SEMANARIO No. 291 | 31 Mayo 2013 | Editado por COMUNICACIONES - SJ
Paz y justicia, gritos en una sociedad herida U
n día soleado en la norteña ciudad de San Pedro Sula. El reloj marcaba las 9:00 de la mañana. A partir de allí incrementaba la expectativa de oír en voz de los líderes de las dos organizaciones que en la última década han mantenido a la población atemorizada, la tregua que se había anunciado. Un nutrido grupo de periodistas, comunicadores, camarógrafos y reporteros se dieron cita en la entrada del Centro Penal sampedrano. Hoy, este centro era escenario de una declaración pública, de un pacto. Ese mismo escenario fue testigo, en el 2004, un 17 de mayo; de otra situación protagonizada por los pandilleros. En esa ocasión los pandilleros pidieron que se les escuchara con gritos de desesperación. 107 privados de libertad fueron víctimas mortales de un incendio. La zona muerta fue el pasillo que nos condujo hacia el recinto de la MS-13. Los custodios abrieron el portón de entrada al lugar donde permanecen los integrantes de esta organización. La primera imagen fue un grupo de jóvenes trabajando la carpintería, bajo una galera, los ruidos de las máquinas y el olor a pintura. En el patio camas, mesas y sillas, secándose a pleno sol.
No transcurrieron muchos minutos cuando aparecieron, bajo la sombra de un árbol, los líderes de la MS-13 que se apostaron para dar las primeras palabras. Los medios de comunicación ansiosos, ubicaban cámaras y micrófonos. Un integrante de la MS, cruzaba sus brazos frente a todos los periodista mientras decía: “Gracias por transmitirle a la sociedad lo que nosotros queremos demostrarles… Ante Dios pedirle perdón por todo, pedirle también perdón a la sociedad si en algún momento hicimos daño, pedirles perdón a nuestras autoridades,” los líderes de la MS fueron claros en su discurso y los periodistas seguíamos anotando y grabando.
Miembros de la Pandilla 18 en conferencia desde el Penal Sampedrano.
Líderes de la Mara Salvatrucha, MS.
de personas en edad productiva, están sin empleo. En ese sentido los integrantes de la MS-13 hacen eco de una demanda fundamental de la población hondureña. Esa es otra de las promesas incumplidas de Porfirio Lobo Sosa. Poco tiempo después, cuando el reloj marcaba las 10 de la mañana, nos trasladamos a la zona de la pandilla contraria; el Barrio 18. Al entrar, una pared pintada de azul y en unas letras grandísimas se leía: “Eighteen”. Una enorme serpiente plasmada en los muros en azul que resguardan a los integrantes de esta organización. Monseñor Rómulo Emiliani, obispo auxiliar de la diócesis de San Pedro Sula y Adam Blackwell, secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA), han sido las dos figuras presentes e intermediarios en este primer paso.
“Nosotros lo que queremos es trabajar, nosotros lo queremos es paz con Dios, paz con la sociedad y con nuestras autoridades”.
“Este es un día histórico también, porque implica un acercamiento de las pandillas con la sociedad hondureña y con el Estado hondureño”, dijo Monseñor Emiliani, en quien los miembros de ambas organizaciones depositan mucha confianza.
En Honduras cerca de dos millones
La pandilla 18, a través de sus líde-
Monseñor Rómulo Emiliani mediador en el diálogo con la Pandilla 18 y Mara Salvatrucha.
res, también pronunció un discurso muy coincidente con la otra organización: “Venimos aquí en son de paz, queremos pedirle un perdón a toda la sociedad y la verdad de las cosas que queremos un cese al fuego”. Ambas agrupaciones insistieron que se les escuche, que haya un diálogo
serio y responsable: “Ha habido gobiernos anteriores que no nos han querido escuchar y aquí estamos, somos parte de la sociedad también y queremos que nos escuchen. Y necesitamos fuentes de empleo para nuestros hijos el día de mañana”.
tedrático universitario, el papel del Estado en la resolución de conflictos en la sociedad es ineficiente.
Para Carlos Pineda, sociólogo y ca-
Ante el clamor de la población
“El estado no tiene capacidad para poder lograr este tipo de acuerdos con grupos delictivos o pandilleriles”.
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por encontrar un respiro al clima de inseguridad, no deben existir aires de triunfalismo; más bien, entender éste compromiso de ambas organizaciones como un primer paso, pero hay que recibirlo con mucha precaución, sostiene Pineda. “Hay que valorar el esfuerzo que se está haciendo, darle el beneficio de la duda a los dos grupos pandilleros. Por otro lado hay que ver que las pandillas tienen una forma de operar muy estricta, ellos tienen códigos de comunicación, códigos de comportamientos, de respeto a las reglas internas y esperemos que ese sea un factor beneficioso”, dijo Pineda. Por su parte Casa Alianza, una organización que trabaja con niños y niñas en riesgo social y que tiene su sede en Tegucigalpa, sostiene que el Estado debe tener mayor involucramiento en crear las condiciones para la juventud. José Guadalupe Ruela, director de esta institución afirma que en Honduras deben
abrirse oportunidades reales para la inserción de la juventud. “Mientras el Estado no abra oportunidades reales de integración y de participación a las jóvenes y los jóvenes; en economía, en la política, en la cultura, en la educación y en la salud pocos serán los resultados que se podrán alcanzar”. Mientras los expertos y entendidos en temas sociales, los gobernantes, medios de comunicación crean opiniones y generan debate, los pandilleros siguen esperando ser escuchados.
En la cárcel
Estar dentro de los muros del Centro Penal de San Pedro Sula, no es cosa fácil. Un informe del Comisionado Nacional de Derechos Humanos titulado “Panorama nacional de los centros penales a 2010”, explica que para alimentar a un privado de libertad, se tienen presupuestados once lempiras al día, es decir
menos de un dólar (0.58 centavos de dólar) diarios por persona. Las condiciones higiénicas, la atención médica es casi ausente. Actualmente la población en los 24 centros penitenciarios suma alrededor de unos 12,000 internos y su capacidad es de 9,000. Tiene una sobrepoblación de 3,000 aproximadamente, según el titular de la Secretaría del Interior y Población, Áfrico Madrid. Entre bullas, miradas entrecruzadas y haciendo las últimas anotaciones y entrevistas, todos los medios salieron hacia sus respectivas oficinas. El sol casi estaba en su zénit. El calor sofocante, las salidas de los recintos de ambas organizaciones. Ahora había que contarlo a la población, sería ese día y los siguientes el tema
de conversación, en glorietas, en el trabajo, en el puesto de baleadas, en el barrio, en las colonias.
das los responsables de encerrarnos entre los muros de corrupción e impunidad?
Ahora, fuera de los muros se espera un debate, un diálogo en todos sectores involucrados: gobierno, ciudadanía, empresa privada, movimientos sociales, políticos, medios de comunicación, iglesias, ongs, etc.
“Yo alucino que un hijo mío llegue a ser doctor, diputado, o quien quita que sea un camarógrafo…”, “… Que nuestras manos hagan obras buenas, positivas” “ésta onda como les digo, es una semilla que se está sembrando y se espera que sea un árbol de buen fruto…” esas palabras de un pandillero, suenan más que la bulla de quienes han gobernado a Honduras por décadas.
Algunas preguntas ya resuenan en el ambiente: Si los miembros de la MS-13 y la Pandilla 18 han tenido la iniciativa de dar un primer paso. ¿No deberían pedir perdón otros sectores que también han hecho daños a la población hondureña?, ¿Porqué esos otros sectores, que también han abierto heridas a Honduras, no dan el primer paso para un diálogo real?; ¿acaso no son los políticos que nos han gobernado por déca-
Hay heridas abiertas, que están palpitando y reclamando por justicia que restaure a las víctimas. Hay mucho camino por recorrer, hay una necesidad de reencuentro en la sociedad para escribir una nueva historia.
Cronología En la década de los 90´s la MS y la 18 nacen en Honduras.
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Enero de 2002, Ricardo Maduro asume como presidente de la república. Una de sus principales promesas fue el combate a la criminalidad. Nace la idea de los “Operativos de Cero Tolerancia” hacia las pandillas. 21 de marzo de 2003. Masacre en Centro Penal de SPS. (7 pandilleros encontrados muertos). 5 Abril de 2003. Masacre en Granja Penal de El Porvenir de La Ceiba (69 muertos, 61 eran pandilleros). 15 de Agosto de 2003, se reformó el artículo 332 del Código Penal de Honduras. Permitía la detención de cualquier persona bajo la sospecha de pertenecer a una pandilla. Fue denominada “Ley Antimaras”. 7 de diciembre de 2003. Masacre en Centro Penal de Puerto Cortés. (3 muertos de pandilla 18). 17 de Mayo de 2004. Masacre en Centro Penal de SPS. (108 muertos). 2006. Concluye una investigación de 4 tomos, iniciada a finales de la década de los 90´s, sobre el fenómeno de las maras y pandillas en Centroamérica. Investigación coordinada por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) en Honduras y la Universidad José Simeón Cañas de San Salvador. Septiembre de 2010 y enero de 2011. Investigación sobre el fenómeno de Maras y Pandillas. Como resultado se obtuvo el informe de la UNICEF, titulado “Situación de maras y pandillas en Honduras”. 14 de Febrero 2012. Masacre en Granja Penal de Comayagua. (360 muertos). 28 de mayo de 2013. Declaración pública de tregua con la sociedad hondureña por parte de la MS-13 y la pandilla 18.
Periodistas de todo el país y de medios internacionales llegaron al penal sampedrano a escuchar a los líderes de la Pandilla 18 y MS.
En el centro penal varios internos participan en los trabajos de rehabilitación.
Varios talleres hay dentro del penal para que los privados de libertad permanezcan ocupados.
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Una oportunidad L
os dirigentes de las pandillas MS y 18 han declarado oficialmente una tregua en su accionar de violencia. La tregua tiene que ver con parar crímenes, extorsiones, amenazas, reclutamientos y todo lo relacionado con amenaza y daño a la sociedad. Han sido claros: es una decisión firme, a cumplir con estricta disciplina, y piden perdón a Dios, a la sociedad e incluso a las autoridades. Los dirigentes pandilleros expresan que esta decisión es apenas un paso en un proceso que puede llegar incluso al final definitivo de sus acciones. Ellos desean
reinsertarse en la sociedad como ciudadanos trabajadores y con oportunidades para que sus hijos crezcan y se eduquen como personas de bien, con opciones en la vida. Con esta tregua, los pandilleros piden al gobierno y a la sociedad que les den una oportunidad para demostrar que ellos son seres humanos, con sentimientos nobles hacia sus familias, deseos de superación, que aman la vida, que tienen fe en Dios, como valores que ellos, los pandilleros, llevan en sus corazones endurecidos y curtidos por la discriminación y la criminalización.
Esta decisión de los pandilleros es para ponernos a reflexionar a la sociedad entera, y sobre todo a quienes tienen tanta responsabilidad en los campos políticos, públicos y privados, y que en sus manos han tenido las mayores decisiones y no las han aprovechado. Los políticos, empresarios, dueños de medios de comunicación, dirigentes religiosos han contribuido, con sus prácticas de doble moral y con sus intolerancias, a que la juventud se haya visto orillada a tomar decisiones fuera de la ley y de los parámetros de la institucionalidad legalmente establecida en nuestro país. Los pandilleros declaran una tre-
gua a cambio de que el gobierno y la alta empresa privada ofrezca oportunidades de empleo ¿están estos sectores decididos a dar una respuesta coherente con esta demanda de los pandilleros? Los dirigentes pandilleros han declarado una tregua a su accionar violento, ¿está dispuesto el gobierno y otros sectores vinculados a camufladas maras criminales a corresponder con la misma moneda de parar sus actos violentos y criminales? La tregua ha sido una iniciativa de los dirigentes de la dos pandillas consideradas las más temibles de Honduras. Si ellas han dado este paso, ¿son tan criminales como
las han calificado los propietarios de los medios corporativos y algunos sectores políticos y empresariales? ¿Los sectores políticos, empresariales e incluso religiosos que han satanizado a las pandillas, son acaso ejemplos eximios de ética, transparencia, pacifismo, honradez y solvencia moral como para no tener que dar también un paso, una tregua en sus prácticas que permita abrirse a la escucha de los otros, los distintos y así avanzar hacia el pacto social en base a consensos mínimos? Los dirigentes de las pandillas ya dijeron su palabra. Todos los sectores, sin excepción, tenemos ahora que pronuncia nuestra palabra.
Por masacre cárcel sampedrana en 2004
Estado de Honduras pidió perdón a familiares de víctimas En el terreno donde se construirá la nueva cárcel sampedrana, el ministro del interior Áfrico Madrid habló hoy en nombre del Presidente de la República Porfirio Lobo Sosa y del Estado hondureño para pedir perdón a las familias de los 107 privados de libertad que murieron en el incendió ocurrido el 17 de mayo de 2004 en San Pedro Sula. Madrid quien llegó junto a una delegación gubernamental, expresó: “A nombre del Estado hondureño reconocemos la responsabilidad en relación con las cuestiones de hecho y de derecho establecidas en el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e igualmente pedimos perdón a los familiares de los compatriotas que perdieron la vida en el incendio del centro penitenciario de San Pedro Sula, fue un hecho no motivado por el Estado y aceptamos la responsabilidad por no haber tenido el cuidado de estas personas y por no haber implementado en aquel entonces las condiciones necesarias para garantizar la vida”. Contrario a lo que indica la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien incluyó a
Honduras en la “lista negra” de países donde se necesita mejorar “urgentemente” el respeto a los derechos fundamentales. Madrid recalcó que el Estado de Honduras ha dado el ejemplo de respeto a los derechos humanos, contrario a otros estados del hemisferio. “El Estado de Honduras siempre ha mantenido la aceptación de toda su responsabilidad y aplicabilidad de las convenciones, acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos humanos”. De acuerdo con la CIDH, Honduras experimenta “asuntos estructurales en materia de justicia, seguridad, marginación y discriminación” que se agudizaron desde el golpe de Estado de junio de 2009 y durante el año pasado sus “efectos o repercusiones se han mantenido”. En el caso del incendio en la cárcel sampedrana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos manda a que el Estado hondureño pida perdón públicamente por la masacre en la cárcel de San Pedro Sula, también indemnizar a los familiares de las víctimas y la construcción de cuatro centros penitenciarios a nivel nacional.
Africo Madrid, ministro del Exterior.
Madrid manifestó que ya se cuenta con el presupuesto para pagar a las familias del incendió del cual Honduras tomó responsabilidad ante la CIDH. Otro punto del acuerdo con la Corte es que el Gobierno creará una comisión independiente, con el apoyo de la Iglesia católica, para investigar el incendio del 2004 y castigar a los responsables. Monseñor Rómulo Emiliani de la Pastoral Penitenciaria, es una de las personas que abogan porque la situación de los centros carcelarios mejore y ha estado junto al comité
Rómulo Emiliani, obispo auxiliar de la Diócesis de San Pedro Sula.
pro construcción de la nueva cárcel, sin embargo se lamenta porque ya han pasado 9 años del siniestro y la construcción aun no empieza porque le dicen que no hay fondos.
Sin embargo dice tener la esperanza de que con los fondos de la tasa de seguridad ciudadana el dinero para construir la nueva penitenciaría inicie muy pronto en un predio que donó el Estado.
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Indígenas de Río Blanco, Intibucá
Denuncian que se les ha violentado su derecho de consulta libre
E
n la defensa territorial y la dignidad del pueblo Lenca, las comunidades del Sector de Río Blanco, Intibucá, dan ejemplo de dignidad al defender sus territorios con todas sus fuerzas. Llevan más de dos meses en la toma de la carretera en el lugar conocido como el Roblón, en rechazo al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. La decisión de continuar en la lucha permanente ha sido ratificada en asamblea general. El Pueblo Lenca exige la salida del Proyecto Agua Zarca el cual ha servido para privatizar el Río Gualcarque por 20 años, favoreciendo a las empresas Desarrollo Energético DESA, FICOHSA, COPRECA, beneficiadas con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE y del Banco Mundial. El proyecto se desarrolla por parte de la compañía china SINOHYDRO, y consiste en el represamiento del río Gualcarque que alimenta de agua a varias comunidades lencas en el occidente del país y cuyas operaciones han sido detenidas por la lucha de los pobladores y pobladoras del sector quienes expulsaron al personal de la compañía junto con la maquinaria. “Este río es sagrado para los que habitamos en estas comunidades
lencas y lo hemos conservado durante siglos. Es por esa razón que lo vamos a defender si es posible con vidas”, dijo Adelaida Sánchez del Consejo indígena de Intibucá. “Como comunidades indígenas denunciamos la ilegalidad del procedimiento ejecutado para otorgar licencias en la ejecución del proyecto, pero sobre todo en su ilegitimidad ante la demanda indígena y la violación del derecho de Consulta Libre, Previa e Informada, al Convenio 169, títulos antiguos, derechos históricos y acuerdos firmados entre el Consejo Cívico de Organizaciones y Pueblos Indígenas de Honduras, COPINH, y el Estado de Honduras”, indicó Adelaida Sánchez. Por su parte Nicolás Domínguez hizo un llamado a la solidaridad activa, al pueblo hondureño a sumarse a este proceso por la emancipación y la dignidad y a las comunidades a profundizar la defensa territorial y los derechos del pueblo Lenca. “En un cabildo abierto y en asambleas indígenas, las comunidades hemos rechazado el proyecto hidroeléctrico y el gobierno tiene toda la información de nuestra posición adoptada. También interpusimos la denuncia de rechazo al proyecto en
Adelaida Sánchez una de las dirigentes indígenas en Río Blanco, Intibucá.
la Fiscalía de las Etnias del Ministerio Público, SERNA y en el Congreso Nacional”, indicó Nicolás Domínguez.
Denuncian al Batallón de Ingenieros de las FFAA
Las comunidades también denuncian que soldados del Primer Batallón de Ingenieros con asiento en Siguatepeque, Comayagua, los están amenazando, acosando y acorralando a los habitantes de las comunidades de Río Blanco. Desde que se sale del casco urbano
del municipio de Zacapa, Santa Bárbara, se encuentra con el primer reten militar quienes están chequeando que vehículos y quienes van rumbo al sector río Blanco. Luego en la carretera se ven agentes militares en los montes o transitando en vehículos particulares.
Congreso otorgó 52 concesiones de ríos en varias regiones
El Congreso Nacional aprobó concesiones de 52 ríos en varias regiones del país. Estas acciones están gene-
rando los movimientos de resistencia y de lucha de las comunidades, como Atlántida, San Pedro Zacapa, San Francisco de Ojuera y Río Blanco, Intibucá. El 17 de septiembre de 2010 los diputados y diputadas del congreso Nacional que apoyaron el golpe de Estado, entregaron el río Gualcarque al capital transnacional para provocar su represamiento y convertir el cauce en energía eléctrica de capital privado.
En San Pedro Sula
El ERIC y Radio Progreso presentan documental “No más impunidad” La ciudadanía está en completa indefensión, pero la lucha que ha comenzado a gestarse por parte de víctimas de la impunidad, renueva las esperanzas de construir un amanecer diferente. Esa es una de las afirmaciones que podría resumir las reacciones del público que esta semana vio el documental “No+Impunidad” que Radio Progreso y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC-SJ, produjeron recientemente. La presentación que tuvo lugar en San Pedro Sula, el miércoles anterior, contó con la participación de representantes de grupos de mujeres, de jóvenes, estudiantes, defensores de derechos humanos, entre otros. El documental No+Impunidad narra 4 historias de dolor. Madres que llo-
y analizar la realidad. El documental cuenta la historia del campesino José Isabel “Chabelo” Morales y de cómo la justicia lo ha utilizado para saciar las ansias de venganza de un terrateniente muy influyente, condenándolo a 20 años de prisión. También se narra la tragedia que viven tres familias progreseñas, que lloran la muerte trágica de tres jóvenes que mientras disfrutaban de las frescas aguas de un río, fueron brutalmente asesinados, según testigos y pruebas, por elementos policiales. En la lucha contra la impunidad todos tenemos que trabajar.
ran a sus hijos, familias sumidas en el miedo, injusticia y la complicidad de las autoridades con el crimen. Es la primera vez que se presenta
el documental a un público abierto, sin embargo la presentación oficial será el próximo 7 de junio en el espacio que cada primer viernes de mes, el ERIC-SJ, dedica a reflexionar
Las siguientes dos historias de impunidad tienen como protagonistas a las mujeres, especialmente las jóvenes que son asesinadas casi a diario en el país, contrastando con los casos que son resueltos, solo 2 de cada 100 feminicidios. Finalmen-
te el documental se acerca a la vida de un taxista, víctima permanente del impuesto de guerra. En los últimos años, al menos 100 taxistas han sido asesinados, ningún caso se ha resuelto. Son historias cotidianas de impunidad que tienen en común su anhelo por construir un nuevo país. Son víctimas que buscan, verdad, reparación y justicia. Son rostros dignos, son la esperanza en esta larga y oscura noche. Una pequeña de 12 años, cuyo hermano mayor fue asesinado hace más de un año, cerró el evento reafirmando el compromiso de su familia. “No se preocupen por nosotros, porque vamos en seguir en esta lucha. Mientras tengamos vida, seguiremos gritando “No más impunidad”.
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En agudización de crisis agraria
Campesinos denuncian complicidad de Corte Suprema de Justicia
C
ampesinos del Movimiento Auténtico Reivindicador de Campesinos del Aguán (MARCA) denunciaron esta semana que la Corte Suprema de Justicia, CSJ, está favoreciendo a los terratenientes con la revisión de un fallo que daba a tres cooperativas campesinas, alrededor de unas 2000 familias, tierra para cultivar. Este movimiento advirtió un posible derramamiento de sangre en la zona del Bajo Aguán, ante un inminente desalojo ordenado por los juzgados de Colón, al norte de Honduras. Dirigentes del movimiento reclaman las fincas Trinidad, San Isidro y Despertar, las cuales les habían sido adjudicadas en un fallo en febrero de este año y que posteriormente fue apelado por empresarios mediante un recurso de reposición que fue admitido. Según Rafael Bautista, a raíz de esta revisión vendrían desalojos violentos en este sector, como muestra que desde las altas esferas del Estado se está contribuyendo a la agudización del conflicto agrario en la zona. “Nosotros mencionamos a veces que los sicarios son lo que jalan el gatillo pero estos 5 magistrados se están convirtiendo en sicarios porque nuestras familias van a quedar desamparadas”, expresó Bautista mientras estaba en la Corte Suprema de Justicia para exigir se aclare el asunto. Rubén Cedillo de la cooperativa Despertar dijo que ellos están bajo amenaza de un posible desalojo. Asimismo responsabilizó ante la comunidad nacional e internacional, a los tres poderes de Estado “por cualquier derramamiento de sangre que pueda ocurrir en el Bajo Aguán”. “Si es necesario, vamos a ofrendar las vidas de nosotros y de muchos compañeros más para defender la tierra, son más de dos mil familias que estamos aglutinadas en el MARCA y no hay ninguna que tenga miedo a las balas”. Según el vocero del movimiento campesino, el desalojo fue ordenado para el 7 de julio; sin embargo, cuentan con documentación que los acredita como dueños legítimos de las tierras en disputa.
Entrada principal a la aldea Panamá, Trujillo departamento de Colón.
Ataques en Finca Panamá
Miembros del grupo campesino “Gregorio Chávez” en la finca Panamá, Trujillo, Colón denunciaron esta semana en Radio Progreso que militares y paramilitares fuertemente armados, están acosando permanentemente a los habitantes de esta aldea. El sábado pasado un guardia de seguridad fue asesinado en inmediaciones de la aldea Panamá, ese día todo se complicó en la zona, donde la comunidad ya había venido denunciando grupos armados que intimidaban a la población. La operación Xatruch III culpó al grupo campesino por la muerte de este guardia de seguridad sin investigar antes y se dirigieron a la comunidad para saquearla, según un poblador miembro de este grupo campesino. El pasado 5 de julio de 2012, en esta aldea Panamá fue encontrado enterrado en una finca perteneciente al terrateniente de origen árabe, Miguel Facussé Barjum el cuerpo del campesino y celebrador de la palabra de Dios Gregorio Chávez de 69 años de edad, quien desapareció
La zona del Bajo Aguán está militarizada y en aldea Panamá los carros del ejército se detienen cada momento.
cuando se dirigía a su trabajo. Ante este asesinato, la comunidad decidió recuperar estas tierras en poder de Facussé. Miembros de la comunidad han manifestado que desde hace varios meses, elementos del ejército, policías y guardias de seguridad de Facussé, mantienen un constante hostigamiento, profiriendo contra
ellos expresiones soeces y amenazas con armas de grueso calibre, al grado de acercarse a las puertas y ventanas de las casas de algunos habitantes para intimidarlos. Santos Torres, coordinador del movimiento Gregorio Chávez ha pedido al coronel German Alfaro, encargado del operativo militar Xatruch III que se sienten a dialogar para acabar con
el hostigamiento militar en la zona. Ante esta situación agudizada en toda la zona del Aguán recordamos las declaraciones del ex ministro del Instituto Nacional Agrario, Cesar Ham, quien al renunciar a este cargo para dedicarse a campaña política, aseguraba haber dejado los problemas agrarios resueltos en esta zona.
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Comisión Multinacional visitó por segunda vez el país L
a semana del 19 al 24 de mayo, la Comisión Multinacional que le da seguimiento al proceso de reforma al sector justicia y seguridad, realizó su segunda visita al país para conocer los avances y retrocesos de dicho proceso. Esta Comisión Multinacional que surge como una iniciativa de la Alianza por la Paz y la Justicia, tiene como objetivos asesorar a la sociedad civil en el mejoramiento del proceso de reforma y depuración, y en la medida de lo posible, a los principales organismos oficiales involucrados en este proceso; realizar visitas periódicas como parte de un proceso de auditoría social consistente y objetivo; y proponer acciones y políticas alternativas, siempre animando al pueblo y a las autoridades hondureñas a no claudicar ante la violencia criminal. Está integrada por el británico Nick Seymour, de Transparencia Internacional; el peruano José Ugaz, ex Procurador ad hoc en los casos Fujimori
y Montesinos; el guatemalteco Edgar Gutiérrez, ex canciller y coordinador general del Proyecto Interdiocesano “Recuperación de la Memoria Histórica”; los estadunidenses Mark Ungar, profesor de ciencias políticas del Brooklyn College, y Rick Bandstra, ex juez y asesor del Fiscal General de Michigan; y el hispano-hondureño Joaquín A. Mejía R., doctor en Derechos Humanos y miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, y Radio Progreso. Durante su visita, los comisionados se reunieron con altas autoridades del Estado, tales como Arturo Corrales, Ministro de Seguridad; la abogada Vilma Morales de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; los miembros de la Comisión Interventora del Ministerio Público; los miembros de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública; y miembros de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional; a su vez, sostuvieron reuniones con representantes de la sociedad civil, de la Unión Europea, de la Embajada de Estados Unidos y de la Embajada de Colombia.
Reunión de miembros de la Comisión Multinacional con el super ministro Arturo Corrales.
Los resultados del trabajo durante su segunda jornada serán hechos públicos en un informe que pre-
Los hondureños abrieron una ruta para recuperar la seguridad, y deben profundizarla. El fracaso no es opción. En la segunda visita que realiza la Comisión Multinacional Independiente, cuya misión es apoyar y evaluar el proceso de reforma de la seguridad pública en Honduras, y luego de reunirse con diferentes sectores, señala que si bien ha habido avances, sin embargo es evidente que todavía hay mucho por hacer. A continuación se detallan algunas conclusiones producto de esta visita: 1. En los últimos cuatro meses, Honduras ha emprendido una serie de cambios positivos en algunas de sus instituciones de seguridad y justicia. Esos cambios demuestran que el país tiene el potencial humano de enfrentar la violencia y la impunidad, y deberán traducirse en el corto plazo en un alivio de la inseguridad ciudadana. En particular, los avances que apreciamos son resultado del esfuerzo de una ciudadanía activa, agrupada principalmente en torno a la Alianza por la Paz y la Justicia -que es ya un referente de coraje y capacidad de propuesta en Latinoamérica- y de autoridades receptivas que han dado gestos de voluntad política para rescatar las instituciones. 2. Valoramos especialmente el compromiso de los integrantes de la Comisión Interventora del Ministerio Público de depurar y dignificar esa institución, y proponer guías de trabajo encaminadas a convertir a la fiscalía en el eje de la lucha contra la impunidad. Confiamos en que la Comisión Interventora será capaz de presentar en el más breve plazo algunas denuncias emblemáticas en materia de crimen organizado y corrupción. Exhortamos a la Comisión a presentar a la brevedad al Congreso su informe y recomendaciones a fin de que éste tome las medidas legales que correspondan y elija con la urgencia que la situación demanda, al Fiscal General idóneo. Dicha elección debe ser transparente y orientada a la búsqueda de un fiscal caracterizado por su liderazgo ético, capacidad profesional, independencia política y el coraje necesario para dirigir una verdadera y exitosa cruzada contra el crimen en los próximos años. Hacemos un llamado a la sociedad civil para diseñar una estrategia de incidencia de elección del nuevo fiscal que privilegie sus méritos. 3. Observamos que el nuevo Ministro de Seguridad ha iniciado algunas medidas adecuadas para poner orden en la institución policial. El censo de policías y las pruebas de confianza a 150 mandos policiales, durante el primer mes de su gestión, son pasos en la
sentarán dentro de dos semanas; no obstante, adelantaron algunas impresiones a través de un comuni-
cado que a continuación reproducimos:
dirección correcta. Es fundamental profundizar la depuración de las fuerzas policiales con investigaciones patrimoniales fiables de los mandos, basados en el trabajo de la Unidad de Información Financiera de la Comisión de Bancos y Seguros, que incluya el Registro de Propiedad, la evaluación de las declaraciones juradas que administra el Tribunal de Cuentas y patrones de consumo. Producto de ella deberá adoptarse las medidas administrativas y, cuando sea el caso, presentar denuncia penal contra los malos elementos que conspiran contra la seguridad de los hondureños. Exhortamos al señor Ministro a mantener informada a la opinión pública respecto a las decisiones de su despacho. La transparencia y rendición de cuentas de las disposiciones ministeriales son condición sine qua non para que la población empiece a recuperar la confianza en sus autoridades. 4. Vemos con esperanza el estatuto que crea el Instituto de Evaluación de Confianza, una entidad de alta capacidad técnica e independiente, encargada de realizar las evaluaciones de confianza de todos los operadores de justicia: policías, fiscales y jueces. Su resultado debe ser que los hondureños cuenten con instituciones confiables y eficientes. Por eso exhortamos al Congreso Nacional a debatir, aprobar y dotar de los recursos necesarios a esta institución para que comience a funcionar con la celeridad que la emergencia de inseguridad lo demanda. 5. Lo hecho durante este año para la recuperación de la seguridad y reconstrucción de algunas instituciones es incipiente y se enfrentan grandes desafíos. Por eso instamos a las autoridades a profundizar los cambios, nombrando a los titulares del MP y la DIECP, aprobando el Instituto de Evaluación de Confianza, depurando y reformando todo el sistema de seguridad y justicia. La publicidad y transparencia de estas decisiones garantizarán su legitimidad y recuperación de la confianza pública. 6. Se requiere que la comunidad de países amigos refuerce su compromiso de responsabilidad compartida con la seguridad y el bienestar de Honduras. 7. Las próximas elecciones de nuevas autoridades de Gobierno deben ser una oportunidad de debate público serio que enriquezca las propuestas y permita la adopción de compromisos de Estado por parte de los candidatos. El encuentro entre democracia y seguridad redundará en bienestar y libertad para todos los hondureños. El pueblo hondureño quiere un plan para reducir los asesinatos y controlar el crimen organizado. No se puede fallar en el intento.
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El ERIC - SJ
Obra al servicio del pueblo con fe desde la justicia
Uno de los quehaceres del ERIC es analizar constantemente la realidad.
A Mecate Corto, publicación mensual.
undado hace 33 años, por tres jóvenes Jesuitas que trabajaban en esta ciudad, el Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación ERIC-SJ, se encuentra en un momento de revisión interna para actualizar su servicio, sin perder la mística.
la apuesta por construir una nueva cultura política democrática y ciudadana, desde la fe y la justicia.
F
Comenzaba la década de los 80´s, marcada por la represión contra el pueblo y tras el cierre de Radio Progreso ordenado por Junta Militar que dirigía el país, los padres jesuitas Chico Ocaña, Jesús Sariego y Chema Tojeira advierten la necesidad de tener un espacio para reflexionar con datos basados en la realidad y que llegara a las comunidades más sencillas.
Parte del personal del ERIC-SJ. Algunos ya no están con nosotros.
Ismael Moreno,Sj, director del ERIC-SJ.
Tres décadas más tarde, el ERIC es un referente importante en temas de análisis de realidad. Sus investigaciones y reflexiones sociales, políticas y religiosas gozan de plena credibilidad entre los diversos sectores nacionales, sin dejar a un lado
Día de fiesta Este domingo 2 de junio celebramos el 33 aniversario con una misa de acción de gracias por la mañana y seguidamente un Bingo con muchos premios. su primordial tarea de acompañar en el día a día a las comunidades más empobrecidas de la márgen del río Ulúa.
Sus prioridades
El ERIC, tiene claras sus prioridades de trabajo, pero también la madurez política para adaptar su servicio de acompañamiento según la época que le toca vivir. Durante el Huracán Mitch en 1998, recuerda Aracely Medida, actual subdirectora, “el ERIC se volcó a atender a centenares de damnificados” Lo asistencial dio paso al acompañamiento organizativo y a
Mujeres organizadas participan en capacitación en el ERIC.
Por los pasillos y salones del ERIC es normal encontrarse hombres, mujeres, jóvenes, migrantes y estudiantes que buscan una respuesta. Y es que el ERIC es de puertas abiertas, también para extranjeros. Tal es el caso de Juan José Roses, un funcionario estatal español que dejó sus comodidades para conocer el país a través del trabajo del ERIC por medio de un voluntariado. “Mis padres no entienden, me ven un poco loco, pero para mí estar en el ERIC es un honor, porque con ellos puedo luchar por un cambio en la sociedad”, dijo Juanjo. Para el futuro, el ERIC se plantea profundizar su acompañamiento a las poblaciones indefensas desde el análisis y la reflexión. También, asumir el reto de contribuir con un pensamiento crítico que tenga en el centro del debate, a la persona humana.
También se acompaña la juventud en sus procesos de formación.
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