Propuestas para impulsar el crecimiento económico y bienestar del Perú

PROPUESTAS PARA

EL

Y BIENESTAR DEL PERÚ

Julio - 2024

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas — CONFIEP — representa a 23 gremios de la pequeña, mediana y gran empresa con presencia en 10 sectores económicos: comercio nacional; comercio internacional; construcción; intermediación financiera y mercado de valores; industrias manufactureras; minería, petróleo y energía; pesca y acuindustria; servicios generales, turísticos y de comunicación; servicios públicos; y servicios sociales.

INTRODUCCIÓN

La CONFIEP, demostrando su compromiso proactivo con el desarrollo del país, presenta: “PROPUESTAS PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y BIENESTAR DEL PERÚ”. Este documento reúne más de 80 propuestas, distribuidas en 16 puntos de enorme importancia para el desarrollo del país. En cada uno de ellos señalamos los principales problemas y ofrecemos propuestas de solución, principalmente, en el breve plazo. Las propuestas, además, están organizadas a través de tres ejes transversales denominados: cierre de brechas y aumento de la productividad, lucha contra la inseguridad y generación de empleo, y competitividad y reforma política.

Esta es una segunda versión de las propuestas entregadas al presidente de Consejo de Ministros en mayo del 2024. Se trata de un documento que, además, ha sido bien recibido por la opinión pública, y que se ha compartido con hacedores de política, funcionarios públicos, periodistas y ciudadanos.

Respecto a las novedades que trae, en primer lugar, considera propuestas en un número mayor de sectores, como Transporte, Pesca, Energía y Minería. De igual manera, incluye también las sugerencias y aportes de otras entidades gremiales, como las de

ocho cámaras de comercio: Arequipa, Áncash, Ayacucho, Cusco, Loreto, Piura, Tacna y La Libertad, a través de las cuales se incorpora la visión regional desde sus protagonistas.

Asimismo, estamos convencidos de que este documento será un insumo valioso para la presidenta de la República en la preparación de su mensaje de 28 de julio. Este discurso servirá como una oportunidad para rendir cuentas de lo avanzado a la fecha y anunciar acciones de corto, mediano y largo plazo que promuevan generación de riqueza, desarrollo económico y el cierre de brechas, en beneficio de todos los peruanos.

El sector privado, nuevamente, demuestra su disposición para contribuir en la construcción de políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de los peruanos. La idea es tener un país viable, con infraestructura adecuada, respeto de las normas, ciudadanos que progresen sin temores, trabajos dignos, una clase media más amplia, inversiones, una gestión pública más eficiente, y servicios básicos de calidad y oportunos. Todo ello es posible. Cómo no. Lo mejor de todo es que tenemos la posibilidad y las ganas de tener un mejor futuro. En este año del bicentenario el país lo merece.

RESUMEN EJECUTIVO

EJE: 1 I CIERRE DE BRECHAS Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

1. SALUD

• Gobernanza: Fortalecer la gobernanza de EsSalud a través del empoderamiento de un directorio y gerencia orientados a la excelencia en la ejecución del gasto y brindar servicios de calidad de manera oportuna.

• Financiamiento: Incrementar el financiamiento y mejorar la eficiencia del gasto de EsSalud. El Estado debe homologar las contribuciones del sector público al sector privado.

• Regulación régimen subsidiado: Reglamentar la Ley 29761, Ley de Financiamiento Público de los Regímenes Subsidiado y Semicontributivo del Aseguramiento Universal en Salud.

• Fortalecimiento de atención primaria: Implementar la libre elección del prestador, pudiendo fortalecer la estrategia de prevención de salud, autocuidado, como cierre de brechas en vacunación y, diagnóstico oportuno de enfermedades para focalizar la atención de las urgencias, atención ambulatoria y las cirugías. Mediante los mecanismos de Obras por Impuestos y Asociaciones Público-Privadas, comprar equipos e insumos estratégicos de calidad y construir, operar y mantener infraestructura (concepto de bata blanca).

• Gasto de bolsillo y recetas electrónicas: Garantizar el acceso oportuno a los medicamentos seguros y eficaces en el marco del Aseguramiento Universal en Salud. Implementar la receta electrónica sectorial interoperable.

• Logística: Implementar una gestión logística 5PL (Fifth Party Logistics), que provea una gestión absoluta de la cadena de suministro, centrada en la satisfacción del usuario final.

• Categorización de establecimientos: Modificar el reglamento de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo para que la categorización sea permanente, en tanto el establecimiento no modifique su oferta.

• Bancos de sangre: Derogar el Decreto Supremo 017-2022-SA, que establece una nueva clasificación de los bancos de sangre según el volumen de producción y no por las características de calidad y seguridad. Además, proponer un plan nacional de reorganización de los centros de hemoterapia y bancos de sangre, con una política nacional de promoción de la donación voluntaria de sangre.

• Análisis de Impacto Regulatorio: Implementar la obligatoriedad de utilizar evaluaciones de impacto económico y evaluaciones de riesgo para la generación de normas.

• Intercambiabilidad de medicamentos genéricos: Establecer una red de centros de estudios de intercambiabilidad, actualizar los listados de exigencia de intercambiabilidad y mejorar los mecanismos de información a los pacientes para que puedan reconocer los medicamentos que son intercambiables.

• Investigaciones clínicas: Reforzar la eficiencia en los procesos de revisión de ensayos clínicos. Promover la ejecución de protocolos de investigación en sus centros de investigación a través de capacitaciones. Implementar un nuevo reglamento que simplifique y agilice los procesos de aprobación de ensayos clínicos.

• Innovación: Simplificar los procedimientos administrativos para la obtención del registro sanitario de medicamentos innovadores y los procedimientos de evaluación de tecnologías sanitarias. Fortalecer la capacidad institucional de las instituciones responsables de la evaluación y aprobación de medicamentos.

2. VIVIENDA Y SANEAMIENTO

• Mejorar el cierre de brecha del déficit habitacional: Incrementar el presupuesto inicial de apertura en la partida presupuestal de subsidios habitacionales. Dar sostenibilidad a los subsidios del Bono Familiar Habitacional y del Bono del Buen Pagador. Reglamentar los incentivos en materia tributaria para que la vivienda de renta se consolide como un mecanismo adicional al cierre de brecha de vivienda y una alternativa para las familias jóvenes.

• Planes de desarrollo: Interrelacionar y compatibilizar los planes de acondicionamiento territorial o desarrollo urbano que viene desarrollando el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, con los planes de desarrollo urbano que viene desarrollando el Instituto Metropolitano de Planificación con la finalidad de tener una visión en conjunto que garantice el desarrollo de este ámbito de impacto del megapuerto de Chancay.

• Licencias: Modificar la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, en el extremo de la autorización del Ministerio de Cultura como requisito para la expedición de licencias de funcionamiento en monumentos históricos.

• Tráfico de tierras: Incluir el tráfico de tierras como un delito de crimen organizado que genera múltiples consecuencias negativas al Estado.

• Empresas prestadoras de servicios de saneamiento: Mejorar el marco legal y mecanismos de financiamiento, así como la normativa para la gestión y prestación de los servicios de saneamiento de las entidades prestadoras de salud.

EJE: 1 I CIERRE DE BRECHAS Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

3. EDUCACIÓN

• Calidad educativa: Mejorar la calidad de la educación, con énfasis en la técnicoproductiva e impulsar su descentralización, retomar la educación secundaria técnica, promover políticas de formación técnica y capacitación laboral. Impulsar la conformación de consejos sectoriales regionales de competencia liderados por el sector productivo.

• Meritocracia: Avanzar en la Reforma Magisterial basada en el reconocimiento al mérito y capacidad de los maestros.

4. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

• Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial: Crear una agencia cuya principal función sea liderar y proponer el marco legal adecuado que permita la toma de decisiones técnicas y de largo plazo para la mejora del tránsito en el país.

• Sistema Integrado de Transporte: Implementar el Sistema Integrado de Transporte (SIT) de forma eficiente, para reducir significativamente los tiempos de tránsito (los cuales pueden incluir teleféricos). Asimismo, evitar promover normativas que busquen prolongar la vida útil de transporte público con más de 15 años de antigüedad. Buscar la sostenibilidad en los sistemas de transporte formales existentes, tanto en el segregado como en el mixto.

• Parque automotor moderno: Implementar programas de chatarreo vehicular eficiente y sostenible en el tiempo. Reformar el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares para que actúe de manera más eficiente y transparente.

• Conectividad vial: Acelerar la concesión del mejoramiento de vías nacionales, para reducir el costo del flete y, por ende, la canasta básica familiar en las regiones. En carreteras concesionadas, contribuir a que estos contratos culminen sus compromisos de inversión, modernizar los temas de seguridad y hacer las modificaciones que se requieren de acuerdo con la realidad actual.

• Comunicaciones ilegales en penales: Conocer la situación actual de la concesión otorgada para el bloqueo de comunicaciones móviles en centros penitenciarios y el cumplimiento de sus niveles de servicio. Se le debe quitar la carga de seguridad ciudadana a los operadores móviles, simplificando y modernizando la regulación.

• Puertos: Reglamentar las leyes de puertos y cabotaje. Nivelar el tratamiento en temas de competencia entre Callao y Chancay, desregulando ambos.

• Internet: Asegurar que las renovaciones de contratos de concesión y las nuevas asignaciones de espectro sigan criterios de razonabilidad en lugar de centrarse en la recaudación.

5. AGRICULTURA

• Régimen agrario: Aprobar una nueva ley del sector agrario que sea acorde a la necesidad del sector productivo y de seguridad jurídica de largo plazo.

• Fortalecimiento institucional: Fortalecer y modernizar instituciones clave para el sector Fortalecer y modernizar el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

• Mercado internacional: Acelerar el proceso de accesos y mejora de mercados internacionales para los productos agrarios.

• Proyectos de irrigación: Destrabar y desarrollar los proyectos de infraestructura hidráulica mayor y menor, para la ampliación de la frontera agrícola y el afianzamiento hídrico.

• Articulación regional multiactor: Activar espacios regionales que involucren a todos los actores de la cadena logística agroexportadora para promover proyectos que redunden en menores costos y competitividad del sector.

• Tecnología e innovación: Impulsar centros de innovación productiva y transferencia tecnológica agroindustriales regionales. Fortalecer los programas de extensión agrícola con asesoramiento técnico.

6. PESCA

• Fortalecer lucha contra la pesca ilegal: Fortalecer las acciones de fiscalización e intervención del Ministerio de la Producción contra la pesca ilegal. Implementar sistemas de trazabilidad de las capturas y procesamiento de los recursos marinos. Establecer medidas de ordenamiento adecuadas para las actividades de la flota de menor escala y artesanal, eliminando la ilegalidad y la informalidad, y hacer seguimiento adecuado de todas las actividades pesqueras.

• Desarrollar la acuicultura: Fortalecer la gestión pública y los incentivos para el desarrollo de la competitividad de la cadena de valor de la acuicultura y la generación de inversión en el sector. Aumentar la capacidad en investigación, desarrollo e innovación.

• Biomasa del sur del país: Emitir el marco normativo que permita el aprovechamiento adecuado de la biomasa de anchoveta en la zona sur del litoral, de acuerdo con las recomendaciones del Instituto del Mar del Perú.

EJE:

1 I CIERRE DE BRECHAS Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

• Promover el desarrollo de pesquerías (atún y nuevas especies): Adecuar los regímenes tributario y aduanero a las características particulares de la industria de atún en el corto plazo. En el mediano plazo, desarrollar un conjunto de políticas e instrumentos para mitigar el impacto del precio de los combustibles sobre la competitividad de la industria del atún.

• Fortalecer IMARPE y realizar investigaciones: Fortalecer el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) para dotarlo de recursos y capacidades necesarias a fin de que pueda evaluar de manera integral los recursos del mar peruano. Desarrollar proyectos de investigación que permitan identificar las potencialidades y capacidad de aprovechamiento de los recursos marinos actuales.

7. MINERÍA, HIDROCARBUROS Y ENERGÍA

• Permisología minera: Reducir los requisitos y la permisología para la explotación, beneficio y ampliación de actividades en el sector minero. Evaluar la mejor oportunidad para realizar la consulta previa en el sector minero. Fomentar una mayor producción minera mediante incentivos a la eficiencia en los procesos.

• Marco normativo de hidrocarburos: Impulsar el desarrollo de la actividad de exploración y producción de hidrocarburos con una política clara de promoción del sector e incentivos competitivos frente a otros países de la región. Revisar el Reglamento para la Aplicación de la Regalía y Retribución en los Contratos Petroleros. Modificar la determinación del canon y sobrecanon petrolero.

• Fondo para la Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo: Dotar de recursos a este fondo y; en esa línea, aprobar las medidas que habilitan recursos adicionales para amortizar los adeudos, así como el cronograma de pagos para acabar con la incertidumbre que hoy enfrentan las empresas.

• Masificación del gas: Promover proyectos de masificación de gas natural en las regiones, especialmente en Cusco, Huancavelica, Junín, Ucayali, Ayacucho, Apurímac y Puno. Incluir en el Plan Energético Nacional al 2050 los diferentes recursos disponibles en el país, entre ellos, el rol fundamental del gas natural en la matriz energética.

• Consulta previa: Emitir normativa que otorgue predictibilidad al proceso de consulta previa para el sector eléctrico. Revisar las funciones de las entidades que participan en este proceso para evitar su duplicidad y posibles discrepancias en las competencias de estas. Garantizar los recursos necesarios para que este proceso se efectúe, dentro de plazos razonables.

• Plan de transmisión del sector eléctrico: Realizar una revisión integral de la normativa para las obras que se requieren en la atención de servicios básicos, como el sistema eléctrico, y, dentro de lo posible, crear un marco normativo ad hoc

• Interconexión de Loreto al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional: Retomar este proyecto que aumentaría la capacidad de oferta eléctrica de 150 a 300 megavatios.

8. COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

• Zonas Económicas Especiales: Dotar de infraestructura en los corredores logísticos asociados a las Zonas Económicas Especiales (ZEE).

• Plan de infraestructura logística y plan infraestructura aeroportuaria. Acelerar la implementación del plan de infraestructura logístico y la elaboración del plan de infraestructura aeroportuaria para convertir al Perú en un hub logístico. Priorizar obras como el antepuerto del Callao y el establecimiento de la red de truck centers. Implementar el Port Community System (PCS) en el puerto de Callao, posteriormente en Paita y otros puertos. Definir modelo de negocio y modelo tarifario.

• Aeropuertos: Concesionar el tercer grupo de aeropuertos, para impulsar la eficiencia, conectividad, oportunidades de desarrollo descentralizado y la recuperación del turismo.

• Centro de Convenciones de Lima: Dar en concesión el Centro de Convenciones de Lima para impulsar el turismo de reuniones. Evaluar si se debe contar con una nueva sede para la base de operaciones de los Juegos Panamericanos Lima 2027.

• Corredores turísticos: Utilizar la modalidad de Obras por Impuestos para involucrar al sector privado en el desarrollo de infraestructura turística, como carreteras, servicios básicos y mejoras en áreas de interés turístico. Promocionar los corredores turísticos en los mercados internacionales.

9. MIPYME

• Compras públicas: Incluir 1) cláusulas de transparencia y anticorrupción, 2) fichas técnicas y expedientes accesibles, 3) equipos técnicos y administrativos con la experiencia necesaria en la modalidad de Núcleos Ejecutores de Compras (NEC).

• Encadenamientos productivos: Atender el bajo nivel de valor agregado en los productos y servicios del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), y promover la formación de clústeres sectoriales de innovación abierta en las regiones.

• Homologación de proveedores mipymes: Acelerar la implementación de la medida de política 6.2 del Plan Nacional de Competitividad y Productividad: homologación de proveedores mipymes en nuevos sectores.

EJE: 2 I LUCHA CONTRA LA INSEGURIDAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO

10. ECONOMÍAS ILEGALES

• Trazabilidad y fiscalización: Controlar los eslabones de la cadena de valor de minería ilegal y de los insumos que sirven para esta actividad. Por ejemplo, explosivos y plantas de beneficio.

• Control: Fiscalizar los puntos críticos del comercio e insumos (explosivos, mercurio, maquinaria no registrada) de las economías ilegales. Mejorar el control en fronteras y carreteras.

• Escáneres en los puertos: Instalar de forma más acelerada escáneres en puertos para detección de mercadería ilegal. La seguridad en la cadena logística de comercio exterior es fundamental para cortar los flujos de dinero a las economías ilegales. Recientemente, la Alianza del Pacífico ha creado un grupo especial para atender este problema.

11. SEGURIDAD CIUDADANA

• Masificación de centros de flagrancia: Administrar justicia en corto tiempo. Así, el Estado ahorraría ingentes sumas de dinero en gastos y descongestionaría el sistema judicial.

• Institucionalidad: Reactivar la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana para que sesione permanentemente con trabajadores y empleadores. Además, es necesario contar con reuniones periódicas con el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y la Policía Nacional del Perú (PNP) para dar seguimiento a los resultados.

• Sistema de información integrado: Implementar un sistema de información integrado, que se administre en una sola plataforma tecnológica, y que cuente con los sistemas informáticos debidamente documentados (registro de detenidos, sentenciados, información migratoria, entre otros).

• Obras por Impuestos y Asociaciones Público-Privadas: Construir comisarías o instalar sistemas de vigilancia e iluminación a través de estos mecanismos.

• Presupuesto y calidad de gasto: Brindar desde el Ministerio de Economía y Finanzas y/o entidades multilaterales capacitación técnica a las unidades ejecutoras del Ministerio del Interior. Asignar presupuesto según indicadores de resultados para mejorar la asignación de recursos. Identificar las zonas de peligro más propensas a hechos delictivos, con la finalidad de enfocar sus esfuerzos en ellas.

• Inteligencia: Reforzar labores de inteligencia táctica operativa.

• Reconocimiento facial: Implementar sistemas de reconocimiento facial en los centros comerciales.

12. MERCADO LABORAL

• Agenda 19: No vemos un deslinde con la agenda laboral que promovió el señor Pedro Castillo. Por ejemplo, el Decreto Supremo 001-2022-TR, de Tercerización, y el Decreto Supremo 014-2022-TR, de Relaciones Colectivas aún siguen vigentes. Reactivar el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE).

• Remuneración Mínima Vital: Establecer una metodología clara y predecible para evaluar el ajuste del monto de la Remuneración Mínima Vital (RMV).

• Régimen promotor: Revisar los regímenes de contratación formal y crear un régimen promotor para que todas las personas (no solo jóvenes) que hayan trabajado siempre en la informalidad puedan ingresar al mercado laboral formal con un esquema más flexible.

• Dirección de Supervisión y Evaluación: Incorporar como parte de las funciones de esta dirección la evaluación del impacto de las políticas laborales implementadas por el sector y a escala multisectorial. Generar la interoperabilidad entre las fuentes de información gestionadas por la Sunat, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), y estandarizar los indicadores presentados en las estadísticas según la guía de la Dirección de Supervisión y Evaluación.

• Modernizar la Sunafil: Generar un plan de acción de reorientación del enfoque de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), de uno punitivo y supervisor a uno proactivo y formalizador. Reordenar el Sistema de Inspección del Empleo regulado por el Decreto Supremo 002-2017-TR.

13. SISTEMA DE PENSIONES

• Priorizar la reforma previsional: Ratificar la importancia de realizar una urgente reforma previsional, en la que aseguremos una pensión mínima e incorporemos a los trabajadores informales e independientes.

• Incluir una comisión por desempeño: Incrementar opciones de cobro que vayan de acuerdo al nivel de riesgo que desea asumir cada afiliado.

• Migrar a Cuentas Individuales de Capitalización: Sostener una reforma con migración a Cuentas Individuales de Capitalización que posibiliten que el ahorro de los afiliados sea congruente con el nivel de esfuerzo, generando que el Estado concentre su apoyo en la población de menores ingresos.

• Fomentar el ahorro previsional complementario: Crear mecanismos inclusivos de aporte, que permitan a todos los trabajadores incrementar o crear ahorros previsionales, lo que propiciaría que más actores ingresen al mercado previsional.

• Comprender que los retiros extraordinarios son la antirreforma: Fomentar la educación previsional en los hacedores de políticas públicas.

EJE: 3 I COMPETITIVIDAD Y REFORMA POLÍTICA

14. CLIMA DE INVERSIONES

• Perfeccionar y simplificar: Usar de forma extensiva mecanismos de ejecución de obras más efectivos, como Obras por Impuestos (OxI) y Asociaciones PúblicoPrivadas (APP). Es importante seguir perfeccionando el mecanismo de OxI para hacerlo más atractivo para la empresa privada.

• Destrabar: Acelerar la ejecución de grandes obras públicas que hoy están en cartera, como el puente Santa Rosa, la longitudinal de la Sierra Tramo 4, el tercer grupo de aeropuertos, entre otros. Dar solución a los accesos a puertos y aeropuertos (como el del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez). Por otra parte, establecer políticas que tengan como fin agilizar los procesos de revisión de los proyectos de inversión privados estancados.

• Provisionalidad en la justicia: Acelerar la reducción de la provisionalidad de los jueces, para que los litigios se tramiten de manera más eficiente y que se reduzcan los plazos. Regular el recurso de casación estableciendo qué causas deben llegar a la Corte Suprema y cuáles no.

• Pago oportuno de arbitrajes: Establecer un mecanismo como el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci) en el país para que regule la designación de centros de arbitraje, nombres árbitros y cancele el pago de manera oportuna en caso el Estado pierda. Modificar el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta.

• Facturas negociables: Promover el financiamiento vía facturas negociables. Establecer políticas de difusión de las obligaciones de los adquirentes de bienes y servicios a nivel nacional.

15. MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

• Meritocracia en el servicio civil: Incorporar a más empleados públicos al régimen laboral del servicio civil para contar con profesionales idóneos.

• Petroperú: Fortalecer la gobernanza de Petroperú y evaluar fuentes de financiamiento que no involucren recursos del Estado.

• Corpac: Reorganizar y declarar en emergencia a Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), evaluar otorgar la gestión de este, que comprende los servicios de aeronavegación, a empresas privadas con experiencia probada.

• Reforma de la descentralización del presupuesto: Resolver la poca efectividad de los gobiernos regionales y locales para gestionar el gasto público.

• Transferencia de competencias para la ejecución de proyectos: Generar mecanismos que permitan a autoridades del ámbito nacional encargarse de proyectos prioritarios que no estén avanzando en gobiernos regionales o locales.

• Fortalecer las capacitaciones para autoridades: Implementar programas obligatorios de capacitación en gestión pública para todas las autoridades entrantes, asegurando que cuenten con los conocimientos y habilidades necesarios para administrar eficientemente los recursos y proyectos municipales.

• Avanzar en la propuesta de ordenamiento territorial: Con una implementación por fases, hay que exigir capacidades en los gobiernos regionales y gobiernos locales antes de empezar, así como aclarar competencias de los niveles de gobierno.

• Fiscalización y auditoría ciudadana y contraloría: Lograr que el presupuesto participativo sea más estratégico, inclusivo y de calidad. Modificar la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales para mejorar la fiscalización de los consejos regionales y concejos municipales. Fortalecer el rol fiscalizador de los ministerios por medio de la implementación de sistemas de seguimiento y monitoreo.

• Simplificación administrativa y discrecionalidad del Estado: Analizar los permisos por la que tiene que transitar una micro, pequeña y mediana empresa (mipyme) en todo el ciclo de negocio y determinar lo que es verdaderamente necesario. Reducir la capacidad de los municipios para paralizar actividades económicas y exigirle requisitos para su funcionamiento.

• Revisar la metodología bajo la cual el Indecopi calcula las multas: En la actualidad, las multas que impone el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) son excesivas.

• Facilitar el financiamiento de los proveedores del Estado: Establecer las directrices internas a fin de que las áreas de tesorería establezcan los procedimientos necesarios para que sus proveedores obtengan financiamiento en una etapa temprana. Realizar los ajustes necesarios a los sistemas de pagos de las entidades del Estado para que se pueda pagar a la entidad de financiamiento.

16.

REFORMA POLÍTICA

• Idoneidad de los candidatos electorales: Prohibir las candidaturas de personas con antecedentes penales, especialmente los relacionados con corrupción, tráfico de drogas, lavado de dinero; implementar estrictos códigos de conducta y mecanismos de sanción; requerir a los candidatos la divulgación completa de su patrimonio, e implementar auditorías independientes para verificar la veracidad de la información.

• Monitoreo de fondos: Permitir al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que ejerza control sobre el financiamiento ilegal de las campañas políticas; implementar medidas de control, como firmas de auditoría independientes y aplicación de sanciones severas para los involucrados en financiamiento ilegal.

• Financiamiento privado: Regular el financiamiento formal privado de partidos políticos.

CIERRE DE BRECHAS Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

1. SALUD

2. VIVIENDA Y SANEAMIENTO

3. EDUCACIÓN

4. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

5. AGRICULTURA

6. PESCA

7. MINERÍA, HIDROCARBUROS Y ENERGÍA

8. COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

9. MIPYME

1. SALUD

Se presentan propuestas para fortalecer la gobernanza y asegurar la sostenibilidad financiera del Seguro Social de Salud. Asimismo, se plantea optimizar la atención primaria mediante alianzas público-privadas y promover la intercambiabilidad de medicamentos y las investigaciones clínicas para acceder a tratamientos innovadores.

1.1 SEGURO SOCIAL DE SALUD

1. Fortalecer la gobernanza del Seguro Social de Salud

PROBLEMAS:

La gobernanza corporativa en el Seguro Social de Salud (EsSalud) es deficiente. Dada la magnitud de recursos que tiene EsSalud y lo importante de su función, debe tener un gobierno corporativo apropiado.

A partir de la Ley de Modernización de la Seguridad Social de 1997, el presidente ejecutivo, nombrado por el presidente de la República, tiene poderes cuasi absolutos para dirigir la organización, siendo el único que propone temas a discutir. El directorio no propone temas de agenda.

Existe alta rotación de los presidentes ejecutivos de EsSalud, manteniéndose en el cargo únicamente un tiempo promedio de 111 días de gestión.

Los requisitos para asumir el cargo disminuyeron, entre ellos los años de experiencia.

PROPUESTAS:

Fortalecer la gobernanza del Seguro Social de Salud (EsSalud) permitirá incrementar el financiamiento y mejorar la calidad de gasto, y con ello lograr la eficiencia operativa. Empoderar al directorio para promover políticas públicas y asistir en la dirección estratégica, mediante una cogobernanza con la Presidencia:

El directorio debe asumir su rol en la promoción de un gobierno corporativo sólido y ser el espacio en donde se tomen las decisiones de dirección y gestión estratégica en el marco de la transparencia y rendición de cuentas. Existen modelos exitosos en el país de una buena gestión (Indecopi1, Sunarp2, Reniec3, Osinergmin4, BCRP 5, entre otros), por lo que bastaría adaptar la regulación de EsSalud a los marcos normativos que tienen estas entidades.

Se necesita un perfil adecuado en la presidencia y gerencia general, al cual se le permita cumplir un periodo de cuatro o cinco años de mandato, con un plan de largo plazo. La continuidad debe responder a indicadores de gestión.

El directorio debería controlar la cantidad y la calidad del gasto. Implementar mayores requisitos de idoneidad para los miembros del directorio. Para ello se necesita modificar el Reglamento de la Ley de Modernización de Salud, a través del ministro de Trabajo.

El directorio debería evaluar al gerente general y a los gerentes de línea. Se debería implementar un procedimiento para ello. Por ejemplo, a través de head hunting.

1 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

2 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

3 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

4 Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.

5 Banco Central de Reserva del Perú.

Recobrar por parte de EsSalud el sentido de autoridad (command & control) en sus trabajadores, pues, como toda organización que brinda prestaciones a asegurados —que son los que financian la entidad—, debe tener niveles de producción y productividad adecuados, lo cual se ha perdido en los últimos años.

Establecer cuatro indicadores de gestión que permitan medir la eficiencia de la entidad. Por ejemplo:

Tiempo promedio de espera para cirugías.

Porcentaje del número de personas a las que se les da una receta versus número de personas que reciben medicamentos.

Tiempo de espera para una cita.

Encuesta de satisfacción del usuario.

Aprobar el Proyecto de Ley 4883/2022-CR, Ley que Modifica la Ley 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud, que actualmente cuenta con dictamen favorable en la Comisión de Economía y que está pendiente de aprobación en el pleno del Congreso de la República.

Foto: Agencia Andina - Difusión

2. Incrementar el financiamiento y mejorar la eficiencia del gasto del Seguro Social de Salud

PROBLEMAS:

Los recursos para cubrir los gastos en el sistema del seguro social son limitados: El aporte del Estado (Estado como empleador y aporte de empresas estatales) es insuficiente para cubrir los gastos en salud de los trabajadores del sector público y de los pensionistas que no lograron una pensión mínima.

En el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y en el sector educación, el Estado paga menos del aporte del 9%.

Existe una dependencia al sector privado, la cual plantea cuestionamientos sobre la sostenibilidad del modelo de financiamiento.

El sector privado representa el 52% de la población afiliada al Seguro Social de Salud (EsSalud) y financia la mayor parte del presupuesto. Se está subsidiando, de manera antitécnica, el gasto de otros afiliados, más allá de lo que el principio de solidaridad de la seguridad social podría justificar.

La Ley 30478, que permite que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones retiren el 95,5% de su fondo al momento de jubilarse, introduce un incentivo adicional para que los trabajadores privilegien el retiro de los recursos en el corto plazo, en desmedro de una protección en el largo plazo. El efecto de la Ley 30478 es de una pérdida anual del 3,8% de los ingresos corrientes de EsSalud.

EL DATO

EsSalud registró una pérdida operativa de 477 millones de soles en 20236 .

PROPUESTAS:

Incrementar el aporte del sector público y homologarlo a las contribuciones del sector privado.

Impulsar la separación de funciones entre el rol financiador y prestador de EsSalud, para mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad de la atención médica brindada a los asegurados.

Cualquier proyecto de ley del Congreso que impacte a EsSalud debe estar acompañado de un estudio actuarial de EsSalud, sujeto al escrutinio técnico de las partes representadas en su directorio.

6 FONAFE (2023). Reporte Anual de la Gestión Empresarial.

1.2 MINISTERIO DE SALUD

3. Avanzar con la regulación del régimen subsidiado del Aseguramiento Universal en Salud7

PROBLEMAS:

A la fecha, el Ejecutivo no ha reglamentado la Ley 29761, Ley de Financiamiento Público de los Regímenes Subsidiado y Semicontributivo del Aseguramiento Universal en Salud (AUS).

Esta reglamentación debió emitirse en el 2011.

El Consejo Nacional de Salud, instancia donde se encuentran representadas instituciones públicas, privadas, gremios, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil, ha acordado por unanimidad recomendar al Ejecutivo que acelere la reglamentación sobre la versión actualizada de este documento, que ya ha alcanzado al Ministerio de Salud.

Dicho reglamento debería incluir criterios explícitos, técnicos, transparentes que permitan la implementación de la ley.

La Ley de Presupuesto Público 2024 establece un compromiso temporal de financiamiento para brindar la cobertura de atenciones a la población, con lo cual no se garantiza la predictibilidad y sostenibilidad futura de la política de Estado del AUS.

La no reglamentación de la Ley 29761, que establece los principios y el financiamiento para la atención de las personas afiliadas, además de determinar los mecanismos de financiamiento de las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud (Iafas) en el marco del Aseguramiento Universal en Salud, contribuye a que el Perú se encuentre dentro de los países con menor gasto en salud en la región (ver figura 1), pero al mismo tiempo con un muy elevado nivel de gasto de bolsillo, condición que contribuye a agravar la situación de pobreza en la población más vulnerable.

La consecuencia de una alta cobertura poblacional con una baja cobertura financiera se traduce en una menor cantidad de servicios que es efectivamente brindada por el Estado a la población.

7 Propuesta alcanzada por la Asociación Peruana

FIGURA 1

Gasto corriente en salud (porcentaje del PBI) 2021

PROPUESTAS:

Reglamentar la Ley 29761 y acelerar su aprobación sobre la base de la propuesta que de manera consensual ha sido avanzada por todos los integrantes del sistema nacional de salud. Preferencialmente, el financiamiento se debe enfocar en el régimen subsidiado.

Evaluar la pertinencia de mantener el régimen semicontributivo o fusionarlo al régimen subsidiado.

4. Fortalecer la atención primaria y promover los mecanismos públicoprivados en salud

PROBLEMAS:

El intercambio prestacional no ha avanzado por falta de decisión política o por la complejidad de la contratación pública.

El primer nivel de atención no tiene la capacidad resolutiva suficiente para atender pacientes con enfermedades crónicas o diagnosticar oportunamente el cáncer. A nivel nacional se estima que:

Existe una institución prestadora de servicios de salud (Ipress) de primer nivel por cada 35.647 afiliados. En Lima Metropolitana hay 109.258 afiliados por Ipress. Existe una brecha de 226 establecimientos de salud de primer nivel. En establecimientos de segundo y tercer nivel, la brecha asciende a 33 establecimientos. La brecha refleja la necesidad de articular el sistema de salud a nivel nacional, principalmente a nivel de la red primaria. Existe un embalse de consultas, exámenes de laboratorio y cirugías.

Fuente: Banco Mundial.

La implementación de las unidades básicas de atención primaria (UBAP) significó un avance en la atención a este nivel. Sin embargo, el cierre de estas en 2021 generó una mayor demanda en otros centros del Seguro Social de Salud (EsSalud).

Existe una deuda pendiente con las clínicas particulares y las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud (Iafas) públicas.

PROPUESTAS:

Implementar la libre elección del prestador, pudiendo fortalecer la estrategia de prevención de salud, autocuidado, como cierre de brechas en vacunación y, diagnóstico oportuno de enfermedades para focalizar la atención de las urgencias, atención ambulatoria y las cirugías del segundo nivel de atención.

Priorizar la implementación de centros de primer nivel con complejidad creciente como las unidades básicas de atención primaria (UBAP). Estas unidades están sujetas a evaluación por desempeño basada en resultados sanitarios e incorpora el sistema de asignación de recursos financieros y mecanismo de pago per cápita.

Promover el uso de Asociaciones Público-Privadas en cualquiera de sus modalidades que permita a los hospitales de EsSalud contar con equipamiento e infraestructura adecuada, además de servicios logísticos y uso de tecnologías de la información que brindan el soporte necesario para una atención oportuna.

Utilizar el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) para contribuir a mejorar la infraestructura de salud, ya sea por medio de proyectos de inversión en establecimientos de salud nuevos o en inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición (IOARR) que mejoren la capacidad instalada de los establecimientos deficientes y los equipe con dispositivos médicos necesarios. Permite, además, incluir la participación del sector privado y acelerar la ejecución de proyectos.

Implementar establecimientos de salud móviles, que permitirán reducir el número de hospitalizaciones prevenibles, brindando atención de primer nivel en zonas alejadas a grandes establecimientos de salud y evitando que enfermedades de fácil atención escalen a cuadros más severos.

El mayor porcentaje de los problemas de salud (según estudios, el 85%)8 pueden ser resueltos en establecimientos de salud de primer nivel, lo que ayudaría a descongestionar la alta demanda de los servicios de salud más especializados.

Difundir la programación de la oferta de servicios de salud en los centros de salud para favorecer la transparencia de información con el usuario, permitir su fiscalización y generar incentivos al cumplimiento de las metas de producción.

Establecer un fideicomiso para el pago de las atenciones de los asegurados de las Iafas públicas en instituciones prestadoras de servicios de salud (Ipress) privadas, o establecer la modalidad de servicios por impuestos (Iafas públicas) y servicios por aportes (EsSalud).

8 Vignolo y otros. «Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud».

BUENAS PRÁCTICAS: APP del Hospital Barton y Hospital Kaelin

Se destaca el caso de la Asociación Público-Privada (APP) del Hospital Alberto Leonardo Barton Thompson y del Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente, que presentan mejoras en la atención, como menor tiempo de espera para intervenciones quirúrgicas y un mayor porcentaje de pacientes que reciben las medicinas sin costos adicionales.

5. Garantizar el acceso oportuno a los medicamentos seguros y eficaces en el marco del Aseguramiento Universal en Salud9

PROBLEMAS:

Gastos de bolsillo10: Son un obstáculo significativo para muchos asegurados en el sistema público, limitando el acceso a medicamentos esenciales y creando desigualdades en la atención médica. Un gasto de bolsillo aceptable está en el rango de 15% a 20%, en el Perú. Esta cifra es prácticamente el doble (28,80%).

Proporción de gastos de bolsillo respecto del gasto en salud 2019

Subsidios Gastos de bolsillo Contribuciones

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Seguro Social de Salud (EsSalud), ondo Nacional de Financiamiento de la Actividad

Empresarial del Estado (Fonafe), Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Elaboración: APESEG.

Receta médica: Existe un uso indebido y fraudulento de medicamentos, un problema creciente a nivel nacional.

En la actualidad, las recetas presentan problemas relacionados con la legibilidad de la escritura manual, lo cual no garantiza las dosis y expedición de medicamentos correctos. La falta de acceso a medicamentos puede conducir a una atención inapropiada, a una mayor morbilidad y mortalidad, y a mayores costos para el sistema de salud (como las visitas a emergencias y las hospitalizaciones).

9 Propuesta alcanzada por la Asociación Peruana de Entidades Prestadoras de Salud (APEPS) y la Asociación Peruana de Seguros (APESEG).

10 Se define como el pago directo no reembolsable realizado por las personas que hacen uso de servicios de salud y que no son financiados por el Estado o los seguros de salud.

FIGURA 2

PROPUESTAS:

Eliminar el gasto de bolsillo para los asegurados del seguro público.

Mantener una actualización permanente y rigurosa de los medicamentos esenciales incorporados dentro del Petitorio Nacional de Medicamentos (Pnume). Actualizando de manera sistemática una lista de medicamentos esenciales que estarán exentos de cualquier cargo para el asegurado, en tanto se encuentren asociados a las prioridades sanitarias nacionales, como las establecidas en el plan esencial de aseguramiento en salud (PEAS).

Establecer criterios de elegibilidad para atender al público objetivo beneficiario. Identificar con claridad los grupos de población que se beneficiarán de la eliminación de gastos de bolsillo, como los asegurados de todas las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud (Iafas) públicas, incluyendo a los asegurados que se atienden en las instituciones prestadoras de servicios de salud (Ipress) de EsSalud.

Identificar fuentes de financiamiento que permitan, de manera progresiva, cubrir el gasto de bolsillo que en la actualidad realizan los asegurados a las Iafas públicas por la compra de medicamentos.

Implementar un sistema de seguimiento para evaluar la efectividad de la medida y realizar ajustes según sea necesario.

Implementar la receta electrónica sectorial interoperable para facilitar la relación entre las Iafas y los establecimientos de salud, consiguiendo una mayor transparencia, trazabilidad y control en la prescripción y dispensación de medicamentos, siendo elemento clave para eliminar los gatos de bolsillo de los asegurados del sector público.

La receta electrónica sectorial interoperable ofrece seguridad del paciente, eficiencia en la entrega, control y seguimiento, integración con registro médicos, reducción de costos.

Foto: Essalud - Difusión

6. Hacer más eficiente los procesos de compra de medicamentos

PROBLEMAS:

El gasto de bolsillo en salud ha experimentado un aumento significativo, aproximadamente del 29%, en comparación con los niveles previos a la pandemia.

PROPUESTAS:

Medir indicadores de gestión en los servicios de farmacia y transparentar la información. Indicadores como la tasa de medicamentos entregados sobreprescritos pueden aportar evidencia para la toma de decisiones de gestión.

Implementar una gestión logística 5PL (Fifth Party Logistics), que provea una gestión absoluta de la cadena de suministro. Así, se encargará de coordinar todas las labores del suministro, desde la fabricación del producto hasta la logística inversa, centrada en la satisfacción del usuario final, lo que mejorará su experiencia en el acceso al servicio de salud.

Generar modelos predictivos de demanda de medicamentos a partir del uso de big data favorece los sistemas de información con los que en la actualidad se cuentan. Modelos de machine learning o aprendizaje automático pueden generar alertas de desabastecimiento de manera preventiva.

Proponer una cadena integral de abastecimiento que incluya la compra. A través de contratos de APP, implementar procesos de compras fuera de la Ley de Contrataciones del Estado. Así, las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud (Iafas) se encargarían, en el marco de un contrato de asociaciones públicoprivadas (APP), al operador logístico la adquisición del medicamento requerido, lo que trasladaría a este último los riesgos de quiebre y/o falta de stock. Esta figura permitiría que el riesgo de compras no recaiga en el Estado, sino en el operador. Entonces, el Estado solo supervisaría sin incurrir en conflicto de intereses ni reteniendo el riesgo de las compras insuficientes más allá de lo esperado.

BUENAS PRÁCTICAS: Padomi Delivery

La implementación del programa de atención domiciliaria Padomi Delivery ha logrado notables resultados, como la reducción del gasto de bolsillo en 43,78 soles por receta. Mientras que el programa Farmacia Vecina redujo el gasto de bolsillo en 17,22 por receta.

7.

Modificar la normativa sobre la categorización de las instituciones prestadoras de servicios de salud11

PROBLEMAS:

El proceso de categorización de las clínicas y servicios médicos de apoyo tiene vigencia de tres años.

No se aplica el silencio administrativo positivo.

Existen diferencias en la resolución de casos en las direcciones y gerencias regionales de salud, las direcciones de salud de Lima Metropolitana y el Ministerio de Salud.

PROPUESTAS:

Modificar el reglamento de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo para que la categorización sea permanente, en tanto el establecimiento no modifique su oferta.

Las direcciones y gerencias regionales de salud, las direcciones de salud de Lima Metropolitana deben realizar todas las observaciones en un solo acto, sin permitirles establecer observaciones posteriormente.

Debe existir silencio administrativo positivo.

La fiscalización debe realizarse cada tres años para establecer que se mantengan las condiciones.

8. Proponer un plan nacional de reorganización de los centros de hemoterapia y bancos de sangre12

PROBLEMAS:

El Decreto Supremo 017-2022-SA establece una nueva clasificación de los bancos de sangre según el volumen de producción y no a características de calidad y seguridad. Reduce la cantidad de sangre disponible, afecta al sector público y privado, pone en riesgo las cirugías, partos y atenciones de la unidad de cuidados intensivos (UCI). Ha contado con opiniones desfavorables de gremios profesionales, asociaciones de pacientes y de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP).

11 Propuesta alcanzada por la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP).

12 Propuesta alcanzada por la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP).

PROPUESTAS:

Proponer un plan nacional de reorganización de los centros de hemoterapia y bancos de sangre, y una política nacional de promoción de la donación voluntaria de sangre. Derogar el Decreto Supremo 017-2022-SA, que modifica el Reglamento de la Ley 26454, Ley que declara de orden público e interés nacional la obtención, donación, conservación, transfusión y suministro de sangre humana aprobado mediante Decreto Supremo 03-95-SA y modificado con Decreto Supremo 004-2018-SA.

9. Utilizar el Análisis de Impacto Regulatorio en el Ministerio de Salud13

PROBLEMAS:

Las normas que regulan a las instituciones prestadoras de servicios de salud (Ipress) son abundantes, contradictorias, obsoletas e impiden innovar.

Las normas datan de 2013, no se revisan técnicamente, obedecen a la presión de grupos laborales e incrementan los costos de inversión.

La regulación de las Ipress no se basa en estudios económicos o evidencia.

No se persiguen las prácticas ilegales e inseguras.

PROPUESTAS:

Implementar la obligatoriedad de utilizar evaluaciones de impacto económico y evaluaciones de riesgo para la generación de normas del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).

Instalar formalmente mesas de trabajo para la revisión periódica de la regulación. Revisar de manera obligatoria la pertinencia de las normas que tengan más de tres años y regulen condiciones de operación.

13 Propuesta alcanzada por la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP).

1.3 INDUSTRIA FARMACÉUTICA14

10. Promover la intercambiabilidad de medicamentos genéricos

PROBLEMAS:

Existe una brecha significativa en la intercambiabilidad15 de medicamentos genéricos y demoras en la disponibilidad de tratamientos innovadores que limita el acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces.

En el Perú existen 93 productos intercambiables, mientras que en Chile son más de 3.000. En Estados Unidos y México el 100% de los productos son intercambiables.

Solo 18 de los 434 medicamentos genéricos del Listado del Ministerio de Salud (Minsa) tienen un medicamento intercambiable aprobado (Resolución Ministerial 220-2024-Minsa).

Desde la reglamentación de la intercambiabilidad en 2018, solo se han publicado dos listados de medicamentos, sumando 26 principios activos que requieren intercambiabilidad mandatoria.

Lento proceso de aprobación de tratamientos innovadores que puede tomar, en promedio, más de cuatro años desde su aprobación en Estados Unidos o la Unión Europea, hasta veinte años en algunos casos.

Falta de un sistema integrado de salud y de procesos transparentes y eficientes en la compra y distribución de medicamentos.

14 Sección elaborada con información compartida por la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe).

15 La intercambiabilidad es un proceso mediante el cual un medicamento genérico demuestra ser terapéuticamente equivalente al producto innovador de referencia y, por tanto, puede ser intercambiado en la práctica clínica.

Foto: Unsplash – Instituto Nacional de Cáncer

PROPUESTAS:

Actualizar los listados de exigencia de intercambiabilidad de medicamentos genéricos, incorporando nuevos listados de moléculas de intercambiabilidad mandatoria cada seis meses, avanzando de manera más rápida con aquellas de mayor riesgo y necesidad clínica.

Establecer una red de centros de estudios de intercambiabilidad (in vivo o in vitro), por parte de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), incluidas universidades y organizaciones de investigación por contrato (CRO, por sus siglas en inglés de Contract Research Organization), para garantizar una capacidad técnica adecuada.

Mejorar los mecanismos de información a los pacientes para que puedan reconocer los medicamentos que son seguros y eficaces para que puedan tomar decisiones informadas al momento de elegir.

La intercambiabilidad permitirá a todos los peruanos acceder a medicamentos genéricos, eficaces y seguros.

Genera un impacto positivo en la salud de la población, además de una competitividad mayor en el país con oferta de seguridad y eficacia comprobada, a lo cual se sumaría el Perú a los países de la región que ya vienen incorporando esta política de manera progresiva. La norma de intercambiabilidad permitirá que:

Los medicamentos genéricos y genéricos de marca disponibles cumplan con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia, protegiendo la salud de los peruanos.

Las empresas de genéricos que ya tienen estudios de intercambiabilidad logren la aprobación de producto intercambiable pudiendo colocar esta frase en sus rotulados.

Los pacientes puedan acceder a tratamientos eficaces y seguros.

Las farmacias puedan ofrecer productos intercambiables.

La calidad del gasto del Estado mejore, pues en sus procesos de adquisición podrá exigir intercambiabilidad.

Beneficios de la intercambiabilidad

11. Promover investigaciones clínicas

PROBLEMAS:

En el Perú el número de ensayos clínicos se redujo en 67%, el Instituto Nacional de Salud (INS) señaló que se pasó de 134 en 2009 a solo 29 en 201916 (ver figura 3). Mientras que el número de ensayos clínicos a nivel mundial ha aumentado progresivamente de 2006 a 2016 (ver figura 4), y en la mayoría de los países de América Latina ha permanecido en un nivel relativamente creciente. En el Perú, este número ha disminuido de forma progresiva de 2009 a 2019.

Los ensayos clínicos son estudios científicos altamente controlados, y representan uno de los máximos niveles de evidencia para comprobar la eficacia y seguridad de nuevos medicamentos y dispositivos médicos.

Las barreras burocráticas y procesos administrativos ineficientes son los principales motivos de la reducción de ensayos clínicos, lo cual limita el acceso a tratamientos innovadores y retrasa avances en salud pública.

16 Instituto Nacional de Salud, Oficina General de Investigación y Transferencia Tecnológica.

Foto: Alafarpe - Dragos Condrea

FIGURA 3

Número de estudios iniciados en Sudamérica 2010-2020

Fuente: ClinicalTrials.gov

Elaboración: Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe).

FIGURA 4

Número de ensayos clínicos iniciados por año (Estados Unidos y el mundo) 2010-2020

Fuente: ClinicalTrials.gov

Elaboración: Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe).

PROPUESTAS:

Implementar un nuevo reglamento que simplifique y agilice los procesos de aprobación de ensayos clínicos, removiendo barreras burocráticas y acelerando los trámites administrativos.

Reforzar la eficiencia en los procesos de revisión de ensayos clínicos por parte de los comités institucionales de ética en investigación, el Instituto Nacional de Salud (INS) y la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).

Capacitar a los responsables de las instituciones públicas y privadas para que promuevan la ejecución de protocolos de investigación en sus centros de investigación.

Mantener y fortalecer las mesas de trabajo interinstitucionales para asegurar una colaboración entre todas las partes involucradas, facilitando la resolución de problemas y la implementación de mejoras.

Beneficios de la investigación clínica

Innovar y descubrir nuevos tratamientos ha logrado gran impacto en la calidad y expectativa de vida de las personas.

Mayor disponibilidad de medicamentos para pacientes con alguna enfermedad compleja, proporcionando nuevas oportunidades de tratamiento.

El Comité de Investigaciones Clínicas de Alafarpe señala que el país podría percibir más de 60 millones de dólares anuales de inversión en investigación, en caso se triplique el número de estudios que se realizan.

Generación de más puestos de trabajo directos e indirectos.

Los pacientes participantes, sujetos de investigación, forman parte de estas investigaciones de manera voluntaria. Tanto el patrocinador del ensayo como comités de ética locales y agencias regulatorias supervisan mediante monitoreos, auditorías e inspecciones que los derechos, bienestar y seguridad de los sujetos de investigación sean protegidos.

12. Ampliar la oferta a medicamentos y tratamientos innovadores

PROBLEMAS:

Falta de acceso oportuno a medicamentos innovadores en el Perú, debido a demoras y barreras en el proceso de registro y adquisición. Incluso obteniendo el registro, la disponibilidad de estos medicamentos en el sector público puede extenderse hasta un año a más.

Las demoras tienen un impacto negativo significativo en la salud de los peruanos, especialmente en pacientes crónicos para quienes estos medicamentos innovadores podrían representar la única opción de tratamiento.

Demoras en las evaluaciones de la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Renetas), que presenta retrasos de hasta más de un año con algunos expedientes y que se traducen en un lento acceso a tratamientos innovadores, perjudicando a los pacientes que los necesitan urgentemente.

El proceso de evaluación de tecnologías sanitarias ha sido identificado como una barrera significativa para el acceso a medicamentos innovadores. Diversos estudios y reportes han señalado que la burocracia y la falta de eficiencia en estos procesos retrasan la disponibilidad de tratamientos cruciales. La falta de actualización y modernización en los procedimientos administrativos, así como la falta de recursos humanos con el conocimiento requerido de las instituciones responsables, contribuyen a este problema. El 45% de las evaluaciones realizadas por la Renta han sido en contra de nuevas tecnologías.

Demora en la publicación de reglamentos del marco legal para enfermedades raras y cáncer, que, si bien se ha fortalecido incorporando herramientas como acuerdos de riesgo compartido para mejorar el acceso a tratamientos innovadores, aun presenta retrasos que impide la implementación efectiva de estas normas.

El proceso de actualización del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (Pnume) está a punto de cumplir dos años desde su establecimiento por ley. Se requiere un inicio inmediato del proceso, así como una mejor comunicación y capacitación sobre el mismo.

PROPUESTAS:

Simplificar y agilizar los procedimientos administrativos para la obtención del registro sanitario, reduciendo tiempos y eliminando trámites innecesarios.

Fortalecer la capacidad institucional (técnica y operativa) de las entidades responsables de la evaluación y aprobación de medicamentos, mediante la capacitación del personal y la implementación de tecnología avanzada.

Transparentar y optimizar las evaluaciones de los miembros de la Renta, así como agilizar el procedimiento de evaluación de tecnologías sanitarias, sin poner en riesgo la rigurosidad de sus análisis.

Publicar oportunamente los reglamentos de enfermades raras o huérfanas y la Ley Nacional del Cáncer, así como su manual de mecanismos diferenciados de adquisición (MDA).

Iniciar el proceso del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (Pnume).

2. VIVIENDA Y SANEAMIENTO 17

Se plantean propuestas para cerrar las brechas de vivienda social, así como también evitar el tráfico ilegal de terrenos. De igual manera, se proponen medidas para hacer más eficiente la gestión de las empresas prestadoras de saneamiento en cuanto a cobertura y calidad de acceso a agua potable y alcantarillado.

17 Capítulo elaborado con información compartida por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADIPERÚ).

1.

Mejorar el cierre de brecha del déficit habitacional incrementando los fondos para vivienda social y ampliar la oferta de viviendas

PROBLEMAS:

Los recursos asignados a los subsidios para viviendas de interés social son escasos y suelen agotarse a mitad de año. Esto impide que los desarrolladores inmobiliarios tengan predictibilidad en sus presupuestos para adquirir terrenos destinados a proyectos de vivienda formal. Asimismo, las familias no pueden planificar ni ahorrar adecuadamente. Como resultado, muchos peruanos optan por viviendas informales, las cuales carecen de acceso a servicios básicos como agua, alcantarillado, educación y seguridad.

Pocas familias peruanas acceden a créditos hipotecarios de las entidades financieras por la informalidad de sus ingresos y la exigencia de requerimientos de calificación para los créditos.

La dificultad de muchas familias para acceder a una vivienda, genera que se recurra a la ocupación informal, vinculada a la oferta de traficantes de terrenos.

PROPUESTAS:

Mejorar el alcance del cierre de brecha habitacional, incrementando el presupuesto inicial de apertura (PIA) en la partida presupuestal de subsidios habitacionales.

Dar sostenibilidad a los subsidios del Bono Familiar Habitacional (BFH) y del Bono del Buen Pagador (BBP) de los programas sociales a través del otorgamiento del presupuesto necesario al inicio del año.

El desarrollo inmobiliario genera empleo y tiene un efecto multiplicador importante en la economía y ha probado ser un eficiente agente del crecimiento de la economía, además de reducir importantes brechas sociales.

Reglamentar los incentivos en materia tributaria para que la vivienda de renta se consolide como un mecanismo adicional al cierre de brecha de vivienda y una alternativa para las familias jóvenes.

Es relevante generar suelo habilitado con disponibilidad de redes públicas de servicios de agua y alcantarillado.

2.

Formular los planes de desarrollo urbano de la Provincia de Huaral, para incorporar el nuevo Terminal Portuario de Chancay

PROBLEMAS:

Se encuentran en etapa de elaboración los planes de desarrollo urbano provinciales para incorporar el ordenamiento territorial y los proyectos de inversión necesarios para recibir el impacto del megapuerto de Chancay cuyo funcionamiento está previsto para noviembre del 2024, por tanto, resulta prioritaria la ejecución de dichos planes urbanos antes de finalizar el presente año.

PROPUESTAS:

Interrelacionar y compatibilizar el Plan de Acondicionamiento Territorial Huaral, el Plan de Desarrollo Urbano de Chancay y el Plan de Desarrollo Urbano de Huaral – Aucallama que viene desarrollando el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, con los Planes de Desarrollo Urbano de Lima Norte y Callao que viene desarrollando el Instituto Metropolitano de Planificación con la finalidad de tener una visión en conjunto que garantice el desarrollo de este ámbito de impacto del mega puerto de Chancay.

En el ámbito urbano, mediante el fortalecimiento y armonización de los instrumentos de gestión del suelo, implementando instrumentos del financiamiento urbano como ejes del desarrollo sostenible de las ciudades, y reduciendo y simplificando las cargas urbanísticas.

En el ámbito rural, mediante un marco normativo e instrumentos de planificación que aborden el desarrollo sostenible y eficiente de los centros rurales, así como favoreciendo su acceso a servicios básicos.

Las facultades legislativas aprobadas por el Congreso de la República permiten modificar la Ley 31313.

Foto: VIVIENDA - Techo Propio

3. Agilizar la obtención de licencias de habilitación urbana, edificación y funcionamiento

PROBLEMAS:

La normativa actual no está actualizada y exige requisitos que no están relacionados con el trámite de licencias de habilitación urbana, edificación y funcionamiento, lo que genera barreras burocráticas.

PROPUESTAS:

Modificar el literal d.4) del artículo 7 de la Ley 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, en el extremo de la autorización del Ministerio de Cultura como requisito para la expedición de licencias de funcionamiento en monumentos históricos.

4. Incluir el tráfico de tierras como un delito de crimen organizado

PROBLEMAS:

Existencia de mafias vinculadas al tráfico de tierras.

PROPUESTAS:

Incluir al tráfico de tierras dentro del alcance de la Ley 30077, de forma que sea considerado como un delito de crimen organizado pues genera múltiples afectaciones al Estado y a la ciudadanía.

EL DATO

El 93% del nuevo suelo urbano creado desde el año 2001 corresponde a urbanizaciones informales18.

18 GRADE (2020). «Mapeo y tipología de la expansión urbana en el Perú».

2.2 SANEAMIENTO

5. Mejorar el marco legal y mecanismos de financiamiento de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento

PROBLEMAS:

Falta de acceso a agua potable: 3,5 millones de peruanos no cuentan con este servicio, según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS).

Falta de acceso a saneamiento: Siete de cada diez personas tienen el servicio de alcantarillado, según SUNASS. Es decir, el 26% de la población no tiene acceso a este servicio.

El suelo disponible no puede ser utilizado para el desarrollo de vivienda por inexistencia de factibilidades de servicios de agua y alcantarillado.

PROPUESTAS:

Optimizar el marco normativo de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento en línea con el Decreto Legislativo 128019, Decreto Legislativo 162020 y reglamentos.

Remitir opiniones técnicas a la Comisión de Vivienda del Congreso de la República para sustentar la importancia de no derogar el Decreto Legislativo 1620.

Solucionar los procedimientos concursales de las EPS de provincias. Ver la posibilidad de capitalizar deuda de acreedores estatales (Sunat, por ejemplo) para darles liquidez y para que ejecuten operaciones urgentes como la recepción de obras de habilitación urbana. Ver el caso de la EPS Grau-Piura.

19 Decreto Legislativo que aprueba la ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento.

20 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo 1280, Decreto Legislativo que aprueba la ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento.

Foto: VIVIENDA - Saneamiento

3. EDUCACIÓN

Se presentan propuestas orientadas a mejorar la calidad de la educación para contar con una fuerza laboral más productiva. Impulsar la mejora de la calidad educativa y la reforma magisterial son temas claves para lograr contar con profesionales más capacitados.

1. Impulsar la mejora de la calidad educativa

PROBLEMAS:

Una de las limitantes claras de la productividad de las empresas es la educación de la oferta laboral.

En el Perú hay evidencia de sobrecualificación de la oferta (subempleo profesional), escasez de capacidades laborales técnico-productivas y una inversión subóptima en capacitaciones laborales.

En 2023, el 45,6% de la Población Económicamente Activa (PEA) nacional se encontraba en situación de subempleo, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

PROPUESTAS21:

Mejorar la calidad de la educación, con énfasis en la superior técnico-productiva. En el marco de las normas existentes:

Consolidar al licenciamiento como herramienta legítima del control de la calidad de la educación superior.

Promover la articulación entre el Estado, la universidad, los institutos y escuelas de educación superior, la sociedad civil y el sector productivo.

Consolidar o desarrollar sistemas de información que promuevan la transparencia y optimicen la toma de decisiones en educación superior.

Retomar el esquema de educación secundaria técnica.

Descentralización de la educación técnica. Se sugiere impulsar la creación de centros como el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati), según las actividades económicas que predominen en cada por región.

Mantener actualizado el portal Mi Carrera del MTPE, instrumento clave para articular la oferta de trabajo y la demanda laboral. Se propone optimizar el alcance, la calidad y la pertinencia de las plataformas de información laborales para, a su vez, mejorar el acceso a la información sobre las condiciones del mercado laboral.

Habilitar una base de datos que contribuya a reducir la falta de información que existe entre la oferta y la demanda de trabajo, en trabajo conjunto con las empresas y las instituciones educativas, Produce, el MTPE y el Minedu.

1,5

de millones de jóvenes son ninis, es

decir,

no estudian ni trabajan22. EL DATO

21 Lavado, P. (2022). «Propuestas de políticas a favor del trabajo decente en el marco de la Agenda 2030».

22 Ministerio de Educación (2022). «Los ninis: Jóvenes que no estudian ni trabajan, en el Perú actual».

Impulsar la conformación de consejos sectoriales regionales de competencia liderados por el sector productivo.

Promover políticas de formación técnica y capacitación laboral constante, con una visión más amplia de empleabilidad que impulse el desarrollo de habilidades más generales.

Fomentar el uso de las modalidades formativas como mecanismo de promoción del entrenamiento y reentrenamiento de la fuerza laboral.

Acelerar la implementación del Marco Nacional de Cualificaciones del Perú (MNCP).

Actualizar de programas de estudio basados en análisis de tendencias del mercado laboral23 .

Promoción de carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en educación superior técnica o profesional.

2. Impulsar la reforma magisterial

PROBLEMAS:

En abril, se aprobó por insistencia la ley que autoriza el nombramiento automático de miles de docentes interinos que fueron cesados en 2014 por no haber rendido o haber sido desaprobados en la evaluación de ingreso a la Carrera Pública Magisterial (CPM).

PROPUESTAS:

Promover la incorporación de más maestros a la carrera pública magisterial. La carrera pública magisterial representa un régimen laboral docente basado en la meritocracia. Asimismo, contribuye a la revalorización de la carrera docente24 .

Fortalecer la reforma magisterial basada en el reconocimiento al mérito y capacidad de los maestros. Existe vasta evidencia que señala que elevar la calidad del docente puede llevar a mejoras significativas en el desempeño de los estudiantes25.

Foto: Minedu – Examen Docente 2013 23 Propuesta alcanzada por la Cámara de Comercio de La Libertad.

CIES (2023). ¿Qué impacto ha tenido la Carrera Pública Magisterial sobre el rendimiento de estudiantes en el Perú?

Teachers Matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers.

3. Integrar la tecnología y metodología innovadora en la educación básica26

PROBLEMAS:

La falta de integración de tecnología y metodologías innovadoras en el sistema educativo limita el desarrollo de habilidades digitales y tecnológicas en los estudiantes. La insuficiencia en habilidades digitales y tecnológicas reduce la capacidad de los estudiantes para adaptarse a un mercado laboral cada vez más globalizado y especializado.

Según el Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial (2019), Perú ocupa el puesto 98 de 141 en adopción de tecnología.

PROPUESTAS:

Promover el uso de tecnologías en el aula, implementar plataformas de aprendizaje en línea, y formación en habilidades digitales para estudiantes y docentes.

Dotar a las escuelas de infraestructura tecnológica, capacitar a los docentes en el uso de herramientas digitales, y fomentar la creación de contenido educativo digital.

26 Propuesta alcanzada por la Cámara de Comercio de La Libertad.

4. TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

En esta sección se plantean propuestas para atender el caótico tráfico de las grandes ciudades de nuestro país. Se presentan también propuestas para cerrar las brechas de conectividad vial. Por último, proponen medidas para evitar la sobrerregulación del sector de las comunicaciones.

4.1 TRANSPORTE

1. Crear la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial

PROBLEMAS:

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones no fiscaliza adecuadamente el cumplimiento del Manual de Dispositivos de Control de Tránsito (incompleto y desactualizado)27.

Como consecuencia de la baja fiscalización, los gobiernos locales implementan diseños viales inadecuados y sin cumplir estándares, al responder a los pedidos de sus vecinos.

En la actualidad, no hay ninguna entidad que se encargue del tránsito a nivel nacional, ya que cada gobierno regional y local toma sus propias decisiones en materia de tránsito28

EL DATO

Lima es la quinta ciudad con más tráfico del mundo29 .

PROPUESTAS30:

Crear la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), la cual tendrá como principal función liderar y proponer el marco legal adecuado que permita la toma de decisiones técnicas y de largo plazo para la mejora del tránsito en el país.

Esta entidad supervisaría, fiscalizaría y coordinaría el cambio que nuestras vías necesitan.

La ANTSV sería el ente responsable de proponer e implementar políticas y medidas estratégicas viables para el desarrollo de un sistema de tránsito basado en el concepto de movilidad, que sea eficiente, seguro y sostenible.

27 Asociación Automotriz del Perú (AAP). «Tráfico vehicular sí tiene solución».

28 Asociación Automotriz del Perú (AAP). «Urge la creación de la agencia nacional de tránsito y seguridad vial en el Perú-RPP».

29 TOMTOM Traffic Index (2023).

30 Propuestas alcanzadas por la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

2. Implementar un sistema integrado de transporte eficiente en las ciudades metropolitanas

PROBLEMAS:

Las grandes ciudades del Perú enfrentan un aumento significativo en la congestión del tráfico, especialmente durante las horas pico. Este fenómeno no solo resulta en tiempos de viaje prolongados, sino también tiene un impacto económico considerable debido a la disminución de la productividad.

Según la encuesta «Lima Cómo Vamos 2022», el 40% de la población de las provincias de Lima y Callao considera que el transporte público es uno de los problemas más importantes que afectan la calidad de vida de las personas31.

Aproximadamente el 27,54% del gasto anual en combustible por usar un vehículo es debido a la congestión. Además, el 28,70% de las emisiones de CO2 producidas anualmente por un auto son resultado del tiempo adicional en tráfico durante las horas pico32 .

31 Redes (2023). Impacto del transporte público formal sobre el bienestar de los usuarios: informe especial.

32 Cálculo realizado por la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, tomando datos de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Foto: Diario El Gobierno

Según la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), solo el 14,3% de los viajes realizados en el transporte público en Lima y Callao durante 2022 fueron en el Sistema Integrado de Transporte (SIT); el resto corresponde a viajes en buses, cústeres, taxis, etc., que en su mayoría son informales33

En ciudades metropolitanas como Arequipa y Trujillo existe la necesidad de implementar el SIT.

Arequipa y Trujillo son las ciudades con mayor número de accidentes de tránsito, después de Lima Metropolitana.

La ciudad de Trujillo cuenta con Transportes Metropolitanos de Trujillo (TMT), entidad pública creada en 2011 encargada de los proyectos vinculados al nuevo sistema de transporte público urbano e interurbano de la provincia. Sin embargo, a la fecha, Trujillo no cuenta con un SIT.

PROPUESTAS:

Implementar sistemas integrados de transporte eficientes, para reducir significativamente los tiempos de tránsito, descongestionar las principales vías de las ciudades y dinamización de la actividad económica, disminuir la contaminación ambiental provocada por el tráfico y mejorar la calidad de vida34 .

En ciudades como Arequipa, complementariamente, promover los estudios de factibilidad de la implementación del teleférico y destrabar el desarrollo del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM).

Evitar promover normativas que busquen prolongar la vida útil de vehículos destinados al servicio público de transporte con más de quince años de antigüedad, como la Resolución 285-2024-MTC/01.0235

3. Modernizar el parque automotor peruano

PROBLEMAS:

El Perú cuenta con un parque automotor obsoleto, donde los vehículos tienen en promedio trece años de antigüedad36 .

Este parque automotor es contamina la calidad del aire. El Perú figura entre los tres países con peor calidad de aire en América Latina (ver figura 5).

Las políticas actuales no incentivan la renovación o retiro definitivo de vehículos antiguos. Se cuenta con una ley y un reglamento que fomenta el chatarreo, pero falta la puesta en práctica.

33 Redes (2023). Impacto del transporte público formal sobre el bienestar de los usuarios: informe especial.

34 Propuestas alcanzadas por la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.

35 Asociación Automotriz del Perú (AAP). «La solución al problema del transporte debe ser integral».

36 Asociación Automotriz del Perú (AAP). Indicadores del sector automotor.

El Programa Nacional de Chatarreo de Vehículos del MTC prioriza el chatarreo de vehículos que se encuentran en depósitos. Es decir, no están en circulación (y, por ende, no generan gases de efecto invernadero activamente)37.

El bono del chatarreo es una medida de política incorporada dentro del Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Por ello, no aplicarse resta competitividad a nuestro país.

En 2019, se aprobó el Decreto de Urgencia 029-2019, que fomenta el bono del chatarreo, el cual tendría un financiamiento de 80 millones de soles38, que a la fecha no se ha hecho efectivo.

El Sistema de Inspecciones Técnicas Vehiculares no contribuye significativamente a la modernización del parque automotor, porque en ocasiones se certifican vehículos que no cumplen con los estándares39

En 2019, el Perú tenía una tasa de desaprobación de las revisiones técnicas baja, cercana al 9,7%, en contraste con países como Chile (30%), Costa Rica (45,2%) o España (20%).

Esta situación se suma a la inadecuada fiscalización del tránsito que permite que vehículos que no cuentan con la revisión técnica sigan circulando. En 2023, la Defensoría del Pueblo advirtió que las trece ambulancias de la Red de Salud Ambo de Huánuco no tenían revisión técnica40

FIGURA 5

Países con mayor contaminación (concentración promedio de PM2.5) en América

Latina 2022-2023

2022 2023

Fuente: IQAir.

Elaboración: Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Nota: Una concentración promedio de entre 15,1 y 25 es 3 a 5 veces superior a las directrices de la OMS.

37 Diario El Peruano (2023). «MTC: ATU chatarreó 32 vehículos que acumulaban multas por más de 3,4 millones de soles».

38 Diario El Peruano (2019). «Gobierno oficializó el bono del chatarreo».

39 Infobae (2024). «Informalidad en el transporte público: combi obtuvo certificado de revisión técnica a pesar del mal estado».

40 Defensoría del Pueblo (2023). «Defensoría del Pueblo advierte que las 13 ambulancias de la Red de Salud Ambo, en Huánuco, no tienen revisión técnica».

PROPUESTAS41:

Implementar programas de chatarreo vehicular eficiente y sostenible en el tiempo. Para ello será necesario definir el bono de chatarreo (incentivo) a recibir por el propietario del vehículo en función al tipo de vehículo o años de antigüedad, así como también asignar un presupuesto para su financiamiento.

Reformar del Sistema de Inspecciones Técnicas Vehiculares para que actúe de manera más eficiente y transparente.

4. Acelerar el mejoramiento de vías y carreteras nacionales

PROBLEMAS:

El mal estado de vías y carreteras como la vía Los Libertadores y carretera al Vraem eleva los precios de fletes y pasajes, lo que impacta, a su vez, en el incremento sostenido de los precios de la canasta básica en las regiones.

Como el sucedido en julio de este año, en la Vía Los Libertadores (Ayacucho), el cual dejó 25 fallecidos y al menos 17 heridos42. En mayo ocurrió otro suceso similar, que causó la muerte de 13 personas y dejó 17 heridos43 .

41 Propuestas alcanzadas por la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

42 Comunicado del Gobierno Regional de Ayacucho, publicado el 16 de julio del 2024.

43 Andina. «Ayacucho: accidente en Vía Los Libertadores deja al menos 13 fallecidos y 17 heridos».

Municipalidad Metropolitana de Lima - Programa de Chatarreo

PROPUESTAS44:

Gestionar en la brevedad el mejoramiento de la Vía Los Libertadores y carretera al Vraem, previa declaratoria de emergencia.

Acelerar el proceso para la adjudicación de la concesión de la Longitudinal de la Sierra Tramo 4, que incluye la Vía Los Libertadores.

Es importante que las obras a ejecutarse consideren procesos constructivos, materiales y técnicas de ingeniería que permitan afrontar los riesgos climáticos, geológicos y fenómenos naturales, como bien lo indica la Defensoría del Pueblo45

En carreteras concesionadas, contribuir a que estos contratos culminen sus compromisos de inversión, modernizar los temas de seguridad y hacer las modificaciones que se requieren de acuerdo con la realidad actual.

Por ejemplo, la red vial 5 Ancón-Huacho-Pativilca necesita ser ampliada por la carga de Chancay, al igual que la Panamericana Norte ingresando a Lima.

En el caso de la red 6, el crecimiento de la población hace indispensable implementar nuevos intercambios viales o puentes.

La carretera central actual languidece por falta de decisión del concedente.

4.2 COMUNICACIONES

5. Fortalecer el control de comunicaciones ilegales en establecimientos penitenciarios46

PROBLEMAS:

Las facultades legislativas aprobadas por el Congreso de la República permitirán al Ejecutivo unificar y sistematizar el marco legal sobre las obligaciones y sanciones de los concesionarios de servicios públicos de telecomunicaciones e internet en el contexto de la prohibición de comunicaciones ilegales desde el interior de establecimientos penitenciarios y centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación.

Esta medida parte de un error conceptual muy grave y delicado. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) es el responsable, a través del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), del ingreso en los establecimientos penitenciarios, y si hay comunicaciones a través de teléfonos móviles o dispositivos de transmisión de internet es por fallas en el control de ese ingreso.

44 Propuesta alcanzada por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) y la Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción de Ayacucho.

45 Defensoría del Pueblo (2023). «Defensoría del Pueblo exhorta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a mantener la transitabilidad de vías nacionales en el Vraem».

46 Propuesta alcanzada por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

PROPUESTAS:

Conocer con exactitud cuál es la situación de la concesión otorgada para el bloqueo de comunicaciones móviles en centros penitenciarios y el cumplimiento de sus niveles de servicio.

La facultad otorgada es una muestra de la sobrerregulación en contra de las empresas privadas que brindan telecomunicaciones, con temas relacionados con la seguridad ciudadana, que no es su objetivo.

6. Facilitar los procesos para ampliar la cobertura de acceso a internet47

PROBLEMAS:

La sobrerregulación existente detiene la ampliación de la cobertura y hay 3 millones de peruanos que no acceden a internet por diversas razones.

PROPUESTAS:

Las renovaciones de contratos de concesión y las nuevas asignaciones de espectro deben seguir criterios de razonabilidad más que recaudatorio.

47 Propuesta alcanzada por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

5. AGRICULTURA 48

Se presentan propuestas para mejorar el marco normativo del sector agro, así como para hacer de este un sector más tecnológico y productivo. La agricultura llega a las zonas rurales, es el principal generador de empleo y de divisas, y fundamental en la seguridad alimentaria nacional y global. Es una de las locomotoras del desarrollo económico y social más potentes que tiene el país.

48 Capítulo elaborado con información compartida por la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) que incluyen los aportes de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú); Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción de Ayacucho; Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Áncash; y Cámara de Comercio de Piura.

1. Incrementar la

competitividad

del sector agrario

PROBLEMAS:

El marco normativo que regula al agro no es idóneo. Este es un sector particular que requiere un tratamiento acorde con la realidad de la actividad, reconocido así por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y demás organismos internacionales. Más aún en un contexto de crisis alimentaria global y de crisis continuas y permanentes en el Perú.

La eliminación de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) en diciembre del 2020 y la posterior aprobación de la nueva ley agraria (Ley 31110) en el mismo mes, han afectado las inversiones, la generación de empleo y el crecimiento del sector.

Los cambios en materia tributaria y laboral han tenido consecuencias sumamente negativas, ya que no se adaptan al sector agrario. No solo se han afectado los productores y empresas formales del sector que hoy están en una situación muy complicada, sino también los trabajadores que han perdido el empleo y sus familias, agravando la informalidad en el sector y la pobreza.

El mal desempeño del sector ha contribuido con la pérdida de inversiones, el aumento de la pobreza y la anemia rural, además del incremento del desempleo agrario formal que continúa el presente año y el aumento de la informalidad, entre otros.

PROPUESTAS:

Aprobar un nuevo régimen agrario: Aprobar una nueva ley del sector agrario que sea acorde a la necesidad del sector productivo y de seguridad jurídica de largo plazo, que 1) le devuelva el carácter promotor a la norma, 2) que otorgue los incentivos tributarios adecuados para mantener la competitividad y sostenibilidad del sector, 3) que en materia laboral esté acorde con la constitución y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 4) y que de los incentivos para acelerar el proceso de incorporación de la pequeña agricultura a la modernidad.

La producción agrícola cayó 4,1% en 2023, registrando su primera contracción en 14 años y su peor cifra desde 199249 . EL DATO

Fortalecer y modernizar instituciones clave para el sector: Fortalecer y modernizar el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Acceso a mercados internacionales: Acelerar el proceso de accesos y mejora de mercados internacionales para los productos agrarios. La inauguración del Megapuerto de Chancay presenta una oportunidad para acceder a mercados del Asia. Será necesario adoptar las mejores políticas de promoción de inversiones que logren posicionarnos como el principal hub logístico e industrial en América del Sur.

Destrabar proyectos de irrigación: Destrabar y desarrollar los proyectos de infraestructura hidráulica mayor y menor, para la ampliación de la frontera agrícola y el afianzamiento hídrico como Chavimochic, Majes, Chinecas, Olmos y el de IcaHuancavelica.

Activar espacios de articulación regional: Activar espacios regionales que involucren a todos los actores de la cadena logística agroexportadora para promover proyectos que redunden en menores costos y competitividad del sector, dentro de ellos cámaras de comercio, gremios agroexportadores, asociaciones de productores, terminales portuarios, aeropuertos, y gobierno regional y local.

Impulsar el uso de tecnologías y conocimiento técnico:

Impulsar centros de innovación productiva y transferencia tecnológica agroindustriales regionales, para promover la transformación de productos nativos con potencial de cadenas productivas agropecuarias.

Fortalecer los programas de extensión agrícola con asesoramiento técnico para acompañar a los agricultores en la implementación de nuevas tecnologías y técnicas sostenibles.

Reducir el costo de las semillas certificadas por el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).

Foto: PRODUCE.

6. PESCA 50

Se presentan propuestas para combatir la pesca ilegal, promover el desarrollo de pesquerías como la pesca de atún y la actividad acuícola, así como para el aprovechamiento de la biomasa en el sur del Perú. Estas propuestas contribuyen a hacer más competitivo el sector, aprovechando sus ventajas comparativas.

50 Capítulo elaborado con información compartida por la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP).

1. Combatir la pesca ilegal

PROBLEMAS:

Demanda y expansión de la pesca ilegal: Dada la gran demanda por este producto, su elaboración y comercialización es altamente rentable, lo que haría atractiva su producción. Esta actividad genera fondos ilícitos de consideración, los cuales podrían seguir un proceso de lavado de activos, ya sea en el mismo sector o fuera de él.

Se calcula que la pesca ilegal mueve alrededor de 23.000 millones de dólares al año en el mundo y, según cifras del Produce, en nuestro país mueve alrededor de 300 millones de dólares anuales.

Los principales fondos generados en la pesca ilegal provienen del procesamiento ilegal del recurso marino, que resulta, mayoritariamente, en la producción de harina de pescado ilegal.

El alza del precio de la harina y el aceite de pescado en el mercado internacional formal contribuyeron a que esta actividad ilegal prolifere (ver figuras 6 y 7), restando recursos al Estado en materia de tributos.

FIGURA 6

Evolución del precio promedio de aceite de pescado US$ / TM 1994-2022

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). Elaboración: Sociedad Nacional de Pesquería (SNP).

La pesca ilegal mueve alrededor de US$ 23.000 millones al año en el mundo, de los cuales el Perú mueve US$ 300 millones51.

FIGURA 7

Evolución del precio promedio de harina de pescado US$ / TM 1994-2022

0

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

Elaboración: Sociedad Nacional de Pesquería (SNP).

Afecta la sostenibilidad de los recursos pesqueros: La pesca ilegal atenta contra la sostenibilidad de los recursos pesqueros, los ecosistemas marinos, las actividades formales y la competitividad del sector, además del ordenamiento jurídico y principio de autoridad.

Una de las vulnerabilidades más importantes es la alta informalidad del sector pesquero. Una práctica habitual de esta actividad se da en el procesamiento ilegal de recursos destinados al consumo humano directo, en particular de la anchoveta, para la elaboración de harina y aceite de pescado ilegal, así como la extracción y comercialización de recursos no autorizados.

Evolución de exportaciones de anchoveta fresca refrigerada (TM) 2018-2023

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

Elaboración: Sociedad Nacional de Pesquería (SNP).

Nota: Las exportaciones de anchoveta fresca se inició en 2018 y con destino a Ecuador.

FIGURA 8

A partir de 2019, se evidencia la exportación vía terrestre de anchoveta fresca refrigerada a Ecuador. De 2019 a 2023, las exportaciones de este producto pasaron de 900 toneladas a casi 15.000 toneladas. Esta puede ser considerada como una nueva forma de desvío ilegal de anchoveta que debiera ser destinado para el mercado interno peruano y podría estar terminando en Ecuador para ser procesado como harina ilegal, dado que resulta poco probable que se fabriquen conservas de anchoveta siendo este país uno de los principales productores mundiales de conservas de atún (ver figura 8).

Falta de capacidad y voluntad de las instituciones del gobierno: Existe un marco regulatorio específico. Sin embargo, la poca capacidad de vigilancia y fiscalización de las autoridades nacionales, regionales y locales no permite combatir la pesca y producción ilegal. Se conocen tanto los puntos de desembarque como las plantas de procesamiento ilegal y las zonas de construcción de embarcaciones ilegales, pero poco o nada se hace para evitar su operación, debido a falta de recursos, voluntad política y corrupción. A esto se le puede sumar procesos administrativos ineficientes y laxos que permiten que muchas de estas plantas sigan operando a pesar de ser reincidentes. Construcción ilegal de embarcaciones pesqueras de la flota artesanal y de menor escala: Afecta a los recursos pesqueros y sus ecosistemas, pero, sobre todo, a los propios pescadores artesanales, quienes deben realizar un mayor esfuerzo para encontrar el sustento de su trabajo a un costo más alto (compiten entre más actores por la misma cantidad de recurso), restándole eficiencia y bienestar, y afectando seriamente la sostenibilidad de la actividad. Además, no cuentan con los permisos correspondientes (ver figura 9).

9

Evolución del número de flotas artesanales y de menor escala con permiso de pesca de anchoveta para consumo humano directo (CHD) 2015-2024

Fuente: Ministerio de la Producción. Elaboración: Sociedad Nacional de Pesquería (SNP). Nota: CAPBOD_M3 (capacidad bodega en metros cúbicos) es la capacidad de almacenamiento de una embarcación.

FIGURA

Carencia de trabajo decente: Los trabajadores que participan en la pesca ilegal no cuentan con ninguna protección. Es más, están expuestos a sanciones costosas y de tiempo prolongado, además de sufrir maltrato y explotación.

PROPUESTAS:

Fortalecer las acciones de fiscalización e intervención del Ministerio de la Producción (Produce) en colaboración con el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú para erradicar las plantas y centros de producción ilegal de harina aceite de pescado, así como la interdicción en la construcción de embarcaciones ilegales.

Implementar por parte del Produce los sistemas de trazabilidad de las capturas y procesamiento de los recursos marinos, así como medidas de ordenamiento adecuadas para las actividades de la flota de menor escala y artesanal, a fin de controlar el flujo entre extracción y producción, evitando las capturas ilegales y el desvío del recurso para la producción ilegal de harina y aceite de pescado.

Establecer mecanismos de control más eficientes para asegurar el control de flotas extranjeras que circundan nuestros mares afectando nuestras pesquerías.

Concluir los procesos de formalización y restringir la construcción de nuevas embarcaciones pesqueras, salvo el caso de desarrollo de nuevas pesquerías para recursos no aprovechados.

Fortalecer el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) para dotarlo de recursos y capacidades necesarias a fin de que pueda evaluar de manera integral los recursos del mar peruano y lograr la sostenibilidad del sector pesquero, así como avanzar en el desarrollo de nuevas pesquerías.

Desarrollar proyectos de investigación que permitan identificar las potencialidades y capacidad de aprovechamiento de los recursos marinos actuales.

2. Desarrollar la acuicultura

PROBLEMAS:

Existen desafíos que limitan el crecimiento y la expansión de la acuicultura, como las necesidades tecnológicas, provisión de insumos, disponibilidad de facilidades esenciales, mejoras normativas y un adecuado marco promotor52 .

En los últimos diez años la tasa de crecimiento promedio anual ha sido de 12% en su nivel de producción (registrándose valores atípicos para los años 2010 y 2013, producto del incremento de conchas de abanico, principalmente), que ubican al Perú en el quinto lugar entre los productores de especies acuícolas a nivel de América Latina y el Caribe.

52 Mendoza, D. y otros (2016). «La acuicultura peruana: una mirada a 2025».

Aún su volumen de producción es muy pequeño (134.000 toneladas) respecto a otros países de la región, participando con el 0,125% de la producción acuícola a nivel mundial, lo cual evidencia su limitado nivel de competitividad, a la vez que impone el desafío de potenciar sus tasas de crecimiento, dadas sus ventajas comparativas.

Se percibe una desaceleración del crecimiento de la producción acuícola en los últimos cinco años, cuando los factores de productividad y competitividad se hacen más importantes para sostener el crecimiento se evidencian debilidades que deben subsanarse para aspirar a una acuicultura basada en la competitividad y sostenibilidad de sus cadenas de valor53

No se ha acompañado la potencialidad del país en el sector. Existe una ausencia de políticas públicas adecuadas que vean el desarrollo de la acuicultura con una visión de cadena productiva, que, bajo condiciones adecuadas, podrían permitir el desarrollo de ese sector como motor de la economía y complemento necesario para la seguridad alimentaria.

PROPUESTAS:

Fortalecer la gestión pública y los incentivos y beneficios para el desarrollo de la competitividad de la cadena de valor de la acuicultura y la generación de inversión en el sector.

Aumentar la capacidad en investigación, desarrollo e innovación.

Incrementar la inversión para mejorar las condiciones de la cadena de valor del sector acuícola.

Generar un marco de atracción de grandes inversiones y colaborar en la consolidación de las empresas acuícolas existentes en el mercado.

Dar continuidad a la mesa ejecutiva de desarrollo del sector acuícola.

53 Política Nacional de Acuicultura, aprobada por Decreto Supremo 001-2023-Produce.

Foto: Ministerio de la Producción - Acuicultura

3. Aprovechar la biomasa del sur del país

PROBLEMAS:

En el sur del Perú los desembarques de anchoveta han disminuido drásticamente luego de que se eliminara, sin sustento técnico, el régimen especial de pesca que permitía realizar actividad extractiva más cerca de la costa en atención a las características del zócalo continental.

A diferencia de la zona norte-centro del Perú, donde la plataforma continental es amplia: alcanza 70 millas frente a Chimbote y 50 millas frente a Pimentel; en la zona sur a partir de Paracas alcanza un promedio de 5 millas (GEF-Onudi, 2002).

Esta configuración de la plataforma continental tiene incidencia en la distribución y abundancia de especies en relación con la profundidad del mar y distancia de la costa.

Las actividades extractivas en el norte de Chile, donde el stock de anchoveta es compartido con la zona sur del Perú, se realizan desde la milla 1, atendiendo a las características del zócalo.

La problemática descrita en el punto anterior ha ocasionado el cierre de diez plantas pesqueras en la zona sur del litoral, quedando solo dos plantas operativas en el puerto de Ilo, y dos entre los puertos de Matarani y Mollendo, además de la pérdida de más de 7.000 puestos de trabajo. Asimismo, ello ha originado que el Perú pesque la tercera parte de lo que pesca la flota chilena en el norte de Chile, cuando hace unos años pescábamos en similares cantidades. Si no se corrige la política que se viene aplicando en el Perú:

La pesca en el sur continuará disminuyendo.

Se perjudicará a trabajadores, empresas, tesoro público y, por tanto, toda la sociedad peruana.

Seguirá desolándose el mar, dejándolo sin ninguna presencia que cuide la frontera y nuestro dominio marítimo.

El stock de anchoveta compartido con Chile será exclusivamente aprovechado por ese país.

PROPUESTAS:

Emitir el marco normativo que permita establecer medidas de manejo que adecuen las actividades extractivas a las particularidades de la zona sur del litoral, con la opinión científica del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), como ocurrió en su momento con el régimen especial para la pesca industrial, y con ello permitir el aprovechamiento oportuno de la biomasa de anchoveta.

4. Promover el desarrollo de pesquerías: pesca de atún y nuevas especies

PROBLEMAS:

Carecemos de políticas adecuadas para el aprovechamiento de la potencialidad que tiene la pesca de atún en el país.

En la pesca mundial de atún por países, el ranking está liderado por Indonesia, Filipinas, Japón, Taiwán, España y Ecuador. Este último ocupa el sexto lugar, participa con el 5,3% de la pesca mundial, gracias a un crecimiento sostenido de su industria de pesca a partir de 1993. En cambio, el Perú ocupa el puesto 44 en el ranking, con una participación de solo 0,2%. Cabe señalar que el Perú tiene acceso al 25% de lo que pesca Ecuador, por lo que adecuadas políticas públicas permitirían incrementar la participación del Perú, en un principio hasta cerca del 2%. En la década de 1950 la participación del Perú llegó a cerca del 4%.

La pesca de atún, con la de bonito y aguja, alcanza los 17.000 millones de dólares, el 15% del valor de la captura mundial. El 70% de la captura mundial ocurre en el océano Pacífico.

El Perú es importador de atún para la elaboración de conservas, cuando podría impulsar la producción nacional.

La industria del atún comprende las actividades de extracción (flota atunera) y transformación (industria conservera, congelación y comercialización).

El precio del atún se determina en el mercado internacional en un mercado altamente competitivo.

Foto: Ministerio del Ambiente - Cabo blanco

El precio del combustible depende de un componente internacional y de un componente local. El componente internacional tiene una alta volatilidad y el componente local depende de la estructura del mercado interno de combustibles, por lo general poco competitivo y regulado, y de elevados impuestos indirectos. En la actualidad, Ecuador ocupa el tercer lugar en las exportaciones mundiales con un valor de exportaciones de más de 500 millones de dólares anuales de atún en conservas.

PROPUESTAS:

Adecuar los regímenes tributario y aduanero a las características particulares de la industria de atún en el corto plazo, para lo cual se plantea:

Considerar como exportación a la venta de combustibles a las embarcaciones pesqueras, de bandera nacional o extranjera, dedicadas a la extracción o pesca de atún. La Ley 27608, del año 2001, y la Ley 28695, de 2007, ya otorgaban tratamiento especial a la compra de combustible de las embarcaciones pesqueras extranjeras dedicadas a la extracción de atún. En un caso, mediante el mecanismo de devolución de los impuestos indirectos (IGV e ISC) pagados y en otro caso mediante el mecanismo de considerar esta de venta de combustible como exportación. Estas normas se aprueban cuando el Perú no tenía una flota pesquera adecuada para la extracción de atún. Así, según la exposición de motivos de la Ley 27608, en esta fecha «no existían embarcaciones nacionales que se dediquen a la pesca del atún en forma permanente y profesional». Por ello, señala esta exposición de motivos: «Al igual que en otros países de la región, el desarrollo de la industria de conservas y congelado nacional depende de las descargas de las embarcaciones extranjeras».

Sin embargo, la situación actual es distinta. El Perú ya cuenta con cuotas aprobadas por el organismo supranacional CIAT para efectuar pesca de atún con barcos propios. Por lo tanto, en el actual contexto resulta discriminatorio que mientras que los barcos de bandera extranjera cuenten con el beneficio de adquirir el combustible sin impuestos indirectos para la pesca del atún, los barcos de bandera nacional que también cuentan con autorización para la pesca de atún en aguas nacionales e internacionales no cuenten con el mismo beneficio.

En el mediano plazo se plantea que se desarrollen políticas e instrumentos para mitigar el impacto del precio de los combustibles sobre la competitividad de la industria del atún. Según informes de organismos internacionales, como el Asian Development Bank, se recomienda opciones de política como acuerdos regionales de suministro de combustibles, de manera competitiva y eficiente, ajustes en la tributación, particularmente en los impuestos selectivos, y establecimiento de incentivos fiscales y de otro tipo para incentivar a los operadores a adoptar medidas de ahorro de combustible o tecnologías eficientes en el uso de combustibles.

BUENAS PRÁCTICAS: Impulso al sector atunero en Ecuador

En la actualidad, diversos países pesqueros, incluidos a los de la OECD, aplican un tratamiento especial a los impuestos indirectos (IGV e ISC) a los combustibles en el sector pesca. La literatura revisada muestra que las deducciones de los impuestos a los combustibles se justifican porque se trata de un insumo y no un producto final. Al afectar los precios relativos de los insumos, se crean distorsiones en la asignación de recursos.

Basados en una encuesta a países que contaban con flota pesquera industrial, se concluye que en la mayor parte se aplican deducciones de impuestos a los combustibles utilizados en el sector pesca. El efecto de las deducciones es reducir el precio de los combustibles hasta en 38%.

En el caso de Ecuador, los principales incentivos al sector atunero son los siguientes:

Las exportaciones reciben el apoyo del drawback simplificado de 3% del valor exportado para la pesca.

Exoneración de 100% del anticipo del impuesto a la renta (2015).

Subsidio al combustible.

Pago diferido de aranceles para materias primas, insumos y bienes de capital. Crédito preferencial (mayor periodo de gracia) para la renovación de las embarcaciones del sector pesquero.

Programas para mejorar el sector pesquero artesanal, como mejoramiento a la infraestructura de los puertos y programas de capacitación.

Los factores críticos del éxito identificados en la industria atunera de Ecuador son:

El subsidio al combustible.

Un régimen aduanero especial que permite a embarcaciones extranjeras ingrese materia prima a las plantas procesadoras y se exporte como producto ecuatoriano, sin pago de aranceles.

La importante participación de capitales extranjeros —España y Estados Unidos— en la cadena productiva de la actividad atunera, lo que ha facilitado el ingreso a esos mercados y asegurado la demanda de los productos ecuatorianos.

La integración vertical (captura y procesamiento) que asegura la disponibilidad de materia prima.

La mano de obra calificada.

7. MINERÍA, HIDROCARBUROS Y ENERGÍA 54

Se presentan propuestas para hacer más competitivo y atraer inversiones en el sector de minería, hidrocarburos y energía. Se propone optimizar los procedimientos administrativos de la minería, así como generar un marco normativo óptimo en hidrocarburos y dotar de recursos al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo. En el subsector eléctrico, se propone otorgar predictibilidad a la consulta previa, implementar un plan de transmisión e impulsar proyectos de energía renovable.

54 Capítulo elaborado con información compartida por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

1. Optimizar los procedimientos administrativos para la minería

PROBLEMAS:

La permisología para los procesos de explotación, beneficio y ampliación de actividades en el sector minero son engorrosos.

Según Apoyo Consultoría, en un estudio de 2018, la cadena de valor minera en el Perú involucra 232 procedimientos administrativos que están regulados por un total de 470 normas y requieren la intervención de 29 entidades gubernamentales. Este panorama se agrava por la lentitud en el trámite de los procedimientos administrativos, que se caracterizan por un control previo excesivo.

El problema se repite en los procesos de exploración, incrementando los costos y los tiempos, con lo cual no se genera oportunamente la recuperación de reservas y el desarrollo de nuevos proyectos.

Según el Índice de Competitividad Minera, elaborado por Macroconsult (2022), nuestro país se encuentra en último lugar y es donde más tiempo toma obtener los permisos para realizar actividades de exploración.

Existe una pérdida de competitividad en el sector, considerándose al Perú como un país que no fomenta la inversión minera.

Según la Encuesta Anual de Compañías Mineras 2023, del Instituto Fraser, el índice de Atractivo a la Inversión, el Perú pasó del puesto 34, entre 62 jurisdicciones mineras en 2022, al puesto 59, entre 86 jurisdicciones. Es decir, retrocedió 25 puestos.

Este índice se construye con otros dos, que son el de «Percepción Política», donde se descendió del puesto 49 al 61, y el de «Mejores Prácticas y Potencial Minero», que también retrocedió, del puesto 17 al 42. El cambio de percepción responde a la incertidumbre frente el sistema legal peruano, las regulaciones laborales y los retrasos en la obtención de permisos.

Los procesos de certificación ambiental son lentos.

Una declaración de impacto ambiental que debería tomar 30 días hábiles se aprueba en 127 días en promedio, según el informe final de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible (2020).

Una declaración de impacto ambiental que debería tomar 30 días hábiles se aprueba en 127 días en promedio55.

55 Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible (2020). «Propuestas de medidas normativas, de gestión y de política pública para afianzar la sostenibilidad del sector minero. Informe final».

PROPUESTAS:

Optimizar los procedimientos sectoriales mineros y los referidos a la evaluación de impacto ambiental.

Revisar la clasificación de los instrumentos de gestión ambiental y mejorar la eficiencia de su régimen de evaluación, privilegiando la aprobación automática o el silencio administrativo positivo.

Simplificar los términos de referencia (TdR) aplicables a los estudios ambientales.

Reducir los requisitos y la permisología para la exploración, explotación, beneficio y ampliación de actividades en el sector minero.

Evaluar la mejor oportunidad para realizar la consulta previa en el sector minero.

Fomentar una mayor producción minera mediante incentivos a la eficiencia en los procesos y simplificar los procedimientos multisectoriales necesarios para operar.

Se puede priorizar la fiscalización posterior, agilizando los cambios menores mediante comunicaciones previas y restaurando la agilidad en los informes técnicos sustentatorios.

Foto: Unsplash – Dominik Vanyi

7.2 HIDROCARBUROS

2. Generar un marco normativo para la promoción de las inversiones en hidrocarburos

PROBLEMAS:

El sector enfrenta una grave crisis que se ha manifestado en una retracción de la inversión en exploración de hidrocarburos. En 2022, llegó a tan solo 2,3 millones de dólares, su mínimo histórico, repitiendo este récord adverso en 2023. Estos montos están muy lejos de su máximo de 947 millones de dólares alcanzado en 2012. Asimismo, la inversión en explotación con 321 millones de dólares en 2023, se encuentra muy lejos del pico de 1.128 millones de dólares alcanzado en 2008.

El bajo nivel de inversiones se refleja en modestos pronósticos de crecimiento del sector. En su último reporte de inflación de marzo de 2024, el Banco Central de Reserva del Perú revisó a la baja la proyección de crecimiento para el año en curso de 2,9% a 1,5%.

PROPUESTAS:

Impulsar el desarrollo de la actividad de exploración y producción de hidrocarburos con una política clara de promoción del sector e incentivos competitivos frente a otros países de la región.

Revisar el Reglamento para la Aplicación de la Regalía y Retribución en los Contratos Petroleros, aprobado por el Decreto Supremo 049-93-EM, y la metodología aplicada por Perupetro respecto de las escalas de regalías para que sean en función de la producción y los precios, y de esta manera los contratos sean más competitivos.

Modificar la determinación del canon y sobrecanon petrolero, de modo que se calcule sobre la base de las regalías, promoviendo un equilibrio entre la competitividad del sector y una adecuada retribución a las zonas productoras.

3. Dotar de recursos al Fondo para la Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo

PROBLEMAS:

El Fondo para la Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo (FEPC) enfrenta problemas recurrentes de sostenibilidad financiera que se han agudizado en el presente ejercicio.

Al 30 de abril de 2024, el FEPC tenía compromisos dinerarios por 1.091,9 millones de soles con los productores e importadores. Este monto no reconoce intereses en favor de los mencionados.

PROPUESTAS:

Aprobar en el corto plazo las medidas que habilitan recursos adicionales para amortizar los adeudos del FEPC hasta el 31 de abril de este año y los que previsiblemente se generen en los próximos meses.

Aprobar un cronograma de pagos para acabar con la incertidumbre que hoy enfrentan las empresas sobre los montos, intereses y plazos de las amortizaciones de los adeudos.

4. Masificar el gas natural

PROBLEMAS56:

Baja penetración del uso del gas natural, que alcanza solo al 25% del país. Países como Argentina (65%), Colombia (67%) y Bolivia (41%), superan en gran medida al Perú57.

El Perú cuenta con reservas probadas de 10,6 trillones de pies cúbicos (TCF), reservas totales de 14,1 TCF, y recursos prospectivos por 31 TCF.

Aún se requiere un proceso de masificación que pueda llegar a más regiones del país.

PROPUESTAS58:

Promover proyectos de masificación de gas natural en las regiones, especialmente en Cusco, Huancavelica, Junín, Ucayali, Ayacucho, Apurímac, Arequipa y Puno.

Incluir en el plan energético nacional al 2050 los diferentes recursos disponibles en el país, entre ellos, el rol fundamental del gas natural en la matriz energética.

Es un pilar fundamental en la transición energética hacia un futuro más limpio y sostenible brindando seguridad energética, sostenibilidad ambiental y competitividad al país.

56 El Comercio (2024). «Gas natural: Perú es el único país gasífero que no construye gasoductos».

57 Datos provenientes de Promigas, TGP, Minem, Gas Energy.

58 Propuesta también alcanzada por la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.

7.3 ENERGÍA

5. Emitir normativa complementaria para otorgar predictibilidad a la consulta previa

PROBLEMAS:

La sentencia de la Corte Suprema sobre la Acción Popular 29126-2018 eliminó la excepción de la consulta previa para los proyectos de infraestructura para la prestación de servicios públicos, entre ellos la prestación del servicio eléctrico.

Esta sentencia evidenció la necesidad de tomar decisiones desde el Poder Ejecutivo respecto a los proyectos próximos a entrar en operación comercial y los proyectos que han sido adjudicados por Proinversión y otros que próximamente sean convocados por esta entidad.

En marzo de este año, el Minem publicó la Resolución Ministerial 104-2024-Minem, que aprueba las medidas administrativas en los que corresponde realizar proceso de consulta previa en el subsector electricidad.

A la fecha está pendiente la publicación de los lineamientos para la identificación de pueblos indígenas u originarios y demás etapas del proceso de consulta previa que sean necesarias para implementar y conducir este proceso.

Hoy en el sector eléctrico no se cuenta con experiencias de este tipo, lo cual podría generar un impacto negativo en el desarrollo del Plan de Transmisión y Distribución, cuyo retraso es evidente.

PROPUESTAS:

Emitir la normativa complementaria a la Resolución Ministerial 104-2024-Minem y otras que el Minem considere necesarias para garantizar que la consulta previa se desarrolle de manera predictible, dentro de plazos razonables, con requisitos racionales.

Revisar las funciones de las entidades que participan en la consulta previa para evitar duplicidad de funciones y posibles discrepancias en las competencias de estas.

Garantizar los recursos humanos y presupuestales al Minem para que efectúe la consulta previa, dentro de plazos razonables.

6. Implementar plan de transmisión del sector eléctrico

PROBLEMAS:

La dinámica del sector eléctrico se encuentra determinada por su plan de transmisión, el cual no se viene ejecutando adecuadamente, principalmente por entrampamientos de índole burocrático (duplicidad de funciones y etapas de los procesos, plazos excesivos, entre otros) en los procesos de promoción de la inversión privada. Ello genera debilitamiento del sistema de transmisión, incertidumbre en la inversión, aumento de costos al consumidor final y problemas de suministro o elevación de precios por congestión.

En 2023, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) redujo el retraso recurrente que existía en la ejecución del plan de transmisión del sector eléctrico, completando la concesión de los diez proyectos de transmisión eléctrica encargados por el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Así, se culminó con los encargos del Plan de Transmisión 2021-2030 y otros pendientes y se programó para el presente año la licitación de los proyectos del Plan de Transmisión 2023-2032.

PROPUESTAS:

Realizar una revisión integral de la normativa para las obras que se requieren en la atención de servicios básicos como es el sistema eléctrico y dentro de lo posible crear un marco normativo ad hoc.

7. Reactivar el proyecto de la Interconexión de Loreto al SEIN59

PROBLEMAS:

Loreto adolece de un sistema eléctrico confiable, eficiente y continuo para satisfacer las necesidades eléctricas de su población. La triple frontera con Ecuador, Colombia y Brasil se encuentra energéticamente aislado del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

La capacidad de generación de electricidad debe ser suficiente para satisfacer la demanda actual y futura de la región. Solo la capital loretana tiene 68 megavatios de demanda de energía eléctrica. En casi todo Loreto se usa plantas térmicas que son contaminantes para generar energía.

PROPUESTAS:

Retomar el proyecto de la Interconexión de Loreto al SEIN, que aumentaría la capacidad de oferta eléctrica de 150 a 300 megavatios. Así pues, este proyecto contribuirá con el cierre de brechas y desarrollo productivo.

59 Propuesta alcanzada por la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto.

8. COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Se presentan propuestas para impulsar el comercio exterior mediante las zonas económicas especiales (ZEE) y la implementación del Plan Nacional de Servicios e Infraestructura Logística de Transporte a 2032, así como propuestas para incrementar el turismo regional. Se plantea concesionar el Tercer Grupo de Aeropuertos, impulsar corredores turísticos y concesionar el Centro de Convenciones de Lima para impulsar el turismo de reuniones.

8.1 COMERCIO

1. Mantener las Zonas Económicas Especiales

PROBLEMAS60:

Falta de infraestructura complementaria para las Zonas Económicas Especiales (ZEE) con puertos o aeropuertos.

Es importante recordar que las ZEE buscan mejorar la prosperidad de la región donde se ubican, reducir las barreras logísticas, estimular la economía, reducir la tasa de desempleo, propiciar la expansión en infraestructura y el desarrollo de nueva tecnología.

PROPUESTAS:

Dotar de infraestructura a los corredores logísticos asociados a las ZEE para dinamizar la economía de la región (por ejemplo, comercio, manufactura).

Delimitar zona económica especial de Chancay.

2. Acelerar la implementación del plan de infraestructura logística y la elaboración del plan infraestructura aeroportuaria

PROBLEMAS:

La falta de infraestructura adecuada y sistemas logísticos modernos impide el flujo eficiente de bienes y servicios, aumentando los costos y tiempos de transporte.

Los sistemas de transporte en el Perú enfrentan problemas de conectividad y eficiencia, limitando el desarrollo económico y la integración con mercados regionales y globales.

El Perú se ubica en el puesto 80 del Índice de Infraestructura Logística a nivel mundial, muy por detrás de Chile (63), Colombia (59) y Brasil (47).

PROPUESTAS61:

Acelerar la ejecución del Plan Nacional de Servicios e Infraestructura Logística de Transporte a 2032, que busca la integración del sistema logístico nacional y diversificar el sistema modal de carga.

60 ComexPerú (2023). «Zonas Económicas Especiales: altas expectativas, bajos resultados».

61 Propuestas alcanzadas por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) y Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.

Priorizar obras como el antepuerto del Callao y el establecimiento de la red de truck centers, que son clave para mejorar la fluidez y accesibilidad terrestre a los principales nodos logísticos.

Acelerar la culminación de este instrumento de mediano y largo plazo que permitirá al Estado peruano, asegurar que se proporcione un sistema nacional de aeropuertos seguro, eficiente y medioambientalmente sostenible, usando los recursos disponibles de la manera más eficientemente posible.

El foco del plan debería estar en la conectividad interregional, considerando los aeropuertos regionales, la integración ciudad-aeropuerto, entre otros.

Implementar el Port Community System (PCS) en el puerto de Callao, posteriormente en Paita y otros puertos. Previamente, se debe definir el modelo de negocio y modelo tarifario. Asimismo, el PCS debe estar conectado con el futuro antepuerto del Callao.

Publicar los reglamentos actualizados de las leyes de puertos y cabotaje recientemente modificadas para proporcionar un marco claro y transparente que guíe las operaciones portuarias y de transporte marítimo nacional.

Asegurar una competencia justa y equitativa entre los puertos de Callao y Chancay, es crucial nivelar el tratamiento regulatorio entre ambos, promoviendo la desregulación en áreas clave.

Esto implica eliminar barreras innecesarias y simplificarlos procesos administrativos que actualmente pueden favorecer a uno sobre el otro. Una competencia equilibrada incentivará mejoras en la infraestructura, servicios y tarifas, beneficiando a los usuarios y contribuyendo al desarrollo económico de la región.

Foto: MTC - Terminal Portuario del Callao Muelle Sur.

8.2 TURISMO

3. Concesionar el Tercer Grupo de Aeropuertos

PROBLEMAS:

Ineficiencia en la operación y mantenimiento de los aeropuertos administrados por la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac).

El movimiento de pasajeros por aeropuertos concesionados a Aeropuertos del Perú (AdP) y Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) en 2023 ya superó en 11,7% y 0,2% el nivel de 2019, respectivamente.

Solo los aeropuertos administrados por Corpac registraron un resultado negativo en 2023: el movimiento de pasajeros fue 23,4% por debajo de 2019.

El aeropuerto de Jaén, administrado por Corpac, estuvo cerrado de enero a julio de 2023. Reabrió en julio y volvió a paralizar operaciones por deficiencias en la pista de aterrizaje.

El aeropuerto de Jaén movilizó 283.672 pasajeros en 2019. Hoy permanece cerrado.

Las regiones con mejor infraestructura y conectividad reportan ingresos por turismo hasta tres veces superiores a los de regiones menos conectadas62 .

El turismo no recupera aún su nivel prepandemia.

El turismo interno se recuperó 76,5% en 2023 respecto de 2019, mientras que el turismo receptivo solo 57,7%.

Foto: MTC – Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

PROPUESTAS63:

Concesionar el Tercer Grupo de Aeropuertos regionales, que comprende la modernización, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento de los terminales aéreos ubicados en Jaén, Huánuco, Jauja, Ilo, Rioja, Chimbote y Yurimaguas, así como también la operación y mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Chinchero del Cusco.

Impulsar la eficiencia, conectividad, oportunidades de desarrollo descentralizado y la recuperación del turismo.

Recuperar más de un millón de pasajeros que se movilizaron por los aeropuertos administrados por Corpac en 2019.

Consolidar e impulsar el crecimiento del transporte de pasajeros vía aérea.

Garantizar el cumplimiento de indicadores de servicio de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), en beneficio de los turistas nacionales y extranjeros.

Recuperar agencias de viaje y turismo que quebraron en Jaén por inoperatividad del aeropuerto. Así, 62 millones de soles anuales se generarían en la región, con el adecuado funcionamiento del aeropuerto, según la Cámara de Comercio de Jaén.

Es esencial agilizar la revisión de los expedientes técnicos de modernización de los aeropuertos regionales para no afectar la competitividad y eficiencia de la infraestructura aeroportuaria en las regiones. En la misma línea, la falta de modernización de la Dirección de Aeronáutica Civil impide una gestión eficiente de los expedientes técnicos, lo que provoca largos tiempos de espera y retrasos en la implementación de mejoras cruciales para la infraestructura aeroportuaria, impactando negativamente el desarrollo económico y la conectividad regional64.

EL DATO

El Tercer Grupo de Aeropuertos beneficiará a 3,6 millones de pasajeros y representa una inversión preliminar de US$ 220 millones65.

63 Propuesta alcanzada por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

64 Información proporcionada por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

65 Proinversión (2014). «Concesión de aeropuertos regionales se encuentra en fase de formulación».

4. Concesionar el Centro de Convenciones de Lima para impulsar el turismo de reuniones

PROBLEMAS:

El Centro de Convenciones de Lima (CCL) fue terminado de construirse en 2015, pero aún no cuenta con un concesionario que lo opere y promueva el desarrollo de eventos nacionales e internacionales en este recinto con capacidad para más de 10.000 personas.

El turista de reuniones gasta 50% más que el turista vacacional. El gasto diario promedio de un delegado de reuniones extranjero asciende a 1.139, según el Estudio de Impacto Económico del Turismo de Reuniones en el Perú (2020).

La cuota de mercado de los centros de conferencias asciende a 13% en América

Latina, inferior al promedio mundial (20%), debido a la falta de lugares adecuados, según Jones Lang LaSalle IP.

De 913 eventos asociativos internacionales, el Perú obtuvo una participación del 11,4% (104 eventos), lo que evidencia un potencial de mercado por captar, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

PROPUESTAS66:

Realizar seguimiento del concurso para la operación y mantenimiento del Centro de Convenciones de Lima (CCL), a cargo de Proinversión.

El 30% de los turistas de reuniones realizan pre y post tours. Además, el 40% de los viajeros de reuniones regresan al destino por turismo.

Se aceleraría la recuperación del ingreso de divisas por turismo receptivo. A 2023, falta recuperar 1.178 millones de dólares por este concepto.

Evaluar contar con una nueva sede para la base de operaciones de los Juegos Panamericanos Lima 2027, en lugar de utilizar el Centro de Convenciones de Lima, puesto que genera graves problemas al limitar el desarrollo de otros eventos en este recinto.

A la fecha, ya hay dos eventos de 2.000 participantes extranjeros que corren el riesgo de no realizarse en el Perú, según el Mincetur.

66 Propuestas alcanzadas por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

5. Impulsar ejes y corredores turísticos regionales

PROBLEMAS:

El desarrollo turístico en algunas regiones del Perú se ve limitado por la falta de infraestructura adecuada, incluyendo el acceso a servicios básicos y transporte.

Muchas áreas con potencial turístico están aisladas debido a la falta de conectividad adecuada, lo que dificulta el acceso de los turistas (tiempo y costo) y reduce el interés en estas zonas.

Algunas regiones presentan una menor afluencia de visitantes, como Ayacucho (0,9% del total nacional).

El Perú se encuentra en el puesto 62 de 119 en el Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo 2024 del Foro Económico Mundial. Muy por detrás de países como Brasil (26), México (38), Argentina (49) y Colombia (50).

Algunos indicadores en los que el Perú tiene un menor desempeño tienen que ver con la infraestructura, servicios de transporte y seguridad.

Muchos corredores turísticos con potencial no están posicionados en el mercado internacional.

PROPUESTAS67:

Utilizar la modalidad de Obras por Impuestos para involucrar al sector privado en el desarrollo de infraestructura turística, como carreteras, servicios básicos y mejoras en áreas de interés turístico.

Desarrollar infraestructura de apoyo, como terminales de carga aérea y también la construcción de corredores ferroviarios a ciudades priorizadas del territorio peruano para facilitar el transporte de mercancías, impulsar el turismo y fomentar el comercio exterior.

Activar ejes turísticos intrarregionales a fin de dinamizar la economía local a través de la creación de empleos y el aumento de los ingresos por turismo.

Crear un mecanismo de coordinación entre los actores públicos y privados que participan en el desarrollo del corredor.

En estos espacios se podría plantear un plan de desarrollo integral para los corredores.

Desarrollar circuitos turísticos que contribuyan a diversificar el turismo peruano, como: El circuito Lima-Ayacucho-Cusco-Puno, por vía aérea y terrestre.

El corredor Uyuni-Puno-Arequipa-Cusco-Apurímac. Promocionar los corredores turísticos en los mercados internacionales.

67 Propuestas alcanzadas por la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, la Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción de Ayacucho, la Cámara de Comercio del Cusco, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Áncash.

9. MIPYME

Se presentan propuestas para simplificar los trámites por los que pasan las mipymes. Asimismo, se propone impulsar las compras públicas, los encadenamientos productivos y la homologación de proveedores mipymes en nuevos sectores.

1. Simplificación administrativa de mipymes

PROBLEMAS:

Excesiva e impredecible burocracia con trámites que toman demasiado tiempo.

Las barreras burocráticas impactan negativamente en la reactivación y crecimiento de las mype formales, convirtiéndose también, en una traba para el tránsito hacia la formalización empresarial. En 2023, Indecopi identificó 4.720 barreras ilegales y/o carentes de razonabilidad68. Estas barreras significando un costo a los agentes económicos de 117 millones de soles.

Las municipalidades distritales impusieron 1.125 barreras, generando sobrecostos principalmente a los sectores de comercio, restaurantes, servicios y transporte.

Las mipymes son sujetos de discrecionalidad y normas irracionales que no les permiten operar y crecer. Esto se comprueba con el cierre de sus establecimientos o imposición de multas absurdas o en la emisión de ordenanzas municipales excesivas.

Una bodega con productos de subsistencia con una iluminaria, un equipo de frío y algunos equipos pequeños que no implican gran cantidad de consumo energético, en condiciones similares a una residencia, se le exige tener un pozo a tierra como si fuera un comercio de mediana estructura69.

Según un estudio de Ipsos por encargo de Apoyo Consultoría y Backus70, después de la inseguridad y la corrupción, el "cierre del local (abuso de autoridad)" es un problema grave para los emprendedores de Lima Metropolitana. En 2023, el 22% de las bodegas encuestadas señaló que ha experimentado una inspección arbitraria.

PROPUESTAS:

Análisis de los permisos por los que debe transitar una mipyme en todo el ciclo de negocio. Hay que determinar lo que es necesario. Este esfuerzo debe ser continuo y permanente.

Reducir la capacidad de los municipios para paralizar actividades económicas y exigirle requisitos para su funcionamiento. Revisar el alcance de sus competencias en la Ley Orgánica de Municipalidades en torno al cierre de establecimientos comerciales.

Incentivar un ambiente de negocios, reducir los procedimientos administrativos, y difundir de información relacionada a los regímenes tributarios y sus beneficios son importantes para reducir la informalidad.

86,7% de las micro y pequeñas empresas operaron en la informalidad durante 202271.

68 Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) (2023). «Impacto económico de la imposición de barreras burocráticas en el Perú 2023».

69 Asociación PYME Perú.

70 Diario Perú 21 (2023). «La inseguridad y corrupción limitan desarrollo de mypes».

71 ComexPerú (2023). «Número de mypes supera el nivel prepandemia, pero informalidad continúa en aumento».

2. Compras públicas

PROBLEMAS:

El sector de la micro y pequeña empresa se encuentra golpeada por la falta de crecimiento de la economía del país. Si bien el gobierno ha dispuesto medidas para la reactivación del sector, en los últimos años miles de empresas han quebrado, cerrado o transitaron hacia la informalidad.

Esta situación se agudiza, además, por los problemas estructurales del sector y la coyuntura económica y política.

PROPUESTAS:

Se requiere impulsar un plan de reactivación de las mypes para frenar la crisis del sector, y contribuir con la recuperación del crecimiento del PBI nacional. Uno de los componentes del plan de reactivación se refiere a las compras públicas.

Las compras públicas, a través de los núcleos ejecutores, deberán incluir: 1) cláusulas de transparencia y anticorrupción, 2) fichas técnicas y expedientes accesibles, 3) equipos técnicos y administrativos con la experiencia necesaria en la modalidad de núcleos ejecutores de compras (NEC).

Se exhorta al Ejecutivo el cumplimiento del artículo 8, «promoción de la demanda», del reglamento de la Ley 1414, para identificar un mecanismo de seguimiento de las gestiones permanentes de promoción que realiza ante las entidades públicas.

3. Encadenamientos productivos72

PROBLEMAS:

El tejido empresarial peruano se caracteriza por estar concentrado en microempresas informales y poco productivas que reúnen a una gran parte de la fuerza laboral (+70%) y que son fuente importante de los ingresos de los hogares peruanos. Estas tienen bajos niveles de encadenamiento con empresas medianas o grandes. Además, enfrentan otras barreras en cuanto al crecimiento, relacionadas con su condición de informalidad, como el bajo acceso a financiamiento, innovación y fuerza laboral.

Asimismo, este tejido empresarial está geográficamente agrupado en Lima, lo que responde a la ausencia de una visión de desarrollo territorial y descentralizado por parte del Estado.

72 Liendo, C. (2022). «Propuestas de política hacia un tejido empresarial sostenible e inclusivo que permita alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030».

PROPUESTAS:

Fomentar el encadenamiento productivo a través de la atención del bajo nivel de valor agregado en los productos y servicios del sector micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y la promoción de formación de clústeres sectoriales de innovación abierta en las regiones, considerando sus potencialidades.

4. Homologación de proveedores mipymes en nuevos sectores

PROBLEMAS:

Según la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), en 2022, la tasa de informalidad de las micro y pequeñas empresas (mypes) en el Perú fue de 86,7%.

Según el Ministerio de la Producción (Produce), se estima que las microempresas aportarían apenas 5,6% del valor agregado nacional en 2022. Esto debido, entre otras razones, a la limitada productividad que presenta este segmento empresarial, la falta de mano de obra especializada y la informalidad de sus contratos con clientes y proveedores73.

PROPUESTAS:

Acelerar la implementación de la Medida de Política 6.2 del Plan Nacional de Competitividad y Productividad: Homologación de proveedores mipymes en nuevos sectores. Para desarrollar una estrategia para el fortalecimiento de las mipymes, las cuales son proveedoras de los sectores minería, alimentos, metalmecánica, textil, confecciones, mediante la homologación de sus productos.

Se propone implementar mecanismos de certificación de productos manufactureros en alianza con el Instituto Nacional de Calidad (Inacal) y otros a nivel internacional.

Propuestas de política hacia un tejido empresarial sostenible e inclusivo en el marco de la Agenda 2030

LUCHA CONTRA LA INSEGURIDAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO

10. ECONOMÍAS ILEGALES

11. SEGURIDAD CIUDADANA

12. MERCADO LABORAL

13. SISTEMA DE PENSIONES

10. ECONOMÍAS ILEGALES

Se presentan propuestas para la lucha contra la inseguridad ciudadana y el avance de las economías ilegales. Se plantea el fortalecimiento las instituciones involucradas (por ejemplo, OEFA, Sunat, Sucamec, SBS) en la trazabilidad y fiscalización de los eslabones de las cadenas de valor de cada una de estas economías, así como también una mayor presencia de las fuerzas del orden en zonas críticas.

1. Erradicar la minería ilegal

PROBLEMAS:

Extensión: La minería ilegal se presentó en 25 millones de hectáreas del territorio y el problema se ha extendido tanto que esta actividad se encuentra en 21 regiones del Perú, lo que pone en riesgo no solo la vida de las 600.000 personas que participan de manera directa e indirecta, sino también de toda la población, dada las actividades ilegales conexas (narcotráfico, trata de personas, extorsión, robo de tierras, homicidio, tala ilegal). La presencia de redes criminales facilita el contrabando.

Crecimiento: Es una actividad que se ha extendido rápidamente impulsada por el alza del precio del oro en el mercado internacional, el cual se ha duplicado en los últimos quince años (ver figura 10). En la actualidad, se exporta más oro del que se produce formalmente. La producción de oro ilegal creció su producción siete veces de 2005 a 2023, en línea con el incremento de su cotización.

Los destinos de exportación de oro han cambiado en la última década. Antes se exportaba a Suiza y Estados Unidos el 63%, y en la actualidad es 28%. La exportación de oro a India y Emiratos Árabes Unidos aumentó ocho veces en diez años, teniendo ahora una participación de 38% (ver figura 12).

El total de oro ilegal que se exporta del Perú supera el oro formal de Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Brasil (ver figura 13).

En el Perú no se conoce el origen del 44% de la exportación de oro.

10

Evolución de la cotización diaria promedio de oro por año (US$/Oz.tr.) 1995-2022

Fuente: Ministerio de Energía y Minas.

Elaboración: CONFIEP.

FIGURA

FIGURA 11

Evolución de la cotización de oro por mes (LME US$/Oz.tr.) 2023-2024

Variación ene-abr 2024/2023: +12%

Fuente: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Nota: Este gráfico se ha armado utilizando la data de los boletines mensuales de la SNMPE https://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones/boletin-estadistico-mensual/mineria.html LME = London Metal Exchange

FIGURA

12

Origen y destino de las exportaciones de oro de países de Sudamérica 2023

Fuente: Asociación de Exportadores (Adex), Data Trade, Datasur, Banco Central de Ecuador, MMM Bolivia, Trademap. Elaboración: Instituto Peruano de Economía (IPE).

Nota: - En paréntesis se muestra la participación de los orígenes del oro hace 10 años.

- EAU: Emiratos Árabes Unidos.

- Otros incluye Italia, Turquía, Bélgica, Francia, Alemania, China, entre otros.

FIGURA 13

Exportaciones de oro procedentes de la minería ilegal (millones de dólares por porcentaje del oro exportado)

% de oro

Fuente: IPE para el Perú (2023); Contraloría General de Colombia (2022); UFMG para brasil (2023); Ojo Público para Bolivia(2023); Transparencia Venezuela (2019); y Global Initiative against Transnational Organized Crime para Eduador (2016)

Elaboración: Instituto Peruano de Economía.

Nota: El valor de las exportaciones de oro ilegal se calculó a partir de los porcentajes estimados para diferentes años y el valor de las exportaciones de oro del 2023

Consecuencias para los trabajadores: Las personas que se dedican a la minería ilegal son sujetos a explotación, además no cuentan con protección social ni beneficios laborales. Además, no se les brinda las medidas de seguridad adecuadas para laborar en una actividad de explotación. Existe trabajo infantil y trabajo forzoso. Asimismo, estas personas no forman parte de la base tributaria, por lo que no pagan impuestos.

Costos: Se estima que supera los 4.000 millones de dólares, generando más dinero que el narcotráfico. Considerando costos directos e indirectos, la minería no formal alcanza un valor anual de 6.000 millones de dólares, equivalente a una pérdida de 2,5% del PBI (ver figura 14).

FIGURA 14

Distribución de costos directos e indirectos anuales generados por la minería no formal de oro 2022

Valor de producción

Costo ambiental Pérdida de productividad

Salarios (directos e indirectos)

Costo fiscal

Fuente: V&C Analistas.

Elaboración: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Impacto en los bosques: En los últimos cinco años, la minería ilegal ha deforestado más de 120.000 hectáreas en Brasil, Perú, Colombia y Ecuador.

Falta de capacidades institucionales para la lucha contra la minería informal: La Ley de Descentralización encargó la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (mape) a los gobiernos regionales, los cuales no cuentan con los recursos necesarios, presentan una alta rotación de personal. Además, sus esfuerzos están condicionados a la voluntad política de erradicar la minería ilegal.

De cada 100 soles que se presupuesta para «orden y seguridad» en el Perú, únicamente se destina 50 céntimos para luchar contra la minería ilegal.

2. Erradicar el narcotráfico

PROBLEMAS:

Superficie: Según la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida)74 , de 2018 a 2022, se registró un crecimiento de 76% de la superficie cultivada con arbusto de hoja de coca en producción. Es decir, se pasó de 54.134 a 95.008 hectáreas.

74 Devida (2023). «Perú: monitoreo de cultivos de coca 2022».

Dinero ilegal: Se estima que al año el narcotráfico representa un costo de 8.500 millones de dólares75

Escáneres: Demora en la instalación de escáneres para detección de mercadería ilegal (han pasado tres años desde que se lanzó). La Sunat está en proceso de desarrollar el Programa Fronteras Smart, que incluye la instalación de cuatro escáneres de alta energía (dos en Callao, uno en Tacna y uno en Paita).

Interceptación: Prohibición de Estados Unidos para realizar actividades de interdicción a aeronaves sospechosas. La prohibición incluía también el acceso a equipamiento, radares y financiamiento. A mediados de 2023 se levantó la prohibición.

Pistas de aterrizaje: Presencia de pistas de aterrizaje ilegales en zonas protegidas pone en riesgo la vida de comunidades indígenas, además de deforestar bosques (ver figura 15).

Fuente: Portal Mongabay https://es.mongabay.com/2024/03/pistas-clandestinas-cultivos-ilicitos-reserva-indigena-kakataibo-peru/

De 2017 a 2021, la producción ilegal de cocaína creció 63%, pasando de 533 a 869 toneladas76. EL DATO

75 Cedro (2016). «Impacto del narcotráfico en el Perú».

76 Devida (2022). «Informe sobre la situación del tráfico ilícito de drogas 2021-Perú».

FIGURA 15

Pista de aterrizaje ilegal en Reserva Indígena Kakataibo

Foto: Aidesep.

PROPUESTAS:

Fortalecer el orden interno y seguridad nacional:

Mayor presencia del Estado en zonas fronterizas y asoladas por la minería ilegal. Incrementar puestos de control y presencia policial en zonas de presencia de minería ilegal.

Incrementar acciones multisectoriales coordinadas entre la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) y el Ministerio del Interior (Mininter) para la recuperación del orden interno y lucha contra la minería ilegal.

Considerar a la minería ilegal como una amenaza a la seguridad nacional. Implementar una dirección especializada contra la minería ilegal en el Mininter, que conduzca acciones de inteligencia e investigación.

Fortalecer el proceso de autorización para la adquisición, transporte y uso de explosivos a mineros en vía de formalización, así como la fiscalización de los mismos y un procedimiento de trazabilidad.

Mejorar el marco normativo y político77

Diseñar y aprobar la Política Nacional y Plan de Lucha contra la Minería Ilegal. Eliminar aplicación de i) principio de oportunidad, por el cual el fiscal puede abstenerse de ejercer la acción penal y ii) exención de responsabilidad a inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), por la cual aquellos mineros registrados no pueden ser procesados por el delito de minería ilegal (Decreto Legislativo 1102).

Concluir el proceso de formalización y cerrar definitivamente el Reinfo.

Fortalecer las instituciones.

Implementar intervención conjunta de Osinergmin, OEFA, Sunafil y Sunat en supervisión y fiscalización para verificar el cumplimiento de requisitos en la Minería Artesanal y en Pequeña Escala (MAPE).

Fortalecer mecanismos de alerta y respuesta inmediata ante operaciones sospechosas de lavado de activos detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Fortalecer al Ministerio de Energía y Minas para que, de manera temporal y extraordinaria, asuma competencias respecto a los procedimientos vinculados a la MAPE formal, y asuma hasta su culminación los procedimientos vinculados a la formalización minera, aspectos hoy a cargo de las direcciones regionales de Energía y Minas.

Mayor trazabilidad y fiscalización de los eslabones de la cadena de valor de minería ilegal.

77 Propuesta alcanzada por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y la Cámara de Comercio de La Libertad.

Fortalecer a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) para una mayor trazabilidad y fiscalización de insumos clave (explosivos)78.

Fortalecer a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para una mayor trazabilidad de los fondos que ingresan al sistema financiero formal79 .

Fortalecer a la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) y a las direcciones regionales de energía y minas (DREM) para una mayor trazabilidad y fiscalización de las plantas de beneficio que en la actualidad reciben minerales de procedencia ilegal.

Crear el Sistema Nacional de Trazabilidad aplicable a toda la cadena productiva del oro.

Fortalecer el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (Recpo). Crear un sistema nacional que establezca la obligatoriedad de obtener certificados en toda la cadena productiva (extracción, transporte, procesamiento, comercialización).

Brindar asistencia técnica a la MAPE para la adopción de nuevas tecnologías que aumenten el rendimiento y la recuperación de mineral.

Aplicar salvaguardas para prevenir los impactos socioambientales de la minería informal.

Fortalecer la fiscalización a plantas de beneficio.

Controlar los puntos críticos del comercio e insumos de las economías ilegales, así como mejorar el control en fronteras y carreteras. Toneladas de minerales y madera extraídas ilegalmente transitan por el país con mínimos niveles de control.

Acelerar la instalación de escáneres en puertos para detección de mercadería ilegal. En 2023, se avanzó con la adaptación de los procedimientos aduaneros en el marco del Programa Fronteras Smart.

Reactivar los vuelos de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para interceptar avionetas con cargamentos de cocaína y oro ilegal. El Gobierno peruano firmó un acuerdo de cooperación con Estados Unidos para reanudar actividades de interdicción no letal contra aeronaves sospechosas por narcotráfico. Si bien el acuerdo con Estados Unidos es para realizar operaciones no letales, la normativa nacional, Ley 30339, permite el derribo de aeronaves declaradas hostiles como último recurso.

Tener un mayor control de los insumos que sirven para la minería ilegal, como explosivos y mercurio, y el narcotráfico, entre otros.

78 Energiminas (2024). «Víctor Gobitz: La Sucamec (explosivos) y la SBS (trazabilidad de fondos) deben jugar un importante rol en la lucha contra la minería ilegal. Declaración del presidente de la SNMPE».

79 Energiminas (2024). «Víctor Gobitz: La Sucamec (explosivos) y la SBS (trazabilidad de fondos) deben jugar un importante rol en la lucha contra la minería ilegal. Declaración del presidente de la SNMPE».

11. SEGURIDAD CIUDADANA 80

Se presentan propuestas para fortalecer la seguridad ciudadana en el país. Se propone masificar los centros de flagrancia, implementar sistemas integrados de información, impulsar los mecanismos de Obras por Impuestos y Asociaciones Público-Privadas, reforzar las acciones de inteligencia e implementar el reconocimiento facial en los centros comerciales.

80 Estas propuestas han sido trabajadas con CONFIEP, CAPECO, ADEX, SNI, CCL, FTCCP, CGTP.

1. Masificar la implementación de centros de flagrancia

PROBLEMAS:

Denuncias: Las denuncias por comisión de delito casi se han triplicado en los últimos diez años, pasando de 268.000 en 2013 a 687.000 en 202381. Del 100% de delincuentes que detiene la Policía Nacional del Perú (PNP), solo el 5% termina en las cárceles82.

Tiempos e instancias: Uno de los principales problemas es que el proceso que se sigue tras una detención en flagrancia es largo: 1) comisaría, 2) examen médico legal, 3) exámenes de criminalística, 4) fiscalía de turno, 5) requisitorias, 6) Poder Judicial, 7) audiencia y 8) traslado al penal. En total, puede transcurrir hasta 21 meses para la culminación del proceso, lo que implica un costo unitario de 12.105 soles (ver figura 16).

Despachos especializados: Se requiere de más despachos especializados de proceso inmediato que integren al Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública y PNP, para que interactúen en un solo lugar para la tramitación oportuna de los hechos delictivos en flagrancia. En la actualidad, solo existen tres unidades modelo de flagrancia, además de las seis unidades piloto. Se estima que, por lo menos, se necesita 47 para el próximo año.

FIGURA 16

Instituciones y tiempos que se debe seguir tras un delito flagrancia

Detención en Flagrancia Surco

Comisaría PNP

Mateo Pumachua Examen

hora

Remite inves�gación Fiscalía de

Incoación ante el PJ

Audiencia única de Incoación de proceso inmediato

Traslado al Penal INPE

Fuente: PPT del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Minjus “Unidades de Flagrancia. Justicia tardía, no es justicia”.

81 Boletín Estadístico de la Policía Nacional del Perú 2023.

82 Diario Gestión (2023). «Romero: Del 100% de delincuentes que detiene la PNP, solo el 5% termina en las cárceles».

PROPUESTAS:

Implementar centros de flagrancia: Acelerar la implementación de centros de flagrancia (mediante la Ley de Contrataciones o el mecanismo de Obra por Impuestos) para administrar justicia en cortísimo tiempo, lo que le ahorraría al Estado ingentes sumas de dinero en gastos, descongestionando el sistema judicial.

El costo unitario por proceso penal pasaría de 12.105 a 515 soles. Un ahorro de 11.590 soles.

Los plazos de los procesos se reducirían a 24 horas.

Protocolos estandarizados: Contar con un protocolo de actuación interinstitucional óptimo y procurar el uso de medios tecnológicos para una mejor operatividad en la solución de problemas. Se debe evaluar la legislación vigente para obligar que todas estas instituciones actúen de manera coordinada en estos espacios.

2. Institucionalizar la creación de un grupo de trabajo de alto nivel

PROBLEMAS:

Consejo de Estado: No tiene una periodicidad definida para sesionar y solo se activa cuando la presidencia convoca a reunión para abordar un tema coyuntural específico. Además, no cuenta con la participación del sector privado ni de los trabajadores. Por último, no vemos que el Consejo de Estado de cuenta de sus reuniones ni que se haga un seguimiento a los acuerdos.

Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec): Su última reunión fue en enero de 2024, cuando se tomaron acuerdos que no se transformaron en mejoras en la seguridad ciudadana. De igual manera, no se cuenta con la participación del sector privado ni de los trabajadores. Por el contrario, hay un número excesivo de actores, algunos sin tener un papel en la lucha contra la delincuencia. Además, solo se reúne cuatro veces al año, cuando debería reunirse, al menos, mensualmente para monitorear los avances.

Sindicatos de trabajadores y gremios empresariales están unidos, pero hace falta generar una mayor articulación con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para abordar los problemas generados por la inseguridad y aportar propuestas.

PROPUESTAS:

Grupo de alto nivel: Crear una mesa de trabajo al más alto nivel que esté liderada por la presidenta de la República y cuente con los principales actores: sector privado, sindicatos de trabajadores, Ministerio del Interior (Mininter), Ministerio de Defensa (Mindef), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Fiscalía y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Las reuniones deben de ser, al menos, una vez al mes para monitorear los resultados de los acuerdos tomados, los cuales deben ser anunciados a la población.

BUENAS PRÁCTICAS: Gremios empresariales y sindicatos unidos contra la inseguridad ciudadana

El 19 de diciembre de 2023 los sindicatos de trabajadores y los gremios empresariales marcharon unidos para demandar a las autoridades soluciones a la inseguridad. Meses después, el 22 de marzo de 2024, ambos actores se reunieron con la presidenta Dina Boluarte, y tomaron acuerdos. El 27 de marzo de 2024 se realizó otra reunión en seguimiento.

En conjunto, se enviaron dos cartas a la presidenta Dina Boluarte (el 19 de diciembre de 2023 y el 10 de mayo de 2024), compartiendo propuestas para actuar frente a la inseguridad. A la fecha, no se cuenta con un plan con acciones concretas en el plazo inmediato.

Foto: CONFIEP - Marcha "El Perú unido contra la delincuencia y por la paz".

3. Implementar sistemas integrados de información

PROBLEMAS:

Sistema de información: En acciones de control en 16 comisarías en el Callao, la Contraloría General de la República (CGR) encontró que casi media decena de comisarías no tiene acceso al Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados ni al Registro de Información Migratoria. Muchas de estas comisarías tampoco cuentan con mapas de geolocalización de víctimas con medidas de protección83.

Gobernanza de los datos: Hasta hace tres años, más del 90% de los sistemas de información no contaban con documentación técnica de respaldo que garanticen la seguridad de la información.

Personal especializado: Hay un déficit de personal técnico capacitado para brindar soporte a nivel nacional, así como de personal especializado que permita contar con servicios propios de Software Factory para el desarrollo de sistemas y aplicaciones específicas basadas en big data, inteligencia artificial, realidad aumentada, analítica predictiva, entre otras84 .

PROPUESTAS:

Sistema integrado de información: Implementar un sistema de información integrado, que se administre en una sola plataforma tecnológica, y que cuente además con el 100% de los sistemas informáticos debidamente documentados (registro de detenidos, sentenciados, información migratoria, entre otros) y con adecuados niveles de seguridad informática85

Sistema de videovigilancia: Implementar en el corto plazo sistemas de seguridad con videovigilancia integrados entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y los gobiernos regionales y locales focalizado para la población de zonas urbanas con mayor incidencia delictiva86 .

Sistema de investigación criminal: Implementar en el corto plazo el Sistema de Información de Investigación Criminal Policial Integrado87 .

83 El Comercio (2024). «Sin planes de patrullaje ni acceso a sistemas policiales: así operan las comisarías del Callao».

84 Policía Nacional del Perú (2021). Plan Estratégico de Capacidades de la Policía Nacional del Perú a 2030 Mariano Santos Mateos.

85 Policía Nacional del Perú (2021). Plan Estratégico de Capacidades de la Policía Nacional del Perú a 2030 Mariano Santos Mateos.

86 Resolución Directoral 001-2023-IN-DGSC.

87 Ministerio del Interior (2022). Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2026.

4. Ejecutar obras públicas mediante Obras por Impuestos y Asociaciones Público-Privadas

PROBLEMAS88:

Obras paralizadas: En 2023, el costo de las obras paralizadas a cargo del Ministerio del Interior (Mininter) representan el 80% respecto al costo total de las obras de su cartera.

En promedio, los proyectos generaron un sobrecosto de 20%, respecto al costo inicial. En algunos casos, el sobrecosto llegó a ser el doble del costo inicial. Los plazos de los procesos se reducirían a 24 horas.

Capacidad de ejecución: En 2023, el promedio de días de retraso para la culminación de proyectos en ejecución física fue de 892 días.

Hacinamiento en cárceles: Según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), hay 94.820 internos y el Perú cuenta con una capacidad de albergue para 41.00089

Comisarías: Existe una alta incidencia de delitos en áreas urbanas; y falta de recursos eficientes para la vigilancia y respuesta rápida. Esta coyuntura se explica en la baja tasa de comisarías equipadas correctamente. A nivel nacional, existen 1.323 comisarías básicas, de las cuales solo un tercio se encuentran en buen estado. En 2020, solo el 18% de comisarías contaban con servicios básicos, infraestructura e internet adecuados.

88 Videnza. «Eficiencia en la inversión pública del Gobierno Nacional 2023».

89 Actualidad Empresarial (2024). «INPE: Se trabajará para instalar 500 grilletes electrónicos este año».

Foto: Agencia Andina

PROPUESTAS:

Obras por Impuestos: Mediante Obras por Impuestos (OxI), es posible mejorar el alumbrado público, construir comisarías y equiparlas con sistemas de videovigilancia, modernizar el sistema carcelario nacional e implementar centros de flagrancia.

Proinversión está promocionando una cartera de 24 proyectos por 177 millones de soles, de los cuales 16 de ellos corresponde al Mininter (por 105 millones de soles), la cual incluye el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de las comisarías.

Asociaciones Público-Privadas: Las Asociaciones Público-Privadas (APP) han sido sumamente eficientes en otros países para el abordar el tema de seguridad.

Las construcción y operación y mantenimiento de cárceles.

La implementación de bloqueadores de celulares para evitar las extorsiones.

La implementación del uso de grilletes electrónicos. En la actualidad, solo se usan 52 grilletes90

5. Incrementar el presupuesto y mejorar la calidad de gasto

PROBLEMAS:

Presupuesto: Poco presupuesto para la función de orden público y seguridad. Aun cuando el último incremento asciende casi al 13%, la inseguridad ha avanzado a pasos más agigantados, por lo que se requiere un mayor presupuesto. En 2022, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) era de 12.621,8 millones de soles. En 2023, era de 15.056,3 millones y ahora, en 2024, es de 17.452,6 millones91

Hechos delictivos:

El 27,2% de la población de 15 años a más fue víctima de algún hecho delictivo de julio a diciembre de 2023. Y el 12,5% fue víctima más de una vez. Según la Asociación de Bodegueros del Perú, al menos 13.000 bodegueros en el país han sido blanco de extorsiones y robos.

La inseguridad ciudadana afecta el desarrollo de otras actividades económicas, como el turismo.

EL DATO

De 2013 a 2023, el PIM para la función de orden público y seguridad se duplicó (1,9 veces), pero el número de delitos se triplicó (2,56 veces)92 .

90 Actualidad Empresarial (2024). «INPE: Se trabajará para instalar 500 grilletes electrónicos este año».

91 Ministerio de Economía y Finanzas. Consulta amigable al 19 de junio de 2024.

92 Ministerio de Economía y Finanzas. Consulta amigable al 19 de junio de 2024.

PROPUESTAS:

Se debe mejorar la ejecución y utilización del presupuesto designado para funciones de orden y seguridad:

Brindar desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y/o entidades multilaterales capacitación técnica a las unidades ejecutoras del Ministerio del Interior (Mininter).

Asignar presupuesto según indicadores de resultados para mejorar la asignación de recursos.

Identificar las zonas de peligro más propensas a hechos delictivos, enfocando esfuerzos allí.

Abordar el problema desde un enfoque preventivo.

Identificar alternativas a la prisión preventiva, el cual genera un alto costo para las cárceles.

Replicar y adaptar experiencias de otros países con menor índices de criminalidad.

Asignar mayor presupuesto para el funcionamiento de las unidades de flagrancia.

Se requiere un presupuesto de 211 millones de soles para 2024 y de 98 millones para 202593 .

6. Reforzar la inteligencia con más recursos

PROBLEMAS:

El gobierno no prioriza el presupuesto suficiente para que actúen los servicios de inteligencia especializados en delincuencia común y crimen organizado.

No hay una debida articulación entre Poder Judicial, Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP) ni un responsable que centralice la inteligencia.

En el último trimestre de 2023, los delitos contra las personas representaron el 56,4% del total de denuncias.

FIGURA 17

Evolución de tasa de denuncias por el delito de extorsión por cada mil habitantes en Lima Metropolitana 2018-2023

Fuente: Policía nacional del Perú - SIDPOL Elaboración: CONFIEP.

FIGURA 18

Evolución de tasa (%) de denuncias por el delito de extorsión por cada mil habitantes en La Libertad 2018-2023

Policía Nacional del Perú - SIDPOL

Elaboración: CONFIEP.

Fuente:

PROPUESTAS:

Reforzar las labores de inteligencia táctica operativa para la lucha contra la inseguridad ciudadana a través:

Fortalecimiento de capacidades estratégicas y tecnológicas. A partir de la Inteligencia

Artificial (IA), por ejemplo, se podrían predecir hechos delictivos.

Vigilancia y monitoreo de data y redes sociales.

El sector privado podría donar equipos como drones o equipos de escucha.

Formar un fondo de apoyo de defensa legal o modificar la normativa para proteger a los miembros de la PNP o Fuerzas Armadas que enfrenten a la delincuencia común y crimen organizado.

Reforzar la seguridad en puntos turísticos, sin afectar el desarrollo de las actividades económicas.

7. Implementación de reconocimiento facial

PROBLEMAS:

Incremento de hurtos y/o robos violentos en manada dentro de los centros comerciales. Por ejemplo:

En 2023, en Plaza Norte una turista sudafricana fue víctima de hurto de objetos de valor estimados en más de 15.000 soles.

En 2024, en Real Plaza Trujillo a un empresario le rompieron la luna de su camioneta y le robaron objetos valorizados en 11.000 soles.

PROPUESTAS94:

Implementar sistemas de reconocimiento facial en los centros comerciales para la identificación de los delincuentes. El Ministerio del Interior (Mininter) y la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú (ACCEP) vienen trabajando en conjunto.

94 Propuesta alcanzada por la Asociación de Centros Comerciales y Entretenimiento del Perú (ACCEP).

12. MERCADO LABORAL

Se plantean propuestas para flexibilizar el mercado laboral y promover el empleo formal, en un contexto de alta informalidad empresarial y con un tejido empresarial en donde predomina la micro y pequeña empresa. Se proponen medidas en torno al planteamiento del salario mínimo y a mejorar el rol de los actores públicos involucrados.

1. Deslindar de la agenda laboral del gobierno del expresidente Castillo

PROBLEMAS:

No vemos un deslinde con la agenda laboral que promovió el señor Pedro Castillo. Por ejemplo, el Decreto Supremo 001-2022-TR, de Tercerización, y el Decreto Supremo 0142022-TR, de Relaciones Colectivas, no fueron discutidos de manera tripartita.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) impulsa normas de menor rango que erosionan el ambiente de negocios.

Las normas laborales no se discuten dentro del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), a pesar de ser el espacio designado para la discusión entre trabajadores, empleadores y gobierno.

PROPUESTAS:

Discutir de manera tripartita las leyes de tercerización y relaciones colectivas, pues se promulgaron sin diálogo social, sin análisis costo beneficios y sin las debidas coordinaciones.

Reactivar el CNTPE y asegurar que toda norma laboral o iniciativa legislativa sea discutida y aprobada en dicho espacio95.

2. Institucionalizar un mecanismo para la evaluación del salario mínimo

PROBLEMAS:

Existe la intención de incrementar la remuneración mínima vital sin sustento técnico ni consenso con trabajadores y empleadores. Si esto ocurre, contribuirá con la informalidad laboral, que al cierre del primer trimestre de 2024 alcanzó al 71,2%. Es decir, 12,3 millones de trabajadores, según data del INEI.

PROPUESTAS:

Establecer una metodología para evaluar los aumentos de la remuneración mínima vital. Debe dejar de ser un instrumento populista y responder a parámetros técnicos.

95 Propuesta alcanzada por la Sociedad de Comercio Exterior del

96 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2023). «Encuesta Permanente de Empleo Nacional».

Perú (ComexPerú).

3. Crear régimen laboral promotor

PROBLEMAS:

El régimen laboral peruano es uno de los más costosos de la región, que implica costos extrasalariales de 40% a 60% adicionales a la remuneración. Como consecuencia, muchos peruanos optan por trabajar en el sector informal, donde son menos productivos y no tienen protección social.

PROPUESTAS:

Revisar los regímenes de contratación formal y crear un régimen promotor para que todas las personas que hayan trabajado siempre en la informalidad puedan ingresar al mercado laboral formal con un esquema más flexible. Esto sería la primera piedra en la escalera hacia la formalidad.

Evaluar el uso del mecanismo de servicios por impuestos, anunciado por el Ministerio de Economía y Finanzas, para la capacitación laboral97

97 Propuesta alcanzada por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

Foto: Agencia Andina

4. Fortalecer la Dirección de Supervisión y Evaluación del Viceministerio de Trabajo98

PROBLEMAS:

En la actualidad, no existe una metodología para evaluar el impacto de las políticas laborales en la productividad de los trabajadores. Esto conlleva la ausencia de metas y de indicadores de seguimiento a la productividad laboral, la formalidad y la contratación.

No se dispone de mecanismos de alerta para detectar problemas en sectores con estancamiento o con pérdidas de productividad durante ventanas de tiempo.

PROPUESTAS:

Incorporar como parte las funciones de la Dirección de Supervisión y Evaluación (DSE) del MTPE la evaluación del impacto de las políticas laborales implementadas por el sector y a escala multisectorial.

Generar la interoperabilidad entre las fuentes de información gestionadas por la Sunat, el INEI y el MTPE, y estandarizar los indicadores presentados en las estadísticas según la guía de la DSE.

Mejorar la supervisión del avance de los planes, mediante la publicación de los plazos de metas finales e intermedias y de las entidades responsables de la ejecución.

5. Modernizar la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral99

PROBLEMAS:

Desde la creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), la informalidad laboral ha permanecido prácticamente invariable, por lo que podría afirmarse que el enfoque actual de fiscalización laboral no estaría contribuyendo significativamente a la reducción de la informalidad.

Las capacidades de inspección de la Sunafil son reducidas y están enfocadas en empresas ya formales y, dentro de ellas, en las más grandes y visibles; y en denuncias de irregularidades. Ello parece ser producto de la escasez de recursos en la institución.

Según el Plan Sectorial de Inspección del Trabajo 2019-2021, la Sunafil y los gobiernos regionales efectuaron casi 45.000 inspecciones por año de 2013 a 2018. Hasta 2018 había 2,3 millones de empresas, con lo que la cobertura de la Sunafil alcanzaría a alrededor del 2% de empresas peruanas.

98 Lavado, P. (2022). «Propuestas de políticas a favor del trabajo decente en el marco de la Agenda 2030».

99 Lavado, P. (2022). «Propuestas de políticas a favor del trabajo decente en el marco de la Agenda 2030».

No se conoce la magnitud de los accidentes laborales generados por empresas informales. Trabajadores informales son más vulnerables por la falta de inspección laboral y seguros de vida.

PROPUESTAS:

Generar un plan de acción de reorientación del enfoque de la Sunafil, de uno punitivo y supervisor a uno proactivo y formalizador. Ello implica concentrar esfuerzos en fiscalizar a empresas que operan en los bolsones de informalidad. Asimismo, el enfoque punitivo debe cambiar por uno mediante el cual la Sunafil brinde acompañamiento a las empresas, para que, luego de identificar el incumplimiento de la normatividad, las oriente para subsanar las falencias detectadas100 . Reordenar el Sistema de Inspección del Empleo, el cual está regulado por el Decreto Supremo 002-2017-TR.

Propuestas de políticas a favor del trabajo decente en el marco de la Agenda 2030

Accede aquí

100 OIT (2017). «Utilización de tecnologías de la información y de la comunicación en las inspecciones del trabajo:

13. SISTEMA DE PENSIONES 101

Se presenta propuesta para contribuir a la reforma previsional, de manera que todos los peruanos puedan acceder a una pensión justa luego de su etapa laboral.

101 Capítulo elaborado con información compartida por la Asociación de AFP.

1. Ratificar la importancia de una reforma previsional

PROBLEMAS:

El sistema previsional peruano es un fiel reflejo de la estructura del mercado laboral. En el Perú, la informalidad concentra al 71,1% de los trabajadores (ver figura 19). Por esta razón, la cobertura del sistema de pensiones resulta similar: solo 3 de cada 10 trabajadores ahorran para la jubilación.

FIGURA 19

Estructura del mercado laboral peruano

PET: 25,9 millones

PEA: 18,.2 millones (70,1%)

PEA Ocupada: 17,2 millones (66,3%)

PEA No Ocupada: 1,0 millones (3,8%) PEA No Activa: 7,8 millones

PEA Ocupada Informal: 12.2 millones (47,2%)

PEA Ocupada Formal: 5.0 millones (19,1%)

Ante ello, el sistema previsional requiere adecuarse a un entorno laboral en el que los trabajadores informales e independientes, con capacidad de ahorro, empiecen a contribuir para la vejez, tal como se aprecia en la figura 20. Según un reciente reporte de la Asociación Peruana de Inteligencia de Mercados (APEIM), el 11,8% de los hogares en el país pertenece al nivel socioeconómico AB, con niveles salariales que aplicados a la EPEN (2023) nos muestran que del universo de 17,2 millones de ocupados, 3,8 millones cuentan con ingresos medios y altos, trabajadores que pueden contribuir al sistema previsional.

Fuente: Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) 2023. Elaboración: Asociación de AFP.

FIGURA 20

Sistema adecuado al ingreso de los peruanos

de ingresos

Frente a esta realidad, en la que no se cumplen los principios de todo sistema previsional: suficiencia, sostenibilidad y adecuación, se suman seis retiros anticipados de los ahorros previsionales en el Sistema Privado de Pensiones (SPP), aprobados entre 2020 y 2022 (un séptimo acceso a los fondos previsionales se ha aprobado en 2024 y está en pleno proceso de ejecución). En la figura 21 se observa el impacto de los seis retiros en el fondo de pensiones, con una salida acumulada al 2023 de cerca de 88 mil millones de soles y cómo hubiesen crecido los ahorros previsionales sin retiros, con la rentabilidad de los respectivos periodos, obteniendo un fondo estimado en más de 220 mil millones de soles.

FIGURA 21

Fondo de pensiones y retiros en el Sistema Privado de Pensiones (en soles)

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Elaboración: Asociación de AFP.

Fuente: Asociación de AFP.

Elaboración: Asociación de AFP.

PROPUESTAS:

Teniendo en cuenta la necesidad de propiciar cambios en el sistema previsional, en beneficio de todos los ciudadanos peruanos, desde la AAFP se propone una reforma gradual que priorice la introducción de pisos de protección social y la garantía de una pensión mínima. Estos mecanismos podrán asegurar que todos tengan acceso a una pensión y esta se incrementará con más fuentes de financiamiento a través de la aplicación de incentivos a la cotización para el ahorro previsional.

21

Pilar voluntario

Pilar contributivo

Pilar no contributivo

BENEFICIARIOS:

1. Devolución de IGV para 17,0 millones de consumidores.

2. 4,1 millones de trabajadores informales e independientes.

3. 17,8 millones de afiliados al SPP y ONP.

4. El primer año. medio millón de recién nacidos. En 10 años, estos beneficiarios superarán los 5,5 millones.

Fuente: Asociación de AFP.

Elaboración: Asociación de AFP.

Devolución del 1% del IGV anual pagado para consumidores1 0,03% del PBI de costo.

Contribución mitad-mitad para informales e independientes2 0,06% delPBI de costo.

Pensión mínima de 583 soles y proporcional al aporte en Cuentas Individuales de Capitalización3 0,64% del PBI de costo.

Capital semilla para cada recién nacido4 0,09% del PBI promedio anual.

Pensión 65 hasta la activación del capital semilla. 0,13% del PBI de costo.

La propuesta se sostiene en el desarrollo de tres pilares complementarios, que serán transversales para todos los afiliados, de manera que los beneficios adquiridos tomen en cuenta tanto el esfuerzo de ahorro de la persona, como su condición económicolaboral, a la vez que se asegure una pensión adecuada a todos los trabajadores102 .

En el pilar contributivo se propone la aplicación de una pensión mínima garantizada para todos los trabajadores, indistintamente si aportan al sistema público o privado, bajo el cumplimiento de la condición de tener al menos 20 años de aporte y, para

102 Reconocida por la Constitución Política del Perú en sus artículos 10°, 11° y 12°, como derecho inherente a la persona y estimula el compromiso estatal de proteger y posibilitar la previsión de las personas en su vida futura, cuando se enfrenten a una etapa más débil o frente a contingencias que imposibiliten su subsistencia y desarrollo (vejez, invalidez o sobrevivencia).

aquellos que no logren acumular dicho periodo de cotización, se les otorgará una pensión proporcional, correspondiente a su esfuerzo de ahorro y tomando en cuenta un mínimo de 10 años. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es el encargado de determinar la gradualidad del nivel de pensión garantizada, según las proyecciones de crecimiento del PBI y del impacto en el costo fiscal. No obstante, se sugiere que esta sea equivalente a la otorgada para la ONP.

La reforma previsional también deberá incluir a los trabajadores informales e independientes, que hoy representan el 71,1% de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada. En tal sentido, en el pilar voluntario, con el objetivo de fomentar el ahorro a largo plazo, los afiliados recibirán en su Cuenta Individual de Capitalización (CIC), durante su vida laboral, la devolución del 1% del Impuesto General a las Ventas (IGV) pagado cada año. Además, una contribución equiparada para informales e independientes de bajos ingresos, con un límite de 65 soles mensuales por cada parte (trabajador/Estado), a fin de no afectar las arcas del fisco.

2. Incluir comisión por desempeño

PROBLEMAS:

Los afiliados advierten la necesidad de contar con una comisión que permita evidenciar de manera más clara el alineamiento de intereses entre el afiliado y el administrador, pese a la existencia del pago de una comisión por saldo, que implica que a mayor fondo (aporte y rentabilidad), mayor es la comisión percibida por la administradora, la misma que ha presentado significativa reducción en el tiempo. Incluso, antes de existir las rondas consecutivas de retiros de ahorros previsionales, se consideró la tasa más baja en la Alianza del Pacífico.

Ingreso por comisión y fondos administrados en la Alianza del Pacífico

Fuente: Superintendencia de Pensiones de Chile, Superintendencia Financiera de Colombia, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) de México y SBS.

Elaboración: Asociación de AFP.

Nota: AUM = activos bajo gestión. El término hace referencia a la cantidad de dinero gestionada por el fondo de pensiones.

FIGURA 22

Cada dos años se realiza una licitación en la que la Administradora de Fondos Privados de Pensiones (AFP) que ofrece la comisión más baja, afilia a los nuevos ingresantes al sistema. Desde la primera licitación, la comisión mixta (ahora solo por saldo) se ha reducido en 55%.

PROPUESTAS:

La reforma previsional debe contemplar mecanismos que permitan la flexibilización de las modalidades de aporte y cobro de comisiones, como una ajustada a la rentabilidad y que se constituya en una alternativa adicional a las actuales. En consecuencia, la reforma de pensiones permitirá la reducción del costo fiscal, contribuirá con incrementar la cobertura y a generar mayor bienestar social.

Migrar a Cuentas Individuales de Capitalización como consecuencia del envejecimiento poblacional

PROBLEMAS:

En el 2021, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indicó que el mayor desafío a largo plazo de los sistemas previsionales a nivel mundial es proporcionar pensiones financiera y socialmente sostenibles en un contexto de envejecimiento progresivo. Esto representa un reto, tanto para la forma de construcción de la pensión (acumulación) como para la manera de entrega de los beneficios (desacumulación).

En el Perú, el 9,0% de la población es adulta mayor de 65 años y, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2070 será el 24,0%. Es decir, cada vez habrá un mayor número de personas en edad de jubilación frente a aquellos en edad activa. A este fenómeno se debe aunar que la esperanza de vida se está prolongando, por lo que los adultos mayores se podrían enfrentar a la posibilidad de que sus ahorros acumulados no les permitan financiar sus años de inactividad.

Estados calificados como referentes en pensiones están realizando modificaciones en sus esquemas pensionarios para atender la problemática del envejecimiento poblacional. Un reciente ranking del Índice Mercer señala a Países Bajos, Dinamarca y Finlandia como las principales naciones con niveles de PEA formal de 97,6%, 97,2% y 98,0%, respectivamente. Estos países cuentan con los primeros pilares financiados con impuestos generales y esquemas de reparto, que cada vez son más complementados con CIC. Estas últimas han cobrado gran importancia porque financian el 51%, 63% y 71% de la pensión promedio, en cada caso.

PROPUESTAS:

Migrar a CIC haría que la reforma propuesta sea sostenible en el tiempo. Este mecanismo, a nivel nacional, ha demostrado ser el más eficiente para brindar pensiones razonables y seguras.

Al respecto, nuestra agremiada, la Asociación de AFP, ha realizado un estimado de costos para una reforma basada en CIC versus mantener las condiciones actuales de reparto, encontrando un ahorro estatal proyectado de 3,12% del PBI al 2100, como se aprecia en la Figura 24.

23

Costo fiscal estimado de propuesta de la Asociación de AFP versus mantener el sistema actual

Capital Semilla

Matching independientes

Pensión 65

Pensión mínima

1% IGV recaudado

Costo de mantener el sistema de reparto

0,96% del PBI

3,16% del PBI

0,04% del PBI

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Oficina de Normalización Previsional (ONP), Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CEPAL) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Elaboración: Asociación de AFP.

FIGURA

Crear mecanismos inclusivos de aporte previsional

PROBLEMAS:

El mercado laboral peruano se caracteriza por ser altamente informal. El 71,1% de las personas que desempeña un trabajo remunerado lo hace en la informalidad y, por lo tanto, no cuenta con una cobertura previsional activa.

La condición de informal impacta en la cobertura previsional y la transición laboral (trabajo dependiente-independiente, informal-formal) en la frecuencia de aportes. En el 2023, según la EPEN, los trabajadores independientes a nivel nacional ascendieron a 8,88 millones de personas (51,7% del total de ocupados), de los cuales 7,7 millones laboraron en condición de informalidad (93,1% de independientes), segmento sin cobertura previsionales u opciones flexibles de acceso.

La flexibilización y adecuación del sistema previsional brinda posibilidades de ahorro de largo plazo a trabajadores de ingresos bajos. Por ejemplo, si un trabajador afiliado tuviese la oportunidad de ahorrar 34 soles mensuales por 30 años, como consecuencia de la capitalización de los aportes, el fondo acumulado llegaría a más 61 mil soles103 , quintuplicando lo aportado producto de la rentabilidad del sistema.

PROPUESTAS:

La reforma previsional debe contar con mecanismos que permitan la adecuación a cambios tanto en el entorno laboral, como en el social.

Al respecto, la revisión de la experiencia internacional señala que la adecuación sería posible con el empoderamiento del ente regulador, como ocurre en México.

Brindar facultades al regulador que permitan la aprobación de cambios en la frecuencia de aportes previsionales y modalidades, facilitará el desarrollo de nuevos productos pensionarios, nuevos tipos de cobro, entre otros, acordes a un mercado laboral altamente informal y con baja cultura previsional como el nuestro.

EL DATO

En los siete retiros anticipados salieron cerca de S/ 122 mil millones del fondo de pensiones, equivalente a lo acumulado en 22 años104.

103 El estimado considera la información de la SBS de: rentabilidad nominal anualizada a 30 años del Fondo 2 (donde se encuentra en 91% de afiliados) de 9,931% y comisión por saldo de 0,78% anual.

104 Información alcanzada por la Asociación de AFP.

5. Comprender que los retiros de fondos son la antirreforma

PROBLEMAS:

Entre 2020 y 2024 se han aprobado siete retiros anticipados del fondo privado de pensiones, en desmedro de la acumulación del ahorro inicialmente realizado para una pensión. Estas políticas públicas contravienen los principios estipulados en el Convenio 102, Marco de Seguridad Social, celebrado por el Perú con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en sus artículos 25105 y 26106 precisa que los miembros adherentes a este convenio internacional deberán garantizar la protección en la vejez, a través de una pensión.

A pesar de ello, entre 2020 y 2022 se aprobaron seis retiros, de los cuales solo uno fue observado por el Poder Ejecutivo, el mismo que finalmente se aprobó por insistencia en el pleno del Congreso de la República y en contra de las reiteradas negativas de diversos entes técnicos nacionales e internacionales107, demostrando una posición de dominio por parte del Legislativo en materia previsional. Así, producto de los seis retiros, 6,13 millones de afiliados (70% del total) retiraron cerca de 88 mil millones de soles de sus ahorros previsionales, equivalentes al 9,4% del PBI en 2022.

La consecuencia directa fue la reducción de la pensión futura de los afiliados que optaron por estas medidas, afectando sus tasas de reemplazo y deteriorando la cobertura previsional. Al respecto, la SBS expuso que los afiliados más jóvenes redujeron su horizonte ahorro (40 años) a la mitad y que 2,41 millones de afiliados se quedaron sin ahorros previsionales, dejándolos expuestos a la pobreza durante la vejez.

El ciclo de consumo del ahorro previsional debe detenerse, principalmente al considerar el reciente retiro (séptimo en curso), que según la SBS representará una salida de 34 mil millones de soles adicionales de SPP. En total, con los siete retiros anticipados, se tendría una salida de 122 mil millones de soles del fondo de pensiones, equivalente a lo acumulado en 22 años.

PROPUESTAS:

Difundir el derecho a la seguridad social a través de planes de educación previsional que permitan fortalecer la cultura en pensiones a los ciudadanos, en materia de requisitos, cobertura y beneficios.

Crear planes nacionales de educación previsional, aplicados en los colegios, universidades y municipios. Igualmente, realizar capacitaciones especiales para los hacedores de políticas públicas.

105 El artículo 25 del mencionado convenido sostiene: “Artículo 25.- Todo miembro para el cual esté en vigor esta parte del convenio deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de vejez, de conformidad con los artículos siguientes de esta parte.

106 El artículo 26 precisa: “1. La contingencia cubierta será la supervivencia, más allá de una edad prescrita. 2. La edad prescrita no deberá exceder de sesenta y cinco años. Sin embargo, la autoridad competente podrá fijar una edad más elevada, teniendo en cuenta la capacidad de trabajo de las personas de edad avanzada en el país de que se trate”.

107 El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la SBS, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se pronunciaron en contra de los retiros y, por el contrario, exhortaron al país a priorizar la implementación de una reforma de pensiones que mejore la cobertura previsional, incremente las pensiones e incluya a los informales.

COMPETITIVIDAD Y REFORMA POLÍTICA

14. CLIMA DE INVERSIONES

15. MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

16. REFORMA POLÍTICA

14. CLIMA DE INVERSIONES

Se plantean propuestas para promover la inversión privada en obras y servicios públicos. También se proponen medidas para reactivar a las mipymes, como la simplificación administrativa o los encadenamientos productivos. También se presentan propuestas para mejorar la aplicación de la justicia (más objetiva y oportuna).

1. Promover las Asociaciones Público-Privadas

PROBLEMAS:

Hay proyectos importantes que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aún no le encarga a Proinversión. Entre ellos, está la Línea 3 y la Línea 4 del metro y el sector privado no tiene claridad bajo que modalidad se van a hacer. Además, el sector Vivienda también una cartera interesante de Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales (PTAR) que puede ser capitalizada.

Por otro lado, el Ejecutivo no ha diseñado un sistema de como las obras de Gobierno a Gobierno van a ser operadas luego de que las obras estén culminadas. Proinversión debería estar trabajando activamente en un modelo de operación y mantenimiento para ser licitado una vez que el aeropuerto esté terminado.

PROPUESTAS:

Es fundamental que obras importantes sean ejecutadas mediante modalidades más efectivas que tiene Proinversión, tales como Obras por Impuestos, y no se ejecuten mediante el mecanismo de Gobierno a Gobierno. A la fecha, por ejemplo, no tenemos claridad mediante qué mecanismo se va a licitar la Línea 3 y Línea 4 del Metro de Lima.

El Ejecutivo debe decidir de una vez cómo licitará la operación y el mantenimiento de obras como el aeropuerto de Chinchero.

Es importante que el Ejecutivo dé señales claras en cuanto a APP. La ejecución de obras mediante Gobierno a Gobierno llevará a un estrés muy fuerte en la parte fiscal.

2. Promover las Obras por Impuestos

PROBLEMAS:

Las empresas que desarrollan Obras por Impuestos (OxI) son sujetos del «veto» por parte de las autoridades locales y regionales. Por ejemplo, la obra está culminada y con aprobación de la supervisión, pero el gobierno local o el gobierno regional no quieren dar la conformidad de obra para la emisión del Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL).

PROPUESTAS:

Encontrar un mecanismo que, ante la negativa de los gobiernos regionales o locales, las empresas puedan reclamar el CIPRL. Esto puede ser con un acompañamiento del MEF o un control concurrente de la Contraloría General de la República (CGR).

Actualizar y sistematizar la normativa para la promoción de la inversión privada mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, para regular su alcance, marco institucional y mejora de procesos, garantizando la eficiencia y la predictibilidad en el desarrollo de cada fase. Además, incorporar actividades de interés social o para la prevención y atención de emergencias.

En 16 años, 168 empresas han participado del mecanismo

OxI, logrando beneficiar a más de 20 millones de personas108 .

3. Destrabar proyectos emblemáticos

PROBLEMAS:

Hay diversos proyectos paralizados que necesitan una estrategia urgente para ser reactivados como Chavimochic y Majes-Siguas.

Hay proyectos en cartera que necesitan una coordinación entre todos los sectores para que puedan moverse: Actualización del expediente técnico del puente Santa Rosa, longitudinal de la Sierra Tramo 4, acceso al aeropuerto de Chinchero, anillo vial periférico y obras de cabecera.

108 Proinversión (2024).

Foto: MTC - Estación Central de la Línea 2.

Se tienen proyectos como la Línea 2 del Metro que acumulan años de retraso por la excesiva burocracia en el otorgamiento de licencias y permisos.

Otros proyectos como Hidrovía Amazónica, dada en concesión en 2017, a la fecha no han iniciado su ejecución.

El sistema fluvial es el principal medio de transporte en la región amazónica, el cual posibilita el tránsito de más del 90% de pasajeros y carga, convirtiéndose en uno de los principales medios de desarrollo para el comercio y generación de riqueza en esta zona109.

Estancamiento de proyectos de inversión privada importantes para el Perú, debido a desacuerdos con las comunidades locales, problemas ambientales y complicaciones con las regulaciones110

No se cuenta con los corredores logísticos e infraestructura complementaria necesaria para aprovechar los beneficios del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay.

PROPUESTAS:

Coordinar de forma eficiente entre todos los sectores con apoyo político para que estos destrabes se concreten y se puedan dar las señales adecuadas.

Acelerar la licitación y ejecución de proyectos de acceso a megaproyectos: acceso al aeropuerto Jorge Chávez, al aeropuerto Chinchero, al puerto de Chancay.

Establecer políticas que tengan como fin agilizar los procesos de revisión de los proyectos significativos estancados111

Promover un sistema de colaboración entre los gobiernos regionales y el gobierno central, para la agilización y destrabe de proyectos significativos112

Reactivar el proyecto Hidrovías Amazónica, el cual permitirá consolidar al Perú como hub logístico entre el Atlántico y el Pacífico113

Evaluar la creación de un Proyecto Especial, similar al de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, que priorice y ejecute las inversiones necesarias para que el Puerto de Chancay y alrededores sea verdaderamente competitivo. Idealmente, este Proyecto Especial debería contar con un Project Management Office (PMO) que contribuya con una gestión efectiva del proyecto (en tiempos y costos).

109 Proinversión. «Hidrovía Amazónica: Ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza-Iquitos-Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas-confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa-confluencia con el río Marañón». Hidrovía Amazónica.

110 Propuesta alcanzada por la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.

111 Propuesta alcanzada por la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.

112 Propuesta alcanzada por la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.

113 Propuesta alcanzada por la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto.

4. Eliminar la provisionalidad del Poder Judicial (Corte Suprema)

PROBLEMAS:

La calidad de la función de jueces y fiscales reside, en gran parte, en su proceso de formación jurídica y ética. Uno de los impedimentos para alcanzar esta calidad es el incremento de la provisionalidad y de los jueces supernumerarios114.

La provisionalidad afecta la independencia de los magistrados al momento de impartir justicia, lo que puede generar inseguridad jurídica para las inversiones115

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que solo existen tres salas en la Corte Suprema116

Sin embargo, actualmente funcionan diez salas en la Corte Suprema, compuestas cada una por cinco jueces supremos y un Juzgado de Instrucción Penal. En total 54 jueces supremos, de los cuales 15 son titulares y 39 son provisionales. En la práctica, puede tomar hasta tres años para que se califique sí es procedente o no un recurso de casación en la Corte Suprema117.

PROPUESTAS118:

Acelerar la reducción de la provisionalidad de los jueces, para que los litigios se tramiten de manera más eficiente y que se reduzcan los plazos.

Regular el recurso de casación estableciendo qué causas deben llegar a la Corte Suprema y cuáles no.

5. Garantizar el pago oportuno de los laudos arbitrales nacionales

PROBLEMAS:

Existe un doble estándar cuando se trata de procesos arbitrales y el Estado pierde.

Cuando el laudo arbitral es internacional el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci) se encarga de pagar rápidamente.

Uno de los últimos pagos que se ha hecho es a Gramercy Inc. por el arbitraje de los bonos de la deuda agraria, pagando 100 millones de dólares. En cambio, cuando es nacional, el Estado alega que tiene cinco o más años para pagar. El Estado aplica la política del no pago de manera recurrente. Se plantea el siguiente caso: se tienen seis arbitrajes contra las mismas partes, la empresa privada contra el MTC-ATU. El promedio de estos arbitrajes en la Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha tomado tres años y medio.

114 Política pública de reforma del sistema de justicia. La reforma del sistema de justicia de cara al Bicentenario del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia.

115 Junta Nacional de Justicia (2021). Informe de Evaluación de Resultados PEI 2021-2025.

116 Información alcanzada por la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI).

117 Información alcanzada por la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI).

118 Propuestas alcanzadas por Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI).

Luego se ha pasado por seis procesos judiciales de anulación de laudo, teniendo ahora estos laudos declarados válidos y respaldados por el Poder Judicial. El tiempo promedio es de un año.

Y con todo ello, el Estado no ha pagado, y se ha iniciado seis procesos judiciales de ejecución de laudo arbitral. Estos litigios ya tienen seis años.

En total diez años y medio. El total adeudado por el Estado asciende a 40 millones de dólares, y el Estado a la fecha solo ha pagado el 15%.

En el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, se precisa el criterio de lo devengado y no de lo realmente percibido. Con ello ocurre que el que ganó un arbitraje al Estado debe adelantar dinero por impuestos sin haber recibido el pago de lo adeudado.

PROPUESTAS119:

Establecer un Sicreci nacional que regule la designación de Centros de Arbitraje, así como el nombramiento de árbitros (controlando que no existan arbitrajes express), y que cancele el pago de manera oportuna en caso el Estado pierda.

Modificar el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta. Es importante colocar al inversionista en igualdad con el Estado, el cual deberá cumplir con el pago de los impuestos solo si antes el Estado cumplió con el pago correspondiente al inversionista.

6. Promover el financiamiento vía facturas negociables

PROBLEMAS:

Empresas adquirentes de bienes y servicios, principalmente gran empresa o corporativos, que, debido al gran número de proveedores y facturas que administran, no cumplen con lo establecido en la normativa de facturas negociables y disposiciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), lo cual origina riesgos para los propios adquirentes y deriva en la afectación a los proveedores, al no poder estos últimos utilizar las facturas que emiten como fuente de financiamiento.

PROPUESTAS:

Establecer políticas de difusión de las obligaciones de los adquirentes de bienes y servicios a nivel nacional.

Revisión normativa de infracciones y sanciones que contemple las nuevas casuísticas de fraudes y estafas con facturas negociables.

Generar mecanismos que ayuden a mitigar riesgos en el ecosistema.

119 Propuestas alcanzadas por Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI).

15. MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 120

Se presentan propuestas para contribuir a una gestión pública más eficiente, mediante el fomento de la meritocracia en el Estado, el fortalecimiento de instituciones públicas que han mostrado deficiencias en su gestión y una mejora en la distribución y ejecución del gasto público.

1. Fomentar la meritocracia en el Estado

PROBLEMAS:

Hasta fines de 2023, solo 1.800 empleados públicos estaban adscritos al Servir, lo que representa el 0,1% del total de trabajadores. Solo 15 entidades públicas culminaron su tránsito al Servir, de las más de 500 iniciaron su trámite, lo que indica que hay resistencia al cambio.

La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) fue creada en 2013 para gestionar los recursos humanos del Estado e implementar la reforma del servicio civil, instaurando un perfil meritocrático para los funcionarios públicos.

En la actualidad, de 25 a 28% de los funcionarios públicos en gobiernos locales no cumplen o no logran acreditar los requisitos solicitados en los procesos de contratación.

Eliminar el Servir implicaría, a su vez, eliminar la meritocracia como mecanismo idóneo de acceso a la función pública y detener la labor que se realizan para unificar los regímenes laborales dispares que hay en el Estado (como el Contrato Administrativo de Servicios, que no necesariamente se rige por la meritocracia).

PROPUESTAS:

Evitar que el dictamen que deroga la Ley del Servicio Civil y el decreto legislativo que crea la Autoridad del Servicio Civil (Servir) se apruebe en el pleno. Hasta la fecha del presente documento, este dictamen ha sido aprobado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso.

Fortalecer al Servir para incorporar a más empleados públicos a este régimen laboral y contar con profesionales idóneos que puedan ejecutar eficientemente el presupuesto nacional y atender al público de la mejor manera.

2. Fortalecer gobernanza de Petroperú

PROBLEMAS:

Presenta problemas estructurales a causa de un mal gobierno corporativo, deficiencias en la capacidad de gestión, falta de transparencia y un débil sistema de control que lo hace susceptible a corrupción e interferencia política121 . En mayo, la agencia Fitch Ratings rebajó nuevamente la calificación crediticia de Petroperú (de B+ a CCC+). Señaló que esta empresa enfrenta una grave crisis de liquidez que le impediría cubrir su deuda122 .

121 APOYO Consultoría (2024). «Petroperú: Reestructuración integral en lugar de más rescates financieros»

122 Forbes Perú (2024). «Fitch rebajó nuevamente la calificación crediticia de Petroperú: pasó de B+ a CCC+».

El proyecto de construcción de la Nueva Refinería de Talara carecía de un sustento técnico y económico sólido, además de una falta de transparencia y una mala gestión en la construcción generaron una serie de demoras que elevaron el costo.

Existe el riesgo de desabastecimiento de combustible en el país, como consecuencia de la frágil situación financiera.

Es una entidad que constantemente requiere fondos del Estado. Su costo asciende a 5.995 millones de dólares123. En 2023 registró pérdidas por 823 millones de dólares.

PROPUESTAS:

Fortalecer la gobernanza de Petroperú:

Mayor transparencia en la elección de directores, así como en los cargos de gerencia general y presidencia. Perfiles deben contar con la experiencia idónea para ocupar dichas posiciones.

Mejorar la toma de decisiones y contar con indicadores de gestión.

Reducir el gasto de personal.

Evaluar fuentes de financiamiento que no involucren recursos del Estado.

3. Gobernanza de Corpac

PROBLEMAS124:

Los principales aeropuertos del Perú sufren de una administración deficiente por parte de Corpac, lo que resulta en retrasos significativos, servicios insuficientes y una experiencia pobre para los viajeros.

En junio de 2024, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez experimentó una falla en su sistema de iluminación de pista, resultando en la cancelación de 215 vuelos y afectando a más de 10.000 pasajeros125.

PROPUESTAS126:

Reorganizar y declarar de emergencia a Corpac.

Evaluar otorgar la gestión de Corpac, que comprende los servicios de aeronavegación, a empresas privadas con experiencia probada. Ello permitirá incrementar la eficiencia y la calidad de los servicios en los aeropuertos, lo que resultaría en una mejor experiencia para los usuarios del aeropuerto (empresas aeronáuticas, proveedores y pasajeros).

123 El Comercio (2023). «Costo de la nueva refinería de Talara asciende a 5.995 millones de dólares, incluidos intereses».

124 Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.

125 El País (2024). «Caos en el aeropuerto internacional de Lima por un fallo eléctrico que afectó a 10.000 pasajeros».

126 Propuestas alcanzadas por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) y la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.

4. Hacer más eficiente la ejecución del gasto público

PROBLEMAS:

Existencia de una brecha fiscal vertical; es decir las responsabilidades de gasto de los gobiernos subnacionales exceden a los ingresos generados por sus propios medios, y una brecha fiscal horizontal; es decir, una situación en la cual los ingresos de los gobiernos subnacionales no son equitativos entre sí.

Los gobiernos subnacionales en el Perú se caracterizan por tener una gran dependencia de las transferencias del Gobierno Nacional y limitadas facultades recaudatorias, lo que limita su planificación de mediano y largo plazo.

El presupuesto aumenta año tras año, pero no así sus niveles de ejecución y eficiencia de gasto. Esto implica que cada año se cierra con miles de millones de recursos sin utilizar de manera oportuna, que podrían ser utilizados para cerrar las brechas sociales, especialmente en los departamentos más pobres.

Los gobiernos subnacionales, que acumulan la mayoría del presupuesto y que reciben cuantiosas transferencias (canon), son los que más incurren en este problema.

En 2023, el presupuesto no utilizado por el gobierno fue igual a 25.557 millones de soles, y a 15.473 millones de soles si solo se toma en cuenta la inversión pública. Con ese monto se podría construir 5.000 postas médicas, 162 hospitales de categoría 2, pavimentar todas las carreteras nacionales faltantes, cubrir un 62% de la brecha de saneamiento a 2026 y un 17% de la brecha educativa.

En 2023, los gobiernos regionales y municipalidades no ejecutaron 6.067 millones de soles del presupuesto de inversión pública financiado por canon y regalías. En los últimos diez años, el monto supera los 40.000 millones de soles. En promedio, en la última década se ha ejecutado solo el 65% de estos recursos.

El 55% de las obras paralizadas se ejecutaron por «administración directa» y en su mayoría corresponden a gobiernos locales127

Se contabilizaron un total de 2.300 obras paralizadas por más de 26.000 millones de soles en 2023128. EL DATO

127 Contraloría General de la República (2024). «Reporte de obras paralizadas en el territorio nacional a diciembre de 2023-0001-2024-CG/SESNC».

128 Contraloría General de la República (2024). «Reporte de obras paralizadas en el territorio nacional a diciembre de 2023-0001-2024-CG/SESNC».

A pesar de que existe ejecución, no se observa un real avance en el cierre de brechas, y ello debido a que los recursos no se emplean respondiendo a una mirada territorial de desarrollo, principalmente debido a que:

No hay priorización en el gasto.

Se privilegia el corto plazo y no una visión de desarrollo de mediano y largo plazo.

Persiste la ausencia de coordinación entre distintos niveles de gobierno (distrito, provincia, región).

Poca transparencia en la selección y ejecución de proyectos.

Los proyectos seleccionados tienen limitado impacto en la calidad de vida de la población.

Las inversiones son atomizadas y algunas veces los proyectos terminan inconclusos.

PROPUESTAS129:

Reformar la descentralización del presupuesto. Los gobiernos subnacionales no están demostrando capacidad para manejar presupuestos tan elevados, por lo que se debe ajustar la distribución del presupuesto, priorizando la ejecución de obras en manos de los actores que demuestran una alta eficiencia.

Generar mecanismos que permitan a autoridades de ámbito nacional encargarse de proyectos prioritarios que no estén avanzando bajo gobiernos regionales o municipalidades, más allá de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

Fomentar el uso de seguros catastróficos que permitan tener recursos para una rápida reconstrucción en situaciones de gran desastre, sin tener que recurrir a un excesivo nivel de deuda pública. El gasto en infraestructura seguirá siendo ineficiente si no hay un esfuerzo por no sólo hacer mantenimientos oportunos a la infraestructura130

Mayor impulso a otros mecanismos de inversión como las Asociaciones PúblicoPrivadas o las Obras por Impuestos.

Rediseñar el sistema de ingresos de los gobiernos regionales.

Establecer un marco de incentivos para incrementar la recaudación municipal.

Establecer un fondo de estabilización de los recursos provenientes del canon con el objetivo de reducir su volatilidad, para lo cual se deberán crear cuentas individuales por cada gobierno subnacional y establecer reglas para la acumulación y retiro de fondos.

Ajustar los criterios de distribución del Foncomun, simplificándolo y adoptando una metodología de brecha fiscal.

Evaluar tener convenios con el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) para que los mejores perfiles elaboren los expedientes técnicos y se encarguen de la supervisión de los mismos, con el fin de garantizar el cumplimiento de acuerdo con lo propuesto y aprobado.

129 Propuestas alcanzadas por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

130 Propuesta alcanzada por la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG).

5. Optimizar la transferencia de funciones a los gobiernos subnacionales

PROBLEMAS:

La Defensoría del Pueblo identificó cuatro deficiencias en la transferencia de funciones hacia los gobiernos subnacionales, realizado como parte del proceso de descentralización iniciado en 2002:

Los planes anuales no fueron el resultado de la concertación entre niveles de gobierno ni se aprobaron de manera integral.

Los sectores del Gobierno Nacional establecieron requisitos específicos que se fijaron con estándares difíciles de cumplir.

La capacitación y asistencia técnica no se realizó oportunamente y no comprendió los contenidos de capacitación requeridos.

La efectivización de las transferencias fue principalmente formal.

Existe una falta de claridad del marco normativo y deficientes niveles de coordinación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos subnacionales.

PROPUESTAS131:

Realizar un diagnóstico y caracterización de los servicios que los ciudadanos demandan al Estado, creando un inventario de estos servicios, diseñando sus respectivas cadenas de valor y estimando los costos unitarios con el objetivo de distribuir las responsabilidades.

Afinar la asignación de responsabilidades de gasto y funciones de cada nivel de gobierno y fortalecer las capacidades técnicas de los funcionarios subnacionales para mejorar sus competencias y la gestión pública con el objetivo de que las autoridades —a nivel nacional, regional y local— tengan claras las funciones bajo su competencia.

Crear comités administrativos sectoriales, integrados por representantes de los distintos niveles de gobierno, para atender conflictos sobre responsabilidades compartidas entre los gobiernos regionales, locales y el Gobierno Nacional.

Reevaluar la incorporación de una transferencia de funciones desde los gobiernos locales hacia los gobiernos regionales y desde los gobiernos regionales hacia el Gobierno Nacional.

Implementar un mecanismo formal a través del cual el Gobierno Nacional sea capaz de recuperar funciones transferidas a los gobiernos subnacionales.

131 Banco Mundial (2017). «Perú: Hacia la creación de un sistema de descentralización fiscal más eficiente y equitativo».

Banco Mundial y otros (2021). «Promoviendo mayor eficacia y menor desigualdad a través de la descentralización».

Banco Mundial (2021). «Repensar el futuro del Perú. Notas de política para transformar al Estado en un gestor del bienestar y el desarrollo».

6. Optimizar la transferencia de funciones a los gobiernos subnacionales

PROBLEMAS:

La falta de capacitación en gestión pública de las autoridades entrantes es un problema significativo en todas las regiones. Esta deficiencia contribuye a la mala administración de recursos y a la ineficacia en la ejecución de proyectos, lo que puede llevar a la quiebra de municipalidades y a una baja calidad de los servicios públicos.

Al menos 14 municipalidades se encuentran endeudadas, excediendo en más del 100% sus ingresos al cierre de 2023, según el MEF132

PROPUESTAS133:

Implementar programas obligatorios de capacitación en gestión pública para todas las autoridades entrantes, asegurando que cuenten con los conocimientos y habilidades necesarios para administrar eficientemente los recursos y proyectos municipales. Establecer un sistema de certificación en gestión pública, donde las autoridades deban demostrar competencia en áreas clave antes de asumir sus cargos.

Fomentar la creación de alianzas con instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales para ofrecer programas continuos de formación y actualización en gestión pública.

7. Impulsar el proceso de ordenamiento territorial

PROBLEMAS:

Demarcación territorial: La gran mayoría del territorio a nivel nacional no se encuentra delimitado. La imprecisión y la carencia de límites territoriales oficiales afectan al 80% de los 1.829 distritos y al 92% de las 194 provincias, según la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Además, la demarcación territorial actual no es necesariamente la más eficiente para la provisión de servicios. El Perú es uno de los países con mayor atomización territorial, según el Banco Mundial.

Mecanismos de coordinación: En 2007, se aprobó el mecanismo de mancomunidades locales para promover esta coordinación. Sin embargo, se observan muchas mancomunidades inoperativas o sin presupuesto, lo cual puede dificultar el cumplimiento de sus objetivos.

132 RPP (2024). «MEF lanzará salvavidas a municipalidades en quiebra. ¿Cuáles son?».

133 Propuestas alcanzadas de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Áncash.

PROPUESTAS134:

Aumentar la escala de los gobiernos locales reduciendo la fragmentación municipal. Promover mecanismos de coordinación alternativos, asegurando que todos los actores participen en el desarrollo e implementación de políticas.

Realizar una campaña de relanzamiento del mecanismo de mancomunidades regionales y locales para lograr una difusión masiva que motive su uso continuo y sostenible en el tiempo.

8. Implementar mecanismos de fiscalización de la ciudadanía

PROBLEMAS:

Ciudadanía: Uno de los principales mecanismos para que esta forme parte de la toma de decisiones y fiscalice a los gobiernos subnacionales es el presupuesto participativo. Este instrumento de política y gestión se basa en la definición conjunta entre las autoridades y la población sobre cómo y hacia dónde orientar sus recursos disponibles para la implementación de proyectos a nivel local. En la práctica, se evidencia que no está funcionando eficientemente.

Consejos regionales y concejos municipales: Los consejos regionales y concejos municipales son los organismos encargados de fiscalizar la gestión de los gobiernos regionales y locales, respectivamente. Sin embargo, en la práctica no están ejerciendo ese rol fiscalizador ya que se suelen alejar mucho de sus funciones. Esto se debe a que:

El poder de las instancias de fiscalización frente al Ejecutivo subnacional es limitado. Las labores de fiscalización ejercidas parten de intereses políticos personales.

Organismos centrales: La rectoría hace referencia a la facultad que tienen las instancias superiores para fiscalizar y controlar las acciones de los gobiernos subnacionales. Estas instancias son la Contraloría General de la República (CGR), que tiene a su cargo el sistema de control descentralizado, y el Gobierno Nacional, que, a través de los ministerios, ejerce la rectoría en sus respectivos sectores. En el caso de la CGR, se identifica que esta cuenta con deficiencias importantes a nivel institucional. En el caso del Gobierno Nacional, se encuentra que las entidades públicas no cuentan con sistemas de seguimiento y evaluación que monitoreen el cumplimiento de objetivos y metas.

134 Banco Mundial (2021). «Repensar el futuro del Perú. Notas de política para transformar al Estado en un gestor del bienestar y el desarrollo». OECD (2016). «OECD Territorial Reviews: Peru 2016».

PROPUESTAS135:

Prescindir de la obligatoriedad del mecanismo de presupuesto participativo definido en la Ley Bases de la Descentralización.

Lograr que el presupuesto participativo sea más estratégico, inclusivo y de calidad.

Modificar la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales con la finalidad de mejorar la fiscalización por parte de los consejos regionales y concejos municipales.

Fortalecer el rol fiscalizador de los ministerios por medio de la implementación de sistemas de seguimiento y monitoreo que permitan realizar un seguimiento a los principales indicadores de desempeño de cada sector.

Fortalecer el rol de fiscalización de la Contraloría, asignándole mayor presupuesto y personal y brindar capacitaciones para optimizar los recursos.

9. Reducir la discrecionalidad en el ejercicio de la función pública

PROBLEMAS:

Inversionistas de toda escala sufren de cierres arbitrarios y paralizaciones en sus actividades por parte de autoridades subnacionales con altos niveles de discrecionalidad y cuya conducta es poco predecible.

PROPUESTAS:

Unificación de agencias gubernamentales con mejores competencias y donde se evite la duplicidad de trámites. Debería existir una entidad que pueda determinar claramente las competencias de cada nivel de gobierno.

Garantizar el cumplimiento del silencio administrativo positivo en las entidades públicas.

Implementación de mecanismos de resolución de disputas.

Implementar mecanismos de análisis de calidad regulatorio y de evaluación periódica de efectos de las regulaciones.

Promoción y empoderamiento de las mesas ejecutivas dentro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

135 Banco Mundial (2010). «Evaluación del presupuesto participación y su relación con el presupuesto por resultados». Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política (CANRP) (2019). «Hacia la democracia del Bicentenario: informe final». Contraloría General de la República (2014). «Estudio del proceso de descentralización del Perú». Alvarado & Panfichi (2011). Corrupción y gobernabilidad.

10. Revisar la metodología para el cobro de multas del Indecopi

PROBLEMAS:

Hace tres años la PCM aprobó el Decreto Supremo 032-2021-PCM, mediante el cual se modificó la metodología bajo la cual calculaba las multas que impone Indecopi. Esto ha provocado una absoluta desproporción en el cobro de multas. Estas no tienen ninguna proporcionalidad al daño que se puede haber generado en los consumidores.

En la actualidad las multas son excesivas.

A través de la aprobación de esta metodología para la determinación de las multas, se están incorporando criterios como los ingresos que tiene una empresa (tamaño del infractor) o estableciendo montos predeterminados, independientemente de las circunstancias de cada caso concreto, o incorporando el criterio de la duración de la infracción, cuando, en realidad, la ley no establece estos criterios ni los reconoce, violando así la propia Constitución.

La décima disposición complementaria de la Ley 31112 autorizó que, mediante decreto supremo a emitir por la PCM, se regule la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas a imponer por el Indecopi. Sin embargo, el decreto supremo, más allá de crear una metodología, está estableciendo sanciones cuando la Ley 31112 no otorgó competencias para ello.

Foto: PCM - Centro de atención al ciudadano en ventanilla

Con la nueva metodología, el Indecopi ya no aplica amonestaciones. Prueba de ello es la información a continuación respecto del número de sanciones al sector seguros:

En seguros generales (ejemplo: denegatoria de cobertura en el seguro de hogar, seguro de vehículos, entre otros), antes se multaba entre 2 a 6 UIT, mientras que ahora se reciben multas de 12 a 22,97 UIT, en muchos casos por encima de la carga económica materia del reclamo.

La falta de atención de un reclamo o requerimiento de información antes era sancionada con una amonestación o 1 UIT, mientras que ahora el Indecopi lo sanciona con una multa que va de 6 a 10 UIT.

El cobro indebido por algún producto o servicio antes generaba una multa de 1 a 2 UIT. Ahora, el Indecopi sanciona con una multa que va de 4 a 7 UIT. En los casos en que se discute una cuantía menor a 1 UIT, el Indecopi está colocando como mínimo 3,5 UIT de multa.

PROPUESTAS136:

Revisar el decreto supremo para que no se aparte de los principios rectores de todo procedimiento administrativo: debido procedimiento, legalidad, legalidad objetiva, razonabilidad, proporcionalidad, imparcialidad y predictibilidad, principalmente.

Con la revisión y consecuente modificación del decreto supremo, se corregirán las distorsiones anotadas para que una infracción conlleve al cálculo de multas razonables y proporcionales a las infracciones cometidas para tener predictibilidad y evitar el abuso de derecho.

11. Facilitar el financiamiento de los proveedores del Estado

PROBLEMAS:

Bajo acceso al financiamiento de los proveedores del Estado.

Los procedimientos de pago de las entidades del Estado no tienen la flexibilidad y adecuación necesaria para realizar el pago a un tercero, distinto del proveedor, lo cual es básico para que la entidad de financiamiento (factor) pueda brindar liquidez a un proveedor del Estado, al tener la confianza de que el adquirente del bien o servicio hará el pago directa.

Solo el 2,8% del monto registrado de facturas negociables en la Institución de Compensación y Liquidación de Valores (ICLV) pertenecen a adquirentes de bienes y servicios del Estado.

136 Propuesta alcanzada por la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG).

PROPUESTAS137:

Establecer las directrices internas para que las áreas de tesorería establezcan los procedimientos necesarios para que sus proveedores puedan obtener financiamiento en una etapa temprana; es decir, en la fase de la generación y aceptación de la orden de compra, así como en la etapa de la constitución de la factura negociable (en cualquiera de las fases en las que el proveedor necesite liquidez, son excluyentes).

Realizar los ajustes necesarios a los sistemas de pagos de las entidades del Estado para que se pueda pagar a la entidad de financiamiento.

Accede aquí

Elaborado por:

137 Propuestas alcanzadas por la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

16. REFORMA POLÍTICA

Se presentan propuestas para asegurar la idoneidad de los candidatos electorales en las próximas elecciones, de forma que se logre contar con políticos probos. Asimismo, se propone monitorear los recursos que financian las campañas políticas para evitar dinero ilícito y financiar el financiamiento privado.

1. Asegurar la idoneidad de los candidatos electorales

PROBLEMAS138:

Las organizaciones políticas deben representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión pública. Sin embargo, adolecen de falta de legitimidad, dada la elevada desconfianza de la población hacia los partidos políticos.

La debilidad de las organizaciones políticas ha traído como consecuencia la aparición de figuras independientes que, si bien renuevan la escena política, la cargan de improvisación, falta de experiencia y la hacen especialmente vulnerable a la proliferación de intereses particularistas.

Estamos próximos a una contienda electoral y dada nuestra nefasta experiencia reciente, es imprescindible contar con criterios de elegibilidad rigurosos para la inscripción de candidatos.

PROPUESTAS139:

Ampliar la reforma política iniciada por el congreso, que incluye la reforma constitucional que restituye la bicameralidad del Poder Legislativo, que estará conformada por dos cámaras legislativas: diputados y senadores.

Prohibir las candidaturas de personas con antecedentes penales por delitos graves, especialmente aquellos relacionados con corrupción, tráfico de drogas, lavado de dinero y otros delitos que afectan la integridad pública, tal como lo plantea el Proyecto de Ley 4240/2022-CR y otros, pendiente de aprobación en el pleno.

Contar con criterios de elegibilidad rigurosos para la inscripción de candidatos, incorporando requerimientos de educación y experiencia.

Requerir a los candidatos la divulgación completa de su patrimonio, ingresos y posibles conflictos de interés, e implementar auditorías independientes para verificar la veracidad de la información, incluyendo la de antecedentes penales.

Exigir al candidato aprobar evaluaciones técnicas de integridad, ética y moralidad.

Implementar estrictos códigos de conducta y mecanismos de sanción para los candidatos que infrinjan las normas éticas.

Fortalecer al Jurado Nacional de Elecciones como órgano rector y fiscalizador del cumplimiento de todos los requisitos.

Revisar la norma electoral en cuanto a limitar la cantidad de partidos en contienda140.

138CONFIEP (2022). «Políticas para fortalecer el proceso de descentralización».

139 Bustamante, A. (2024b). «Propuestas para enfrentar la próxima contienda electoral».

140 Bustamante, A. (2024c). «Reconstruir la confianza».

2. Monitorear los recursos que financian a las campañas políticas

PROBLEMAS141:

Escasos mecanismos de fiscalización sobre el uso de los recursos por parte de los partidos políticos abren paso a que sean las actividades ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal, quienes financien las campañas electorales.

La falta de transparencia y rendición de cuentas en el financiamiento de campañas electorales permite la influencia indebida de intereses particulares y contribuye a la corrupción en la gestión pública.

El financiamiento ilegal responde a favores que deberán ser pagados cuando los candidatos consigan un curul, la gobernación regional o el sillón presidencial.

PROPUESTAS142:

Permitir al Jurado Nacional de Elecciones que ejerza control sobre el financiamiento ilegal de las campañas políticas.

Implementar medidas de control, como el uso de firmas de auditoría independientes que verifiquen las fuentes y usos de los recursos de campaña y que estos informes sean transparentes.

Crear plataformas digitales donde la información de financiamiento de campañas sea accesible al público en tiempo real.

Aplicar sanciones severas para aquellos involucrados en financiamiento ilegal, incluyendo multas significativas, pena privativa de la libertad y la descalificación automática de candidatos y partidos involucrados en prácticas de financiamiento ilegal.

141 Bustamante, A. (2024d). «La caja de Pandora (electoral)».

142 Bustamante, A. (2024e). «Propuestas para enfrentar la próxima contienda electoral».

Foto: Agencia Andina.

3. Regular el financiamiento privado de partidos políticos

PROBLEMAS:

Existen restricciones para que las personas y empresas puedan contribuir de manera transparente a los partidos políticos.

La falta de regulación para el financiamiento privado abre espacios para que dinero ilícito, proveniente de actividades ilegales, pueda financiar campañas de partidos políticos y de personas que aspiran a tener un puesto público para proteger sus intereses económicos.

PROPUESTAS143:

Regular de manera adecuada el financiamiento privado a los partidos políticos y movimientos regionales.

Establecer un sistema de financiamiento electoral transparente y regulado que garantice la trazabilidad de los fondos utilizados en las campañas144 .

Bancarizar los aportes privados a partidos políticos.

EL DATO

Apenas el 7% de los peruanos confían en algún partido político, mientras que, solo el 9% se identifica con alguno145 .

143 Bustamante, A. (2024f). «Políticos ilustrados».

144 Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Áncash.

145 LAPOP Lab. Barómetro de las América Perú 2006-2023.

Alfonso Bustamante Canny Presidente

EQUIPO TÉCNICO

Gabriel Daly Turcke Gerente general

Viveca Amorós Kohn Gerente legal, de Administración y Finanzas

José Luis Altamiza Nieto Gerente de Programas de Desarrollo

Karina Abarca Quispe Coordinadora de Comunicaciones

Lucía Cok Pita Coordinadora parlamentaria

Rebeca Koga Cuba Asesora legal

Afrania Palomino Seguin

Asesora económica de la Gerencia de Programas de Desarrollo

Gabriel Ramón Sánchez Analista económico senior de la Gerencia de Política Económica y Desarrollo

Elizabeth Reyes Quispe Analista económica junior de la Gerencia de Programas de Desarrollo

Rafael Contreras Meléndez Asistente creativo de Audiovisuales

Karla Rojas Lanegra Analista junior de Comunicación Digital

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS

DEL DOCUMENTO:

Agencia Andina

Asociación Automotriz del Perú (AAP)

Asociación Interétnica de Desarrollo de la

Selva Peruana (Aidesep)

Asociación Nacional de Laboratorios

Farmacéuticos (Alafarpe)

Diario El Gobierno

Dragos Condrea

EsSalud

Freepik

Ministerio de Educación

Ministerio de la Producción

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Ministerio de Vivienda

Ministerio del Ambiente

Ministerio del Interior

Municipalidad Metropolitana de Lima

Policía Nacional del Perú

Presidencia del Consejo de Ministros

Rafael Contreras Meléndez

Superintendencia Nacional de Educación

Superior Universitaria

Unsplash:

Alexandra Tran

Clay Banks

Danist Soh

Diane Picchiottin

Dominik Vanyi

Instituto Nacional del Cáncer

Jet Kim

Kovah

Louis Reed

Nestor Morales

Nikhita S.

Orlando Leon

Paul Einerhand

Raeng W.

PROPUESTAS PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y BIENESTAR DEL PERÚ

Julio - 2024

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