Prólogo

América Latina y el Caribe enfrenta una compleja coyuntura económica, que se ha agudizado debido a choques externos que repercuten en el crecimiento y el manejo de la política macroeconómica. La trayectoria creciente de la inflación refleja el alza de los precios del petróleo y de los alimentos, así como los efectos de las persistentes interrupciones de cadenas de suministro global. Frente a este contexto, los principales bancos centrales de los países desarrollados, así como los de la región, están llevando adelante un manejo más restrictivo de la política monetaria, mediante aumentos de las tasas de interés que tienen implicaciones sobre la actividad económica, la volatilidad de los mercados financieros y los flujos de capital hacia economías emergentes. En su más reciente proyección, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima un crecimiento promedio regional del 1,8% para 2022.

El actual contexto de bajo crecimiento económico y mayor inflación, sumado a las crecientes demandas por atender las necesidades de bienestar, inversión y sostenibilidad ambiental, imponen considerables desafíos al manejo de la política fiscal en la región. Por un lado, la desaceleración del crecimiento afectaría negativamente la recaudación tributaria. Por otro, la inflación está presionando las finanzas públicas en el sentido de financiar subsidios y desgravaciones para la compra de productos de la canasta básica y combustibles que limiten la erosión del poder adquisitivo de los hogares, lo que se suma a las crecientes demandas por gasto social e inversión. A su vez, el alza de las tasas de interés y el bajo crecimiento económico podrían generar demandas adicionales de apoyo a sectores productivos que no se han recuperado de los impactos de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). Adicionalmente, riesgos financieros como posibles rebajas de las calificaciones crediticias y depreciaciones de las monedas locales implican mayores costos de financiamiento y servicio de la deuda soberana.

Reconociendo esta realidad, en la presente edición del Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe se propone el diseño de una política fiscal en que se fortalezca la recaudación y se mejore la progresividad de la estructura tributaria, a la vez que se oriente de forma estratégica el gasto público para convertirlo en instrumento de desarrollo y se impulsen fuentes innovadoras de financiamiento ligadas al desarrollo sostenible. De esta forma, se podría plantear un cambio de paradigma en la política fiscal para impulsar un desarrollo sostenible e inclusivo en la región.

En el capítulo I se examinan las tendencias fiscales observadas en la región durante 2021. Entre las principales tendencias destaca el fuerte aumento de los ingresos públicos, en concordancia con la reactivación de la actividad económica, y el retiro progresivo del impulso fiscal en el transcurso del año. Aunque el nivel del gasto público se redujo, se mantuvo por encima de los niveles observados antes del inicio de la pandemia. Esta combinación de mayores ingresos y menor gasto permitió la reducción de los déficits fiscales. Por su parte, la deuda pública bruta se redujo de forma moderada, aunque su nivel sigue siendo superior a los valores observados en los 20 años anteriores a la pandemia.

En el capítulo II se analiza el conjunto de reglas fiscales que se aplicaron en la región, destacándose los mecanismos, como las cláusulas de escape, que los países emplearon para flexibilizar dichas reglas y permitir la expansión fiscal que fue necesaria a fin de hacer frente a la pandemia. En el contexto actual, resulta oportuno revisar las reglas fiscales existentes y considerar reformas para crear una institucionalidad fiscal que contribuya no solo a la estabilidad macroeconómica, sino también a la superación de choques macroeconómicos y a la protección del gasto social y la inversión pública.

En el capítulo III se estudian los marcos fiscales aplicados a la producción de hidrocarburos y la minería en países de la región. La explotación de recursos naturales no renovables representa una fuente importante de recursos fiscales en algunos de los países. El alza de los precios internacionales en el contexto actual subraya la relevancia de contar con marcos fiscales que permitan que los Estados recauden una proporción justa de la renta económica proveniente de las actividades extractivas de bienes que pertenecen a la nación. Avanzar hacia la adopción de marcos fiscales progresivos adquiere aún mayor relevancia en el contexto de la transición hacia una economía de cero emisiones netas. Mientras que los países productores de hidrocarburos verán reducidos en el futuro los ingresos fiscales provenientes de esta actividad, los países con importantes sectores mineros podrían beneficiarse de esta transición ambiental. En este contexto, resulta crucial que los países que cuentan con industrias extractivas tengan la posibilidad de maximizar sus ingresos fiscales provenientes de estas actividades durante esta transición para generar flujos de recursos que permitan financiar el desarrollo sostenible en el futuro.

Los desafíos que enfrenta la política fiscal llaman a establecer nuevos pactos sociales y fiscales que den viabilidad a una política fiscal procrecimiento. Las necesidades de desarrollo de la región, así como la urgencia de avanzar en el logro de los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, hacen que esta sea una labor impostergable.

Mario Cimoli