SEMANARIO
No. 293 | 14 Junio 2013 | Editado por COMUNICACIONES - SJ
Fracaso estatal demostrado en reformas al sector justicia y seguridad
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uncionarios en materia de seguridad y justicia fueron convocados, por segunda ocasión en menos de tres meses, por el Congreso Nacional para rendir cuentas sobre acciones en dicha materia que deben atacar los altos índices de criminalidad y violencia que enfrenta Honduras.
Corrales, después de seis semanas al frente de la Secretaría de Seguridad, aseguró que hay reducción en los homicidios. Para el caso hubo 3 mil 238 homicidios (enero al 9 de junio de 2012) y 3 mil 078 (enero al 9 de junio de 2013), es decir 160 menos, de 38.62 bajó a 35.98 la tasa promedio. A la vez anunció nuevas pruebas de balística para las armas del cuerpo policial y denunció que el sistema de comunicaciones que le costó 130 millones de lempiras al Estado hondureño tiene cero días de uso después de tres años de haber sido comprado.
Sin sorpresas
Joaquín Mejía miembro hondureño, de la Comisión Multinacional en materia de seguridad cree que al informe le faltó contundencia en las recomendaciones, pero que el hacer oficial muchas de las falencias de la institución ayuda a que sea la voz oficial quien claramente establezca el desastre que existe en el Ministerio Público. Fue la Comisión Interventora del Ministerio Público que inició las comparecencias. En un plazo de media hora, María Antonia Navarro, coordinadora de dicha comisión presentó al pleno del legislativo el informe sobre la evaluación que hicieron de la fiscalía en su primer plazo de 60 días.
La Comsión interventora tiene 45 días más para concluir su trabajo al interior del Ministerio Público.
El documento registra como hallazgos el uso irracional de viáticos, malsana política de administración financiera, así como el uso indiscriminado de vehículos blindados y sobrecarga presupuestaria, el hacinamiento de espacios en la Fiscalía, mal manejo de recursos humanos y la identificación de grupos privilegiados en la institución.
Como avances la Comisión Interventora mencionó la rotación de 58 fiscales a nivel local, regional y nacional. Además de la coordinación con autoridades de la Policía Nacional, la ejecución de 2 mil 173 órdenes de captura, sólo en la ciudad de Tegucigalpa.
La comisión encontró casos de fiscales que en solo cuatro años recibieron ocho aumentos de sueldo, llegando a ganar más de 78 mil lempiras mensuales, que contrastan a una mayoría que con 10 años de laborar devengan únicamente 26 mil lempiras. Navarro dijo a los diputados que no existe una política de protección a
fiscales, hay instalaciones deficientes y el 90 por ciento de las instalaciones tienen seguridad mínima sin sistemas de seguridad. Además una deficiente seguridad en informática y la página web de la institución es vulnerable a ataques.
Navarro manifestó que a 58 fiscales del Ministerio Público se les aplicará la prueba del polígrafo, así como instrumentos toxicológicos, sicométricos y el estudio patrimonial, ya que éstos llevarán a cabo investigaciones importantes en la institución. Otra elemento importante que rescata el abogado Mejía es la apertura que tuvo la comisión con tres informes que se desarrollarlo sobre el papel de la fiscalía. El primer in-
Recomendaciones de la Comisión Interventora del MP 1. 2. 3. 4.
Realización de una intervención internacional. Una nueva ley orgánica del MP. El cumplimiento de la justicia penal. La implementación del proceso de audiencias públicas para la elección de las autoridades del sector justicia.
Explicó que de mayo a diciembre de 2013, se plantea cuatro objetivos inmediatos: la implementación de una estrategia de seguridad y convivencia ciudadana, efectividad de operadores de justicia, medidas anticorrupción, control y operatividad para cinco resultados, entre los que destacó: escudo para que no ingrese la droga al país y los delitos conexos, acciones contra la droga que sí logra ingresar y los delitos conexos, estrategias contra el secuestro y la extorsión, ofensivas contra la delincuencia común y estrategias contra el homicidio. Corrales aseguró que entre las principales causas de resultados negativos en el combate al crimen es que por ejemplo en los cuatro departamentos más violentos del país no se cuenta con el suficiente personal.
forme elaborado por la cooperación internacional donde se evalúa el MP, un segundo hecho por la Comisión de reforma a la Seguridad Público sobre la Fiscalía Anticorrupción y un tercero sobre la capacidad, gestión y eficiencia de la Fiscalía de derechos humanos. Joaquín Mejía asegura que el proceso de reforma y depuración del sector justicia y seguridad han fracasado en Honduras, por tal razón es necesaria la participación a través de propuesta de las organizaciones de sociedad civil, ya que únicamente así se podrán lograr compromisos que le hagan cara al fortalecimiento institucional de Honduras.
Las víctimas esperaban más
Por su parte Aurora Pineda, madre
de Carlos Pineda, joven universitario asesinado por policías en octubre de 2011 al lado del hijo de la rectora Julieta Castellanos manifiesta que esperaba más del informe de la Comisión Interventora del Ministerio Público. Pineda aseguró en declaraciones a Radio Progreso que se quedaron cosas ocultas que no salieron a la luz pública, por lo que teme que el trabajo de esta comisión solo se quede en papel. En torno a las comparecencias de los operadores de justicia, señaló que es obvio que desde el gobierno no hay voluntad de seguimiento.
¿Bajaron los índices?
En su presentación el Comisionado de Defensa y Seguridad, Arturo
La situación empeora cuando el Congreso Nacional, aprovechando que el tema de seguridad es rentable electoralmente, se ha dedicado a proponer leyes, reformas y la creación de nuevas instancias como la fuerza especial TIGRES, como si por decreto se puede cambiar la realidad de violencia e impunidad. Todo ello claramente evidencia que no hay una política pública de seguridad que establezca los lineamientos o cursos de acción para alcanzar el objetivo de lograr una sociedad en paz, para lo cual se requiere que las autoridades se ocupen de las diferentes dimensiones de los problemas que originan la criminalidad y la violencia.
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Plato servido E
y la familia se decide a seguir aguantando el chaparrón con los restos de láminas, tablas, clavos y plástico que han quedado flotando.
Resquebrajado en toda su institucionalidad, la administración de don Porfirio Lobo Sosa se apresta a recorrer su último semestre de mandato sostenido en una institucionalidad prestada, como cuando un temporal arrasa con la vivienda,
En el caso hondureño se asume la precariedad como forma de gobierno para mientras pasa el chaparrón de una crisis que no parece tener claridad alguna en ninguno de los horizontes por donde se mire. ¿Qué quedará de recuerdo de la presente administración, una vez que finalice? Que fue un gobierno gobernando desde fuera de su propia institucionalidad. Al menos once comisiones interventoras en tres años y medio. Y en algunas
l Estado interviniéndose a sí mismo. Esa ha sido la principal estrategia de sobrevivencia del actual gobierno, y así se anticipa el final de un mandato que dejará como macabro distintivo el reguero más grande de sangre juvenil que jamás haya conocido gobierno alguno en la historia nacional.
de esas intervenciones, diversas subcomisiones y decenas de figuras jurídicas o decretos ejecutivos o legislativos. El calibre de la crisis de institucionalidad en el Estado hondureño se mide por el nivel de improvisaciones y por la cantidad de comisiones e instancias extraordinarias que se han conformado para hacer frente a los diversos conflictos que se van presentando en el país. La asidua creación de comisiones e instancias especiales o extraordinarias evidencian que la institucionalidad del Estado se encuentra en tal precariedad que ha perdido su propia identidad
y la función para la cual existe. Si las instituciones públicas funcionaran con normalidad, todos los problemas y conflictos se buscarían resolver a partir de dicha institucionalidad. Sin embargo, la mayoría de las instituciones del Estado se encuentran ya no solo resquebrajadas para la función para la cual fueron creadas, sino que casi todas han sucumbido ante la arbitraria y caprichosa ley de los fuertes. Una vez que esto ha ocurrido, y que se ha consolidado en la administración que preside don Porfirio Lobo Sosa, la vida y los
derechos de la ciudadanía seguirán en una amenaza latente y permanente. La administración actual se ha dedicado a gobernar desde fuera de la institucionalidad del Estado, y todo lo que ha logrado a diestra y siniestra con sus improvisaciones y sus desbarajustes es dejar el plato muy bien servido para que venga una siguiente administración de armas tomar, que oficialice la actual ley de los fuertes en el gobierno formal. Y así a fin de cuentas el bipartidismo, en los estertores de su muerte, hará sentir con toda su furia la veta represora y dictatorial que por esencia le ha caracterizado en toda su existencia.
Después de un atentado contra su vida
Isabel Morales podría ser trasladado a otro centro penal del país Atentado
“Según Chabelo, mi hermano, un policía de la granja penal le regaló un pan para que él se lo comiera. Cuando se dirigía a la cocina del recinto a buscar café para acompañar el pan, una de las cocineras le ofreció un tiempo de comida, y él acepté. A los minutos otro policía le dijo a mi hermano que le regalara el pan y mi hermano se lo dio, minutos después el policía se puso muy mal, estaba envenenado”, relató Merlin Bonilla la noche del martes a través de Radio Progreso.
La noche del martes 11 de junio, familiares y abogados conocieron del intento de envenenamiento contra Chabelo. Merlin Morales, informó que su hermano recibió doble impacto emocional; uno pensar cómo iba a estar de salud si se hubiera comido el pan, y otra que se le intente culpar por el envenenamiento del policía. Omar Menjívar, abogado defensor de Chabelo, manifestó minutos después del atentado que “es una situación bastante delicada, es claro que aquí se tiene que asumir una responsabilidad del director y de las autoridades que están al cargo del centro penal porque evidentemente estamos ante un hecho concreto que pone de manifiesto un peligro real contra la vida de Chabelo”.
Isabel Morales, más conocido como Chabelo es un hombre de 36 años, guarda prisión en la cárcel de El Porvenir, La Ceiba, Atlántida, desde hace cerca de 5 años, por un crimen que no cometió. Hace algunos meses lo sentenciaron a 20 años de prisión, en un juicio amañado sin que sus abogados se enteraran, y con un testimonio arbitrario. Chabelo está preso por una decisión política de los terratenientes del Aguán y porque el sistema de justicia encarcela a quienes los pudientes del país deciden.
Isabel Morales junto a su hermano Merlin Morales.
Esta semana investigadores enviados por el fiscal de Derechos Humanos de la Ceiba, Marlon Dubón, inspeccionaron la Granja Penal, y según informe extraoficial en los próximos días Chabelo sería trasladado a otra penitenciaría. Además se espera
un informe detallado que explique quién o quiénes están interesados en acabar con la vida de Chabelo. Omar Menjívar informó que no es la primera vez que la vida de Chabelo está en peligro. “Hace un tiempo uno de esos policías quiso obligar a Chabelo que probara una leche, que supuestamente era para otro policía, entonces pareciera que ya días se está intentando envenenarlo”. Esto sin duda se convierte en una “tentativa de asesinato”, según Menjívar.
Sobre el caso legal de Chabelo
Actualmente se espera una resolución de parte de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien tiene en su conocimiento un recurso de casación que se promovió en contra de la sentencia que mantiene preso y condenado a 20 años de prisión a Isabel Morales “Chabelo”. “Nosotros estamos confiados en que la Sala dicte un fallo y reconozca la inocencia de Isabel y le otorgue de inmediato su libertad”, agregó Menjívar.
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Campesinos de MOCSAN desalojados con bombas lacrimógenas y gas pimienta
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ientos de policías y militares desalojaron esta semana con bombas lacrimógenas y tanquetas gas pimienta a 300 familias campesinas que estaban apostadas en las tierras del Coowle, en San Manuel Cortés. Varios campesinos de la tercera edad resultaron afectados por los gases tóxicos. También hubo familias vecinas del sector que sufrieron las consecuencias de este violento desalojo. La policía lanzó bombas al interior de las casas circunvecinas poniendo en peligro la vida de muchos niños, algunos recién nacidos. El Movimiento Campesino de San Manuel Cortés, MOCSAN, emprende desde hace varios años un proceso de recuperación de 4 mil 227 manzanas de tierra que fueron expropiadas a la Compañía Azucarera Hondureña Sociedad Anónima, CAHSA, por presentar un sobre techo injustificado de tierras que estaba explotando. Los campesinos y los vecinos de San Manuel Cortés fueron perseguidos en el interior de los predios que intentan recuperar, por 500 policías y militares que eran acuerpados por los guardias de seguridad de la empresa. Las bombas lacrimógenas y las tanquetas de gas pimienta fue-
ron parte de este desalojo catalogado como ilegal por los abogados del grupo campesino MOCSAN. “Hoy en la mañana tuvimos un desalojo brutal. Están en contubernio los militares, los policías y los guardias de seguridad de la azucarera. La orden de desalojo que traían era falsa. Los abogados de nosotros se enfrentaron a ellos diciéndoles que no estaban en la legalidad de desalojarnos” dijo Gerson Fajardo uno de los voceros del Movimiento Campesino de San Manuel Cortés, MOCSAN. Cuatro campesinos de la tercera edad estuvieron detenidos por varias horas, Coronado Márquez (67), Ramón Díaz (70), Alejandro Martínez (72) e Isidro Fernández (71), cuando se vieron imposibilitados para salir corriendo en la persecución efectuada por 500 policías y militares que los perseguían lanzando gases lacrimógenos y una tanqueta con gas pimienta. “Ellos llegaron tirándonos lagrimosas, nos habían dado una hora de tiempo para salir, nosotros estábamos esperando los abogados de nosotros, pero ellos no quisieron esperar y nos tiraron lagrimosas,” dijo don Ramón Díaz quien fue afectado por el humo de las bombas lacrimógenas.
Un despliegue impresionante de policías logró la detención de 4 ancianos que se dedicacan a sembrar la tierra .
Familias vecinas del sector que estaban en sus casas compartiendo con sus hijos fueron sorprendidas por la violencia policial y militar, al lanzarles bombas al interior de sus casas, poniendo en riesgo la vida de varios niños, incluso una pequeña casi pierde la vida al inhalar el gas tóxico. Greiby Lorena Castillo la madre de la pequeña dijo que “cuando traían a los campesinos acosados con las bombas lacrimógenas, nosotros todos nos encerramos, entonces las bombas cayeron a la puerta de la casa. Fueron dos bombas. La niña cayó, cuando yo la fui a ver estaba morada, ella no podía respirar, es-
taba inconsciente”. Se intentó saber con qué orden la policía ejecutó los desalojos, pero el comisionado Ponce quien estuvo a cargo de este operativo dijo que “no podemos dar declaraciones a ninguna institución. No le podemos dar información”. El abogado Tony Martínez apoderado legal de CAHSA, dijo que los campesinos estaban armados con armas blancas y por eso fue necesario desalojarlos con gas pimienta. “Es una orden girada por el juzgado de letras de lo penal unificado
de San Pedro Sula, ordenando que se procesa al desalojo del predio propiedad de la Empresa Azucarera Hondureña” expresó Martínez. Al ser consultado sobre el recurso de Amparo que aceptó la Corte a los campesinos de San Manuel Cortés expresó que “hasta el momento no hay una resolución únicamente se les aceptó el recurso”. El pasado 17 de mayo, dos campesinos fueron asesinados en las tierras a manos de guardias de seguridad de CAHSA, aun no se esclarecen estos hechos en los que también 3 campesinos resultaron heridos en el ataque.
Un millón de niños y niñas deja su infancia por el trabajo en Honduras Franklin José, pasa pendiente, en ese negocio hay que ser “vivo”. Lleva ya un buen tiempo trabajando en las afueras del supermercado, halando carretas por el centro de la ciudad, así se gana unos pesos. Honduras tiene una población infantil que alcanza los dos millones de menores de edad, comprendidos entre cinco y diecisiete años; de estos hay más de 400 mil menores trabajando, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Todos los días, miles de niños y niñas se levantan a las 6 de la mañana para estar temprano en la escuela, pero 20 niños que trabajan en las afueras de este supermercado del centro de la ciudad de El Progreso, Yoro, al norte de Honduras, se levantan a esa hora para alistarse antes de una jornada de trabajo de 12 horas. “Todo depende de cómo esté de lleno pero a veces con suerte me
así lo explica Gerardo, son miles de niños víctimas de un sistema donde la sobrevivencia se da a base de sufrimiento. En el caso de trabajos “formales” los niños andan ganando 1500 lempiras, alrededor de 52 dólares, al mes bajo el engaño que ellos comen en las casas, aunque no lo hagan igual que los patronos, asegura Rivera. Solo en San Pedro Sula hay unos 300 mil niños trabajadores.
dan hasta 100 lempiras. Está bien que los niños trabajen para ayudar a sus familias aunque es complicado porque hay que estudiar también”, cuenta este joven que apenas tiene 15 años. Gerardo Rivera, del observatorio de derechos de los niños y niñas de Casa Alianza en Honduras, asegura que alrededor de un millón de niños y niñas trabajan en Honduras, y que hay
altos niveles de explotación laboral. “Niños y niñas trabajando en la extracción de oro, manipulando químicos peligrosos como el cianuro, trabajando en la agroindustria en la zona sur, niños que han sido lisiados en su trabajo y no han tenido la atención. Niños y niñas que trabajan en el área domestica, expuestos a abusos y truncadas sus oportunidades de estudio por los patronos”,
El caso de Franklin es aun más delicado, por ser un trabajo informal. “A veces aquí se pone peligroso, los carros lo pueden atropellar a uno, aquí no pueden trabajar niños menores de 10 años. Por ejemplo yo aquí presencié una vez que le dispararon a una persona,” cuenta el joven. Más allá de repetir que Honduras es uno de los países más violentos del mundo, hay que alarmarse por la cifra de menores asesinados en los
últimos años. Casa Alianza ha documentado que en el gobierno de Lobo Sosa han perdido la vida de forma violenta, tres mil 55 menores de 23 años. Las formas de muerte siguen un patrón, dice Rivera, hay mucho menores que son encontrados en solares baldíos, maniatados y encapuchados, con señales de tortura. Además el tema de los maltratos, la violencia sexual, en la zona occidental y atlántica se da mucho, según maneja esta ONG. En la zona de Islas de la bahía es donde más se reporta el comercio sexual donde se ven involucrados los niños y niñas. “El Estado como tal ha hecho algunos esfuerzos en materia de legislación, hay una política de protección a la primera infancia, sin embargo se queda minimizado en la, vemos que hay secretarias del Estado que tienen presupuestos enormes en comparación a lo que hacen y el tema de niñez y juventud queda relegado”, concluyó.
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Semanario No. 293 | 14 Junio 2013 | Editado por COMUNICACIONES - SJ
Autoridades se “lavaron las manos” sobre conflicto minero en Nueva Esperanza
E
l director del Instituto de Geología y Minería, Ingeomin, Aldo Santos asistió a una reunión en la comunidad Nueva Esperanza con el apoderado legal y otros miembros en la cual dejaron claro que el conflicto generado por las concesiones mineras en el sector no les compete a ellos, sino a la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, pues ellos “solo firman las solicitudes” y éstas llenaban los requisitos. El miércoles pasado fue la reunión que con la mediación de la iglesia Católica se realizó con representantes de las 16 comunidades afectadas de Tela, Atlántida, representantes de Ingeomin, la policía y trabajadores de la empresa EMCO propiedad de Lenir Pérez, interesado en el mineral de la zona.
“La minería es la muerte para nosotros, a nosotros lo que nos importa es el agua y la protegemos”, eran algunos de los gritos de los pobladores y pobladoras de Nueva Esperanza ante la negativa de las autoridades. En 2012 el empresario hondureño Lenir Pérez, solicitó a la entonces Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería, Defomin, 11 concesiones para exploración en la zona de Buena Vista, municipio de Tela, Atlántida, que abarca 16 comunidades. Defomin le otorgó una licencia de exploración en mil hectáreas de tierra, la solicitud para la explotación está en proceso de aprobación informó Santos. El interés de este empresario es extraer el óxido de hierro que las montañas en las faldas de la cordillera “Nombre de Dios” contienen. El sector de Buena Vista, está rodeada de zonas de reserva de vida silvestre y las fuentes de agua más importan-
tes del atlántico hondureño. Para Osman Orellana, miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, es insólito que una zona tan rica en bienes naturales sea la más concesionada del país, puso el ejemplo de que en el Refugio de vida Silvestre, Texiguat, en este mismo sector, hay alrededor de 10 concesiones hidroeléctricas. Actualmente, el sector de Buena Vista tiene 19 solicitudes de concesión para explotación minera, todas realizadas bajo la anterior ley minera, derogada por la actual Ley de Minería que cambió a Defomin solamente el nombre. Un caso de explotación de óxido de hierro es la recientemente denunciada Five Star Mining de capital italiano en Agalteca, departamento de Francisco Morazán. Las denuncias han sido por contaminación ambiental en el proceso de explotación de 600 de las 7,500 hectáreas en Agalteca con una capacidad de extraer 30 millones de toneladas de óxido de hierro durante un plazo estimado de 40 años, el destino del mineral es China.
cerrar el paso con una cadena, el conflicto se agudizó a partir de allí. Pobladores de Nueva Esperanza, Yusa y Buena Vista han realizado múltiples denuncias de que 5 miembros de la policía asignados al sector, los amedrentaban hasta que llegaron un día a hacerle tiros a la cadena que impedía el paso de las máquinas. La cadena ya no impide el paso y las máquinas van abriendo camino, aseguraron pobladores de esta zona. El jefe de la policía en Tela, el comisionado Paz Murillo aseguró que los policías fueron retirados del sector y que los nuevos policías están comprometidos con proteger a la gente, sin embargo la población ha denunciado que hay 12 hombres armados en la comunidad con la orden de matar dirigentes, y la policía no ha respondido a las denuncias.
Aldo Santos, director del instituto de geología y minería, antes Defomin.
Aldo Santos asegura que con la nueva ley de Minería, problemas como el de Nueva Esperanza y los demás proyectos mineros, nocivos para las comunidades, no volverán a suceder, pero los mecanismos de consulta siguen siendo los mismos, y el nuevo Ingeomin sigue mostrándose inoperante cuando de responder a denuncias se trata. Las 16 comunidades afectadas en el sector Buena Vista, una zona dedicada a la agricultura y ganadería, aseguran que no hubo consulta para que otorgaran una concesión de estas y que cuando menos esperaron, ya tenían las máquinas en la comunidad de Nueva Esperanza. Ante la situación los patronatos decidieron
Nueva Esperanza es una comunidad con enorme riqueza natural.
Los pobladores insistieron que como pueblo de Dios, defenderan sus bienes naturales.
“Ellos pasan allí por la escuela por eso tuvimos que cerrarla, nos amenazaban con secuestrar los niños, incluso a uno de mis hijos le decían que fuera a trabajar para la mina y él solo tiene 13 años, aquí las madres estamos muy preocupadas”, contaba una joven madre que vive a dos casas de donde los supuestos “sicarios” viven temporalmente. Los miembros de la comunidad aseguran que vienen de afuera y portan armas. El presidente del patronato, Isaías Ayala, denunció ante la policía que
hace unas semanas , un grupo de hombres armados con escopetas lo llegaron a amenazar a su casa, diciéndole que se fuera inmediatamente de la comunidad. La policía sigue sin encontrar armas en las aldeas. A esto se suman los 60 empleados de EMCO, de diferentes comunidades del sector que acusan de “agitadores” a miembros de la iglesia católica y dirigentes comunitarios por oponerse a la explotación minera. “Andan con sus machetes azuzando”, cuentan algunos pobladores. Ellos piden que “los dejen trabajar”, así lo hicieron saber en un comunicado que leyeron en la reunión.
Las comunidades de Nueva Esperanza, La Yusa y Buena Vista, son las más aledañas, aunque el miedo se respira, han decidido seguir adelante. Al final de la reunión, el director de Ingeomin, Aldo Santos se comprometió en acordar otro encuentro, esta vez con el ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, SERNA, Rigoberto Cuellar, el empresario interesado, líderes de las comunidades y la iglesia católica par a llegar a un diálogo y aminore el conflicto. Mientras se espera el consenso, el miedo sigue respirándose en esas montañas, que antes pasaron abandonadas por el Estado.
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Semanario No. 293 | 14 Junio 2013 | Editado por COMUNICACIONES - SJ
Pobreza, violencia y desempleo son barreras que limitan el desarrollo de la juventud hondureña
“
Para los jóvenes que viven en barrios, colonias y comunidades marginadas, la violencia, la pobreza y la falta de educación constituyen barreras que limitan sus oportunidades de desarrollo”, indicó Carmen López de la Red Juvenil del Foro de Mujeres Por la Vida. Carmen pertenece a esa población que vive en situaciones dramáticas en Honduras, la juventud. Las cifras sobre los jóvenes en riesgo social son escalofriantes y retratan de cuerpo entero que Honduras está perdiendo a este grupo poblacional en el cual debe descansar el futuro del país. Según datos oficiales, existen actualmente 800,000 jóvenes entre 14 y 30 años que no estudian ni trabajan en Honduras. La violencia a la que se enfrentan los jóvenes es otro fenómeno de naturaleza compleja que expone a todos los sectores independientemente de su posición en la sociedad. La situación que ya era preocupante desde la segunda mitad de los noventa, se ha intensificado en los últimos 10 años.
7 de cada 10 hondureños es menor de 30 años y cada vez tienen menos oportunidad de forjarse un futuro mejor.
ciento. Cerca del 40 por ciento de los estudiantes también manifiestan fumar cigarrillos.
Las cifras de muertes violentas jóvenes, en la última década, son verdaderamente escalofriantes. Más de 8.000 menores de 23 años han muerto de manera violenta en Honduras entre 1998 y 2012, según un informe de la organización humanitaria Casa Alianza. Del total de los que han sido asesinados en los últimos 15 años, 2.782 (34,7%) lo fueron durante la administración de Porfirio Lobo, que se inicio el 27 de enero de 2010.
Estos datos son más preocupantes cuando se recuerda que Honduras es un país con una población muy joven, ya que 7 de cada 10 hondureños son menores de 30 años.
Falta voluntad
Carmen, de solo 19 años, lamenta que la extremada simplificación con la se ha abordado el fenómeno social en la juventud, lejos de contribuir a entenderlo, para estar en mejores condiciones de enfrentarlo, contribuyen a su expansión incontrolable.
Embarazos en jóvenes
Cada año 45,000 jovencitas entre los 12 y los 19 años son embarazadas en Honduras, una cifra que tampoco refleja el dramatismo de la mortalidad materno-infantil ni la incidencia de abortos provocados. Dentro de este drama, la masa estudiantil es presa de otro tipo de situaciones igualmente riesgosas y sobre las cuales nada más se han planteado respuestas tibias, forzadas o, sencillamente, carentes de sentido eficaz.
Consumo de drogas
Los estudios realizados en los esta-
Carmen López Flores.
blecimientos de enseñanza a finales del año pasado señalaban que el 49 por ciento de los estudiantes consumían bebidas alcohólicas. Sin embargo, fuentes del Instituto Hondureño contra el Alcoholismo, la Drogadicción y la Farmacodependencia (IHADFA), afirman que, de acuerdo con las investigaciones realizadas recientemente, este porcentaje habría disminuido al 23 por
“En este confuso escenario, las jóvenes y los jóvenes somos protagonistas centrales, pero no solo porque la sociedad nos ha estigmatizado como victimarios sino también y fundamentalmente como víctimas de un sistema excluyente y generador de violencia”, manifestó Carmen. Las ejecuciones cometidas contra jóvenes de ambos sexos, especialmente de habitantes de zonas excluidas, han aumentado notoriamente en las últimos años y se ubican en niveles preocupantes,
no sólo para los hondureños, sino también para los organismos internacionales que han manifestado sus preocupaciones mediante informes, recomendaciones, exhortaciones y comunicados especiales.
“Las acciones implementadas por los últimos gobiernos, se han centrado en políticas represivas que no han dado los resultados esperados, por el contrario han aumentado los problemas”, dijo la dirigente juvenil. “En Honduras existen políticas de protección a la infancia y sobre reducción de la violencia hacia la juventud, pero lastimosamente estos instrumentos jurídicos no cuentan con presupuestos para ejecutar las actividades que motiven a los jóvenes, por tal razón nunca pasan de ser buenas intenciones”, indicó Gerardo Rivera del Observatorio de derechos de la niñez y juventud de Casa Alianza.
Pacto de pandillas
Ante el inicio del acercamiento de la maras y pandillas en Honduras, el sociólogo y catedrático universitario Carlos Pineda manifestó que este primer compromiso de los dos
grupos pandilleros se debe manejar con precaución valorando el fuerzo que hacen al comprometerse a dejar atrás las actividades criminales. Pineda lamentó la ausencia del Estado a través del gobierno en buscar acercamientos y compromisos para apoyar a estos jóvenes. Asimismo, afirmó que es necesario priorizar el trabajo social de prevención en las zonas más conflictivas y vulnerables del país, e invertir en programas de educación y la generación de empleos. “También es importante apostar por programas de rehabilitación en los centros penitenciarios para ex miembros de pandillas que desean reinsertarse en la sociedad”. manifestó. La juventud, que actualmente suma el 68% de la población, es el presente y el futuro de este país y por lo tanto según Carmen López, “hay que tomar acciones ya. Dadas las diferentes causas, también se requiere de estrategias y acciones conjuntas que nos permitan abordar con responsabilidad la problemática de la juventud y lo más importante exigir al Estado hondureño una verdadera política integral hacia la niñez y la juventud”.
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Semanario No. 293 | 14 Junio 2013 | Editado por COMUNICACIONES - SJ
Inspirados en la libertad de expresión
Jóvenes: con arte reciclamos y no contaminamos
Denis Berrios, de Art3 D-Barrio coordinó el proceso de creación del mural a partir de las ideas de los jóvenes progreseños.
Durante una semana, la Red Juvenil que acompaña el ERIC-SJ demostró que la creatividad y la determinación puesta al servicio de una meta, trae grandes satisfacciones.
La materia prima del mural son chapitas de botes plásticos que fueron recolectados en colegios, escuelas, barrios y colonias de El Progreso, Santa Rita, La Lima y otras ciudades.
Es la primera vez que se realiza en El Progreso un mural a base de material reciclado y pronto habrá un segundo mural en el Instituto Perla del Ulúa, donde se recogieron más de 32 mil tapones.
La libertad de expresión es el tema principal que los jóvenes escogieron para trabajar el mural ubicado en Radio Progreso.
El mural ¿Te imaginás el silencio? ¡Exprésate!
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