SEMANARIO N° 223 | 20 Enero 2012 | Editado por COMUNICACIONES-SJ
¤ Denuncian indígenas de Locomapa, Yoro
Autoridades del Estado confabuladas con empresarios saquean sus territorios Unas 19 comunidades se oponen al saqueo de la madera y advierten que seguirán defendiendo sus recursos naturales, a pesar de la persecución y amenazas por parte de la policía nacional y los empresarios.
Los pobladores consideran que la Fiscalía del Medio Ambiente y el ICF están acomodados a los intereses de los ricos. “Hace poco nos detuvieron sin orden de captura y eso no es correcto”, dijo José María Pineda, campesino de la zona. Dilma Soto afirma que han sido amenazados a muerte por defender los recursos naturales. Sin embargo cree que luchar por la defensa de sus territorios es una necesidad y advierte que siempre se van a oponer al saqueo de la madera. El abogado Víctor Fernández, quien acompaña a los tolupanes en esta lucha, afirma que es visible que empresarios están explotando el bosque y en dos ocasiones han sido acusados varios miembros de la tribu, en dos procesos judiciales distintos, por obstaculización de un plan de manejo forestal.
A pesar de contar con tanta riqueza natural, las comunidades indìgenas viven en extrema pobreza.
300 lempiras al mes. Por lo general se dedican a cuidar sus niños y también a labrar la tierra. Los hombres ganan 100 lempiras diarios pero no siempre encuentran trabajo. Al lugar ha llegado un empresario Kenton Landa Uclés, quien es uno de los protegidos de la policía nacional y de manera fraudulenta ha logrado que el Instituto de Conservación Forestal, ICF, le permitan botar àrboles de manera descontrolada y comercializar la madera. Este es un aserradero donde antes los indìgenas preparaban la madera.
lda Merary Soto, es una indígena de la tribu Tolupan de San Francisco Locomapa, en el departamento de Yoro.
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saquear su territorio y aprovecharse del bosque y de los nacimientos de agua que ellos han cuidado por muchos años.
Ella, al igual que muchos de los pobladores, siente impotencia ante la actitud de la policía nacional que se confabula con las autoridades del Instituto de Conservación Forestal, ICF y empresarios, para
En el sector se ubican 19 comunidades en extrema pobreza, hay problemas de salud, falta de acceso a la educación, no hay empleo. Las mujeres cuentan que cuando logran encontrar trabajo en cocina ganan
La gente de Locomapa se ha opuesto al saqueo de la madera, han realizado denuncias y tomas del lugar para detener las rastras y maquinaria del señor Uclés. Estas acciones para defender sus recursos les ha costado amenazas, persecución y hasta detenciones. Al lugar han llegado elementos de la policía y se han llevado detenidos a varios de los dirigentes.
“Ellos no están cometiendo ningún delito al defender sus recursos naturales. Hemos estado exigiendo a la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural que inicie un proceso de investigación en contra de los funcionarios del Estado que en colusión con empresarios de la zona han autorizado la explotación de sus bosques”, indicò el abogado defensor de los indìgenas.
José María Pineda, dirigente indígena de la tribu de San Francisco de Locomapa, Yoro. zación Internacional del Trabajo, OIT, sobre los pueblos indígenas, específicamente al derecho que da a estos lugares a participar y a decidir sobre todas las cuestiones que les involucren como tribu”, explicó el abogado Fernández. Dijo que se seguirá trabajando en el caso y el 2 de febrero se realizará una audiencia, Se espera que los indígenas que han sido víctimas de estos actos de persecución la amenazas, detenciones y saqueo de sus territorios tengan acceso a la justicia y que se logre una respuesta favorable a los detenidos y para pueblo tolupan. A las tierras de los tolupanes tambièn han llegado otros empresarios que pretenden instalar una hidroelèctrica, proyecto al cual se oponen los indìgenas porque no traen ningun beneficio para sus comunidades sino que solo ganancias para los ricos. El sector de Locomapa posee mucha riqueza, ademàs de su abundante bosque, existen muchas plantas medicinales y frutales. Algunos pobladores se han organizado en una cooperativa para elaborar medicinas y shampoo de shàbila, el cual venden en la zona y en la ciudad de Yoro. De esta manera logran hacerse algunos lempiras para medio comer, cuentan los pobladores.
Agregó que todo esto es una violación al convenido 169 de la Organi-
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NUESTRA PALABRA
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Nuestra apuesta: contribuir a la búsqueda de consensos
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uestra apuesta es la de contribuir a buscar consensos hondureños. Todos los comienzos pueden ser oportunidades para rehacer la vida, ver nuevos horizontes, emprender nuevas tareas y echar la suerte en un nuevo camino por andar. Así queremos ver y recorrer desde el Eric y Radio Progreso este año 2012. Las cosas no están para optimismo y euforias, pero tampoco están para hundirnos en la derrota. A lo largo de este año todo lo que hacemos, lo
que decimos, escribimos, pensamos, difundimos y trabajamos queremos verlo desde una apuesta institucional común. Nuestro relacionamiento tanto con las comunidades, la Iglesia y las diversas organizaciones sociales y populares lo establecemos a partir de una apuesta por contribuir a buscar consensos. Una apuesta que a su vez tiene tres expresiones. La primera expresión de nuestra apuesta es la de contribuir a buscar consensos en la lucha contra la impunidad. Y esta lucha
la entendemos desde el seguimiento, apoyo y respaldo a las iniciativas que primordialmente impulsen y lideren las personas y sectores que han sido y siguen siendo víctimas de la impunidad, especialmente de parte de la institucionalidad del Estado. La segunda expresión de nuestra apuesta es la de contribuir a buscar consensos en torno a la lucha en defensa de nuestras riquezas y recursos naturales. Y esta lucha la entendemos desde la articulación con organizaciones comunitarias, socia-
les, eclesiales y populares que defienden sus tierras, bosques, aguas y minería frente a personas, grupos e instituciones nacionales o transnacionales que trafican y negocian con el patrimonio de las comunidades. La tercera expresión de nuestra apuesta es la de contribuir a iluminar críticamente la realidad política hondureña que en este año está especialmente alterada y condicionada por el complejo y nada fácil proceso político electoral. Con toda la riqueza que representa tanto la
participación ciudadana en procesos electorales, como la irrupción de diversas ofertas políticas, este proceso político electoral, además de distractor, sigue siendo la expresión de un modelo político elitista, concentrador de poder y productor de exclusión y discriminación. El peligro de la utilización de las demandas y los conflictos acumulados en función de perfiles electorales exige una auténtica vigilancia social, que en el caso de nuestra apuesta se expresa en el análisis y la palabra critica, siempre
en el marco de la búsqueda de consensos. Desde esta apuesta por contribuir a buscar consensos con sus tres expresiones apuntadas, invitamos a nuestros oyentes, organizaciones aliadas y comunidades de base a que en este año demos un paso en firme en la construcción de una nueva cultura que nos conduzca a re-hacer los tejidos sociales, políticos y económicos para crecer como ciudadanía activa, responsable, autónoma y soberana en sus decisiones.
¤ Según abogado laboralista
Nuevo salario mínimo es inconstitucional El acuerdo establece que las empresas con hasta 50 empleados harán un ajuste del 5,6% al salario de su personal, y el aumento es del 6,24% para las que poseen de 50 a 150 trabajadores. Las compañías con más de 150 trabajadores aprobaron un aumento salarial del 7,25%. El abogado Salvador Espinoza, especialista en Derecho Laboral aseguró que el nuevo incremento al salario mínimo es inconstitucional ya que se estableció para dos años, contrario a lo que dice la Ley de Salario Mínimo que debe ser anual y como parte de las atribuciones del presidente de la República según la Constitución. El gobierno aprobó el 12 de enero un aumento al salario mínimo que oscila del 5,6 al 7,25%, según el número de empleados de las empresas que operan en Honduras, ajuste que se mantendrá por dos años. Sin embargo, Evangelina Argueta, miembro de la Central General de Trabajadores, CGT, y parte de la comisión negociadora este año, afirmó que la negociación fue interesante y productiva pues se evitó que muchas empresas cerraran y subieran las cifras de desempleo.
Pudo más el miedo Pero para Argueta, aunque muchas personas no estén de acuerdo con el porcentaje de incremento, la gran preocupación de lo que está pasando a nivel de Centroamérica, recortes de personal o cierres de empresas, puede más que cualquier cosa. “Las opiniones de los trabajadores han sido positivas, no es el gran aumento pero la gente tiene temor de quedar sin trabajo” dijo Argueta. Sin embargo, no todos están contentos como lo establece Argueta. Waldin Banegas del Sindicato de la fábrica Star, Sitrastar, asegura que el aumento este año, es “pírrico” y que solo demuestra la exclusión que sufren los obreros y obreras de las maquilas, que este año se traduce a aproximadamente 300 Lempiras de aumento. Inconstitucional Argueta aseguró que se estableció
por un plazo de 2 años para el siguiente ajuste, y en el caso de las maquilas de 3 años, porque para los trabajadores todos los años siempre se está jugando con el tiempo, haciendo “show” y finalmente perdiendo el retroactivo, además habrá una comisión de seguimiento, vigilante que el acuerdo se cumpla. Ante esto, Espinoza explicó que el tiempo que se negoció, jurídicamente, ni la constitución ni la Ley faculta a persona alguna ni al propio Estado para que negocien salarios por más de un año. “La constitución dice que le corresponde dentro de sus atribuciones al presidente de la república fijar el salario mínimo de conformidad con la Ley de Salario Mínimo que en su artículo 35 señala que debe negociarse año con año, en diciembre para que entre en vigencia en enero y que si la tasa de la inflación va mas allá del 12% entonces puede revi-
sarse en junio.
juegan en la esfera industrial.
Algunos compañeros y compañeras de buena fe dicen que esta negociación ha sido histórica y que es un triunfo completo, yo creo que hay que ser un poco más analítico” adujo.
“La tasa de inflación que muestra el Estado ha sido puesta en duda porque no refleja algunos renglones que son claves como la vivienda, vestuario, educación y esto parte de que el sistema capitalista ha ido minando esa correlación de fuerzas entre sector industrial y obrero, agenciándose un poder omnímodo que no permite aumentos como el que se dio cuando Manuel Zelaya, un 70%, un caso más del azar” expresó Espinoza.
tiempo de vacas flacas Para el abogado, actualmente la dirigencia obrera está en “tiempo de vacas flacas”, ya que el incremento al salario mínimo, lejos de ser histórico y productivo, fue una imposición del mercado y los intereses que se
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¤ Según organizaciones comunitarias
Dictamen Ley de minería es lesivo para los pueblos cias por la falta de consultas, lo que estaría generando graves problemas para las comunidades y a los entes encargados de la regulación ambiental, debido a que no deja establecido que previo a una explotación minera primero se debe consultar al pueblo”.
La próxima semana se retomará en el Congreso Nacional la discusión de la Ley de Minería.
La ley de Minería e Hidrocarburos, favorece a las transnacio“ nales y no al pueblo hondureño, ya que en ésta no se ha considerado la soberanía y dignidad de los habitantes de los territorios para explotación minera en Honduras” aseguró Bertha Cáceres, Coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Copinh. Sus reacciones se producen luego que se anunciara que el Congreso Nacional, la próxima semana, estaría retomando la discusión de dicha Ley en el inicio de la tercera legislatura. Bertha Cáceres agregó que el proyecto de la nueva Ley de Minería es una amenaza contra la vida, la soberanía, biodiversidad, salud, agua
y dignidad, que es lesiva para los pueblos indígenas y negros, a las comunidades campesinas y rurales, poblaciones afectadas y amenazadas, y al pueblo hondureño en general. Las organizaciones comunitarias y defensoras del ambiente han cuestionado la secretividad con la que la Comisión de Dictamen, que preside el diputado nacionalista Donaldo Reyes Avelar, ha manejado la Ley y no ha querido publicar la esencia de ésta. Entre los cambios que se plantean en la nueva Ley de Minería está el incremento al impuesto que las mineras darán a las municipalidades que será de 4.5 por ciento, del cual el dos por ciento será para la denominada Tasa de Seguridad y el
dos por ciento para las alcaldías, y el medio punto restante será dirigido al apoyo de logística e investigación del Instituto de Geología y Minas que sustituirá a la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería, Defomin. Ley sin socializar
Pedro Landa, del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, y de la Coalición de Redes contra la Minería, consideró que la forma en que se ha elaborado el proyecto de Ley ha sido excluyente ya que no se ha tomado en cuenta a los pobladores de las zonas donde se realiza hasta el momento actividad minera. Landa señaló que “el proyecto de la nueva ley tiene serias deficien-
La ley no contempla penalidades para las empresas mineras que cometan actos reñidos contra la ley y con la justicia, para sancionarles por los daños que provoque al ambiente y a las comunidades, como ha sucedido en San Andrés Minas y Entremares en el Valle de Siria. Pedro Landa dejó claro que en un inicio el proyecto de Ley de Minería, recogió algunas de las propuestas hechas por las organizaciones ambientales pero que en el camino estas fueron trastocadas y dejadas a conveniencia de las transnacionales de la minería. Mediante un comunicado el Copinh junto a otras organizaciones denunciaron que actualmente “hay más de 130 solicitudes pendientes para explotación minera, que son parte de la subasta de las riquezas
naturales y de la depredación sin límites en Honduras. A esto se suma la entrega del 30 por ciento del territorio nacional a las trasnacionales mineras a través de 370 concesiones y 21 más aprobadas en las últimas semanas, situación que traerá un costo sin precedentes en la destrucción de la vida del pueblo hondureño”. Vienen movilizaciones
Wilfredo Rivera, miembro del Movimiento Ambientalista Santabarbarense, MAB, señaló que en el nuevo proyecto e la Ley de Minería únicamente se contempla los ingresos que la explotación minera a cielo abierto estará generando al gobierno, pero no se crean los métodos de regulación para evitar que las transnacionales se marchen dejando sólo muerte y destrucción en las territorios explotados. Afirmó que las organizaciones populares, indígenas y comunitarias no se quedarán de brazos cruzados y la próxima semana saldrán a las calles en rechazo a la aprobación de la nueva ley de Minería e Hidrocarburos. Varios dirigentes indicaron que harán las denuncias internacionales correspondientes ya que se está a las vísperas de un marco legal que en vez de proteger los recursos naturales y el derecho de los pueblos, los deja desamparados.
Asesinan a dirigente campesino del Muca Sicarios asesinaron al dirigente campesino Matías Valle Cárdenas, del Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán, Muca, margen derecha. Este hecho lamentable sucedió hoy en la aldea Quebrada de Arena, Tocoa, Colón. Según testigos, Valle Cárdenas a eso de las 7:00 de la mañana, se encontraba frente al depósito Vargas, para tomar un bus interurbano, cuando dos individuos que se conducían encapuchados en una motocicleta, le dispararon en varias ocasiones y luego se dieron a la fuga. El hoy occiso tenìa 51 años de edad y era fiscal de la Empresa Campesina La Chile, del asentamiento La Con-
fianza del Muca. Deja 6 hijos, tres de ellos menores de edad, procreados con su esposa Dominga Ramos Montoya. “Valle habìa recibido amenazas a muerte desde hace varios años, igual que ahora está en peligro el resto de la dirigencia campesina del Aguán”, manifestó un dirigente campesino de Muca. Con este nuevo crimen ya suman 56 los labriegos asesinados desde 2009 hasta la fecha. “Lo peor es que todos estos casos están en total impunidad, aún cuando hay fuertes indicios que tienen que ver con la lucha por la recupe-
ración de las tierras en poder de los terratenientes de la zona del Aguán” concluyó el campesino. Por su parte, Esly Banegas de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, Copa, manifestó que a pesar de haber instalado el Observatorio Permanente de Derechos Humanos, y de firmar diferentes convenios para la solución del conflicto agrario en el Aguán, se siguen perdiendo vidas. “Como Copa y demás organizaciones del Aguán, exigimos al régimen de Porfirio Lobo Sosa, el cese de tanta represión y asesinatos, y el castigo para los violadores de Derechos Humanos”, manifestó Banegas.
Campesino Matías Valle era miembro del MUCA.
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Fe colectiva en fiesta de Cristo Negro de Esquipulas
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1 Cada 15 de enero, miles de fieles se acercan al santuario de Esquipulas en Arena Blanca, municipio de El Progreso, Yoro, para pedir favores o cumplir promesas.
2 Muchas mujeres pidieron con fe y devoción un cese a la violencia. 3 La celebración del Cristo Negro de Esquipulas en la comunidad de Arena Blanca, comienza con un vía crucis que a lo
largo de dos kilómetros une las voces de la gente en oraciones y cantos alusivos.
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Por más de 400 años la celebración del Cristo Negro de Esquipulas, que originalmente se encuentra en Guatemala, reúne a miles de devotos católicos en todo Centro América a encender velas de esperanza.
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Arena Blanca, una aldea al norte de Honduras, se ha convertido en el destino de miles de hondureños devotos que no pueden ir a la basílica del Cristo Negro en Guatemala.
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Sindicato propone que Enee retome lectura, facturación y cobro de energía El Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Stenee, presentará al Legislativo una propuesta de Ley que faculte a la estatal hacer la lectura, facturación y cobro de la energía eléctrica.
que se hagan ensayos legales, técnicos y operativos con la actual estructura, para conocer el margen de debilidad técnica y administrativa y se pueda superar en estos cuatro meses, ya que en mayo finaliza el contrato con Semeh.
La propuesta surge debido a la carga técnica y administrativa que acarrea el Servicio de Medición de Honduras, Semeh, que mensualmente crucifica los bolsillos de los hondureños y hondureñas.
Pero no solo existe la propuesta de los sindicalistas de la Enee, ya se maneja la propuesta de un grupo colombiano llamado Gensa y LR Goup de Israel y otro estadounidense, que están interesados en realizar la lectura, facturación y cobro de la energía eléctrica.
Miguel Aguilar presidente del Stenee a nivel nacional asegura que el interés del sindicato es que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Enee, retome esas funciones que fueron tercerizadas en 1999, otorgadas, mediante un contrato a Semeh. Demandan a la gerencia general
De retomar la lectura, facturación y cobro de la energía, Aguilar agrega que la estatal estaría ahorrándose más de 20 millones de lempiras mensuales que serían invertidos en mejoras de los servicios que presta la institución del Estado.
Para solicitar el respaldo de la población hondureña y exigir al régimen de Lobo Sosa que estas funciones vuelvan a la estatal, el sindicato iniciará acciones en diferentes regiones del país comenzando el próximo martes en Tegucigalpa.
El pueblo ha mantenido la denuncia en contra de Semeh por mal servicio.
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Otro poder… es posible E
l presidente Mauricio Funes pidió perdón en nombre del Estado por la matanza de 936 personas en una de las mayores masacres realizadas durante la guerra civil al conmemorar el 20 aniversario de la firma de los “Acuerdos de Paz”.
de una larga lista de desaparecidos, mientras otros y otras debieron emigrar y perderlo todo para salvar sus vidas”.
Ciertamente no estamos acostumbrados a que quiénes administran el poder pidan perdón a su propio pueblo, especialmente a las víctimas inocentes, indefensas y a sus familias.
Y, sin embargo, no es nuevo en nuestro continente pues varios presidentes han emprendido la tarea de la reconciliación nacional haciendo que la “memoria histórica” sea una realidad, que se escuche a las víctimas, que se anulen las amnistías decretadas por los militares cuando dejaron el poder y que impusieron a los gobiernos civiles en su transición hacia la democracia.
En sus propias palabras dijo que “aquí se cometieron un sinnúmero de actos de barbarie y violaciones a los derechos humanos: se torturó y ejecutó a inocentes; mujeres y niñas sufrieron abusos sexuales y cientos de salvadoreños y salvadoreñas hoy forman parte
Dilma Rousseff, presidenta actual de Brasil, fue encarcelada, violada y torturada. Lo mismo sucedió con el Presidente José Mújica de Uruguay, exguerrillero tupamaro y preso por más de doce años. La primera ha conformado la “Comisión de la Verdad” con el objeto de
esclarecer los crímenes, asesinatos, desapariciones y torturas cometidos por la dictadura militar. Mújica logró derogar la “Ley de la Caducidad” que amnistiaba a los criminales de la dictadura. Y, ahora Funes, se une a esta cadena de presidentes que “utilizan el poder, pero de otra forma y con otros fines”. Y no deja de ser casualidad que lo realicen gobernantes que “vienen de la izquierda” y que cuentan con un grado de legitimidad elevado en sus países. Nos preguntamos por qué el presidente hondureño que se ha formado en la “tradición socialista”, como muy bien le recordaba recientemente el presidente Daniel Ortega, no hace algo semejante en nuestro país. El Presidente Funes no solo pidió perdón sino que “mencionó a los jefes respon-
sables de la que se considera la mayor masacre de las ocurridas en países latinoamericanos que han sufrido conflictos armados. “El teniente coronel Domingo Monterrosa, el mayor José Armando Azmitia Melara y el mayor Natividad de Jesús Cáceres Cabrera”. Igualmente pidió terminar con la “impunidad histórica” y que los militares hagan “una revisión de su interpretación de la historia a la luz de este reconocimiento” dejando de “presentar como héroes de la institución y del país a jefes militares que estuvieron vinculados a graves violaciones a los derechos humanos”. Nosotros hemos vivido un golpe de Estado y estamos atravesando una de las peores crisis en cuanto a la institucio-
nalidad jurídico-democrática se refiere. Lo más urgente en estos momentos es afrontar el tema de la impunidad, tener la “honradez histórica y política” de hacer público los nombres de los responsables y, sin más tardanza, poner en práctica las recomendaciones que nos dejó la “Comisión de la Verdad y Reconciliación”. Ni el gobierno ni las campañas electorales que están comenzando tendrán credibilidad mientras no haya perdón a las víctimas y acabemos con el ejercicio de un poder que domina y se impone a toda la sociedad en vez de ser un “poder de reconciliación”. Porque la experiencia de nuestros hermanos latinoamericanos nos dice y hace creer que “otro poder… es posible”.
La Ceiba
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Mujeres Nobel de la Paz demandarán esclarecimiento de femicidios en Honduras
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tienen edades comprendidas entre 15 y 49 años.
Rigoberta Menchù y premio Nobel de la Paz, estarà en el paìs.
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n el marco de la celebración del Día Nacional de la Mujer, el 25 de enero, dos mujeres Premio Nobel de la Paz visitarán Honduras para conocer la situación que atraviesan las mujeres en una sociedad afectada por altos índices de violencia, discriminación y machismo. “Para nosotras es un gran honor y una gran alegría la visita de mujeres Nobeles de la Paz como parte de una gira que impulsa la Iniciativa de
Mujeres Nobel”, aseguró Gilda Rivera, directora ejecutiva del Centro de Derechos de Mujeres, CDM, una de las organizadoras que preparan la actividad. Rivera manifestó que esta actividad es parte de una gira que realizan las Premios Nobel, iniciando en México, Honduras y finalizando en Guatemala. “Tendremos la presencia de la Premio Nobel de la Paz (1997) Jody Wi-
Organizaciones defensoras de derechos humanos exigen investigar las muertes de mujeres.
lliams de origen estadounidense que impulsó una gran lucha contra la utilización de las minas personales y con la presencia de la Premio Nobel de la Paz (1992), dirigente indígena, Rigoberta Menchú de Guatemala” apuntó Rivera. Los tres países que serán visitados están considerados de alto riesgo para la vida de las mujeres, Gilda Rivera indicó que las premio Nobel creen que es necesario presionar a
los gobiernos para que cumplan con compromisos internacionales encaminados a proteger a las mujeres, mismos que han sido firmados por los gobiernos. Situación de las mujeres en el país Las mujeres representan 51.5% de la población total del país (53.5% de la población urbana y 49.8% de la rural), de las cuales 1.7 millones
Según datos oficiales, para el año 2011 se registró un promedio de una mujer asesinada cada 18 horas, superando las estadísticas del 2010. Y el 97% de estos casos permanecen en la impunidad. Las autoridades afirman casi siempre que van a investigar, sin embargo la lista de crìmenes contra mujeres crece todos los dìas y no hay nadie en la càrcel. Este 25 de enero, muchas voces de mujeres en todo el paìs se uniràn para exigir que se castigue con todo el peso de la ley a los asesinos de mujeres.