PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
La Rioja
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La situación de crisis económica con las graves consecuencias de 6.200.00 desempleados y las medidas adoptadas en este contexto por el Gobierno de Mariano Rajoy protagonizan la política de nuestro país. La consolidación de movimientos sociales y plataformas nacidas en la crisis y con gran penetración social comparten hoy el escenario público y la representación ciudadana donde antes solo estaban los sindicatos y partidos políticos. Las diversas opciones políticas forman también parte del nuevo panorama en el que nos encontramos y es necesario reconocer las tendencias de cambio político y social que la crisis está trayendo consigo. Se cumplen dos años de las elecciones autonómicas del año 2011 en las que el Partido Popular revalidó la mayoría absoluta con la que gobierna La Rioja desde 1995.A pesar del tiempo transcurrido, el gobierno del partido popular en La Rioja sigue manteniendo el mismo discurso respecto a la crisis, por una parte responsabilizando de la misma y de la situación actual a la herencia del partido socialista y a Rodríguez Zapatero y por la otra defendiendo a ultranza la política del partido popular a nivel nacional, a pesar de los negativos resultados del Gobierno de Rajoy. Sin embargo el partido popular en La Rioja no puede ocultar que sus compromisos con los ciudadanos se han convertido en un enorme fraude electoral. Las actuaciones que se comprometieron a no realizar: recortes sociales, copagos, práctica desaparición de la inversión pública, reducción de las retribuciones de los empleados públicos, incremento de impuestos… han sido realizadas en el último año y medio. De especial gravedad ha sido el desmantelamiento de los derechos sociales que está provocando una grave fractura social y que está transformando nuestra Comunidad en una sociedad más injusta y menos igualitaria. La crisis ha servido a la derecha política y económica de La Rioja como coartada para revisar un modelo de sociedad en el que la educación, la sanidad y los servicios sociales han visto cómo eran objeto de recortes presupuestarios y de la aplicación de criterios ideológicos conservadores que se entendían ya superados. A nivel nacional estos recortes se han extendido igualmente a los pensionistas y a la protección al desempleo mientras se destinaban
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importantes recursos públicos al saneamiento del sector financiero y de la banca. El ejemplo de estas políticas ha sido la disminución de los presupuestos en la sanidad pública, la introducción del copago en determinadas prestaciones sanitarias y en colectivos hasta ahora excluidos como los pensionistas, el abandono de la escuela pública y la educación como prioridad para los poderes públicos y el ataque a la Ley de Dependencia. Simultáneamente se está produciendo una pérdida de derechos sociales que supone un retroceso de décadas en un ámbito tan importante como los derechos de los trabajadores por medio de una reforma laboral a través de la cual se reducen los salarios o se obstaculiza la negociación colectiva y el papel de los sindicatos. El discurso político del partido popular en La Rioja también se ha modificado desde hace dos años. Frente a una política de confrontación y de reivindicación constante al Gobierno de la Nación ante supuestos incumplimientos en materia de inversiones públicas o de financiación autonómica, en la actualidad, los intereses del partido popular se sitúan por encima de los intereses de los ciudadanos y se bendicen por el gobierno de La Rioja, las políticas restrictivas del Gobierno Central, señalando a pesar de su fracaso, que están dando sus frutos, o se guarda silencio ante los sucesivos recortes públicos. Nos encontramos, igualmente, ante un Gobierno regional irresponsable que no asume la realidad y vive alejado de la misma y de las preocupaciones de los ciudadanos, que no reconoce que la herencia en La Rioja es la propia del partido popular que lleva 18 años en el gobierno y en la que, como ejemplo, el desempleo alcanza a 30.000 riojanos de los que la mitad de ellos no perciben prestación ni subsidio alguno o las tasas de pobreza que colocan en una situación dramática a un elevado número de ciudadanos. Un Gobierno que ha visto como distintas promesas que han servido de publicidad en su gestión, tales como Solaria, Caja Rioja, la Ecociudad, la facultad de Salud, el aeropuerto… se han incumplido sistemáticamente y que tienen como exponente más evidente en la presente legislatura, la promesa de reducir el desempleo al 9% cuando el propio Gobierno de la Nación acaba de revisar sus previsiones y reconoce que durante esta legislatura no se creará empleo. El resultado de esta coyuntura, el incumplimiento generalizado de sus promesas y la gravedad de la crisis junto con el desempleo y los
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recortes sociales está unido al descrédito del Partido popular y de su acción política. Los ciudadanos nos culpan también a los socialistas por las políticas que llevamos a cabo en la última etapa de Zapatero, de manera que el descrédito se ha apoderado de toda la clase política, de las instituciones, del conjunto de los representantes públicos y del propio sistema político en el que la economía parece suplantar a la soberanía popular. Por ello es necesario seguir profundizando en el camino marcado por la Comisión Ejecutiva Federal de rechazo a la Reforma Laboral, la LOMCE y la nueva Ley del Aborto, con el compromiso de derogarlas cuando volvamos al gobierno. Los socialistas debemos abanderar la transparencia y la participación democrática para superar el distanciamiento de los ciudadanos con los representantes políticos comprometiéndonos a dignificar el ejercicio de la actividad política y la calidad democrática en nuestra Comunidad. Para ello, como dicen las resoluciones del nuestro último Congreso Regional, proponemos abrir procesos de consulta y debate en la definición de las posiciones políticas claves para la sociedad. De la misma forma es necesario cambiar los requisitos para la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular, reduciendo el número de firmas requeridas a 250.000. La corrupción política ha pasado a ser después del desempleo, el mayor problema para los ciudadanos. Reconocemos que no lo evitamos y que la aparición de sucesivos casos en los últimos tiempos han acentuado una generalización de la censura ciudadana a estas conductas. En este terreno el partido popular de La Rioja no ha permanecido ajeno como consecuencia de prácticas indebidas en las instituciones, especialmente en el ámbito de las contrataciones públicas, en la Administración de la Comunidad Autónoma, después de dieciocho años de opacidad en el Gobierno. De manera específica dos actuaciones del partido popular en La Rioja han sido muy graves. La primera de ellas, la actuación del Presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, en la construcción de un chalet ilegal en Villamediana de Iregua y el proceso de regulación promovido por él mismo y las ampliaciones y reformas sobre una “caseta de aperos”. La segunda la referencia a La Rioja en los denominados “papeles de Bárcenas”, en los que desde nuestra Comunidad supuestamente se ha financiado el partido popular a nivel nacional.
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En ninguna de estas dos actuaciones el partido popular ha dado explicación alguna. Por todas estas razones, desde el partido socialista se está llevando a cabo una oposición crítica, útil y constructiva, denunciando la actuación del Gobierno del P.P. en La Rioja y, especialmente los recortes en los servicios públicos básicos, así como la presentación de propuestas para mejorar la situación económica y social, dando respuesta a las demandas de los riojanos. En esta línea, en el ámbito económico se han presentado iniciativas centradas fundamentalmente en la lucha contra la crisis y la creación de empleo. El Plan de empleo juvenil, Plan de estímulos económicos y fiscales para el crecimiento, la Proposición de Ley de apoyo a los emprendedores, trabajo autónomo y microempresas y la propuesta de acuerdo social y político para el impulso de la competitividad, la creación de empleo y el apoyo a la economía productiva son algunas de las propuestas realizadas para dinamizar la economía y generar empleo. Para el desarrollo de estas medidas son necesarios más recursos económicos, de ahí, que se ha presentado una propuesta fiscal más progresiva, más justa y más solidaria. Que paguen más los que más ganan (IRPF), los que más tienen (Impuesto sobre el patrimonio) y los que más heredan (Impuesto sobre sucesiones y donaciones). También consideramos necesario la aprobación de impuestos al sector financiero, sobre los depósitos bancarios y las transacciones financieras. En el área social, se han denunciado los recortes en el Estado del Bienestar e igualmente se han propuesto medidas para limitar los efectos negativos de dichos recortes. En Educación, se han planteado iniciativas encaminadas a reconstruir lo público, garantizar la equidad, reducir el fracaso escolar y el abandono temprano y la necesidad del consenso social y político sobre la educación en nuestro país y en nuestra comunidad. En Sanidad, se han realizado propuestas dirigidas a mejorar la financiación de nuestra sistema público de salud, evitar las privatizaciones que en muchos servicios se están llevando a cabo así como impedir que el Fundación Hospital de Calahorra pase completamente a manos privadas creando en La Rioja Baja una zona
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de salud al margen de la administración pública de este servicio esencial. En Servicios Sociales, las iniciativas parlamentarias se han centrado en los recortes llevados a cabo por el Gobierno de La Rioja en relación a la Ley de Dependencia y a las prestaciones sociales. Estas propuestas se han dirigido fundamentalmente en dos puntos clave: personas dependientes y un fondo autonómico de emergencia social dirigido a aquellas personas que han agotado las prestaciones. Además, se ha elaborado una Proposición de Ley de Renta de Ciudadanía para La Rioja que evite el grave problema de la exclusión social. También han sido múltiples las propuestas de nuestro partido para evitar el problema de los desahucios que en los últimos tiempos se ha mostrado con toda su crudeza, por un lado utilizando todos los recursos de que la Comunidad Autónoma dispone para facilitar la situación a los afectados hasta apoyar la Iniciativa Legislativa Popular promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y que el PP ha desechado. Estas políticas de recortes y ninguna previsión de crecimiento que está llevando a cabo el Gobierno de La Rioja sólo están provocando más recesión, más paro y más desigualdad y están demostrando su incapacidad para resolver esta situación de crisis económica. El PSOE de La Rioja se opone radicalmente a la política económica del P.P. que nos lleva al “austericidio” y al desmantelamiento de los servicios públicos básicos del Estado del Bienestar.
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Por todo ello, el Comité Regional del PSOE de La Rioja presenta la siguiente PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: 1.- El PSOE de La Rioja exige un cambio en la política económica del Gobierno de La Rioja para promover un acuerdo social y político para el impulso de la competitividad, la creación de empleo y el apoyo a la economía productiva que cambie la austeridad y los recortes por los estímulos y la inversión. 2.- El PSOE de La Rioja exige un cambio en la política fiscal del Gobierno de La Rioja que sea más progresiva, justa y solidaria. Que paguen más los que más ganan, más tienen y más heredan. 3.- El PSOE de La Rioja rechaza la involución que se está produciendo en el estado de bienestar por culpa de las políticas regresivas e injustas del partido popular y defendemos que los ciudadanos tengan unos servicios públicos básicos de calidad: educación, y sanidad públicas, gratuitas y universales y unos servicios sociales justos que reflejen la solidaridad de la sociedad pero manteniendo de forma prioritaria el deber de las Administraciones Públicas con quienes lo tienen más difícil incluyendo una renta de ciudadanía como derecho social.
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