Legislar para seguir avanzando en derechos En el último periodo de sesiones el Grupo Parlamentario Socialista ha desempeñado su labor con firmeza y sin descanso para sacar adelante leyes que mejoren la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Normas dirigidas a proteger a la ciudadanía y a las empresas, y que hacen que nuestra sociedad avance en derechos. Además, hemos visto a un Gobierno que, desde el primer día, ha trabajado para hacer frente a las consecuencias de la invasión de Putin a Ucrania.
Proteger a nuestros mayores y garantizar un empleo digno Entre las leyes más destacadas, encontramos la ley por la que se garantiza el poder adquisitivo de las pensiones y otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones, que impide que los y las pensionistas pierdan poder adquisitivo y asegura la viabilidad
económica y social del sistema público de pensiones para las prestaciones del futuro. Gracias a la misma, se elimina el factor de sostenibilidad impuesto por el PP y se revalorizan las pensiones conforme al IPC, entre otras cuestiones, generando así certidumbre y confianza en nuestro sistema de pensiones. Otra ley de vital importancia aprobada durante este curso parlamentario es la Reforma Laboral. Una norma que consolida el empleo de calidad y gracias a la cual uno de cada tres contratos ya es indefinido. Además, según los datos del segundo trimestre, es la primera vez desde 2008 que el número de parados está por debajo de los tres millones y la Seguridad Social supera a día de hoy los 20,3 millones de afiliados, un millón más que antes de la pandemia. El Gobierno, con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, también ha mejorado la situación laboral del
sector cultural al dar luz verde al Real Decreto Ley que mejora las condiciones laborales de las personas dedicadas a las actividades artísticas, así como del personal técnico y auxiliar que las llevan a cabo, adaptando la normativa laboral a la realidad del sector cultural. El Ejecutivo también ha mejorado la situación del personal sanitario con la aprobación del Real Decreto Ley por el que se harán fijos a 67.000 sanitarios. Una medida que permite reforzar las capacidades del Sistema Nacional de Salud y mejorar las condiciones laborales de sus profesionales. Por otro lado, es importante remarcar la Ley por la que se establece el Ingreso Mínimo Vital, una ayuda que ya reciben en torno a 1,3 millones de españoles, protegiendo a los y las más vulnerables.
Los PGE más sociales de la historia Una norma fundamental ha sido la ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2022, que ha dado lugar a los presupuestos más sociales de la historia. Unos presupuestos necesarios y justos para dar respuesta a los grandes retos que se enfrenta nuestro país.
Proteger los derechos de las mujeres Durante este periodo, el Grupo Parlamentario Socialista también ha impulsado la Ley por la que se modifica el Código Penal para penalizar el acoso que sufren las mujeres que acuden a abortar y la Ley de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género. La primera modifica el Código Penal para que acosar a las mujeres en las inmediaciones de las clínicas cuando acuden a abortar sea un delito. Mientras que la segunda garantiza el acceso a las pensiones y prestaciones de un mayor número de personas huérfanas, contempla la posibilidad de exenciones a impuestos y facilita el acceso a las indemnizaciones y herencias de estos y estas menores, entre otras medidas.
Garantizar una cadena de valor justa y proteger a los consumidores Durante el curso parlamentario se han aprobado leyes para proteger a los consumidores y a los agricultores. Una de ellas es la Ley de Cadena Alimentaria, que garantiza una cadena de valor más justa y equitativa. Por otro lado, está la Ley que protege a los consumidores vulnerables que amplía el tamaño de la letra en los contratos para que resulte más accesible a los colectivos vulnerables, aprueba el desarrollo reglamentario de un etiquetado en alfabeto braille para garantizar el acceso a bienes y productos de consumo para personas ciegas y discapacidad visual; y obliga a las empresas a prestar los apoyos necesarios a los consumidores vulnerables. Otra ley relevante es la Ley de residuos y suelos contaminados. Una norma
que pretende acabar con el modelo económico de producción lineal, la filosofía de ‘comprar, usar y tirar’, y trata de reducir los problemas ambientales y de salud. Los y las socialistas también han apostado por la educación sacando adelante la Ley de Formación Profesional. Una ley que moderniza y consolida las titulaciones de Formación Profesional como enseñanzas de éxito.
Dignidad y reparación a las víctimas del franquismo Un gran logro del curso legislativo ha sido la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, la cual dignifica, reconoce y repara a las víctimas del franquismo y establece como política pública la exhumación de fosas, que pasará a ser un deber de los poderes públicos, entre otras cuestiones.
Luchar contra la discriminación Entre las leyes más importantes para seguir luchando contra la discriminación y seguir avanzando en derechos, se encuentra la Ley para la igualdad de trato y la no discriminación, conocida comúnmente como “Ley Zerolo”. Una ley que supone un antes y un después de nuestro ordenamiento jurídico a la hora de frenar la discriminación y nos sitúa a la vanguardia en la protección de derechos. Además, mejora la calidad de nuestra democracia y reconoce, por primera vez, el antigitanismo como un delito de odio específico en el Código Penal. Además, el Grupo Parlamentario Socialista ha llevado a pleno la Ley que modifica el Código Civil para que los animales dejen de ser considerados cosas y pasen a ser considerados seres sintientes, garantizando así los derechos de los animales.
Adaptar nuestro sector audiovisual a los nuevos tiempos La aprobación de la Ley de Comunicación Audiovisual ha sido muy importante
para este sector, ya que traspone al ordenamiento jurídico español la directiva europea sobre la prestación de servicios de comunicación audiovisual ante la evolución de la realidad del mercado. Así como la Ley de Telecomunicaciones, la cual incentiva las inversiones de los operadores y mejora la protección de los usuarios. El trabajo parlamentario también ha permitido dar luz verde a la Ley de creación y crecimiento de empresas, una ley que sienta las bases para desarrollar un modelo económico y productivo mejor, y ayudará a aquellos que decidan emprender.
Dar respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania Asimismo, el Gobierno, junto con el apoyo del grupo parlamentario, ha llevado a la Cámara Baja el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, el cual se ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2022.
El IMV, un nuevo derecho CA RMEN BA ÑOS
PO RTAVOZ D E I N CLU S I Ó N Y D I PUTA DA PO R M U R C I A
L
La aprobación del Ingreso Mínimo Vital, ha supuesto el mayor avance en los derechos sociales en nuestro país desde la aprobación de la Ley de Dependencia. Hace de España un referente en materia de justicia social.
LEY DE I NGR E SO MÍN I MO VI TAL
Es una herramienta capaz de proporcionar el tan necesario alivio a aquellas personas necesitadas, y un ejemplo de cómo desarrollar un enfoque inclusivo para abordar la pobreza y la desigualdad, pues no solo se trata de una prestación económica, sino de toda una política cuya finalidad es establecer un sistema de última red, establecer unos programas que tienen como objetivo último cubrir lo necesario para que quienes se han quedado sin ingresos puedan subsistir hasta lograr una nueva oportunidad, romper la espiral de la pobreza y devolver a esas personas a una vida plena y normalizada. Tenemos un país donde la sanidad, la educación y las pensiones, son un ejemplo a seguir. Sin embargo, el tema de la pobreza y la exclusión social, no había sido abordado por ningún gobierno hasta ahora. Bruselas llevaba años poniendo el dedo en la llaga: “Los regímenes autonómicos de renta mínima solo llegan al 20% de sus beneficiarios potenciales en todo el país, con grandes
disparidades regionales”, nos decía la Comisión Europea. El IMV era un imperativo para que España dejase de ser una “rara avis” en un continente en el que estos mecanismos ya eran moneda común. Y no solo fuimos capaces de hacerlo, sino hacerlo en el peor momento de la historia reciente de nuestro país, gracias al compromiso que siempre ha demostrado y mantenido nuestro Presidente del Gobierno, pues desplegar una medida de tal alcance no habría sido posible si no hubiera estado en nuestra lista de prioridades desde hace muchos años. Es cierto que El COVID-19 ha generado mucho sufrimiento dentro y fuera de nuestras fronteras, pero también ha evidenciado que existe una forma distinta de gestionar y salir de una crisis: sin dejar a nadie atrás. El balance tras dos años de su puesta en marcha, son 500.000 hogares los beneficiarios del ingreso mínimo vital, un total de 1,3 millones de personas, de las cuales un 43 por ciento son niños y niñas. Además el complemento de ayuda a la infancia llega ya a 250.000 familias. Como socialistas, no podemos caer en la complacencia, es un gran avance, pero hay que seguir trabajando para que las Comunidades Autónomas, dentro de sus competencias, sigan apostando por la lucha contra la pobreza y la exclusión social, pues esta medida solo alivia las situaciones más severas de pobreza. Es urgente un pacto de estado por la justicia social, porque un país con niños y niñas pobres, no puede dormir tranquilo. No debe.
Certidumbre y confianza MERCÈ PEREA
PO RTAVOZ D E PACTO D E TO L E D O Y D I PUTA DA PO R B A R CE LO N A
A
Algunos dicen, de forma peyorativa que, una legislatura da para lo que da. No será en la XIV Legislatura. Más de 140 leyes desde su inicio en diciembre de 2019.La transformación que se está produciendo en el país gracias a éstas es de 180 grados y veremos sus efectos a corto, medio y largo plazo.
L EY DE GARANTÍ A DEL PODER ADQ UI SI TIVO DE L AS PE NSI ONE S
Ha habido dos leyes que han sabido llegar de forma inmediata a la ciudadanía. La reforma laboral y la reforma de pensiones. La primera nos da noticias positivas desde el primer momento. Las cifras muestran la aceleración en la creación de empleo, duplicando los resultados del mes de diciembre. Más de veinte millones de afiliados de media en las que las mujeres son protagonistas. Nunca como hasta ahora habían tenido una tasa de participación tan elevada. España nunca había visto datos tan favorables. La segunda, es la ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. La reforma de las pensiones, acordada en el Pacto de Toledo y en el diálogo social, recuperó el derecho a la garantía del poder adquisitivo de las pensiones, contributivas y no contributivas, y también la sostenibilidad financiera del sistema. En este caso, esta ley tiene nombre y apellidos. A partir de su aprobación los y las pensionistas saben que tienen garantizado por ley su poder de compra. Y saben, además, que es voluntad política del Gobierno que se
consolide. Pase lo que pase. La inflación que hoy devalúa los salarios y castiga a las familias más vulnerables debe ser enfrentada con valentía y determinación. El Presidente del Gobierno Pedro Sánchez, la vicepresidenta Calviño y el ministro Escrivá, han sido contundentes al respecto: el poder adquisitivo de las pensiones no está en juego. Éstas se van a revalorizar tal y como prevé la ley. Esta ley genera certidumbre, genera seguridad y, por tanto, confianza. Y lo más importante: confianza en el presente y de futuro para jóvenes y mayores. Decíamos que la reforma laboral reporta para los jóvenes un mensaje de confianza. Hoy, uno de cada dos contratos es indefinido y el trabajo creado es de valor añadido. Los datos están contrastados. Desde el ámbito de la información y comunicación (15%) informática, actividades profesionales, científicas y técnicas (8%). Pues la reforma de las pensiones es la que mayor confianza ha generado en nuestros mayores. La constatación es la comparativa del CIS de enero de 2018 y el CIS de julio de 2022. En el primero, las pensiones ocupaban la preocupación nº 11 en la ciudadanía. Hoy, en el CIS de julio de 2022 es la preocupación nº 35. Insistimos, certidumbre y confianza. Por fin, hemos dejado atrás la nefasta Ley 23/2013 de reforma del Partido Popular, impuesta sin diálogo social ni acordada en la comisión del Pacto de Toledo. Una ley que Feijóo asume como propia, según declaraciones recientes, y que supone un recorte en pensiones del orden del 40% en veinte años. Con esta reforma, los socialistas hemos demostrado una voluntad inequívoca de preservar el sistema público de pensiones como palanca de construcción de una sociedad cohesionada en la que la igualdad intergeneracional sea una condición ‘sine qua non’ para nuestro futuro colectivo. Seguridad y confianza, en definitiva.
Una ley para las cosas de comer JUA N F RA NCISCO SERRANO PO RTAVOZ D E AG R I CU LTU R A Y D I PUTA D O PO R JA É N
L
La Ley de la Cadena Alimentaria se caracteriza por ser valiente y justa. Estamos ante una ley que recoge las reivindicaciones históricas y la sensibilización del sector agrícola y ganadero de nuestro país ante la crisis de precios que viene padeciendo desde hace más de una década.
LEY DE CADE NA ALIME NTARI A
Una ley que acaba de nacer y cuyo desarrollo e implementación en todo el conjunto de territorio es de vital importancia. Y, además, es necesario reiterar el papel primordial que tienen las Comunidades Autónomas en su ejecución. La Ley de la Cadena Agroalimentaria supone más transparencia, equilibrio y equidad entre las pequeñas y grandes explotaciones, por ejemplo ampliando y definiendo el catálogo de comportamientos considerados desleales. Por lo tanto, garantiza que cientos de miles de producciones agrícolas y ganaderas puedan estar al mismo nivel de negociación y subsistir en igualdad de condiciones ante los actuales y turbulentos mercados. Porque es necesario un sector agrícola diverso, dinámico y fuerte que nos siga ofreciendo soluciones a los retos alimentarios. Además, los socialistas apostamos y
aprobamos esta ley porque con ella se persiguen las prácticas desleales y se garantiza la rentabilidad del sector. No podemos hablar de sostenibilidad agrícola y ganadera si no sancionamos acciones como la venta a pérdida y garantizamos medidas de rentabilidad y sostenibilidad económica. Los socialistas trabajamos por la equidad y los precios justos, por ello esta ley es el escudo de defensa de muchos agricultores y ganaderos, cuyas explotaciones suponen el desarrollo económico y social de las zonas rurales de nuestro país. Pero ese escudo no solo les cubre a ellos, su viabilidad es la del mundo rural, la de la ciudadanía con acceso a alimentos asequibles, la de un país que no pierde de vista los pilares de una vida digna. Igualmente, nos sentimos orgullosos de nuestro sector agroalimentario, de su capacidad competitiva y del esfuerzo que han realizado todas y todos los productores durante los momentos excepcionales vividos durante la pandemia. Sentimos orgullo de un sector que aporta al PIB nacional cerca del 10% y genera casi 2.600.000 empleos. De esta forma, el partido socialista y este gobierno persisten en la tarea de seguir protegiendo nuestros campos y para ello, tienden la mano al resto de partidos que conforman el arco parlamentario. Porque somos conscientes que es necesario dignificar, mejorar y apoyar la posición de quienes trabajan, en el presente, en el sector primario ya que de él dependen la economía y los empleos de muchas familias en nuestro país. Y en la incorporación de nuevas generaciones al sector para proporcionar garantías y un futuro al medio rural.
Atender lo urgente sin abandonar lo importante ESTHER PA DILL A
PO RTAVOZ D E A DJ U N TA D E MEDIO AMBIENTE Y D I PUTA DA PO R TO L E D O
C
Coincidiendo con el Tour de Francia, una de las Grandes Vueltas del ciclismo en ruta junto con la Vuelta a España, terminamos en el Congreso un periodo de sesiones que nada tiene que envidiar a la subida al Alpe D´Huez.
LEY DE R E SI DUOS Y SUE LO S CON TAMI NADOS
Como toda etapa de montaña, la subida ha sido dura y casi épica, pero el equipo ha funcionado: los contrarrelojistas, los sprinters, los gregarios, etc. Y el jefe de filas que cerró la etapa con un Debate sobre el estado de la Nación lleno de respuestas, en forma de medidas y presupuesto a, otra vez una situación excepcional, que le han otorgado el maillot de líder sin posibilidad de discusión por parte de público, ni prensa seria. Algo ha caracterizado la acción tanto del Grupo Socialista como del Gobierno en la presente legislatura: asumir la responsabilidad de atajar cada dificultad no prevista en el guión de la legislatura sin dejar de atender otras necesidades y urgencias, enquistadas en algunos casos, como avanzar hacia un salario mínimo digno; o directamente provocadas por gobierno del Partido Popular que urgían corrección, como la revalorización de las pensiones, la reforma laboral…; y también emergencias como la climática, que ya estaban en la
agenda global y en los compromisos del PSOE. Nada se ha dejado de atender, ni se han buscado excusas para no cumplir. Querría hablar de una de esas realidades que, a pesar de su importancia, no abre telediarios. Sólo en España, generamos en torno a 138 millones de toneladas de residuos, una media de 486 kilos por persona al año. Su tratamiento no es fácil y a pesar de haber avanzado, según datos del INE, reciclamos en torno a un 39%; más del 48% de nuestros residuos terminaron en vertedero, el 10% se reutilizó y el 3% acabó incinerado. No somos una excepción, a nivel europeo la situación es similar y en el resto del planeta, la situación aún es más grave. En los residuos, como en todo, se pueden tomar varios caminos: mirar para otro lado y no hacer nada, hasta cumplir la estimación de la Fundación Ellen Macarthur que nos llevaría en 2050 a tener en nuestras aguas más plásticos que peces; o se puede afrontar con responsabilidad. Los socialistas no miramos para otro lado, La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular es un paso determinante para cumplir nuestros compromisos con la gente y con el medio ambiente. El PP nos empujó a una salida de la anterior crisis radicalmente diferente a la que estamos dando desde el PSOE, hemos cambiado los recortes del PP por inversiones y ayudas económicas sin precedentes y, las excusas e incumplimientos de la derecha por compromisos cumplidos, también, en tiempos de crisis.
Frenar la onda expansiva de la violencia machista LÍDIA GUINA RT
PO RTAVOZ D E L PACTO D E E STA D O CO N T R A L A VI O L E N C I A D E G É N E RO Y D I PUTA DA PO R B A R C E LO N A
D LEY PR OTECCI ÓN DE L AS PE RSONAS H UÉR FANAS DE VIOLEN CI A DE GÉ NE R O
David se convirtió en padre de su sobrina de golpe, abruptamente, dolorosamente. El asesinato de su hermana, cometido por su cuñado, cambió su vida y la de su familia. La adopción de la menor implicaba renunciar a una pensión de orfandad a la que tenía derecho como víctima de violencia de género. Una pensión necesaria para afrontar un momento que, no sólo anímicamente sino económicamente, se complicaba. Ahora ya nadie se verá en esa tesitura gracias a una ley socialista, la de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de violencia de género. Una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista que ya es ley. La nueva legislación da cumplimiento al Pacto de Estado en materia de Violencia de Género porque mejora la protección de los y las menores víctimas, y aborda diferentes mejoras en el acceso a indemnizaciones y herencias, exenciones impositivas y acceso a prestación o pensión cuando el asesino de la madre no sea el padre. Además, introduce la presunción de abandono de responsabilidad familiar en determinados casos en los que el padre está desaparecido y otorga la competencia en estas cuestiones a los
Juzgados de Violencia sobre la Mujer. En definitiva, extiende los derechos de las personas huérfanas víctimas de violencia de género y desbroza el camino de obstáculos que hasta ahora se encontraban, para facilitar la reparación del daño. Las medidas que recoge la ley aprobada en este período de sesiones complementan lo dispuesto en la 3/2019 de mejora de la situación de orfandad de hijos e hijas de víctimas de violencia de género, que ya supuso un antes y un después para estas personas. Tras estos avances legislativos impulsados por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso está el trabajo, el buen hacer y la experiencia de Fundación Mujeres, entidad gestora de las Becas Soledad Cazorla que ayudan a muchos menores y jóvenes a continuar con su vida y con sus estudios, tras el trauma de perder a su madre por la violencia machista. El compromiso de nuestro grupo con la sociedad y con el feminismo lo demostramos legislando. “Los asesinatos machistas son como una onda expansiva que lo arrasa todo porque acaba con la vida de las mujeres, destrozando además la de sus seres queridos”, dice Javier, hermano de otra víctima y responsable ahora de sus dos sobrinos. Y los más perjudicados en estas situaciones son los huérfanos, que en demasiadas ocasiones son los olvidados de la Justicia y del resto de las instituciones. Tenemos la obligación de poner fin a estas situaciones, el deber de no añadir más sufrimiento evitable al que ya no se puede remediar. Leyes como esta contribuyen a lograrlo.
Una ley para una Formación Profesional de excelencia A LF REDO SA NCHO
PO RTAVOZ D E FO R M AC I Ó N PR O F E S O N A L Y D I PUTA D O P O R H U E S CA
L
La Formación Profesional es un pilar para el desarrollo económico sostenible, la competitividad y la cohesión social. Por esta razón, en una clara demostración de voluntad política, este Gobierno, con su presidente Pedro Sanchez a la cabeza, la situó entre las prioridades de la presente legislatura. Durante muchos años, la Formación Profesional ha estado infravalorada fruto de la errónea estigmatización de una educación de “segundo nivel”. Por ello, esta nueva ley busca situar a la Formación Profesional (FP) en la vanguardia del progreso y el desarrollo de nuestro país.
LEY DE FOR MACI ÓN PRO F E SI ONAL
La Ley Orgánica de la Formación Profesional supone una profunda y radical transformación que regulará el conjunto de un sistema que ya no respondía a las necesidades del país con un objetivo principal: Modernizar y consolidar la Formación Profesional como enseñanzas de éxito, asociadas al talento, la innovación, la empleabilidad y la mejora de la competitividad de nuestras empresas. Un nuevo marco normativo fundamentado en la decidida convicción -que tenemos los y las socialistas- de que la educación y la formación son el pilar fundamental para el progreso en equidad y justicia social. Una ley que parte desde el consenso, en colaboración con empresarios, sindicatos, otros ministerios y las Comunidades Autónomas, aunque sorprendentemente el Partido Popular decidió, a última hora, no apoyarla. Una ley que unifica en un sistema
integrado de formación profesional tanto la FP del sistema educativo como la formación profesional para el empleo, permitiendo adecuar la cualificación profesional a las demandas del mercado laboral y asimismo establecer un sistema de acompañamiento y orientación profesional que ayude a las personas a tomar decisiones formativas durante toda su vida. Una ley que busca desarrollar un sistema de FP que sea flexible, accesible, acumulable y acreditable para permitir a las personas certificar oficialmente su experiencia, así como aumentar el número de jóvenes que eligen enseñanzas profesionales. Donde toda la formación será dual, adaptada al modelo productivo de su territorio, lo que permitirá al alumnado realizar gran parte de su formación en las empresas, conocer desde el primer momento las tecnologías más novedosas y mejorar sus cualificaciones profesionales. Contando cada estudiante con un plan de formación que detallará los resultados de aprendizaje en el centro y en las empresas. Durante este periodo cotizarán a la Seguridad Social con una cotización subvencionada por el Gobierno de España. Reivindicando al profesorado como un elemento esencial para el éxito de la transformación de la Formación Profesional. Por eso, el Ministerio de Educación y Formación Profesional conocedor de que se necesita el talento de todos los docentes y formadores ha hecho una apuesta sin precedentes por el reconocimiento, profesionalidad y estabilidad del profesorado de la Formación Profesional. La aprobación de la nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional por sí misma justifica una legislatura, nos desafía como reto de país y se convierte en una inmejorable oportunidad para generar empleo estable y de calidad.
Sin descanso, con preocupación, pero con determinación MONTSE MÍNGUEZ
PO RTAVOZ D E PR E S U PU E STO S Y D I PUTA DA PO R L L E I DA
C
Cerramos el curso político con la mirada puesta en septiembre, y si hay algo que ha caracterizado el curso político que dejamos atrás, son las adversidades a las que el Gobierno se ha tenido que enfrentar. Es bueno reconocer, y con orgullo, la ejemplaridad demostrada por el Consejo de Ministros para adoptar, semana tras semana, medidas y reformas que miran directamente a los ojos de quienes, con más intensidad, sufren cualquiera de las crisis que estamos viviendo.
PRESUPUE STOS GEN E RAL E S DE L ESTADO 2022
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, supo gestionar de manera eficaz la crisis de la pandemia con medidas protectoras al trabajo, a nuestras empresas y a las familias más vulnerables. Salimos de aquella pesadilla y salimos más fuertes. Todos recordamos cómo en 2020 nuestra economía cayó al 4,1% y, justo un año después, empezamos a crecer hasta cerrar 2021 con un crecimiento medio del PIB del 5,1%. La pregunta que debemos hacernos, es ¿por qué ahora en la crisis de precios, van a tener razón los mismos que durante la pandemia criticaban todas y cada una de las medidas aprobadas, por resultar ser, según ellos, ineficientes, si fuimos capaces de demostrar con datos que se equivocaron? Por eso es bueno que lancemos un mensaje de confianza. Realismo ante
la preocupante situación que vivimos, pero confianza. Nos encontramos en un contexto internacional muy complejo, pero en breve contaremos con la herramienta necesaria para hacerle frente al 2023: los presupuestos generales del Estado. Los presupuestos para 2022 fueron las cuentas necesarias para dar respuesta a los grandes retos a los que se enfrentaba nuestro país después de dos años de dura pandemia. Fueron los presupuestos del diálogo y del consenso. Los presupuestos de la recuperación. Las cuentas necesarias para nuestros mayores y para nuestros jóvenes. Los presupuestos para nuestras empresas y para salvaguardar el empleo. Ahora toca trabajar en la elaboración de unas cuentas públicas que permitan plantarle cara a las consecuencias de una guerra injusta. Unos presupuestos que le den respuesta de manera justa y eficaz. Unos presupuestos que por un lado protejan a la clase media y trabajadora, nuestros hogares y nuestras empresas, y por el otro, unos presupuestos que sean capaces de repartir el coste de las consecuencias de la guerra entre aquellos que más se están beneficiando de ella, con el establecimiento de nuevos impuestos a la banca y a las empresas energéticas, para que con esa nueva recaudación se produzca un reparto igualitario, tal y como avanzó el Presidente en el debate del Estado de la Nación. Somos socialistas. La justicia social y la redistribución de la riqueza están en nuestro ADN. Por eso estoy convencida, que los nuevos presupuestos, igual que los dos últimos aprobados tendrán nuestro marcado sello identitario. Cerramos julio, sí, pero sin descanso nuestro grupo parlamentario está ya pensando en septiembre.
Discriminar ya no sale gratis BEATRIZ CA RRILLO
PR E S I D E N TA D E L A CO M I S I Ó N D E L PACTO D E E STA D O CO N T R A L A VI O L E N CI A D E G É N E R O Y D I PUTA DA PO R S EVI L L A
E
El pasado 30 de junio fue un día grande para nuestra democracia y para la igualdad. Después de más de 10 años de arduo y duro trabajo por fin se aprobó en el Congreso la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación. Por fin esta ley, una de las más necesarias para nuestro Estado de Derecho, que viene a crear un nuevo horizonte en la historia democrática de España, ya está vigente.
LEY DE IG UALDAD DE TR ATO Y N O D ISCRI MI NACI Ó N ( LEY Z E R OLO )
Creo que es imprescindible hacer un reconocimiento expreso a todos los activistas y organizaciones sociales que han trabajado duro para hacer este sueño realidad, y que son el corazón y el alma de este texto legal. No es casualidad que esta ley lleve el nombre de quien inspiró su creación, nuestro inolvidable Pedro Zerolo; ni tampoco es casualidad que haya sido aprobada en el Congreso en la Semana del Orgullo, cuya bandera arco iris es símbolo de lucha, libertad y resistencia. Una vez más, el Partido Socialista se convierte en el principal apoyo de aquella parte de la sociedad que durante demasiado tiempo ha estado oculta, y que con esta ley saca a flote sus heridas acumuladas con el objetivo de curarlas definitivamente. Nuestra organización vuelve a hacer historia con la Ley Zerolo, especialmente por la modificación del Código Penal para incluir el antigitanismo. Con esta particular batalla y con otras leyes y normas que se está visibilizando la presencia gitana por la igualdad, hemos avanzado el doble en estos dos años y medio de legislatura que en los
casi 600 años que lleva el Pueblo Gitano en España. Con esta ley refrendamos el compromiso del Gobierno de España en defensa de la dignidad de las personas. Y es muy importante que esto suceda porque en estos tiempos difíciles, de guerra en Europa, de regresión de los derechos de las mujeres en Estados Unidos, es importante reforzar la democracia y las instituciones que la sustentan. Son necesarios gobiernos sensibles y progresistas como el que lidera Pedro Sánchez, y es esencial apelar a que organismos internacionales como la ONU y la Unión Europea sigan el mismo camino: más libertad y más igualdad, porque desgraciadamente hay democracias en nuestros entornos que se están convirtiendo en un mero papel. La aprobación de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación es una pequeña victoria ante esos poderes ocultos, que nunca dan la cara, pero que pretenden seguir dominando nuestra sociedad. Es un triunfo que nos corresponde a todos los demócratas, pero sobre todo a esas personas que forman parte de grupos que han tenido que trabajar el doble o el triple para poder defender sus derechos. Las fuerzas progresistas hemos dado un ejemplo más de verdadero patriotismo. Somos el motor de la sociedad, y somos los garantes del espíritu constitucional frente a quienes se oponen a esta ley: el PP y sus amigos y VOX, que quieren fomentar una España de trincheras, y una España de división. El Partido Socialista construye, en cambio, una España solidaria frente a quienes quieren volver a encerrarnos en las jaulas de los prejuicios y en el armario de la discriminación. Para ellos, el mensaje es claro: frente a los que dividen, frente a los que fomentan el odio, no daremos un paso atrás, porque discriminar ya no saldrá gratis.
Seamos revolucionarios, legislemos desde el respeto SA NDRA GUA ITA
PO RTAVOZ A DJ U N TA D E U N IVE R S I DA D E S Y D I PUTA DA PO R B A R C E LO N A
L L EY DE PROTECCI ÓN A NI MAL
Los avances sociales y el feminismo han sido una pieza clave de la lucha socialista. Los y las socialistas hemos sido capaces de recoger las demandas civiles y legislar para plasmar la realidad de nuestro país. En esta misma línea, la sensibilidad y el respeto hacia los animales han cambiado notablemente durante los últimos años, y la sociedad nos demanda que legislemos desde la empatía y el respeto. Y una vez más, los y las socialistas lo hemos vuelto a hacer. Recogemos las demandas sociales y las transformamos en cambios legislativos. Legislamos con las necesidades actuales para evitar el maltrato y el abandono. Legislamos para proteger a los animales pero también lo hacemos para proteger a las personas que los quieren. Que los animales sienten es una obviedad, pero ahora ya está recogido en el código civil, regulando entre otras cosas custodia compartida en caso de divorcio y separación, que no sean embargados o hipotecados, que no sean abandonados, que no les causemos sufrimiento y dolor, que no sean utilizados como una herramienta más para ejercer violencia de género y que se disponga de ellos por testamento.
De nuevo, avanzamos gracias a un presidente socialista de manera desacomplejada. Legislar desde el respeto a las personas, al planeta y al resto de animales; que visión más obvia pero a la vez revolucionaria en esta época que nos ha tocado vivir en la que la derecha y la ultraderecha hacen del enfrentamiento y el odio una virtud. Pero el resto de la sociedad tenemos que estar en frente, no permitiendo que su odio avance ni un milímetro más. Trabajamos para facilitar la vida de las personas y no para generar nuevos problemas. Las sociedades avanzan de manera decidida hacia el feminismo, la justicia social y el ecologismo. Y en esta nueva etapa, la sociedad también avanza hacia la protección y el bienestar animal. Ya es hora de dejar de mirar a otro lado con el maltrato y el dolor animal. La modificación del código civil es un primer paso claro y decidido, pero continuaremos avanzando con la nueva ley de protección animal y con la modificación del Código Penal. Es hora de ser valientes con políticas reales y efectivas de izquierdas. Son muchas las familias que buscan soluciones a sus problemas diarios, pero que también buscan que alguien se preocupe por los animales con los que conviven. Y los y las socialistas somos los únicos que podemos ser sus referentes en este ámbito y somos los únicos que transformamos cuando gobernamos, también en política de protección animal. Sigamos siendo sigamos haciendo respetuosa.
revolucionarios, política útil y
Reforma laboral: la vida de las personas trabajadoras en el centro de la política ESTHER PEÑA
PO RTAVOZ D E T R A B A J O Y D I PUTA DA PO R B U R G O S
E
En el PSOE no hacemos magia, pero sí planes de futuro. Porque no existen las varitas mágicas, pero sí los objetivos ambiciosos: reducir la dualidad del mercado laboral, introducir mecanismos de flexibilidad en las empresas, reforzar la formación de los trabajadores. Enfocarnos en el futuro, la competitividad, la certidumbre y desterrar la precariedad, el paro y la temporalidad.
RE FOR MA L A BO R AL
El mercado de trabajo español tiene todavía problemas estructurales tremendos, dramas personales y profesionales que hay que atajar. No cerramos por vacaciones, no paramos mientras las personas trabajadoras se enfrenten a situaciones de precariedad. Pero si alguna cosa se hace bien, se dice, se reconoce y se ofrecen resultados. Por primera vez, hay veinte millones de personas trabajando en este país, medio millón más trabajando que antes de la pandemia del COVID. Pero echemos un vistazo a cómo esta reforma laboral del Gobierno encabezado por Pedro Sánchez afronta con firmeza las dificultades de la estructura laboral. Hablemos, ahora que es pleno verano y bajan los decibelios, de algunas cuestiones que a menudo quedan distorsionadas en el fragor del curso político.
En primer lugar, hablemos de temporalidad: la contratación fija se dispara. Hace medio año uno de cada diez contratos era fijo, ahora uno de cada dos contratos es indefinido. Hablemos de precariedad: los contratos de menos de una semana de duración representaban el 70% de los contratos, hoy representan el 30%, entre otras cosas, gracias a los mecanismos de desincentivo. Hablemos de paro: el desempleo, que ha descendido en casi 1 millón de trabajadores en pocas semanas, alejándonos de esas tasas de paro del PP del 27% y del paro joven del 56%. Hablemos de equilibrio en la negociación colectiva: 4.5 millones de trabajadores han recuperado la ultraactividad en su convenio y 1.5 de trabajadores subcontratados han visto aumentar sus salarios por la prevalecía del convenio de sector. Estos son los datos, positivos, incontestables desde cualquier punto de vista, datos que hacen rabiar al PP y a cierta izquierda, que no quisieron que esto sucediera. Es la nueva reforma laboral la que abre nuevas oportunidades para modernizar el marco de relaciones laborales en cuanto a empleo estable, y derechos. No hay nada más viejo que el despido libre y gratuito, nada más antiguo que la explotación de los trabajadores. Es tan viejo, que el Partido Socialista Obrero Español lleva 143 años combatiendo agresiones como esas. Y poniendo en marcha políticas para recuperar derechos, subir salarios, facilitar el crecimiento del sistema productivo y crear empleo como nunca, empleo de calidad, que dé certidumbre y seguridad a las personas trabajadoras y a las familias de nuestro país.
Memoria, dignidad, democracia VA LENTÍN GA RCÍA
PO RTAVOZ D E M E M O R I A D E M O C R ÁT I CA Y D I PUTA D O PO R B A DA J OZ
L
La aprobación de la Ley de Memoria Democrática cierra el único resquicio que la Transición dejó abierto. Y es ahí donde esta ley encuentra sus raíces. La Transición alumbró la Constitución de 1978 que nació del legado democrático que sustentaron las víctimas del franquismo.
LEY DE ME MOR I A DEMO CRÁTI CA
Por eso nadie podrá apropiarse de ese periodo, el más fructífero de nuestra historia porque es patrimonio de la sociedad española. Ni nada, ni nadie apartará al PSOE de la defensa de la Transición y de la Constitución de 1978, porque estuvo en primera línea con la lealtad que siempre tuvimos como deber con España. Esa convicción democrática y de respeto a quienes defendieron la democracia en las peores circunstancias del pasado siglo, nos impelía a presentar y aprobar dicha ley. La Ley de Memoria Democrática supone un avance en derechos respecto a la Ley de Memoria Histórica de 2007. Ya que, ha incorporado las recomendaciones de Naciones Unidas y las consideraciones de las leyes autonómicas aprobadas desde entonces. Esta ley considera víctima a toda persona que, en el periodo del 18 de julio de 1936 hasta el 29 de diciembre de 1978, día de entrada en vigor de la
Constitución Española, haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral, daños patrimoniales o menoscabo de sus derechos fundamentales que constituyan violación de los derechos humanos. Es la primera vez que una ley reconoce el papel de las mujeres en la lucha antifranquista y, a partir de ahora, ellas que sufrieron una doble vulneración de derechos, ellas que mantuvieron viva la llama de la libertad, estarán con todo derecho en el frontispicio de las personas que lucharon por la democracia en nuestro país. España es uno de los países que más desapariciones forzadas tiene reconocidas. Por ello, la política de exhumación de fosas pasa a ser considerada como política pública y deber de todos los poderes públicos. El Estado asume el liderazgo de la búsqueda de las personas desaparecidas, se pondrá en marcha un Censo de Víctimas, se crea un banco de ADN para su identificación y se establece un plan anual de exhumaciones. Las víctimas tendrán derecho al reconocimiento y a la reparación integral por parte del Estado. Se declararán lugares de Memoria aquellos espacios de una especial significación para la memoria y, de esta manera, se contribuye a la difusión de los valores democráticos. Esta ley viene a mejorar la calidad democrática de nuestro país y salda la deuda ética y moral que teníamos contraída con las víctimas del franquismo al declarar el 31 de octubre, el día de su homenaje, y el 9 de mayo el día del reconocimiento a las víctimas del exilio. Contra el olvido: memoria y dignidad.
Ley Audiovisual, ley plataforma para el sector BEGOÑA NA SA RRE
PO RTAVOZ D E T R A N S FO R M AC I Ó N D I G I TA L Y D I PUTA DA PO R H U E S CA
N
Nuestro país abandera, de la mano del partido socialista, las grandes transformaciones necesarias para el avance y desarrollo de los principales sectores económicos de nuestro país. Por ello, es importante la apuesta decidida por el sector audiovisual. Un sector fundamental, ineludible.
L EY DE CO MUNI CACI Ó N AUDI OVI SUAL
La Ley General de Comunicación Audiovisual tiene como objetivo potenciar la revolución que ha experimentado el sector en los últimos años, desde la perspectiva de la innovación, acompañado de la transformación digital, de la mano de los nuevos hábitos de consumo e innovadores modelos de negocio. La Ley juega un papel importante en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, concretamente en el desarrollo del componente 25, el Eje Audiovisual de nuestro país, siendo imprescindible como proyecto de inversión económica en España. Adaptar nuestro marco jurídico para favorecer el desarrollo del mercado audiovisual en nuestro país es el objetivo de la norma. Fomentando unas reglas del juego claras para los diferentes actores dentro del mercado con independencia de la tecnología que utilicen. Con esta ley se potencia el impulso de la producción de obras audiovisuales
europeas. La ley incluye unos principios generales aplicables a todo el ámbito audiovisual que confluyen con los principios de nuestro partido socialista resaltando los valores de las sociedades democráticas como son la igualdad y la dignidad humana. Reforzando y articulando mecanismos para garantizar los derechos de los usuarios como son la protección de los menores ante ciertos contenidos y avanzando en derechos en materia de accesibilidad de los contenidos para las personas con discapacidad. Así como, se establecerán mecanismos para hacer efectivo el principio de igualdad de hombres y mujeres en el sector. Esta norma se alinea en la acción política del PSOE, favoreciendo el desarrollo económico y a la vez poniendo el foco en la protección y garantía de los derechos para los más vulnerables. El Proyecto de Ley de Comunicación Audiovisual va a suponer un antes y un después en igualdad de oportunidades para consolidar a nuestro país como plataforma de inversión, exportador de productos y polo de atracción de talento garantizando e impulsando nuestros derechos. Especial hincapié en el sector del cine, en la producción independiente, con un apoyo desde el Gobierno de Pedro Sanchez sin precedentes. Relanzando ayudas por más de 100M de € paralizadas por el PP. Con ayudas selectivas hasta los 16M de € en 2022. El sector audiovisual es estratégico e imprescindible, imagen de país cuya regulación con el mayor consenso del sector, con la mayor participación de todos los actores implicados será fundamental para garantizar una de las mayores industrias con mayores perspectivas para España a nivel mundial.
Más derechos y mejores normas para las Telecomunicaciones JOSÉ A NTONIO RODRÍGUEZ PPO RTAVOZ A DJ U N TO D E T R A N S FO R M AC I Ó N D I G I TA L Y D I PUTA D O PO R G R A N A DA
L
La nueva Ley General de Telecomunicaciones aprobada el pasado 21 de junio, es la norma principal que regula de forma uniforme el sector de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
LEY DE T ELECOMUNI CACI O NES
La ley crea un marco más adecuado para la realización de inversiones para el despliegue de redes de nueva generación y promoverá un uso más eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico, además establecerá que la portabilidad deberá realizarse en el plazo de un día laborable y mejora el acceso a los servicios de telecomunicaciones para personas con discapacidad o con necesidades sociales especiales. En definitiva, por fin con esta ley se ha conseguido regular el régimen general actualizando la normativa vigente, adaptándonos al momento actual, en el que la transformación digital es un hecho innegable, de manifiesto en nuestra sociedad, en numerables aspectos que la gran mayoría conocemos, como la pandemia, donde las comunicaciones fueron un elemento muy importante a destacar por su gran importancia y carácter imprescindible, como ejemplo: el teletrabajo, las videollamadas, el telecomercio etc. Con esta norma el gobierno ha apostado por los derechos de los usuarios con diversidad sensorial y personas con discapacidad, reforzándolos y armonizándolos con el conjunto de
la Unión Europea, para actualizar la normativa sobre el servicio universal, la gestión del espectro, la mejora de la seguridad de las redes contribuyendo a la vertebración del territorio a la lucha contra la despoblación y el cambio climático, objetivos prioritarios del Gobierno de Pedro Sánchez. La norma impulsará una mejor coordinación entre administraciones, Comunidades Autónomas y ayuntamientos, las más cercanas a la ciudadanía. Con la aprobación de esta ley se ha conseguido un impulso para un sector que factura 28.000 millones de euros, más del 3% del PIB y ocupa laboralmente a más de 46.000 personas en nuestro país y forma parte de las reformas previstas en el plan de recuperación Transformación y Resiliencia para impulsar la modernización y digitalización de España y su tejido empresarial ; en concreto del componente de conectividad 5G y ciberseguridad que prevé una inversión de 4000 millones de euros de fondos públicos para extender la conectividad a la totalidad de la población e impulsar el desarrollo del 5G y del ecosistema de ciberseguridad. Además, se ha tenido en cuenta la innovación I+D+i, imprescindible para adaptar la normativa al futuro, adaptándonos a los nuevos modelos basados en nuestra sociedad del siglo XXI con una visión vanguardista. Destacar que esta norma técnica nos potencia como país, supone un impulso para nuestra economía y a las empresas, y que nos protege como sociedad y a nuestras familias, en definitiva, una norma técnica que traspone una directiva y que es un logro del consenso político principal objetivo de este gobierno y el Grupo socialista en el Congreso.
Comprometidos con el sector cultural MA RC L A MUÀ
PO RTAVOZ D E CU LTU R A Y D I PUTA D O PO R G I R O N A
C REAL DECRE TO -L EY DE ME JO R A DE L AS CO NDI CI O NE S L AB OR AL E S DE L S ECTO R CULTUR AL
Cuando el pleno del Congreso de los Diputados aprobó las recomendaciones de la subcomisión de trabajo del Estatuto del Artista, lo hicimos reconociendo que debíamos, todos, saldar una deuda con artistas y creadores, para dignificar sus profesiones y reconocer las especificidades de los sectores culturales de nuestro país. Porque las particularidades que afectan al día a día de las vidas laborales de los trabajadores y trabajadoras de la cultura son innegables y no solo es preciso reconocerlas, sino que debemos dar una respuesta legislativa adecuada llevando a cabo las actuaciones necesarias para mejorar sus condiciones laborales, sociales y fiscales, evitando así una condena perpetua a la precariedad y el abandono de las profesiones culturales en España. Los trabajos de la comisión interministerial que impulsó el ministro Iceta han empezado a dar sus frutos tras más de 45 reuniones de trabajo entre los grupos especializados de los ministerios implicados. Los primeros de esos frutos
se han dado en dos aspectos concretos, la creación de una modalidad contractual específica adecuada a la intermitencia de la actividad artística es decir el llamado contrato laboral artístico de duración determinada. Y por otro lado, la adaptación y ampliación de la definición de espectáculo público, en este caso con dos conceptualizaciones esenciales: la ampliación del ámbito subjetivo para poder incluir las personas que desarrollan las actividades técnicas y auxiliares, y por el otro, una ampliación del ámbito objetivo de la relación especial de artistas al quedar esas actividades auxiliares y técnicas incluidas en el Real Decreto, no como pasó en la versión del 1985. “Las particularidades que afectan al día a día de las vidas laborales de los trabajadores y trabajadoras de la cultura son innegables” Son dos grandes avances puesto que mejoran dos aspectos esenciales dentro de las problemáticas que ya detectó el informe de la subcomisión. Por un lado, la lucha para adecuar nuestra legislación a la obligada intermitencia de los trabajos vinculados a la cultura y por otro lado, la dignificación también de todos aquellos trabajadores y técnicos vinculados a los espacios culturales y que por tanto forman parte intrínseca de la cultura adoleciendo de males compartidos con nuestros artistas y creadores.
Un escudo para consumir en igualdad MA RISOL SÁ NCHEZ JÓDAR PO RTAVOZ D E CO N S U M O Y D I PUTA DA PO R M U R C I A
E LEY D E PROTECCI ÓN AL CO NSUMI DO R VUL NE RABL E
El pasado 24 febrero, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley 4/2022 de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, impulsado por el Ministerio de Consumo y cuyo texto, tramitado con carácter de urgencia, incorpora un total de 53 enmiendas transaccionadas. Esta nueva ley tiene un carácter eminentemente social ya que proclama la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal y la protección de la población más vulnerable en sus relaciones de consumo. La ley introduce la definición general de personas consumidoras vulnerables y las protege frente a situaciones de indefensión o desprotección que les impide el ejercicio legítimo de sus derechos en condiciones de igualdad con respecto al resto de consumidores. Por lo tanto, supone un refuerzo de su protección jurídica exigiendo mayor claridad en los contratos y apoyando a las personas con menor capacidad de contratación digital. El texto incluye un plan para la inclusión financiera de los colectivos más expuestos y, especialmente, para las personas mayores. Esta nueva regla
garantiza la atención personalizada a nuestros mayores y a otras personas que puedan necesitarlo. Estas medidas están dirigidas a evitar la exclusión financiera de los consumidores en situación de vulnerabilidad. En especial, se atiende a las necesidades de nuestras personas mayores prestando más atención a aquellas que viven en entornos rurales y sufren el cierre de las entidades bancarias. Entre otras medidas, también se incluye el etiquetado en braille de productos de consumo, como pedían los representantes de personas con discapacidad agrupados en CERMI. Esta medida protegerá a los consumidores con discapacidad visual y mejorará su inclusión en la sociedad. Gracias a esta iniciativa socialista se aumentará la protección legal de las personas consumidoras que viven en el ámbito rural, sin acceso cercano a entidades financieras y otros servicios; las personas mayores que no entienden de compras online; las personas consumidoras con bajo nivel educativo; los menores de edad, por su indefensión ante la comunicación comercial o aquellos con dificultades para acceder a recursos tecnológicos y seguir su formación online; las personas con intolerancias o alergias alimentarias que precisan información adicional en las compras de alimentos o en espacios de restauración. En definitiva, el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno de España tienen un fuerte compromiso con el consumo responsable y la protección de las personas más vulnerables. A través de esta legislación se ha tejido un escudo social en las relaciones de consumo para proteger a aquellos que más lo necesitan.
Legislar para resguardar los derechos conquistados MA RÍA GUIJA RRO
PO RTAVOZ D E CO O PE R ACI Ó N I N T E R N ACI O N A L Y D I PUTA DA PO R B I Z KA I A
L
Las feministas solemos decir que hay que estar muy atentas con los derechos conquistados para las mujeres porque en cualquier momento pueden ser revertidos, y si no, ahí tenemos el ejemplo más reciente con la derogación del aborto en Estados Unidos en pleno siglo XXI.
LEY PARA L A PEN AL I Z ACI Ó N DE L ACOS O A MUJE R E S QUE ACUDE N A ABO RTAR
Y en este periodo de sesiones, desde el Grupo Parlamentario Socialista, hemos vuelto a trabajar para defender derechos conquistados. En este caso hemos conseguido, a través de una reforma del Código Penal, que se penalice el acoso y hostigamiento a las mujeres que acudan a clínicas abortivas para interrumpir voluntariamente su embarazo. Se penaliza, no solo a quienes acosan, insultan o coaccionan a las mujeres que acuden a una clínica abortiva si no también protege al personal sanitario de esas clínicas sanitarias. Queda así recogido en el Código Penal: “El que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días.” Y además, entre otras cuestiones se deja claro que no
será necesaria la denuncia de la persona agraviada ni de su representación legal. En definitiva, que el Estado vuelve a proteger a las mujeres. Parece increíble que las progresistas tengamos que seguir recordando que las mujeres que acuden a interrumpir sus embarazos a un centro sanitario están velando por su salud y tienen que hacerlo en las mejores condiciones sanitarias. Además es un servicio de la cartera de salud pública y por supuesto es una elección protegida por las leyes y facilitada por el Estado. El PP y VOX han vuelto a demostrar que proteger los derechos no es lo suyo. Que para ellos, ofender, insultar y llamar asesinas a las mujeres es libertad de expresión, y no un delito. Han elegido el lado incorrecto: el de los hostigadores. Inmiscuirse en la vida de las mujeres en ese momento de su vida no es libertad de expresión. Y menos de manera premeditada, organizada y perseverante. Los insultos y los acosos nunca serán libre manifestación o expresión. Pero en el PSOE nos centramos en seguir defendiendo la libertad de las mujeres frente a la intimidación y la coacción. Nos jugamos mucho. La regresión que pretende la derecha y la ultraderecha en materia de derechos, y en concreto en materia de derechos de las mujeres es, desgraciadamente una triste realidad. Pero nos van a encontrar enfrente. Frente a todos los episodios machistas a los que nos enfrentamos a diario. Con el BOE en la mano y con nuestro modo feminista y socialdemócrata de entender el mundo. Porque sin feminismo no hay democracia.
Crear, crecer y mirar al futuro PEDRO CA SA RES
PO RTAVOZ D E A S U N TO S ECO N Ó M I CO S Y D I PUTA D O PO R CA N TA B R I A
C
Cada curso político se aprueban leyes con las que nuestro país avanza, se amplían derechos, se logran conquistas sociales irrenunciables y se mejora la vida de la ciudadanía. Pero pocas leyes hay más importantes para modernizar nuestro tejido productivo y dar respuesta a las necesidades de nuestras empresas y pymes que la Ley Crea y Crece, para la creación y crecimiento de las empresas.
LEY CRE A Y CRECE
Una ley con la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha apostado por nuestros emprendedores y por hacer realidad, de una vez en nuestro país, que sea fácil dar forma a una idea hasta convertirla en un negocio rentable o en una empresa que genere empleo de calidad y estable. Eso es precisamente lo que busca hacer la ley Crea y Crece, facilitar que se ponga en marcha una idea, una empresa, ayudando y dando facilidades a quienes en nuestro país decidan emprender, permitiendo, además, que éstas aumentar su tamaño y competitividad. Una ley que mira al futuro, que sienta las bases del país que queremos dejar a las próximas generaciones, que nace del diálogo con todos los sectores, con todas las formaciones políticas del Congreso, y que ha buscado siempre
aunar consensos y acuerdos básicos sobre cómo debemos modernizar nuestro tejido productivo, haciendo posible que sea más fácil, más rápida y con menos costes crear una empresa en nuestro país. Con esta nueva norma estamos pensando, sobre todo, en los jóvenes, en los emprendedores, en todos aquellos que quieren iniciar un proyecto profesional y hasta ahora se han encontrado con miles de trabas burocráticas, también en todos esos empresarios y autónomos que sienten la incertidumbre sobre cuándo les van a pagar una factura en estos tiempos de dificultad y se arriesgan. Con esta nueva ley, reducimos y agilizamos los trámites, hacemos que solo con un euro puedas constituir una sociedad limitada sin necesidad de poner un capital social de al menos 3.000 euros, como ocurría hasta ahora, combatimos la morosidad y creamos una ventanilla única para garantizar una reducción de plazos. Queremos que crear o hacer crecer una empresa en nuestro país deje de ser una montaña de inconvenientes y comience a ser algo sencillo y fácil, al alcance de todos y de todas. Nada es más importante para un país que generar un tejido productivo potente, con empresas, pymes y autónomos con capacidad de generar actividad económica, riqueza y crear empleo estable y de calidad. A ello y en ellos pensamos cuando hacemos realidad esta Ley Crea y Crece, gobernando el presente pero mirando, siempre, al futuro.
Hay otra manera de salir de una crisis JOSÉ CA RLOS DURÁ N
PO RTAVOZ A DJ U N TO D E A S U N TO S ECO N Ó M I CO S Y D I PUTA D O PO R M Á L AG A
E REAL DECRE TO -L EY DE ME DI DAS PARA DAR RE SPUE STA A L A GUERRA DE UCR ANI A
El Gobierno de España está trabajando, desde el comienzo de la pandemia y tras la invasión de Ucrania, para que las clases populares de nuestro país no sean las que paguen las consecuencias sociales y económicas de las crisis. En el Grupo Parlamentario Socialista trabajamos cada día para que estas medidas se convaliden en el Congreso y salgamos de esta sin dejar a nadie atrás. El Congreso ha convalidado recientemente el Real Decreto de medidas contra las consecuencias de la Guerra en Ucrania, todo un hito en cuanto a la cuantía económica que pone para paliar las dificultades que la crisis está generando. Hablamos de un plan de más de 9.000 millones de euros para proteger, hasta finales de este año, a las clases medias y trabajadoras, las empresas y, en especial, a los más vulnerables. Las medidas que pone sobre la mesa merecen ser expuestas, en tanto que representan un enorme esfuerzo colectivo por preservar el bienestar de toda la ciudadanía. En materia eléctrica, el punto más significativo de este Decreto es, sin duda, la rebaja del IVA de la luz del 10% al 5%. España se convierte así en el
país con los impuestos a la electricidad más bajos de Europa. Sumando esta última rebaja a todas las medidas que ha tomado el Gobierno desde el verano del pasado año 2021, se ha aplicado la mayor rebaja de impuestos de la electricidad de la historia, por más de 10.000 millones de euros. También, y en lo que respecta a medidas en el ámbito energético, el Gobierno ha prorrogado hasta final de año la ayuda en la compra de carburante, que recordemos que supone una rebaja de 20 céntimos por cada litro de gasolina que repostamos. El Decreto también contempla rebajas para aquellos ciudadanos que, en lugar de desplazarse en transporte privado, usan el transporte público colectivo, reduciendo a prácticamente la mitad el precio de los abonos en todas las CCAA y bonificando el 100 en los de titularidad estatal. En materia social, el Gobierno ha aprobado el bono mensual de 200 euros para ocupados y desempleados que vivan en hogares de rentas bajas. También se ha aprobado la subida de un 15% en las pensiones no contributivas, en la línea del incremento que hubo en el Ingreso Mínimo Vital meses atrás. Y aún tendríamos que hablar de la suspensión de desahucios y de cortes de electricidad a las personas más vulnerables, como ya se venía haciendo desde el comienzo de la pandemia, o la limitación extraordinaria del incremento de los alquileres, ahora ligados al IGC y que no podrán superar el 2% al término del año.
Ponemos fin a las altas tasas de temporalidad del personal sanitario A NA PRIETO
PO RTAVOZ D E S A N I DA D Y D I PUTA DA PO R LU G O
H REAL DECRE TO -L EY PARA HACE R F I JO S A 67.000 SANI TARI OS
Hay momentos en la vida de la Cámara en que es posible sentir que se ha servido al país. Uno de estos momentos fue el acuerdo del Congreso sobre la convalidación del Real Decreto-ley sobre la reforma del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud que pone fin a las altas tasas de temporalidad del personal sanitario. Se establece así un nuevo marco jurídico para acabar con la precarización en la sanidad y terminar con la elevada temporalidad, que lejos de reducirse se incrementaba. Para los socialistas, la reducción de la temporalidad en el empleo público es fundamental; con esta modificación se trata de evitar que se vuelva a producirse en el Sistema Nacional de Salud (SNS). La erradicación de la precariedad dará mayor certidumbre a los profesionales sanitarios, que con entrega y voluntad nos cuidan siempre. Acabar con la temporalidad era una asignatura pendiente; superada, beneficia a los pacientes, y contribuye al fortalecimiento del SNS. Tras el pleno del Debate del Estado de la Nación fue convalidado, sin ningún voto en contra, el Real Decreto-ley. Hemos dado un paso definitivo en la reforma integral emprendida por el Gobierno
de España, cuya determinación en abordar la temporalidad va encaminada a la estabilización de los profesionales sanitarios del SNS. Es esta una medida comprometida con Europa en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es una medida para situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8% en el conjunto de las Administraciones Públicas. Será posible culminar así la estabilización de más de 67.000 plazas, y establecer el marco normativo que regule las diferentes formas de contratación temporal. Con la nueva norma desaparecen los nombramientos eventuales sanitarios y se establecen dos únicos grupos de personal estatutario temporal: interino y sustituto; se fijan las distintas modalidades de contratación temporal. El nuevo Estatuto Marco impide que los sanitarios puedan estar trabajando más de tres años con contratos de interinidad sin ser funcionarios. Es una medida pactada con las CC.AA. Esta reforma puntual está consensuada y negociada con los sindicatos más representativos del ámbito. La disposición adicional primera establece el inicio de un proceso negociador sindical para la actualización del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Los socialistas, una vez más, damos pasos para promover empleo estable y garantizar un servicio público de calidad. Está en el ideario del PSOE desde su fundación. Pablo Iglesias puso puso negro sobre blanco su aviso de que los socialistas lo somos no para recrearnos en nuestras ideas sino para llevarlas a todas partes. También a la sanidad pública.
tfl y @gpscongreso