“Reflexiones en Contexto sobre Sistemas Electorales y Sistemas Políticos"

Confere encia Magiistral “Refflexiones en e Contextto sobre Siistemas Ellectorales y Sistemas s Políticos s”; Pro onunciada a por el doc ctor Roberrto Rosario o Márquez,, Presid dente de la Junta Cen ntral Electo oral, en n la gradua ación de maestría m en n Estudios Políticos, el 12 de abril de 2014, en la Pontificia P Universida U ad Católica a Madre y M Maestra; Santto Doming o.

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Apreciado Monseñor Agripino Núñez Collado, Rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, autoridades universitarias, funcionarios y empleados de la Junta Central Electoral, miembros de partidos políticos, graduandos y graduandas, distinguidos invitados.

Señores y señoras: Las autoridades de esta universidad me han ofrecido la honrosa oportunidad de dirigirme a este auditorio, en este día tan especial, tanto para sí mismos como para sus familiares, y para la sociedad de la que somos parte. Me propongo, a propósito de esta invitación, compartir algunas reflexiones sobre el contexto global en que se produce esta investidura, y los conceptos fundamentales en el contexto nacional del sistema democrático, en el sentido de la responsabilidad ciudadana del profesional de estos tiempos.

En esta solemne ocasión, en que una parte considerable de ustedes culmina uno de los ciclos más hermoso y romántico de su existencia, al obtener el primer grado académico con aval universitario, y otros un grado académico de postgrado, en especial, aquellos que egresan del curso de maestría en estudios políticos electorales, que en adición a esta universidad tienen el aval de la Universidad de Granada, España, y la promoción y respaldo de la Escuela de Formación y del Estado Civil de la Junta Central Electoral, resultando ésta la primera promoción en el ámbito electoral, que se implementa en el país, y que coincide con el nonagésimo primer aniversario de la JCE, cumplido en esta misma fecha.

Es una costumbre, en este tipo de actos, conceder la oportunidad a un invitado que diga unas palabras con un mensaje a los graduandos, que toque un aspecto esencial de su responsabilidad profesional, y su compromiso social, que en mi caso pretendo que incidan y queden grabadas, en este momento estelar de sus vidas; que le hagan valorar la utilidad del tiempo invertido y el tesoro acumulado en estos años de estudios.

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Y no es para menos. A partir de este momento, ustedes son entregados a la sociedad en una posición distinta a la que se encontraban al llegar; están llamados a asumir un rol de mayor trascendencia. Nuestra aspiración es que la sociedad reciba un ser humano cualitativamente superior, que se identifique con los demás, que sirva a esa sociedad, que le entregue lo mejor de sí, y que se comprometa con las causas más nobles.

Aspiramos a que procuren ser parte del concierto de hombres y mujeres que tienen como norte aportar a la construcción de una sociedad que dé mayores oportunidades, más inclusiva, donde prime la equidad, se fortalezca el sentido de igualdad; y se practique la solidaridad.

Que como seres humanos se hayan preparado para servir, que no busquen ser servido, que sean un importante apoyo a las metas de desarrollo social y económico de nuestro pueblo, en el camino hacia la sociedad ideal de bienestar común.

Para su preparación, a las universidades de estos tiempos, ¨se les exige calidad, se les obliga a modernizarse, a ser eficientes, a preparar los cuadros que requiere el mercado, a desarrollar una cultura empresarial, a innovar en sus métodos pedagógicos y en sus procesos de gestión, a evaluarse y acreditarse sobre bases sólidas, y se les propone “la sociedad del conocimiento” como el paradigma obligado del futuro”.

Sí, conocimiento, visto como el eje fundamental de las economías globalizadas, en el entendido de que estos sistemas educativos y las universidades a su vez, deben ser o son, proveedores y distribuidores, por lo menos en términos formales, del conocimiento indispensable requerido.

En el mundo de hoy, ustedes, sin importar el nivel de su integración en las labores productivas, necesitan estar formados y capacitados de manera continua, y en un nivel suficiente para poder competir con las demás ofertas de recursos humanos calificados existentes en el mercado. Esa es la característica de la “sociedad del conocimiento”. Es obvio que el saber es el elemento esencial en el 2

mercado laboral de esta sociedad. Sencillamente, ya ustedes no podrán dejar de estudiar, de actualizarse, de especializarse, so pena de ser rebasados y superados en el curso de los acontecimientos.

Pero a todo esto les diré, al día de hoy, tampoco es suficiente la capacitación, pues la propia ¨sociedad del conocimiento¨ ha sido desbordada; no basta con graduarse, con titularse de una carrera universitaria, e incluso a veces no es suficiente obtener un título de postgrado, porque este estado del desarrollo social se ha agregado un nuevo fenómeno que cambia radicalmente todos los esquemas, e impone nuevos retos a nuestros ciudadanos.

A esta nueva realidad, uno de los más reputados cientistas sociales de los últimos tiempos, llamado Manuel Castells, la llamó “La Era de la Información”. En su obra La Sociedad Red, este pensador nos dice: “Una revolución tecnológica centrada en torno a las tecnologías de la información, está modificando la base material de la sociedad a un ritmo acelerado. Las economías de todo el mundo se han hecho interdependientes a escala global, introduciendo una nueva forma de relacionamiento entre economía, Estado y sociedad…”1. “… Las redes informáticas interactivas crecen de modo exponencial, creando nuevas formas y canales de comunicación, y dando forma a la vida a la vez que ésta le da forma a ellas”2.

Afirma que, “los sistemas políticos están sumidos en una crisis estructural de legitimidad, hundidos de forma periódica por escándalos, dependientes esencialmente de los medios de comunicación y del liderazgo personalizado y cada vez más aislados de la ciudadanía”. Esta afirmación universal, nos lleva en consecuencia a la necesidad de plantear el siguiente tema de reflexión. ¿Cuál es el propósito de los graduandos y graduandas aquí concentrados? Si es servir a la sociedad, entonces debemos prestar atención sobre el significado e impacto en nuestras vidas y las de los demás, de esta afirmación.

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Castells, Manuel. La Sociedad Red. México : Siglo Veintiuno Editores, Pág. 27 Ibid. Pág. 29

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Precisamente, el hecho de ser parte de una sociedad que cada vez se encamina más por el concepto de la profesionalización de sus recursos humanos, como parte de la sociedad global, sometida por suerte a los avances propios “de la era de la información”, nos conduce conduce a la necesidad de ejercer a plenitud nuestros derechos de ciudadanía, y cumplir con las responsabilidades propias de esta condición. Ya los dominicanos, y en especial los de esta formación profesional, no pueden estar al margen de lo que ocurre en otras democracias, del comportamiento de los partidos y el funcionamiento del sistema electoral.

Este elevado nivel de conocimientos y de información, nos obliga a tener una idea por lo menos general de cuál es el sistema de partidos y electoral que tenemos, para entonces saber cómo poder incidir, desde nuestras perspectivas como ciudadanos responsables en el perfeccionamiento de la democracia.

Querámoslo o no, el estado de la situación anteriormente descrita, la modernidad, nos obliga a vivir en sociedad, nos liga a las políticas públicas que emanan de los poderes del Estado, comunes a todos, y que afectan nuestra existencia; de tal manera, que no hay más alternativa que ejercer el papel ciudadano correspondiente, en atención al común destino de la sociedad.

A propósito de estas reflexiones, se supone que a mayor preparación existe mayor conciencia de los deberes y obligaciones propios de la ciudadanía, y por tanto, más oportunidad para incidir en la sociedad como agente de cambio, o como ente comprometido con el desarrollo. Por tanto, reitero, los temas vinculados a la democracia y al funcionamiento de los partidos, y a los sistemas electorales no son ajenos; y a propósito de esto nos permitimos compartir algunas reflexiones sobre los mismos.

En el libro “Gramática de los Sistemas Electorales”, Dieter Nohlen asume la definición restringida de éstos, y nos dice que los sistemas electorales “determinan las reglas a través de las cuales los electores pueden expresar sus preferencias políticas y mediante las cuales es posible convertir los votos en escaños parlamentarios (en caso de elecciones parlamentarias) o en cargos de gobiernos 4

(en caso de elecciones para presidente, gobernador, etc.)3. No obstante, este autor menciona la existencia de un concepto amplio, que abarca “todo lo relacionado con el proceso electoral, partiendo del derecho al sufragio, pasando por la administración electoral hasta llegar al contencioso electoral”.4 Cualquiera de las dos conceptualizaciones, y nuestra propia historia política, nos induce a ubicar como algo de extremada importancia los sistemas electorales; que de ser efectos de la dinámica de la sociedad en su avance hacia estados más racionales y justos de convivencia ciudadana, pasan a su vez a ser causas que impulsan o limitan el potencial de los sistemas democráticos, al afectar positiva o negativamente la posibilidad de limitaciones jurídicas a las intemperancias provocadas por la natural fascinación de los actores políticos en el constante batallar por el Poder.

Sobre la importancia de los sistemas electorales, Giovanni Sartori los considera “una de las partes más esenciales de los sistemas políticos. No solo son el instrumento político más fácil de manipular sino que influyen en el sistema de partidos y afectan el alcance de la representación”. De Arend Lijphart va más lejos, al afirmar: “el sistema electoral es la parte más fundamental de la democracia representativa”5.

Cuando hablamos de sistemas de partido, nos ubicamos, obviamente, en un sistema donde predomine el derecho a elegir y a ser elegido, y en el que exista más de una organización que se considere opción de poder electoral. De esta manera, se refiere a las características distintivas de cada partido y a la interrelación mutua entre ellos.

Los tratadistas más consultados, coinciden en excluir como parte de este sistema, a las agrupaciones de escasa influencia en las tomas de decisiones, y en

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Nohlen, Dieter. Gramática de los sistemas electorales; Una introducción a la ingeniería de la representación.

Quito, Ecuador : Instituto de la Democracia, c/2012; Pág. 3 4 Ibid.

5 Obra citada, Pág. 4

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el ejercicio del Poder. La exclusión podría considerarse contradictoria con la esencia pluralista de la democracia representativa, pero el lado opuesto podría inducirnos a populismos impropios de los análisis que pretenden una adecuada aproximación a la objetividad.

Se ha establecido que para una organización ser considerada parte del sistema de partidos, requiere por lo menos uno de varios factores, entre los que se encuentran porcentaje mínimos de votos, representatividad en el Congreso y participación destacada en los gobiernos locales. Algunos autores, como Sartori, delimitan en tres los criterios para considerar los partidos como parte del sistema de partido: posibilidad de formar gobierno, capacidad de veto y capacidad de coalición.

Para comprender y asimilar la importancia de los sistemas políticos y los sistemas electorales, es necesario remitirse a los renacentistas del siglo XVIII, y sus ideales de gobiernos cuya legitimidad sería la voluntad soberana de los pueblos. Estas ideas reivindicadoras de la democracia como aspiración legítima y alcanzable, en sus manifestaciones más concordantes con la etimología de la palabra, tienen su desarrollo más coherente, desde el punto de vista de la ciencia política, en la obra El Espíritu de las Leyes, escrita por “El Conde de Montesquiu”.

Para Montesquiu, “la virtud política” es “el amor a la patria”, lo cual él identifica como “el amor a la igualdad”, refiriéndose, obviamente, a la igualdad de oportunidades, que en la abstracción política significa el ejercicio colectivo e individual del derecho a elegir y ser elegido. Al enunciar tres especies de gobiernos: Republicano, monárquico y despótico, dice que el primero de ellos es democrático cuando “el poder soberano reside en el pueblo entero”6.

En su obra se plasman con claridad didáctica y motivaciones que mantienen plena vigencia, los principios que sustentan el sistema democrático-representativo y la división de poderes del Estado. Estas ideas constituyen el principal marco referencial

para

encontrar

el

origen

6

Montequiu. El Espíritu de las Leyes. (s.p.i.) Pág. 4

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de

los

partidos

políticos,

en

la

conceptualización moderna, dentro del léxico político inherente a la democracia representativa: grupos de personas organizadas con la finalidad de participar en el ejercicio del Poder, a través de la lucha electoral.

Independientemente de la cuota de poder coyuntural que ostenten, los partidos deben de servir como puentes entre los estamentos sociales y el Estado; y recoger las aspiraciones y necesidades más representativas de los individuos, para canalizar su materialización. Deben ser las conexiones básicas entre el Estado y la sociedad.

De asumir una concepción amplia y obviar la conceptualización moderna, ubicaríamos el origen de los partidos en las primeras sociedades políticamente organizadas, como los grupos que en la Grecia antigua hicieron causa común para alcanzar fines políticos, o los casos de los hermanos Greco, y la guerra civil entre Mario y Sila, en la Roma imperial. Pero la coincidencia en algunas características es insuficiente, porque aquellas agrupaciones carecían de algo logrado siglos después, cuando las sociedades asumieron el sufragio como fuente distintiva de la participación política.

Mostrando cierta timidez para establecer un punto cronológico específico, los expertos de la materia ubican un proceso originario de los partidos políticos modernos, iniciado en el siglo XVII, que se desarrolló cualitativamente durante el siglo XVIII y logró su perfeccionamiento en el siglo XIX. Algo en lo que todos coinciden, es en vincular este proceso al desarrollo de la democracia representativa, a las influencias de la independencia norteamericana y de la Revolución Francesa.

Las ideas reivindicadoras del movimiento revolucionario europeo de los siglos anteriormente citados, sellaron y persiguen el sistema electoral y el sistema de partidos en República Dominicana. De ellas se nutrieron Juan Pablo Duarte y los Trinitarios, cuyo altruismo e idealismo supremo les impidió ver las grandes diferencias en el desarrollo de las sociedades europeas y sus siglos de lucha política y confrontaciones ideológicas; con una nación a la cual faltaba incluso el 7

acta de nacimiento, en principio del siglo XIX. Lejos de cuestionar el ideario duartiano con esta afirmación, lo que pretendemos es exponer su grandeza de espíritu, y exponerlo como una bendición, pues esta nación pequeña, es resultado de las concepciones más avanzadas del mundo, cuando fue concebida.

Haciendo un resumen de los momentos más importantes en República Dominicana, la Sociedad Secreta La Trinitaria nos ofrece el primer ejemplo dominicano aproximado a lo que es un partido político. Sus concepciones respecto al sistema electoral, están explícitas en los artículos 6 y 39 de la primera Constitución: “Los Dominicanos se constituyen en nación libre, independiente y soberana,

bajo

un

gobierno

esencialmente

civil,

republicano,

popular,

representativo, electivo y responsable”; “La soberanía reside en la universalidad de los ciudadanos, y se ejerce por tres poderes delegados, según las reglas establecidas en la Constitución”. Estos principios democráticos han estado tan arraigados en la conciencia de los dominicanos, que la dictadura encabezada por Rafael Leónidas Trujillo los enarboló durante 30 años, como mecanismo de legitimación.

Hasta 1865, el sistema electoral dominicano, estuvo limitado en su democracia, al permitir el derecho a elegir y a ser elegidos, exclusivamente a los propietarios. Mediante esta norma los miembros de los colegios electorales permanecerían dos años en sus cargos. En la modificación del 1854 se abolió el sistema Bicameral, asumiendo el Senado Consultor el poder legislativo. Las elecciones para Presidente se extendieron de 4 años a 6 años, y se contempló la prohibición de la reelección inmediata.

La Constitución de 1858 introdujo el sufragio directo, de manera que serían elegidos por voto directo el Presidente y el Vicepresidente, los miembros de la Cámara de Representantes, los Diputados Departamentales, los Síndicos y los Regidores. Para tener acceso a ser electo por votos directo se exigía como requisito ser dueño de bienes raíces o empleado público u oficial militar, profesar alguna ciencia, arte u oficio.

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En noviembre de 1865, el Gobierno Restaurador promulgó una Constitución que representó un paso de avance muy significativo en el sistema electoral dominicano, al establecer por primera vez el voto directo para la elección del Presidente y de los miembros del Congreso, y eliminar el requisito de ser propietario de inmuebles, para acceder a un cargo de elección popular. Por primera vez en la historia dominicana quedó establecido el voto universal, al exigir como único requisito para votar que el ciudadano tenga 18 años de edad.

Aunque fueron causas ajenas al sistema electoral la que provocaron la inestabilidad política que se prolongó por varias décadas, llama la atención a que fuera precisamente en 1865 cuando se iniciara. La inestabilidad política, la incoherencia de algunos grupos con el postulado democrático y republicano de los Trinitarios, fueron, entre otros factores, condicionantes internos para la intervención norteamericana de 1916, que tuvo gran influencia en la definición del Estado moderno, y en la trayectoria de éste.

Como parte del “Entendido de Evacuación de la República Dominicana por las fuerzas militares de los Estados Unidos de América”, firmado en Washington el 23 de septiembre de 1922, el gobierno provisional instalado el 22 de octubre promulgó, el 8 de marzo de 1923, la Ley Electoral número 35, que creó la Junta Central Electoral, las juntas provinciales electorales y las juntas municipales electorales7.

Una modificación en mayo de la 1929 a la ley electoral estableció como condición para una agrupación ser considerada partido político, tener por lo menos 6% del total de inscritos en el Registro Electoral, distribuidos en no menos de 7 provincias. En ese entonces existían Santo Domingo y 11 provincias.

Posterior a 1929 y hasta 1961, la ley electoral tuvo modificaciones que fueran dignas de mencionarse en un contexto histórico diferente a la situación política del país en esos años, donde la voluntad de un hombre fue impuesta a

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Campillo Pérez, Julio Genaro. Origen y Evolución de la Junta Central Electoral. Santo Domingo, Junta Central

Electoral, 1982; Págs. 34/35.

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todas las instituciones. No obstante, y sin entrar en detalles sobre las razones que pudieron motivar este paso, hubo un acontecimiento que influyó mucho en la doctrina jurídica de los derechos humanos, contenido en la Reforma Constitucional de 1942.

Hasta la reforma anterior, 1934, se consideraban ciudadanos “todos los dominicanos varones, mayores de diez y ocho años y los que sean o hubieren sido casados, aunque no hayan cumplido esa edad” (artículo 9 de la Constitución, 1934). Es en la Constitución de 1942, que pasan a ser ciudadanos “todos los dominicanos de uno u otro sexo, mayores de diez y ocho años y los que sean o hubieren sido casados, aunque no hayan cumplido esa edad”. Esta modificación otorgó a la mujer a la mujer dominicana el derecho a elegir y ser elegida.

Durante el período transcurrido desde el 30 de mayo de 1961, fecha del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo, hasta el 20 de diciembre de 1962, el país vivió una intensa actividad política, que culminó con las elecciones generales organizadas por la Junta Central Electoral. Con posterioridad, se produjo la instalación y el derrocamiento del gobierno legítimamente electo, y se transitó por un período de inestabilidad política, en el cual se produjo la intervención de tropas extranjeras, inestabilidad que se mantuvo hasta el gobierno de transición de 1966, del doctor Joaquín Balaguer, prolongándose su estadía hasta el 1978, caracterizándose por ser un período de restricción del ejercicio de los derechos fundamentales.

En su obra sobre los sistemas electorales, el profesor Nohlen, al hablar de nuestro país, describe: ¨A partir de 1978 las elecciones empezaron a ser pluralistas, sin embargo, el acto fundacional de la alternancia en el gobierno fue posible gracias a una decisión de la JCE, cuando desconoció los resultados del Senado”.

En todo este período, hasta el momento actual, se puede afirmar que ha prevalecido la democracia electoral, con sus imperfecciones, que se mantuvieron afectando los procesos electorales hasta el año 2006.

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El 26 de enero de 2010, la República Dominicana dio paso a una reforma constitucional, dentro de las novedades de esta reforma se encuentran las figuras del Referendo, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional, así como la constitucionalización de la JCE y sus juntas electorales encargadas de administrar y organizar los procesos electorales y la independencia de estos órganos como parte indispensable del Estado Democrático Constitucional.

No obstante, el avance que representó para la República Dominicana la reforma constitucional de 2010 la misma no ha venido acompañado de una legislación específica en materia electoral y de agrupaciones y partidos políticos, las cuales son fundamentales para el desenvolvimiento democrático de la República, así como tampoco de una reforma electoral que se adapte a los nuevos requerimientos constitucionales.

Históricamente la organización y administración electoral no incluía la gerencia y planificación como herramienta de desarrollo de los procesos electorales. La actual JCE enfrentándose a estas nuevas complejidades que implica satisfacer las demandas de la democracia contemporánea ha reaccionado instaurando un proceso de construcción propia, creando sus capacidades para obtener la certificaciones que le acreditan los sistemas de gestión de calidad siendo recientemente reconocidos incluso con las normas ISO/ DIS 17582 e ISO9001-2008, que convierten a la entidad en el primer órgano electoral de América Latina que recibe tal distinción.

Para los teóricos de la democracia, la calidad del sistema político y por ende, de los sistemas electorales, descansan en el pacto tácito entre el estado y sus ciudadanos. Los ciudadanos legitiman con su actuación el ejercicio del poder político. Por lo tanto, el sufragio universal o derecho al voto y participación política inclusiva son dos elementos que influyen en la calidad de la democracia.

América Latina ha vivenciado un proceso de constitucionalizarían del sistema de partidos políticos y en nuestro caso particular República Dominicana aunque no se ha alcanzado el objetivo de contar con una ley de partidos políticos 11

reglamentariamente se han reformado los mecanismos para el reconocimiento de las agrupaciones políticas, las garantías por ejemplos para el fortalecimiento en el ejerció de los derechos políticos de las mujeres , sin embargo todavía son débiles los mecanismos para una efectiva participación y articulación de intereses.

Un sistema político y electoral desde el enfoque procedimental con la participación universal de todos y todas en el marco de igualdad de derechos y reglas igualitarias significa en primer lugar una ciudadanía inclusiva, libertad de organización e información pública, acceso a la actividad política de los individuos y las organización en igualdad de condiciones y los mecanismos para la retroalimentación en la rendición de cuentas.

Es por ello, que si bien la reforma político electoral es un elemento esencial del proceso se hace necesario de la voluntad política para

un cambio de

paradigma. Pero esta reforma descansa su propia fortalezca: Alfred Emanuel Smith expresó: ¨Todos los males de la democracia pueden curarse con más democracia".

Ello significa que no hay democracia sin actuación, sin convertirla en un estilo de vida en una determinación firme del accionar de todas y todos.

Vista desde la óptica de la indiferencia, la democracia representativa es algo sencillo, donde algunos sectores disfrutan sus beneficios y se mantienen indiferentes frente a sus demandas. En el sistema que ha demostrado ser el mejor canalizador de las aspiraciones colectivas y sociales, y garante de las libertades, la democracia es un patrimonio de todos quienes se benefician de ella, y por tanto, todos tenemos la obligación de velar por su existencia y desarrollo cualitativo.

Un concepto derivado de la democracia es el de responsabilidad ciudadana, dirigido de manera especial a quienes poseen conocimientos para comprender su compromiso social, como es el caso de los profesionales, que en el caso de ustedes, son el producto de la democracia dominicana, con sus virtudes e imperfecciones.

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Disfrutar de las virtudes y beneficios del sistema, requiere, asumiendo el concepto de responsabilidad ciudadana, hurgar en sus deficiencias y asumir el compromiso de contribuir a que ésta sea cada día mejor.

En los momentos actuales, en la República Dominicana prevalece un sistema bipartidista, que no ha hecho conciencia de su vulnerabilidad; el hecho de que en los últimos 20 años, dos formaciones políticas, en reiteradas ocasiones, hayan obtenido el 85% de toda la votación, con un índice apreciable de participación, de un 70% de electores hábiles, podría inducir a creer que tenemos un sistema de partidos políticos saludable, y en consecuencia, estimularles a desoír el llamado urgente de la ciudadanía y de la sociedad a través de sus diferentes grupos de presión, en el sentido de que las formaciones políticas tienen que adaptarse a los nuevos tiempos, y dictar leyes que les protejan de sí mismos.

Y este tema de la reforma del sistema electoral y del sistema de partidos, no puede ser ajeno al ciudadano común, no importa que no ejerza militancia partidaria, ya que un deterioro en el sistema de partidos como tal, podría generar el colapso de él mismo y la ingobernabilidad en el país. Este estado de situación nos podría llevar a un largo período de inestabilidad, en donde se pondrían en riesgo todas las conquistas obtenidas, y obviamente socavaría toda la base de existencia de la democracia que vivimos.

Como ya hemos dicho, no se conoce, hasta la fecha, un sistema de gobierno más confiable que la democracia, y no hay democracia sin ciudadanos. La mejor manera de perfeccionar la democracia, es precisamente, integrando a la ciudadanía a los procesos de participación y decisión de los asuntos trascendentes del país; es motivando su inserción, ya no como simple espectadores, sino como actores, que obliguen a que la administración de la política pública se corresponda con sus necesidades y sus expectativas.

La Constitución dominicana, reformada en el 2010, ha constitucionalizado los partidos políticos, y ha definido como sus fines esenciales, el de garantizar la participación de las ciudadanas y los ciudadanos en los procesos políticos, ha 13

establecido como una obligación de éstos el contribuir con la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, y ha instituido que éstos deben estar al servicio del interés nacional, del bienestar colectivo, y que tienen que propugnar por un desarrollo integral de la sociedad dominicana.

Son éstos postulados constitucionales que demandan de una ciudadanía responsable, empoderada de su propio destino; que esté decidida a jugar las reglas propias de su sistema, precisamente para garantizar la prevalencia del Estado Social y Democrático de Derecho que nos hemos propuesto construir.

Finalmente, les exhorto a asumir los principios duartianos, que consideró a la política como la ciencia más pura, y más digna después de la filosofía, de ocupar las inteligencias nobles; y en consecuencia.

¡Muchas Gracias!

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