Políticas N° 06

políticas

ISSN: 1688-8715

u n p a ís e n co n s tru cció n y c a m b io

| marzo 2012 | año 2 | número 6 |

4| El camino

hacia un“modelo protosocialista”

Entrevista a Daniel Olesker, ministro de Desarrollo Social

18| La transformación

digital al servicio de la cohesión social

Una política pública llamada Centros MEC

26| Una civilizada

revolución en la primera infancia

La OPP y sus prioridades

32| La reconstrucción

de la memoria en obra

Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz

38| Animar arte,

artesanía y tecnología

El detrás de la pantalla de Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe

Radiografía del República

Un banco atípico | pág. 10 1

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La paja y el trigo Es revelador analizar todo lo que se ha dicho al cabo de dos años de gobierno, cómo se alinearon los comentaristas, políticos, politólogos, etcétera. El coro crítico que se oye más fuerte repite un estribillo: el presidente tiene apoyo de la gente pero la gestión de su gobierno es insuficiente o mala. Cuando en esa afirmación coral convergen voces de todos los partidos –incluso afines al gobierno– no se puede fingir sordera, debe ser tenida en cuenta como corresponde.

Desde el gobierno se ha rendido cuentas en diversas oportunidades. No ha sido autocomplaciente con los avances. El más crítico ha sido el propio presidente. Pero esa actitud inusualmente abierta no ha sido muy reconocida; por el contrario, ha sido usada y abusada.

Hay un problema de incomunicación seguramente, pero sobre todo es de fondo, conceptual. Se ha dicho que hay un contundente apoyo de la población a la orientación ideológica del gobierno. Incluso la oposición tampoco parece cuestionar esa orientación; hace pie en el cuestionamiento a la supuesta falta de ejecución del rumbo elegido, pero casi nada dice sobre sus contenidos.

Es necesario detenerse en la lógica de estos planteos. Es claro que se redujo la cantidad de quienes viven en la pobreza y que la indigencia ya está por debajo del 1%. Y algo histórico: el índice de desigualdad (Gini) viene bajando sistemáticamente desde hace cuatro años. El mismo gobierno aclara que igualmente eso no tranquiliza, que mientras haya familias uruguayas en esas condiciones no habrá paz. ¿Puede decirse que tales resultados, además de ser producto de una orientación, se concretan sin gestión?

Del otro lado, algunos de memoria corta (a los que no agradeció el presidente en su alocución del 1 de marzo) afirman que estos avances se explican sólo por la bonanza económica. Olvidan épocas cercanas en las que hubo crecimiento económico pero no reducción de la desigualdad, ni de la pobreza, ni se detuvo el proceso hacia la indigencia. Hubo políticas que directamente no atendieron estos problemas; su sensibilidad no era la de ahora, se orientaban a cuidar bancos y banqueros. Hubo gestión antes –en sentido contrario a lo que se pide hoy– y hay gestión ahora, y encima ésta debe remontar años de institucionalidad y prácticas de viejo cuño.

Cambiar un rumbo y una práctica de cien años no se hace de la noche a la mañana.

Que haya aumentado sostenidamente el salario real, el acceso de grandes sectores a mejores condiciones laborales, la reducción de la desocupación, la mejora de la producción, ¿es consecuencia sólo de una orientación o de una situación económica particular? ¿Puede sostenerse seriamente que no son relevantes, entre otras acciones, los consejos de salarios, su puesta en práctica y sistematización? En puntos como estos es cuando el coro desafina.

Algunos sectores patronales se quejan por la caída de la rentabilidad, algunos comentaristas sobrevuelan desatentos, las organizaciones sociales reclaman profundizar… Todo es válido y respetable.

El propio gobierno carga la cuenta: debe mejorarse la calidad del trabajo, la formación de los trabajadores y aumentar la mano de obra calificada. La suma de estas perspectivas puede generar malestar, pero hay que separar la paja del trigo.

La concreción del acuerdo político sobre algunos aspectos de la educación pone de relieve la combinación de un norte político

políticas claro (el acceso al conocimiento y la educación es un factor esencial de la estrategia-país) con la necesidad de adecuar y mejorar la gestión educativa. Mujica lo dijo así expresamente.

A una semana del acuerdo sobre educación, con reconocimientos a la actitud tenaz del gobierno, la artillería volvió al estruendo. No alcanzó el aumento de 130 escuelas de tiempo completo en 2010 a 165 este año, más otras 26 instituciones de tiempo extendido. No se dice que 361 mil niños distribuidos en 2.538 locales, con 250 edificios en obras y 191 escuelas de tiempo pedagógico extendido comenzaron las clases el 1 de marzo. Se entendió más “constructivo” cargar las tintas sobre los cinco locales que debieron comenzar una semana después.

Los que reclaman con razón –esa multitud silenciosa de trabajadores que hacen al país cada día–, los que paran al presidente por la calle para hacerle observaciones, y le prestan sus ojos y su corazón al gobierno, saben muy bien que el angustiante estado de las escuelas y liceos no se generó en estos siete años. También es verdad que ha sido lenta la aplicación de los recursos asignados, que hay que pisar el acelerador para arreglar el viejo deterioro y adecuar los edificios a las nuevas demandas. La respuesta es conocida: hay voluntad política (hay plata del presupuesto, no un préstamo del exterior como en otras épocas), hay responsabilidad asumida y hay una búsqueda incesante de encontrar vías más rápidas. A dos años, se está en eso con resultados a la vista, con absoluta transparencia.

Un repaso pormenorizado podría seguir con variados temas, como el ensanche calificado de la colocación de la producción agropecuaria. Otro ejemplo: en diciembre pasado el ministro del Interior lanzó una transformación estratégica en la gestión de la seguridad y anunció un paquete de medidas que ya están en ejecución. Se ha sido implacable con viejos asuntos. Están los casos de corrupción denunciados por el gobierno entre las jerarquías policiales; la apertura, refacción y realojo de nuevos establecimientos carcelarios; la mejora en condiciones salariales, materiales y tecnológicas de la Policía… ¿No son aspectos clave de gestión?

En esta revista hay un informe sobre el BROU donde surge con evidencia una forma nueva y profesional de gestionar un banco de excelente nivel. Antes se informó sobre ANCAP, el Instituto Uruguay XXI, el Instituto de Colonización. Se destacó, entre otros temas, el cambio radical que se está operando en la matriz energética y sobre las razones prácticas de por qué el país está captando grandes inversiones. ¿Puede decirse que todo esto nada tiene que ver con la gestión? ¿Puede sostenerse que el apoyo de la ciudadanía a la marcha y gestión de las empresas públicas es un tema menor?

Da la impresión de que la consigna es no hablar bien del gobierno, haga lo que haga. Además, a algunos les molesta el estilo transgresor del presidente; sobre todo cuando se sale de los formatos que las buenas costumbres de la política vernácula han instalado, les resulta superior a cualquier otra consideración. Otros querrían transgredir, quieren los cambios de verdad (porque de eso se trata), pero no soportan las incertidumbres que genera la transgresión. Concretar acuerdos impensables o largamente anunciados viene de esa actitud presidencial siempre inconformista. Acuerdos, que no son palabrerío, son esenciales porque allanan el camino a la resolución de los reales problemas de gestión, los que dejarían sin resolver las necesidades de la gente. ￭

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“En materia de salud, por ejemplo, dos mujeres de 45 años, una hacendada y una empleada doméstica, tienen el mismo derecho aunque hayan aportado su 4,5% sustancialmente distinto. Esto es la aplicación del concepto de cada quien según su ingreso, a cada quien según su necesidad.”

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Entrevista a Daniel Olesker, ministro de Desarrollo Social

El camino hacia un “modelo protosocialista” El diálogo comenzó con la revelación de un dato trascendente: el índice Gini, que mide el grado de desigualdad social, cayó por primera vez en la historia de Uruguay durante cuatro años consecutivos (2008-2011, según la proyección).

Aunque menos novedosa, la trayectoria de los niveles de pobreza e indigencia sigue la misma caída. Pero es justamente en la desagregación y profundización de esos indicadores donde se apoyan las prioridades centrales del MIDES hasta el final del período: primera infancia, adolescencia y juventud, la precariedad en el empleo y el hábitat.

En diálogo con Políticas, el ministro Olesker levanta la mira –y la apuesta–: la profundización actual del Estado de bienestar que comenzó a construirse en el período anterior, dice, es la que lleva a un modelo de crecimiento con distribución e inclusión social, que “yo le pongo el nombre de protosocialista”.

—En los últimos tiempos usted empezó a acuñar el término de “reforma social” para hacer referencia a las políticas sociales de nuevo orden impulsadas por el gobierno. Empecemos por lo básico: ¿qué encierra y qué objetivos persigue el concepto de reforma social?

—De algún modo la reforma social tiene como objetivo actuar básicamente sobre dos grandes grupos de indicadores, los de pobreza-indigencia y los de desigualdad. A mitad de camino con lo que ya hemos hecho en el primer período de gobierno, podemos decir que estamos en 14 por ciento de pobreza, en 0,9 de indigencia y en una nueva baja del índice de desigualdad Gini, que por primera vez en la historia cae durante cuatro años seguidos, de 2008 a 2011 (este último año según la proyección de los primeros nueve meses). Hasta 2007, y prácticamente durante los últimos cincuenta años, ese índice se había mantenido. Eso significa que las políticas están dando resultado en la baja de la pobreza, en la baja de indigencia y en la baja de desigualdad. Pero cuando uno mira y profundiza en esos indicadores necesariamente desemboca en cuatro prioridades centrales: primera infancia, adolescencia y juventud (básicamente en el tema de revinculación educativa), precariedad en el empleo, y hábitat. Son los cuatro ejes estratégicos que definen una reforma social, porque los indicadores de empleo son más altos en jóvenes que en viejos, la primera infancia sigue teniendo un nivel de pobreza muy alto, los problemas de la vivienda y el hábitat están complejos y el empleo precario todavía sigue siendo alto: uno de cada cuatro trabajadores. Sobre esas cuatro prioridades se articulan

los planes 2012-2014, con programas como Jóvenes en Red, la ley de empleo juvenil, la extensión de la tarjeta Uruguay Social, el aumento de las asignaciones familiares, la duplicación de las cooperativas sociales, el cambio en los sistemas de licencia maternal y paternal para igualar los beneficios del sector privado con el público, y la implementación de Uruguay Crece Contigo (N de R: véase nota sobre este programa en páginas 26 a 31) para actuar sobre la primera infancia.

—¿Y cuáles son los rasgos identitarios de la reforma social?

—Uno puede dividir esos rasgos en tres bloques. Por una parte están los principios de la reforma social, aquellas cosas que la distinguen y que deberían estar presentes en todas las políticas sociales. En segundo lugar, los escalones poblacionales a los que esa reforma pretende llegar, dada la fragmentación social heredada. Y, luego, sus principales ejes estratégicos. Respecto a los principios de la reforma social, hay varios aspectos distinguibles. El primero tiene que ver con la separación entre el financiamiento de la política social y el acceso a ella. Es decir, a los servicios sociales se puede acceder por precio o por derecho. Acceder por precio significa que yo pago mi mutualista, mi vivienda, mi educación. Lo que distingue a una reforma social de izquierda es que se financia con un fondo único que proviene de contribuciones generales; en el caso de la educación son impuestos, en el caso del FONASA la seguridad social, en el caso de la vivienda

“El mercado no puede asignar recursos para la política social porque no tiene condiciones, no es su lógica. El mercado es bueno para asignar recursos económicos en distintas ramas de actividad que compiten en el mercado productivo, y aun ahí tiene limitaciones, por eso Uruguay tiene una ley que orienta las inversiones con criterios sociolaborales.”

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“Entonces, siempre lo digo, la discusión entre política universal y política focalizada es de manual. Las políticas tienen que ser universales con prioridades focalizadas.”

es un mix entre Rentas Generales y subsidios públicos, y así sucesivamente. Y eso está separado de la forma en que cada cual accede a esos servicios. En materia de salud, por ejemplo, dos mujeres de 45 años, una hacendada y una empleada doméstica, tienen el mismo derecho aunque hayan aportado su 4,5% sustancialmente distinto. Esto es la aplicación del concepto de cada quien según su ingreso, a cada quien según su necesidad. Otro principio de la reforma es la regulación pública, sin la cual no hay política social eficiente.

—¿Esto es una innovación? ¿Antes no había regulación pública?

—En realidad había, pero esa regulación no se ejercía. ¿Por qué hay tanto lío ahora con el ingreso de tecnología y tanto horror de que el Estado tenga que autorizar un despacho de Aduanas para que ingrese cierta tecnología? Porque antes los ricos traían aparatos, los empezaban a usar, los propagandeaban en la televisión, y luego iban al ministerio y pedían su habilitación; y los ministerios siempre los habilitaban, dicho sea de paso. Ahora, esto de la regulación pública tiene dos connotaciones. Una, que efectivamente la rectoría, la definición de dónde se asignan los recursos, dónde va un tomógrafo o dónde va una escuela de tiempo completo, es del Estado. La otra connotación es que esta regulación pública regula, valga la redundancia, prestadores de servicio que pueden ser estatales o privados.

Un tercer principio de la reforma tiene que ver con su diseño universal, independientemente de que la universalidad tenga un timing por el cual uno va incorporando sectores por etapas.

Tenemos el ejemplo de la reforma de la salud, donde al principio ingresaron los trabajadores privados y públicos y sus hijos menores de 18 años; en 2010 ingresaron los cónyuges y después los jubilados, y en diez años o doce será universal. Entonces, siempre lo digo, la discusión entre política universal y política focalizada es de manual. Las políticas tienen que ser universales con prioridades focalizadas.

El cuarto principio es la participación social. Y aquí hay dos niveles. Uno tiene que ver con la participación institucional que se da en la educación, la salud y muchos otros organismos creados en la institucionalidad frenteamplista. El otro tipo de participación es en el lugar donde se genera el servicio social, en una policlínica rural, en una escuela rural, en esos lados. Creo que aquí es donde todavía tenemos más debilidades, y es la participación fundamental, porque es la que empodera realmente a la gente. Creo que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo por generar mecanismos institucionales de participación social, pero poco esfuerzo por empoderar abajo, en los territorios, a la gente para que participe.

—¿Y por qué cree que se ha hecho poco esfuerzo en ese sentido?

—Porque Uruguay tiene una percepción muy institucionalista de la participación.

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—¿La izquierda también tiene esa percepción?

—También, claro. Bueno, de hecho el organismo que ha generado la participación mayor y más representativa, que es el movimiento sindical, tiene un fuerte componente de institucionalidad y de representación institucional; lo mismo ocurre con el movimiento cooperativo… Todos estos principios, en realidad, deben ir acompañados con plata, o sea, con una decisión política del hacedor del presupuesto de que va a haber recursos. Y los números cantan. El gasto público social en 2004 era de 700 millones de dólares, pero al final del primer gobierno del Frente estaba en 2.200 millones aproximadamente. Y con el presupuesto quinquenal de este período, sumando el gasto que va a generar el ingreso de los jubilados al FONASA, que fue incorporado en una rendición de cuentas posterior al presupuesto, podremos andar en el entorno de los 4.000 millones de dólares.

—Quiere decir que la reforma social está íntimamente ligada al éxito de la política económica.

—Totalmente. Los recursos económicos son condición necesaria para la política social…

—Condición necesaria pero no suficiente.

—Exactamente. Entre el 74 y el 80, dictadura mediante, la economía creció muchísimo y hubo concentración del ingreso, baja del gasto social, baja del salario real. En la década del 90 la desigualdad se mantuvo más o menos constante y la economía creció muchísimo. O sea, hay ejemplos de que la condición necesaria no se transformó en suficiente. Para eso se requieren políticas públicas, una voluntad del Estado de decir “acá intervenimos nosotros”. El mercado no puede asignar recursos para la política social porque no tiene condiciones, no es su lógica. El mercado es bueno para asignar recursos económicos en distintas ramas de actividad que compiten en el mercado productivo, y aun ahí tiene limitaciones, por eso Uruguay tiene una ley que orienta las inversiones con criterios sociolaborales. ¿Y qué resultado hemos obtenido con esta política que vengo describiendo? El Plan de Emergencia involucró a 120 mil hogares. Hoy, en los ocho proyectos prioritarios que estamos implementando, hablamos de una política social fuerte focalizada en 30 mil hogares. O sea que estamos en la cuarta parte de aquellos hogares que requerían una asistencia de emergencia. Y el otro indicador es el de la pobreza: si tomamos como punto de comparación el año 2004, incorporando incluso el cambio de base de datos de 2006 en adelante, la hemos bajando de 36% a 14%; es decir, estamos hablando de unas 700 mil personas aproximadamente que salieron de la pobreza. Y probablemente 2013 sea mejor todavía, porque también se reduce lo que se llama la brecha

Entrevista a Daniel Olesker, ministro de Desarrollo Social

de la pobreza, esto es, cuánto le falta a la gente para salir de la línea de pobreza. Esto es posible, entre otras cosas, por la recuperación del salario mínimo, la mejora en la calidad del empleo y el incremento de las prestaciones sociales.

—¿En qué se fundamentan las transferencias en dinero y servicios a los sectores más vulnerables de la población?

—El concepto de transferencia está asociado a un apoyo al sector más vulnerable de la sociedad, y de alguna —Usted pondera la mejora de los indicadores sociales manera es una continuidad del Ingreso Ciudadano que se en un proceso que también comprende al gobierno anterior. daba con el Plan de Emergencia. Se efectiviza a través de En materia de gestión de políticas sociales, justamente, ¿cuá- una tarjeta –Uruguay Social– que tiene un componente báles son las continuidades y cuáles los cambios con relación al sicamente alimentario, que oscila entre 600 y 1.400 pesos, primer gobierno frenteamplista? según se tenga un hijo, dos, tres, cuatro. Uno de los ocho proyectos prioritarios del gobierno para 2012 es llegar a 30 —Respecto a los criterios de la reforma social y a la mil tarjetas, que son los hogares más críticos, con el valor decisión política de incrementar el presupuesto hay una con- duplicado, es decir 1.200 pesos si se tiene un hijo o 2.800 tinuidad clara entre este período y el anterior. Desde el punto si se tiene cuatro. La tarjeta básicamente tiene comercios de vista metodológico, sin embargo, hay un cambio muy im- solidarios donde se pueden comprar los productos, y se portante, que es la interinstitucionalidad del Gabinete Social, orienta a productos alimenticios o de higiene personal, en que si bien es del período anterior, porque la conformación los que hoy se gasta aproximadamente el 95% del valor de del Gabinete Social es de la presidencia de Tabaré (Vázquez), la tarjeta. Pero quien tiene una tarjeta Uruguay Social tamsu instrumentación como organismo de bién tiene una asignación familiar, que es conducción de la política social, con el el componente monetario de su ingreso.

MIDES como coordinador y con una vi“[…] toda la políti- Ahora queremos incorporar una canasta sión integral, y presentando proyectos ca social va a mejorar en de servicios para que las personas tengan colectivos, es de este período. Entonces acceso a la luz y al agua con tarifas prefetoda esta idea de que los Centros MEC, su eficiencia con la im- renciales, y también la posibilidad de que los Centros CAC, las oficinas territoria- plementación del Sistema accedan a servicios culturales. Entonces les del MIDES, las oficinas de Trabajo, Integrado de Información lo que pretende la tarjeta es básicamente actúen unitariamente en los territorios, que los hogares se alimenten y se vayan del Área Social, el SIIAS, se está empezando a consolidar en este integrando socialmente. período. un instrumento poderosíSi el asunto se analiza desde el pun—¿Cuál es el criterio que se adopsimo que nos permitirá seto de vista sectorial, creo que hay reformas tará para seleccionar a esos 30 mil beneque son claramente de continuidad, como la guir la trayectoria de pres- ficiarios de la tarjeta? de la salud, y otras de cambio, como en el taciones de la persona, uniplano de la vivienda, donde realmente hay —Cuando nosotros llegamos al ficar las políticas, eliminar un cambio bastante sustantivo en la visión. ministerio, y así lo decía un informe del Si bien en este período se recogen los frutos las duplicaciones y resolver propio ministerio… Ahora se destaca que de haber ordenado una institucionalidad el tema de las contraparti- el informe de la Dirección Nacional de destrozada, de haber creado la Agencia Evaluación y Monitoreo (Dinem) del MIdas.”

Nacional de Vivienda y de haber ordenado DES detectó problemas en la focalización las finanzas hipotecarias, creo que hay una de las políticas, por eso la corregimos, acción política en dos terrenos bien importantes: la incorporación de pero lo que nadie destaca es que el ministerio decide hacer subsidios en los planes de vivienda de interés social y la priorización pública la evaluación de sus políticas y donde hay errores de las cooperativas como la forma principal de las soluciones habi- dice acá lo vamos a corregir. O sea, esto es una cuestión tacionales. Y la otra innovación grande es el Sistema de Cuidados, no común en otros gobiernos y en otras políticas. A nosopero no lo podemos mirar como una superación del período anterior tros nos encanta que nos hayan llamado al Parlamento para porque no estaba en el primer programa de gobierno… A modo de analizar el informe de la Dinem de 2010, no sólo porque ya síntesis diría que entre 2005 y 2007 el Frente desarrolla un gobier- tenemos respuesta a varios de los problemas que se detecno de emergencia y reconstrucción nacional, de 2007 a 2009 es un taron allí, sino porque eso muestra que nuestras políticas se gobierno que instala las primeras reformas que van construyendo evalúan permanentemente, y ese es justamente el rol de la un Estado de bienestar moderno, y la profundización actual de ese Dinem.

Estado de bienestar es la que lleva a un modelo de crecimiento con Quiero agregar, además, que toda la política social va distribución e inclusión social, que yo le pongo el nombre de protoso- a mejorar en su eficiencia con la implementación del Sistema cialista, como para ir colocando una discusión conceptual.

Integrado de Información del Área Social, el SIIAS, un instru-

“A mitad de camino con lo que ya hemos hecho en el primer período de gobierno, podemos decir que estamos en 14 por ciento de pobreza, en 0,9 de indigencia y en una nueva baja del índice de desigualdad Gini, que por primera vez en la historia cae durante cuatro años seguidos, de 2008 a 2011 (este último año según la proyección de los primeros nueve meses).”

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mento poderosísimo que nos permitirá seguir la trayectoria de prestaciones de la persona, unificar las políticas, eliminar las duplicaciones y resolver el tema de las contrapartidas.

Bueno, vuelvo al asunto de la tarjeta. A raíz de ese informe se detectaba que las bases de datos con las que se trabajaba no estaban totalmente actualizadas y que muchas personas que recibían tarjeta ya no deberían recibirla, y que había sectores a los que no habíamos llegado con la tarjeta.

Entonces nos propusimos hacer 60 mil visitas en un año a los hogares de mayor vulnerabilidad. ¿Cómo los elegimos?

Tomamos como primera referencia los datos macro: sabemos que en Montevideo, Canelones, la frontera norte con Brasil y algunas zonas focalizadas del resto de los departamentos están los principales focos de pobreza. Hacer 60 mil visitas supone en realidad hacer 100 mil, para que sean 60 mil efectivas. Estas visitas, orientadas por informantes calificados, son las que nos permiten detectar 30 mil hogares críticos. Eso es lo que dice la teoría. Ya llevamos 20 mil detectados. Pero ese relevamiento además nos va a permitir detectar a los jóvenes que no estudian ni trabajan, y por tanto servirá como base de datos para Jóvenes en Red; nos va a permitir detectar madres embarazadas o con hijos de 0 a 3 años en condiciones de dificultades económicas, lo que permitirá integrarlas al Uruguay Crece Contigo; y así sucesivamente. Entonces la idea es diseñar e implementar una estrategia única de abordaje familiar a los 30 mil hogares más críticos donde converjan la tarjeta, Uruguay Crece Contigo y Jóvenes en Red, como las tres estrategias prioritarias de llegada a los hogares críticos en 2012.

—Hay una percepción bastante extendida de que las transferenciasmonetarias desestimulan el hábito de trabajo. ¿Cuál es su visión?

“Las contraprestaciones son un elemento de educación” —Recientemente ha dicho que ciertas prestaciones monetarias han llegado para quedarse, con independencia del cumplimiento de las contraprestaciones exigidas. ¿Tiene sentido, entonces, mantener esas exigencias? ¿Cuál es el fundamento de esas contraprestaciones?

—Sí, yo creo que tiene sentido. ¿Por qué importan las contraprestaciones? No por el factor punitivo de decirle “bueno, mirá, te voy a dar 2.800 pesos por tu tarjeta de cuatro hijos pero si mañana no los mandás a la escuela marchaste y te la saco”; sirven como un elemento de educación para su integración social. Si la educación no da resultado y uno fracasa “con total éxito” cuatro o cinco veces, hay que tomar una decisión drástica. Pero me parece que las contraprestaciones son un elemento de educación. Cuando nosotros, en Uruguay Trabaja, les decimos “trabajen cuatro días pero el quinto hagan capacitación”, de alguna manera les estamos exigiendo cosas a cambio de la prestación que se da. Me parece que hay mucha simplicidad y fragilidad en los análisis que se hacen de esto. Porque la desigualdad claramente tiene un alto componente de ingresos, pero no es solamente económica. Hay una desigualdad en la ponderación de derechos. Es en ese sentido que las transferencias llegan para quedarse, porque son una contraprestación de vulnerabilidad de derechos, incluso económicos, obviamente. ￭

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—La visión crítica sobre los efectos que puede tener la transferencia nosotros también la tenemos. Pero tenemos claro que no desestimula el hábito de trabajo, primero porque nadie vive de una transferencia monetaria. Supongamos que una familia decidió vivir de su tarjeta duplicada y de su asignación familiar y tiene cuatro hijos, con eso puede lograr más o menos unos 4 mil pesos. Difícil que una familia así viva con 4 mil pesos. En cambio, sí puede suceder que se desestimule el ingreso al sector formal de trabajo, porque eso implica horario, implica dejar a los hijos con otra persona si es mujer, porque el grueso de las tarjetas y de las asignaciones familiares están en hogares monoparentales de mujeres. Si el ingreso formal supera cierto monto, cae la prestación. Entonces puede haber un estímulo a la informalización del trabajo, que si bien ha bajado mucho aún sigue siendo alto, en el orden del 26%. Por eso hay que pensar en políticas de formalización que combatan esa deformación.

El monotributo MIDES, que acaba de ser aprobado en el Parlamento, apunta a ese problema, porque que va a permitir que pagando 125 pesos por mes un trabajador que hace changas, digamos, pueda empezar a inscribirse. Nosotros creemos que eso va ayudar mucho. ￭

El cooperativismo como alternativa mejor —¿Cuál es la evaluación del programa Uruguay Trabaja? ¿Hay resultados concretos en materia de reinserción laboral?

—Uruguay Trabaja no es un programa previsto para que las personas desde allí ingresen al mercado formal de trabajo, o por lo menos no es sólo para eso.

Es un programa de integración social. La trayectoria del programa hace que la persona sienta que salió distinta a como entró. No sólo estuvo atendida su salud bucal, hizo turismo social, hizo una capacitación, conoció otras personas que estaban en su misma situación, entendió que su vida podía tener otra lógica. Después hay gente que se integró al mercado formal de trabajo (cerca de un 25%), y otra que está en cooperativas sociales formadas por el propio ministerio. Pero este año queremos duplicar la cantidad de cooperativas, esa es nuestra gran apuesta; hoy tenemos 160, que ocupan a unas mil y algo de personas.

—¿Cómo se articula el cooperativismo con la inclusión laboral y social? ¿Qué ventajas tiene en materia de inserción laboral?

—Estimulamos la cooperativa porque tiene un plus de fortalecimiento de la organización del trabajo, y porque creemos en el cooperativismo como una alternativa mejor para la gente en su trabajo y en su integración social. El plus grande que tiene la cooperativa social, que no lo tienen los emprendimientos productivos, es que el Estado las puede contratar directamente. El problema que tenemos es que si esa cooperativa social, en nuestro concepto de trayectoria, quiere ir hacia una cooperativa de trabajo, pierde ese plus. Entonces yo pienso –y esto es sólo mío– que si creemos en las cooperativas de trabajo hay que darles esa misma preferencia en las compras públicas que tienen las cooperativas sociales. Es una decisión política. Por algo en la reforma tributaria están exoneradas de impuestos, y por algo hemos creado ese formidable instrumento en materia de desarrollo de la economía social como es el Fondes, que favorece a los emprendimientos gestionados por sus propios trabajadores. ￭

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R a d i o g r a f í a

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R e p ú b l i c a

Un banco atípico 10

Radiografía del República

Es el mayor agente de financiación para la industria, la producción agropecuaria y el consumo de la población.

Entre 2005 y 2011 casi duplicó la cantidad de clientes, aumentó sus depósitos en 5.000 millones de dólares y aportó a las arcas del país unos 900 millones de dólares. En el mismo período, a su vez, operó como banca de fomento mediante el subsidio al financiamiento de proyectos de inversión clave para el país: en concreto, brindó tasas bonificadas a 162 proyectos productivos estratégicos, que invirtieron 2.129 millones de dólares y generaron 17.258 puestos de trabajo.

Pero no sólo a través de los números se debe calibrar la funcionalidad de un banco como el República para la estrategia de desarrollo global del país. Porque sin su concurso, por ejemplo, no sería sencillo aplicar ciertas orientaciones de políticas sociales, como la emisión de tarjetas de débito gratuitas para facilitar la gestión de las transferencias monetarias a los sectores vulnerables. Ni tampoco otras de carácter socioproductivo, como el apoyo a emprendimientos autogestionados por trabajadores. En la siguiente cobertura se incluye una entrevista al presidente del BROU, Fernando Calloia, que entre otros temas aborda aspectos críticos propios del inusual crecimiento, como la atención al cliente, y, en diálogo con sus gerentes, se informa sobre áreas de gestión escasamente conocidas.

Entrevista a Fernando Calloia

“En la misión del banco no está incorporado el criterio de rentabilidad” —¿Cuál es el rol del Banco República (BROU) en clave de desarrollo nacional?

—Hemos definido la misión del banco en tres líneas. Una primera es brindar servicios financieros a toda la población, sin discriminación alguna. Ello implica, entre otras cosas, que cualquier uruguayo pueda tener una cuenta de ahorro y hacer operaciones financieras, independientemente de su nivel de ingresos. Otra línea es el estímulo al ahorro, en oposición a las tendencias al consumismo.

Y una tercera línea es lo que se llama promoción del desarrollo económico a través de la inversión, las exportaciones y todo lo que tiene que ver con el crecimiento económico.

—¿Cómo pondera el BROU la obtención de utilidades con el financiamiento de proyectos productivos?

—Lo que sucede es que el BROU es múltiple. Tiene operaciones de crédito al consumo, financiamiento del capital de giro de las empresas y financiamiento a la inversión. Todas contribuyen positivamente a la generación de utilidades, pero sin duda el financiamiento a la inversión está promovido a través de

(...) “Entre 2005 y 2011 aportó por utilidades, impuesto a la renta y el Fondes* algo más de 900 millones de dólares.”

tasas de interés que son de las más competitivas en el mercado.

Esto es posible porque otros rubros permiten generación de rentas que habilitan a que el banco destine una parte importante de sus ingresos al financiamiento del desarrollo económico.

—Quiere decir que el desarrollo de esas actividades permite destinar beneficios adicionales al desarrollo productivo del país.

—Claro, porque el financiamiento del desarrollo económico y de los proyectos de inversión es sumamente costoso desde el punto de vista económico, porque implica evaluación de esos proyectos con profesionales de primer nivel. Es un financiamiento de largo plazo, por lo cual lleva implícitos riesgos adicionales. Es un financiamiento de actividades nuevas, por lo cual se desconoce si el proyecto va a ser exitoso o no. Si bien todos los créditos son rentables, entre esos que no lo son tanto está el financiamiento de los proyectos de inversión.

—Usted sugiere, entonces, que en la jerarquización de metas no pesa sólo la rentabilidad.

—Sin duda, porque en la misión del banco no está incorporado el criterio de rentabilidad. La visión se presenta como una mezcla entre un banco que necesita los equilibrios económicos y el estímulo a la inclusión financiera y el desarrollo económico.

—¿Esos dos aspectos suelen ser compatibles en la práctica?

—Son dos aspectos que parecen contradictorios, pero que deben compatibilizarse para darle sustentabilidad al banco en el largo plazo.

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Seguridad disminuye la concentración

—No obstante lo que señala, en los últimos ejercicios el BROU ha sido más rentable que los bancos privados.

—Que sea más rentable que los bancos privados no quiere decir que tenga una rentabilidad alta.

—¿Cómo es eso?

—Lo que ha pasado en los últimos años es que los bancos privados o perdieron dinero o tuvieron una rentabilidad muy baja.

Lo que sucedió con el BROU en los últimos cinco o seis años, si lo miramos en términos promediales, es que tuvimos una rentabilidad sobre el capital inferior al 6%, o sea una rentabilidad de capital razonablemente baja para lo que puede ser un banco comercial y de desarrollo. Entonces no es que hayamos tenido un alto nivel de rentabilidad, es que tuvimos niveles de rentabilidad buena, normal, frente a un sistema de bancos privados que tuvo pérdidas o niveles de rentabilidad absolutamente insuficientes.

—¿Cómo se explica esa diferencia de resultados con la banca privada?

—Tiene distintas explicaciones. Algunas hacen a la interna del banco. Se aplicó un proceso de reestructura muy fuerte, el establecimiento de un plan estratégico con objetivos muy claros, la redefinición de la misión y la visión, y la conformación de un banco con base en el cumplimiento de esos objetivos.

—¿Qué es lo esencial que cambió respecto al modelo de gestión?

—La descentralización en la toma de decisiones, la no intervención del directorio en las decisiones de crédito y la evaluación a través del cumplimiento de metas de cada uno de los departamentos, con estímulos económicos asociados a cada una de las metas.

—¿Qué implica, en la práctica, que las decisiones se adopten en forma descentralizada?

—Implica que cada división o departamento tenga metas que alcanzar, ya sea en términos económicos como en términos de gestión. Y la evaluación final consiste en si esas metas se cumplieron o no. Por lo tanto, si un departamento es deficitario desde el punto de vista económico, se sustituye al gestor y se redefinen las metas.

—¿Cuáles son los factores externos que explican los mejores resultados del BROU frente a la banca privada?

—En primer lugar, el crecimiento económico del país, factor que contribuye a la expansión del crédito y a la baja morosidad.

En segundo lugar, un elemento absolutamente esencial para el éxito del BROU: la confianza de los uruguayos, que se manifiesta en un crecimiento exponencial de los depósitos. Un solo dato: los depósitos del sector privado en el BROU crecieron el año pasado 1.150 millones de dólares. Y en tercer lugar, yo diría que también el tamaño del banco contribuye a sus resultados, porque permite tener costos unitarios más bajos si uno lo administra eficientemente.

—¿Cuánto aporta el BROU a Rentas Generales?

—Entre 2005 y 2011 aportó por utilidades, impuesto a la renta y el Fondes* algo más de 900 millones de dólares.

—¿Por qué se creó el Fondes fuera del BROU? —Eso lo decidió el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Es parte

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de la nueva carta orgánica, que es ley. La idea originaria apuntó a financiar aquellos proyectos de claro interés social que no tengan una calificación para ser financiados por el BROU. Entonces, cuando surgió en el gobierno pasado la oportunidad de financiar esos proyectos, nosotros propusimos que un porcentaje de las utilidades del banco se destinara a ese fondo, de forma de no afectar la integridad patrimonial del BROU. —Otro de los aspectos relevantes es el incremento del número de clientes. ¿Cuál es la estrategia para satisfacer esa creciente demanda?

—Como dije, uno de los factores para el éxito económico del banco está en la confianza de los uruguayos, que se manifiesta de distintas maneras. Si uno mira la cantidad de depósitos advierte que en 2005 existían 486 mil clientes y que en diciembre de 2011 existían 893 mil clientes. Estamos llegando a la duplicación de los clientes en seis años, cuando la población no crece. La nueva población la hemos captado de otras instituciones o de personas que se bancarizaron. Fue un efecto que no lo teníamos planeado y tuvimos que tomar medidas aceleradas, de forma de atenderlos razonablemente bien. Por un lado se desarrollaron canales alternativos, un conjunto de herramientas que permiten que el cliente pueda realizar operaciones sin intervención de funcionarios.

Por otro lado, hemos ampliado nuestro número de dependencias, y creamos microbancas que permiten una atención personal y descentralizada. La obra más importante fue la construcción del edificio de banca empresas. En este año pensamos poner en funcionamiento la nueva sucursal centro, que se ubicará en el viejo local del Banco del Litoral, en 18 de Julio entre Yaguarón y Yi. Además está la nueva agencia en Montevideo Shopping, que tiene más de mil metros cuadrados, y la ampliación de la agencia del Punta Carretas Shopping. La agencia Zabala, que funciona en el hall de la casa central, pasará a funcionar en el hall de Piedras.

—¿Las ampliaciones implican nuevos servicios?

—Implican adaptar la atención al público a las nuevas tecnologías. Implica que cuando uno entre a un local bancario se encuentre con cajeros automáticos, terminales de autoservicio, buzoneras y un conjunto de herramientas de ese tipo, además del personal bancario.

—¿Qué peso tienen la banca por Internet y los cajeros automáticos en el conjunto de las operaciones?

—Adquirimos un nuevo programa de banca por Internet que es de los mejores de Uruguay. Permite hacer todo tipo de transacciones y hoy ya tiene 120 mil clientes. En 2005 había 18 mil clientes. Es una herramienta absolutamente fundamental para la atención. Además, cada vez tiene más funcionalidades, desde comprar obligaciones negociables de Conaprole hasta pagar los servicios públicos, hacer una transferencia a una cuenta de un tercero o recargar un celular. En materia de cajeros automáticos, cuando ingresamos al banco había 140 de ellos y hoy hay 357. A éstos hay que agregarles los cajeros automáticos que están en Red Pagos y Abitab.

—¿Es necesario incrementar la cantidad de funcionarios para mejorar la atención?

Radiografía del República

República AFISA Fideicomiso en clave de desarrollo productivo Alimentos Fray Bentos, una planta de sueros y fórmulas lácteas, se convertirá en el primer emprendimiento en instalarse en el Parque Industrial y Tecnológico de la Intendencia de Río Negro, en M’Bopicuá, parque que funciona en la modalidad de fideicomiso y es administrado por República AFISA. La obra surgirá como resultado de la asociación de tres empresas lácteas, dos uruguayas y una argentina, que invertirán unos 64 millones de dólares, en buena parte financiados por el BROU. El banco estatal también participó en la adquisición del predio –250 hectáreas adquiridas por la Intendencia de Río Negro en 5 millones de dólares–, mediante la compra de un título de deuda –emitido por AFISA– por el total de la operación.

La planta estará operativa en mayo de 2013, contará con equipamiento de última tecnología y empleará alrededor de cien trabajadores. Uno de sus cometidos es recuperar y procesar los sueros de quesería que generan empresas de la zona del litoral, revalorizando así el precio de este subproducto en el mercado.

República AFISA –cuyo paquete accionario es 100% propiedad del BROU– es la primera fiduciaria financiera de Uruguay, y fue creada en el año 2003 con el fin de recuperar la cartera de créditos morosos del banco.

Con el tiempo comenzó a administrar varios fideicomisos de recuperación de créditos, como aquellos que sirven para estructurar proyectos de inversión o reestructurar endeudamientos de diversas entidades. En la actualidad administra, entre otros, el fideicomiso financiero del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, el Inmobiliario de Maldonado, el Nuevo Casmu, y el de la Asociación Española.

En otra modalidad de fideicomiso, El BROU también financió la mitad de una inversión total de 41 millones de dólares que insumió la construcción del Centro Cívico de Ciudad de la Costa. En este caso, el fideicomiso funciona en el propio banco -aunque con contabilidad separada- y asegura el repago del crédito mediante la recaudación de los alquileres. La obra incluye oficinas de varias reparticiones públicas, así como también 70 locales comerciales, un supermercado, cuatro salas de cine, restaurantes y estacionamiento. ￭

￭ Centro Cívico Ciudad de la Costa

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“En 2004 estaban en 3.600 millones de dólares, y cerramos el año 2011 con 8.600 millones de dólares.

Entonces los depósitos en dólares han tenido un desempeño espectacular ya que crecieron en 5.000 millones de esa moneda.”

—En diciembre de 2004 había 3.600 funcionarios.

Ingresaron mil nuevos y ahora tenemos 4.025, producto de que egresaron algunos. Si bien la cantidad de funcionarios ha crecido, se fueron generando algunas vacantes (alrededor de 200) que serán cubiertas mediante concurso en este año. Si bien son necesarios nuevos funcionarios, también es muy importante ir derivando la atención hacia las modalidades automatizadas. No necesariamente la atención de los clientes lleva a un aumento de la cantidad de funcionarios.

—¿Cómo evolucionan los depósitos?

—En 2004 estaban en 3.600 millones de dólares, y cerramos el año 2011 con 8.600 millones de dólares. Entonces los depósitos en dólares han tenido un desempeño espectacular ya que crecieron en 5.000 millones de esa moneda.

—¿Cuál es la participación de clientes del exterior en esos depósitos?

—Los depósitos de no residentes son menos de 4% del total. Estamos hablando de 370 millones de dólares.

—¿Cuáles son las mayores debilidades de la estructura existente?

—Una de las vulnerabilidades es la alta participación de depósitos en dólares, que alcanzan al 70%. Los depósitos en moneda extranjera son 6.000 millones de dólares y los depósitos en moneda nacional son 2.600 millones de dólares. Otra es que los depósitos a la vista alcanzan el 78% del total. Somos muy cuidadosos del tipo de inversión que hacemos dada la alta participación de los depósitos en moneda extranjera y el alto peso de los depósitos a la vista.

—¿A qué se refiere cuando dice “muy cuidadosos”?

—Tenemos un conjunto de inversiones en activos financieros líquidos que guardan una relación respecto de los depósitos totales. En síntesis, diría que en 30 días el banco puede devolver 47% del total de depósitos. Ese es el indicador clave. Ni en la crisis de 2002 se perdió el 50% de los depósitos.

Prácticamente estamos cubiertos de cualquier tipo de discusión sobre la estabilidad del BROU. —¿Dónde se colocan los excedentes, lo que no se presta?

—Lo que no presta el banco lo coloca en el Banco Central, en papeles del gobierno central y en el exterior. Los destinos en el exterior tienen un nivel de diversificación muy amplio, cosa que nos permite estar a salvo de las coyunturas.

—¿Qué tipo de papeles adquiere en el exterior?

—Básicamente son depósitos en instituciones financieras e instrumentos con alta calificación de riesgo. Y papeles de corto plazo de gobiernos que también tengan alta calificación de riesgo.

—¿A quiénes le presta el BROU? —En 2011 se otorgaron 3.419 millones de dólares. El 16% de los créditos está orientado al sector agropecuario, el 30% se destina al sector industrial, el 45% al crédito social y el resto está compuesto por tarjetas de crédito, refinanciaciones, fideicomisos y ese tipo de cosas.

—El gobierno promueve la inclusión financiera y una mayor bancarización de la economía. ¿Cuál es el aporte del BROU al respecto?

—En 2005 con la tarjeta MIDES, vinculada a los planes de desarrollo social, las personas cobraban sus beneficios en los locales del BROU. Un poco después otorgamos una tarjeta prepaga, por lo cual los beneficiarios no tienen que hacer absolutamente nada. En determinado día del mes se acredita a la tarjeta determinada cantidad de dinero y concurren al cajero automático a retirar el dinero o compran bienes con esa tarjeta. Últimamente hemos creado un instrumento que permite a los menores de entre 14 y 18 años tener una cuenta sin intervención de su padre o tutor. Ese también es un programa que estimula el ahorro de los jóvenes para el desarrollo personal.

Después hemos creado instrumentos como la cuenta alcancía, que permite a personas de bajos ingresos tener una cuenta en moneda nacional con todos los instrumentos asociados, sin comisiones ni mínimos. ￭ * Fondo para el Desarrollo, destinado al apoyo de proyectos productivos viables provenientes del sector social de la economía. Este fondo se nutre con hasta un 30% de las utilidades anuales del BROU (véase Políticas, número 5).

División Crédito Social Liderazgo en préstamos para consumo La División Crédito Social ofrece líneas de crédito a personas físicas, excepto en aquellas operaciones asociadas a tarjetas de créditos .Tiene otorgados créditos por 1.650 millones de dólares, monto que representa el 45% del total de los préstamos del banco, y cuenta con unos 400 mil clientes. Por otra parte, otorga bonificaciones especiales para trabajadores de aquellas empresas que tienen convenio con el BROU. El producto más demandado es el préstamo para consumo en unidades indexadas, que arranca con una tasa anual del 8% y puede extenderse hasta cinco años. “Mucha gente usa ese préstamo para cubrir atrasos en deudas”, explica Miguel Galán, gerente ejecutivo del área. “La morosidad está muy controlada, estamos en un 2,31%”, agrega.

Cabe destacar, por otro lado, que este año la división bajó la tasa de interés para préstamos hipotecarios en 1,75 puntos porcentuales. “Estamos en una tasa de un 6% para un préstamo de 12 a 24 meses, que se puede usar por ejemplo para una refacción”, acota Galán, y explica que también se ofrecen créditos a cinco, diez y veinte años con una tasa del 7%, si la cuota se retiene del sueldo. En 2011 el banco otorgó unos 20 préstamos ￭

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Radiografía del República

División Empresas El BROU financia la revolución eólica El gobierno promueve la diversificación de la matriz energética y el incremento de las energías renovables. Particularmente en eólica, el objetivo para 2015 es alcanzar los 1.000 megavatios de potencia, lo que por ejemplo permitiría satisfacer la demanda energética de todos los hogares de Montevideo. La División Empresas del BROU tiene un papel relevante en la concreción de estas obras.

UTE concluyó en 2011 dos licitaciones para la construcción de parques eólicos y tiene en proceso una tercera. Las empresas ganadoras demandan líneas de crédito de largo plazo, del entorno de los 100 millones de dólares cada una. “Hasta el momento todas las empresas que ganaron las licitaciones en UTE se presentaron al Banco República, aunque no todas llegaron a finalizar el proceso de obtención del financiamiento”, cuenta a Políticas Raúl García, gerente ejecutivo de la División Empresas.

Como las normas bancocentralistas y de la propia carta orgánica del BROU limitan los montos de este tipo de préstamos a unos 50 millones de dólares, cantidad que no cubre las necesidades de financiamiento de estos emprendimientos, el banco estatal ofrece productos en asociación con instituciones financieras de gran porte, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco de Fomento Alemán y el Banco de Fomento Holandés.

“A nosotros nos sirve porque adquirimos toda la experiencia que ellos tienen en el manejo de este tipo de proyectos. Y ellos logran el apoyo del principal banco de plaza, que tiene el 50% de las colocaciones como respaldo”, asegura García.

El 31 de mayo de 2012 empresas de diferentes rubros postularán proyectos de inversión al BROU, que evaluará su viabilidad y los ordenará según criterios de actividad, descentralización, generación de puestos de trabajo, valor agregado en exportaciones, uso de tecnologías limpias y sistemas de calidad. Los proyectos seleccionados se calificarán en cuatro grupos, lo cual determinará una bonificación en la tasa de interés del 40%, 30%, 20% o 10%, respectivamente. “En Uruguay no existe un banco de fomento, y el BROU cumple de alguna manera esa función”, señala García.

Por ejemplo, las empresas del sector energético, en particular las de energía eólica, cuentan con buenas posibilidades de ser seleccionadas. Una de ellas es la que tiene a su cargo el parque eólico El Libertador, que se ubicará en la intersección de los departamentos de Lavalleja y Maldonado, a 10,5 quilómetros de la ciudad de Minas. Contará con 34 aerogeneradores de 100 metros de altura en un predio de 1.150 hectáreas, tendrá una capacidad de 65 megavatios de potencia y abastecerá durante 20 años a la empresa UTE. La etapa de construcción durará entre 12 y 18 meses y producirá la energía eléctrica necesaria para abastecer a 75 mil familias, según estimaciones de la propia empresa.

El proyecto corresponde al grupo Impsa, el mayor inversor en energía eólica en Brasil y con varios emprendimientos en Argentina, y requiere de una inversión total de 170 millones de dólares, de los cuales 75% serán cubiertos –de aprobarse el crédito– con financiación del BROU por unos 50 millones de dólares, y del BID por otros 65 millones.

La División Empresas del BROU cuenta con 6 mil clientes, de los cuales 60% corresponden a micro y pequeñas empresas. En 2012 la unidad prestó algo más de 1.000 millones de dólares, el 30% del total de créditos otorgados por el BROU. A raíz del caso puntual de Paylana, la morosidad de la división se sitúa en el entorno del 2%, algo superior a la meta propuesta. ￭

￭ Molinos eólicos en Sierra de los Caracoles, Rocha.

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(...) “En 2011 se otorgaron 3.419 millones de dólares.

El 16% de los créditos está orientado al sector agropecuario, el 30% se destina al sector industrial, el 45% al crédito social y el resto está compuesto por tarjetas de crédito, refinanciaciones, fideicomisos y ese tipo de cosas.”

Microfinanzas Una nueva estrategia de inclusión financiera Su función es promover la inclusión financiera de amplios sectores de la población, mediante la oferta de productos específicos para la microempresa y familias de bajos ingresos, estratos no atendidos por la banca tradicional. Los primeros créditos de República Microfinanzas fueron adjudicados en marzo de 2010 y en la actualidad tiene una cartera de 8 mil clientes. No obstante, el (ambicioso) objetivo para 2012 es alcanzar los 25 mil clientes y tener un volumen de préstamo de 300 millones de pesos.

La gerente comercial de República Microfinanzas, Rosana Fernández, cuenta a Políticas que cuando se inició el proyecto se sabía que los sectores de bajos ingresos accedían a créditos de muy baja calidad. El trabajo se inició en la periferia de la ciudad, promoviendo créditos con tasas, plazos y montos acordes a las posibilidades de la población de más bajos ingresos. La primera reacción de la población era de incredulidad, recuerda Fernández, ante la sorpresa de que el banco se acercara a ofrecer créditos en los barrios.

Una de las peculiaridades más salientes de los microcréditos reside en la metodología de trabajo. Las características del microempresario determinan que no se pueda aplicar un análisis de balance basado en documentación. Para abordar esta peculiaridad, según Fernández, el personal evalúa de manera detallada el presupuesto de las familias, de forma de conocer cuál es la efectiva capacidad de pago. “Hay toda una evaluación, porque el fin último es que las familias mejoren sus ingresos y sus condiciones de vida”, añade.

Hasta el momento los ratios de mora son muy bajos, alcanzan el 1%, si la mora se mide a partir de los 60 días de atraso.

Cubrir con esa modalidad de créditos todo el territorio del país se ha convertido en otro de los desafíos del banco. En la actualidad el emprendimiento llega a Montevideo, Canelones, San José y Florida, y se aplican programas piloto en varios lugares del Interior. “La estrategia es trabajar en forma coordinada con las direcciones de desarrollo de los gobiernos departamentales”, afirma Fernández.

República Microfinanzas también desarrolla otras líneas de trabajo. Tiene, por ejemplo, un call center donde atiende otros servicios del BROU y desarrolla actividades a favor de la bancarización. “Estamos tratando de posicionar la modalidad débito en el uso de la tarjeta RedBrou, mediante promociones como el ingreso a espectáculos públicos, caso del Carnaval”, señala Gladys Marrero, gerente del Centro de Servicios. ￭

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Radiografía del República

División Agropecuaria La importancia de evaluar el riesgo En plena crisis de 2002 el BROU tenía un fuerte posicionamiento en el sector agropecuario, aunque la cartera no era del todo saludable. Había concedido créditos por 1.000 millones de dólares, distribuidos entre más de 15 mil clientes. Meses después, la cartera de créditos descendió abruptamente a 200 millones de dólares, las deudas pasaron a ser gestionadas por República AFISA y muchos productores se reconvirtieron o abandonaron su actividad.

Transcurridos apenas diez años de aquella debacle, el contexto general del país –y de la actividad del campo en particular– es muy otro: la producción agropecuaria atraviesa un período de crecimiento en todos sus rubros, impulsada por el aumento de los precios internacionales de los alimentos, por una creciente profesionalización en la gestión de los empresarios y por los buenos resultados de la economía en su conjunto.

El panorama para el BROU, por ende, también es distinto en ese campo: en enero de 2012 su División Agropecuaria registró 6.311 clientes –un 44% de los cuales tienen saldos inferiores a los 15 mil dólares–, con una cartera de créditos superior a los 600 millones de dólares.

“La ecuación empezó a cambiar sustancialmente desde 2005 y hoy tenemos una morosidad menor al 1%”, detalla a Políticas Silvia Garbarino, gerente de Apoyo Comercial de la División Agropecuaria. Y agrega un dato revelador: “Antes no se evaluaban adecuadamente los riesgos y se otorgaban créditos de acuerdo a la cantidad de hectáreas, independientemente de la productividad y el comportamiento crediticio del productor”. La situación en ese terreno, según la jerarca, es muy distinta: “En la actualidad se estudia caso a caso cada crédito. Un técnico visita al productor y constata cómo es administrado el emprendimiento; por otro lado, el Ejecutivo lo evalúa desde el punto de vista económico-financiero. No sólo se considera la parte productiva, sino el historial del cliente como pagador en el banco”.

El financiamiento a empresas pioneras Bearing Agro es una empresa que desarrolla proyectos agrícolas (como la producción de maíz, soja, trigo y cebaba) mediante la utilización de tecnología de punta en riego, de forma de incrementar la producción, estabilizar los flujos económicos y reducir considerablemente los riesgos climáticos. Desde 2011 lleva adelante un emprendimiento en Paysandú (ruta 26, quilómetro 56) y otro en Soriano (muy cerca de la ciudad de Mercedes).

Uno de los empresarios, Carlos O’Brian, detalla a Políticas que el modelo productivo presenta un esquema de arrendamiento a largo plazo, de unos siete años. El correcto uso del agua es un aspecto relevante para el desarrollo de cualquier variedad de planta –explica–, y es la clave para optimizar los rendimientos. La tecnología desarrollada en riego, sumada a un correcto uso y cuidado de los suelos, permitió estabilizar e incrementar los flujos, brindándole a la tierra mayor protección en los años difíciles.

El proyecto cuenta con el apoyo del BROU, que financió parte de la inversión en capital de trabajo y la compra e instalación de los equipos de riego. La aprobación del crédito demandó un exhaustivo análisis, debido a que la empresa es pionera en la utilización de estas tecnologías en Uruguay. ￭

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Una política pública llamada Centros MEC

La transformación digital al servicio de la cohesión social

￭ Talleres de danza integradora del grupo Lazos, Cento MEC Cerro Largo

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U n a p o lítica p ú b lica lla m a d a Cen tro s ME C

￭ Centro MEC Salto

Surgidos en 2007, los Centros MEC son una iniciativa del Ministerio de Educación y Cultura que apunta a la cohesión social en pueblos del interior del país por medio del acceso a bienes y servicios culturales, educativos, de divulgación científica, de recreación y de reafirmación de la identidad local.

Con un conjunto de computadoras de uso abierto como llamador, la experiencia, de funcionamiento descentralizado y pensada como complementaria del Plan Ceibal, se extendió en menos de cinco años a 112 de las casi 190 localidades de entre 500 y 5mil habitantes. Entre otras cosas, los Centros MEC han servido como plataforma para la “alfabetización digital” de unas 30 milpersonas.

Julio César anda por los 90 años y vive en un refugio para ancianos en Río Branco. En noviembre de 2008 aprendió a usar la computadora en el Centro MEC de Castillos, donde residía, para comunicarse con su hijo que trabaja fuera del país. Agilizó sus dedos por un tiempo en un teclado que encontró tirado en la calle, y hoy todavía está en contacto con sus docentes de Rocha, y con su hijo.

Al pueblo Quintana la electricidad llegó en octubre de 2010. Dos semanas después, los habitantes de esta villa de 250 personas, ubicada 180 kilómetros al este de la ciudad de Salto, pudieron ver la película uruguaya Miss Tacuarembó sentados en los bancos de la escuela.

Laura, una alumna de la escuela pública de Cebollatí, conoció el mar cuando viajó con sus compañeros para mostrar el producto de una cacería fotográfica sobre fauna y flora de su departamento. Fotoclub y la Facultad de Ciencias dictaron talleres sobre fotografía y método científico a los niños, y las fotos se expusieron en el Simposio Internacional Darwin 200, en Punta del Este, ante investigadores de una docena de países.

Tal vez estos tres episodios sirvan para ilustrar una política pública que nació en el gobierno de Tabaré Vázquez y que ha seguido creciendo desde 2007 bajo la conducción de tres ministros: Jorge Brovetto, María Simon y Ricardo Ehrlich. Los Centros MEC son hoy una red de 112 casas del Ministerio de Educación y Cultura, en alianza con ANTEL y las intendencias departamentales.

Con 225 docentes de alfabetización digital nacidos en los pueblos donde enseñan, 37 coordinadores departamentales y un equipo central de 16 personas, el impacto de su trabajo se empieza a notar más allá de los pueblos.

Al tratarse de una política social, con implante territorial y funcionamiento descentralizado, se convirtió en una novedad para el MEC, que tradicionalmente había actuado desde sus sedes en la Ciudad Vieja y el Centro de Montevideo. La propuesta del entonces ministro Jorge Brovetto fue crear un proyecto que se encargase de llevar las políticas del MEC en cultura, educación, derechos humanos y ciencia y tecnología a pequeñas localidades que difícilmente accedieran a ellas de otra forma. El punto visible de

Con la incorporación de talleres para el uso de XO por parte de madres y padres, la balanza terminó de inclinarse en términos de género: de los 30 mil alfabetizados de estos cinco años, un 75 por ciento son mujeres cuyas edades oscilan entre los 45 y 65 años.

aquel Proyecto Centros MEC sería el trabajo con computadoras, y su uso abierto se convertiría en un llamador para otras actividades como talleres, charlas y exposiciones.

Una política pública “complementaria” El Proyecto Centros MEC surgió con fondos presupuestales propios y con una duración prevista de tres años. Fue concebido para obrar a favor de la cohesión social en pequeñas localidades a partir del acceso a bienes y servicios culturales, educativos, de divulgación científica, de recreación y de reafirmación de la identidad local.

La cohesión debía lograrse a través de la inclusión de personas que carecían de ámbitos de sociabilidad, permitiendo el encuentro de gente de diversos orígenes. Los talleres de alfabetización digital lograron un gran éxito en el primer año de trabajo, cuando apenas se tenía presencia en cuatro departamentos (Florida, Paysandú, Durazno y Treinta y Tres). El potencial integrador de las tecnologías de la información y la comunicación es enorme: quien aprende a usar una computadora (o un celular) pasa a integrarse al mundo de los que usan esos aparatos, a quienes los usan para comunicarse, entretenerse, informarse, educarse.

En simultáneo con los Centros MEC se lanzó el Plan Ceibal, que dio a los niños de la escuela pública uruguaya el orgullo y el placer de ser los primeros en tener una computadora personal para uso educativo y recreativo de forma universal. El Ceibal eliminó en pocos años la brecha digital que cortaba el territorio, el género y los niveles de ingreso entre los que disponían de medios para acceder y disfrutar de Internet y quienes no. Niños pobres y no pobres, del campo y de la ciudad, varones y mujeres, dispusieron de su XO para estudiar y llevarse a su casa.

Pero la brecha digital se refugió en el corte de edad: era evidente que en el correr de pocos años no quedarían niños digitalmente analfabetos. Por eso se hizo imprescindible apuntar a los veteranos, a todos aquellos que pensaban que eso de las computadoras era “cosa para la gente joven”. Con la incorporación de talleres para el uso de XO por parte de madres y padres, la balanza

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￭ Centro MEC Flores

￭ Murga Las del Chacho, Centro MEC Minas, Lavalleja

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Para este tipo de tarea, que oscila entre la gestión cultural, la promoción social y la articulación interinstitucional, es muy importante que el contrato sea a rendimiento. Esto quiere decir que si la calidad o el entusiasmo por el trabajo decae, que haya una oportunidad concursal para renovar el plantel.

U n a p o lítica p ú b lica lla m a d a Cen tro s ME C

terminó de inclinarse en términos de género: de los 30 mil alfabetizados de estos cinco años, un 75 por ciento son mujeres cuyas edades oscilan entre los 45 y 65 años.

En términos generales, el Plan Nacional de Alfabetización Digital de Centros MEC se planteó como una política complementaria del Plan Ceibal, que trabajara con el público no incluido en él. Respecto a los temas de gobierno electrónico, que tuvieron un fuerte despegue por esos mismos años, el proyecto se definió como un engranaje que serviría para “educar la demanda” de esos servicios, enseñando a la gente a usar las páginas de las intendencias y del gobierno central, a hacer trámites e incluso a apoyar la confianza de los nuevos usuarios en las formas de pago electrónicas.

La otra pata de la búsqueda de la cohesión social se hizo a través de actividades educativas y culturales. Tras el segundo año de trabajo, los responsables del proyecto concluyeron que los procesos en los que la gente hiciera aprendizajes o tuviera experiencias con otros eran mucho más eficientes para lograr aquel objetivo.

De todas maneras, una serie de adelantos técnicos y la accesibilidad de su costo permitieron en el correr de los años llevar espectáculos con pantallas gigantes a pueblos y ciudades sin salas de cine, disfrutar de funciones de un planetario móvil y presentar exposiciones de divulgación científica, fotografía y artes plásticas en localidades donde todo sucedía por primera vez. La suma de estas actividades y la presencia constante de los coordinadores departamentales en los pueblos permitió que el Estado llegara con una figura más, diferente a la de la escuela y la comisaría.

Una figura que, si bien había sido elegida por llamado abierto para un cargo público, era capaz de responder a los desafíos que planteaban localidades habituadas al olvido y la desidia del propio Estado.

En el territorio los coordinadores de los Centros MEC fueron sumando fuerzas con las intendencias, con sus pares del MIDES, con las Mesas de Desarrollo Rural, con Uruguay Integra y los Centros de Atención Ciudadana (CAC) de la OPP, etcétera. Esas alianzas también permitieron que muchas iniciativas inalcanzables para una sola entidad fueran posibles con el aporte de varias.

Una estructura para una función La dirección del proyecto hizo recaer la toma de decisiones en aquellos que se encontraban con “las manos en la masa”.

Este respeto a las decisiones descentralizadas ha llevado a una creciente profesionalización de quienes están en el territorio y a un aumento de las responsabilidades, no sólo a nivel de la programación cultural y educativa sino también en la gestión económica y en las decisiones sobre cambios en los centros. En 2007 el director de los Centros MEC, Roberto Elissalde, el subdirector Andrés Recalde (ambos cargos políticos) y Karina Acosta, directora de Alfabetización Digital (cargo por concurso), establecieron una metodología de trabajo en la que la mayor parte de las decisiones se tomaban de común acuerdo. Una vez que los coordinadores entendieron que la descentralización de las decisiones iba en serio, que la posibilidad de hacer cambios de acuerdo a las necesidades del momento era real, la relación se solidificó.

El cambio entre lo que era el proyecto en el papel y lo que imponía la realidad también fue rápido. Lo que en un principio se centró en las computadoras y los espectáculos artísticos hoy es el trabajo de equipos que desarrollan proyectos locales en los que se utilizan las tecnologías de la información.

Algo de historia, continuidad y cambio El presupuesto total anual para los tres años (incluyendo horas docentes, funcionamiento y salarios) era de 11 millones de pesos, y las primeras semanas sólo trabajaban los dos integrantes originales de la dirección. Se hizo una selección para el área de alfabetización digital y después el primer llamado público a coordinadores y docentes en Florida.

El primer Centro MEC fue inaugurado el 15 de mayo de 2007 en la ciudad de Florida. Siguieron los de Chamizo, Fray Marcos, Cerro Colorado y 25 de Agosto. Los primeros coordinadores ayudaron a entender qué cosas podían hacerse en esos pueblos y qué cosas no. La mayor parte de los experimentos ensayados en Florida fueron probándose en los otros departamentos.

De los más de 270 funcionarios de los Centros MEC, sólo 15 viven en Montevideo. Dicho de otra manera: más del 90 por ciento residen en el Interior. Los gastos de funcionamiento están más repartidos, pero la presencia permanente de compras en los departamentos ha alentado a muchos empresarios a hacerse proveedores del Estado y participar en las convocatorias a precios y licitaciones.

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￭ Centro MEC Salto

La llegada de María Simon al MEC le dio un nuevo impulso al proyecto, que abrió su centro número 90 (meta establecida originalmente) en setiembre de 2009, en Villa Soriano. La designación de Ricardo Ehrlich como ministro de Educación y Cultura implicó el pasaje del proyecto a la Dirección del ministerio, concretada en la ley de presupuesto 18.719. El ministro propuso que los Centros MEC se expandieran a todas las localidades de entre 500 y 5 mil habitantes (alrededor de 190), para cubrir un rango objetivo y focalizar el esfuerzo. La Dirección cuenta hoy con unos 19 millones de pesos para horas docentes, 29 millones para gastos de funcionamiento, 2,5 millones para inversiones, y la masa salarial tiene asignados algo más de 18 millones.

Trabajo a rendimiento La situación contractual de la actual Dirección de Centros MEC es atípica. Con apenas cinco funcionarios presupuestados de diverso origen, la estructura se sustenta en contratos de transición (ex cachet) para coordinadores y equipo técnico central, y horas docentes para los alfabetizadores.

Según el director Elissalde, “para este tipo de tarea, que oscila entre la gestión cultural, la promoción social y la articulación interinstitucional, es muy importante que el contrato sea a rendimiento. Esto quiere decir que si la calidad o el entusiasmo por el trabajo decae, que haya una oportunidad concursal para renovar el plantel.

El tipo de población con el que trabajamos necesita vínculos estables y duraderos con el Estado y sus representantes, pero permitir la burocratización de una estructura como esta es el comienzo del fin”.

Los contratados que hoy están en los cargos de coordinadores departamentales deberán concursar para mantenerse en ellos en el primer semestre de este año, mientras que entre los docentes, a pesar de que hay un excelente porcentaje de permanencia, las bajas y los

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nuevos llamados se hacen en cualquier momento del año, cuando hay necesidad.

Una política redistributiva De los más de 270 funcionarios de los Centros MEC, sólo 15 viven en Montevideo. Dicho de otra manera: más del 90 por ciento residen en el Interior. Los gastos de funcionamiento están más repartidos, pero la presencia permanente de compras en los departamentos ha alentado a muchos empresarios a hacerse proveedores del Estado y participar en las convocatorias a precios y licitaciones. El área administrativa de los Centros MEC elaboró un manual con instrucciones para hacer ese trámite y se ha puesto a las órdenes de los proveedores para terminar su gestión (que sólo se hace en Montevideo) ante la DGI. En lo que respecta a las contrataciones artísticas, también hay una tendencia a tomar en cuenta los valores locales. En los primeros tiempos, todos los pueblos reclaman ver a los grandes nombres, mayoritariamente capitalinos.

Pero después del primer año las contrataciones se vuelcan a artistas locales o regionales, que participan del gusto o estilo de esos habitantes. Fleteros, transportistas, empresas de audio y luces y otros han empezado a mantener todos sus papeles al día y participar de las compras, no sólo para el MEC sino también para otros ministerios.

Pero no todo son rosas. La absoluta mayoría de las exigencias burocráticas están pensadas para artistas y proveedores que viven en Montevideo (incluyendo trámites presenciales), con requerimientos difíciles de asumir en lugares alejados. La exigencia de un currículo previo a la contratación de un artista es a todas luces correcta y bienintencionada, pero pedirle a un domador y buen guitarrero de Tupambaé que presente su currículo antes de ser contratado por el MEC es problemático. También en estos detalles se ha tenido que trabajar, ayudando a los artistas a formalizar su tarea y a cobrar por ella en forma razonable.

Todavía falta un trecho a recorrer. ￭

U n a p o lítica p ú b lica lla m a d a Cen tro s ME C

￭ Madres S.O.S. De Aldeas infantiles reciben los certificados de Plan Nacional de Alfabetización Digital de Centros MEC, Florida

Un pueblo al Solís En 2010 se puso en marcha una movida que resume gran parte de los objetivos de esta experiencia: la concurrencia al teatro Solís de habitantes de localidades donde funcionan centros MEC para asistir a obras en cartel. En colaboración con la Dirección de Cultura y el propio teatro, y con el apoyo de empresas públicas y privadas (ANCAP, Banco Santander, Saman, Zamin Ferrous) que costearon los traslados, en los dos años de funcionamiento del proyecto unas 3 mil personas viajaron desde pueblos como Colonia Lavalleja (Salto), Tomás Gomensoro (Artigas), Las Palmas (Durazno) y Pirarajá (Lavalleja). Buena parte de ellas iba por primera vez a Montevideo (en los sorteos quienes no conocían la capital tenían preferencia). La presencia de los coordinadores departamentales en el viaje, y de los funcionarios del Solís en la sala, fue clave para que todos sintieran que la política había sido pensada para que ellos se sintieran como invitados de honor.

Los que venían de localidades cercanas recibían una merienda al llegar, una visita guiada por todo el teatro y una cena. Para quienes viajaban de más lejos, se incluía además una noche de hotel y una visita guiada por Montevideo, recorriendo el Estadio Centenario, el Palacio Legislativo, el Aeropuerto de Carrasco, la rambla y otros paseos típicos.

El momento culminante de estas actividades fueron las venidas desde “el pueblo grande”, como lo llamaban los organizadores. En 2010 fue el pueblo floridense 25 de Agosto y en 2011 Ituzaingó, en San José, que embarcados en un tren de AFE llegaron hasta el Solís para ver El enfermo imaginario, de Molière, los primeros, y la ópera El inspector, de Gogol, los segundos.

La preparación para el viaje incluye charlas, búsqueda de información sobre el Solís y la obra que se va a ver, y orientación a quienes lo precisen sobre “cómo” se hacen las cosas en un teatro (desde la vestimenta hasta las ubicaciones numeradas). Después viene la selección por sorteo de la gente y el armado de los grupos; y en el caso de que haya noche de hotel, el armado de grupos por familia o afinidad y la planificación del recorrido por la ciudad. ￭

￭ Un pueblo al Solís

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Un recorrido por el interior profundo

Zurcidores

Así describen su tarea los coordinadores de los Centros MEC de Salto, María de los Ángeles Machado y Marcelo Rodríguez. Aluden de esa manera al cotidiano y minucioso esfuerzo de coordinación entre las varias instituciones que posibilitan la intervención en el territorio. Sin embargo, al ver lo que hacen y sus logros, resulta inevitable extender el sentido de la metáfora y pensar que además zurcen tejido social. Zurcir es recomponer lo roto y esto es precisamente lo que logran los Centros MEC: ayudan a recomponer el tejido social roto desde hace décadas.

En junio de 2012 se cumplen cuatro años de la instalación en Salto del primer Centro MEC, en Villa Constitución, a 45 kilómetros de la capital departamental. El primero de los ocho actualmente existentes (seis rurales y dos urbanos que cubren todo el territorio). Cuatro años es casi nada para los cambios culturales, pero suficiente para advertir rumbos claros y auspiciosos impactos locales.

Salto es uno de los departamentos con mayor concentración urbana y extensión territorial. Su población rural, además de escasa, está dispersa, por lo que no sorprende que haya habido –históricamente– condiciones poco propicias para la difusión de hábitos de participación en su población rural. Sin embargo, una de las notas más relevantes que informan los coordinadores de los Centros MEC es un creciente nivel de involucramiento social en el interior departamental. Por eso, y en referencia a los Centros MEC rurales, la pregunta se imponía: ¿cómo se logra que la gente se reúna, proponga talleres, asista a eventos artísticos, aprenda informática y evalúe grupalmente lo realizado, cuando cuenta con escasa tradición de participación colectiva y estuvo siempre constreñida a priorizar la solución de condiciones materiales básicas de su vida (electricidad, agua potable, salud, escuela)?

“Escuchar en serio. Esa es la clave del proceso y, por ende, lo más difícil –responden–. Hemos manejado varias estrategias diferentes, pero el secreto está en escuchar a la gente. La gente nos ve haciendo de todo, llegando temprano y regresando a la ciudad sin hora, logrando cercanía y venciendo las viejas desconfianzas.

La gente estaba cansada de que no se la tuviera en cuenta salvo para cursos vinculados a la capacitación laboral.”

“Cuando comenzamos a trabajar como equipo –continúan– definimos con claridad que nuestro estilo inicial sería de acercamiento, sabiendo que no eran convenientes los programas cerrados y verticalistas. Y nos dio resultado. Pero además, a medida que marchábamos fuimos reafirmando el cuidado de vencer nuestros propios prejuicios. En esa dinámica de ensayo y error nos pasó que, por ejemplo, comenzábamos con talleres de danza folclórica y en la tercera sesión las personas nos decían que en realidad querían danza árabe. La necesidad era esa. O como en pueblo Belén, donde nos piden capoeira, o circo y acrobacia

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con tela en poblaciones pequeñas. Con esto queremos decir que los gestores debemos estar atentos a no prejuzgar necesidades o prioridades de la comunidad, sobre todo cuando nuestra propia mirada es urbana.”

5.300 personas En Salto, desde 2008 hasta 2011, fueron más de 5.300 las personas que asistieron y aprobaron los cursos de alfabetización digital, vocación originaria del programa. Según las cifras del último año, ocho de cada diez cursillistas viven en el medio rural, por lo que no resulta difícil comprender que las personas terminen encontrando mucho más que el aprendizaje de un conocimiento concreto. La propia dinámica grupal o la edad de la mayoría de los concurrentes facilita procesos de integración social, al punto de que una vez que terminan el taller suelen pedir continuar conectados a otras actividades del Centro.

Pero la gama de servicios se fue ampliando. Estimaciones primarias indican que desde comienzos de la experiencia en 2008 son más de 70 mil los partícipes en las diferentes propuestas presentadas en los ocho Centros MEC en Salto. Artistas como Graciela Figueroa en danza, Martín Buscaglia en música o equipos prestigiosos de teatro, por ejemplo, hicieron talleres de capacitación con docentes locales.

En el interior del departamento, en esas pequeñas poblaciones rurales, ahora se ve cine nacional. Un monitor de plasma más conexión a Internet permitió hace unos años que en Pueblo Fernández –un poblado de 300 personas a 200 kilómetros de la capital departamental– productores de la zona se sorprendieran participando en tiempo real de un remate virtual que se realizaba en Montevideo. La conectividad permitió que unos chicos de un pequeño centro poblado, vía Skype, retomaran contacto con su padre, residente en el extranjero desde hace muchos años, restableciendo hoy la relación presencial. Una pequeña modista en Belén utiliza la conectividad para obtener moldes y potenciar así su emprendimiento, y la lista podría seguir… como símbolo de una grata excusa al servicio de la integración social. ￭

U n a p o lítica p ú b lica lla m a d a Cen tro s ME C

￭ Primera función de cine en el pueblo Quintana luego de que llegó la electricidad al pueblo. Se proyectó la película uruguaya “El baño del Papa”

Actividades descentralizadas Cantidad de actividades de circulación de bienes culturales y educativos 2007-2011 (sin alfabetización digital) Costo promedio de estas actividades Cantidad de actividades en promedio por mes por Centro Cantidad de artistas, talleristas y espectáculos contratados

5.676 $4.300 4 3.787

Total de personas que participaron en las actividades

729.007

Total de población de las localidades y ciudades donde están instalados los Centros (Censo 2004)

964.080

Porcentaje de población abarcada que participó de las actividades

75%

Tres de cada cuatro habitantes de las localidades o ciudades donde estamos participaron de alguna actividad de los Centros MEC

Alfabetización digital Cantidad de docentes

220

Cantidad de horas docentes

19.968

Cantidad de participantes en los talleres de alfabetización digital

36.370

Porcentaje de mujeres participantes de los talleres Proyectos locales de inclusión social con uso de las TIC

75% 45 25

˝el seguidor˝

La OPP y sus prioridades

Una civilizada revolución en la pr La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) está reestructurando su operativa con el fin de intervenir de manera concertada y planificada sobre el territorio. En esa perspectiva definió cuatro objetivos centrales para el 2012: el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el Fondo para el Desarrollo (Fondes), un Sistema de Evaluación de las políticas públicas, y fundamentalmente Uruguay Crece Contigo, creado para dar protección integral a decenas de miles de niños menores de cuatro años y a las mujeres embarazadas de los sectores más vulnerables, y pensado como uno de los programas prioritarios de sus proyectos de intervención territorial integral. El economista Gabriel Frugoni, director de la OPP, explicó a Políticas los alcances y proyecciones de estos planes.

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La OPP y sus prioridades

rimera infancia A partir de este año, dijo Gabriel Frugoni a Políticas, la OPP “se constituirá como la ventanilla única por donde ingresen los proyectos de inversión de algunos ministerios”. La totalidad de ellos deberían estar completados hacia 2014, a fin de que “la próxima ley de presupuesto disponga de una herramienta para elegir los proyectos que tienen para el Estado un mayor valor agregado”. Se continuará luego por los gobiernos departamentales y en una tercera instancia por las empresas públicas. El Sistema Nacional de Inversión Pública marcará el rumbo de un nuevo esquema de evaluación e implementación de las inversiones estatales más allá del aspecto meramente financiero, poniendo especial énfasis en su carácter social, un parámetro en función del cual serán calificados. Luego, el Gabinete Productivo fijará las prioridades. Hasta el momento, una veintena de técnicos fueron especialmente preparados en el marco del SNIP, para llevar adelante las experiencias piloto en los ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Salud Pública, Transporte y Obras Públicas, y Educación y Cultura.

Otra de las iniciativas citadas como prioritarias por Frugoni apunta a la creación del Fondo para el Desarrollo (Fondes), que atenderá aquellos proyectos que se identifiquen como viables, dándole prioridad a los autogestionados por los trabajadores, tanto en el trabajo como en la dirección. El Fondes, cuyo lanzamiento está previsto para abril, se conforma con la suma generada por hasta el 30 por ciento de las ganancias que obtuvo el Banco República en 2010.

Para ello se cuenta con cuatro subfondos: el Fondat, no reembolsable y destinado a aportar una primera asistencia técnica que luego continúa con una evaluación más exigente de cada proyecto; el fongar, para garantizar algunos créditos, abaratando así el costo de los mismos por el menor riesgo que ello implica para las empresas financieras; el Foncar, una aplicación en capital semilla o capital de riesgo; y el Fonfi, fondo de financiamiento también destinado a desarrollar industrias autogestionadas que no logren ser bancarizables en el mercado formal.

“La tercera pata es el sistema de evaluación”, puntualizó el director de la OPP al referirse al Programa de Evaluación de las políticas públicas. “Hay muchos temas compartidos desde diferentes ángulos en distintos ministerios, donde cada uno tiene su cuota parte, y se necesita un monitoreo, un indicador y una evaluación para saber

en qué estamos acertando o errando en las políticas que elegimos implementar”, señaló el jerarca.

Con es fin se desarrollarán evaluaciones rápidas denominadas DID (Diseño, Implementación y Desempeño), que comenzarán por medir la adecuación del diseño o si puede existir algún problema en la implementación o en el desempeño de los proyectos. Estas evaluaciones están ya en aplicación en algunas áreas priorizadas en el presupuesto, como seguridad (Patronato de Cárceles) y vivienda (Mevir), mientras se proyecta la puesta en marcha de otras diez evaluaciones para este año.

Uruguay Crece Contigo “En el asunto de la primera infancia lo que se necesita no son palabras sabias sino una revolución. Una civilizada revolución, tan civilizada que no se griten consignas sino conceptos. Y tan civilizada que lo único que salga abollado sea la indiferencia. ¡Pero hagamos ruido! ¡Por favor, que haya ruido! ¡Así de fuerte! Siento la necesidad de que el país entero abra una carpeta rotulada ‘primera infancia’, con tinta roja. Y que después se dedique a informarse, a reflexionar y a actuar”. Con esas palabras * el presidente José Mujica destacó hace algunos meses la permanencia de un déficit mayor en el Uruguay de hoy: la situación de extrema vulnerabilidad desde una perspectiva alimentaria y de desarrollo humano integral en que se encuentran decenas de miles de niños menores de cuatro años de los sectores más desfavorecidos del país.

“Ahora sabemos que en la primera infancia se juega un partido mucho más importante de lo que pensábamos, con consecuencias sobre la calidad de vida de la gente, sobre las capacidades productivas de la sociedad y sobre sus posibilidades de vivir en armonía. Si es así, quedan cuestionados muchos queridos paradigmas. ¡Y cómo duele el cuestionamiento de los paradigmas! Pero no nos queda otra que mirar la realidad a los ojos y multiplicar nuestros esfuerzos”, agregaba entonces Mujica.

La realidad a que hacía referencia el presidente es que, aun hoy y pese a los sucesivos avances en los últimos siete años, en Uruguay la pobreza infantil en menores de tres años alcanza el 34%, el 24,7% de los embarazos están mal controlados, hay un 12% de

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prematurez evitable, un 2,6% de los niños nacen con sífilis, un 31,5% con anemia y casi un 11% de los menores de 24 meses presentan retraso en peso y talla. Otro dato sumamente preocupante: el 60 por ciento de la mortalidad pos neonatal es producida en los hogares, derivada en la gran mayoría de los casos de infecciones respiratorias evitables **.

Para intentar corregir ese cuadro es que el gobierno decidió poner en práctica el programa Uruguay Crece Contigo (UCC), que apunta a construir un Sistema de Protección Integral a la Primera Infancia con el fin de garantizar el desarrollo integral de los niños y las niñas y sus familias, comenzando por la protección a la mujer embarazada, y desde una perspectiva de derechos, equidad, igualdad de género, justicia social y desarrollo humano.

El programa, que contará con entre 17 y 18 millones de dólares para lo que resta del período de gobierno, se inspira en experiencias similares realizadas en otros países de América Latina y aquí ya fue puesto en práctica a nivel local en el departamento de Canelones (véase recuadro). Entre 25 y 30 mil familias que viven en contextos críticos recibirán asistencia y seguimiento en el marco del UCC. Uruguay Crece Contigo se convertirá, según Frugoni, en una de las principales prioridades políticas en materia de planificación territorial del gobierno, para lo cual la OPP articulará y generará líneas de acción transversales con un conjunto de instituciones del Estado, haciendo foco en la primera infancia de manera universal, pero comenzando por las franjas más críticas del área metropolitana (Montevideo, Canelones, San José) y el norte del país. Se tomarán en ese sentido como referencia las regiones que Presidencia, OPP y el Congreso Nacional de Intendentes vienen estableciendo para trabajar otra serie de temáticas.

Una de las características innovadoras de Uruguay Crece Contigo refiere a la política de cercanía que será aplicada, ya que se reconoce que existe un núcleo muy duro vinculado a la pobreza y a la marginalidad que sólo puede ser integrado a una política general si “se va a domicilio” y se trabaja sistemáticamente y con continuidad con cada familia. En ese segmento de población se detectan los problemas más graves, que no son captados por las

estructuras actuales del Estado. Enfermedades como las cardiovasculares, la diabetes o la obesidad son prevenibles si tempranamente se encuentran los complementos alimenticios, los cuidados y la atención necesarios, vinculados además a las condiciones del hábitat, del ambiente y del entorno afectivo.

En el caso de las mujeres embarazadas se priorizará la atención de aquellas que tengan una edad menor a los veinte años al inicio del embarazo, que presenten anemia y bajo peso o que vivan en un entorno de violencia doméstica. Pero más allá de la aplicación de este programa hay ciertas características del mismo que quedarán instaladas, como por ejemplo el complemento en hierro a los niños a través del mutualismo y de Salud Pública.

Aunque se ha avanzado mucho en materia de cobertura social desde 2005, en Presidencia de la República se vio la necesidad de dar un salto cualitativo en este aspecto, reconociendo que aún no se ha llevado adelante un trabajo eficaz sobre esta franja de la población. Por ello, la dirección política de Uruguay Crece Contigo residirá en la OPP y en Presidencia, junto al MSP y al MIDES. Actualmente se está conformando la unidad técnico-operativa del programa desde una perspectiva interdisciplinaria e interinstitucional, con la participación de estas últimas instituciones.

Uruguay Crece Contigo, de todos modos, no se trata de un programa que llegue para quedarse en la OPP. Es un programa que llegó allí para ser puesto en la agenda, para construir ciertas políticas transversales con sostenibilidad y para que después sea administrado por los organismos que tienen los cometidos institucionales de dar respuesta a este tema, es decir el MIDES, ASSE y los gobiernos departamentales. *Intervención del presidente José Mujica en oportunidad de la conferencia que brindó la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet sobre “Inversión en primera infancia”, organizada por la Presidencia de la República y la Oficina de Unicef en Uruguay el 17 de agosto de 2010 en Montevideo. ￭ ** Según datos de la última encuesta (2010) del MSP/ RUANDI/UNICEF/MIDES.

Canelones Crece Contigo

Una experiencia embrionaria Los resultados obtenidos por el programa Canelones Crece Contigo, pensado como experiencia piloto de políticas integrales sobre la primera infancia en zonas críticas de Canelones (sobre todo las ubicadas en el eje de las rutas 5 y 8), fueron de terminantes en la decisión de extender la iniciativa a escala nacional. Algunos datos proporcionados por el propio programa permiten dar cuenta de aquellos resultados. Del programa participaron 1.376 hogares, 1.447 niños y 313 embarazadas. El 100% de los niños que formaron parte del proyecto y presentaban desnutrición grave, y el 95% de los que tenían desnutrición moderada, mejoraron su situación.

La iniciativa se aplicó durante el 2009 y 2010 (financiada por el programa Uruguay Integra, de OPP), y también brindó apoyo a mujeres embarazadas tanto en salud como en alimentación. Sólo el 12,3% de los hogares que ingresaron al programa recibían la canasta de riesgo nutricional, alcanzando posteriormente el 100% de las familias. Por otro lado, aumentó el nivel de controles de embarazos, de un 64,8% a un 82,8% con 6 o más controles en ese período. Disminuyó a su vez la tasa de prematurez de un 9,2% a un 6,9%, así como el déficit de peso para la talla, que pasó de 4.8% a 0.9%.

En ese lapso, la proporción de niños que asistían a los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) pasó de 34,5% a 60%.

Entre noviembre de 2010 y julio de 2011, se realizó una experiencia piloto de uso de Micronutrientes en Polvo (MNP) en niños de entre 6 y 24 meses de edad, con el objetivo de comparar la eficiencia y aceptabilidad de los MNP (“chispitas nutritivas”) para la prevención y tratamiento de la anemia. Entre los niños que recibieron el MNP, la anemia descendió de un 50% a un 17,6%.

Otro dato relevante: la proporción de hogares con seguridad alimentaria pasó de 22% a 42%. La inseguridad alimentaria grave disminuyó de 23% a 16%, y la inseguridad alimentaria muy grave de 16% a 11%. ￭

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La OPP y sus prioridades

Área de Políticas Territoriales

Otra manera

de planificar el desarrollo Hasta ahora, tanto en el ámbito de la OPP como de la Presidencia de la República existían una serie de programas -algunos centrados en los aspectos productivos, otros en la cohesión social, otros en los desarrollos de infraestructuras de cierto porte, otros vinculados al fortalecimiento de los gobiernos departamentales y municipales - que impactaban en el territorio, pero lo hacían de manera dispersa, con escasa coordinación y estructuración.

La Oficina de Planificación y Presupuesto creó una dependencia, el Área de Políticas Territoriales, que tiene como fin intentar corregir esa situación de dispersión, conjugando planes y proyectos. El gobierno concibe el surgimiento de esa unidad como una de sus mayores innovaciones institucionales en este terreno.

Su idea es que el Estado recupere su capacidad para planificar el desarrollo nacional desde una perspectiva de inclusión social y de equidad y a partir de intervenciones articuladas. Donde esas políticas se juegan es en el territorio, allí donde está la gente, piensan en la OPP. Y para concretarlas, el organismo resolvió crear una serie de instrumentos.

Fondo de Desarrollo del Interior El FDI administra unos 800 millones de pesos anuales, que destina a proyectos de infraestructura y desarrollo en el interior del país. Su contraparte son los gobiernos departamentales, con los que trabaja en cogestión. Ese fondo acumulado se distribuye en base a una paramétrica ya pactada, a través de un monto fijo anual surgido de los aportes de cada Intendencia, excluyendo la de Montevideo. El Área de Políticas Territoriales realiza una evaluación técnica de todos los proyectos que llegan de esas intendencias y en el caso de que esa evaluación sea positiva recomienda su aprobación, pasando luego el expediente a la Comisión Sectorial de Descentralización, presidida por la OPP e integrada por el Congreso de Intendentes y directores generales de los ministerios involucrados en la temática.

Una vez definidos los proyectos a priorizar en cada período, este dinero es devuelto al interior del país en obras de infraestructura urbana, saneamiento, centros culturales, piscinas, proyectos de riego y pequeña caminería interna, entre otros tantos, tras lo cual se efectúa un monitoreo y un cierre técnico.

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Programa de Desarrollo Productivo El Programa de Apoyo al Sector Productivo (PASP) se alimenta con fondos de Rentas Generales y está centrado en el apoyo a la producción y a la electrificación rural. En este período el desafío es llegar con la electrificación al 100% de la población rural. Esta tarea se ejecuta en base a un convenio de cofinanciación con la Asociación de Cultivadores de Arroz -que permite habilitar líneas de alta tensión hacia zonas del interior más profundo-, otro con Mevir, por el cual el Estado coloca líneas de alta tensión y subestaciones, y un tercero con el Instituto de Colonización, para llegar también a las colonias que se están formando o las ya existentes.

Además existe otro emprendimiento para poblados dispersos en el medio rural, a los que se les subvenciona la conexión, en algunos casos hasta en un 100%, según indicación previa del MIDES, y uno destinado a los productores lecheros del norte del país, que involucra también a las intendencias, las cooperativas y las plantas donde se remite leche, para poder asegurar que la calidad del producto permita su exportación.

En esta gestión trabajan en conjunto los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, las intendencias al norte del Río Negro y las plantas procesadoras privadas. Se coordina, además, con la Dirección General de la Granja un proyecto vinculado a la mejora de la calidad en la producción de miel y otro similar con el sector quesero.

Microfinanzas para el Desarrollo Productivo Se trata de un programa acordado con el Banco Interamericano de Desarrollo para la promoción y consolidación del sector microfinanciero. Las micro, pequeñas y medianas empresas nuclean el 78% de la mano de obra ocupada en el Uruguay, pero se trata de un sector con una estructura interna muy diversa, de dificultoso acceso al circuito del crédito por falta de niveles de formalización que le permitan calificar para acceder al mismo.

El programa apunta a constituir fondos de garantía junto con los gobiernos departamentales, para facilitarle ese acceso al microempresario, sobre todo del interior del país, brindándole también capacitación y un seguimiento de los proyectos productivos. Se está trabajando también con el Banco Central en una posible modificación de normativas que hoy excluyen a este sector del microcrédito. El programa cuenta con aproximadamente un millón y medio de dólares anuales y ya se han registrado experiencias exitosas en Rivera, Artigas y Salto.

Apoyo a conglomerados y Clusters El Programa de Apoyo a Conglomerados y Clusters (PACC) también está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y su objetivo es el de consolidar distintas áreas de trabajo o negocio, denominadas clústers. Ya se ha trabajado con los clústers audiovisual (se sumaron luego el editorial y musi-

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cal), de turismo y apícola, entre otros. Este programa se instrumenta mediante un llamado anual a los clústers interesados, aportándoles a los que resultan aprobados una metodología y elementos de gestión y capacitación para asegurar su éxito. El programa está inspirado en la experiencia nacional y en la de países como Brasil, por ejemplo. El PACC financia en parte aspectos del gerenciamiento y capacitación del clúster, así como otros asuntos complementarios, en particular la participación en ferias internacionales.

Programa Uruguay Integra El programa Uruguay Integra se implementa con el respaldo de la Unión Europea, y se ocupa de temas relacionados con la cohesión social en el interior del país. Es un programa que propende al fortalecimiento de la identidad de las redes y actores locales y municipales, pero que también interviene en aspectos productivos puntuales que hacen al desarrollo de la comunidad local. A tal fin se conforman equipos técnicos que se instalan en el territorio para apoyar a grupos ya formados. Se trata de una colaboración técnica y también económica, ya que a veces se financian ferias locales, por ejemplo, con una finalidad productiva. Uruguay Integra comprende el programa Forte, pensado para fortalecer las capacidades locales y especialmente dedicado a la capacitación. En algunos casos se apoya un taller de capacitación a los jóvenes del lugar, se contratan docentes, se los dota de infraestructura, o se realizan actividades con los municipios para fortalecer la capacidad de gestión de los mismos. Si bien se estructura a partir de la realización de llamados y períodos de selección, también cualquier intendencia u organizaciones de la sociedad civil pueden recurrir en cualquier momento a este programa.

Mejora de gestión de los gobiernos subnacionales Anteriormente denominado Unidad de Desarrollo Municipal, el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDG 5) es otro de los programas con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (de 85 millones de dólares a término, en este caso). Una de sus finalidades fundamentales es fortalecer la gestión de los gobiernos departamentales, sobre todo en el manejo de las áreas de recaudación, donde se interviene con actualizaciones catastrales, sistemas de información internos, modelos de gestión, software, etcétera.

Otro de sus objetivos centrales consiste en aportar capacidades sustanciales a la mejora de la gestión de estos gobiernos en cuanto a la unificación de criterios de los sistemas de información. Se accede a este programa a través de proyectos presentados por las intendencias, que son evaluados por la Unidad Técnica, y la distribución de los recursos es muy similar a la del programa del Fondo de Desarrollo del Interior, pero en este caso con financiación del BID, por lo cual los proyectos de infraestructura pueden ser de mayor porte que los que el FDI financia a través de sus fondos. ￭

L a O P P y s u s p ˝el r i oseguidor˝ ridades

[

“Ahora sabemos que en la primera infancia se juega un partido mucho más importante de lo que pensábamos, con consecuencias sobre la calidad de vida de la gente, sobre las capacidades productivas de la sociedad y sobre sus posibilidades de vivir en armonía. Si es así, quedan cuestionados muchos queridos paradigmas. ¡Y cómo duele el cuestionamiento de los paradigmas! Pero no nos queda otra que mirar la realidad a los ojos y multiplicar nuestros esfuerzos.”

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Secr e t a r 铆 a d e Se guimie nto de la C omisi 贸n p a ra l a Pa z

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La reconstrucci贸n de la memoria en obra

El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, está convencido de que parte del aumento en los niveles de conformidad de la ciudadanía con el gobierno –y también de la superación de malestares internos en el Frente Amplio– se debe a la actuación del Poder Ejecutivo en el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura. En diálogo con Políticas, Breccia se refiere a las líneas de trabajo a futuro de la administración de José Mujica, destaca su decisión de reforzar, en recursos y potestades, a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz, afirma que esta medida se reflejará a mediano plazo en el esclarecimiento de más casos de desapariciones en Uruguay, y admite al mismo tiempo que las dificultades para acceder a los archivos de algunas dependencias estatales persisten.

La siguiente cobertura se completa con una serie de entrevistas a integrantes de la Secretaría de Seguimiento.

Fue recién en 2000, 15 años después de reconquistada la democracia, que el Estado uruguayo comenzó a asumir su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, con la creación de la Comisión para la Paz (Comipaz), bajo la presidencia de Jorge Batlle. Su tarea fundamental fue la de recoger testimonios directos e indirectos, trabajo que arrojó una primera aproximación a los hechos con la entrega de un informe final en el que el Estado admitía, por primera vez, haber incurrido en prácticas aberrantes y “terroristas”.

La Comisión representó “un avance significativo con relación a la situación precedente”, en que el Estado había estado absolutamente omiso, dice a Políticas el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, quien resalta la actuación global de la Comisión. “Desde algunos sectores se planteó muy fuertemente que la información que le fue transmitida, y dada por buena por la Comisión, era absolutamente errónea, inválida e intencionadamente dirigida a confundir.

Pero no fue así. Las informaciones proporcionadas en relación con el caso del maestro Julio Castro (cuyos restos fueron hallados en octubre de 2011 e identificados en diciembre del mismo año) eran en un porcentaje altísimo correctas, en cuanto a la forma, lugar y época de detención, el lugar de traslado, su muerte y su enterramiento. No eran reales en cuanto a la ejecución, detalle no menor por supuesto, y en cuanto a la posterior exhumación de sus restos, su cremación y dispersión en el Río de la Plata, pero la información básica sí era correcta.”

Aun así, Breccia reconoce que los informes finales del organismo fueron “controversiales y controvertidos” y que se necesitaba dar “un paso más allá”.

El gobierno de Tabaré Vázquez tomó decisiones en materia de derechos humanos que supusieron “grandes avances”. “Por un lado se habilitaron las investigaciones judiciales. Y un mojón conside-

rable fue la publicación de los informes historiográficos y antropológicos sobre los hallazgos de cuerpos”, dice Breccia.

En 2007, tras el cese en sus funciones de la Comipaz, el gobierno de Vázquez implementó la Secretaría de Seguimiento, para completar los casos dejados pendientes por la Comisión.

Pero durante casi cuatro años la Secretaría funcionó con apenas una secretaria a cargo, la funcionaria de Presidencia Soledad Cibils, y el apoyo de representantes de la sociedad y de algunos ministerios, pero carecía de potestades para, por ejemplo, ordenar nuevas investigaciones. “Cibils había venido cumpliendo, con todas las limitaciones del caso, en forma por demás eficiente con esa tarea”, pero era imprescindible darle mayor relevancia al organismo y seguir avanzando, admite el secretario.

Las primeras señales Fue a principios de 2011 que el gobierno de José Mujica tomó sus primeras decisiones trascendentes en derechos humanos, con la creación de una comisión interministerial para definir las orientaciones generales en esta materia y la renovación del convenio con la Universidad de la República –suscrito en el período de Vázquez– para asegurar la continuidad del trabajo de búsqueda de cuerpos en las instalaciones militares y la investigación histórica. Una veintena larga de profesionales universitarios (la mitad de ellos dedicados a las investigaciones arqueológicas y la otra mitad a la labor historiográfica) pudieron así proseguir con su tarea. El hallazgo de los restos del maestro Julio Castro en el predio del Batallón 14 fue en parte producto del mantenimiento de este esfuerzo.

Y el 31 de agosto el gobierno tomó una decisión que Breccia considera “de la mayor importancia”: la jerarquización

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de la Secretaría de Seguimiento, que fue transformada en una unidad vinculada con la Presidencia a través de la Secretaría de la Presidencia, y dotada de mayores recursos (económicos y humanos). Sobre todo se extendieron sus competencias.

“Fue un vuelco importantísimo –dice Breccia–, sobre todo en las investigaciones. El paso del tiempo, el progresivo afinamiento de los métodos de búsqueda, de cruzamiento de datos, ayudaron, es cierto”, pero lo fundamental en ese sentido fue la voluntad política de dotar de mayores facultades a la Secretaría. “Ahora se está dando la apertura de nuevos archivos, se está continuando con las excavaciones en el Batallón 14 y otros sitios de interés, de forma tal que tengo serias expectativas de que vamos a seguir teniendo noticias importantes en el correr de los próximos meses. Y creo que quizás en este momento la sociedad uruguaya está madura para elaborar la información que pueda ir apareciendo.”

Punto de inflexión El secretario de la Presidencia piensa que “parte del aumento en los niveles de conformidad de la gente con la gestión

“Ahora se está dando la apertura de nuevos archivos, se está continuando con las excavaciones en el Batallón 14 y otros sitios de interés, de forma tal que tengo serias expectativas de que vamos a seguir teniendo noticias importantes en el correr de los próximos meses. Y creo que quizás en este momento la sociedad uruguaya está madura para elaborar la información que pueda ir apareciendo.”

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del gobierno que dejan ver las encuestas de alguna manera es atribuible al mayor énfasis que puso el Poder Ejecutivo, sobre todo en el último año, en la política de derechos humanos”.

Breccia reconoce que había descontento con esa política fundamentalmente dentro del Frente Amplio, pero que esa evaluación se modificó a medida que el tiempo “probó” que el gobierno tenía voluntad firme de avanzar, como también lo demostró la decisión de dar intervención a la justicia en todos los casos de desapariciones que le fueron elevados en el marco de la ley de caducidad.

Sostiene también que hubo sintonía entre la reacción del presidente Mujica tras el hallazgo de los restos del maestro Julio Castro, sobre todo el conocimiento de las circunstancias de su asesinato (una ejecución lisa y llana, tras salvajes torturas), y la reacción de la ciudadanía. “Siento una profunda conmoción”, dijo entonces Mujica. “La conmoción fue general. Estos temas son de una complejidad tal que el estado de ánimo de la gente al respecto varía permanentemente. No sabemos qué pasaría ahora si se hiciera un plebiscito sobre la ley de caducidad, conocida esta circunstancia de la ejecución del maestro Castro”, pero es muy probable que el caso hubiera tenido incidencia, señala Breccia. ￭

S e c r e t a r í a

d e

S e g u i m i e n t o

La responsabilidad del

Estado

El Estado uruguayo se apresta a reconocer públicamente su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura. Políticas se reunió con seis de los siete miembros de la Secretaría de Seguimiento,* en cuyo ámbito se están definiendo los detalles de ese evento, y dialogó con ellos acerca de las diversas líneas de trabajo del organismo, las perspectivas que se abren en materia de búsqueda de restos de desaparecidos y de investigaciones en los archivos de los organismos represivos; también se abordaron las dificultades que continúan existiendo para acceder a la información.

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Banco de datos genéticos En el marco del convenio establecido entre la Secretaría de Seguimiento y el Instituto Nacional de Donación y Trasplantes (INDT) continúa la toma de muestras de sangre a familiares para crear un banco de datos genéticos de uruguayos detenidosdesaparecidos entre 1971 y 1985. Los interesados deben concurrir al INDT, ubicado en el piso 4 del Hospital de Clínicas, de lunes a jueves entre las 13 y las 15.30 horas, coordinando previamente día y hora por los teléfonos 24872815 o 24879111.

“Ojalá pudiéramos devolverles a todos los familiares los restos de sus seres queridos, pero si podemos construir una historia que sea más fiel a los hechos estaríamos también cumpliendo con la misión del Estado.

Saber qué pasó también es resarcir.”

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El 21 de marzo el Estado uruguayo realizará un acto público en el que reconocerá su responsabilidad por los hechos ocurridos durante la dictadura y se procederá a la entrega del edificio del Centro de Altos Estudios Nacionales (CALEN) al Instituto de Derechos Humanos.

Las características del acto están siendo debatidas por la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz y la Comisión Interministerial encargada de fijar la política del gobierno en materia de derechos humanos. Graciela Jorge, coordinadora de ambos organismos, explica a Políticas que ese acto se inscribe en el marco del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la cual el Estado uruguayo fue condenado en relación con el caso de la desaparición de la ciudadana argentina María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman. “Estamos trabajando en el cumplimiento global de esa sentencia y en la reformulación de la Secretaría de Seguimiento, definiendo las políticas tendientes a esclarecer las desapariciones forzadas y también los asesinatos políticos ocurridos durante la dictadura. Por otra parte, estamos coordinando con diferentes organismos nacionales e internacionales”, señala. “Además estamos organizando un banco de datos genético [véase recuadro] y encaramos una fluida relación con el Poder Judicial, al cual le transmitimos los datos que hemos podido recabar, ya que nuestra labor consiste en relacionar y examinar informaciones y testimonios y verificar en lo posible que sean creíbles. Luego es la justicia la que decide.”

Eduardo Pirotto repara a su vez en el trabajo efectuado, desde el arribo al gobierno de Tabaré Vázquez, en los archivos encontrados tanto en el Ministerio de Defensa como en el del Interior. “Fue mucho más generoso el del Interior que el de Defensa, que ha puesto obstáculos para acceder a esos archivos”, sostiene el delegado de los organismos de la sociedad civil. Álvaro Rico confirma esas dificultades. “Pudimos acceder a los documentos del CALEN, al archivo de historias clínicas del Hospital Militar y a los del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y del Servicio de Inteligencia de Defensa (SID), pero a otros organismos del Ministerio de Defensa que también disponen de archivos no nos fue posible ingresar”, destaca el decano de Ciencias Sociales.

Consultado sobre este punto, Alberto Breccia admitió a Políticas que “si bien a nivel de las máximas autoridades del Ministerio de Defensa la actitud de colaboración ha sido absoluta, no extrañaría que el acceso a archivos que estaban bajo la custodia de quienes en su momento tuvieron una responsabilidad fundamental en la tarea de represión fueran los de más difícil acceso, porque los mandos de la época se debían cuidar bastante de borrar lo más posible los rastros de su intervención”.

La Secretaría de Seguimiento está procurando por otra parte avanzar en la identificación de algunos restos –presumiblemente de detenidos-desaparecidos– encontrados hace años, por ejemplo los ocho cuerpos aparecidos en las costas de Colonia y otros hallados en Rocha. Para ello mantiene una estrecha cooperación con la Secretaría de Derechos Humanos y el Equipo de Antropología Forense de Argentina, país donde han sido a su vez identificados unos 15 cuerpos de uruguayos desaparecidos allí.

Pirotto destaca por otra parte que el organismo ha sido contactado por numerosos jóvenes treintañeros que saben que son adoptados y sospechan que pueden ser hijos de desaparecidos. “Estamos intentando armar una coordinación institucional a los efectos de atender estos casos”, agrega.

Búsquedas Las excavaciones en las dependencias militares proseguirán este año. El trabajo del equipo de antropólogos y arqueólogos uruguayos, dice su coordinador, José López Mazz, “comprende el chequeo de la veracidad de cada testimonio. Ha mejorado y se ha incrementado la calidad de la información.

La intencionalidad, la voluntad, es variada, porque gente muy bienintencionada a veces cree que vio cosas que no vio, y nos corresponde a nosotros verificar esa información, ya que es a partir de ella que podemos seleccionar un espacio geográfico para buscar. Otro de nuestros objetivos es generar insumos para reconstruir una historia. Ojalá pudiéramos devolverles a todos los familiares los restos de sus seres queridos, pero si podemos construir una historia que sea más fiel a los hechos estaríamos también cumpliendo con la misión del Estado. Saber qué pasó también es resarcir”, proclama.

El Batallón 14 seguirá siendo escenario de excavaciones. “El 14 siempre estuvo en el centro de los debates sobre el manejo de la información. Allí ya encontramos restos, pero hay cosas a terminar, porque si hubo cuerpos que fueron retirados a nosotros nos interesa conocer el circuito que tuvieron, en el marco de las diferentes versiones que existen de que se quemaron algunos y se volvieron a enterrar. Estamos ampliando la zona de excavaciones frente a la eventualidad de nuevos hallazgos.

Queda paralelamente el Batallón 13, donde trabajamos mucho tiempo. La información de que disponíamos nos conducía siempre a edificios, y nosotros no tenemos condiciones técnicas para demoler edificios, a no ser que nos llegue una información de muchísima credibilidad y que la intervención sea muy puntual, en una parte de la construcción.”

López Mazz afirma que los trabajos se extenderán a La Tablada, “un centro clandestino sobre el que nos gustaría tener muchísima más información, donde sabemos que hay gente que sabe. Ahí hay bastante gente desaparecida, pero no hemos conseguido resultados positivos aún. Lo que más nos complica en La Tablada es la calidad de la información y el hecho de que sea hoy en día un centro de reclusión, porque no se puede estar sacando a los detenidos para muchos de los peritajes que podrían realizarse”. ￭ * La Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz está integrada por el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, la secretaria administrativa Soledad Cibils, Eduardo Pirotto en representación de las organizaciones de la sociedad civil, Ariel Cancela por el Ministerio Público y Fiscal, y por la Universidad de la República el decano de la Facultad de Humanidades, Álvaro Rico, y el director del equipo de antropólogos, José López Mazz. Graciela Jorge es su coordinadora ejecutiva.

El trabajo historiográfico Lo realizado, las dificultades, lo pendiente La labor de investigación llevada a cabo por el equipo de historiadores conducido por el decano de Ciencias Sociales, Álvaro Rico, ya es toda una referencia, incluso a nivel internacional. Por la documentación sistematizada por el equipo en relación con la causa Orletti –el centro de detención clandestino argentino por el que pasó la mayoría de los secuestrados y desaparecidos uruguayos–, así como acerca del plan sistemático de apropiación de bebés, la Secretaría de Seguimiento es permanentemente consultada. “En la reconstrucción del período histórico dictatorial, en la sistematización de documentos, en la posibilidad de reconstruir los operativos represivos a gran escala que la dictadura planificó, en la reconstrucción de las historias de las organizaciones políticas –138 de los 175 detenidos-desaparecidos fueron secuestrados en el marco de operativos represivos, no individualmente–, el aporte de la Secretaría es fundamental”, dice Rico a Políticas.

“La posibilidad de armar una cronología que documente también los tiempos de la desaparición, la coordinación represiva regional, y que en definitiva termine en una explicación de la historia reciente de un tipo distinto a la teoría de los dos demonios, que iguala responsabilidades entre víctimas y victimarios, ha sido un aporte sustancial de la propia Secretaría”, agrega.

En su última actualización, la Secretaría publicó en el portal de Presidencia (www.presidencia.gub.uy) 1.500 documentos, ordenados cronológica y temáticamente. “Hemos podido revisar 17 archivos del Estado, con un volumen de documentación muy elevado, donde juega un rol fundamental el trabajo interdisciplinario del equipo de historiadores y de arqueólogos”, relata Rico.

Pero quedaron cosas pendientes, advierte. “La tarea del equipo de investigadores todavía no ha concluido, dado lo voluminoso de los archivos. No hemos concluido con la revisión exhaustiva del archivo SID-OCOA, con la revisión completa del archivo de la Dirección Nacional de Migración, de los libros de entradas y salidas al país por 18 puntos de frontera. Ni con la revisión de los expedientes del Supremo Tribunal Militar y de la Justicia Militar en el archivo de la Dirección Nacional de Policía Técnica, ni tampoco con el archivo de expedientes de la Justicia Militar en custodia de la Suprema Corte de Justicia, en la Oficina de Archivos Judiciales.”

Y en cuanto a las investigaciones, “quedan elementos pendientes de lo ya investigado, y se agrega la dimensión de los asesinados por razones políticas. Esa es toda una nueva vertiente de trabajo de la Secretaría de Seguimiento, porque cuando el equipo hizo el informe para la Presidencia de la República en 2007, si bien se tenía la directiva de trabajar exclusivamente en detenidosdesaparecidos, porque el artículo 4 de la ley de caducidad así lo establecía, el esfuerzo del equipo fue también trabajar sobre otras dimensiones del terrorismo de Estado, por lo que incluimos asesinados por razones políticas y presos políticos. En aquel entonces la Presidencia resolvió no publicar bajo su responsabilidad estos aspectos, pero dejó librado a la Universidad de la República hacer pública o no la documentación relacionada con los asesinados. Y así lo hicimos. En 2009 publicamos tres tomos que contienen esa investigación. El universo allí son 116 asesinados por razones políticas entre 1973 y 1985. Ahora tenemos que revisar nuevamente los archivos, reconstruir, actualizar, este otro universo”.

La documentación sobre este período histórico continúa, por lo general, depositada en los organismos estatales originales.

Acceder a ella depende mucho de los ministerios, de la preocupación que haya en ellos por la preservación de los documentos, señala Rico. “Durante un tiempo grande estuvimos trabajando en un depósito de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sin ninguna organización, con humedad, para determinar que allí no había nada vinculado al tema derechos humanos. Seguimos trabajando actualmente en un archivo muy importante de historias clínicas de Sanidad Militar, donde nos encontramos con unas 300 mil fichas clínicas, sin organización archivística. Otros archivos están en cambio muy bien organizados, preservados a cargo de gente idónea en la materia, como es el caso del Departamento 3 de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, que quizás es el archivo histórico patrimonial más importante que Uruguay tiene sobre el período de la dictadura y la represión. También están en buen estado los dos archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores, otra fuente de información muy importante, por la dimensión internacional y la complicidad de los civiles en el aparato burocrático militar.” ￭

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Hasta hace muy pocos años los uruguayos se preguntaban por qué no había cine del país, por qué solo había películas aisladas y la producción audiovisual no era reconocible.

Ahora comienza a ser habitual el aprecio a la calidad del cine y el audiovisual de Uruguay, tanto por la demanda de sus servicios del exterior como por el éxito en festivales internacionales. El público acompaña, se estima que al año más de un millón de uruguayos ven cine nacional en los diferentes formatos (salas, tv, cine al aire libre, festivales).

El enorme crecimiento de la producción audiovisual uruguaya se explica por varias razones: una base cultural sólida, el talento de sus creadores, capacidades acumuladas del sector, mayor accesibilidad a las nuevas tecnologías y un conjunto de políticas que modelan una estrategia de desarrollo sostenible de la actividad audiovisual. Hay nuevas líneas de financiación, mejor gestión de servicios, búsquedas de nuevos mercados y respaldo a formas asociativas público-privadas amplias e innovadoras.

El detrás de la pantalla de Selkirk, el verd

Animar arte, artesanía y tecnol

Walter Tournier (director) En este proyecto se combinaron dos técnicas: la de stop motion y la de generación de fondos en tecnología digital 3D, lo que ha implicado una compleja ingeniería de producción para la efectiva integración de los componentes.

La técnica de stop motion consiste en capturar imágenes de un objeto con pequeñas diferencias en su posición, las que al ser reproducidas con continuidad dan la sensación de movimiento buscada.

Dentro de esta técnica, lo más usual es crear personajes con estructuras internas similares a los esqueletos, que permiten dar una mayor fluidez al movimiento deseado.

Estos personajes se fotografían en escenografías similares a las teatrales o cinematográficas, en sets parecidos a los de cine o televisión, pero a la escala de los personajes creados.

Esteban Schroeder (productor ejecutivo) Sin este esquema de distribución hoy no estaríamos estrenando la película en cuatro países latinoamericanos como lo estamos haciendo.

Lograr que la gente de Disney se haya interesado en la distribución internacional de la película, y que se haya interesado mucho, ha sido fundamental, porque además han desarrollado una campaña de comunicación a través de sus canales muy interesante; vinieron dos equipos aquí a grabar especialmente estas notas, han tratado a la película con mucho cariño, con mucho compromiso. Todo esto además abre un marco de negociación sobre qué va a pasar en el resto del mundo.

Eso está atado al circuito internacional que tendrá la película.

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El proceso de conformación de un sistema de políticas públicas para la promoción y el apoyo al cine y el aud (diagrama tomado de una presentación del ICAU).

TeVe

ciudad

INA

1ªetapa

94

INA

Ibermedia

95

96

97

Procopro (actual MVD)

2000

02

05

Fona Oficina locaciones

INA fondo apoyo a guiones

Convenio

OSE-ICAU MVD Socio

IMM

Fondo Capital

Convenio

Ancap-ICAU

2ªetapa

Audiovisual

06

I

07

08

DOC TV

F

Cluster

OPP - BID

Selkirk

dadero Robinson Crusoe

logĂ­a

diovisual

Convenio

ICAU

8

Fondos Incentivo

BROU-ICAU

09

2010 Acuerdo

Copro - Ancine

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Pablo Rovito (coproductor argentino)

Carolina Cosse (presidenta de ANTEL)

Si no hubiéramos tenido el apoyo muy específico de las políticas de fomento de nuestros países no estaríamos mostrando esta película. Argentina, en particular, es un país que juega un rol raro en Latinoamérica, que es el de apoyar películas no propias. Eso es un motivo para agradecer y recordarlo. Es un hecho inédito –o al menos muy inusual– para una película gestada en Latinoamérica que la estemos estrenando en Uruguay, Argentina y Chile, pero inmediatamente después también en Perú, Ecuador y Paraguay […]. Uno siempre aspira a jugar en las mejores ligas, y en ese sentido se nos ha cumplido un sueño, porque hemos trabajado con uno de los mejores directores de animación del mundo, como Walter.

El apoyo concreto de ANTEL a una obra cultural como esta representa el apoyo a valores que nuestra propia empresa se empeña en desarrollar, como la innovación, la generación de fuentes de trabajo, la creación, la inventiva.

También supone participar de una obra que, para hacerse, tuvo que unirse con otros actores regionales, lo cual se enmarca en un esfuerzo más de integración regional. Nosotros acompañamos esta película no sólo con la financiación, sino con nuestros productos. Por eso hemos sacado un micro tecnológico por los canales de televisión que explica algunos fundamentos de la técnica utilizada en la película y su relación con ANTEL, y vamos a sacar un juego con los celulares para encontrar a Selkirk y un álbum de figuritas virtual, además de la muestra permanente con los elementos reales de la película que instalamos en la Torre de las Telecomunicaciones.

Juan Andrés Fontán (director de animación) La técnica de animación stop motion genera una magia única que sólo se revela al final del trabajo, cuando la película se exhibe.

Lo tentador de dominar el stop motion es que desde que se imagina una historia para contar hasta la animación final se conjugan muchas artes: es necesario aplicar lenguaje cinematográfico, dibujo, escultura, pintura, herrería, carpintería, maquetas, iluminación, composición digital, sonido, etcétera. La otra ventaja es que todo hay que construirlo físicamente real, lo que permite un contacto especial entre el animador y sus personajes. Es una especie de actuación improvisada del animador disfrazado en los personajes sobre la maqueta.

Tunda Prada (diseño de los personajes) El guionista describe con más o menos elementos la personalidad del personaje. En estos casos el dibujante tiene que darle forma, llevar al papel la subjetiva interpretación de lo que el autor propuso.

Martín de Rossa (responsable de la estructura de los muñecos) El esqueleto de un muñeco para la animación en stop motion tiene que tener el mayor rango de movilidad, para que los movimientos puedan ser bien exagerados.

También es necesario que cada articulación, además de fluidez, permita graduar la resistencia para lograr controlar las distintas posiciones.

Andrea Borrazás (encargada de los grabados en metal) La tarea principal fue la de realizar los objetos que tienen que ver con el metal: la moneda de la suerte de Selkirk, las armas de fuego, el catalejo, las espadas y cuchillos.

Todos ellos tienen un acabado detallista y dibujos que fueron grabados a mano. Como las piezas reales son muy pequeñas y luego van a ser ampliadas en la pantalla del cine, muchas veces trabajé con lupa para lograr que los dibujos conservaran fidelidad.

Javier Tournier (responsable de maquetas y escenografías) La estética que elegimos trabajar requería que todo el tiempo se combinara la parte artesanal y de oficio con lo seriado, porque buscábamos las cualidades propias de cada material para respaldar el arte propuesto y darle un sentido.

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Datos económicos del sector audiovisual según mediciones estimadas 2009-2010.

Fuente: Instituto del Cine y Audiovisual de Uruguay (ICAU)-Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

0,9 del PBI (valor 2010) Valor bruto de producción: 346 millones de dólares Valor agregado bruto: 80% del VBP

4 mil puestos de trabajo directos, repartidos entre permanentes y zafrales Diferencial salarial casi 30% mayor que en el promedio del sector servicios Propensión exportadora superior al 85%

Selkirk

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Una selección de proyectos, leyes y decretos

Marco y Norma

Decretos Para equipamiento de alto y mediano porte

Regulan tecnología médica

En aplicación de la ley 18.719, según la cual “las inversiones en equipamiento médico de alto y mediano porte que realicen los prestadores integrales o parciales de salud, cualquiera sea su naturaleza jurídica, ya sean adquisiciones en plaza o en el exterior, estarán sujetas a la aprobación previa del MSP”, el Ministerio de Salud Pública emitió un decreto (el 22/012) por el cual regula dicho tema.

Es responsabilidad del MSP la certificación tanto de las solicitudes como de los planes de viabilidad que presenten las instituciones de asistencia ante la Dirección General del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Este último debe, a su vez, organizar las inversiones que realicen las instituciones apuntando a una distribución adecuada de los recursos, con el fin de asegurar a la totalidad de los usuarios el acceso a la misma tecnología en todo el país.

El decreto promulgado este año va en el sentido de reglamentar la adquisición y puesta a disposición de equipamiento de alto y/o mediano porte, es decir, toda aquella tecnología cuya incorporación requiera ser evaluada mediante criterios médicos y epidemiológicos, y teniendo en cuenta variables como la capacidad instalada en cada región, la demanda percibida, la relación costoefectividad, la viabilidad operativa y financiera y sus impactos en la salud de la población objetivo.

(Para acceder a este decreto: http://archivo.presidencia. gub.uy/sci/decretos/2012/01/msp_4.pdf)

Proyectos de inversión

Nuevos beneficios tributarios El Ministerio de Economía y Finanzas flexibilizó los requerimientos establecidos a los sujetos sometidos a IRAE para acceder a los beneficios previstos en la ley de promoción y protección de inversiones (exoneración de IRAE, impuesto al patrimonio, IVA y tasas y tributos a la importación de bienes).

El texto manifiesta que resulta oportuno adecuar las exigencias respecto de las externalidades comprometidas por las empresas. Con ese propósito, elimina indicadores de difícil control, incorpora el concepto de calidad de empleo, redefine los indicadores de descentralización y de incremento de las exportaciones, amplía el concepto de innovación, considera las exportaciones indirectas generadas por productores agropecuarios e incorpora indicadores sectoriales.

A su vez, se incrementan los beneficios fiscales que reciben micro y pequeñas empresas con el fin de estimularlas a desarrollar su potencial productivo.

En lo que respecta a los parques industriales, se estima que existe una potencialidad de desarrollo aún no aprovechada, por lo que corresponde otorgarles beneficios adicionales con el fin de potenciarlos.

Los interesados deben presentar la solicitud ante la Comisión de Aplicación a través de la Ventanilla Única de Inversiones con los datos identificatorios de la empresa y sus titulares y los antecedentes de la firma. Debe constar la información contable y

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económica necesaria para la evaluación del proyecto de inversión, y una carta compromiso, que tendrá carácter de declaración jurada.

(Para acceder a este decreto: http://archivo.presidencia.gub. uy/sci/decretos/2012/01/mef_705.pdf)

Participación público-privada

Contratación para obras estatales A través del decreto número 17/012 el gobierno reglamentó la ley que establece el marco regulatorio aplicable al régimen de contratos de participación público-privada (PPP).

El texto menciona que la administración pública contratante designará, para cada proyecto, una comisión técnica que estará integrada por un mínimo de tres y un máximo de cinco personas.

Por lo menos dos de los integrantes del organismo deberán ser funcionarios del Estado con experiencia acreditada en el área de contratación, y el restante deberá poseer reconocida idoneidad técnica en la materia específica.

A su vez, comienza a funcionar la Unidad de Proyectos de Participación Público-Privada, integrada por técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual tendrá a su cargo el registro e inscripciones de proyectos de PPP. De ahora en adelante, cuando la administración proponga una iniciativa deberá formular un perfil de proyecto ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el MEF, encargados de evaluarlo.

La modalidad de contrato PPP comprende las obras viales, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias, de caminería rural, infraestructura energética y de disposición y tratamiento de residuos. También aplica a obras de infraestructura social, incluyendo cárceles, centros de salud y de educación, vivienda de interés social, complejos deportivos y obras de mejoramiento, equipamiento y desarrollo urbano.

Los actos y contratos celebrados en el marco de las PPP deberán observar estos principios: transparencia y publicidad, protección del interés público, eficiencia económica, distribución de riesgos, transferencia, ecuanimidad, temporalidad, responsabilidad fiscal, protección del desarrollo sustentable y respeto de los derechos laborales.

(Para acceder a este decreto: http://archivo.presidencia.gub. uy/sci/decretos/2012/01/cons_min_449.pdf))

Proyectos de ley Convenio con Italia

Uruguay adquirirá sistemas de seguridad y defensa El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley que ratifica un convenio de cooperación firmado entre los ministerios de Defensa de Uruguay e Italia. En virtud de ese convenio, Uruguay adquirirá en la península sistemas de seguridad y defensa, en particular helicópteros de transporte para las exigencias logísticas y de protección civil, aviones para entrenamiento avanzado y combate liviano, aviones no tripulados para vigilancia,

Marco y Norma

sistemas de observación satelital con tecnología óptica y radar, sistemas de comunicación táctica y vehículos blindados sobre ruedas. El Ministerio de Defensa italiano cooperará con su par uruguayo en la utilización de los sistemas y el soporte logístico.

También verificará que la industria italiana proporcione la asistencia pertinente, suministre la capacitación del personal para operar los sistemas, repuestos y funcionamiento del nuevo material, así como la capacitación técnica de la industria nacional para el desarrollo, producción y soporte de los proyectos definidos en forma conjunta.

(Este proyecto se encuentra a estudio de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de Diputados.)

Participación patrimonial

Hacia una mayor prevención del lavado de activos El gobierno apunta a equiparar la legislación nacional con los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo y de transparencia fiscal internacional.

Un proyecto de ley enviado al Parlamento establece que los propietarios de títulos al portador emitidos por sociedades anónimas, sociedades en comandita por acciones, asociaciones agrarias o cualquier otra persona jurídica habilitada para ello, estarán obligados a comunicar a la Dirección General Impositiva (DGI) sus datos identificatorios, los del tenedor o custodio, los del beneficiario final, los de la entidad emisora y el valor nominal de su participación en el capital social. La misma obligación tendrán los propietarios de títulos al portador emitidos por entidades del exterior que actúen en el país o que sean titulares de bienes situados en el territorio nacional.

A su vez, las acciones o partes sociales nominativas comunicarán a la DGI, a través de una declaración jurada, los datos identificatorios de sus titulares y los del beneficiario final, así como el porcentaje de participación en el capital social correspondiente a cada uno de ellos. La misma obligación tendrán las entidades del exterior que actúen en Uruguay a través de un establecimiento permanente o que sean titulares de bienes radicados en el país.

(Este proyecto se encuentra a estudio de la Comisión de Hacienda del Senado.)

Resoluciones Acceso a la vivienda

Garantías para sectores de ingresos medios y medios bajos El gobierno autorizó la suscripción del convenio entre el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) para la constitución del Fondo de Garantía para el Financiamiento de Desarrollos Inmobiliarios (Fogadi). El MVOTMA se compromete a otorgar 169.750.000 pesos a la ANV con cargo al Fondo Nacional de Vivienda.

El Fogadi tiene como finalidad garantizar parcialmente los créditos con destino a la financiación de pequeños y medianos emprendimientos dirigidos a vivienda de interés social para personas de ingresos medios y medios bajos. La garantía operará durante la fase de construcción y las primeras etapas de comercialización.

Pueden acceder a la garantía del Fogadi empresas unipersonales, sociedades de hecho o personas jurídicas en general que se encuentren formalizadas y constituidas.

(Para acceder a esta resolución: http://archivo.presidencia. gub.uy/sci/resoluciones/2012/01/mvotma_13.pdf) ￭

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