PARA QUE GANE EL BUEN GOBIERNO En nuestros programas para las próximas Elecciones Municipales y Autonómicas, los y las socialistas ponemos el rumbo hacia el objetivo de impulsar una gestión al frente de Ayuntamientos y CCAA marcada por el buen gobierno… Entendemos que es momento de hacer más democrática la democracia. Es momento de más transparencia, más eficacia, más participación; es momento de más rendición de cuentas; es momento de una forma de gobernar más abierta, comprensible y controlable por la ciudadanía. En política, las formas importan y mucho. Y la diferencia de las formas de unos y otros demuestran que los hombres y mujeres socialistas no partimos de cero en esto del buen gobierno. Las formas del Partido Popular son el freno al trabajo de los concejales y diputados de la oposición, la negativa a dar cuentas de su gestión o el despilfarro… como ese aeropuerto de Castellón sin aviones o esos cerca de 500 millones de euros que se ha gastado Ruiz Gallardón en del traslado del Ayuntamiento de Madrid a una nueva sede… Nuestras formas son, por ejemplo, las de la transparencia del Gobierno de Aragón que faculta la participación de la oposición en los Consejos de Administración de las empresas públicas; o las de la austeridad del Ayuntamiento de Jaén, en el que todo el gobierno municipal se ha congelado el sueldo y ha eliminado dietas y otros gastos, hasta ahorrar, en estos últimos años, más de 4 millones de euros… Las formas del PP son tratar de intimidar y amordazar a los medios denunciando a las televisiones que dan cuenta de la presencia de imputados en sus listas electorales. Nuestras formas son las del Ayuntamiento de Albacete que elabora los presupuestos municipales con la participación ciudadana.
Si gana el PSOE, gana el Buen Gobierno. Si gana el PP, gana el uso partidista de las instituciones, el no rendir cuentas, la mordaza a la oposición, la manipulación informativa, el despilfarro. Si gana el PP, pierde el Buen Gobierno. 1
NO DA IGUAL (Cómo gobiernan PSOE y PP) La política de transparencia es una seña de identidad de la gestión del Gobierno de Aragón. Un buen ejemplo de esta actitud es la participación de la oposición en los Consejos de Administración de las empresas públicas; otro ejemplo, la obligación de publicar en el BOA el nombramiento de los cargos de confianza. El Gobierno de Asturias ofrece toda la información de la contratación administrativa a través de internet. El PP y el Gobierno de Esperanza Aguirre impiden sistemáticamente a los grupos de la oposición cumplir con su tarea de control a la acción del ejecutivo regional en el Parlamento de la Comunidad de Madrid. Los populares frenan la celebración de debates parlamentarios e impiden la formulación de preguntas que pueden resultarles incómodas. Más de 100 preguntas parlamentarias del Grupo Socialista han sido vetadas en esta última Legislatura. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, ha limitado las preguntas que la oposición puede realizar en el pleno del Ayuntamiento. Esta disposición se decretó tras un pleno en el que la oposición realizó más de 70 preguntas en relación a la contratación laboral de familiares de concejales del PP en el Ayuntamiento. El gobierno local de Cádiz, además, no invita a los miembros de la oposición a los actos oficiales (inauguraciones de obras realizadas con fondos del Plan E y actuaciones de la Junta de Andalucía). La inexistencia de un Reglamento de Protocolo propio del Ayuntamiento de Cádiz se traduce en que en cada acto se improvisan nuevas reglas, aunque siempre con el objetivo de ocultar, si está, la presencia de la oposición. Durante esta Legislatura, el Gobierno de Castilla‐La Mancha ha aprobado la Carta de Compromisos con la Calidad de las Administraciones Públicas y ha creado el Foro de Calidad de los Servicios Públicos. 2
El Ayuntamiento de Santiago de Compostela aprobó el “Libro Branco da Modernización do Concello de Santiago de Compostela”, para medir la calidad de los servicios municipales y, en consecuencia, mejorar la eficacia y eficiencia de su gestión. Las CCAA gobernadas por el PP se sitúan a la cola en inversión educativa, gasto sanitario y obstaculizan el desarrollo de la Ley de Dependencia. En cambio, los gobiernos del PP ofrecen innumerables ejemplos de despilfarro de dinero público en inversiones social y económicamente irrelevantes: o El aeropuerto de Castellón, inaugurado por Camps y Fabra, sin fecha prevista para el primer vuelo, y cuya previsión de coste es de 56 millones de euros para los próximos 8 años. o La Junta de Castilla y León elaboró un informe titulado “Programa de Desarrollo Rural (2007‐2013)”, en el que se mencionan a la marsopa común y el cachalote como especies en peligro de extinción en la región. o El Gobierno de Murcia patrocina un equipo de Fórmula 1, al que destina 1,9 millones de euros. o La Ciudad de las Ciencias de Valencia cuenta con un sobrecoste de 600 millones de euros, aún sin justificar. o Ruiz Gallardón lleva ya gastados cerca de 500 millones de euros en la operación de traslado del Ayuntamiento a una nueva sede. El Ayuntamiento de Gijón ofrece información puntual, detallada y transparente de sus presupuestos y de la situación de sus cuentas. Igualmente, proporciona información sobre el importe individual y colectivo de las retribuciones de la alcaldesa y los/as concejales/as, así como la relación de cargos y puestos de confianza y el importe de sus retribuciones.
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El Ayuntamiento de Jaén tiene publicada en internet la declaración de bienes de los miembros de la corporación municipal para conocimiento de la evolución de sus rentas y patrimonio. En esta Legislatura, todo el gobierno municipal se ha congelado el sueldo, ha eliminado dietas y ha acortado otros gastos (reducción del personal de confianza, eliminación de escoltas), hasta ahorrar, en estos años, más de 4 millones de euros (688,2 millones de las antiguas pesetas). El Ayuntamiento de Cádiz evita el control de la oposición mediante la creación de empresas públicas. Sólo en 2010, se han creado las empresas Cádiz Conecta SA y Cádiz 2012 SA, en las que no está representada la oposición en sus Consejos de Administración con lo que ésta no puede fiscalizar los dineros públicos que gestionan estas empresas. El Gobierno de Esperanza Aguirre somete a un férreo control a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, hasta el punto de que este organismo no fiscalizó por cuenta propia los 400 contratos con la trama Gürtel. Tampoco el gasto sanitario en esta región está sometido a ningún control. La participación ciudadana es una de las apuestas importantes del Gobierno de Aragón y la creación de la Dirección General de Participación Ciudadana ha posibilitado la intervención de un buen número de colectivos en la configuración de iniciativas de este ejecutivo regional en materias tales como sanidad, educación, empleo público, servicios sociales, seguridad vial, etc. En el seno del Ayuntamiento de Barcelona opera el Consejo de la Ciudad, máximo órgano consultivo que integran representantes de la ciudadanía y del Ayuntamiento y que preside el mismo alcalde de la ciudad, y que asesora al consistorio en las grandes líneas de su gestión, incluidos los presupuestos municipales. El de Albacete es un Ayuntamiento pionero en establecer un canal de participación ciudadana en la elaboración de sus presupuestos municipales. El Ayuntamiento ofrece a los ciudadanos y ciudadanas y al tejido asociativo la posibilidad de incorporar propuestas a los presupuestos municipales de cada año y de hacer un seguimiento a través de una comisión. 4
El Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid ha liquidado casi todos los cauces de participación ciudadana. Ha suprimido, entre otros, el Consejo Regional de la Mujer y el Consejo Regional de la Juventud. El Gobierno de Baleares ha dispuesto una serie de medidas legislativas para garantizar la misión de servicio público del canal IB3: la Ley de la Radio y Televisión Pública y la Ley del Consejo Audiovisual, que garantizan la pluralidad de los medios de comunicación de titularidad pública; y la Ley de Publicidad Institucional, que asegura la utilización eficiente y honesta del dinero público en publicidad. El Gobierno balear, además, ha conseguido que IB3 cerrara el ejercicio de 2010 sin déficit por primera vez desde su creación, y ello reduciendo su presupuesto de los 150 millones de euros en 2007, a 52 millones de euros en 2011. Las televisiones de la Comunidad Valenciana (Canal 9) y Madrid (Telemadrid) lideran el ranking de televisiones públicas autonómicas más endeudadas: 1.122 millones y 250 millones de euros, respectivamente. Ambas se han convertido, además, en paradigmas de la manipulación informativa y el servilismo político a favor, cada una, del respectivo gobierno regional del PP. La Televisión de Galicia (TVG) otorga al PP, que tuvo el 47,09% de los votos en las pasadas Elecciones Autonómicas gallegas, y a Núñez Feijóo, el 90% del tiempo de la información política, y a los dos partidos de la oposición con representación parlamentaria –PsdeG y BNG‐ que tuvieron el 46,50% de los votos en las mismas elecciones, el 10% restante, y ese 10% se alcanza con un elevado número de noticias negativas para ambas formaciones. El director general de la Compañía de Radio Televisión de Galicia fue elegido exclusivamente por el partido que conforma el Gobierno gallego, el PP. La Jefa de los Servicios Informativos de TVG es militante activa del PP, actuando como interventora en procesos electorales, y su propio marido, también militante e integrante de una candidatura municipal del PP en las anteriores elecciones, es el editor del programa informativo de la noche.
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¿QUÉ PROMETE EL PP? En su Programa Marco Autonómico, el PP dice que hace falta “una mejor coordinación entre las administraciones”. Parece una broma que haga tal observación un partido que ha convertido a sus gobiernos autonómicos en trincheras de obstrucción y de enfrentamiento con el Gobierno de España, lesionando con ello seriamente los intereses de sus ciudadanos. Los gobiernos de Madrid y Comunidad Valenciana han rechazado tomar parte en el programa Escuela 2.0, con lo que han impedido a los alumnos/as de 5º de Primaria de sus comunidades el uso personalizado de un ordenador portátil. Algunos gobiernos regionales del PP también han frenado con su boicot deliberado e injustificable el desarrollo del sistema de dependencia, perjudicando de esta forma a las personas necesitadas de estas ayudas… “Reduciremos el número de altos cargos”, promete también el PP. Mientras, el gobierno de Esperanza Aguirre, por ejemplo, ha aumentado desde 2003 en un 84 % los costes de altos cargos en la Comunidad de Madrid. Ruiz Gallardón, por su parte, ha aumentado en los últimos siete años en un 388 % el gasto en sus cargos de confianza y libre designación en el Ayuntamiento de Madrid. Y el Presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, cuenta con más de 30 asesores, en su mayoría familiares de cargos del PP. “Impulsaremos leyes de transparencia para permitir el acceso ciudadano a las actuaciones y decisiones públicas (…) especialmente en lo que se refiere a la contratación administrativa y gestión presupuestaria”, promete un partido que se ha venido negando sistemáticamente a entregar en los parlamentos de las Comunidades de Madrid y Valenciana los contratos con la red Gürtel. El PP habla de desarrollar un “portal de la transparencia” en internet, para dar acceso a los ciudadanos a todos los procedimientos de información de las administraciones. El PP debería saber que esto ya existe en el 060 de la Administración General del Estado, al que se incorporan mediante convenio las CCAA y Ayuntamientos. Las visitas mensuales a la página web 060 superan las 420.000.
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PARA QUE GANE EL BUEN GOBIERNO Los hombres y mujeres socialistas entendemos que el Estado autonómico ha sido una pieza clave en la transformación económica y democrática de España y mantiene hoy, en el contexto económico actual, su vigor y su eficacia para seguir avanzando en el crecimiento económico y en la atención a las necesidades de la ciudadanía. Ahora, los y las socialistas proponemos: o Un nuevo impulso autonómico centrado en la asociación y la cooperación entre Comunidades Autónomas, en el trabajo conjunto con el Estado y en el impulso a la movilidad y el dinamismo interautonómico. Desde las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos socialistas, impulsaremos un gobierno abierto con los ciudadanos, basado en: o La transparencia y publicidad en nuestra gestión. o El establecimiento de controles, rendición de cuentas respecto a los compromisos adquiridos y medios para evitar cualquier desviación de poder o episodios de corrupción. o La participación en la actividad de los poderes públicos y creación de espacios de colaboración con la ciudadanía. o La eficiencia como objetivo prioritario de nuestra acción política. Para dar cumplimiento a estos objetivos, el Partido Socialista se propone: o Hacer públicas las retribuciones íntegras y declaraciones de bienes, actividades e intereses de los cargos públicos electos, directivos y personal de confianza de las Administraciones. o Reforzar el régimen de incompatibilidades para los miembros de los gobiernos autonómicos y municipales. o Homologar las retribuciones de los responsables locales en atención a criterios de población y presupuesto. o Garantizar la gestión austera de los recursos públicos. o Reducir altos cargos y personal de confianza. 7
o Racionalizar y mejorar la eficacia del gasto público fomentando la cooperación entre los diferentes niveles de las Administraciones. o Garantizar la concurrencia en los procesos de contratación pública, reforzando el cumplimiento de los principios de publicidad, igualdad, objetividad y no discriminación en la contratación. o Impulsar la rendición de cuentas y la evaluación de las políticas públicas. o Actuar con inmediatez, agilidad y firmeza en los casos de corrupción, adoptando medidas en cada una de las fases del procedimiento y diferenciando las responsabilidades políticas de las penales. o Reivindicar la plena vigencia, aplicación y actuaciones de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo. o Desarrollar la Administración Electrónica, lo que implicará simplificar trámites, mejorar la accesibilidad y aumentar los canales de relación con la ciudadanía. o Promover la implantación de la Tarjeta Ciudadana en los municipios como recurso para realizar gestiones administrativas (pago de impuestos y tasas) y hacer uso de los servicios locales. Frente a la postura que manifiesta la derecha de privatización de las televisiones autonómicas, el Partido Socialista defiende la existencia de televisiones públicas financieramente sostenibles y con unos servicios informativos independientes, imparciales y que respeten el pluralismo político y social.
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