PARA QUE GANE LA SANIDAD Los hombres y mujeres socialistas creemos que la sanidad, la educación y los servicios sociales –con la reciente incorporación del sistema de atención a la dependencia‐ son los pilares básicos en los que debe apoyarse una sociedad cada vez más justa y solidaria. Y en coherencia con nuestras convicciones, hemos demostrado en nuestra acción de gobierno, tanto a nivel central como en las Comunidades Autónomas, este compromiso político con el desarrollo del Estado de Bienestar, estableciendo la protección y promoción de la salud como un derecho de los ciudadanos y uno de los cimientos básicos de sus políticas sociales. Un gobierno del PSOE, presidido por Felipe González, aprobó hace 25 años la Ley General de Sanidad; una de las leyes clave de nuestra democracia, que sirvió para sustituir la caridad por derechos, vinculando la protección sanitaria a la condición de ciudadano. En estos 25 años, hemos puesto en marcha grandes reformas: el impulso de la investigación, la formación de los profesionales, la reforma psiquiátrica, el desarrollo de las infraestructuras –los centros de atención primaria y la dotación de alta tecnología que se ha multiplicado casi por diez‐, los nuevos hospitales –cuya actividad quirúrgica se ha duplicado‐, la Organización Nacional de Trasplantes… Durante los primeros gobiernos socialistas, el porcentaje del PIB destinado a la sanidad pública pasó del 4,3 al 5,9%. Actualmente, estamos aproximadamente en el 6,5% del PIB. Y hoy, nuestro sistema sanitario ‐con resultados excelentes en la protección y mejora de la salud‐ es uno de los que tiene mejores resultados entre todos los países desarrollados del mundo, como ponen de manifiesto diversos indicadores: la mortalidad infantil es de las más bajas del mundo, después de pasar de 9 a 3 por cada mil nacidos; nuestra esperanza de vida (cerca de los 82 años de media) es de las más altas de la UE; España es líder mundial en trasplantes de órganos… El PP perjudica gravemente la sanidad. Siendo entonces Alianza Popular, este partido votó, en 1986, en contra de la Ley General de Sanidad. Hoy, sus gobiernos autonómicos son los que menos invierten en sanidad y los servicios sanitarios de las CCAA que controlan –a base de recortes presupuestarios y privatizaciones‐ son los peores de España.
Cualquier retroceso en nuestro Estado de Bienestar, supone un retroceso en el propio sistema democrático felizmente consolidado en España. Y un retroceso es la idea, que medita el PP, de establecer el copago en la sanidad y la educación, porque acabará con la sanidad y con la educación como servicios públicos, universales y gratuitos.
Cuando gana y gobierna el PSOE, gana la sanidad. Cuando gana y gobierna el PP, pierde la sanidad.
NO DA IGUAL (Cómo gestionan PSOE y PP la sanidad) Aragón ha consolidado en la última década un sistema público de salud de gran calidad y altamente valorado por los aragoneses. Desde que la comunidad autónoma recibió las transferencias en 2002, el gobierno regional ha incrementado en un 63% el presupuesto destinado a mejorar la calidad de la sanidad aragonesa. Se ha invertido una media de 1.400 euros anuales por habitante en sanidad, lo que sitúa a Aragón por encima de la media nacional (1.318 euros) en este gasto. Extremadura y Asturias son, respectivamente, la tercera y la cuarta comunidad autónoma en gasto sanitario por habitante. Cantabria dedica a la sanidad pública más dinero por habitante que comunidades más ricas como Madrid y la Comunidad Valenciana. Castilla‐La Mancha invierte en sanidad en 2011 un 14% más que al comienzo de la Legislatura; su sistema sanitario está entre los mejor valorados por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. El gasto sanitario por habitante de la Comunidad de Madrid (1.113 euros) está muy por debajo de la media nacional (1.318 euros). El gobierno de Esperanza Aguirre recortó en 2010 el gasto sanitario en 175 millones de euros y en 2011 ha vuelto a reducir la aportación a la sanidad pública, aunque ha incrementado en un 5,7% la aportación a la privada y externalizada. Aguirre ha roto el modelo público de sanidad y su apuesta privatizadora incluye la gestión privada de los nuevos hospitales, la financiación generosa de los centros privados ya existentes, la derivación sistemática de los pacientes a la privada para descongestionar las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas, la desaparición de la Dirección General de Salud Pública o los nuevos hospitales comprometidos de Torrejón, Móstoles y Villalba, totalmente privados. La Comunidad Valenciana es una de las CCAA que menos invierte en sanidad por habitante: 235 euros menos que la media nacional (1.318 €); pero es la región que más gasta en medicamentos por habitante, por la escasa implantación de genéricos.
Los recortes presupuestarios de 2011, en Canarias, han afectado sobre todo a los presupuestos de Sanidad, que han sufrido una rebaja de más de 300 M€, lo que, sumado a anteriores recortes, está provocando un fuerte deterioro del sistema sanitario público de las islas. Según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Canarias tiene uno de los sistemas sanitarios más deficientes del país. El presupuesto de Sanidad ha descendido en Murcia un 6,44%. La deuda de la sanidad murciana se ha duplicado en un año y el déficit sanitario asciende a más de 800 M€. Aragón es la segunda comunidad con más camas hospitalarias. La primera es Cataluña. Asturias es la tercera comunidad con mejor ratio de camas hospitalarias por habitante, tras Cataluña y Aragón. Una de las obras más emblemáticas en la gestión del gobierno de Álvarez Areces es la construcción del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Con un coste total de 450 M€, cuando el HUCA esté plenamente operativo –a mediados de 2012‐ será el primer hospital español “sin papeles” y centro de referencia nacional en enfermedades cardiorrespiratorias y centro investigador y docente en Ciencias de la Salud. El gobierno de Baleares ha invertido 101 M€ en mejorar las infraestructuras de atención primaria para 500.000 personas, la mitad de la población del archipiélago. En total, en esta Legislatura se ha acometido la construcción, ampliación o modernización de 33 Centros de Salud y Unidades Básicas de Salud. Además, se ha construido en nuevo Hospital de “Can Misses” (Ibiza) y se han realizado mejoras en los hospitales Son Espases y Mateu Orfila. Las inversiones del gobierno de Extremadura para la construcción y/o mejora de centros sanitarios ha alcanzado los 212 M€ La Comunidad Valenciana tiene el peor ratio de camas hospitalarias por habitante de toda España. La cifra es de 1,88 camas por 1.000 habitantes, cuando la media estatal es de 3 por cada 1.000. A la comunidad que preside Francisco Camps tendría que tener 5.000 camas hospitalarias más para estar en la media del Estado, pero la región solo tiene unas 10.000 camas hospitalarias, pocas más que en al año 1995. Mientras tanto, el gobierno regional del PP ha incumplido su programa “Construyendo Salud”, que prometía, entre otras cosas, la construcción
de 17 hospitales y actuaciones en 190 Centros de Salud. De momento, sólo han finalizado 5 hospitales, 3 están en obras y de los 9 restantes no se sabe nada. De los 190 Centros de Salud, sólo tienen presupuesto 75 y de ellos más de la mitad ni siquiera se han iniciado. De momento, la Comunidad Valenciana tiene un Centro de Salud por cada 18.000 habitantes, mientras que la media del Estado es 1 por cada 15.000. La Comunidad de Madrid también está por debajo de la media nacional en el ratio de camas hospitalarias: 1,99 camas por 1.000 habitantes, frente a las 3 por cada 1.000 de media nacional. De los 55 centros de atención primaria prometidos por Esperanza Aguirre para la Legislatura 2007‐2011, sólo 17 están finalizados o en fase de construcción, pero aunque el gobierno regional los presenta como “nuevos”, parte de estas actuaciones son simples obras de reforma de centros ya existentes o traslado de un centro ya existente a una nueva ubicación física. Esa es una de las razones por las que, pese a que la población de la Comunidad de Madrid se ha incrementado en más de 600.000 personas, el número de camas hospitalarias de la región no se ha incrementado desde 2007. Asturias viene reduciendo progresivamente las listas de espera quirúrgicas en los últimos años. Los asturianos esperan de media 16 días menos que el resto de los españoles para ser operados en los procesos más frecuentes. Aragón tiene unas listas de espera ágiles y transparentes, ya que los datos son públicos y se actualizan de forma permanente en Internet por el Servicio Aragonés de Salud. Las listas de espera no paran de crecer en la Comunidad de Madrid. La demora para las consultas de atención especializada sigue situándose muy por encima de los 40 días comprometidos por el gobierno de Aguirre: uno de cada diez pacientes madrileños espera más de cuatro meses. Aguirre se comprometió a reducir a un máximo de 30 días la lista de espera quirúrgica. Ocho años después y 500 millones de euros menos hay casi 12.000 madrileños más esperando para ser operados. Los ciudadanos de la Comunidad Valenciana sufren listas de espera descontroladas y no reconocidas. En consulta especializada, el objetivo era de 10 días, pero la realidad está entre 1 y 6 meses; en exploraciones: el objetivo es 25 días y la realidad entre 1 y 6 meses; en quirúrgicas: el objetivo es 40 días y la realidad, en función de las especialidades, oscila entre 6 meses y más de 1 año.
Las comunidades de Extremadura, Castilla‐La Mancha y Aragón están entre las CCAA con más personal sanitario en función de sus respectivas poblaciones. En la Comunidad Valenciana faltan unos 6.000 profesionales de la sanidad, entre enfermeros y médicos. La que preside Francisco Camps es la comunidad con menor número de personal de enfermería y la tercera por la cola en número de médicos. Este déficit de recursos humanos se incrementa por la fuga de profesionales sanitarios a otras CCAA, debido a las malas condiciones laborales (precariedad laboral, presión asistencial, falta de incentivación, salarios inferiores a otras comunidades…) La apertura de “nuevos” centros sanitarios en la Comunidad de Madrid se ha cubierto con el traslado de profesionales de otros centros a los “nuevos”, de modo que, pese al incremento de población y de las necesidades sanitarias, no ha habido creación real de plazas nuevas, incumpliéndose el propio Plan de Mejora de Atención Primaria firmado por la Consejería de Sanidad y que preveía alrededor de 15 M€ anuales para incremento de plazas de profesionales de todas las categorías. Como consecuencia de esto, hoy la Comunidad de Madrid tiene un déficit de 2.800 profesionales sanitarios en su red hospitalaria.
¿QUÉ PROMETE EL PP? El pasado 28 de marzo, en la sede del diario ABC y delante de Mariano Rajoy, el Presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, defendía el copago en la sanidad y la educación públicas, asegurando que estos servicios "no pueden ser soportados sólo por el presupuesto de una región o de una nación". "Es necesario plantear –añadía‐ que los ciudadanos también tengan que asumir parte de estos costes, en el porcentaje que sea". A la espera de que el PP concrete esta propuesta de copago, lo que se encuentra en el Programa Marco Autonómico de este partido en materia de sanidad son sólo frases campanudas sobre sus buenos propósitos, que se contradicen absolutamente con la política sanitaria de sus gobiernos regionales. “Estamos comprometidos con una sanidad pública de calidad, accesible en condiciones de igualdad a todos los españoles”, dice el PP en su programa, mientras, en la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre pone los nuevos hospitales en manos de empresas privadas, financia generosamente los centros privados, hace desaparecer la Dirección General de Salud Pública y ‐ con la excusa de descongestionar las listas de espera‐ deriva de forma sistemática los pacientes a la privada… “El propósito del Partido Popular es avanzar hacia una sanidad cada vez más humana”, se proclama, cuando son las CCAA gobernadas por los populares –como Madrid y la Comunidad Valenciana‐ las que tienen peores indicadores en listas de espera. “Consideramos básico –sostiene el PP‐ seguir mejorando la calidad de la asistencia sanitaria, y para ello es preciso garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”. Resulta imposible mejorar la calidad de la asistencia sanitaria y garantizar la sostenibilidad del SNS, si donde se mete la tijera del ahorro es –como han hecho los gobiernos regionales del PP‐ en el presupuesto para sanidad, aun cuando sus gastos sanitarios por habitante –como en Madrid y Comunidad Valenciana‐ ya están muy por debajo de la media nacional. “Hay que recuperar una política de recursos humanos que favorezca un verdadero desarrollo profesional”, dice también el PP. ¿En qué política de recursos humanos estaba pensando el redactor del programa electoral? ¿En la del gobierno de Francisco Camps, gracias a la cual en la Comunidad Valenciana hoy faltan unos 6.000 profesionales de la sanidad, entre enfermeros y médicos? ¿O en la del gobierno de Esperanza Aguirre por la que la red hospitalaria de la Comunidad de Madrid tiene actualmente un déficit de 2.800 profesionales sanitarios?
PARA QUE GANE LA SANIDAD El Partido Socialista defiende y concibe la sanidad como una de las columnas esenciales del Estado de Bienestar y como elemento esencial de igualdad social. Por ello, los hombres y mujeres socialistas reafirmamos nuestra voluntad de garantizar a todos los ciudadanos un sistema sanitario público universal e igual para todos, basado en la equidad en el acceso a las prestaciones, con financiación pública, y adaptado a las necesidades del ciudadano y de la gestión pública. Con la vista puesta en el futuro, desde el PSOE defendemos un modelo sanitario público más eficaz, mejor administrado, más moderno y más confortable; por ello, proponemos: Fomentar políticas sanitarias dirigidas a proteger y mejorar la salud de la población, con especial incidencia en la prevención. Mejorar las estructuras de gobierno en sanidad, implicando a los profesionales y usuarios en la sostenibilidad y modernización de la sanidad pública y las políticas sanitarias. Garantizar tiempos de espera máximos. Racionalizar el uso y funcionamiento de los servicios de urgencias, trabajando en el desarrollo y mejora de la teleasistencia y telemedicina. Eliminar las desigualdades en salud mediante programas concretos de participación y empoderamiento comunitario de los grupos socialmente excluidos. Desarrollar servicios especiales de salud sexual y reproductiva. Mejorar y adaptar los servicios y programas para atención de enfermedades mentales. Crear servicios telefónicos y digitales de atención permanente en los centros de salud para resolución de dudas clínicas o de funcionamiento del servicio de salud. Extender sistemas de información compartidos a nivel municipal e interautonómico, y la Historia Clínica electrónica única por persona, que registre información clínica, social y actividades preventivas y de promoción de la salud. Realizar registros autonómicos de profesionales sanitarios unificados y continuos. Publicar registros de centros, servicios y establecimientos sanitarios, públicos y privados, para garantizar la información sobre los centros que están debidamente autorizados y cumplen los estándares de calidad.
Promover una cultura de buenas prácticas y de ética profesional a todos los niveles, impulsando y exigiendo la existencia y el cumplimiento de reglas y códigos de conducta específicos para todos los responsables y profesionales de la sanidad. Fomentar la formación continuada de los profesionales, así como la investigación y desarrollo en el ámbito médico y farmacológico.