Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Capítulo I

En el actual contexto de bajo crecimiento, y ante las crecientes demandas sociales y de inversiones para hacer frente al reto del cambio climático, el diseño de la política fiscal debe apuntar a generar un nuevo pacto social y fiscal en que se sienten las bases de un marco de sostenibilidad fiscal centrado en aumentar los ingresos permanentes para atender las necesidades de bienestar, inversión y sostenibilidad ambiental que reclama la ciudadanía. En la región, los ingresos públicos han sido históricamente insuficientes para cubrir las demandas de gasto público, y eso ha dado lugar a un sesgo deficitario considerable. En comparación con otros países de renta similar, la presión tributaria de la región sigue siendo baja y está muy sesgada hacia impuestos regresivos sobre el consumo de bienes y servicios. Por ende, hay espacio para avanzar hacia una mayor movilización de los recursos internos. A corto plazo se podrían considerar acciones que permitieran limitar la evasión fiscal, revisar los gastos tributarios y adecuar los marcos impositivos a las nuevas buenas prácticas de la tributación internacional y digital. A mediano plazo resulta clave fomentar acuerdos fiscales que fortalezcan la recaudación de los impuestos sobre la renta y la propiedad para financiar el desarrollo sostenible y darle más progresividad al sistema tributario.

Es deseable que las discusiones acerca del fortalecimiento de la recaudación se acompañen de nuevos compromisos para dar una orientación estratégica al gasto público y convertirlo en instrumento de desarrollo y para mejorar la eficacia y la transparencia en el uso de los recursos públicos. Ello implicaría examinar las partidas de gastos para orientarlas mejor hacia los segmentos sociales y productivos que más las necesitan y hacia los que tienen la posibilidad de crear un mayor impacto positivo. Esta necesidad cobra aún más relevancia en el contexto actual marcado por un acotado espacio fiscal y el difícil equilibrio entre, por un lado, las necesidades inmediatas de mitigar el alza de los precios de la energía y los alimentos, y, por otro lado, las metas de mediano y largo plazo orientadas a cerrar las brechas sociales, productivas y ambientales. Esta incongruencia intertemporal podría resolverse adoptando una perspectiva estratégica del gasto público que permita conectar mejor las preocupaciones del corto plazo con los imperativos del mediano y el largo plazo.

Existen áreas en que el gasto público podría desempeñar un papel clave a la hora de cerrar la brechas estructurales de la región. Una de las áreas más críticas, que se magnificó en el contexto de la pandemia de COVID19, está relacionada con las carencias de los sistemas de protección social de la región y la necesidad de avanzar en la construcción de sistemas universales e integrales de protección social. En el plano productivo destacan las oportunidades de potenciar sectores estratégicos como el turismo, la economía digital, la economía circular, la investigación y el desarrollo, las energías limpias y otros (CEPAL, 2020a). Estos esfuerzos pueden multiplicarse aprovechando instrumentos financieros innovadores como los bonos verdes, azules y sociales, que apuntan a inversiones en estos ámbitos.

Dado el complejo contexto macroeconómico actual y sus implicaciones para el manejo de la política fiscal, es importante que la región contemple la necesidad de un cambio de paradigma en la política fiscal para impulsar un desarrollo sostenible e inclusivo. En este sentido, América Latina y el Caribe podría beneficiarse del diseño de una política fiscal activa respaldada por un marco de sostenibilidad fiscal. Ello requerirá un nuevo pacto social y fiscal que dé viabilidad política a futuras reformas orientadas a fortalecer la recaudación y mejorar la progresividad de la estructura tributaria, a dar una orientación estratégica al gasto público para convertirlo en instrumento de desarrollo y a fomentar fuentes innovadoras de financiamiento ligadas al desarrollo sostenible. Los retos que enfrenta la política fiscal en el marco de la recuperación pospandemia y para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hacen que esta sea una labor impostergable.