PROPOSICION DE LEY DE TRANSPARENCIA DE LA RIOJA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS -IVivimos en sociedad. Una sociedad que ha construido su convivencia en los valores de la libertad, de la igualdad y la solidaridad. Una sociedad que ha establecido leyes para alcanzar estos valores desde el reconocimiento de que el poder emana del pueblo. Una sociedad que aspira a la búsqueda de la felicidad de sus miembros. A través del contrato social suscrito entre los ciudadanos. Nuestro sistema democrático es la plasmación de estos principios y los poderes públicos y, en concreto, las distintas Administraciones Públicas son los instrumentos que deben hacer efectivos los derechos de los ciudadanos a estos valores. En nuestro país, la Constitución de 1978 devolvió a los ciudadanos su derecho a la libertad y a una convivencia democrática. En su desarrollo territorial, los distintos Estatutos de Autonomía han permitido avanzar en un proceso de descentralización desconocido hasta la fecha. En su aplicación y, también, en los cambios sociales producidos en los últimos años, la sociedad demanda una mayor profundización de la democracia: el derecho de los ciudadanos a participar de manera más intensa en la respuesta a sus problemas, al interés general, a superar las dificultades que se plantean a los ciudadanos, a garantizar derechos tanto individuales, como sociales y a construir un futuro mejor. El objeto de esta Ley es regular la relación de los ciudadanos con sus representantes y con los medios destinados a la res publica. Esta relación no puede limitarse a la participación, esencial pero no exclusiva, de los ciudadanos en los procesos electorales. Debemos –recogiendo expresiones de otros textos legislativosampliar, consolidar y fortalecer el concepto de lo público, del interés general. Debemos –recogiendo expresiones de nuestro propio Estatuto de Autonomía y del Texto Constitucional- promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Para ello, se procede a regular la relación entre los ciudadanos y la Administración Pública desde la transparencia, entendida como expresión de la profundización democrática, desde la información pública entendida como un patrimonio de todos los ciudadanos, no de algo privativo de sus representantes o del personal de la Administración Pública. También desde el derecho a la participación ciudadana que debe ir unida a la información pública y a la creación de cauces que hagan efectivo este derecho sin trabas y superando las dificultades que han provocado el distanciamiento de los ciudadanos de la actividad pública y han propiciado tanto la desafección de la sociedad hacia sus representantes, como la indiferencia sobre lo público, la pérdida de la responsabilidad ciudadana, la primacía de intereses
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