el problema del alumbrado es mayor que el que efectúa por la patente de rodados, explica Cánepa.

En 2005 el gobierno nacional había resuelto dar un subsidio de hasta el 30% del monto total del alumbrado a aquellas intendencias que estuvieran al día con el pago de la ute, pero la mayoría de ellas no accedían porque arrastran deudas desde hace lustros. “No hablo de dos años, o de dos períodos, hablo de decenios”, advierte el jerarca.

Ahora el compromiso del Poder Ejecutivo es congelar las deudas a la fecha de suscripción del acuerdo y acordar una forma de pago de ese dinero mediante convenios específicos, de forma de que cada una de las comunas pueda quedar al día con los pagos y acceder al Subsidio para la Extensión y Fomento de la Eficiencia Energética de los Sistemas de Alumbrado Público Departamentales, herramienta que ya fue aprobada por los intendentes en la reunión del 15 de setiembre.

Las tres intendencias que recibirán el aporte más importante serán las de Tacuarembó, Colonia y Flores, debido a que son las que acumulan la mayor deuda histórica con ute.

El monto del subsidio aumentará al 40% del consumo real (no estimado) para aquellas intendencias que suscriban un convenio con ute para pagar las deudas anteriores al 1 de enero de 2011. A partir del 1 de enero de 2013, el subsidio podrá alcanzar el 50% para los gobiernos departamentales que suscriban un convenio para la promoción de la eficiencia energética, lo cual implicaría también la instalación de lámparas de bajo consumo en la vía pública.

A partir de enero de 2014 el subsidio podrá alcanzar el 60% de la tarifa para aquellas intendencias que suscriban un plan departamental de extensión del alumbrado público y medido.

El subsidio para el pago de alumbrado que recibieron los gobiernos departamentales en 2010 alcanzó los 130 millones de pesos, y el gobierno calcula que en 2014 el monto podría llegar a los 300 millones de pesos. A esto se sumarían 100 millones por eficiencia energética y otros 100 millones por extensión de la red de alumbrado. Es decir que, en total, el beneficio podría llegar a multiplicarse por tres.

“Desde el punto de vista económico es mucho más importante la solución al tema del alumbrado, pero desde el punto de vista político la patente demuestra la seriedad y la eficiencia del sistema político”, concluye Cánepa.

Residuos, caminería y maquinaria Una mirada global hacia el desarrollo En la lista de temas planteados en octubre de 2010 aparecía en tercer lugar el manejo de los residuos, que tiene su foco principal en la zona metropolitana pero también afecta al resto del territorio.

El cuarto tema era el de la caminería rural y urbana en cada uno de los departamentos, y la conformación de una corporación vial regional. La creación de esta corporación tiene relación directa con la reciente aprobación de la ley sobre participación público-privada y con un proceso de regionalización impulsado por el Poder Ejecutivo.

El quinto y último tema que planteó el Congreso al presidente fue el de la compra de maquinaria vial. El objetivo es unificar las compras de vehículos –mediante la realización de un leasing común– para evitar las pérdidas que ocasiona a las comunas la compra de maquinaria y repuestos de diferente origen.

Beneficios Los vehículos anteriores a 1975 no pagarán patente, pero requerirán de una evaluación técnica obligatoria para permanecer exentos. Entre 1976 y 1980 pagarán un único valor de 1.000 pesos; entre 1981 y 1985 pagarán 1.500 pesos, mientras que entre 1986 y 1991 pagarán 3.000 pesos.

Los vehículos de los años siguientes también se dividieron por años (de 1992 a 1995, de 1996 a 1999, de 2000 a 2003, de 2004 a 2007, y de 2008 a 2011), pero en cada franja se fijaron tres categorías (económicos, medios y caros) en función del modelo, rango y año.

Este nuevo esquema –ya aprobado en general por el Congreso de Intendentes, aunque aún resta la definición por departamentos– implica que el 69% de los vehículos del país pagará entre un 20 y un 30% menos de lo que paga hoy por patente de rodados. Alrededor de un 4% pagará lo mismo y un 27% (en su mayoría los vehículos de alta gama y mayor valor) tributará alrededor de un 30% más.

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La no inserci贸n en la estructura econ贸mica mundial ha probado ser fuente de retrocesos, pero la inserci贸n abierta o ingenua ha probado ser fuente aun de mayores problemas para las estructuras productivas y para la calidad de vida de los habitantes.

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Entrevista al ministro Roberto Kreimerman

El fi n d e l a i n g e n u id ad Industria, Energía y Minería: el nombre del ministerio que conduce este ingeniero químico de 53 años permite hacerse una idea de la espesura estratégica que tienen las políticas de esta cartera en el nuevo paradigma de desarrollo productivo que persigue el gobierno. En la entrevista que sigue, el ministro Kreimerman desmenuza esa suerte de trípode en que se apoya la apuesta a la diversificación de la estructura productiva, con una mayor densidad tecnológica centrada no sólo en los productos sino también en los procesos. Polemiza con la visión que, en la década del 90, promovió una inserción internacional del país “abierta o ingenua”.

Y recuerda que, en esa época, lo corriente era afirmar que la mejor política industrial es la que no existe. Se detiene en el rol de Estado en la promoción de nuevos sectores productivos y las cadenas de valor. Resalta la función y misión –social, innovadora– de las empresas públicas en el esquema de la política industrial. Explica las razones de los cambios que se introducirán en la política de captación de inversiones extranjeras. Abunda en los motivos que lo llevan a afirmar que el Plan Brasil Maior es beneficioso para Uruguay. Y, entre otros abordajes, explica la estrategia del país en el desarrollo de la industria minera.

—Uno de los debates más frecuentes y añosos en la izquierda ha sido acerca del modelo de desarrollo a seguir, lo que supone definir, entre otras tantas variables, el perfil de la matriz productiva y la estrategia de inserción internacional del país. En ese sentido, ¿es posible afirmar que el gobierno está implementando un modelo de desarrollo definido? De ser así, ¿cuál es?

—Sí, es posible decirlo, y veamos cuál es además.

En primer lugar, para ver cuál es la inserción internacional del país, debemos reparar en cómo es el modelo global de producción, ya que está muy claro que los países crecen en la medida en que se insertan en la estructura económica mundial. Eso es ya de por sí una afirmación, pero también si lo hacen de una forma estratégicamente favorable. La no inserción en la estructura económica mundial ha probado ser fuente de retrocesos, pero la inserción abierta o ingenua ha probado ser fuente aun de mayores problemas para las estructuras productivas y para la calidad de vida de los habitantes.

Hoy el mundo, el sistema económico mundial en que vivimos, capitalismo avanzado, tienen tres características fundamentales. Primero, un cambio en el modelo productivo, con una creciente actividad interindustrial y fragmentación de los procesos de producción; no es la época

de Ford donde todo el auto se hacía en una fábrica. Este proceso persigue, entre otros factores, ventajas de especialización y ventajas de localización para buscar la cercanía a los mercados.

La segunda característica del sistema económico mundial es el desarrollo de los sistemas financieros, la liberalización del flujo de capitales y la supremacía del capital financiero respecto a los flujos productivos. Esto hace que las decisiones sobre políticas productivas estén también muy influenciadas por cuál es la visión del inversor sobre los países.

Y el tercer elemento de este desarrollo económico mundial es un acrecentamiento muy grande de la desigualdad en la distribución de la renta, primero entre países –con un modelo de consumo energético y ambiental disparatado para la subsistencia de la humanidad–, pero además dentro de ellos.

Estos tres factores coadyuvan a generar la situación del mundo actual que, aunque suene paradójico, puede representar un panorama de oportunidades para Uruguay. Por ejemplo, ya no hay por qué tener una industria completa en el país, se puede tratar de desarrollar y especializarse en varios eslabones donde Uruguay tenga ventajas competitivas, cosas que para un país pequeño tienen una ventaja bastante importante por escala. En segundo lugar, los flujos financieros, que repercuten agravando la crisis estructural de la econo-

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De todos modos, no debemos perder de vista que mía, también tienden a favorecer al país y la región, porque los capitales no tienen lugares donde invertir con rentabi- los países que llegan a ingresos mayores a los nuestros, y lidad y cierta seguridad. En tercer lugar, los fenómenos de que lo hacen además con una visión cada vez más solidaria la distribución de la renta empiezan a ser considerados, no y más social –hemos visto ejemplos de otros países que sólo ya por un gobierno de perfil progresista sino como una crecen pero con una visión más consumista; no nos interesa necesidad económica básica de un capital social que hay ese tipo de modelo–, apuestan crecientemente al desarrollo que construir en los países. Y, en cuarto lugar, tenemos que tecnológico propio o complementario del que se compra y el nuevo modelo de producción implica el uso intensivo de se acomoda al país. O sea, crecimiento en las universidades, los recursos naturales, materias primas, energía, alimentos, crecimiento en la calificación de los trabajadores, en las emetcétera, y Uruguay es intensivo en esa dotación de factores. presas innovadoras en el sentido de que desarrollan nuevas Mediante buenas movidas de política interna en los posibilidades. Y aquí lo estamos viendo: tenemos laboratoúltimos años, Uruguay ha sabido aprovechar bien estas ten- rios nuevos que no teníamos, tenemos investigación que no dencias internacionales, pero también ha sabido fortalecer teníamos, aunque aún muy insuficiente. su mercado interno a través del aumento del ingreso de sus habitantes, cosa que antes no existía. Todo esto sin perder —Para eso entonces se requiere, según se desprende de vista que los países que han logrado desarrollarse, que no de sus palabras, direccionar aun más la inversión extranjera. son muchos, son los que mejor han desarrollado su institu—Yo lo que digo es que con los recursos naturales cionalidad, para que los procesos productivos y de negocios y la ubicación geográfica se llega a un tope, a 15 mil dólasean fluidos, la corrupción sea mínima y res por persona, índice de Gini 0,40. No el respeto al Estado de derecho sea mabajaremos el índice de Gini mucho más Polemizo con la visión yor. Y Uruguay ha construido con mucha ni vamos a subir mucho más los ingrefuerza eso últimamente. de que el país sea abierto sos si no hay un cambio sustancial en la y reciba inversiones indis- producción tecnológica, que puede ser —Ahora, el crecimiento del país de productos o de procesos. Lo está haes muy dependiente del flujo de inversión criminadamente, y que eso biendo, las cifras lo indican. externa directa, que se ha concentrado sea bueno por sí solo porque en sectores extractivos como la soja, la la inversión da trabajo. Y —Al inicio de la entrevista usted forestación y ahora la minería. ¿Eso no cuestionaba la inserción internacional polemizo con la versión de abierta o ingenua del país… contribuye a reprimarizar la economía?

—Sí, pero depende del país, y ahí que el país se puede desa—Claro, lo que no dije es en qué vamos entonces a lo anterior. Porque el rrollar completamente sin basaba ese argumento. Lo basaba en la gobierno pretende canalizar este fenó- ningún tipo de atención a experiencia de doscientos años de que meno de buenas políticas y de demanda a mayor grado de desarrollo productila inversión extranjera. externa y ampliación del mercado intervo, mayor calidad de vida y desarrollo no que mencionaba hacia un adensasocial, comprobación más que hecha en miento del tejido industrial, hacia la conformación de cade- diferentes países. En segundo lugar, la intensidad tecnológinas de valor apoyadas por industrias de base que Uruguay ca de los procesos y productos también conlleva una menor tiene capacidad para desarrollar y viene desarrollando, por vulnerabilidad frente a los cambios del sistema económico ejemplo la informática, la química, la electrónica y demás. mundial y además mayores ingresos para los trabajadores, En ese contexto, entonces, la combinación de inversiones, por la obvia razón de la capacitación y de la menor rotación eso sí, estratégicas, crecientemente direccionadas por algu- que tiene el otro tipo de industria de baja calificación. Lo de nos criterios… Porque ¿cuál es la ventaja de la inversión ingenuo iba por el camino que decía recién, pero le puedo extranjera? Evidentemente que aporta hacia una capacidad agregar otro aspecto fundamental. Nosotros venimos reciproductiva mayor y además obliga, cuando es de alta cali- biendo una inversión crecientemente… dad, a la formación de la gente, a normas más estrictas de certificación de calidad, homologación. ¿Cuál es la desven—La pregunta es con quién polemiza cuando dice taja de la inversión extranjera? Que cuando se da trayen- que “no puede ser un modelo abierto e ingenuo”. do simplemente la tecnología del exterior puede inhibir el —Polemizo con la visión de que el país sea abierto y desarrollo tecnológico propio. Uruguay tiene ventajas claras reciba inversiones indiscriminadamente, y que eso sea buepor su base agroindustrial, pero por su ubicación geográfica no por sí solo porque la inversión da trabajo. Y polemizo con tiene otras ventajas que acabo de relacionar con el mercado la versión de que el país se puede desarrollar completamenampliado que se ha creado (caso de las industrias automo- te sin ningún tipo de atención a la inversión extranjera. En triz y farmacéutica), y tiene ventajas para ofrecer servicios relación con la primera visión, por ejemplo, está muy claro productivos, servicios inteligentes, de muy variados sistemas. que hay inversiones que inhiben el desarrollo tecnológico Uruguay tiene entonces esas perspectivas. del país. Por eso hablo de direccionamiento estratégico en

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Entrevista al ministro Roberto Kreimerman

materia de inversiones. Uruguay, hasta 2005, estaba muy bajo en inversión, entonces era mejor abrir el panorama y dar buenos beneficios para atraer inversión. Hasta cierto punto ahora nos conviene que la inversión empiece a ser de determinadas calidades. Una inversión que sea fuerte en mano de obra y pague salarios bajos hoy para algunas zonas del país es un problema. Así que ya no es cualquier inversión en cualquier lado.

—El ministro de Industria, que está evaluando este desarrollo industrial y esta política de inversiones, ¿tiene una mirada transversal hacia lo territorial, hacia los proyectos de regionalización? ¿Cómo se construyen estas políticas con esos cruces?

—Cuáles son las dimensiones, diría yo, cuáles son los ejes y cómo después se cruzan. El primer eje es la inversión, sin duda, nacional o extranjera. Mayor inversión sobre el valor agregado en las cadenas industriales, sobre las nuevas cadenas industriales, etcétera. La segunda dimensión es la localización, eso sí es un punto estratégico, localización que tenga infraestructura, que desarrolle mano de obra, que a su vez sea adecuada desde el punto de vista logístico. Esa mirada la tenemos muy fuertemente incorporada. Para las grandes empresas localizarse es mucho más fácil, porque en definitiva implica mayores inversiones pero dentro del volumen que tenían previsto. Pero para la mediana y pequeña empresa tenemos que llegar a acuerdos de desarrollar sitios específicos para que tengan estos factores, que son tan importantes que contribuyen a ahorros de costo y posibilidades competitivas ciertas. Tercero, calificación de mano de obra. Sin ninguna duda en el aspecto que nos compete, respetando algo tan fundamental como la inclusión social, en un desarrollo industrial nuestro enfoque está puesto en la calificación de los trabajadores, y la autocalificación, lo que hoy se llama certificación de capacidades, las escuelas industriales o universidades tecnológicas, y la Universidad descentralizándose en cuatro o cinco regiones. Esto tiene una importancia enorme, porque esos centros capacitan gente, hacen inspecciones y sistemas de laboratorios de calidad para las industrias del Interior, y hacen también investigación.

O sea, el hecho de descentralizar las inversiones no pasa sólo por la voluntad política de tener conexiones con el interior del país, pasa porque tengan infraestructura, energía, comunicaciones, base académica. Si no están estos laboratorios, todo termina en Montevideo.

—Las inversiones extranjeras de gran porte reciben un tratamiento especial desde el punto de vista tributario y, a su vez, tienen un instrumento específico como son los contratos de inversión. ¿Cómo lograr que las megainversiones dejen más recursos al país, habida cuenta de los beneficios tributarios de que gozan? ¿Qué elementos se pueden incorporar a esos contratos de inversión para que mejore la industrialización y se generen cadenas de valor?

Hasta cierto punto ahora nos conviene que la inversión empiece a ser de determinadas calidades.

Una inversión que sea fuerte en mano de obra y pague salarios bajos hoy para algunas zonas del país es un problema. Así que ya no es cualquier inversión en cualquier lado.

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—Con algunos de esos proyectos grandes lo que puedan localizarse en el país. En eso hemos tenido basel país logra es tener uno de los eslabones de las cadenas tante buena recepción. Por ejemplo, en la industria naval productivas, entonces claramente lo que está trayendo es estamos creciendo, en la industria farmacéutica también, un eslabón determinado por determinados factores, como entre otras. Segundo, la promoción o atracción de esas ines el caso de la madera. Es fundamental que avancemos en versiones, mediante subsidios en los momentos adecuados, los procesos de conocimiento de las cadenas productivas, contra metas, contra resultados determinados y muy transpara poder negociar y exigir más contraprestaciones. ¿A parentes y temporarios, pero también mediante la apertura qué me refiero? Por ejemplo, si uno estudia la cadena mi- de mercados, como el acuerdo que se hiciera con Brasil en nera sabe que los procesos que vienen a continuación del varios temas. Y, tercero, la coordinación. Para esto tenemos hierro claramente se pueden hacer dentro del país, sabe los consejos sectoriales, que son una herramienta muy adeque el proceso neto de la siderurgia puede darse pero ya cuada y potente. requiere un esfuerzo adicional en cuanto a volumen ener—¿Y cuál es la función que cumplen las empresas gético, y sabe que los procesos finales de la siderurgia son siempre localizados en la cercanía de los mercados de con- públicas en ese esquema de política industrial?

—En ese sentido las empresas públicas tienen un sumo. O sea, cada cadena de producción tiene elementos que uno perfectamente puede estudiar. Entonces lo que papel estratégico fundamental. Y por varios motivos. Si debemos lograr, y yo creo que vamos aprendiendo en el hablamos de un sector monopólico, entonces es prefericamino, es conveniar con las empresas no sólo elementos ble el monopolio público al privado, porque las empresas con esas características se dirigen más de contenido nacional como se está hahacia la conveniencia social del Estado ciendo –con obligaciones de cantidad Sabemos que la desinque un monopolio privado. Las emprede personas o de programas de desarrollo de proveedores–, sino institutos dustrialización de muchos sas públicas, además, están en sectores se debe invertir con cierto riesgo de investigación sobre aspectos especípaíses desarrollados está en donde para el futuro del país, cosa que las emficos en los que el país tiene capacidades y la inversión tiene utilidad. Debe- la base de este fenómeno de presas privadas no harían de la misma mos hacernos fuertes en determinados crisis económica que lue- manera. Y suelen atender a sectores aspectos de las cadenas productivas. go explota como una crisis sociales que la empresa privada tiende a ignorar por razones de rentabilidad.

La apuesta, entonces, es a aufinanciera. La necesidad Léase El Correo, por ejemplo; tenemos mentar las obligaciones de las empresas, ya no sólo en el área social y en el de darle fortaleza, darle una cantidad de empresas de correo en cumplimiento de las normas, donde he- densidad, darle tecnología Montevideo porque es muy barato enmos tenido buenos avances, sino en el al sistema productivo no tregar paquetes en la capital, y no hay ninguna en Tomás Gomensoro, por deárea de investigación, de proveedores, se resuelve sin una política cir algún lugar. Pero las empresas públide sustitución de importaciones. Estacas también tienen un rol fundamental mos pensando en acuerdos concretos, industrial. a largo plazo, en la creación de infraespero para eso hay que estudiar bien la tructuras, por ejemplo, donde a veces la empresa privada industria, qué consume, qué no, ya no son acuerdos genéricos. Quizá la primera megainversión fue abierta total- tiene una visión más puntual. Yo creo que el ejemplo de mente. En la segunda pedimos cosas. Y en la tercera creo Brasil, para no nombrar un ejemplo ideológico, es intereque tenemos que ser muy concretos, habiendo estudiado santísimo. la industria…

—¿Pero esa manera de concebir el rol de las empre—¿Cuál es el rol que está cumpliendo el Estado en sas públicas no parte de una definición ideológica?

—También puede serlo; yo pongo el ejemplo de Brael desarrollo de las cadenas de valor en el complejo indussil para dar una idea, pero podría poner otros casos. Brasil trial?

—Hoy el rol del Estado es muy fuerte en la promo- descubre petróleo y fortalece Petrobras. A raíz del petróleo ción de los nuevos sectores, y hay que reforzarlo en los sec- sabe que tiene que desarrollar la industria de astilleros, y tores tradicionales. En los nuevos sectores consiste en crear crea Transpetro, la empresa dependiente de Petrobras para lo que se llama el ecosistema, o sea el ambiente: financia- un desarrollo propio de los astilleros, combinando que la miento, gente, normativa, mercados, es trabajar en eso jun- empresa pertenece en parte al Estado y en parte cotiza to con organismos especializados. Pero en la promoción de en bolsa. La energía pasa a ser un tema clave, la energía estos nuevos sectores hay tres elementos de política indus- del desarrollo, y Brasil crea Electrobras para la energía. Es trial moderna que son clave. Primero, el descubrimiento de decir, en sectores estratégicos recupera la intervención e inesas actividades, lo que significa atender nuestra estructura versión públicas. Y eso está pasando en muchos países del de costos y los actores nacionales e internacionales que mundo. Luego de la indiscriminada privatización que hubo

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La evaluación del Plan Brasil Maior

Una apuesta a la reindustrialización que favorece a Uruguay

—¿Cómo ha impactado en la política industrial del país la irrupción del Plan Brasil Maior?

—Ese plan tiene varias características. Primero, lo vemos como positivo en tanto y en cuanto el crecimiento de Uruguay depende en un buen porcentaje del crecimiento de Brasil.

Segundo, lo vemos positivo porque tiene un énfasis en una industrialización que Brasil estaba perdiendo. Es un plan de reindustrialización. Y a Uruguay también le sirve que el resto de la región tenga una visión más productivista de la que ha tenido hasta hace unos años.

Ahora, cuando vamos a lo específico, hay que discutir. Ahí hay una fuerte defensa de la industria nacional que nosotros también hemos hecho; podemos variar en la calificación de fuerte, mayor o menor, pero digamos que ya desde el gobierno anterior hemos promovido, y en este gobierno hemos fortalecido, mecanismos de defensa de la industria nacional, no mediante acciones proteccionistas sino disminuyendo la competencia desleal. Pero no quiero hacer sólo hincapié en eso. Como razonamiento de fondo, vuelvo a insistir en el concepto de una mayor coordinación productiva. Lógicamente, después está la implementación, cuando uno dice, por ejemplo, el tema automotor, ya lo sabíamos, ahí lo tengo al Plan Brasil Maior, se los puedo leer, y dice “incentivar la industria automotriz en base a la innovación”, y después dice “respeto a los acuerdos del Mercosur”. Decía eso. Cuando uno va a la letra chica del decreto no fue así exactamente.

—Nada de esto cuestiona, entonces, la estrategia de “viajar en el estribo de Brasil”, como sostuvo el presidente Mujica.

—No está en cuestión. Al contrario, yo creo que se refuerza el Mercosur con una visión común hacia un desarrollo productivo diversificado y complementario.

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La premisa es extraer más riqueza para el país

la megaminería como cadena de valor

—¿Bajo qué condiciones debería aceptarse el desarrollo de la megaminería en el país? ¿Debe recibir los beneficios tributarios otorgados a otros grandes emprendimientos extranjeros bajo el régimen de inversiones?

—No, nosotros pensamos que no, porque es un activo que el país tiene y que se va a extraer por única vez. Los recursos naturales se suelen clasificar en soft y hard. Soft son los que se renuevan año a año, aunque pueda ser discutible si a largo plazo se extinguen o no por mal uso de la tierra, y hard son los extractivos netamente, como el petróleo. En ésos la idea es que el país está extrayendo un activo y tiene que lograr a cambio un activo equivalente. Entonces, desde ese punto de vista, las ganancias las tiene que invertir en infraestructura, en producción o en un fondo de inversiones que quede para las generaciones futuras. Lo que no puede dar es beneficio sobre los activos, porque en verdad lo que el país quiere es conservar el activo de una manera transformada. Así que no.

—¿Y cuál es el modelo que se discute en la comisión multipartidaria sobre minería para la generación de ingresos por parte del Estado?

—El modelo al que se está llegando es similar al de la mayoría de los países, fundado en un esquema impositivo progresivo –es decir, a mayor ganancia mayor impuesto–, mediante el cual el país extrae una mayor tasación del recurso minero y que ya está llegando al orden del 50 por ciento. Y la tasación es un complemento de tasación, de impuesto a la renta con canon.

Ahora, en la medida que el país tenga mayor desarrollo y conocimiento en el tema –estamos haciendo un convenio con la Universidad de la República para un posgrado en minería–, bueno, se abre sí la posibilidad de tener esquemas adicionales.

—¿Por qué se modificó el criterio de cobro?

—Porque buscamos tres objetivos con la modificación. Uno es la promoción de la industria minera, facilitar lo que son las etapas de prospección y exploración que se hacen en todo el mundo, pero a su vez aumentar los controles, las informaciones que se piden, las auditorías sobre la parte de explotación, y también aumentar lo que decía anteriormente : los cánones en la actividad minera. Promoverla para que haya más, pero a su vez controlarla y extraer más riqueza para el país. En segundo lugar, lo que se buscó fue una inserción más adecuada dentro del sistema ya existente en el país. La minería en Uruguay no viene a terrenos lejanos o desolados como puede pasar en el norte de Canadá, sino que viene a lugares donde hay explotación agropecuaria. Y, en tercer lugar, se buscó crear una cadena de valor. Se obliga a que el 15 por ciento de lo que se vaya a exportar, es un ejemplo que sacamos de varios países, se tenga que ofrecer al mercado interno.

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en los años noventa, Brasil se da cuenta de que decisiones que son soberanas no pueden ser dejadas a empresas, no sólo por ser empresas privadas, sino porque además tienen su centro de decisión en terceros lugares. Otro factor de relevancia en favor del papel de las empresas públicas es que son el principal lugar donde uno puede desarrollar prácticas de tecnologías nuevas, propias.

—¿Qué diferencia tiene esta política industrial con la que promovieron los gobiernos blancos y colorados hasta 2005?

—Bueno, la primera es su propia existencia. En los años noventa se decía que la mejor política industrial es la que no existe porque tergiversa la libre asignación del mercado, que en su visión más rosada que nos diera Adam Smith asignaría adecuadamente los recursos. El mercado es muy necesario, pero no termina asignando una estructura industrial adecuada para los países. Sabemos que la desindustrialización de muchos países desarrollados está en la base de este fenómeno de crisis económica que luego explota como una crisis financiera. La necesidad de darle fortaleza, darle densidad, darle tecnología al sistema productivo no se resuelve sin una política industrial. Y las bases son, insisto, promoción, información, coordinación.

—Usted ha mencionado el incipiente desarrollo en Uruguay de varios sectores productivos con fuerte contenido. ¿Cómo evalúa el papel de la Universidad de la República en el fortalecimiento de ese proceso?

—Yo veo una Universidad que en este aspecto del conocimiento viene adecuándose rápidamente. Yo soy de los que confían mucho en los planes que se están instrumentando en el aspecto de la investigación, de la descentralización, de los núcleos de excelencia. También veo a la Universidad del Trabajo adecuándose muy bien a la realidad. Las tecnicaturas son una herramienta fabulosa, hasta quince tecnicaturas que mezclan interdisciplinariamente distintos aspectos.

Sí registramos un par de preocupaciones. Una de ellas, que la tiene todo el mundo, es la relación entre carreras técnico-científicas y carreras no técnico-científicas.

No quiere decir que la psicología no sea una carrera con un profundo conocimiento técnico atrás, pero me refiero a que en todas las nuevas carreras –a la mayoría de las cuales habría que ponerles el prefijo “bio” adelante, bioplástico, biotecnología, bioenergía– tenemos todavía un desnivel importante, aunque está disminuyendo y se están formando muchos más profesionales que antes. La segunda preocupación es que todavía sigue siendo muy largo el proceso de formación del profesional, y muy alta la deserción.

La estrategia en tevé digital

Mayor libertad de elección, más industria nacional —¿Cuál es la orientación que guía la política que se está aplicando en materia de televisión digital?

—La orientación es definida por tres grandes elementos. Primero, va sin duda a un desarrollo de la tevé digital como un medio que, con todo el sistema de comunicaciones, transforma la sociedad en su calidad de vida, en su desarrollo productivo.

Sin duda esta sociedad en la que hoy vivimos, con todos los sistemas de comunicación, es muy distinta a la de hace apenas diez años, pero además la incidencia de las comunicaciones en la economía pasó del 2,5 al 8% del pib. En segundo lugar, queremos incrementar la diversificación, la pluralidad de opciones del ciudadano para que sea más libre, porque en definitiva a nosotros siempre nos guía una filosofía de, dijera nuestro prócer, la libertad en su máxima extensión imaginable. Y tercero, el desarrollo de la industria nacional, de las pequeñas y medianas empresas de contenido, de la televisión nacional, y para eso es que se propone la creación de un fondo con base en la facturación que hagan las empresas.

—¿Hay una relación entre el proyectado decreto sobre tevé digital y la futura ley de servicios de comunicación audiovisual?

—La ley es mucho más vasta porque la diversidad en medios es enorme, y hay una convergencia de voz, de video y de datos. La diversidad de medios es la televisión, la telefonía, la radio, los contenidos audiovisuales, a tal punto que en el mundo crece la idea de legislar y regular no por medio de transmisión sino por contenidos, por eso la ley tiende a llamar… El decreto no anticipa la ley porque ésta es mucho más vasta, pero algunos principios que tiene el decreto la ley los va a continuar, como el fomento de la industria nacional, la transparencia en los sistemas de adjudicaciones, diversidad, pluralidad, etcétera.

—¿Cuándo es que se envía la ley? O, mejor dicho, ¿en qué etapa del proceso de elaboración está esa ley?

—Estamos finalizando el primer borrador, y antes de fin de año esperamos presentárselo al presidente.

—¿Cómo se garantizará el acceso a la tevé digital de los sectores de población que no puedan pagar el decodificador?

—Justamente estamos definiendo cuáles serían los fondos necesarios para atender a aquella población que no pueda acceder al decodificador.

Es más, ya estamos empezando a determinar con el Mides cuánta gente podría ingresar en ese esquema.

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El decreto sobre televisión digital

Señal de ajuste El Ministerio de Industria, Energía y Minería (miem) puso a con-

sideración pública un proyecto de decreto para regular el pasaje de la televisión analógica a la digital de manera planificada. La norma forma parte de un paquete de instrumentos para establecer una política de telecomunicaciones que permita el avance y el desarrollo tecnológico del país, explica el subsecretario de la cartera Edgardo Ortuño.

Transparencia y participación En el decreto a consideración pública se estimulan los mecanismos de participación y consulta, caso de las audiencias públicas o el Foro Consultivo de Televisión Digital, como un organismo encargado de monitorear, apoyar y promover el despliegue del nuevo sistema. El foro estará compuesto por integrantes propuestos por la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) en representación de organismos estatales, empresarios de la radiodifusión, la industria audiovisual, del software, la universidad pública y las privadas, trabajadores y sociedad civil.

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Televisión digital

Fortalecer los proyectos que existen hace medio siglo, apostar a la aparición de nuevas iniciativas y apoyar la comunicación de calidad que redunde en un fortalecimiento de la democracia, son tres de los objetivos que se planteó el gobierno con este proyecto, que además busca que Uruguay se integre al grupo de vecinos que llevan la delantera en el proceso de transición.

Para Ortuño, Uruguay se encuentra en condiciones de avanzar en los plazos establecidos (se proyecta el apagón analógico, es decir el fin de las actuales transmisiones, para el 21 de noviembre de 2015), debido a sus pequeñas dimensiones y al potencial que tiene en sus recursos humanos, y en las definiciones de política que priorizaron la inclusión digital.

Ortuño destaca que el decreto forma parte de un conjunto de normas que tiene su antecedente en otro similar que dispuso la realización de las pruebas piloto en el sector privado. Con este nuevo proyecto se dispone el marco de la regulación para el despliegue definitivo de la televisión digital, y en los próximos días se pondrá en consideración una tercera iniciativa que reglamenta los aspectos técnicos para la importación y comercialización de aparatos de recepción. Entre los objetivos de ese nuevo decreto se encuentra el de operar en forma simultánea en ámbitos internacionales y regionales de normalizaciones técnicas, para convivir en armonía con los procesos de los países vecinos.

“La televisión digital también es integración regional”, señala.

El decreto establece que existirán seis canales de televisión públicos, abiertos y gratuitos. Uno será el actual Canal 5, otro la actual Tevé Ciudad, y se reserva el espacio para cuatro nuevos canales regionales en el interior del país. A su vez, se ampliará de tres a siete el número de canales comerciales, y se incorporan siete nuevos canales en el sector comunitario. Según el subsecretario del miem, la adopción de la norma japonesa permitirá, además, garantizar una cobertura universal en todo el territorio gracias al desarrollo de sus características de portabilidad de calidad, superando así las dificultades que aún existen para alcanzar algunos lugares del país, sobre todo en la frontera.

Los canales privados 4, 10 y 12 estarán autorizados a operar hasta el momento del apagón analógico con una señal “espejo” de la actual en un único canal, y tendrán un plazo de un año para que se produzca la migración al formato digital. En el resto del país el plazo para los actuales operadores será de dos años.

Una vez aprobado el decreto, que será enviado al presidente José Mujica cuando se hayan incorporado las eventuales modificaciones surgidas del reciente proceso de consulta pública, habrá 60 días para realizar el llamado a interesados a obtener nuevas autorizaciones, comenzando por el área metropolitana.

Luego habrá otro llamado para televisión comercial, para el cual los interesados deberán presentar un proyecto comunicacional y de negocios, un plan de programación, la cantidad y tipo de producción nacional y local propia, y los servicios conexos e interactivos que incluirán entre las prestaciones, entre otros requisitos. También deberán explicar cómo ocuparán el canal que se les otorgue, ya que el número de señales puede variar entre dos y seis, según la calidad de la emisión (estándar o alta definición).

Asimismo, los nuevos aspirantes a canales comerciales deberán probar su independencia familiar, comercial y económica de los actuales operadores de los canales privados.

Ortuño advierte que la reserva de los canales no significa necesariamente que vayan a ser asignados, y explica que la decisión de hacer esa reserva de espacios tiene que ver con la necesidad de no comprometer las posibilidades de desarrollo futuro del sistema. “Se está proyectando una apertura gradual y un sistema regulatorio que establece un adecuado equilibrio entre el cambio y la continuidad. Eso supone un reconocimiento de los proyectos tradicionales de la televisión uruguaya. Mantener un sistema cerrado nos colocaría fuera de tiempo y de contexto, lo cual no significa que la apertura se haga sin planificación”, añade.

Las propuestas que se presenten serán evaluadas por la Comisión Honoraria Asesora Independiente (chai), formada por representantes de los operadores, organizaciones de la sociedad civil, trabajadores y la academia, y deberán ser consideradas en una audiencia pública no vinculante. El plazo de las autorizaciones será de 15 años renovables por autorización del Poder Ejecutivo, tendrán carácter personal (a uno o varios titulares) y serán intransferibles en los primeros cinco años (salvo muerte del titular). Los permisos caducarán en cualquier momento si se hace imposible la explotación del servicio, o si no se iniciaron las transmisiones en los primeros nueve meses posteriores al otorgamiento.

Según Ortuño, la definición de un plazo no es antojadiza, sino que va en la línea que se sigue en el mundo y en la región, a la cual el país se incorpora de manera tardía. “Es una práctica recomendable, y que da seguridad y garantías a los operadores y a la sociedad. La existencia de permisos precarios y revocables en las actuales condiciones constituye un factor de inseguridad para los operadores que queremos superar”, remarca el jerarca.

En materia de contenidos, el decreto obliga a incluir 15 minutos diarios no acumulables para realizar campañas de bien público, incluir sin costo el acceso a servicios conexos e interactivos provistos por el Estado, promover la producción nacional y garantizar la accesibilidad a discapacitados visuales y auditivos, entre otras condiciones.

Por otro lado, el proyecto establece que los operadores aportarán anualmente para el financiamiento de un Fondo de Producción Audiovisual y Aplicaciones de Televisión Digital un monto proporcional a la facturación bruta derivada de la explotación lucrativa del espectro, cuyos ingresos provienen en su mayor parte de la publicidad. El aporte será del 0,5% para aquellos que facturen igual o más de 2 millones de unidades indexadas por año, y del 1% para quienes facturen más de esa cantidad.

Ortuño sostiene que el financiamiento de este fondo “va a redundar en más contenidos de calidad para todos. El aporte que se plantea para operadores apuesta a la inversión de todos, y en particular de quienes hacen uso de un bien social para emitir sus transmisiones televisivas. Esto no es nuevo, no estamos inventando nada, hay experiencias internacionales que plantean fondos de fomento a la producción audiovisual o pago de contraprestaciones a los propietarios de los medios en forma más ambiciosa que la que planteamos nosotros”.

Ortuño reflexiona que este decreto y la ley de servicios de telecomunicaciones que se encuentra en etapa de elaboración “forman parte de un mismo proceso, y son instrumentos que tienen armonía entre sí, así como la capacidad de responder en los tiempos necesarios a los desafíos de política pública que estamos planteando”.

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La UTU en obras Con la mira puesta en las nuevas tecnologías

Los últimos seis años de gestión marcaron una vuelta de tuerca en la política educativa de la Universidad del Trabajo (UTU), sobre todo a través de la jerarquización de los bachilleratos tecnológicos, las escuelas agrarias y otras propuestas que apuestan a las nuevas tecnologías y a la priorización de la formación permanente. De todo esto habla el profesor Wilson Netto, director de la institución.

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Los últimos seis años de gestión marcaron una vuelta de tuerca en la política educativa de la Universidad del Trabajo (utu), sobre todo a través de la jerarquización de los bachilleratos tecnológicos, las escuelas agrarias y otras propuestas que apuestan a las nuevas tecnologías y a la priorización de la formación permanente. De todo esto habla el profesor Wilson Netto, director de la institución.

—¿Qué destaca del presente de la utu en cuanto a oferta educativa?

—Una concepción distinta del rol de la educación en el desarrollo de la sociedad. El hecho de que la educación desde hace años se entiende como un derecho, puso en tensión la estructura del sistema. Se ha avanzado mucho en reconocer el trayecto de las personas y homologar su formación, dejando de lado aquel viejo criterio que era la homologación estrictamente por contenidos.

—¿Cómo se instrumenta ahora esa homologación?

—En función de la formación que adquiere la persona al haber tenido determinado tránsito. Hoy cualquier joven que haya aprobado un año en la Universidad puede iniciar el curso en cualquier servicio universitario. Y esto, para la concepción tan conservadora de Uruguay, es revolucionario.

No sólo se aprende en las aulas; también hay muchos espacios de la sociedad en los cuales se desarrollan estructuras que permiten que la gente genere no sólo conocimiento sino fundamentalmente estrategias.

Nuestras propuestas educativas están basadas en un fuerte diálogo entre teoría y práctica. No concebimos la práctica como una aplicación de la teoría. Tenemos ciclos básicos en los que la tecnología barre transversalmente el conjunto de los currículos. Todos los muchachos desarrollan proyectos que tienen que ver con las comunidades, donde aparecen las ciencias sociales, las ciencias exactas, la matemática.

También tenemos, desde 2008, la Formación Profesional Básica, que se imparte en una diversidad de áreas: electrónica, informática, gastronomía, estética, deporte, mecánica, electricidad. Cuando culminan el ciclo, los estudiantes reciben una certificación de operario práctico en cualquiera de estas áreas, y están en condiciones de transitar el escalón no menor que significa el pasaje a la educación media superior.

En estos últimos cinco o seis años se ha reconceptualizado el rol que debe cumplir la modalidad técnico-tecnológica. Apuntamos a una integralidad, a generar individuos más libres, con mayor poder de decisión y capacidad de abordar acciones que la vida les ponga por delante.

Contamos desde hace dos años con un programa que se llama Acreditación de Saberes, que se adapta al área de actividad del trabajador: se va al lugar de trabajo de cada alumno, y se diseñan evaluaciones para luego certificar qué conocimientos profesionales tiene cada uno, pero también qué estructura ha construido a partir de las estrategias que ha debido desarrollar en el mundo del trabajo, que son análogas a las que pretende el sistema educativo. Ese instrumento lo acredita a seguir estudiando sin tener que hacer todo el proceso desde el inicio. Y en la educación media superior contamos con tres propuestas: el operario calificado, el bachiller tecnológico, y el bachiller profesional o técnico medio.

“La composición social del alumnado es diversa, aunque predominan los quintiles más bajos. “Pero cuando comienzan a trabajar, nuestros alumnos son los que aportan el mayor salario de sus hogares. Hay desempleo cero entre ellos, fundamentalmente en el sector industrial y en carreras de administración y comercialización”

—¿Cuáles son las carreras de los bachilleratos tecnológicos?

—Química, termodinámica, informática, electromecánica, electroelectrónica, mecánica automotriz, gastronomía, agrario, marítimo, turismo y administración y comercialización.

—¿Y en el nivel terciario?

—Tenemos tres tecnicaturas de una duración de dos años, la carrera de ingeniero tecnológico, que se desarrolla en electrónica y electrotécnica, y las de tecnólogos, en común con la Universidad, en informática, química, agroenergía, mecánica y cárnica, esta última en Tacuarembó.

—Otro de los puntales es la formación tecnológica agraria.

—Claro, hay un porcentaje muy importante de universitarios ejerciendo la docencia en el sector agrario, pero el reconocimiento que tienen las escuelas agrarias ha llegado a distintos sectores de la sociedad. Uno de los rubros en que más hemos fortalecido la formación científico-tecnológica ha sido el agrario.

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Bachilleratos tecnológicos

Políticas conversó con la ingeniera química María Antonia Grompone, impulsora quince —¿A partir de cuándo comenzaron a tener protago- necesidades tenían de formación específica. Yo fui parte años atrás de nismo los bachilleratos tecnológicos? de esa comisión. En Paysandú, un departamento con cierto nivel de industrialización, se necesitaba la formación de un —Hice los primeros estudios al respecto a mediados los primeros bachilleratos de los noventa. Me llamaron para implementar el bachillerato tecnólogo mecánico y un tecnólogo químico; en Maldonado, de química cuando la reforma de Germán Rama. Como no un tecnólogo informático… tecnológicos, quise trabajar sola, convoqué a Marisa García, inspectora de —O sea que usted no sólo participó en la estructuración convertidos hoy química que trabajaba en la Universidad.

Partimos de una premisa distinta a la habitual.

Acá por del bachillerato tecnológico de química sino también en las en uno de los lo general los profesores y los jerarcas se sientan a meditar y demás asignaturas. “programas estrella” hacen un plan de estudios. Nosotras empezamos por recorrer —Es que yo fui un poco quien lideró el plan de de la Universidad la industria, entrevistar a gerentes, técnicos, dueños de tecnólogos y quien sacó la idea inicial de hacer carreras del Trabajo del empresas, a la gente que tenía laboratorios, preguntándoles diferentes. Ahí ya fue cuando estaba Raúl Sendic en ancap, sus necesidades. En los laboratorios nos dijeron que no tenían durante el gobierno de Tabaré Vázquez. Le pedimos una Uruguay. tiempo ni recursos como para preparar a un estudiante salido reunión porque mi primera preocupación era qué hacer con la

La ˝estrella˝ de la UTU

de Secundaria. De esa comprobación salió la idea de hacer un bachillerato tecnológico en química. Y así en otras disciplinas.

Cuando nosotros comenzamos a tener incidencia, el único que existía era el bachillerato mecánico.

En el diseño del de química introdujimos sobre todo mucha práctica de laboratorio y muchas más horas de química que las que se impartían en Secundaria. Hoy los bachilleratos tecnológicos constituyen una buena base para entrar al mercado laboral, y posibilitan al alumno hacer estudios terciarios en combinación con la utu y la Universidad, los llamados tecnólogos, que duran tres años. Los que hacen la secundaria común igual pueden entrar al tecnólogo químico haciendo previamente un curso de nivelación.

Cuando comenzamos, el docente común de Secundaria no estaba capacitado para este nuevo plan. Tuvimos que instruirlos y hasta trabajar en áreas que poco tenían que ver con la docencia. Por ejemplo, cuando se construyó la Escuela Técnica del Buceo trabajamos con los planos, ayudando a los arquitectos.

Luego de ese primer impulso, durante años no se hizo nada más. Al final del gobierno de Jorge Batlle se formó una comisión entre la utu y la Udelar para definir un plan nacional de tecnólogos, cuya concepción fue descentralizar y recorrer los departamentos viendo qué

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zona cañera de Artigas. Se terminó consiguiendo un tecnólogo agroenergético para Bella Unión. Hablamos mucho con la gente, con los que cortaban caña, con los que estaban en el ingenio azucarero, y vimos que en lo que fue el hotel de calnu se podía levantar un centro de estudios. A los dos meses de asumir Tabaré Vázquez ya teníamos un plan armado.

—¿En qué medida ha crecido el plan en estos seis años?

—Se hizo el tecnólogo agroenergético, en 2010 se inauguró en Tacuarembó el tecnólogo cárnico, y creo que ya está por terminar de armarse el tecnólogo en madera en Rivera, para citar algunos avances.

—¿Qué es lo que usted destacaría como más importante de los bachilleratos tecnológicos?

—Su concepción, haber sido pensados en función de la demanda del país hacia la educación, y no al revés.

El presidente Mujica tiene una idea así. De ahí el énfasis que pone en los tecnólogos, porque la suya es una concepción sobre la realidad, sobre qué necesita el país, y dónde.

Una de las mejores cosas que se ha hecho es ese tecnólogo en Bella Unión, una ciudad que es el último lugar del país, donde todo está dejado de la mano de Dios.

En cifras En 2011 la Universidad del Trabajo recibió un presupuesto cercano a los 150 millones de dólares. El 85% fue destinado a remunerar a sus 9.000 empleados, y el resto a inversiones y funcionamiento, mucho más que lo que se dedicaba a este rubro en 2005, cuando a inversiones iban apenas unos 5 millones de pesos.

La utu cuenta con 120 escuelas y otros cincuenta lugares donde dicta clases a unos 72.000 estudiantes en todo el país. El 48% de la matrícula está concentrado en el nivel medio superior, y un 10% en el terciario. En 2001 la utu participaba en el 0,3% de la educación terciaria, y en 2010-2011 está en el 5%.

La composición social del alumnado es diversa, aunque predominan los quintiles más bajos. “Pero cuando comienzan a trabajar, nuestros alumnos son los que aportan el mayor salario de sus hogares. Hay desempleo cero entre ellos, fundamentalmente en el sector industrial y en carreras de administración y comercialización”, dice el director Wilson Netto.

En cuanto a la distribución geográfica del alumnado, se divide por mitades entre la zona metropolitana (Montevideo, Canelones, parte de San José y Maldonado) y el Interior no metropolitano.

Hay departamentos donde la matrícula de utu ha crecido especialmente. Uno es Tacuarembó, donde en 2005 uno de cada siete alumnos de la educación media superior estudiaba en utu; hoy es uno de cada tres. Otro lugar es Artigas, donde se pasó de uno de cada siete a uno de cada cuatro en el mismo período y en el mismo nivel, y se crearon cinco propuestas de educación terciaria, cuando antes de 2005 no existía ninguna.

Interacciones La utu coopera con los gobiernos departamentales y con varios ministerios (los de Desarrollo Social, Industria, y Turismo destacan en este plano) y organismos del Estado y de la sociedad civil.

Desde hace dos años la institución trabaja con la Corporación Nacional para el Desarrollo en el proyecto Jóvenes Emprendedores de utu, que consiste en la entrega de un premio de 5.000 dólares por departamento a uno de los proyectos de fin de ciclo de estudios elegido entre los que se consideren más factibles de ser desarrollados desde el punto de vista productivo y social.

“La interacción es fundamental para construir nuestra propuesta educativa, decidir en qué vamos a usar los espacios físicos, las capacidades humanas y el presupuesto asignado por la sociedad”, señala Wilson Netto. Y explica: “Eso se discute pateando los territorios, donde están las oficinas de desarrollo de los gobiernos departamentales, los trabajadores organizados, los colectivos docentes, representaciones de empresas. Nuestra propuesta está abierta a distintos actores, no sólo a los que van a llevar adelante la actividad”.

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˝el seguidor˝

Más de 3.000 estudiantes concurren a las escuelas agrarias. “No son pocos, pero el país necesita muchos más técnicos agrarios”, dice el director de esas estructuras, el ingeniero agrónomo Eduardo Davyt.

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Escuelas agrarias

El semillero —¿Cuántas escuelas agrarias hay en Uruguay, a qué rubros se dedican y a cuántos alumnos abarcan?

—Tenemos 29 escuelas agrarias, al menos una en cada departamento, y una de ellas funcionando desde hace tres años en Montevideo, en la Facultad de Agronomía. Hoy abarcamos a más de 3.000 estudiantes, la mayoría en carácter de internado, y además dictamos cursos en liceos y escuelas rurales y en escuelas técnicas.

Las actividades se sitúan en tres niveles: básico, mediosuperior y terciario. En el primero contamos con el ciclo básico tecnológico agrario, dirigido a jóvenes que viven en el medio rural. También con un plan de formación profesional básica, que apunta a jóvenes que abandonaron la educación media obligatoria y tienen más de 15 años. Ingresan en especializaciones como hortifruticultura, ganadería, lechería, viveros, para completar esa formación básica.

En el nivel de la enseñanza media-superior están los bachilleratos tecnológicos agrarios, la propuesta que más ha crecido en el último tiempo y que posibilita al estudiante, luego de tres años, culminar el nivel de bachillerato y acceder a la Universidad en las facultades de Agronomía, Veterinaria o Ciencias, o a los cursos terciarios de la propia utu en el sector agrario. En ese mismo nivel se pueden seguir distintas formaciones profesionales de dos años en áreas específicas: lechería, agrícola-ganadera, hortifruticultura, forestación, mecánica agrícola, parques y jardines. El alumno egresa como operario calificado en esa rama, o, si continúa un año más, puede obtener un bachillerato profesional y profundizar su formación técnica accediendo a los cursos terciarios agrarios de la utu.

Por último, en el tercer nivel, hemos incursionado en el área de la formación terciaria. Es el caso de los técnicos enólogos en la Escuela de Vitivinicultura, y de especialidades como producción lechera, industrias lácteas, producción agrícola-ganadera, forestación, un curso sobre arroz, pasturas y ganadería que se desarrolla en Treinta y Tres y Artigas y otro sobre producciones vegetales intensivas que hacemos en la Escuela de Agronomía de Salto. Y están los tecnólogos, cursos terciarios que desarrollamos en conjunto con la Universidad de la República.

—A nivel de la educación terciaria prácticamente hay desempleo cero. Existe mucha demanda en el área de la producción agropecuaria, porque para aumentar su producción Uruguay tiene que crecer tecnológicamente e incrementar la productividad manteniendo la sustentabilidad de recursos como el suelo y el agua. Eso requiere conocimiento, aplicación de tecnología, espíritu de innovación y de emprendimiento.

—¿Las empresas les solicitan técnicos o alumnos egresados?

—Sí, las empresas que requieren determinada especialidad se dirigen a las escuelas correspondientes y piden a los profesores o a la dirección escolar contacto con estudiantes. Además, en estos cursos todos los alumnos tienen algún tipo de pasantía curricular, es decir que parte de su formación la hacen en las mismas empresas de producción.

A nivel de la educación terciaria prácticamente hay —¿De dónde proviene la mayoría de los estudiantes, desempleo cero. del campo o de la ciudad?

—Este es un país urbanizado. Los jóvenes no están Existe mucha en el campo, están en la ciudad. Del campo no sé si llega- demanda en el área mos a la mitad de los estudiantes del sector agrario. de la producción —¿Puede haber un cierto “retorno al campo” en agropecuaria, función de estos nuevos desarrollos? porque para —Es difícil. La corriente que se da en todo el mundo aumentar su es que la gente emigra del campo a la ciudad. producción —¿Cuáles son los objetivos centrales de las escuelas Uruguay tiene agrarias a mediano plazo?

—Uno es buscar que los jóvenes culminen la ense- que crecer ñanza media. Por eso hemos impulsado los bachilleratos tecnológicamente agrarios y todas las formaciones en el nivel medio. Para el período 2010-2015 nos fijamos la meta de duplicar la po- e incrementar la blación de los bachilleratos tecnológicos en la parte agraria, productividad y que a su vez la mitad o más de esos egresados puedan seguir carreras terciarias cortas impartidas por nosotros. Es- manteniendo la tamos trabajando también en el área de frontera con los sustentabilidad institutos federales de Brasil, con cursos específicos para de recursos como —¿Cuándo adquirieron la importancia que tienen hoy zonas que han sido históricamente olvidadas, en especial las limítrofes con Brasil. En la Escuela Técnica de Rivera el suelo y el agua. las escuelas agrarias?

—A partir de 2000, cuando se iniciaron los cursos ter- ya hay un curso binacional sobre control ambiental, y del Eso requiere ciarios, y por el gran desarrollo que ha tenido el sector produc- lado brasileño están haciendo lo mismo en informática. En conocimiento, tivo últimamente y la necesidad de formar técnicos a todos los ambos casos, una mitad de los alumnos es uruguaya y la niveles. Sectores que antes era impensable que fueran a la utu otra brasileña. En Artigas estamos programando un curso aplicación de de arroz, pasturas y ganadería para que también participen tecnología, espíritu hoy lo están haciendo, sobre todo en los cursos terciarios. alumnos brasileños. Y en Río Branco y Yaguarón se están —¿Qué oportunidades laborales tienen los egresados promoviendo cursos binacionales en mecánica, automa- de innovación y de tización industrial y marketing. de estas escuelas? emprendimiento.

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Cambio de eje en las políticas de seguridad

El viraje El Ministerio del Interior prepara una nueva estrategia para el combate al delito que incluye un cambio clave, el viraje de una postura represiva hacia el trabajo por la recomposición del tejido social, la prevención y la transformación a fondo de la Policía. Políticas entrevistó largamente al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y requirió la opinión de cinco investigadores.

“Lo contrario a la inseguridad no es la represión sino la reconstrucción del tejido social”, comenzó diciendo a Políticas el ministro Bonomi. Como tampoco se trata de caer en el “angelismo” y desconocer “realidades” como “la inseguridad que siente la población”, esa postura, afirma el titular de la cartera de Interior, debe ser acompañada por un refuerzo de la capacidad operativa de la Policía, en personal y equipamiento, y de una reestructuración de esa fuerza para darle mayor eficacia.

La relatividad de los números Hay niveles de delincuencia que no se absorben con la aplicación del paradigma puro de las políticas sociales, como mucho menos se absorben con el de la represión, piensa el ministro.

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Es cierto que el total de delitos conoce un incremento sistemático pero no es de ahora, el proceso remonta a por lo menos un cuarto de siglo atrás. “Quienes ejercieron el gobierno hasta 2005 suelen comparar los números de la delincuencia con la situación previa a ese año, pero hay que ver la película, no la fotografía. El delito no para de crecer desde 1990. Cuando terminó el gobierno de Luis Lacalle, un informe del Banco Interamericano de Desarrollo ya alertaba que si las políticas sociales que se estaban aplicando hasta entonces proseguían, la delincuencia aumentaría”. Las políticas sociales se mantuvieron y los delitos se incrementaron. Y la escalada siguió en los años posteriores, con un pico notorio tras la crisis de 2002, cuando se desplomaron los salarios y treparon el desempleo, la marginación y la pobreza. “No vale que hoy nos critiquen aquellos que participaron en gobiernos que establecieron políticas de desestructuración social”, dice el ministro.

Sin embargo, Bonomi también admite que no basta con que el país crezca como nunca, aumente el salario real,

se alcance un nivel de ocupación pocas veces visto, se reconfigure el sistema de protección social y caigan los índices de pobreza e indigencia para que la delincuencia disminuya. “En estos últimos años no solo no bajaron los delitos sino que siguieron creciendo”, señala. Hay niveles de delincuencia que no se absorben con la aplicación del paradigma puro de las políticas sociales, como mucho menos se absorben con el de la represión, piensa el ministro.

Quien analiza de manera binaria, sostiene Bonomi, “se come que las cosas no van en compartimentos estancos sino que hay un proceso. El primer paradigma fue el de la represión, y ese sí que fracasó. En todos lados. Tampoco funciona únicamente el paradigma de lo social puro. Nosotros queremos hacer la síntesis”.

El ojo izquierdo A un gobierno de izquierda, sobre todo a un Ministerio del Interior de un gobierno de izquierda, “se lo mide con otra vara, tanto desde la derecha como desde la izquierda”, dice Bonomi. Y opina que la izquierda nacional suele ser más indulgente con el uso de la represión de parte de “gobiernos amigos” de “afuera”, sobre todo de la región, que con el propio. Dice: “si un gobierno de otro país utiliza la palabra ‘socialismo’, el solo hecho de que la use le da credenciales de socialista a ojos de la izquierda uruguaya. Si acá uno usa esa palabra, le dicen; ‘habla de socialismo, pero las medidas que lleva adelante no son socialistas’. En cuanto a las políticas de seguridad, entre las más fuertes que existieron estuvieron las de los países socialistas. La Rusia soviética era implacable. Lo mismo sucede ahora en China, Vietnam o en nuestra Cuba.

Delinquir, para ellos, es terrible porque lo ven como una actitud individual que perjudica al colectivo, al proyecto político, lo que justifica un endurecimiento de las penas. Cuando aquí se reprime, desde sectores de la izquierda uruguaya se nos grita: ‘¡cómo van a reprimir así!’”.

Y agrega: “por supuesto que un gobierno de izquierda no puede reprimir a las organizaciones que buscan un proyecto diferente, a grupos sociales que están en el libre ejercicio de sus derechos, pero sí tiene que reprimir al que se dedica

Seguridadel viraje

El delito no para de crecer desde 1990. Cuando terminó el gobierno de Luis Lacalle, un informe del Banco Interamericano de Desarrollo ya alertaba que si las políticas sociales que se estaban aplicando hasta entonces proseguían, la delincuencia aumentaría”.

a robar obreros, estudiantes, jubilados. Otra cosa es cómo lo hace y cómo trata de integrar a los delincuentes a la sociedad, que es otro capítulo, el de cárceles. Pero tiene que reprimir, porque si no va a ser cuestionado por sus propios votantes”.

Policía en reformas La reestructura de la Policía es una de los pilares centrales de la política del Ministerio del Interior, insiste Bonomi.

En realidad esa reestructura ya se viene dando, pero desde 2012 comenzará a precisarse. Ese año se incorporarán a la Policía unos 1.400 agentes “ejecutivos”, se le sumarán también ex integrantes de la Dirección de Inteligencia, se incorporarán 1.600 agentes al nuevo sistema penitenciario y se procederá a una reorganización de la fuerza en el Área Metropolitana.

En Montevideo, específicamente, se crearán cuatro subdivisiones geográficas dependientes de la Jefatura, cada una de ellas dotada de una “pequeña jefatura”, con sus correspondientes oficinas de crimen especializado e investigaciones. “El capítulo de la reorganización de la fuerza es importante”, porque se inscribe “en un esquema que involucra en mucho mayor grado a la Policía en la vida social y comunitaria” y de territorialización del accionar de la fuerza. Este, dice Bonomi, es un cambio mucho mayor que lo que podría pensarse en primera instancia.

El próximo año las comisarías empezarán a funcionar con una novedosa forma de gestión. Básicamente informarán y atenderán al ciudadano y mantendrán el orden público. Su función será sobre todo preventiva. Es decir, organizarán sus recursos para trabajar hasta el momento en el que se comete un delito. Una vez que éste se produjo, la investigación pertenecerá a los cuadros especializados de la zona.

La comunidad en el centro Pero donde estriba la mayor novedad es que las comisarías serán sede de la Policía comunitaria. “A la hora de hablar de la mejora en la prevención del delito, la Policía Comunitaria es un actor fundamental”, señala. Existen experiencias de este tipo en muchos países, pero el ministro apunta que no

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Seguridadel viraje disminuye la concentración

hay que buscar en el exterior lo que alguna vez se tuvo adentro: el mejor ejemplo de policía comunitaria es el viejo guardia civil que Uruguay ya conoció, ese policía que está en el barrio, lo recorre, conoce a los vecinos, sabe cuál es el ritmo normal de la comunidad y coopera con ella, dice.

El policía comunitario será el encargado de hacer de enlace con otra de las patas del “nuevo esquema” del ministerio: las Mesas Locales de Convivencia. Surgidas como iniciativa del anterior gobierno frenteamplista, las Mesas son el escenario en el que se encuentran los diversos protagonistas de la comunidad. Hay allí representantes, además de la Policía Comunitaria, de los ministerios de Desarrollo Social, Educación y Cultura y Salud Pública, los gobiernos departamentales o locales, los comerciantes y las organizaciones sociales. Las Mesas, explica Bonomi, sirven para planificar la preservación de la seguridad a escala de un barrio desde un punto de vista integral, preocupándose por temas como la recuperación de espacios públicos, la iluminación, los servicios. El 5 de noviembre, las 40 Mesas de Convivencia del Área Metropolitana (25 de Montevideo, 15 de Canelones) celebraron su primer encuentro en el Parque Rivera capitalino.

El concepto teórico de esta construcción “comunitaria” de la seguridad fue expuesto recientemente en Montevideo por Jorge Melguizo, secretario de Cultura Ciudadana de la alcaldía de Medellín. La ciudad colombiana fue hasta hace muy poco una de las más violentas del mundo, pero desde que implementó una política de seguridad ciudadana enfocada en mejorar la convivencia, más que en la represión, las cosas cambiaron. El 13 de setiembre pasado Melguizo se lo hizo ver a directores nacionales, jefes y subjefes de policía uruguayos reunidos en Montevideo. “Dijo que si no se podía resolver el problema había que cambiar el problema”, recordó Bonomi. “El problema era que antes ellos pensaban que a la inseguridad se le oponía la represión. Cambiaron, y vieron que si la convivencia funciona, mejora la seguridad. No dejaron de lado los aspectos represivos, pero a las plazas públicas, ganadas hasta entonces por la delincuencia, en vez de llevar más policías llevaron juegos para niños, pistas de baile, de skate, organizaron campeonatos deportivos y, en la medida que la población ocupó las plazas, fue desplazando a la delincuencia. Este es el esquema.”

y la de Defensa, darles garantías a quienes decidan venir para que puedan volver si su llegada a la Policía, por algún motivo, queda trunca, y armonizar maneras de actuar para contar con una fuerza más profesional y mejor organizada, y eso lleva mucho tiempo”.

En cuanto a la construcción de nuevas cárceles, “se realizaron reuniones con 15 empresas para llevar a cabo los trabajos, acordamos detalles de las licitaciones con la Corporación Nacional para el Desarrollo, recogimos asesoramiento jurídico, analizamos experiencias de otros países, pero la ley de asociación público-privada, que permitirá que se concreten las obras, recién fue aprobada hace un par de meses y debe aún ser reglamentada”. La cárcel de Rocha, aquella en la que murieron 12 reclusos en condiciones aún no esclarecidas cuando se incendió, es la primera de la fila para ser reconstruida, en 2012. Seguirán las de Soriano y Lavalleja.

Y existe una lentitud derivada de las resistencias burocráticas a los cambios. “Muchas veces las autoridades dan órdenes para que se realicen determinadas tareas que por el medio o por abajo son boicoteadas. Pasa en las cárceles, y pasa también en las estructuras administrativas del ministerio. Estamos en el proceso de transición, no sólo en lo que tiene que ver con la implementación de nuevas políticas, sino en el montaje de equipos que realmente hagan respetar esas políticas”.

El Ministerio del Interior aspira a retirar lo antes posible las cárceles de su órbita, para organizarlas como Las cárceles en el circuito de la un servicio desceninseguridad tralizado y dotarlas Bonomi sostiene que las cárceles, en su estado edilicio de personal adecuaactual, de hacinamiento y vetustez, y por las condiciones en que malviven los presos, “forman parte del circuito de la insedo para tratar con guridad, no del de la seguridad. No nos damos cuenta que el preso va a salir un día en libertad y que allí se va a cruzar con los internos. “Los nosotros, con nuestros hijos, nuestros nietos. Lo que haga en ese momento tendrá mucho que ver con lo que se hizo con él guardia-cárceles mientras estuvo preso”. Y de lo que se hizo con él no existe serán sustituidos demasiada cosa para sentirse orgulloso.

“En las prisiones uruguayas está junta gente que cayó progresivamente por accidentes de tránsito con otra detenida por rapiñas o por homicidio. Todos mezclados, y cuando está todo mezclado por operadores pequien manda en la cárcel es el que está más desarrollado en el nitenciarios civiles, mundo del delito, anulando cualquier intención individual de Lentitud y urgencias rehabilitación que pueda tener otro preso. Tenemos entonces mientras el Instituque romper algunos paradigmas. Muy viejos, que remontan a El Estado establece un montón de controles necesa- 25 años atrás, para no hablar de la época de la dictadura, en to Nacional de Rerios, pero a veces son excesivos, y muy lentos para los ritmos que todo era mucho peor”. habilitación se irá necesarios para cambiar las cosas. Hacer frente a esos engoEl primer paradigma a quebrar es el relacionado con la rros es todo un desafío, piensa Bonomi. El Ministerio del Inte- custodia del recluso. En el sistema actual el policía que atrapa haciendo cargo de rior está tratando de poner el pie en el acelerador sobre todo a un delincuente lo va a tratar en prisión tal como lo trató la gestión de las 25 en dos frentes: la construcción de nuevas y mejores cárceles en la calle: lo va a correr por los pasillos, no va a desarrollar y el ingreso de personal. “Con la incorporación de soldados políticas de rehabilitación, quienes lo custodian van a mirarlo cárceles del país”. al ministerio teníamos que coordinar dos visiones, la nuestra como el enemigo.

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El Ministerio del Interior aspira a retirar lo antes posible las cárceles de su órbita, para organizarlas como un servicio descentralizado y dotarlas de personal adecuado para tratar con los internos. “Los guardia-cárceles serán sustituidos progresivamente por operadores penitenciarios civiles, mientras el Instituto Nacional de Rehabilitación se irá haciendo cargo de la gestión de las 25 cárceles del país”.

Otro de los paradigmas a quebrar es el instrumental. La legislación existente es inadecuada, dice Bonomi. Y da cuenta de los esfuerzos realizadas por el Ministerio para generar nuevos instrumentos. “Este año presentamos cinco proyectos para construir un nuevo edificio en este plano: la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación, la transformación de la Guardia Republicana, la reforma de la división Inteligencia, una ley para la rehabilitación de los presos a través del trabajo, modificaciones al código procesal penal. Y tenemos pronta una ley sobre tráfico de armas”.

“En las prisiones uruguayas está junta gente que cayó por accidentes de tránsito con otra detenida por rapiñas o por homicidio.

Todos mezclados, y cuando está todo mezclado quien manda en la cárcel es el que está más desarrollado en el mundo del delito, anulando cualquier intención individual de rehabilitación que pueda tener otro preso. Tenemos entonces que romper algunos paradigmas. Muy viejos, que remontan a 25 años atrás, para no hablar de la época de la dictadura, en que todo era mucho peor”.

Recuperación por el trabajo La recuperación de los presos por el trabajo es una de las apuestas centrales del Ministerio del Interior.

Ya hay varias microexperiencias en marcha, como los convenios realizados el verano pasado con el Sistema Nacional de Emergencias, que permitieron a alrededor de un centenar de detenidos de buena conducta (muchos de ellos mujeres) trabajar en la limpieza y desmalezamiento de áreas forestadas de la zona costera (Canelones, Maldonado, Rocha) para la prevención de incendios, a cambio de una remuneración. La experiencia se replicará el próximo verano y será extendida a otros organismos del Estado, como ose o afe.

Por otro lado, los primeros bloques destinados a las viviendas del Plan Juntos han salido del comcar y se ha puesto en marcha un acuerdo con la Cámara de la Construcción y el sindicato del sector, el sunca, para implementar cursos de capacitación de medio oficial albañil y generar posibilidades de que quienes participen se desempeñen en obra, percibiendo una remuneración similar a la de cualquier ciudadano en libertad. Otros acuerdos están en las gateras pero esperan un compromiso más acentuado del sector privado para concretarse, remarca Bonomi. En la misma línea inclusiva se enmarca el proyecto llamado Doble Solidaridad, por el que algunos presos pueden acceder a empleo comunitario por tres meses.

Y está el sistema de chacras, el tipo de proyectos que según Bonomi más contribuyen a la rehabilitación. El ministerio acordó a mediados de este año con la Fundación para la Salud, Educación y Desarrollo Humano -dependiente del Rotary Club, que aportó unos 300 mil dólares con este propósito- el desarrollo de una experiencia de rehabilitación y reinserción social de 20 reclusos que ya comenzó a implementarse en el centro 2 del Penal de Libertad. El proyecto consiste en la producción de alimentos al aire libre, bajo invernáculo y

Presos en regimen de semi-libertad en la chacra de Libertad.

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Seguridadel viraje

por hidroponia. La producción se industrializará en la cárcel de mujeres, otra parte quedará en el centro número 2 y el 70 por ciento lo adquirirá Interior para reinvertir lo generado en el proyecto. Los reclusos también serán asesorados para que a su liberación puedan formar cooperativas de producción.

En virtud de otro acuerdo se creó una colonia en El Espinillar, Salto, destinada a 22 reclusos y sus respectivas familias, para que trabajen junto a residentes del lugar, bajo coordinación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y en un predio cedido en comodato por el Instituto de Colonización. Si los reclusos salen bien clasificados de esta experiencia podrán aspirar a colonos.

Proyectos del mismo tipo se están llevando a cabo y se proyectan en otras cárceles, como Lavalleja, Soriano o Rocha.

En varios de ellos tiene participación central el Patronato del Encarcelado y el Liberado, que ha sido a su vez repotenciado.

“Ahora contamos con un Patronato mucho más activo, que ha creado más de 200 puestos de trabajo fuera de las cárceles y administra las pagas a los reclusos en prisión (el pago ya no pasa por la administración de cada establecimiento). En la cárcel de Piedra de los Indios, por ejemplo, todos los presos trabajan bajo supervisión del Patronato, y se les ha aumentado el peculio, de 800 a 3.000 pesos mensuales. El Patronato se encarga también de que si los presos son trasladados a otro centro de detención conserven su paga, que muchas veces es fundamental para sus respectivas familias”, subraya Bonomi.

Beneficios, selección

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El ministerio tiene en elaboración un proyecto de ley, coordinado con la cartera de Trabajo y el Banco de Previsión Social, para que los presos que trabajen, además de su remuneración, puedan recibir beneficios jubilatorios.

Para acceder a todas estas oportunidades de trabajo, los presos son seleccionados por el Instituto Nacional de Criminología. En el sistema que el Ministerio planifica, “más flexible, personalizado, basado en la progresividad”, cuenta Bonomi, “todos los reclusos tienen que estar clasificados. Cuando sean procesados deben ir hasta por 15 días a un centro de diagnóstico integrado por médicos, sicólogos y asistentes sociales, que determinará su futuro derrotero. Esa junta tendrá en cuenta su comportamiento, su contracción al trabajo, el relacionamiento con su familia y con los otros presos, y decidirá si se lo internará en un área de baja, media o alta seguridad”.

Se busca reformar a fondo uno de los mayores reproductores de inseguridad y violencia del país: el sistema carcelario. “Y la única forma de rehabilitar en serio a las personas privadas de libertad y devolverlas a la sociedad de otra manera es terminar con el ocio en las cárceles y empezar una experiencia prolongada de trabajo, estudio y deporte. El diagnóstico no es nuevo ni mucho menos, pero aunque parezca mentira nunca tuvo una traducción en los hechos”, concluye Bonomi.

Nuevo equipamiento La modernización de la flota de vehículos de la Policía será realidad antes de fin de año. Se compraron 210 patrulleros que comenzaron a llegar en octubre, así como equipos de video-vigilancia y comunicaciones, 250 motocicletas y 60 camionetas, mientras otras 500 motos llegarán en donación. También se compraron tres blindados GAZ Tigre, uno de los cuales, armado en Brasil, ya está en poder de la Policía, y los otros dos arribarán en las próximas semanas desde Rusia. Estos blindados serán los únicos vehículos que no se utilizarán para el patrullaje, sino para operativos de combate al delito de gran especialización, sobre todo el narcotráfico.

El sistema de comunicación por radio de la policía va a ser renovado por completo a partir de este mes de noviembre. Tenía 50 años, y era tan vetusto que “cualquiera con un walkie-talkie que incluyera las bandas utilizadas por la Policía podía escuchar los mensajes entre los agentes de la fuerza. Era habitual que lo hicieran los periodistas de ‘policiales’ pero también, por supuesto, los delincuentes mejor equipados. Y se hacía terriblemente ineficaz la operativa, por ejemplo, del 911. Lo indignante es que los mismos que hoy dicen que se debe mejorar la seguridad son los que mantuvieron en este estado a la Policía desde los años sesenta”, señala Bonomi.

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Miradas críticas Juan Faroppa

Más prevención, mejor institucionalidad y un buen marco normativo Subsecretario del Interior durante el gobierno de Tabaré Vázquez y actual asesor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Faroppa sostiene que la “seguridad ciudadana” es un concepto nuevo, que en América Latina comenzó a utilizarse tras las distintas transiciones hacia la democracia, en los ochenta. Esta nueva visión incorpora la idea de construcción de ciudadanía democrática y el lugar del ciudadano como titular de derechos humanos que el Estado debe garantizar.

Señaló tres aspectos para efectivizar la “seguridad ciudadana”: capacidad de prevención del delito, una institucionalidad adecuada y un correcto marco normativo. A esto se suma el papel de la sociedad.

“Allí donde se han logrado mayores éxitos en este plano es donde ha habido una gestión local de la seguridad”, dice. Las Mesas de Convivencia, surgidas bajo la administración de Vázquez y extendidas en la actual, bien pueden cumplir ese rol, apunta. “Mejorando las condiciones de convivencia y de respeto, sin lugar a dudas se va a ir mejorando mucho el clima de seguridad.

Recomponer determinado tipo de prácticas vecinales por supuesto mejorará la calidad de la convivencia”, sostiene.

Faroppa explica que en los años 80 y 90, enorme cantidad de gente fue “expulsada de las normas corrientes de convivencia” al haber sido marginada de la sociedad. Y hoy “hay muchas más cosas en la calle para robar que hace treinta años”. Ambos factores interactúan, dice Faroppa. Se ha ido reproduciendo “una cultura -de relaciones personales, respeto por la vida y por la integridad de las personas- totalmente diferente a la que la mayoría de la sociedad podría tener.

Lo primero que hay que hacer es cerrar esas brechas. Es posible y, además, es la única vía que civilizadamente podemos pensar para resolver este tema”, subraya. El ex viceministro recuerda que bajo la actual gestión de gobierno el parlamento discutió un documento sobre temas de seguridad que en algunos puntos tiene un relativamente buen nivel de elaboración (la reforma penitenciaria, por ejemplo) pero que en otros no pasa de generalidades y de grandes titulares o expresiones de deseos. Hubo aspectos, dijo, en los que simplemente no se llegó a consenso y se dejó constancia de ello. “Yo quiero ser optimista y ver la mitad del vaso lleno. Creo que fue de todas maneras un paso importante, pero hizo cortocircuito el debate polí-

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tico electoral, donde la seguridad ciudadana es una presa demasiado valiosa y apetecible como para poder dejarla”.

Por otro lado, Faroppa apuntó que el Estado debe “seguir muy de cerca” fenómenos como “el crimen organizado, el narcotráfico y sobre todo el microtráfico” y por nada del mundo “perder el control de determinados espacios territoriales” que organizaciones criminales querrían disputar.

Soledad Platero

Una quiebra del sentido de lo político Soledad Platero es editora del medio digital uy.press, donde escribe habitualmente columnas referidas al problema de la seguridad pública. Platero considera que la aparición del discurso público de la seguridad delata un cambio de paradigma en el relacionamiento social, desde una sociedad política hacia una sociedad territorial, premoderna. “Cuando digo política no me refiero a los partidos o al gobierno sino a una dimensión de lo social, eso que permite establecer lazos distintos de los territoriales, del ‘esto es mío o tuyo’, del forcejeo”, aclara.

Los riesgos del fracaso de lo político se sintetizan en el uso de la violencia, agrega. El recurso a la violencia, dice, surge cuando “no está bien el orden simbólico”, la capacidad de pensar las cosas. “Es evidente que si me roban en la calle, lo más probable es que tenga una reacción violenta. ¿Pero es por eso que debo armarme? Yo tengo suficiente sensatez como para pensar que no”.

Una sociedad camina hacia la violencia cuando no se cuestiona su uso. Allí ya se la está legitimando. ”Cuando alguien mata porque le robaron un auto o la cartera, me parece muy peligroso”, dice Platero. “¿Cuándo dejó de pensar la sociedad? Tal vez hace 30 años, con la llegada del consumismo desenfrenado. La sociedad de consumo es una gran fabricante de bebés, y los bebés no piensan, quieren confort, son temerosos”.

A Platero le llama la atención que sus colegas de “policiales” de los medios consignen con sorpresa en sus crónicas que cuando cae una boca de pasta base se descubra un plasma de “2.000 pulgadas”. “Y sí, la fabricación de lúmpenes es el insumo del capitalismo de mercado. ¿Por qué no va a querer alguien un plasma, porque es pobre y no tiene educación? Si en esta sociedad se valora mucho más a una persona como exitosa cuando tiene cosas caras….”

Seguridadel viraje

Rafael Bayce

Alucinación colectiva “La gente cree que está insegura, y achaca la culpas a los ‘menores’, pero si uno examina las estadísticas verá que entre 2005 y 2009 la infraccionalidad de menores bajó un 6,66 por ciento. En ese mismo período, la exposición de la criminalidad juvenil aumentó un 259 por ciento. Sólo con eso sabemos por qué Doña María considera que su seguridad depende de la infraccionalidad juvenil”, dice a Políticas Rafael Bayce, doctor en sociología y docente grado 5 de la Universidad de la República, así como columnista de la revista Caras y Caretas.

Recordando que en un Estado de derecho los únicos datos fidedignos son los judiciales y no las denuncias policiales, Bayce identifica en la policía enormes problemas metodológicos para recoger información. Como delegado de la Universidad, el sociólogo integró, a fines de los noventa, una comisión para mejorar la recopilación de datos en esta materia designada por Luis Hierro López, entonces ministro del Interior del segundo gobierno de Julio María Sanguinetti. El trabajo de esa comisión concluyó que sólo una de cada nueve denuncias deriva en una sentencia judicial. Grosso modo, la proporción se ha mantenido. “Cuando los diarios y la gente cuantifican la delincuencia en función de las denuncias están aumentando las cifras nueve veces”, indica Bayce. “Estamos en un mundo en el que, como decía

el francés Gustave Le Bon, se genera una alucinación colectiva, una paranoia, una histeria, sobre la base de un disparate extraordinario. Esta situación absurda de alucinación colectiva es utilizada por la gente para pedir medidas represivas que no resultaron en ninguna parte del mundo”, expresa.

Esa “alucinación” tiene como blanco privilegiado a los “menores”, que pese a intervenir en una porción relativamente pequeña de los delitos, son identificados como los principales vectores de “inseguridad”. Hay en ese fenómeno cierta “envidia adulta”, “que aumenta en una sociedad como la contemporánea que toma a la juventud como modelo de sujeto de disfrute”. Pero también juega en gran medida la acción de los gobiernos o de los dirigentes políticos, que “simplifican los problemas para no abrir muchos frentes, y atienden las dificultades con soluciones igual de simplificadas, para contar con niveles de legitimidad política aceptables. La idea es limitar la demanda de reclamos antes de que ocurran, promoviendo el clamor por algunas cosas, como por ejemplo la campaña por la baja de la edad de imputabilidad”.

Las políticas de seguridad en drogas, en sida, aquellas referidas a los jóvenes, “son formas perversas de relegitimación del Estado, que recurre a formas limitantes de una demanda potencialmente infinita, acotándola y reduciéndola para hacer parecer que puede responder a ella, No para gobernar, sino para parecer que se gobierna”.

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“para que la Otra fuente de alimentación del discurso de la seguridad, piensa Bayce, es la teoría “neoimpegente no se queje de rial” de los conflictos “de baja intensidad”, nacida las intervenciones, en Estados Unidos y que América Latina está comprando hoy como antes compró la “doctrina de la para que celebre que seguridad nacional”. En virtud de esa teoría, “los pequeños conflictos internos de los países se maghay cuatro chiquili- nifican y dramatizan para que sirvan como excusas nes contra la pared, a una intervención. Los problemas son reales, pero no tienen la cantidad ni la calidad que se les asigna”, para que celebre subraya. Y pone el ejemplo del narcotráfico, y la agitación “paranoica” de una supuesta instalación en cuando sale una ley Uruguay de cárteles “a la mexicana”. “Quien insista punitiva, primero en esa versión está mal de la cabeza: acá los cárteles no tienen geografía apta para operar, no tienen inhay que convencerla sumos para fabricar, no tienen mercado interno”. Y el sociólogo apunta: “para que la gente no se queje de que existen ánge- de las intervenciones, para que celebre que hay cuatro les y demonios, e in- chiquilines contra la pared, para que celebre cuando sale una ley punitiva, primero hay que convencerla de cluso tolerar algunos que existen ángeles y demonios, e incluso tolerar algunos pequeños desmanes de los ángeles”. pequeños desmanes de los ángeles” Hoenir Sarthou

Volver a un sistema tutelar

Abogado, escritor y periodista (colabora con el semanario Voces y participa regularmente en las tertulias del programa En perspectiva de radio El Espectador), Sarthou sostiene que las políticas sociales, educativas y judiciales aplicadas hasta ahora para “revertir la brecha social y la marginalidad que dan lugar a las actividades delictivas” han sido erradas. “Estoy convencido de que la delincuencia está profundamente vinculada a las políticas relativas a minoridad, ya que si uno mira estadísticamente la población carcelaria ve que se trata de gente muy joven.

El tema es que en la minoridad hay una edad crítica, entre los 12 y 13 años, en la cual, casualmente, se produce la mayor deserción del sistema educativo y el

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ingreso a pautas de vida que pueden ser delictivas”.

Sarthou sostiene que el “modelo de los derechos”, que ha inspirado las políticas sociales, educativas y de la justicia desde mucho antes que la izquierda frenteamplista asumiera la conducción del país, ha mostrado sus límites. Y reclama un regreso al modelo tutelar.

“Cuando se pasó del anterior modelo tutelar, caracterizado por considerar al niño como un sujeto sin capacidad de ejercicio completo de los derechos, a otro de derechos, se terminó por debilitar muchísimo la autoridad, la responsabilidad y la función de los padres sobre sus hijos. Si uno observa la actuación de la justicia verá que prácticamente no hay acciones directas sobre los padres por incumplimiento de responsabilidades inherentes a la patria potestad. La justicia razona diciendo: ‘como el niño, niña y adolescente es un sujeto de derecho y no debe ser sometido por los padres, tampoco debe exigirse a los padres que intervengan cuando sus hijos cometen delitos’”.

El paradigma de este modelo de derechos, señala el abogado, es el Código de la Niñez y la Adolescencia, que no menciona la patria potestad en todo su articulado, hasta el momento en el que habla de perderla. “No establece ninguna clase de obligaciones de los padres sobre los niños, cuando los primeros que deberían responder por sus hijos cuando éstos cometen un delito, ser llevados de la oreja a los juzgados, tendrían que ser los padres”.

La revisión del modelo de los derechos, afirma Sarthou, es poco menos que inevitable. “Ya ha entrado en crisis, y en la medida en que se hace cada vez más visible su fracaso está generando una reacción profundamente represiva en la sociedad, pautada, por ejemplo, por la justificación de la justicia por mano propia y por el hecho de que casi nunca hay sanción penal para alguien que mate a un delincuente”.

Sarthou se lamenta de que “increíblemente” la izquierda haya adoptado “un modelo como el de los derechos que es de raíz liberal, que parte de una noción privatista de que ‘nadie debe meterse en mi área

Seguridadel viraje

privada’ y que rechaza la participación y preserva al individuo de lo social. No es un modelo republicano, que sí hace hincapié en lo social, en la participación y que, al hacerlo, incluye de entrada asumir obligaciones”, concluye.

Luis Eduardo Morás

La cruz del consumo En los temas como la seguridad, afirma a Políticas Luis Eduardo Morás, sociólogo e investigador de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y colaborador habitual del semanario Brecha, hay una “transferencia mutua de responsabilidades” entre los distintos actores. “Si uno le pregunta al director de un liceo dónde está la violencia, va a decir ‘está afuera del centro educativo’; si se le pregunta a un dirigente deportivo dirá: ‘fuera de los estadios’. Y el comerciante también dirá que nada tiene él que ver con el asunto. ¿Y cómo resuelven el director del liceo, el dirigente deportivo, el dueño de un comercio, este tema? Con más policías. Allí todos coinciden. Hay un mecanismo permanente de transferir la responsabilidad a otro estamento y de buscar la solución inmediata, que es pedir más policía, más severidad y más años de cárcel” para los culpables.

Otra simplificación: cuando se habla de culpables se piensa invariablemente en “los jóvenes”, apunta Morás.

El docente reconoce que existe un sector de niños y adolescentes que, a pesar de que mucho han mejorado las cifras económicas globales, que el país crece y crea empleo y aumentan los niveles de protección social, permanecen en una situación penosa.

Es entre ellos que se dan lo peores indicadores de escolaridad, por ejemplo. “Hay tendencias estructurales de largo plazo en las que persisten desigualdades: el desempleo entre los menores de 25 sigue siendo tres veces mayor que en la población general; la informalidad se reduce, pero en la población menor de 25 duplica la media; la pobreza también ha descendido sustan-

tivamente, pero entre niños y adolescentes sigue siendo cinco veces superior a la que afecta a los mayores de 65. ¿Puede uno sorprenderse de que esa gente delinca?”.

Morás graficaría el tema de la inseguridad ciudadana “como una cruz que carga la sociedad contemporánea. Se forma por generar necesidades de tipo horizontal, multiplicadas al infinito por los medios de comunicación y la publicidad. Democratizamos el consumo y extendemos las necesidades, que se expresan a través de la posesión de bienes materiales que nos permiten tener un sentido de pertenencia y construir una identidad”. Allí están, para poner un ejemplo, los 40 mil autos cero kilómetro que se vendieron el año pasado en Uruguay, el 15 por ciento que crece en el pbi el rubro específico de bienes de consumo, el boom que conocen los shoppings… “En algún momento esa cruz se transforma en violencia”, observa Morás…

Pero la cuestión no se resuelve en profundidad cambiando las estructuras organizativas o los liderazgos. El inau, por citar un caso, vive de reestructura en reestructura, sin que ninguna de ellas haya sido eficaz para dar una solución a la “minoridad infractora”.

Tampoco es solución alguna cambiar las formas organizativas de la educación, quitarles a los docentes capacidades de decisión que hoy tienen, por ejemplo. Los problemas son otros: el lugar asignado a determinado sector de la población, el de los jóvenes “marginados”, “que ha vivido durante generaciones totalmente aislado y al cual el sistema productivo ya no necesita y la sociedad rechaza, expulsa; o la significación de la educación como puerta de acceso al mundo laboral. Hay allí un circuito que se rompió. La educación es, cada vez más, una condición necesaria para la integración social, pero no suficiente”. Deben cambiar sus orientaciones, piensa.

Morás coincide por otra parte con el colombiano Jorge Melguizo en que “lo contrario de la inseguridad no es la represión sino una buena convivencia”. “Uno de los grandes puntos –dice- es mejorar los mecanismos de integración y convivencia. Allí se juega mucho”.

¿Y cómo resuelven el director del liceo, el dirigente deportivo, el dueño de un comercio, este tema? Con más policías. Allí todos coinciden.

Hay un mecanismo permanente de transferir la responsabilidad a otro estamento y de buscar la solución inmediata, que es pedir más policía, más severidad y más años de cárcel” para los culpables.

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Crecimiento con distribución

Biblioteca Nacional

La memoria escrita en soledad A cinco años de su bicentenario, la Biblioteca Nacional trabaja en solitario, según afirma su director, Carlos Liscano, porque, dice, “la cultura no es una prioridad ni lo será”. Ese trabajo apunta a preservar el acervo histórico cultural del país, a romper el concepto de que sólo se trata de una biblioteca de Montevideo y a acercar el patrimonio escrito a todos los rincones del país.

—¿Qué papel cumple la Biblioteca Nacional en la vida del Uruguay y qué tareas desempeña?

—La Biblioteca Nacional tiene como tarea preservar la memoria escrita de la sociedad. Recoge todas las publicaciones que se hacen en el país, las procesa, las organiza y las pone a disposición de los usuarios, lo cual implica un trabajo de investigación científica y de creación de conocimiento. Esta biblioteca cumple la doble función de ser biblioteca nacional y pública a la vez, y está en función de sus investigadores, además de quienes vienen de otras instituciones o países.

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En 2009 una ley creó el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y le asignó a la Biblioteca Nacional coordinar todas las bibliotecas municipales del país. Son casi 250, y esta institución vieja y con poco personal tiene que coordinarlas, además de que pertenecen a 19 administraciones diferentes. Hacemos lo que podemos, fundamentalmente les enviamos libros y les damos asesoramiento técnico.

—¿En qué consiste la tarea del Departamento de Investigaciones?

La Biblioteca Nacional tiene como tarea preservar la memoria escrita de la sociedad

—En investigar el acervo, los archivos de la biblioteca. Son diez o doce profesores de historia, de literatura, archivólogos, fotógrafos y licenciados en ciencias de la comunicación que trabajan sobre los archivos bibliográficos. Además publicamos los Cuadernos de Historia, con investigaciones originales de la biblioteca o en coordinación con el ipa, tenemos Cuadernos de Literatura, la revista de la biblioteca, que publica trabajos de alto nivel académico de investigadores uruguayos y extranjeros, y ahora vamos a sacar Cuadernos de Geografía. Están destinados a docentes, y nosotros los enviamos gratis a quie-

nes los pidan, sobre todo del Interior, donde las dificultades son muchas. El Departamento de Investigaciones, si bien ya existía cuando yo llegué, es una decisión política de esta dirección, porque la Biblioteca Nacional es la investigación científica y sino no es. Desde 2009 hemos ido fortaleciendo ese departamento, trayendo más investigadores, proveyéndolos de los equipos necesarios para que el esfuerzo rinda, prestigiando la tarea del investigador, que es muy poco conocida. Tenemos un millón de títulos, 40 mil documentos de Rodó, por ejemplo, y para saber lo que tenemos hay que investigar.

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—¿Cómo se pudo salvar esta enorme base de datos durante la dictadura?

—Hubo distintas etapas. La dictadura mantuvo al director pero le puso un coronel como interventor, y ahí hubo una operación heroica del primer director con un grupo de funcionarios que vinieron una noche y se dedicaron a retirar las fichas de los libros y a meterlas en bolsas de plástico.

Cuando los militares intentaron revisar los ficheros para expurgar los libros no encontraron las fichas. Eso nadie lo sabe: durante años esas bolsas quedaron metidas en una tubería de ventilación que no funcionaba, y así se salvaron.

Pero el daño hecho por los militares fue muy duro: el atraso, la censura, el abandono desde el punto de vista edilicio, etcétera.

—¿Qué apoyo reciben del Estado en recursos económicos y humanos? ¿Es una prioridad la cultura para este gobierno?

—La biblioteca es una unidad ejecutora del mec, por lo tanto depende del presupuesto nacional. Durante cincuenta años fue dejada en el abandono por todos los gobiernos. A partir de 2005 recibió un presupuesto bastante generoso, que por ahora es suficiente. Tenemos en ejecución obras importantes: quince claraboyas que se terminan ahora, son 2,2 millones de pesos, la rampa de la puerta por 1,2 millones, vamos a impermeabilizar por otros 4 millones y compramos libros para las bibliotecas municipales por 900 mil pesos.

En cuanto a la prioridad política, yo creo que la cultura no la es ni la va a ser nunca, pero tenemos la gran ventaja de contar con mucha libertad, que a su vez es una desventaja porque nadie se ocupa de la biblioteca, y el director está muy solo. El Departamento de Investigaciones está pesando, en la atención al usuario hemos mejorado, en la informatización estamos en un proceso que cuesta millones, y en cuanto a personal acaban de entrar más de veinte funcionarios, técnicos, bibliotecólogos, administrativos, encuadernador, informático. Acá trabajan unas 140 personas, pero el promedio de edad es muy alto, de unos 58 años. Para 2014 el 25% de los funcionarios tendrá causal jubilatoria... La tecnología ha hecho que muchos cargos no se necesiten, porque ya se dejó de escribir a máquina y mandamos a digitalizar las fichas para no tener que pasar 100 mil fichas a dedo. Estamos en fase de renovación, de transición.

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—En el Interior siempre se ha dicho que esta no es una Biblioteca Nacional sino de Montevideo. ¿Ese concepto se ha roto?

—No aún, pero trabajamos para romperlo. En diciembre vamos a completar el envío de 40 mil libros a las bibliotecas municipales de todo el país, y eso lo paga la Biblioteca Nacional: los libros, el correo, todo. Inauguramos hace dos meses el préstamo a distancia para todos los departamentos, menos Montevideo; a los docentes y futuros docentes del Interior, escuelas, liceos, utu, Instituto de Formación Docente, cerp, les mandamos los libros; visitamos más de cien escuelas rurales por año, no digo de los pueblos ni de las villas, digo las del campo, y les llevamos libros, estímulo a la lectura, formación; hacemos anualmente un concurso de cuentos infantiles para niños de las escuelas rurales y el premio es traerlos a Montevideo tres días con sus maestros. Yo voy al Interior todo lo que puedo y siempre hablamos de que la biblioteca de nacional sólo tiene el nombre, pero las capitales de los departamentos también discriminan a los pueblos.

—¿Cómo se gestiona la red de bibliotecas del Interior?

—Son autónomas, dependen de las intendencias. Nosotros dividimos el país en cinco regiones, tenemos un órgano que no está formalmente constituido, el coordinador, que lo queremos constituir con la reglamentación de la ley. Pero uno de los problemas importantes es que en nueve de los 19 departamentos no hay bibliotecólogos, y los responsables de la biblioteca son funcionarios municipales sin formación. Por eso digo que la red funciona con buena voluntad, pero que de sistema no tiene nada.

Muy bien le vendría en ese sentido a la profesión que cada Intendencia tuviera un bibliotecólogo, como muy bien le vendría a las intendencias recurrir a un bibliotecólogo formado, porque de otra manera no hay diálogo, no existe lenguaje común. Y estoy seguro de que hay intendencias que no compraron un libro. En eso no nos podemos meter, ni tenemos fuerza para hacerlo. Mi ilusión sería mandar 100 mil libros todos los años, pero tampoco hay 100 mil libros en Uruguay.

—Usted ha insistido muchas veces en la creación de un Instituto del Libro y la Lectura. ¿Qué función cumpliría?

—El Instituto del Libro existió. Hoy está incorporado al Archivo General de la Nación pero no cumple ninguna fun-

La memoriaescrita

ción, más que tratar los pedidos de exención de impuestos.

Tiene que haber una institución que se encargue del universo del libro. El libro no paga derechos de importación pero sí paga despachantes de aduana, entonces es mentira que no esté gravado. Se puede negociar con los despachantes, pero tiene que haber una institución que se ocupe de eso, que fije las políticas de edición, de apoyo a los autores uruguayos, de lo que se importa, de sacar a los escritores nacionales fuera de fronteras, y que eso sea una política del Estado, no la del director. El año que viene apoyaremos un proyecto de publicación de seis escritores uruguayos en portugués, en Brasil, y de seis autores brasileños aquí, en español.

—¿Una coordinación entre los gobiernos?

—No, son editoriales privadas. Si entran los estados sale mucho más caro. Pero sí, allá apoya la Biblioteca Nacional de Brasil y acá apoyamos nosotros. Vamos a comprar 1.800 libros, 300 a cada autor, les damos el sello Biblioteca Nacional y los distribuimos en las bibliotecas municipales. También eso debería ser una política de un organismo autónomo, con una dirección y una secretaría general pagas. Ahora hay un proyecto de reformar la ley del libro, que está obsoleta, pero mi temor es que los legisladores no tengan toda la información y se apruebe una ley parcial y que los problemas subsistan. No sé tampoco si saldrá, porque no es una prioridad de la discusión parlamentaria.

—¿Existen datos respecto de las edades de los usuarios que concurren o tienen vínculos con la biblioteca?

—Sí, nuestros usuarios son investigadores de toda la vida, hay gente que hace cuarenta años viene todos los días.

Después tenemos estudiantes de nivel terciario o liceales que buscan distintos tipos de trabajos.

Yo creé una sala que antes no se usaba para nada, porque tenemos muchos jóvenes que vienen con sus propios libros y apuntes, en grupo, traen el termo y el mate. Son de los suburbios más alejados de Montevideo o de Canelones, San José, Florida, que llegan todos los días a estudiar a Montevideo muy temprano. Hasta vienen algunos sin techo de los refugios, preparan el termo y el mate y se leen la prensa. No hicimos ninguna propaganda de esto, ninguna difusión.

—Se dio naturalmente.

—Sí, cuando abrimos la sala uno trajo al otro.

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Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines

Más allá de los libros “Técnicos de ciencia de la información”, se les llama en Brasil a bibliotecólogos y archivólogos. Es que el trabajo de estos profesionales abarca mucho más que la clasificación y búsqueda de libros. Sin embargo, son pocas las estructuras del Estado o las empresas privadas que recurren a ellos, sobre todo en el Interior. Formar técnicos en el interior es, precisamente, una de las apuestas centrales de la Escuela Universitaria de Bibliotecología.

Por el momento la licenciatura en bibliotecología comprende cuatro años de estudio, y la de archivología tres, aunque a partir del próximo año también se extendería a cuatro.

“Nuestros objetivos están vinculados con el desarrollo de las dos carreras en el Interior a lo largo de esta década”, dice a Políticas el director de la Escuela Universitaria de Bibliotecología, Mario Barité. Ya hay una camada de técnicos formados en Rivera y otra en curso de formación en Paysandú. “Vamos a continuar afincándonos en Paysandú y teniendo una presencia mayor en la Regional Este, en Maldonado, Rocha y Treinta y Tres, donde participamos del Ciclo Inicial Rotativo del Área Social, una gran boca de entrada de estudiantes a todas las facultades del área social, a saber Derecho, Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias Económicas, Bibliotecología y Ciencias de la Comunicación.”

Los cursos en Paysandú atraen a estudiantes de los departamentos vecinos, en especial Salto, y hasta de ciudades argentinas. Los que se imparten en Rivera irradian a su vez hacia Tacuarembó, Minas de Corrales y otros poblados cercanos. “El problema en muchas de las localidades del Interior es que resulta dificultosa la inserción laboral de los bibliotecólogos, ya que los organismos oficiales, las empresas o los institutos educativos no siempre asumen que tienen un profesional allí disponible. En cuanto a los archivólogos, sabiendo que hay archivos en todo el departamento, administrativos e históricos, básicamente han trabajado sólo en archivos de mutualistas.”

Barité dice que los planes de extensión de la Escuela de Bibliotecología en el Interior se inscriben en una política general del rectorado de la Universidad, que ha apostado fuerte a la

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regionalización. “El diseño de una Universidad verdaderamente nacional es un signo distintivo de este rectorado”, dice. “Pero también nos interesa mucho la aproximación que podamos hacer con las autoridades de los otros niveles de enseñanza, con los cerp, con los Institutos de Formación Docente, con las autoridades de Primaria, de Secundaria, un diálogo que no siempre es fácil.”

—¿En qué áreas se maneja un bibliotecólogo independiente?

—Somos los especialistas en información, esa que está registrada en documentos de cualquier índole. Por eso la palabra bibliotecólogo es cuestionada por nosotros mismos, porque no da una medida justa de los ámbitos de trabajo en que un bibliotecólogo se puede desempeñar: un centro de documentación, una hemeroteca, una pinacoteca, un museo... No tiene que ver sólo con el libro impreso, tiene que ver también con los recursos electrónicos. En Brasil, por ejemplo, lo que aquí llamamos Escuela de Bibliotecología ha sido rebautizado como Escuela de Ciencias de la Información.

Con archivología pasa algo parecido, porque es una carrera llamada a tener una participación muy amplia. Aquí tenemos un convenio financiado por la Unión Europea en el que participa el Poder Judicial, en el marco del cual estudiantes y docentes uruguayos organizaron y preservaron archivísticamente todos los expedientes de los procesados por la justicia militar, y todos sabemos la importancia que tiene esa información para historiadores, políticos, escritores, periodistas. El trabajo del archivólogo es lo que facilita después el de otros investigadores.

Ahora estamos trabajando un acuerdo con el Complejo Celeste, porque los jugadores de la selección uruguaya de fútbol quieren una biblioteca recreativa para las concentraciones, con una parte especializada en deportología y reglamentos. Y también estamos apoyando, a través de un convenio con la Facultad de Psicología, y una colaboración económica de 150 mil pesos de la Biblioteca Nacional, la reorganización de la Biblioteca Ibirapitá, que se incendió, una biblioteca cooperativa destinada a una población en situación vulnerable. También hay un bibliotecólogo en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, trabajando en la sistematización y el acceso a las revistas científicas.

Son cosas de las que se conoce muy, muy poco.

—¿Qué materias se dictan en la Escuela?

—En Bibliotecología hay dos clases de materias, las técnico-profesionales y las formativas, que son aquellas que completan la cultura general del estudiante, porque un diferencial para un bibliotecólogo es tener una muy buena cultura general.

—¿Cuántas escuelas de bibliotecología existen en el país?

—La Escuela es una, pero tiene anclajes en Paysandú en formación de grado, en Rivera en educación permanente, y también estamos en un proceso hacia Ciencias de la Comunicación. La idea es que en seis años esté terminado el edificio de la futura facultad, que va a quedar frente a Ciencias Económicas, con la que tenemos un centro de informática y comunicación en común.

Otra forma de darle respuesta al Interior es la capacitación de funcionarios municipales como auxiliares de biblioteca, lo cual no los habilita a estar al frente de una biblioteca pero sí a favorecer la gestión más básica, los préstamos, la búsqueda de libros y otros documentos. Esos cursos serán dictados en Soriano, financiados por la Intendencia local.

—¿Cómo es la relación con las intendencias?

—Variada. Hay jerarcas que no saben, como el común de la gente, qué potencial tienen estas carreras, y hay otros que sí, que están más enterados.

A nosotros nos interesa que se cree la necesidad de las bibliotecas públicas, que en el Interior están muy desamparadas.

—Hay una red de bibliotecas municipales…

—Bueno, llamarla red es un poco generoso. Sí hay en este momento una preocupación de la Intendencia de Montevideo por darle una resignificación al papel de las bibliotecas municipales.

—¿Con qué presupuesto cuentan?

—La Universidad nos da un 0,3% de su presupuesto total, bastante más que lo que sucedía cinco años atrás. Necesitaríamos tal vez algo más para formación docente, pero la mejora ha sido sustancial.

Otro bicentenario —En cinco años la Biblioteca Nacional cumple doscientos años. Recordemos un poco la historia. En agosto de 1815, Dámaso Antonio Larrañaga, nuestro primer bibliotecólogo, escribió al Cabildo pidiéndole un local para la primera biblioteca pública. El Cabildo le transmitió el mensaje a Artigas, que estaba en Purificación. Y a la semana Artigas le contesta con gran entusiasmo. Artigas era un militar en un campamento militar, que necesitaba armas, caballos, alimentos, pero el 26 de mayo de 1816 se inauguró la primera biblioteca pública. ¡En nueve meses, el tiempo que hoy lleva una licitación! El 30 de mayo el santo y seña del ejército artiguista fue “Sean los orientales tan ilustrados como valientes”, como homenaje a la creación de la primera biblioteca pública. Aquella gente sabía que sin cultura no había sociedad. ¿Estaremos nosotros a la altura de eso?

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Uruguay y sus exportaciones de carne

La expansión permanente En los últimos años Uruguay ha logrado diversificar sus exportaciones cárnicas, tanto en mercados y como productos. Hoy la carne nacional accede a más de cien países y, desde este año, a precios superiores a los de exportadores como Australia o Estados Unidos. Pero podría mejorar aun su posicionamiento si a la producción se le agregara valor. Políticas entrevistó al respecto a jerarcas del Instituto Nacional de Carnes (inac).

Uruguay le está pisando los talones a Argentina, cuya carne se cotizaba tradicionalmente a precios bastante más elevados que la nacional. Subsiste entre ambos países rioplatenses un pequeño diferencial, pero cada vez más chico: en los cortes caros, los más tiernos, que van directamente al plato porcionados (lomo, cuadril, bife angosto y bife ancho), los precios no son tan distantes. En promedio, la tonelada de carne bovina exportada por Uruguay ronda los 4.000 dólares, lo que la ubica entre las mejor cotizadas del mundo.

“La reputación de nuestra carne es alta, en parte por la seriedad que el país transmite. Cuando los observadores internacionales nos auditan nos cuentan que aquí empresarios, técnicos, organizaciones, gobierno y oposición expresan lo mismo”, dice Pablo Caputi, director de Información y Análisis Económico del inac. También pesa, obviamente, la calidad de la carne, que tenga sabor a producto natural, y que se pueda rastrear el origen de cada corte.

Caputi enfatiza que la carne, a diferencia de los granos, no es plenamente un commodity. “En los granos lo que importa es que sea sano, seco y limpio; en la carne bovina existen decenas de productos y subproductos. La gente cuando come un pedazo de carne se pregunta de dónde viene. Y aquí se sabe”, señala Caputi.

En Uruguay la alimentación del ganado es fuertemente pastoril, a diferencia de Estados Unidos y Australia, donde el animal entra a los seis meses en un engorde intensivo con base en ensilados y granos. “Esa identidad pastoril es una ventaja comparativa”, observa Caputi.

Pero hay factores a corregir. Por ejemplo, que se exporte tanto ganado en pie. En el último año agrícola (julio 2010 -junio 2011) Uruguay colocó 300.000 animales en pie. Los productores criadores pueden haber hecho un buen negocio, pero no la sociedad, porque no hay en esas exportaciones valor agregado. “Uruguay tiene que vender calidad, inteligencia, y no sólo volumen”, señala Caputi.

Con la exportación de novillitos de unos 200 kilos el país pierde 300 kilos de engorde de cada uno, es decir

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trabajo en el sector ganadero, la industria de insumos y la logística, e indirectamente se genera mayor desempleo, con los costos que eso implica al Estado. “Desde todo punto de vista preferiría que los terneros exportados fueran portadores de genética mejorada, porque van a valer un 50 por ciento más e incorporar más trabajo, y calificado. Podríamos estar haciendo con esa carne no sólo hamburguesas, sino porcionados, fiambres, madurados, cocidos y toda una variedad de productos.”

La ganadería en competencia La ganadería compite por los recursos con la agricultura de secano y con la forestación. “En 2003 irrumpe el binomio soja-trigo, cultivos que rotan entre sí y que ocupan casi un millón de hectáreas de los mejores suelos en zonas donde había una cantidad importante de praderas (Río Negro, Soriano, Colonia, algo menos en el centro del país). Se trata de tierras valiosas por la calidad del suelo, la disponibilidad de agua y por la logística”, explica Caputi. A la ganadería se le hace difícil competir por esas tierras caras, ya que genera una renta por hectárea de entre 100 y 150 dólares, en tanto la soja y el trigo rinden entre 200 y 250 dólares.

El modelo de negocio de la agricultura de secano es a su vez más atractivo para los productores, al generar más certidumbre de precios y una mayor libertad comercial. A modo de ejemplo Caputi indica que las empresas sojeras pagan parte de la producción en función de los precios futuros de Chicago. “Al productor agropecuario que puede hacer granos o arrendar su campo para que otros lo hagan, cada vez le gusta menos quedar dependiente de factores que no puede controlar o entender”, dice.

Aun así, piensa que la ganadería puede complementarse con esos competidores agrícolas. La tierra que pasa a la soja puede devolver a la ganadería rastrojos para hacer fardos, lo cual es poco, porque llenan a los animales pero no los alimentan convenientemente, pero también puede cultivarse maíz y sorgo para hacer ensilados, y generarse con la soja subproductos para alimento animal, así como biocombustibles para la producción.

Números La cadena de la carne (bovina, ovina, porcina y de aves) y sus servicios asociados emplean a 150.000 personas y representan entre el 7 y 8% del Producto Interno Bruto uruguayo, unos 3.000 millones de dólares. Existen en el país 45.000 empresas ganaderas que se especializan en la cría o engorde. Asimismo, la industria frigorífica cuenta con 50 plantas procesadoras.

El stock ganadero viene descendiendo. En 2008 y 2009 pastaban en la penillanura 11.700.000 cabezas, en 2010 se pasó a 11.100.000, y para 2011 se prevé que no superen las 10.960.000.

En cuanto a la forestación, también se “llevó” un millón de hectáreas que antes eran ganaderas, pero de tierras más pobres, y con alguna devolución en sistemas silvo-pastoriles.

Trazabilidad La trazabilidad es la capacidad técnica de identificar al animal desde su nacimiento hasta la comercialización de sus distintos derivados. Indica su fecha de nacimiento, lugar, propietario, sexo y raza, y por otro lado, los campos donde ha estado y el lugar de faena. El concepto irrumpió con fuerza en la industria de la carne impulsado por los países de la Unión Europea, fundamentalmente después de la crisis de la “vaca loca”, de 1986, en Inglaterra. Desde entonces los consumidores del mundo, en especial los europeos, tienen exigencias crecientes respecto al origen y la sanidad de los alimentos.

Uruguay ha hecho bien los deberes en este plano. Desde 2006 los productores ganaderos tienen que registrar la totalidad de sus terneros. Los datos disponibles correspondientes a agosto último detallan un 99% de coincidencia entre la cantidad de animales remitidos a faena y la cantidad de cabezas faenadas reportadas por el inac.

¿Qué cadena?

Para el presidente del Instituto Nacional de Carnes, Alfredo Fratti, la cadena cárnica como tal “no existe”, dado que los muy elevados precios que hoy paga el mercado no llegan adecuadamente al productor criador. Fratti considera que para mejorar el volumen de producción es necesario generar confianza en los criadores. “Esa falta de certeza en la cría hace que no hayamos tenido el número suficiente de terneros”, opina. Y agrega: “Aquel que invierte en producir más terneros debe tener alguna relación con el precio que tiene el ganado terminado”.

Para lograr un apoyo real a los productores criadores, Fratti propone un acuerdo entre privados, lo cual implica “poner plata, porque con buenas intenciones no alcanza”. Los subsidios no son mala palabra, dice, y el Estado también podría aportar para incentivar el aumento del stock bovino.

El sector cárnico funciona de manera diferente al resto de los sectores del agro. En el arroz se negocian las reglas y precios entre productores e industriales, con la intermediación del gobierno, en tanto en la agricultura de secano los precios se arbitran por los mercados a futuro, y en la cadena láctea hay un precio único y el productor se siente parte del negocio. Nada de eso corre para la carne, apunta el máximo jerarca del INAC.

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Europa se abre Además de la tradicional cuota Hilton, que le otorga un cupo de 6.300 toneladas por año en el mercado europeo, Uruguay está en condiciones de colocar en la UE unas 20.000 toneladas adicionales de cortes de alto valor. El cupo surgió a raíz de un litigio que mantuviera Estados Unidos con la UE, que dificultaba el ingreso de carne con hormonas. Estados Unidos cuestionó esta barrera ante la Organización Mundial de Comercio y quedó habilitado a aplicar medidas compensatorias. Cuando el litigio se solucionó, se concedió el cupo a Estados Unidos, ante lo cual varios países le reclamaron a la OMC ser tratados de la misma manera. La OMC atendió el reclamo y por esta vía Uruguay pudo acceder al beneficio, quedando habilitado a ingresar con carne bovina de alta calidad para competir dentro de un cupo de 20.000 toneladas y con arancel cero con países como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia y en función del sistema First Came-First Serve, que implica que el primero que llega accede al cupo.

Este cupo lo manejan los importadores europeos, que pueden elegir el país que más les convenga. En el ejercicio 2012-13 el cupo aumentará a 45.000 toneladas. La carne debe provenir de animales menores a 27 meses, con un peso superior a 500 kilos, y con una permanencia en los últimos 100 días en corrales de engorde. Para cumplir este requisito Uruguay recurrirá al sistema de trazabilidad.

Menos por más Según datos proporcionados por el inac, en 2011 las exportaciones de carne bovina alcanzaron, hasta setiembre, unos 979 millones de dólares, mientras que en igual período de 2010 fueron de 835 millones. Sin embargo el volumen exportado fue sensiblemente menor.

El principal comprador de carne bovina uruguaya es la Unión Europea (ue), con colocaciones por 291 millones de dólares, seguido por la Federación Rusa, con 247 millones, y el Mercosur, con 103.

A grandes rasgos, a Rusia se exporta carne congelada, mientras que a la ue se venden mayoritariamente cortes traseros enfriados de alta calidad, como bife angosto, bife ancho, colita de cuadril y lomo. Existe expectativa por el acceso a los mercados de Corea del Sur y Japón, donde desde 2012 se podrían colocar cortes de alto valor.

“La carne también es un negocio de logística y capacidad negociadora. Hay que colocar cerca de 150 productos distintos, cada uno con el cliente correcto, y se debe buscar en el mundo quién paga más por ellos”, dice Caputi.

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Tema: la vaca Los uruguayos prefieren la carne bovina, cuando en el patrón mundial de consumo predomina la de cerdo y luego la de ave, explica el jefe de Contralor Comercial e Investigación del inac, Gabriel Costas.

En consumo per cápita de carne vacuna, Uruguay ocupa el primer lugar en el mundo, con 61 kilos al año, delante de Argentina. “Después de la crisis de 2002 estuvimos en el entorno de los 45 kilos, y de ahí en adelante hemos aumentado cada año, hasta llegar al récord de 2010.”

La carne picada lidera en todos los segmentos económicos, seguida por los cortes de delanteros (asado, aguja con hueso y falda). Luego aparece la nalga sin hueso, primer corte de trasero en la preferencia de los consumidores. El inac regula y controla la elaboración de carne picada, con lo cual mejoró mucho su calidad y aumentó la confianza de los consumidores en el producto.

Por otra parte, Costas destaca que en Uruguay existe una relación directa entre los hábitos de consumo de la población y la capacidad económica de los hogares. “Cuando su nivel adquisitivo aumenta, el uruguayo es muy exigente y se larga a cortes que tienen mayor rendimiento y buena terneza”, dice. Y destaca: “En 2002 la gente que consumía trasero pasó a consumir delantero y la que consumía delantero optó por menudencias. El uruguayo es carnívoro, entonces lo primero que hace en los períodos de crisis es sustituir rendimiento por precio”.

En el primer semestre de 2011 la carne bovina tuvo una participación en el consumo total de carnes del 64,8%, frente a 20,1 del pollo, 10,3 de la porcina y 4,8 de la ovina. El consumo de carne bovina se situó en 92.800 toneladas, 23.000 más que en 2005.

Y el precio del producto para el mercado interno se acrecentó fuertemente. Si bien en el primer semestre el poder de compra de los asalariados creció 3,2%, el precio de la carne bovina lo hizo en 9,6.

Uruguay Natural Parrilla Gourmet La iniciativa “Uruguay Natural-Parrilla Gourmet” apunta a abrir restaurantes temáticos en distintas ciudades del mundo, en particular en las principales capitales europeas.

Los restaurantes tendrán como rasgo distintivo el fuego en la parrilla, la calidez del personal con vestimenta típica y la oferta de carnes de calidad certificada y preparadas con recetas distintivas del país.

La propuesta procura atraer a privados bajo la modalidad de franquicias, con el respaldo de las marcas “Uruguay Natural” e “inac”, y cuenta con el respaldo institucional de productores, industria frigorífica, ministerios y Presidencia de la República.

Y el precio del producto para el mercado interno se acrecentó fuertemente. Si bien en el primer semestre el poder de compra de los asalariados creció 3,2%, el precio de la carne bovina lo hizo en 9,6.

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Juego y actividad corporal para un desarrollo integral

La universalización de la educación física en Primaria

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La progresiva masificació de la actividad física obligatoria en las escuelas registra un significativo impacto en la comunidad educativa: involucra a 959 profesores en 1.016 escuelas urbanas, y abarca directamente a más de 300 mil alumnos. La nueva concepción aplicada fomenta el desarrollo integral del niño a través del movimiento, para potenciarlo social e individualmente.

La génesis del proyecto data de 2008, cuando en el marco de la aprobación del programa general de Educación Inicial y Primaria se incorporó el “área del conocimiento corporal”, que incluyó por primera vez la obligatoriedad de la educación física en el currículo escolar.

En este nuevo contexto, según reflexiona la maestra inspectora Graciela Almirón, coordinadora del Consejo de Educación Inicial y Primaria en el Programa Infamilia, la educación física dejó de ser una educación del movimiento para transformase en una educación a través del movimiento.

De este modo, la educación física pasó a ser concebida como parte integral del ser, y es abordada como una pedagogía para la motricidad en la que se fomenta el desarrollo del niño a través del movimiento, jerarquizando la actividad motora y la corporeidad.

Almirón explica que el trabajo se desarrolla más explícitamente con el cuerpo: “Se le brinda al niño una enorme gama de contenidos que trascienden lo que está tradicionalmente en la mente de nosotros, para potenciarlo social e individualmente y que se sienta protagonista”.

Dentro del área del conocimiento corporal se jerarquizan ciertos contenidos: uno de ellos, por ejemplo, reconoce al juego como actividad natural de la infancia, y establece como precepto que el niño debe vivir el juego, crearlo y encontrar en él una oportunidad colectiva para trabajar sobre la cooperación y la convivencia.

Otro de los contenidos enfatiza en disciplinas relacionadas con la expresión corporal, como la danza y las actividades circenses, que se traen por primera vez a las escuelas.

También aparecen las actividades acuáticas, que permiten experimentar y naturalizar el contacto con el agua como un medio natural para los niños, y otras tareas relacionadas con la naturaleza dentro del ámbito escolar, entre las que se incluye la política referida a los campamentos.

Finalmente, está el deporte colectivo desde una concepción lúdica, no sólo el fútbol sino también básquetbol, rugby, vóleibol y atletismo.

Todas estas actividades, a juicio de Almirón, permiten a los niños ejercitarse, responsabilizarse y reflexionar colectivamente a través del juego, construyendo una conciencia corporal que conduce a la mejora del aprendizaje.

La maestra destaca que la ciudadanía recibió en forma “excelente” la universalización de la educación física en Primaria, al extremo de que “los padres reclaman cuando en la escuela de sus hijos el docente toma licencia y no se puede cubrir la suplencia”, aunque precisó que esto pasa principalmente en el Interior (véase recuadro), pues en Montevideo “es cada vez más larga la lista de profesores que se anotan para trabajar en los centros educativos”.

Antes de 2005 sólo 5% de los niños accedía a la educación física; actualmente, en cambio, tras haberse realizado la transferencia de docentes y cargos desde la Dirección Nacional de Deportes al Consejo de Educación Primaria, se llegó a una cobertura del 100% en las escuelas urbanas de todo el país.

Hoy, entonces, todos los docentes de educación física – que han concursado para ello– pertenecen a Primaria, lo que en la faz administrativa supone que el docente de educación física se incorpora como un maestro más.

Las implicancias de este cambio son especialmente destacadas por la profesora Susana Fenocchi, directora del Departamento de Enseñanza de la Dirección Nacional de Deportes, dependiente del Ministerio de Turismo: “Antes el docente tenía varias escuelas e iba un día a una y otro día a otra, pero ahora pertenece a la escuela: ve todos los días a los niños, está todas las horas en el lugar con ellos, y en las escuelas de tiempo completo permanece durante todo el horario, incluso en el comedor.

En eso se evolucionó positivamente, fue un paso muy grande”.

En la misma línea, Almirón señala que “el profesor de educación física en la escuela es un docente con autoridad, que sabe mucho de una disciplina sobre la cual los maestros no tienen un conocimiento específico; es un docente referente para los niños, e incluso es también el único que trabaja con todos los niños de la escuela, lo que a su vez aporta una mirada nueva en la elaboración y coordinación del proyecto institucional escolar”.

Si bien está entre los objetivos inmediatos de las autoridades, hay que mencionar que en las escuelas rurales y en jardines de infantes aún no se ha podido avanzar en la cobertura de la asignación de profesores, y la alternativa que se brinda es por intermedio de los maestros rurales.

En cada departamento, no obstante, hay un inspector de la Dirección Nacional de Deportes, la dependencia encargada de realizar la supervisión técnica de los docentes que trabajan en las escuelas de Primaria.

Algunos datos y cifras Actualmente se encuentran trabajando 959 profesores en 1.016 escuelas urbanas, lo que impacta directamente en más de 300 mil alumnos que cuentan con la posibilidad de tener clases de educación física.

En las escuelas urbanas se dictan dos clases semanales de 40 minutos, y en algunas hay más de un docente debido a la elevada cantidad de grupos.

Cabe consignar, sin embargo, que aún no todos los centros del país tienen ese régimen, pues en algunas escuelas hay un solo docente y muchos grupos, lo que reduce a una la frecuencia semanal de clases.

La formación de docentes

Un cuello de botella a superar El crecimiento exponencial de la demanda de profesores, a raíz de la masificación de la enseñanza de educación física en las escuelas, chocó con las dificultades de Instituto Superior de Educación Física (isef) para satisfacer esa demanda. La directora del instituto, Cecilia Ruegger, explica que se trabaja con el objetivo de alcanzar, en forma progresiva y responsable, un aumento sustantivo del cupo para el ingreso de estudiantes. En el presente egresan unos 210 profesores titulados por año, divididos en partes iguales en los tres centros con que cuenta el isef en el país (Montevideo, Maldonado y Paysandú).

De cara a 2012, sin embargo, la directora dice que se aspira a que, sólo en Montevideo, la matrícula de ingreso aumente a 400 estudiantes, y que en Maldonado pase de 70 a 140 inscriptos. Para lograrlo, Ruegger comenta que hay acuerdo con la Universidad de la República para dotar al instituto de un mayor presupuesto, que a su vez permitirá mejorar la infraestructura locativa en los tres centros del país.

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Una selección de proyectos, leyes y decretos

Marco y Norma

Proyectos de ley La creación del Instituto Terciario Superior

Nueva instancia de formación para el desarrollo productivo

Buscando atender especialmente las necesidades del desarrollo productivo nacional, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley que plantea la creación del Instituto Terciario Superior (its), una nueva instancia de formación que se propone diversificar las propuestas de educación terciaria como complemento a la labor que realiza la utu –a través de tecnicaturas– y la Universidad de la República, con programas regionales de investigación para el desarrollo humano.

El its, según el proyecto, prevé la formación de profesionales con un perfil creativo y emprendedor, a través de las tareas de investigación y extensión.

Todos los funcionarios (docentes y no docentes) de la nueva entidad ingresarán por concurso, durarán cinco años en el cargo y podrán permanecer según la evaluación de su desempeño.

El Instituto se conformará por “regionales” que estarán instaladas en el interior del país y será conducido por un Consejo Directivo Central, que se encargará de aprobar los planes de estudio y homologar las carreras que sean propuestas por los “regionales”.

Este Consejo Directivo estará conducido por un director nacional designado por el Poder Ejecutivo, con venia del Senado, por un período de cuatro años. También lo integrarán representantes de los docentes, los estudiantes, la Universidad de la República, la anep y del Consejo Consultivo Nacional.

(Este proyecto se encuentra a estudio de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, www.parlamento.gub.uy)

Propuesta de aprobación del Banco del Sur

Una plataforma de desarrollo regional El Parlamento tiene en sus manos el proyecto de ley que aprueba el convenio constitutivo del Banco del Sur, suscrito en Venezuela por los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). La entidad financiera de derecho internacional público con personalidad jurídica propia financiará el desarrollo en los países que conforman la unidad, utilizando ahorros intra y extrarregionales.

El Banco del Sur, además de financiar el desarrollo regional, tiene como objetivo defender el fortalecimiento de la integración, la reducción de asimetrías y la promoción de la distribución equitativa de inversiones.

Tendrá entre sus competencias promover y facilitar asistencia técnica multidisciplinaria para la preparación y ejecución de programas y proyectos de desarrollo, incluyendo la identificación de programas de inversión, el estudio de prioridades y la formulación de propuestas sobre proyectos específicos, nacionales y regionales, de complementación y cooperación.

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Desde el punto de vista nacional, una característica fundamental del Banco del Sur es el principio de “un Estado, un voto”, que determina la igualdad a la hora de tomar las decisiones, sin perjuicio de que los tres países económicamente más fuertes de la región – Argentina, Brasil y Venezuela– deberán hacer aportes significativamente más cuantiosos. El capital autorizado del banco asciende a los 20.000 millones de dólares.

(Este proyecto se encuentra a estudio de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, www.parlamento.gub.uy)

Derrame de contaminantes

Un control ambiental más riguroso El proyecto de ley mediante el cual se crea el Sistema Nacional de Control de Derrame de Contaminantes contiene una serie de avances en materia ambiental.

Uno de ellos es que, a diferencia del marco vigente, amplía el ámbito de aplicación del régimen de vigilancia ante la posible contaminación de las aguas jurisdiccionales proveniente no sólo de buques, aeronaves y artefactos navales, sino también de fuentes terrestres.

Además la aplicación de este régimen de vigilancia trasciende las fuentes clásicas de contaminación, como el derrame de hidrocarburos o sus derivados, para considerar también incidentes de contaminación ocasionados por “sustancias nocivas y potencialmente peligrosas”.

Finalmente, en el proyecto se introducen cambios respecto a las garantías y seguros con que deben contar los buques que operen en aguas jurisdiccionales uruguayas, así como un régimen de multas más específico en función de la gravedad de los volúmenes y sustancias derramadas. El monto de la multa se extiende desde 1.000 hasta 10.000 unidades reajustables.

(Este proyecto se encuentra a estudio de la Comisión de Defensa del Senado, www.parlamento.gub.uy)

Decretos El lanzamiento del FONDES

Apoyo a empresas autogestionadas por trabajadores El Poder Ejecutivo acaba de aprobar un decreto por el que respalda financieramente proyectos productivos vinculados a sectores estratégicos. En otras palabras, se trata de apoyar a industrias que agregan valor a las materias primas y que requieren un nivel de desarrollo y un impulso desde el Estado para su concreción.

En particular, el objetivo es asistir a empresas autogestionadas con un fuerte componente tecnológico, ya sea en la modalidad de cooperativas o de unidades productivas recuperadas por sus trabajadores.

El denominado Fondo para el Desarrollo (Fondes) se financiará con aportes de hasta un 30% de las utilidades del Banco

Marco y Norma

República, y ya en 2011 contará con un monto de 45 millones de dólares.

Este fondo tendrá, además, cuatro fideicomisos que abarcarán las áreas de financiamiento, garantía de crédito, asistencia técnica no reembolsable y de capital de riesgo. Los fideicomisos serán administrados por un fiduciario profesional autorizado por el Banco Central del Uruguay.

Por otra parte, las actividades que desarrollen los fideicomisos quedarán exentas del Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales y del Impuesto al Patrimonio. Estos proyectos serán promovidos en el marco de la Ley de Promoción de Inversiones.

El texto aprobado establece que la dirección del Fondes estará a cargo de una junta de tres miembros: uno en representación del presidente de la República, que lo presidirá, otro –permanente– en representación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el tercero en representación del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

(Link para acceder a este decreto: http://archivo.presidencia. gub.uy/sci/decretos/2011/09/mef_555.pdf)

Leyes Financiamiento, conducción, rendición de cuentas

La institucionalización del Plan Juntos

En atención a la emergencia sociohabitacional de la población en situación de pobreza extrema, a mediados del mes de octubre se sancionó la ley que declara de interés general la ejecución del Plan Nacional de Integración Socio-Habitacional Juntos.

El Plan, según establece la norma, abordará esta problemática mediante acciones tendientes a la mejora de la calidad de vida, la integración social y el fortalecimiento de la participación.

Para vehiculizar esos objetivos, se propone contribuir a la mejora del hábitat y la vivienda a través, por ejemplo, de la relocalización o mejora de la infraestructura de asentamientos y áreas precarizadas.

La Unidad Operativa Central del Plan Juntos será la encargada de articular los aportes solidarios provenientes de diversos actores públicos y privados, además de coordinar y articular acciones con los ministerios, las intendencias y organismos públicos a fin de implementar programas y gestionar los recursos financieros y humanos para el cumplimiento de las líneas de acción del Plan.

Esta Unidad Operativa será comandada por una Comisión Directiva de tres miembros (uno por la Presidencia, otro por el mvotma y el tercero por el Mides), contará con el apoyo de un equipo interdisciplinario y será auditada por una unidad de la Auditoría Interna de la Nación.

Para el financiamiento del Plan se establece un fondo que administrará las donaciones y legados, las transferencias provenientes de otros organismos, los aportes derivados de convenios que se celebren con personas o instituciones públicas o privadas –nacionales o extranjeras–, y las partidas asignadas por diferentes vías legales.

La ley establece, además, que estarán exonerados de todo tributo nacional las donaciones y legados de cualquier tipo cuyo

destinatario sea la Unidad Operativa del Plan, las adjudicaciones de viviendas en comodato o propiedad que se realicen, y el registro, ejecución y regularización de todos los actos y contratos vinculados con las obras de refacción, reciclaje y construcción de bienes inmuebles realizados en el marco del Plan.

(Link para acceder a esta ley: http://archivo.presidencia.gub. uy/sci/leyes/2011/10/cons_min_395.pdf)

La Rendición de Cuentas aprobada

El gasto social como prioridad Si la ley de Presupuesto Nacional es la expresión financiera del plan de gobierno, la ley de Rendición de Cuentas 2010 –que acaba de aprobar el Parlamento- permitió realizar los ajustes necesarios para avanzar en la concreción de las metas y los objetivos planteados.

En tal sentido, esta ley de Rendición de Cuentas incrementó en 1.217 millones de pesos el presupuesto para la educación y en 262,5 millones de pesos el de la seguridad pública, en este caso para la implementación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente.

También se aprobaron normas que mejoran el sistema de compras y contrataciones del Estado, ampliando la transparencia, eficacia, eficiencia y garantía de los procesos. Se concretó la extensión a todo el territorio nacional del subsidio al boleto estudiantil, lo que facilita el acceso a la educación media. Y se autorizó a ASSE la transferencia de 100 millones de pesos de gastos de funcionamiento para el rubro 0, a efectos de habilitar la contratación de personal para cumplir con la creciente demanda del servicio.

En términos más generales, las autoridades de gobierno destacaron que se trata de una Rendición de Cuentas basada en el principio de la responsabilidad fiscal, con la necesaria coherencia entre lo presupuestado y el programa financiero, y que contiene proyecciones macroeconómicas prudentes y realistas, tras el doble objetivo de seguir favoreciendo el crecimiento de la economía y profundizar la distribución del ingreso.

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de manos del cartero, el Correo Uruguayo lleva entregadas miles de ceibalitas a lo largo y ancho de nuestro paĂ­s

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