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UNA POLÍTICA QUE UNE
5.1 Por una verdadera igualdad
La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es un objetivo irrenunciable y fundamental para la construcción de la sociedad. En las últimas décadas hemos dado pasos de gigante en materia de igualdad real entre mujeres y hombres, pero el camino no ha terminado. La mayor carga de dificultad en la conciliación en el ámbito familiar y laboral sigue recayendo sobre la mujer y persisten las desigualdades en materia laboral.
Una sociedad con más igualdad es más competitiva, porque con la incorporación de las mujeres al mercado laboral aprovechamos el talento y capacidades de todos los españoles para crecer y progresar.
Una sociedad con más igualdad es más justa. Por eso, rechazamos con rotundidad las desigualdades. La violencia de género es su más cruel exponente y el ataque más flagrante contra la dignidad, la integridad y los derechos fundamentales de la mujer, como son la vida, la libertad y la igualdad.
Por ello, el compromiso del Partido Popular es alcanzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres con unas prioridades claras: el empleo, la corresponsabilidad y la lucha contra la violencia de género. No solo es necesario por razones de justicia y tutela de derechos fundamentales, sino que es imprescindible para el desarrollo económico con cohesión social.
Contra la violencia de género
A pesar de los avances en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, continúa habiendo víctimas de agresiones por parte de sus parejas o exparejas. España debe continuar avanzando hacia una sociedad libre de violencia machista, en igualdad de condiciones y respetuosa con los derechos fundamentales. Es un reto de la sociedad en su conjunto, que tiene que involucrar a todos y vertebrar políticas desde muy diversos ámbitos y enfoques, que incluyan acciones de carácter transversal e integral.
Bajo el Gobierno del Partido Popular se alcanzó el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, porque creemos que solo desde la unidad terminaremos con esta lacra. Unidad a través de pactos en entidades locales y comunidades autónomas, de donde nacerán protocolos de actuación que refuercen las redes existentes de atención integral, así como las medidas de prevención, educativas y de sensibilización social. En este sentido, debe desarrollarse el Pacto de Estado de forma completa.
Son muchos los agentes implicados en la erradicación de la violencia que sufren las mujeres: trabajadores sociales, miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, abogados, fiscales, profesionales sanitarios, psicólogos…Es importante que la labor que realizan esté marcada por la formación y la coordinación, especialmente entre los servicios de Justicia, Servicios Sociales y el ámbito sanitario, mediante protocolos de actuación para mejorar la protección a las víctimas. Reforzaremos, en las Comunidades Autónomas con competencias en Justicia, el personal técnico de las oficinas de valoración integral forense y oficinas de atención a las víctimas para mejorar su protección.
Las asociaciones ayudan a las víctimas de violencia machista a romper con el aislamiento y el silencio, especialmente en las mujeres que se encuentran en riesgo de exclusión o viven en situaciones de dificultad. Por ello, es esencial impulsar proyectos de prevención y detección de la violencia contra las mujeres especialmente vulnerables (mayores, adolescentes, mujeres con discapacidad o mujeres que viven en el entorno rural, entre otras).
Entre los más jóvenes, los menores de 18 años, es donde más está creciendo la violencia machista. Y es sobre ellos donde las instituciones y organizaciones debemos focalizar e insistir en las actuaciones, teniendo como pilar esencial la educación. Del mismo modo, es importante reforzar la lucha contra el ciberacoso y la violencia digital con medidas de asistencia y asesoramiento y campañas de sensibilización y formación de jóvenes y adolescentes; además de mejorar los protocolos de detección y actuación frente a las agresiones sexuales en centros de menores y en el deporte
Otra forma de violencia de género es la trata con fines de explotación sexual, una forma de esclavitud que conculca y vulnera los derechos humanos. Reforzar la colaboración con las entidades del tercer sector en la atención social de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, para mejorar la asistencia y el acompañamiento a las víctimas hasta su total inserción social y laboral, es una obligación que deben tener todas las Administraciones.