AVANZAR Y PROTEGER En marcha la Comisión para la reconstrucción social y Económica, para que nadie se quede atrás La Comisión para la Reconstrucción social y económica está ya funcionando a pleno rendimiento, con comparecencias los martes y jueves, y a lo largo de toda la semana también en los cuatro grupos de trabajo, relativos a sanidad o salud pública; reactivación económica; políticas sociales y sistema de cuidados y Unión Europea, celebrando las comparecencias acordadas. Expertos, responsables, dirigentes o representantes de entidades que tengan relación con las áreas tratadas en los cuatro grupos de trabajo contribuirán con sus análisis y propuestas a elaborar un dictamen con directrices para la recuperación social y económica del país, tras la crisis provocada por la pandemia del covid-19. Ya han pasado por este órgano miembros del Gobierno, como sus vicepresidentas y vicepresidente. También han acudido representantes del sector agrario, industrial, del tercer sector, y de la UE, y se contará con agentes sociales, colectivo educativo o representantes de entes locales, entre los numerosos representantes de instituciones y sociedad civil que contribuyen al objetivo común de la reconstrucción social y económica.
EN LA COMISIÓN COMPARECERÁN NUMEROSOS
EXPERTOS:
Sanidad y Salud Pública, desde el ministro de Sanidad, pasando por representantes de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España o de la Organización Médica Colegial. También se contará con el colectivo de la Ciencia, con representantes del Consejo Superior de Organizaciones Científicas (CSIC) y fundación COTEC. Reactivación económica, además de las vicepresidentas Calviño y Ribera, han comparecido ya en Comisión o grupo de Trabajo representantes de las tres organizaciones agrarias ASAJA, COAG Y UPA, y el Secretario Alianza por la Competitividad de la Industria Española. Y se contará, entre otros, con la ministra de Trabajo, con los agentes sociales, representantes de la CEOE, CEPYME, de organizaciones de trabajadores autónomos y sindicatos. También se escuchará al gobernador del Banco de España, o a la Airef; y a representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Políticas sociales y sistema de cuidados, se convocará a expertos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), asociaciones contra la pobreza o representantes del colectivo de la infancia, como Unicef, la Plataforma de la Infancia o Save the Children. Además tendrá presencia el colectivo universitario, con representantes del Consejo Estatal del Estado y Conferencia Rectores de las Universidades de las Universidades Españolas (CRUE). Unión Europea, se pedirá información y opinión a la ministra de Asuntos Exteriores, al Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, al representante del Comité Económico y Social Europeo o al Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, además de a la Presidenta de los S&D, Iratxe García.
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Dos años de justicia social La moción de censura que abrió un nuevo tiempo progresista en nuestro país cumple su segundo aniversario
El pasado día 1 se cumplieron dos años desde aquel otro primero de junio de 2018 en el que el secretario general socialista, Pedro Sánchez, se convirtió en el séptimo presidente del Gobierno de España. En aquella jornada salió adelante en la Cámara Baja la moción de censura planteada por el PSOE contra el Ejecutivo conservador, a raíz del escándalo provocado por las consecuencias de la histórica sentencia del caso Gürtel, que puso negro sobre blanco la corrupción del PP de Mariano Rajoy. El ya investido presidente Sánchez se propuso acometer todos los desafíos del país con humildad, entrega y determinación, con las miras puestas en modernizar la nación y atender las necesidades sociales, combatiendo la precariedad y la desigualdad, y buscando la justicia social. Durante este bienio, el Gobierno liderado por el PSOE ha convertido en realidad diferentes iniciativas que han puesto fin a los recortes y retrocesos de los gobiernos conservadores. Las medidas puestas en marcha han merecido el respaldo mayoritario de la sociedad española, que han otorgado la victoria a las siglas socialistas en las sucesivas elecciones generales celebradas en este tiempo. Entre las claves de estos dos años ejes prioritarios como la regeneración democrática, la estabilidad presupuestaria y la convivencia territorial. Algunos de los hitos que han marcado este tiempo para una nueva España se encuentran en la recuperación de la sanidad pública universal, la regulación de la eutanasia, las diferentes iniciativas para combatir la Violencia de Género y en pro de la igualdad de la mujer, la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, la limitación de los aforamientos, la revalorización de las pensiones con el IPC y la Ley de Igualdad de Trato. También se cuentan en el haber del Ejecutivo el decidido incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la eliminación de los copagos, la nueva agenda exterior española, la ampliación del permiso de paternidad, el bono social energético, la apuesta por el diálogo social, el refuerzo de la protección de los autónomos, el comienzo de una nueva fiscalidad justa con los nuevos impuestos, la mayor protección de los consumidores en cuestiones como las hipotecarias y los diferentes avances aprobados para una transición energética justa y para combatir el cambio climático. La muestra más reciente de la inequívoca orientación progresista del Gobierno ha sido el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que recibió luz verde en el último Consejo de Ministros de mayo. El IMV, una medida cuya aprobación se adelantó a lo previsto con el objetivo de atender las extremas necesidades causadas por la pandemia, supone un paso de gigante en la lucha contra la pobreza y engrandece nuestro Estado del Bienestar.
UN GOBIERNO PROGRESISTA CON UNA AGENDA PARA CUATRO AÑOS Dos años han pasado desde aquel primero de junio. Y quedan muchos junios más de trabajo por el futuro y el progreso, para que nadie se quede atrás y se pueda reconstruir el país, con unidad y consenso, tras el mazazo de la crisis del Covid-19. El Gobierno progresista tiene una agenda para cuatro años con el objetivo de avanzar y proteger a la sociedad, con unidad, diálogo y consenso, a pesar de las difíciles circunstancias. Tras la irrupción en España de la pandemia del Covid-19, la prioridad del Gobierno ha sido proteger a la sociedad de las consecuencias más adversas de la crisis, para lo que ha sacado adelante en el Congreso un amplio paquete legislativo.
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PLENO: LA ÚLTIMA PRÓRROGA DEL ESTADO DE ALARMA, HACIA LA NUEVA NORMALIDAD
El Consejo de Ministros aprobará un RDL con normativa a aplicar a partir del 21 de junio, cuando las CCAA gestionen la salida del estado de alarma El pleno de este miércoles ha aprobado la sexta y última prórroga del estado de alarma que dará paso a la nueva normalidad, una vez culminada la desescalada. Será la comunidad autónoma, con sus presidentes y presidentas en su nueva condición de autoridad competente delegada, quien decida la superación de la fase 3 y, por tanto, el paso a la nueva normalidad. El Consejo de Ministros del martes 9 junio aprobará un RDL para aplicar en esa nueva normalidad, a partir del 21 de junio sin estado de alarma, que recopila todas las medidas necesarias de prevención, contención y coordinación frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que subrayó la eficacia del estado de alarma como herramienta para luchar contra la pandemia, hizo un llamamiento a todos partidos de la Cámara a la “concordia” y a la necesidad de “una nueva actitud política: la del entendimiento”, para transformar definitivamente España. “El virus no puede ser el pretexto para dividir y combatir al adversario. Menos aún, utilizando las víctimas como arma arrojadiza o apropiándose de una bandera que es de todos y que ondea hoy a media asta en el luto oficial más prolongado de nuestra historia”, dijo.
Avanzar y proteger La portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, que subrayó que sin el estado de alarma “no habríamos doblegado la curva de la pandemia”, destacó los numerosos decretos leyes convalidados por las Cortes con el objetivo de “avanzar y proteger” a la sociedad de las consecuencias de la enfermedad. “A medida que la crisis sanitaria desescala, el extremismo escala y hay quienes se empeñan en transformar esa unión en confrontación”, advirtió. Frente a ello, reivindicó que “la política es la mayor palanca transformadora de la que disponemos para crear una sociedad más justa. Esa es la vocación con la que hemos creado la comisión de reconstrucción de la que debe salir un proyecto de país para España con la participación de todos los demócratas.” “Y esa es la convicción con la que, cuando más falta hace, el Consejo de Ministros ha aprobado el Ingreso Mínimo Vital”, aprovechó para subrayar la trascendencia de esta última medida para combatir la pobreza. “Con el Ingreso Mínimo Vital seremos un país más digno, sin duda, pero también un país más unido y más libre”, proclamó la portavoz del GPS, que ha expresado su agradecimiento al presidente, a todo el Gobierno y a la ex ministra María Luisa Carcedo –sin cuya “convicción” y “empeño” el IMV no habría sido posible–, además de su orgullo “de pertenecer al PSOE, partido que, de nuevo, ha impulsado la libertad y la justicia en España”.
IMPUESTO A DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES En el pleno también se ha debatido el impuesto sobre determinados servicios digitales, para rechazarse las enmiendas a la totalidad presentadas por las derechas, unas enmiendas que en palabras de la portavoz socialista de Hacienda, Patricia Blanquer, son “inconsistentes, incoherentes y desproporcionadas”. Así, este impuesto continúa su trámite parlamentario con el debate y votación de las enmiendas al articulado en ponencia y en Comisión. Si una empresa opera y genera valor a partir de los datos y contribuciones de usuarios en nuestro territorio, debe tributar en España con independencia de donde tenga su domicilio fiscal.
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HÉCTOR GÓMEZ, PORTAVOZ DE ASUNTOS EXTERIORES
“La UE debe poner en marcha medidas para una recuperación sostenible y justa”
El portavoz de AAEE, Héctor Gómez, destaca que la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 es “la prueba de fuego” de la Unión Europea, que debe poner en marcha medidas para propiciar “una recuperación sostenible y justa de las economías comunitarias”. Entre las medidas que aplaude, el fondo propuesto por la Comisión Europea, ahora pendiente de negociación en el Consejo Europeo, que podría beneficiar a nuestro país con hasta 140.000 millones de euros, en su mayoría de transferencias directas. El también diputado por Santa Cruz de Tenerife y secretario de Relaciones Internacionales de la Ejecutiva Federal, representa al PSOE en el Grupo de Trabajo de Unión Europea en la Comisión para la Reconstrucción junto al europarlamentario Ibán García del Blanco. ¿Cómo están siendo las primeras reuniones y comparecencias en su Grupo de Trabajo? Estamos escuchando ponencias interesantes de personalidades que tienen mucho que aportar, ideas y políticas que la Unión Europea debe poner en marcha para afrontar la crisis, como la de presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas, mi compañera Iratxe García. Hay partidos que parecen querer convertir esta comisión en un órgano fiscalizador Sí, y se equivocan. Esta comisión no es para enjuiciar a nadie. El Congreso ya tiene sus sistemas de control al Ejecutivo, y todos los ministros han comparecido en las Cortes para dar cuenta de su gestión ante la crisis. Nuestros trabajos deben orientarse a dar respuesta a la situación extrema causada por la epidemia, y eso es lo que espera de nosotros la ciudadanía. En nuestro entorno europeo ¿Cuál ha sido la actitud de la oposición? La beligerancia y el acoso en España de las derechas no tienen parangón en Europa. Algunos se empeñan en no dar tregua al Gobierno, con una agresividad sin precedentes, ante una crisis para la que no había un manual de instrucciones, porque todo lo ocurrido es inédito. Especialmente lamentable es la postura del PP, que parece olvidar que ha sido un partido de gobierno. Algunos se dedican a frivolizar y a criticar por criticar en lugar de aportar ideas para la reconstrucción del país, precisamente el objetivo de esta comisión. Mi grupo llama a evitar la confrontación y el lodazal que algunos traen al Congreso. ¿Cuál es el papel que debe jugar la UE en esta crisis? Un papel fundamental. Esta crisis es un gran desafío, un hito que marcará la historia de la UE y debe estar a la altura. Los socialistas defendemos que se pongan en marcha medidas para que nadie se quede atrás, para una recuperación sostenible y justa de las economías. Así, merece todo nuestro apoyo el nuevo fondo propuesto por la Comisión, que pondría a disposición de los Estados miembro 750.000 millones de euros. Y se deben impulsar los mecanismos de cooperación entre políticas sanitarias, la agenda social europea, la transición ecológica y la digitalización o una nueva política europea de migración y asilo.
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En redes:
COMPARECENCIA DE MINISTROS Y MINISTRAS
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COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN
MÁS ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
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EL ACENTO Patricia Blanquer Portavoz de Hacienda
“Ajustar la normativa fiscal a la nueva realidad digital es una decisión de justicia” Las actividades empresariales han ido evolucionando a lo largo de los últimos años para dar cobertura a las nuevas necesidades y lo han hecho adaptando sus estructuras a los nuevos avances tecnológicos. Sin embargo, las normas tributarias no lo han hecho al mismo ritmo. Con la transformación digital, aparecen nuevos modelos de negocio basados en activos intangibles, datos y conocimientos, cuyas actividades a distancia requieren escasa o nula presencia física en los territorios en los que se genera valor. Como no requieren presencia para realizar sus actividades, y es la presencia en la que se basan las normas fiscales internacionales, éstas eligen en qué lugar tributar, eligiendo en muchos casos, Jurisdicciones de escasa o nula tributación. Con ello, se produce una asimetría fiscal entre estas nuevas empresas digitalizadas y las tradicionales, que obtienen una ventaja fiscal distorsionando el mercado. Por tanto, ajustar la normativa fiscal a la nueva realidad digital es una decisión de justicia. Con el impuesto de determinados servicios digitales que estamos tramitando en el Congreso pretendemos modernizar nuestro sistema fiscal en la misma dirección que lo hace la sociedad y la tecnología en el siglo XXI. Si una empresa opera y genera valor a partir de los datos y contribuciones de “usuarios” en nuestro territorio, debe tributar en España con independencia de donde tenga su domicilio fiscal. Si las empresas utilizan nuestros datos como usuarios para generar valor, éstas deben tributar por ello en nuestro territorio. El impuesto es indirecto y está dirigido a la publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y transmisión de datos. Así, si estas empresas cumplen con el hecho imponible y con los requisitos del impuesto, deberán pagarlo. Hace cinco años que se planteó el debate en el seno de la OCDE y ya no podemos esperar más. No podemos renunciar a aumentar nuestra capacidad recaudatoria y mucho menos, en unos momentos en los que necesitamos mayor financiación para contribuir a los gastos generados por la emergencia sanitaria de la covid 19. Toda la financiación no puede ser a través de endeudamiento. La tramitación de este impuesto está en línea con la propuesta europea, con el compromiso de adaptarlo a la solución multilateral que en el seno del debate internacional se consiga. Debatirlo y tramitar el impuesto como han hecho otros países, Hungría, Francia o Italia contribuye además a fortalecer nuestra posición de defensa y a forzar la necesidad de pronta armonización.
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