DISCURSO PRONUNCIADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, DR. JULIO CESAR CASTAÑOS GUZMAN, EN LA AUDIENCIA SOLEMNE CELEBRADA EN OCASIÓN DEL 86 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL.
Antes que todo debemos dar las gracias y celebrar además, la presencia de las distinguidas personalidades que nos acompañan hoy, invitados especiales, miembros del cuerpo diplomático y consular acreditado, de la Honorable Cámara de Cuentas, dirigentes y delegados de los partidos políticos, medios de comunicación, sociedad civil. Bienvenidos todos. Siempre que se conmemora un aniversario o cuando se celebra un cumpleaños, en el fondo subyace una evaluación de lo que hemos hecho durante el tiempo transcurrido. En este caso 86 años de vida institucional para la Junta Central Electoral no es poco tiempo. Deseo sin embargo, si me lo permiten, irme un poco más atrás, a fin de hacer algunas afirmaciones que resultarán de provecho para el propósito de este discurso. Veamos. Durante el siglo XIX (y parte del siglo XX), que es la época en que nace la República como país libre e independiente, las ideas democráticas no estaban muy claras, por ejemplo, advenimos como un Estado soberano que no tenía sufragio universal, sino voto indirecto y asambleas primarias para escoger delegados a los colegios electorales de Azua, Santo Domingo, El Seybo, La Vega y Santiago, al mismo tiempo se trataba, conforme establece nuestra primera Constitución del 6 de noviembre de 1844, de una democracia de propietarios y arrendatarios de inmuebles, empleados públicos, agricultores, militares y profesores. Esta situación se prolongó en subsecuentes textos constitucionales hasta que, la Constitución de Moca en 1858, admite por primera vez, el Sufragio Universal y el voto directo (al menos nominativamente), pero dispone que los electores estén cualificados por ser propietarios, militares, arrendatarios, etc. En el texto de la Restauración, 1865, se establece el sufragio universal desapareciendo el sufragio restringido, y se dispone que para ser elector bastaba estar en pleno goce de derechos civiles y políticos, y residir en el territorio de la República. En 1872, tenemos una contrarreforma, vuelven las Asambleas Primarias, el voto indirecto y colegio electoral, y electores empleados públicos y propietarios; pero, en 1874 vuelve el sufragio universal que se mantiene en los textos de 1875, 1877, 1878, 1879 y 1881, hasta que en 1887 el viejo sistema se impone y el autoritarismo determinaría que los 4 textos constitucionales subsecuentes se retrotraigan al viejo sistema de asambleas primarias, voto indirecto y colegios electorales. Todo lo anterior se mantuvo hasta que en la Constituyente de 1924, aparecen de nuevo –esta vez, para quedarse hasta el día de hoy—las Asambleas Electorales, el sufragio universal y el voto directo. Es el año además, en que se constitucionaliza por primera vez a la Junta Central Electoral y a juntas dependientes de ésta, como la institución que tiene a su cargo la organización de las elecciones, y además establece, que en el día de las elecciones el órgano electoral asume el mando de la fuerza pública. Pese a que se trataban de pantomimas electorales que culminaban en elecciones de un único
partido y con presidentes sucedáneos, durante la Era de Trujillo, en la consulta puntual que hemos realizado, a todas las Constituciones sin excepción, se mantuvo el voto directo y el sufragio universal, tal y como lo tenemos hasta el día de hoy. La Constitución de 1963, de Juan Bosch, simplemente cambio el nombre al órgano supremo electoral que paso a llamarse Tribunal Superior Electoral, hasta que después de la Guerra de Abril, con la Constitución del 28 de noviembre de 1966, pasó de nuevo al nombre que tenemos hasta el día de hoy: Junta Central Electoral. Después de examinar todos los textos de nuestro documento fundamental a que hemos tenido acceso podemos afirmar, sin ambages ni temor a equivocarnos, que las elecciones siempre han estado constitucionalizadas, y al menos de forma enunciativa, nuestra clase política ha estado clara que sin elecciones la democracia simplemente no es viable. Por todo esto hay y habrá elecciones siempre. Elecciones libres, sin coacción, sin fraude. Elecciones no como un problema sino como una solución, ya que como una solución se celebraron las elecciones de diciembre de 1962, para traer la democracia después de una larga tiranía de 31 años; y, como una solución necesaria se organizaron después de la guerra fratricida de abril, las elecciones de 1966; y como necesaria alternancia, no como un problema, las que se celebraron en 1978, bajo el eslogan de “El cambio sin violencia”. El péndulo que oscila implacable determinando la periodicidad de nuestras opciones de poder imbricadas en el sistema de partidos se mueve, se ha movido y se moverá al compás de la voluntad libérrima de los dominicanos. La crisis postelectoral de 1990, trajo como un beneficio innegable que el 13 de abril de 1992, la Cédula y el Registro Civil pasasen a ser administrados, hasta el día de hoy, por la Junta Central Electoral. A raíz de la crisis postelectoral de 1994, parte de la solución política fue el paradigmático certamen electoral de 1996, organizado por una Junta Central Electoral escogida por consenso, fruto del Pacto por la Democracia, que suscribieron las fuerzas políticas, con una Reforma Constitucional que estableció importantes novedades al sistema electoral como: a) Colegios electorales cerrados; b) Prohibición de la reelección; c) Posibilidad de una segunda vuelta (45 días después) si el candidato más votado en las presidenciales no alcanza el 50% más 1 (ballotage); d) Elecciones separadas para los niveles congresual y presidencial;
Después vendría la Ley 275-97, de diciembre de 1997, con el voto de los dominicanos en el exterior; la creación del formulario de los concurrentes y los horarios para mujeres y hombres separados, para implementar los colegios electorales cerrados; las circunscripciones electorales, para acercar más el votante a los candidatos, o viceversa. Y el financiamiento o contribución pública a los Partidos Políticos. Pese a que la Reforma del 2002, eliminó los colegios electorales
cerrados y trajo de nuevo la reelección. La creación por Resolución de la Junta Central Electoral No. 5-2001, del voto preferencial para la elección de los diputados, utilizando la modalidad de boletas cerradas y desbloqueadas, en oposición a las boletas cerradas y bloqueadas constituyó en su momento un loable esfuerzo para acercar el ciudadano a sus representantes, y hacer más democrática su elección. La cedulación masiva del año 1999 y siguientes, permitió mediante el uso intensivo de la tecnología la creación de uno de los primeros padrones electorales fotográficos a color del mundo. El cual no solo ha sido vital para el Registro Electoral, sino para el maestro de los cedulados, en sus modalidades para ciudadanos, menores, militares y extranjeros. Esta lista de cedulados integra la base de datos de la mayoría de las instituciones de servicios en todas las áreas, desde los bancos comerciales a la seguridad social y nacional; y el padrón electoral fotográfico ha estado disponible en el internet para consulta pública de los ciudadanos. ¿Qué ha hecho esta Junta Central Electoral, que hoy cumple dos (2) años y cinco (5) meses de elegida? Entre muchos, voy a destacar por su trascendencia, unos cuantos hechos que en nuestra opinión son históricos: a) “Reglamento del 26 de enero del año 2007, que establece sueldos de estado a los Oficiales del Estado Civil y personal auxiliar y fija tasas por los servicios de las Oficialías del Estado Civil”. Rompiendo con un sistema de privilegios inaceptables y expoliación, cuya reforma estaba dispuesta desde el año 1992, pendiente durante 15 años de un Reglamento que finalmente dictó esta Junta Central Electoral (JCE). b) “Reglamento para la Fiscalización de las Asambleas y Convenciones Electorales de los Partidos Políticos”, de fecha 4 de enero del año 2007, sobre los ejes temáticos y razonables de: Reglamento, Presupuesto, Estatutos, Recintos y Sistema de escrutinio y cómputo. Es el inicio formal de los esfuerzos concretos para institucionalizar a los partidos políticos y la defensa de las garantías de los candidatos electos. c) La Resolución No. 2-2007, de fecha 18 de abril del 2007, para la puesta en vigencia del Libro Registro del Nacimiento de Niño(a) de Madre Extranjera No Residente en la República Dominicana (Libro de Extranjería). Ha constituido un extraordinario paso de avance en el respeto a los Derechos Humanos y el cumplimiento de los acuerdos internacionales de protección a la niñez y a los derechos civiles y políticos. d) La creación de la Escuela Nacional Electoral y del Estado Civil (EFEC). Inaugurada formalmente el día 31 de enero del 2008; ha significado el advenimiento preeminente de los criterios académicos y de búsqueda científica de la verdad para la consolidación de la democracia. Con sus cursos auspiciados por la cooperación internacional y sus acuerdos interinstitucionales que la consagran, tal y como ha sido expresado por nosotros en más de una ocasión, como una Escuela modelo para las Américas. e) La reestructuración y conformación de las 154 Juntas Electorales del país. trabajo realizado por la Comisión de Juntas Electorales y Partidos Políticos del Pleno de la JCE conjuntamente
con el Departamento de Juntas Electorales. f) La Comisión de Inhabilitados y Cancelados. Integrada por tres de nuestros Magistrados procedió a efectuar en este período: 63,395 cancelaciones y 1,686 revalidaciones de expedientes de cédulas en el Registro Electoral para un total de 65,081 expedientes. g) La Comisión de Oficialías. Conformada por cinco de los Magistrados de esta institución, a su vez conoció y puso prácticamente al día los expedientes pendientes, solucionando 1,346 casos. h) Registro Civil. Automatización, equipamiento y refacción de las Oficialías del Estado Civil. i) Centros de Servicios. Permiten a los inscritos en el registro civil obtener sus actas de nacimiento, matrimonio, defunción o divorcio debidamente certificadas o legalizadas en diferentes puntos del país, sin que sea necesario trasladarse a la Oficialía donde fueron inscritos. Estos Centros de Servicios han sido posibles gracias a varios factores: • Registros Centralizados • Redes de Comunicación que los interconectan con la Junta Central. • La Digitalización realizada de los Registros del Estado Civil. • Equipamiento e Infraestructura de los nuevos locales orientados al servicio. Los Centros de Servicio han permitido que los servicios del registro del estado civil sean más asequibles y han llenado la expectativa de lograr el alcance nacional debido a que están distribuidos entre las tres grandes regiones del país. En la actualidad funcionan Cinco (5) Centros de Servicio ubicados en Santiago, San Francisco de Macorís, Azua, Santo Domingo Este y en el Distrito Nacional. Próximamente abriremos un nuevo Centro de Servicios en La Romana para cubrir toda la Zona Este. j) Acuerdos Interinstitucionales. Hemos suscrito acuerdos de cooperación con el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con la Secretaría de Estado de Salud Pública, la Secretaría de Estado de Educación, y conjuntamente con el Gabinete Social de la Presidencia de la República y el Banco Mundial, con la finalidad de eliminar el fenómeno del subregistro con acciones encaminadas a la Declaración Tardía de Nacimiento de unos 400,000 dominicanos y dominicanas, que carecen de nombre y apellido. Además, se suscribió un acuerdo interinstitucional de Cooperación con la Agencia de Cooperación Española (AECID) de la Embajada de España, para el “Proyecto de Modernización del Sistema de Partidos Políticos de la República Dominicana”. k) Implementación y Liberación de Trámites. Es preciso señalar en este renglón la desjudicialización durante tres (3) años, y por la ley de amnistía de declaración tardía de nacimiento Número 218-07, del 14 de agosto del 2007, de las declaraciones tardías de los menores de 16 años, que no estuviesen declarados, permitiendo que muchos niños, niñas y adolescentes asciendan a la vida civil. l) Resolución No. 02-2009. Dictada por la Junta Central Electoral en fecha 24 de marzo del
2009, que permite la corrección de manera administrativa de datos o informaciones discordantes u omitidas, lo cual viene a subsanar un verdadero padecimiento nacional. m) Elecciones Ordinarias Generales 2008. Me permito destacar, de manera especial, la impecable organización de las Elecciones ordinarias presidenciales del 2008, sin que se produjese una sola impugnación, ofreciendo resultados totales en tiempo record, mediante la educación intensiva de los integrantes de las mesas electorales y una plataforma tecnológica que permitió, esta vez, utilizando las herramientas telemáticas de scaners ubicados en los recintos electorales y las juntas electorales, anclar una variable de aceleración que rompió con la práctica de resultados diferidos y retardados. Al finalizar este recuento de labores realizadas, es preciso y necesario destacar la ardua y eficiente gestión que realizan todos los departamentos de la Junta Central Electoral. Todos merecen especial mención: Informática, Consultoría Jurídica, Registro Civil, Registro Electoral, Cedulación, Inspectoría, Partidos Políticos, Elecciones, Voto de los Dominicanos en el Exterior, Administrativo, Auditoría, Finanzas, Comunicaciones, Seguridad. Así como, cada una de las dependencias de estas Oficinas conformadas por un personal eficiente y eficaz sin cuyo trabajo y esfuerzo de calidad no hubiésemos alcanzado los logros citados. Deseo me permitan referirme aunque sea de manera sucinta a los retos y riesgos, que debe enfrentar esta gestión en lo que nos queda al frente de la Junta Central Electoral (JCE). Sin lugar a dudas, que todos estos logros serían empañados irremediablemente, si las próximas elecciones congresuales y municipales del año 2010, no se celebraran con el mismo grado de calidad con que se desenvolvieron las pasadas presidenciales del año 2008. Es más importante como se termina que como se comienza. Si bien la actual Junta tiene bastante experiencia acumulada, no menos cierto es, que el grado de complejidad a que nos enfrentaremos es mayor, que el que ya hemos experimentado hasta el momento. De por sí, de mantenerse el Voto Preferencial para los Diputados y Diputadas, conocidos son los problemas de orden técnico y administrativo que implica la sumatoria individual dentro de un mismo recuadro por partido, con totalizaciones personalizadas y que deben subsumirse finalmente en un cuadre por partido y totalización final de votos válidos en el nivel congresual de los trabajos de cada colegio electoral. A esto último se adicionan las dificultades logísticas y administrativas que deberá enfrentar la Junta Central Electoral por el imperioso estreno para las elecciones del año próximo de lo dispuesto en la Ley 176-2007 de Organización Municipal de fecha 17 de julio del 2007, con 155 municipios y 229 Distritos Municipales, que integrados en los Municipios deben celebrar jornadas electorales individuales, para la escogencia de las autoridades municipales de esas sub demarcaciones. Sin dejar de lado las jornadas pendientes de los partidos políticos para la celebración interna de sus Asambleas, convenciones y primarias, para renovar su directiva en algunos casos y escoger los candidatos a las próximas elecciones.
El Proceso de Reforma Constitucional que transcurre en estos momentos plantea la posibilidad de nuevas figuras en el nivel congresual como serían los representantes legislativos por acumulación nacional y los de ultramar o del exterior que vendrían a representar a la diáspora dominicana que reside en el extranjero. Todo esto precisará que nuestra institución se aboque en lo inmediato a realizar consecuentes y desapasionados análisis, que están aún pendientes, para que orgánicamente se adopte una posición sobre el particular, dentro de criterios objetivos y razonables. Siempre tomando en cuenta que somos servidores de la Constitución y de las leyes; pero, que a lo imposible nadie está obligado. Por otra parte, otro punto a tomar en cuenta, es que la aparente falta de unidad en los criterios propiciada por una ley defectuosa de la que no somos responsables, nos lleve a perder tiempo en discusiones públicas innecesarias, sin que antes los temas hayan sido objeto de una sosegada ponderación a lo interno. El éxito de las pasadas elecciones radicó en que todos los integrantes de la institución identificando la envergadura de las responsabilidades, unificamos los esfuerzos y esto fue coronado con el éxito. Pocas palabras y muchas realizaciones es lo que se espera de nosotros. Estoy seguro de que el honor y el sentido de la responsabilidad que le es inherente a cada uno de los Honorables Miembros de la Junta Central Electoral (JCE), así como su innegable sentido del bien común determinará que en esta oportunidad, nueva vez, estemos a la altura de los acontecimientos. ¿Qué peligros se ciernen hoy sobre el sistema de partidos en la República Dominicana? Son varios. Sin lugar a dudas que el financiamiento de las campañas juega hoy un papel determinante en la competencia política; pero, las campañas sin regulación en el tiempo y en cuanto a su propio contenido vienen a ser precisamente la dinámica más sensible en cuanto a la propia viabilidad y permanencia del sistema de partidos. ¿Qué hacer? Distintas medidas vendrían a ser pertinentes en la situación actual de la República Dominicana: 1.- Campañas más cortas en el tiempo. Precisamos de Reformas a nuestra Ley Electoral para establecer Campañas Electorales más cortas. Y mecanismos más eficientes para que la Junta Central Electoral pueda regular las Campañas. 2.- Gasto. La razonabilidad exige hoy ponerle un límite al gasto de campaña, ya que principios económicos elementales, como la Ley de Rendimientos Decrecientes, por ejemplo, vienen a servir de advertencia para que se enjuicie la necesidad real de que no se empleen irracionalmente tantos recursos económicos en la procura del favor de una voluntad política, cuando llega un momento que la saturación en el uso de la propaganda en los medios de comunicación resulta contraproducente. Una Ley de Partidos Políticos se nos hace necesaria en estos momentos para asegurar la salud del sistema de partidos y la viabilidad de que nuestra Democracia perdure. Finalmente, deseo expresar que las buenas armas de la verdad y la justicia se nos hacen imprescindibles, para transformar nuestra realidad al hacer posible aquello que es necesario para el bien común; y a guisa de Ortega y Gasset, “Yo soy yo y mis circunstancias; y si no cambió
mis circunstancias, no me salvo yo.” Ante este nuevo sacrificio, declaramos que lo asumimos hoy como una expresión de la buena templanza, fieles al lema de una vida forjada en el ejercicio de nuestras profesiones que dignamente hemos desempeñado y siempre acompañados por el cumplimiento con honor y solemnidad del deber de servicio a la sociedad y a la Patria, ser útil al prójimo en sus necesidades y obedecer las leyes establecidas. Ya para concluir, nunca olvidemos, que la República Dominicana ama su democracia, ha luchado por ella y la desea. La espera como el fuego cotidiano del hogar campesino que atempera el rigor de las madrugadas con el resplandor del amanecer. Es que una alborada brotará límpida el 16 de mayo del 2010, en cada una de las urnas que diseminadas en el territorio patrio serán custodiadas, como un tesoro nacional, por esta Junta Central Electoral y por cada una de las juntas electorales. Celebremos pues, y alegrémonos con este 86 Aniversario, sigamos adelante, con la esperanza puesta en las grandes virtudes de este Pueblo; y, sobre todo, con la fe inquebrantable en que Dios nunca desampara a aquellos que cumplen con su deber. Gracias. Muchas gracias.