Capítulo I

Gráfico I.8 (conclusión)

B. Nivel a precios constantes (índice: 2019=100)

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales. a En el caso de la Argentina, México y el Perú, las cifras corresponden a la administración pública nacional, al sector público federal y al gobierno general, respectivamente.

Recuadro I.2

Fortalecimiento de los programas extraordinarios de gasto público para propiciar una recuperación inclusiva

En el contexto de la recuperación económica que tuvo lugar en 2021, que incidió de forma positiva pero asimétrica en el mercado laboral, varios países de la región han planteado programas sociales orientados a grupos vulnerables con el fin de sentar las bases de una recuperación inclusiva. Estos esfuerzos, por lo general, se han plasmado en la consolidación de los programas sociales existentes mediante el incremento de las partidas presupuestarias correspondientes a 2022. El diseño de las medidas suele profundizar la focalización en algunos grupos sociales, en especial las personas mayores, los niños y las mujeres. Asimismo, en algunos países se aprobaron nuevos planes de carácter extraordinario destinados a cerrar brechas sociales a corto plazo y se hizo hincapié en la creación de empleo.

Este es el caso del plan Chile Apoya: Plan de Recuperación Inclusiva, que la nueva administración del país anunció a inicios de abril de 2022. Las 21 medidas anunciadas deberían implicar la movilización de recursos que ascenderían a 3.726 millones de dólares, lo que equivale a un1,2% del PIB. Las medidas estarán encaminadas a apoyar los ingresos de los hogares más vulnerables, a crear empleo y a apuntalar los sectores económicos rezagados, así como a reforzar los mecanismos de asistencia a las microempresas y pequeñas y medianas empresas (mipymes). En el primer eje se contempla la ampliación de varios programas que se pusieron en marcha durante la pandemia de COVID19 y que se rediseñaron para fortalecer su focalización. A modo de ejemplo, se propuso crear un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) automático en caso de que la población deba confinarse, lo que permitiría entregar transferencias monetarias directas a los hogares de menores ingresos si se imponen restricciones a la movilidad de las personas. Otro ejemplo es la extensión hasta septiembre de 2022 del IFE laboral, que se creó en agosto de 2021 para incentivar la creación de empleo mediante subsidios a la contratación. Este ingreso se centrará en reintegrar a las mujeres y los jóvenes al mercado laboral formal. Estas medidas se complementan con un nuevo aumento de los beneficios del Seguro de Cesantía y con la flexibilización de los requisitos que se deben cumplir para acceder a él a fin de que alrededor de 1 millón de mujeres puedan tener acceso.

Respecto de las iniciativas orientadas a apoyar a los sectores rezagados en Chile destaca una ampliación importante de los programas de cuidado. Los siguientes son algunos ejemplos que cabe mencionar: incremento de la cobertura del programa Red Local de Apoyos y Cuidados con el objeto de fortalecer el acceso que las personas en situación de dependencia y sus cuidadores principales tienen a servicios y prestaciones sociales; 50% de aumento en el presupuesto del programa Centros Diurnos del Adulto Mayor (CEDIAM) para fortalecer la autonomía e independencia de 2.800 personas mayores en 53 nuevas comunas de todo Chile, y extensión de la cobertura de los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) en todas las regiones del país. Se busca potenciar la creación de empleo mediante nuevos proyectos de inversión enfocados en el medio ambiente. En esta línea, se anunció la creación de un fondo de 300 millones de dólares (0,1% del PIB) destinado a nuevos proyectos de inversión intensiva en mano de obra y de carácter verde a beneficio de los municipios y los gobiernos regionales. Finalmente, el apoyo a las mipymes se materializaría en un reforzamiento de los programas de crédito en condiciones favorables y otros mecanismos de garantía estatal de crédito, así como en la ampliación de ciertos programas de capacitación y fomento a la innovación, entre otros. Las autoridades del Ministerio de Hacienda de Chile han señalado que este paquete de medidas se financiará mediante la reasignación de gastos y la utilización del saldo presupuestario de 2021 que no se ejecutó, por lo que los techos de gastos aprobados en la Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2022 no deberían verse afectados.

En el caso de Colombia, la Ley de Inversión Social que se aprobó en septiembre de 2021 busca impulsar la recuperación económica, sostener la creación de empleo y seguir apoyando a los hogares más afectados por la crisis derivada de la pandemia de COVID19. En esta ley se dispuso la extensión hasta diciembre de 2022 del Ingreso Solidario creado en marzo de 2020 para atender a las familias de menores ingresos. Además, se flexibilizaron las condiciones de otorgamiento de manera que la cobertura del programa pasara de 3 a 4 millones de hogares en el primer semestre de 2022. En febrero de 2022 se anunció que aumentaría el número de transferencias monetarias y que estas pasarían de 160.000 pesos mensuales a 190.000 pesos mensuales en marzo, abril, mayo y junio. A partir de julio de 2022, el cálculo de la transferencia se haría en función del grupo de ingreso y el número de integrantes por hogar, según una escala progresiva. De esta manera, un hogar en extrema pobreza integrado por una sola persona recibiría 400.000 pesos cada dos meses, mientras que uno integrado por cuatro o más personas recibiría 520.000 pesos en el mismo plazo.

Mediante la Ley de Inversión Social se creó asimismo un nuevo subsidio a la contratación de empleados cuyo monto está destinado a cubrir algunos costos laborales, como el pago de pensiones, las cajas de compensación y los riesgos. En el caso de los jóvenes de 18 a 28 años, el subsidio corresponde al 25% del salario mínimo, en el de las mujeres, al 15%, y en el de las demás personas, al 10%. Con ello se espera recuperar cerca de 500.000 empleos y que el desempleo descienda de modo que al cierre de 2022 se alcance el nivel prepandemia. En la Ley de Inversión Social se aprobó rebajar a cero la matrícula de 695.000 estudiantes de pregrado que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y asistían a instituciones de educación superior pública. Finalmente, en la ley se dispuso extender a 2021 el mecanismo de los tres días sin IVA creado en primera instancia en 2020 para apoyar el consumo de bienes y servicios esenciales.

Estas iniciativas supondrían un incremento extraordinario de 2.620 millones de dólares (equivalentes a un 0,8% del PIB) en lo que atañe al gasto, y de 380 millones de dólares (0,1% del PIB) en lo que atañe a los incentivos tributarios. El marco de responsabilidad fiscal establecido por el Poder Ejecutivo colombiano para que la deuda pública se encamine hacia una senda sostenible implica que estas medidas vayan acompañadas de un plan de austeridad fiscal que se centre en los gastos en bienes y servicios, lo que en 2022 permitiría liberar cerca de 550 millones de dólares (0,2% del PIB). También se apunta a fortalecer el marco regulatorio para luchar contra la evasión y la elusión tributarias y, según estimaciones oficiales, esto podría incrementar la base recaudatoria en 790 millones de dólares (0,2% del PIB). Finalmente, se propuso una reforma tributaria que incluyera, entre otras medidas, aumentar del 33% al 35% la tasa del impuesto sobre la renta corporativa, así como aplicar un impuesto de normalización tributaria equivalente al 50% de los activos omitidos o pasivos inexistentes al 10 de enero de 2022. En conjunto, se estima que estos nuevos impuestos permitirían recaudar recursos adicionales por 980 millones de dólares, lo que representa un 0,3% del PIB.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial.

A pesar de la tendencia a la baja de las erogaciones por subsidios y transferencias corrientes, en general estos gastos se mantuvieron por encima de los niveles prepandemia (véase el gráfico I.9). Resulta interesante destacar que, en algunos países, la contracción debida al vencimiento de los programas de emergencia se contrarrestó con mayores erogaciones en otros subsidios, sobre todo en los relacionados con el consumo de energía. En la Argentina, por ejemplo, destaca el aumento de los egresos por subsidios de energía, que compensó el retiro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) (Ministerio de Economía de Argentina, 2022). Destacó también el mayor gasto asociado a la continuación de unos programas emprendidos en 2020, como el plan nacional Argentina contra el Hambre y el Programa de Recuperación Productiva II (REPRO II). De forma similar, en la República Dominicana, el hecho de que se redujeran las erogaciones relacionadas con los programas transitorios de emergencia —Quédate en Casa, Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) y Programa de Asistencia al Trabajador Independiente (Pa’Ti)— se compensó en parte con el aumento de las transferencias dirigidas al Servicio Nacional de Salud (destinadas a remunerar al personal del sector de la salud), al programa social Supérate y a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (subsidio eléctrico) (DIGEPRES, 2021).

Gráfico I.9