GPS
Boletín del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso Número 208 13 de noviembre de 2017
La Comisión para la Evaluación y modernización del Estado Autonómico, propuesta por el Grupo Socialista y que se constituye este miércoles, supone un avance muy importante para la futura reforma constitucional. Partiendo de la premisa de la necesidad de un nuevo marco de convivencia, fruto del diálogo y el consenso de todas las fuerzas políticas, el PSOE emplaza a todos los grupos parlamentarios a participar en esta Comisión sobre el modelo territorial. El objetivo es un nuevo acuerdo para un nuevo país. Para ello, el Grupo Socialista pide que ningún grupo se quede al margen, por lo que tiende la mano e invita a todos a trabajar juntos en una nueva Constitución, con ánimo constructivo y con diálogo. Es el momento de la política, del diálogo, de tender puentes y de trabajar por esa Cataluña que queremos, integrada en España, y que sea modelo de democracia de pacto y de convivencia, y de conseguir una reforma lo más pactada y consensuada posible.
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SOFÍA HERNANZ “Queremos que la gente con menos recursos acceda a los tribunales” (P.2)
PLENO
Toma en consideración de Proposiciones de Ley. PPL de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil y de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso–administrativa, en materia de costas del proceso. Sofía Hernanz Moción sobre medidas para revertir la situación de precariedad laboral y los niveles de temporalidad en la contratación. Rocío de Frutos Martes 14, 15:00
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SESIÓN DE CONTROL AL GOBIERNO
Preguntas Margarita Robles, al Presidente del Gobierno:¿Qué piensa hacer el Gobierno para combatir el fraude fiscal? Adriana Lastra, a la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales: ¿Qué conclusiones para la responsabilidad política del Gobierno extrae la Vicepresidenta de la actividad parlamentaria de la última semana? Meritxell Batet, al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación: ¿Va a intensificar el Gobierno sus esfuerzos para conseguir que Barcelona sea la sede de la Agencia Europea del Medicamento? Susana Sumelzo, al Ministro de Hacienda y Función Pública: ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno para adecuar la regla de gasto que se aplica a los Ayuntamientos? Pedro Saura, al Ministro de Hacienda y Función Pública: ¿Cuántos contribuyentes que aparecen en los distintos papeles del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre paraísos fiscales se acogieron a la amnistía fiscal? Marc Lamuà, al Ministro de Hacienda y Función Pública: ¿Informará a esta Cámara del resultado de la investigación que debe abrirse a la vista de los 600 contribuyentes residentes en España que aparecen en los #paradisepapers? Interpelación Urgente al Ministro de Hacienda y Función Pública sobre la política del Gobierno en materia de lucha contra el fraude fiscal, cooperación fiscal internacional y medidas contra los paraísos fiscales. Patricia Blanquer Miércoles 15, 09:00
Página 2
El tuit.
Sofía Hernanz
“Queremos que la gente con menos recursos acceda a los tribunales”
En trescientas palabras
Necesitamos una estrategia contra el fraude fiscal Necesitamos una estrategia contra el fraude fiscal y que el Congreso active una comisión para aportar soluciones. El GPS quiere poner en el centro del debate político la necesidad urgente de poner en marcha medidas eficaces contra la lucha del fraude y la elusión fiscal. Una lacra social, la evasión fiscal, que también es origen en gran parte de la desigualdad. Provoca una reducción de ingresos que pone en riesgo la financiación de las políticas redistributivas. Casos como los “papeles de Panamá” y recientemente, los “Paradise papers”, ponen de manifiesto la ineficiencia de los gobiernos para atajar un reto que es global, y que para hacerle frente, se requiere de una gobernanza de la fiscalidad internacional distinta a la planteada hasta el momento. Pero España, además de liderar a nivel europeo e internacional la lucha contra los paraísos fiscales y la evasión fiscal, debería llevar a cabo una estrategia nacional, incluyendo actuaciones que avancen decididamente en dicha lucha. Es urgente poner en marcha una agenda para aplicar en la legislación interna los cambios ya propuestos por BEPS y la Comisión Europea. Los recientes casos filtrados ponen al descubierto 600 casos
más de contribuyentes con residencia en España que podrían haber participado en prácticas offshore. Una revelación que deja en evidencia la facilidad con la que se mueven los grandes evasores y que, nuevamente indigna a la ciudadanía. Por ello, interpelamos al Ministro de Hacienda para que dé explicaciones de qué está haciendo el gobierno para luchar contra el fraude, la evasión fiscal, los paraísos fiscales y las jurisdicciones no cooperativas. Los socialistas exigiremos al Ministro actuaciones eficientes y que la acción de gobierno contra la evasión y la elusión fiscal pasen a ser una prioridad para el gobierno. Hasta ahora, el balance de la acción del gobierno es pésimo. Se le conocen pocas acciones eficaces y exiguos resultados (en torno a 800 millones menos recaudados, con respecto al 2015). Además, siendo el autor de una amnistía fiscal, considerada anticonstitucional por una sentencia unánime del Tribunal Constitucional ha contribuido al deterioro de la conciencia fiscal de este país, dejando en muy mal lugar la acción fiscalizadora de este gobierno. PATRICIA BLANQUER
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Sofía Hernanz, defiende este martes en el Congreso una proposición de ley para reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Jurisdicción contencioso-administrativa en materia de costas de los procesos. La iniciativa apuesta por limitar el pago de costas judiciales a quien actúe de mala fe al pleitear para favorecer acceder a la justicia. ¿Qué pretende la iniciativa? La idea fundamental que tiene el PSOE es que aquellas personas con menos recursos económicos puedan acudir sin temor a los tribunales, frente a unas políticas del PP que han discriminado a los que menos tienen, imponiendo unas tasas judiciales que, gracias a la presión de todos los sectores jurídicos, se han derogado. El acceso de los ciudadanos a la justicia es una de las garantías mayores que tiene un Estado de derecho, por eso hay que mejorar la ley. ¿Se pueden eliminar los obstáculos para ir a los tribunales? “La justicia no puede ser solo para los que tienen más recursos económicos, sino que ha de serlo para todos por igual y la posible la situación de inseguridad económica no debe suponer una traba”. Por estas razones, proponemos limitar el pago de las costas al hecho de que la parte vencida en el procedimiento haya actuado de manera dolosa o culposa, es decir, con mala fe o temeridad.