Palabras Pte. JCE Audiencia Pública Proclama Electoral Elecciones 2012

REPÚBLICA DOMINICANA

Junta Central Electoral Palabras del Honorable Magistrado Dr. Roberto Rosario Márquez, Presidente de la Junta central Electoral, en el Acto de Proclama de la Campaña Electoral Elecciones del año 2012, el 15 de febrero de 2012.-

Honorable Presidente del Tribunal Constitucional Dr. Milton Ray Guevara Y demás integrantes Honorable Presidente del Tribunal Superior Electoral Dr. Mariano Américo Rodríguez Rijo Y demás integrantes Honorable Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dra. Licellot Marte de Barrios Y demás integrantes Su Excelencia Reverendísima Monseñor Józef Wesolowski Nuncio Apostólico en la República Dominicana Y demás representantes del cuerpo eclesiástico, diplomático y consular presente 1

Honorables Magistrados Dra. Rosario Graciano de los Santos Dr. José Ángel Aquino Rodríguez Dr. César Francisco Féliz Féliz Lic. Eddy de Jesús Olivares Ortega Miembros Titulares de la Junta Central Electoral Presidentes, Secretarios Generales y Delegados de los partidos políticos presentes Personal gerencial de la Junta Central Electoral Distinguidos invitados (as) Señoras y señores Muy buenos días.

Nos satisface sobremanera agradecer su presencia en este acto solemne en que la Junta Central Electoral, en cumplimiento de la ley, dictará la proclama que dará inicio al período electoral en el cual se habrán de elegir las autoridades que señala la Constitución para el cuatrienio 2012-2016, tanto en el nivel presidencial, como parcialmente en el nivel congresual con la elección de siete (7) Diputados (as) que representarán a la comunidad dominicana residente en el exterior.

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Como consecuencia del nuevo texto constitucional, las asambleas electorales se abrirán el tercer domingo del mes de mayo de 2012, para esta ocasión el 20 de ese mes, en donde elegiremos al Presidente y Vicepresidente de la República, y de manera excepcional, a siete (7) Diputados (as) del exterior, ya que de conformidad con la cláusula Décimo Tercera de nuestra Carta Magna, por primera vez estos Diputados (as) del exterior deben ser electos en el año 2012, junto a la fórmula presidencial. Asimismo, en el año 2016 por única vez coincidirán en un mismo día la elección de las autoridades de todos los niveles, tal como lo establece la disposición transitoria Décimo Cuarta de la Carta Sustantiva, en un tránsito hacia las elecciones del año dos mil veinte (2020), en que se reinicia la elección por niveles separados, en este caso las Municipales el tercer domingo del mes de febrero, y las de presidente, vicepresidente y representantes legislativos y parlamentarios de organismos internacionales, el tercer domingo del mes de mayo.

Por tanto, la convocatoria que nos reúne en esta augusta sala, es histórica y forma parte de un proceso gradual de reformas contemplado en la Constitución de la República proclamada el 26 de enero del año 2010. Demás está recordar, que es la primera elección del nivel presidencial, posterior a la proclamación del nuevo texto constitucional, una Constitución garantista, que consagra con amplitud los derechos de ciudadanía y crea nuevos órganos e instituciones que permitirán al ciudadano el ejercicio y disfrute de sus derechos, así como la protección de los mismos.

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Una de las novedades de este proceso la constituye el hecho de estrenar un sistema electoral con atribuciones y funciones diseminadas en dos órganos constitucionales: el Tribunal Superior Electoral, que al tenor del artículo 214, tiene competencia para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales, entre otras atribuciones, y con facultad para conocer como tribunal de alzada de las decisiones contenciosa suscitadas en la Junta Electoral del Distrito Nacional y en las Juntas Electorales de los demás municipios; y de su parte, la Junta Central Electoral, cuya finalidad principal es organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular establecidos en la Constitución y las leyes, garantizando que estos eventos se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad, así como de transparencia en la utilización de los recursos financieros.

A esto se agrega la conformación de un Tribunal Constitucional con las atribuciones propias para intervenir ante cualquier acto que limite o desconozca derechos constitucionales de ciudadanos o partidos políticos reconocidos, y una nueva Suprema Corte de Justicia en su composición.

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Este proceso electoral también tiene como nuevo que por primera vez un órgano constitucional recibe atribuciones legislativas para conocer de los crímenes y delitos electorales. En efecto, el artículo 25 de la Ley No. 29-11 Orgánica del Tribunal Superior Electoral, de fecha 20 de enero del 2011, establece que “el Tribunal Superior Electoral conocerá los delitos y crímenes electorales previstos en la Ley Electoral, en la Ley sobre el Uso de los Emblemas Partidarios, y en cualquier otra legislación en materia electoral o de partidos políticos cuando sean denunciados por la Junta Central Electoral, las juntas electorales o el Ministerio Público conforme al Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales”.

En consecuencia, podemos afirmar, que el período legislativo que antecede esta proclama, fue abundante estableciendo nuevos órganos con competencias directas e indirectas en el proceso electoral, y por demás, en el ejercicio de las atribuciones que están conferidas al Senado de la República y al Consejo Nacional de la Magistratura se ha creado una infraestructura institucional que garantiza que el proceso electoral en curso se lleve a cabo en las mejores condiciones, y que los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos, sean reconocidos, respetados y protegidos.

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De igual manera, esta proclama es precedida de un intenso trabajo organizativo llevado a cabo por la Junta Central Electoral, que ha venido ejecutando un cronograma electoral el cual es medido y evaluado de manera regular por los funcionarios y técnicos de la institución, y trimestralmente por los partidos y agrupaciones políticas reconocidas. Dentro de las actividades desarrolladas previo a este encuentro, y que por su importancia merecen una cita especial, tenemos:

a) La celebración de eventos internacionales, con la participación de expertos electorales regionales y de otras latitudes, con la finalidad de sentar las bases de discusión y posterior presentación de propuestas tendentes al establecimiento de nuevas disposiciones legales relacionadas con la materia electoral, específicamente en lo que concierne al tema de los partidos políticos y su funcionamiento, y un nuevo régimen electoral, que introduce sustanciales reformas en la legislación electoral vigente.

b) Hemos iniciado los trabajos para la implementación del voto penitenciario en los recintos del nuevo modelo penitenciario, para con ello permitir el ejercicio del sufragio a aquellos internos e internas que poseen un estatus preventivo y sobre los cuales no ha intervenido una sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

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c) A esta fecha la Comisión de Juntas Electorales y Partidos Políticos, que coordina el Magistrado Eddy de Jesús Olivares Ortega, desarrolló una intensa labor en la conformación de las ciento cincuenta y cuatro (154) Juntas Electorales de cada municipio y la del Distrito Nacional, logrando que las mismas hayan sido el resultado del consenso y el equilibrio de todas las fuerzas políticas; de similar magnitud fue la labor desarrollada por la Comisión del Voto Dominicano en el Exterior, que coordina la Magistrada Rosario Graciano de los Santos, que concluyó los trabajos de conformación de las Oficinas Coordinadoras de Logística Electoral en diecinueve (19) ciudades, también con la integración de las diversas fuerzas políticas.

Las Juntas Electorales y las Oficinas Coordinadoras de Logística Electoral constituyen la zapata sobre la cual se yergue toda la estructura del sistema electoral. Son éstas las instancias llamadas a seleccionar el personal que habrá de integrar los colegios electorales, con la colaboración y ayuda de la Junta Central Electoral, pero en el entendido de que es una responsabilidad expresa otorgada por la ley, para que garanticen que en la estructuración de los colegios se conjuguen los criterios de pluralidad y equilibrio entre los diferentes partidos políticos, de tal manera que una sola organización no pueda controlarlos.

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Es evidente que si las Juntas Electorales y las Oficinas Coordinadoras de Logística Electoral respondieron a estos criterios de pluralidad y equilibrio al ser integradas, esas mismas características tendrán los colegios electorales conformados por ellas, lo que nos da tranquilidad y aporta garantía de equidad en las labores de administración y escrutinio de los mismos.

d) Ha llamado mucho la atención el éxito logrado en las labores de empadronamiento o inscripción de ciudadanos dominicanos en el exterior y los cuales poseen el interés de ejercer el derecho al voto en las ciudades donde residen. El crecimiento del padrón de electores del exterior es una de las agradables noticias que refleja este proceso, este trabajo ha sido ejecutado en diecinueve (19) oficinas abiertas en el exterior, que a su vez poseen diecinueve (19) Oficinas Coordinadoras de Logística Electoral en diez (10) países, ciento ocho (108) ciudades, en donde dispondremos de ciento ochenta y nueve (189) recintos, que a su vez albergarán seiscientos cinco (605) colegios electorales, en donde se reunirá la asamblea de electores en esas demarcaciones, totalizando los empadronados en el exterior 328 mil 649 ciudadanos, que representan un cinco punto cero cinco por ciento (5.05) del padrón general de electores, y que convierte de manera automática el voto en el exterior, si lo comparamos con otras demarcaciones territoriales, en la quinta provincia con mayor cantidad de electores, sólo por debajo de la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago de los Caballeros y San Cristóbal.

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De igual manera, Nueva York y Madrid ocupan un sitial importante, si los comparamos con los municipios de mayor concentración de electores.

Es evidente que el voto en el exterior es una realidad, y que la comunidad dominicana en esas localidades está en disposición de ejercer con vigor, aún desde lejos, sus derechos de ciudadanía.

e) A esta fecha la Dirección de Elecciones y la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil (EFEC) que coordina el magistrado Jose Angel Aquino Rodríguez, ejecutan un intenso proceso de captación y capacitación de ciudadanos que conforman el banco de elegibles para seleccionar de éstos los futuros miembros de los colegios electorales. Hemos captado más de ciento cincuenta mil (150,000) ciudadanos para de ellos designar 72 mil 350 miembros de colegios electorales, que es la cantidad que necesitaremos.

f) Salvo contadas excepciones, han sido elaborados los reglamentos y resoluciones de cara a los comicios venideros. Los mismos han agotado el procedimiento de consulta de los partidos políticos y aprobados por el Pleno de la Junta Central Electoral.

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g) En materia de terminación y adquisición de materiales electorales para el kit electoral, más del setenta y cinco por ciento (75%) de éstos han sido adquiridos o licitados, y sólo están pendientes de ejecución, aquellos cuyas labores están sujetas al cumplimiento de plazos contenidos en la legislación electoral.

h) Como parte de la preparación del proceso electoral, el 05 de febrero fue entregado a todos los partidos políticos reconocidos, por novena y última ocasión, la lista definitiva de electores o padrón electoral, estructurado en el territorio nacional en base a 32 provincias, 155 municipios, 232 distrito municipales, 4 mil 026 recintos y 13 mil 865 colegios electorales, que a su vez tienen registrados como electores hábiles, sin incluir el exterior, 6 millones 174 mil 319.

Este registro de electores fue sometido a un proceso de revisión permanente durante el último año con los partidos políticos, y previo a su corte, se solicitó a los representantes de éstos que presentaran sus observaciones o reparos. Sólo recibimos 215 reparos u observaciones de inconsistencias por parte del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y 90 por parte del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Todas y cada una de ellas fueron respondidas en audiencia pública; por lo que finalmente procedemos a afirmar que el padrón electoral definitivo entregado, es el 10

resultado del consenso de la Junta Central Electoral con los partidos políticos.

Un certamen electoral es evaluado en función de la calidad de su padrón. La organización de un registro electoral confiable constituye el pilar básico sobre el cual reposa toda la estructura electoral y este es el factor decisivo al momento de calificar unas elecciones por parte de los órganos con experiencia en el área.

La República Dominicana, según han establecido los organismos internacionales, tiene el privilegio de poseer el padrón electoral con mayores niveles de calidad y perfección en América Latina.

El hecho de que las observaciones y reparos de los partidos al padrón general de 6 millones 502 mil 968 ciudadanos hayan representado una estadística imperceptible, revela la seriedad y la rigurosidad con que fue trabajado por nuestros técnicos y la Comisión de Inhabilitados y Cancelados, que coordina el Magistrado César Francisco Féliz Féliz.

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El resumen que hemos hecho de las principales tareas ejecutadas, nos permite afirmar, hoy a noventa y cinco (95) días de nuestra cita cívica con la democracia en la jornada de votación, que en lo esencial las elecciones se encuentran organizadas, y que sólo estamos a la espera del cumplimiento de los plazos legales para concluir la fase de administración del mismo.

En pocos minutos, el Secretario General de la Junta Central Electoral dará lectura a la proclama que anuncia al país el inicio del período electoral.

Por desconocimiento de la ley, muchas entidades y ciudadanos le han restado importancia a este acto, sobre todo, recogiendo las críticas que se formulan por el inicio a destiempo de la campaña electoral, ignorando que entre las atribuciones legislativas de la Junta Central Electoral hasta el momento no está la de poder suspender el activismo político desbordado por los diferentes partidos. Por demás, este fenómeno no es nuevo, sino que es propio incluso de naciones con mayor desarrollo institucional que la nuestra, como por ejemplo, Francia y Estados Unidos. En este último país las elecciones son en el mes de noviembre y los aspirantes a la nominación presidencial, incluyendo el propio presidente de los Estados Unidos, tienen una campaña tan intensa o mayor que los aspirantes a la nominación presidencial en la República Dominicana.

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Aunque nos encontramos entre los países que registran un mayor nivel de confianza y apego a la democracia, no deja de ser significativa la pérdida progresiva de credibilidad en los partidos políticos en sentido general.

Paradójicamente, somos de las democracias que registran un porcentaje mayor de concurrentes.

Pese a nuestras falencias y a la insatisfacción ciudadana en los diferentes ejercicios constitucionales de gobierno, la partidocracia dominicana sigue siendo fuerte en términos de votación y en capacidad de convocatoria para votar en los procesos electorales.

En los actuales momentos, salvo voces agoreras, a ningún actor político o social se le ocurre plantear cambios en el sistema de gobierno de forma irregular, por medio de la fuerza o de mecanismos no democráticos.

Resultan imperceptibles los que hablan de desengaño electoral, los que se mantienen atados al pasado y sueñan nostálgicos con apelar a la fuerza de las armas como un fantasma que ronda por la democracia. A nadie se le ocurre hablar de un baño de sangre o de recurrir al fusil como medio para alcanzar el poder. Sin dudas, la democracia ha avanzado y los viejos métodos de lucha han cedido al ejercicio pacífico de los derechos ciudadanos, han sido remplazados por el ejercicio del voto y por la alternancia pacífica en el poder.

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En la República Dominicana la democracia electoral es una parte importante de la ciudadanía, el reto es dar mayor capacidad de participación y decisión a los ciudadanos, transformándolos de electores en participantes, asumiendo nuevas formas de participación y dándole mayor contenido y vinculación a la representación política. Esta es la mejor forma de construir ciudadanos activos y conscientes.

La proclama que hoy dictamos abre las puertas para el ejercicio de uno de los derechos democráticos fundamentales: el derecho a ser postulados para optar por una función pública y el derecho de participar en la elección de quienes nos representan, de quienes nos gobiernan.

La Constitución de la República consagra y reconoce al individuo ser portador de determinados derechos, y a su vez ser un actor de derecho.

Establece el principio universal de que todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y derecho, más aún, la nueva Carta Sustantiva en su artículo 216 le otorga un rango constitucional a los partidos políticos como conexiones básicas de los ciudadanos y canales de participación en la vida política para expresar la manifestación de la voluntad ciudadana.

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Precisamente, como órgano del Estado, la Junta Central Electoral está obligada a velar por que los procesos electorales se realicen garantizando estos derechos, y sobre todo, preservando los principios de libertad y equidad que prevé nuestra norma madre.

Sufragar es un deber y un derecho, es nuestra responsabilidad crear las condiciones para el ejercicio del mismo. El ciudadano tiene el derecho y el deber de votar, y este voto es personal, libre, directo y secreto, sin que nadie pueda ejercer presión o acoso, o limitar el ejercicio del mismo.

Para hacer posible la cristalización de estos principios y valores en el período electoral, deben ofrecerse una serie de condiciones y garantías en el proceso, que la Junta Central Electoral debe procurar asegurar, tales como la libertad de reunión, la libertad de tránsito, la inviolabilidad de correspondencia y documentos, la protección de los bienes y recursos de las agrupaciones y los partidos, la seguridad personal de los candidatos y determinados dirigentes y líderes políticos, de los funcionarios de la Junta Central Electoral y las Juntas Electorales, la igualdad de acceso a los medios de divulgación; en fin, todos y cada uno de los derechos políticos y de participación de los ciudadanos, partidos y agrupaciones políticas reconocidas.

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Todos nuestros esfuerzos están dirigidos, además de lograr una eficiente administración del proceso, en términos de gerencia políticoelectoral, a garantizar los derechos precedentemente citados. Los procesos electorales en nuestra democracia se consideran instrumentos útiles para que los ciudadanos puedan valorar en su justa dimensión las diferentes ofertas y propuestas programáticas que le formulen los partidos y agrupaciones políticas.

Una elección sirve para expresar el nivel de satisfacción respecto de un partido o candidato, o también el nivel de insatisfacción con relación al partido o al candidato. Precisamente por eso desde hace tiempo se comenta que “nuestras democracias no son gobiernos populares, sino gobiernos de partidos”.

A los procesos electorales los partidos, agrupaciones políticas y los candidatos deben acudir en el interés de participar y ser parte del juego democrático, el sólo hecho de ser postulado a una función pública es un privilegio que debe ser altamente valorado. Los partidos y los candidatos deben comprender que a las contiendas electorales se concurre consciente de que sólo uno de los participantes recibirá suficientes votos para ser considerado ganador. Otros de los participantes ganarán el favor de una parte de la población, pero no la posición a la que aspiran acceder, en cualquiera de estas circunstancias son ganadores y así deben apreciarlo.

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Hasta el 20 de mayo del año en curso, ningún partido o candidato se puede considerar ganador; si así fuera, entonces no sería necesaria una elección, sino una proclamación. Todos los partidos y candidatos deben procurar el beneficio de la voluntad del elector por las vías y los medios lícitos, y deben competir en pleno conocimiento de las reglas que rigen el mercado electoral dominicano. Es de vital importancia estar preparado para aceptar con humildad la voluntad popular, tanto al que recibe una votación suficiente para ser proclamado triunfador, como al que recibe una cantidad de votos menor, éste es el verdadero espíritu de un demócrata.

Un proceso electoral es un compromiso colectivo, nos compromete a todos, y sus resultados nos impactan a todos. Por suerte el sistema electoral dominicano ha madurado lo suficiente como para generar tranquilidad y sosiego a la comunidad internacional y a la sociedad dominicana, ya no es posible que la voluntad del elector pueda ser afectada, hemos avanzado tanto que naciones hermanas y agencias internacionales nos consideran como un organismo modelo en toda América Latina.

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Los actuales Miembros de la Junta Central Electoral de alguna manera hemos sido parte de este proceso de cambios, de reformas y consolidación del sistema electoral, y por tanto, estamos comprometidos a organizar unas elecciones con mayores estándares de calidad que las anteriores, que de por sí han merecido el reconocimiento y la valoración positiva de la sociedad, tanto nacional como internacional.

Hemos insistido, y deseamos reiterarlo, que hace tiempo, mucho tiempo, las elecciones en la República Dominicana se ganan en cada asamblea reunida en los colegios electorales, que los ciudadanos que administran esos colegios son los que interpretan la voluntad del elector, y en las labores de escrutinio la plasman en un acta, la cual una vez firmada por los Miembros de los Colegios y Delegados de los partidos, sellada y plastificada, es imposible su vulneración. Que no existe posibilidad alguna de adulterar o variar la voluntad consignada en esa acta.

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A minutos de declarar abierto el período electoral, sentimos que el camino está despejado de ruidos innecesarios y de prejuicios. Las decisiones fundamentales ya han sido adoptadas, la Junta Central Electoral ha perfilado su actuación durante este proceso electoral, no existe excusa, ni razón para distraerse en presunciones carentes de todo sustento.

Estamos tan convencidos del éxito que alcanzaremos, de lo idónea que será la administración de las elecciones y la profesionalidad que nos acompañará con total y absoluta imparcialidad, que al final del proceso nos pondremos en manos del Congreso de la República para que nos juzgue, seguros que no tendrán otra opción que emitir un voto de reconocimiento general e individual con la correspondiente satisfacción del deber cumplido.

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En mi nombre, y en el del Pleno de la Junta Central Electoral, doy garantías y seguridad de que estamos comprometidos con ofrecer a la República Dominicana un proceso electoral competitivo, plural en cuanto a su participación política, en donde todos los actores tengan igual oportunidad, y en el cual el ciudadano pueda ejercer libremente su derecho a participar y votar. Les prometemos que estas serán las elecciones más pulcras, limpias y transparentes que se hayan celebrado en toda la historia de la República Dominicana, y que al final del proceso, todos nos sentiremos orgullosos de tener una democracia electoral fuerte y un sistema electoral moderno, garantista, a la altura de los nuevos tiempos; en esta tarea está empeñado todo nuestro trabajo, nuestro prestigio y nuestra vida. Juramos hoy por Dios, por la Patria, por nuestra Familia, por nuestro Honor que no existe posibilidad de que defraudemos al pueblo dominicano.

Muchas gracias.

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