“PALABRAS EN OCASIÓN DE LANZAMIENTO NUEVA IMAGEN INSTITUCIONAL JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)” Dr. Roberto Rosario Márquez Presidente Junta Central Electoral En esta ocasión les hemos convocado a un acto de singular importancia, se trata de la presentación del Programa de Identidad Institucional de la Junta Central Electoral, que servirá de base para la aplicación de una nueva imagen institucional dentro de su política de comunicación, la cual se enmarca en la programación de su Plan Estratégico para el sexenio 2010‐2016. Para poder explicar la decisión que hemos adoptado de introducir una nueva imagen institucional en todos los aspectos del accionar de la Junta Central Electoral, es necesario que nos ubiquemos en el contexto de lo que ha sido y es esta institución, y a tal efecto, debemos situarla en tres períodos fundamentales de su historia: El primero, que va desde su fundación en el año 1923 hasta el año 1961, que recoge todo el proceso de instalación de esta institución en medio de procesos convulsos y durante un largo período de gobierno dictatorial. Un segundo período, del año 1961 hasta el 1994, que estuvo caracterizado por avances y retrocesos, y un tercer período desde el año 1994 hasta la actualidad, que podría definirse como el período de las reformas, del crecimiento y consolidación institucional de la Junta Central Electoral. Durante la primera y la segunda etapa la Junta Central Electoral era concebida como una institución gestora y administradora de procesos electorales exclusivamente. Esta ejercía una función limitada, ya que aspectos importantes del propio proceso electoral, como lo eran las llamadas Oficinas de Negociado de Cédulas y el Registro del Estado Civil, estaban al margen de su esfera de influencia, aunque poseían una fuerte incidencia en los procesos electorales que se desarrollaban en esa época.
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En la segunda etapa todos los cambios que se introdujeron fueron el fruto de situaciones de crisis postelectorales, que obligaron a introducir reformas coyunturales, que de manera similar iban siendo superadas, como por ejemplo, el caso de los colegios cerrados, la doble fila, las dos tandas de votación, entre otras. De cara a la nueva política que estamos adoptando dos importantes reformas se introdujeron en el sistema electoral dominicano. La primera de ellas, como consecuencia de la crisis económica de las filas y las colas y la crisis política del año 1990, se produjo un acuerdo en la clase política que dio lugar a varias reformas, la reforma del Código Tributario, al Código de Trabajo, y en el caso que nos ocupa, la Ley 8‐92 del año 1992, que transfirió a la Junta Central Electoral el control y administración sobre la Oficina Central del Estado Civil, el Registro del Estado Civil y las Oficinas de las Cédulas de Identidad. Este órgano estatal, que estaba concebido sólo para la administración de procesos electorales, recibe estas nuevas instituciones de servicios públicos sin contar con la capacidad técnica, administrativa y financiera que permitiera gerenciar adecuadamente estas nuevas funciones y responsabilidades. Sin proponérselo, ésta sola decisión transformó a la Junta Central Electoral, desde el punto de vista legal, en una institución diferente a la concebida. No menos significativas fueron las reformas fruto de los acuerdos y la concertación de la clase política en el año 1994, que introdujo la doble vuelta electoral, el umbral del cincuenta por ciento más uno para ser considerado ganador del certamen electoral presidencial, para representar una mayoría calificada, la no reelección y la doble ciudadanía. Estas reformas fueron ampliadas en el año 1997, con la Ley 275‐97; en todo este período se unificó la cédula de identidad con el carnet electoral, creando la cédula de identidad y electoral, y estableciendo la obligatoriedad de que toda cédula debía tener como soporte un acta; en este lapso de tiempo se inició el proceso de construcción del actual padrón electoral.
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Fruto de todos estos avatares las diferentes composiciones de la Junta Central Electoral necesitaban un lema que representara la realidad de ese momento y que permitiera al órgano electoral reponerse de esa imagen, se necesitaba fortalecer la idea de que la Junta Central Electoral estaba “comprometida con la verdad”, que la voluntad popular sería respetada y que desde el órgano electoral, en ese tiempo con plenitud de jurisdicción, no se alterarían los resultados; por tanto, este slogan representó una época en la vida institucional de este organismo que hoy podemos decir se encuentra superada. Paralelamente la Junta Central Electoral fue creciendo en servicio público, pero de manera inadvertida, pues el foco de atención de la ciudadanía continuaba siendo los procesos electorales. Sin embargo, en la base de sustentación de la Junta Central Electoral la relación directa con el ciudadano no era en los procesos electorales, sino en las Oficialías del Estado Civil, la Oficina Central del Estado Civil y los centros de cedulación, y peor imagen no podía haber, ya que todas se encontraban arrabalizadas y hacinadas, motivo permanente de vergüenza histórica de quienes hemos ostentado esta función. Como es normal, los ciudadanos mal servidos cada día se construían a sí mismos una imagen deteriorada de la Junta Central Electoral, ya que estas oficinas de servicio público realmente funcionaban como pequeños feudos, manejados por quienes eran colocados en este cargo sin ningún tipo de supervisión, ni fiscalización, por lo que aunque legalmente era una función pública, en la práctica era un servicio de carácter privado. A estas naturales deficiencias de servicio se agregaron la sensación de fraude que dejaron las experiencias electorales de los años 1990 y 1994, dando lugar al surgimiento de organizaciones de carácter cívico, cuyo única razón de ser era luchar por la transparencia y pulcritud de los procesos electorales, instituciones éstas en ese momento de gran incidencia en los sectores de clase media y en los creadores de opinión pública y con sólido soporte internacional, por demás acompañados en toda América Latina con un proceso de democratización, y con demanda en todo el hemisferio de una democracia electoral efectiva.
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En la primera fase de la tercera etapa, que hemos llamado de consolidación institucional, los esfuerzos estuvieron dirigidos a fortalecer la política de transparencia, se inició la aplicación del nuevo padrón electoral incorporando la foto en los listados, o lo que llamamos padrón fotográfico a color, se realizaron las elecciones de medio término y con sus luces y sombras se registraron incidentes en este tipo de elección, a esto se agregó la existencia de un órgano electoral tricéfalo, con dos Cámaras, una Administrativa y otra Contenciosa, y un Pleno de Jueces, con total independencia y autonomía funcional, administrativa y presupuestaria . Este proceso se mantuvo hasta el año 2010, aunque ya desde el año 2006 se produjeron importantes y significativos avances. De todos estos avances, el más significativo lo constituye el uso de la tecnología desde los mismos centros de escrutinio en el año 2008, permitiendo que en un espacio de tiempo sumamente rápido tuviéramos resultados provisionales de las actas, que incluso fueron transmitidas simultáneamente a los centros de cómputo de los partidos, y más aún, transmitidos por los medios de comunicación, produciendo esto en algunos dirigentes del espectro político un espasmo o espanto electoral, evidentemente la modernidad había llegado al proceso electoral inesperadamente. El 26 de enero del año 2007, la historia de la Junta Central Electoral registra uno de sus hechos más trascendentales que impactó toda la política de servicio público que administraba la institución, en materia de recaudación, en materia de respuesta oportuna a los requerimientos ciudadanos, en materia de control y fiscalización, en materia de gerencia y administración de procesos y servicios, que lo fue la puesta en vigencia del Reglamento que estableció tarifas fijas a los servicios ofrecidos en las oficinas y la asignación de sueldos a los Oficiales del Estado Civil y personal auxiliar y una reingeniería en el funcionamiento de las oficialías y los centros de servicio, el establecimiento de un sistema de cobros, la designación de un personal de recursos humanos en labores de caja y un personal administrativo, así como la obligatoriedad de que todas las transacciones se reflejaran on‐line en el sistema automatizado.
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Los resultados no se hicieron esperar, reflejándose esto en el primer año de recaudaciones; una sola mención es motivo de indignación, al comprobar la cantidad de recursos que se desviaban de las arcas públicas. A todo esto, debemos agregar la creación de la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC), como soporte fundamental de todos estos procesos de cambios y reformas, que desde su fundación ha capacitado un total de cuatro mil seiscientos sesenta y dos (4,662) personas, de ellas cuatro mil treinta y cinco (4,035) pertenecientes a la Junta Central Electoral, quinientos treinta y siete (537) a organizaciones políticas y ciento cincuenta y cuatro (154) a la sociedad civil. Como hemos indicado anteriormente, la República Dominicana vive en un ambiente de cambios y transformaciones de sus instituciones pública, la proclamación de la Constitución el 26 de enero de 2010, ha dispuesto un rediseño del Estado impactando la función electoral, incluyendo derechos y deberes ciudadanos e instituyendo derechos y deberes de los partidos políticos, por primera vez definidos en el artículo 216 de la Carta Magna con un rango constitucional; todos estos constituyen signos de modernidad y de cambio, vivimos en ese momento de ebullición de las ideas y de reformas. En efecto, la convicción más generalizada de la actualidad consiste en que vivimos una época nueva, nueva no sólo porque en ella se haya transformado la sociedad, sino también porque la misma sociedad ha ingresado a un nuevo proceso de transformación. Esta continuidad del cambio, de la mutación histórica, de la desaparición de lo viejo y el surgimiento de lo nuevo, es el rasgo dominante de la sociedad moderna, organizada apenas hace dos siglos, pero dotada de tan grande potencialidad innovadora que sus propios logros parecen efímeros ante la realización de otros que se precipitan inconteniblemente. “Entre los inventos mecánicos con que se desató la Revolución Industrial del siglo XVIII y las computadoras que hoy día rigen la producción o resuelven problemas de los viajes interplanetarios, median poco menos de doscientos años. En este lapso, una sociedad tradicional, arcaica y pre‐capitalista se ha transformado en una sociedad moderna, industrializada y en trance de dejar de ser capitalista. Los cambios han sido rápidos, las
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transformaciones profundas y las mutaciones producidas han afectado todos los órdenes de la vida social, sin que por ello pueda preverse un estancamiento en las profundas corrientes que impulsan el desarrollo social”. “El hábito de vivir entre lo nuevo ‐nuevos países, nuevos productos, nuevas artes, nuevas ciencias, nuevos sistemas educativos, nuevos medios de transporte, nuevas técnicas, nuevos juegos, nuevas guerras, nuevas políticas, en fin, nuevas maneras de existir‐ debilita nuestra admiración, nuestro asombro, ante las maravillas que ha descubierto el hombre o ante las cosas que ha creado o que las produce y reproduce a voluntad, siguiendo el ritmo creciente de las necesidades y anhelos de la sociedad. Esta realidad de lo nuevo está inseparablemente unida a los tiempos modernos y ha surgido de la sociedad que se ha formado en ellos”. Cuando se habla de lo moderno, se habla de un concepto meramente cronológico; se olvida que tiene, además, otras significaciones que dependen del contexto en que se sitúa; por ejemplo, no debe confundirse le "época moderna" con una "sociedad moderna", ni con el "proceso de modernización". Son tres conceptos distintos, cuya significación adquiere sentidos muy precisos. Hasta principios del siglo XX, "lo moderno" tenía una significación marcadamente subjetiva para contrastar costumbres, ideas, creencias, valores y técnicas del pasado, con actitudes y realidades surgidas en el tiempo y que podían considerarse como actuales o nuevas Desde este punto de vista, lo moderno se identificaba con lo nuevo, con lo que era distinto de lo que se había hecho o conocido en épocas pasadas. En nuestro caso, lo nuevo y lo moderno van de la mano. El auge administrativo alcanzado durante las décadas citadas, así como el comportamiento ponderado y ecuánime en los últimos tres lustros, aumentaron la estatura de este órgano constitucional, permitiéndole transitar por nuevos senderos que lograron su máximo esplendor en los primeros años de este siglo, en lo que han sido sus nuevos roles en los servicios ciudadanos como lo relacionado con el Registro del Estado Civil y lo referido a la Identidad ciudadana. Aspectos estos últimos, que aunque en la normativa legal habían sido asignados a la Junta Central Electoral desde el año 1992, en términos reales fueron incorporados al quehacer
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institucional a partir del 26 de enero del año 2007, fecha en que fueron asumidos los retos de transformación que entrañaba lograr dotar a cada dominicano y dominicana de su Identidad y con ello de sus Derechos a ejercer su participación ciudadana, con estándares de modernidad y garantías institucionales. Las nuevas tecnologías permitieron y permiten que la Junta Central Electoral esté modernizándose y agregando constantemente nuevas formas de atención a los ciudadanos. En el año 2006 contábamos con pocas oficinas automatizadas. La inmensa mayoría de oficinas de servicios operaban de forma manual, con máquinas de escribir; es decir, hasta enero del año 2007, en pleno siglo XXI, el noventa y ocho por ciento (98%) de los procesos y las oficinas de la Junta Central Electoral operaban manualmente, sin hacer uso de las herramientas tecnológicas a nuestra disposición. En contrapelo, hoy contamos con 345 oficinas automatizadas, de ellas 141 Oficialías del Estado Civil, 140 Centros de Cedulación, 30 Delegaciones de Oficialías en Hospitales, 18 Centros de Servicio en el Exterior, 10 Unidades Móviles de Declaraciones Tardías de Nacimiento y 7 Centros de Servicio y Legalización. Este proceso de modernización y automatización representa una cobertura del 94% de los servicios ofrecidos a la ciudadanía. Antes de finalizar este año 2011, nos hemos propuesto la meta de completar el 100%, y así integrar de forma definitiva los servicios automatizados en las oficialías civiles del país. Como parte de este avance tecnológico, todos los dominicanos residentes en el exterior disfrutan del privilegio de poder obtener sus documentos de identidad desde el extranjero en el lugar donde se encuentran, sin la necesidad de tener que desplazarse a territorio dominicano. La mayor evidencia de la transformación de la Junta Central Electoral en una institución básicamente de servicios la constituye la siguiente estadística: Hemos procesado veintiún millones seiscientas treinta y un mil ochocientos treinta y siete (21,631,837) solicitudes de servicios en el Registro Civil y cedulación del año 2007 a la fecha.
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Un resumen de los principales proyectos y actividades que hemos estado ejecutando en este proceso de transformación y modernización (estos volúmenes de servicio con la correspondiente satisfacción), nos permite apreciar todo lo realizado hasta la fecha, con una inversión en construcción de edificaciones, remodelaciones, adecuaciones y compra de activos de aproximadamente mil millones de pesos, en beneficio de los ciudadanos que acuden a cada una de las dependencias de la JCE en cada rincón del país: En este mismo período en la Unidad Central de Declaraciones Tardías de Nacimiento (UCDTN) ya se han trabajado y completado las declaraciones de más 300 mil personas en tan solo 3 años y medio de operación. En relación al registro de los hijos (as) de madres extranjeras no residentes legales en el país, se implementó en el año 2008 el Libro de Extranjería, el cual ha permitido que más de 5,400 niños(as) hayan podido obtener su registro de nacimiento. La ley adjetiva No. 8‐92 nos impulsó por el sendero de la modernidad legislativa, y a tal efecto, se consignó la obligatoriedad del establecimiento de un Número Único de Identidad (NUI), con el propósito de unificar todos los datos de los ciudadanos bajo una denominación única. En esa dirección hemos trabajado, a través de las Oficialías del estado Civil, Delegaciones de las Oficialías en los Hospitales y el Ministerio de Educación, asignando a niños, niñas y adolescentes este número, el cual será su número de Cédula de Identidad y Electoral cuando adquieren la mayoría de edad, su licencia de conducir, pasaporte y la propia Acta de Nacimiento y su número de identificación escolar. Hasta la fecha, el Número Único de Identidad se ha asignado a 542 mil 299 personas. En octubre del 2008, iniciamos el Proyecto de Captura de Datos Biométricos con el objetivo de asegurar la identidad de los dominicanos al incorporar tecnología de reconocimiento de huellas y reconocimiento facial a nuestros documentos de identidad. Esta tecnología AFIS para huellas y rostros nos ha permitido detectar inscripciones no deseadas y disminuir la probabilidad de fraude o suplantación de la identidad de las personas. Al día de hoy, fruto del trabajo realizado en el proyecto de captura de datos biométricos se han incorporado más de tres millones ochocientas cincuenta y cinco mil personas (3,855,000).
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Este proyecto ha permitido a su vez, que la Junta Central Electoral haya podido cooperar con los órganos de investigación del Estado, con un soporte técnico de punta y con ello esclarecer la identidad de ciudadanos o casos de desaparecidos o asesinados a los que se les haya querido borrar su identidad. Tal es el caso del cadáver de una mujer descuartizada, cuyo cuerpo desmembrado fue rescatado de las aguas del río Haina por pescadores que dieron parte a la Policía. Luego de los trámites de rigor para estos casos, y previo levantamiento de las huellas dactilares del cadáver encontrado, fue solicitada la intervención de la Junta Central Electoral y sus sistema de datos biométricos, lo que permitió que en pocas horas, el país conociera la identidad del cadáver y la Policía Científica continuara sus labores investigativas, para dar con el homicida. Tal vez, sea éste el ejemplo más palpable, de cuánto ha significado el uso de esta tecnología y cuanto ha garantizado para la identidad de los ciudadanos y lo útil que ha sido la huella dactilar digital en el proceso de integración a la identificación ciudadana y por qué se constituye en el símbolo de modernidad, de eficiencia, de unicidad bajo el concepto un acta, una cédula, un voto, de identidad ciudadana y de garantía de ejercicio de derechos fundamentales. Una expresión más de los avances de la Junta Central Electoral en el uso de la tecnología lo constituye el servicio de atención a solicitudes de actas vía internet. En tiempos atrás, ¿quién se imaginaría que la Junta Central Electoral recibiría solicitudes de actas vía internet, las procesaría y el ciudadano las recibiría en la comodidad de su hogar, con todas las garantías y seguridad que este servicio ofrece, economizando tiempo y dinero al ciudadano y descongestionando nuestras oficinas? En el año 2010 atendimos diecisiete mil (17,000) solicitudes, y en lo que va de año hemos recibido más de diez mil (10,000) solicitudes que han sido procesadas a través de internet. No puedo dejar de utilizar este escenario para insistir en la información de las mejoras introducidas, las cuales han permitido que gran parte de la problemática actual de registro civil sean solucionadas por la vía administrativa. En este sentido se ha creado una nueva unidad dentro de la JCE que atenderá las siguientes situaciones:
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1. Cambios de letras en nombres, apellidos o en los datos generales del folio 2. Abreviaturas de nombres y apellidos. 3. Conjunciones. 4. Inclusión del número de Cédula cuando esté omitido o cuando figure el número de la Constancia de Solicitud de Cédula. 5. Omisión y cambios de dígitos en los números de Cédulas. Esta unidad ayudará a solucionar muchos problemas que hoy presentan los ciudadanos, y como muestra informamos que en tan solo dos semanas de operación, ya hemos recibido más de seiscientas cincuenta (650) solicitudes de correcciones directamente en la oficina habilitada en la Dirección de Registro Civil, sin incluir las que se han presentado en las Oficialías del Distrito Nacional, el interior del país y en el exterior. La modernización de la Junta Central Electoral también ha impactado la gestión y administración de los procesos electorales, nuestra atribución primigenia. Como parte del proyecto de incorporación de nuevas tecnologías al proceso electoral, aunque se había iniciado en el año 2004 y se amplió en el año 2006 el uso de tecnología en los procesos, no fue hasta el año 2008 que se usó con mayor intensidad y que la ciudadanía pudo notar el impacto positivo en los procesos de transmisión y cómputo electoral, que han permitido poder obtener y ofrecer resultados electorales en tiempo récord: Uso de escáneres en las Juntas Electorales, Instalación de computadoras con sus escáneres en los recintos de votación, transmisión de las actas a los centros de cómputos de los partidos políticos, sistema de inscripción de candidaturas y pactos políticos, presentación de actas de escrutinio y resultados electorales en pantallas gigantes. A propósito del cierre del proceso electoral del año 2008, recuerdo la expresión de una distinguida dama, quien dijo que esas elecciones serían conocidas como las “elecciones de los escáneres”.
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Todos estos avances han colocado a la Junta Central Electoral en una posición privilegiada, con recursos humanos y capacidad tecnológica instalada, para poder ofrecer el 20 de mayo del año 2012 resultados provisionales instantáneos como la mayor muestra de transparencia y eficiencia en los procesos electorales, garantizando información oportuna y segura, disminuyendo la ansiedad en los momentos de cierre de los actores del proceso, medios de comunicación y los ciudadanos, así como el inicio de los trabajos a partir del mes de agosto del año 2012 para la expedición del nuevo carnet de identidad conteniendo los datos biométricos integrados y las tareas relativas a la incorporación del voto electrónico en los colegios electorales en el año 2016. Al definir las líneas estratégicas de trabajo de la Junta Central Electoral en el sexenio correspondiente a esta gestión, establecimos con claridad cuáles consideramos nuestras fortalezas, las oportunidades de avanzar y las debilidades propias de una institución en su accionar, y entendimos como visión de la Junta Central Electoral el “ser una institución modelo de servicio público con prestigio nacional e internacional, con gran sentido de la responsabilidad social, que de manera eficiente haga uso de la tecnología de vanguardia y de los recursos humanos, con el principal objetivo de organizar procesos electorales con equidad, de forma transparente, cuyos resultados estén basados en la credibilidad y legitimidad; y administrar el Registro Civil y la Identidad con un alto grado de vocación de servicio, apegados a la correcta aplicación de las leyes”, lo cual nos llevó a establecer la misión de este organismo, que no es otra que “garantizar la integridad y seguridad de la identidad de los ciudadanos, disponiendo de datos del registro civil seguros, confiables y permanentes, ofreciendo un servicio eficiente y de calidad cumpliendo con las normativas legales existentes”. “Organizar los procesos electorales con transparencia para que los resultados expresen la voluntad ciudadana, basados en la legitimidad y credibilidad; garantizando los derechos políticos de los ciudadanos; consolidando los procesos democráticos en el país y en los partidos políticos”.
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Asimismo, hemos identificado cuáles son los valores que deben normar nuestras actuaciones y decisiones, que lo constituyen la credibilidad, objetividad, transparencia, equidad, integridad, lealtad y eficiencia. Todo ello nos condujo a comprender que una institución pública que se proponga brindar un servicio adecuado a los ciudadanos y que trate de estar a la altura de la nueva norma constitucional, debe estar en capacidad de responder a las demandas ciudadanas y debe actuar como una corporación de servicios públicos, con la conciencia de sus integrantes de ser agentes de ese servicio público, y que nuestra función principal como agente del Estado es crear, organizar y asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los servicios públicos. En tal sentido, al presentar la nueva imagen institucional de la Junta Central Electoral lo hacemos conscientes de la complejidad del proceso de modernización en que estamos envueltos y prestando atención a las peculiaridades históricas y estructurales de la sociedad dominicana y de una institución como la nuestra, por ello la inversión en infraestructuras; es decir, nuevos edificios (confortables e integrados), en tecnología, en mobiliarios y equipos, en capacitación y entrenamiento de los recursos humanos, tiene el único propósito de lograr el mayor nivel de satisfacción posible del ciudadano, de tal manera que todo el proceso de modernización que llevamos a cabo tiene que expresarse en símbolos y formas consustanciales a la actividad que desarrollamos. Al concluir, deseo referir dos situaciones que en el ejercicio de mis funciones me demostraron la certeza de la necesidad del cambio de imagen de la Junta Central Electoral. La primera, al rendir un informe ante la Comisión de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuando al concluir mi exposición los miembros de ese organismo no se explicaban las razones por las que la institución que representábamos se llamaba Junta Central Electoral; y el segundo caso, al encontrarme en presencia de un Ministro y un equipo de técnicos de la Unión Europea, en presencia de varios directores de medios de comunicación que me acompañaban, al escuchar el asombro del señor Jorge Caballería y otros de los presentes de la Unión Europea por el nombre de la institución, ya que a decir de ellos, jamás imaginarían que este órgano constitucional tuviera tantas responsabilidades al margen del tema electoral, e incluso manifestaron que no esperaban que esos fueran los temas que les trataría, además de indicar que en materia
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electoral la República Dominicana no es tema de preocupación, y que por esa razón no organizan procesos de observación, amén de sugerir el cambio de nombre de la Junta Central Electoral, para estar más cónsono con sus funciones y atribuciones. Una institución que cada cuatro años organice procesos electorales, pero que día a día ofrezca servicios públicos permanentes en las materias que son de su competencia, necesita que su imagen vaya en correspondencia con su esencia y que el ciudadano se sienta parte de esa imagen institucional, lo que hoy le hemos presentado es lo que en esencia es la Junta Central Electoral, como lo indica su lema, “Garantía de la Identidad y la Democracia”, y el cambio que hoy estamos presentando, también simboliza un cambio de siglo, estamos trayendo la Junta Central Electoral del siglo XX a la actualidad, por lo que concluyo mis palabras diciéndoles: ¡He aquí la Junta del siglo XXI! Muchas gracias… Julio, 2011