SEMANARIO No. 298 | 19 Julio 2013 | Editado por COMUNICACIONES - SJ
Se agudiza conflicto en Río Blanco, Intibucá A más de cien días de lucha por el territorio
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l asesinato del campesino Tomás García, por parte de miembros del ejército Nacional, en la aldea El Achotal, Intibucá, ha agudizado el conflicto al que se enfrentan los indígenas lencas del sector de Río Blanco, en el departamento de Intibucá, quienes llevan 110 días jugándose todo por defender las tierras ancestrales donde cultivan su maíz, frijoles y otros productos para su sobrevivencia.
Un Estado dominado por élites oligarcas como el Estado hondureño, que mantiene el afán de consolidar el modelo neoliberal y aumentar sus ganancias capitalistas mediante megaproyectos mineros, generación de energía y acumulación de los recursos naturales, seguirá siendo represivo y expulsor de su gente.
nieros con sede en Siguatepeque, Comayagua, y contra ejecutivos de del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, como responsables indirectos del asesinato del dirigente indígena.
Medidas Cautelares
El Copinh junto a organismos defensores de Derechos Humanos del país solicitaron medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para comunidades lencas del sector de Río Blanco, Tomás García, indígena asesinado. además pedirán la instalación de un Observatorio de Derechos Humanos, según la dirigente comunitaria Bertha Cáceres. A más de 100 días de lucha pacífica de la comunidad de Río Blanco, el proyecto hidroeléctrco sigue su marcha.
por personas civiles minutos antes del asesinato de Tomás García.
Lastimosamente los que más sufren en un Estado represivo como el hondureño son los más pobres, los campesinos, la juventud, las mujeres y toda la población excluidas en las comunidades indígenas. Tomás García era dirigente y el día de su asesinato caminaba junto a su hijo de 17 años de edad, Allan García Domínguez, quien fue herido de gravedad ese día 16 de julio. Justamente encabezaban la protesta contra la represa hidroeléctrica Agua Zarca que está construyendo la compañía Sinohydro. El proyecto consiste en represar el río Gualcarque, considerado sagrado para el pueblo lenca. El joven Allan fue intervenido en un hospital y ya se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, será difícil que se reponga del daño emocional que le causó ver a los militares disparando contra su padre, un hombre con mucho compromiso por la lucha por la tierra. Las comunidades indígenas llevan más de 110 días de protesta pacífica, reclamando la tierra y oponiéndose a los trabajos de la empresa porque es justamente en ese lugar donde ellos hacen sus cultivos y además
La dirigencia indígena, responsabiliza de la muerte de García y de la represión policial contra los indígenas lencas al Congreso Nacional, por aprobar la construcción de la hidroeléctrica, junto con los alcaldes de varios municipios de Intibucá que también apoyan el proyecto Agua Zarca.
Piñata de bienes naturales Plantón en carretera al río Gualcarque.
del agua del río Gualcarque se benefician todas las aldeas de la zona.
El día del asesinato
“A las 9:45 de la mañana junto nuestros hermanos, (unos 350 indígenas) íbamos en la manifestación para desarrollar un plantón frente al plantel de la compañía Sinohydro. Nosotros gritábamos a todo pulmón “fuera proyecto hidroeléctrico de nuestra tierra”. De repente y sin mediar palabras los militares que estaban acompañados por policías dispararon y mataron inmediatamente a Tomás García e hirieron a su hijo”, denunció Tomás Gómez del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Una de las dirigentes de Río Blanco, Adelaida Gómez expresó “nuestra comunidad estaba realizando una acción, de las diarias que hacemos, los militares comenzaron a disparar, únicamente porque nosotros estamos contra ese proyecto que privatizará hasta el agua, destruirá nuestros bosques que son nuestra fuente de vida”. Aunque no ha transcendido públicamente, se confirma la muerte de otro indígena de quien hasta el momento no hemos tenido acceso a su nombre. Según algunas fuentes la segunda víctima es parte de las personas que están a favor del proyecto hidroeléctrico y fue asesinada
Con la aprobación de la Ley General de Aguas en diciembre del 2009 por el mismo Congreso Nacional, el Estado de Honduras inició la piñata de los bienes comunes. Para septiembre del año 2010 concesionó 47 ríos, posteriormente en julio del 2012 aprobó 24 proyectos hidroeléctricos más en el territorio nacional.
Detienen a un militar
Ante la presión de la comunidad, agentes policiales detuvieron al militar que supuestamente disparó contra la humanidad de los indígenas. Actualmente está a la orden de la fiscalía de Intibucá. Sin embargo la dirigencia indígena interpuso una denuncia formal ante el Ministerio Público, contra altos mandos del Batallón de Inge-
Copinh realizó un informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y para organizaciones nacionales e internacionales, “vamos a seguir exigiendo justicia, estamos diciendo un basta a la impunidad”, dijo Cáceres y agregó que próximamente tendrán un Observatorio de Derechos Humanos porque los riesgos de las comunidades son “permanentes y sistemáticos por parte de militares y sicarios”. En un comunicado el Copinh manifestó: que el Río Gualcarque es parte del sentido profundo de nuestra espiritualidad y cultura. El Congreso Nacional, SERNA, ICF, las alcaldías municipales de Intibucá y San Isidro en Intibucá y San Francisco de Ojuera y Zacapa en Santa Barbará, ahora apoyados por todos las Secretarías de Estado al servicio de las empresas privadas y trasnacionales, y además por el indigno ejército de Honduras, Policía Nacional y Ministerio Público han entregado los bienes naturales a manos privadas. El Copinh reiteró su disposición de continuar luchando por la defensa y autonomía territorial de manera pacífica y enérgica, en base al Convenio 169 que protege a los pueblos indígenas, su memoria histórica, el derecho a la vida y a los derechos colectivos como pueblos originarios.
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Urge resolución de conflicto en Río Blanco
l conflicto entre las comunidades lencas y los empresarios responsables de la represa en el río Gualcarque en el norte del departamento de Intibucá ha llegado a un nivel de alarma que exige una respuesta urgente por parte del gobierno hondureño. La muerte violenta del líder lenca Tomás García y las graves heridas sufridas por su hijo, son el resultado de un proceso de agudización de las confrontaciones que de no detenerse puede llevar a situaciones de incalculables consecuencias.
Las comunidades lencas cuentan con el respaldo del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, y de muchas otras organizaciones populares, civiles y eclesiales, tanto dentro del país como de la solidaridad internacional. Ancladas bajo el árbol del sauce, las comunidades indígenas han cerrado el paso a maquinarias y técnicos de la compañía constructora. Después de más de cien días de lucha de resistencia, las comunidades lencas han organizado de cuando en cuando caminatas que desde el palo de sauce culminan
en las afueras de los portones del campamento instalado por la empresa constructora de la represa. Radio Progreso ha acompañado en dos ocasiones estas caminatas y las mismas se han caracterizado tanto por la firmeza de la demanda del retiro de la empresa como por sus acciones pacíficas. Por su parte, tanto la empresa china como la hondureña, responsables de la represa, cuentan con el firme respaldo del gobierno a través de fuertes contingentes militares y policiales, además de la compañía de seguridad privada que tienen contratada. Los militares y la policía defienden los
intereses de los empresarios con la misma furia como un ejército defendería un territorio cuando fuerzas extranjeras amenazan la soberanía nacional. Las amenazas y escaramuzas de soldados y policías han sido muy constantes y la represión ha sido la constante a lo largo de estos más de cien días de amenazas. Con las amenazas, represiones y ahora con el asesinato del dirigente Tomás García, las comunidades lencas han dejado en claro que en lugar de renunciar fortalecerán su lucha hasta lograr que su territorio quede libre de compañías que amenazan sus ríos y sus vidas.
Ante estas posiciones, el conflicto se agudiza, y ante la desigualdad de fuerzas, las comunidades lencas se encuentran en un inminente peligro de muerte. El gobierno se encuentra en la estricta obligación de detener este conflicto, y el asunto, por muy complejo que parezca, tiene una evidente solución: así como las comunidades lencas nunca fueron consultadas sobre proyectos en el río Gualcarque, el asunto se ha de resarcir con la decisión del gobierno de suspender los contratos de las empresas sobre cualquier construcción en los territorios lencas del departamento de Intibucá.
Según expertos
Falta de investigación aumenta la impunidad La investigación en Honduras es el “talón de Aquiles” en la judicialización de los casos, muchos de ellos engavetados en los archivos de la impunidad que acumula la justicia en Honduras.
goza de la certificación internacional, y la cadena involucrados porque siempre que se llega a la punta de la madeja resultan implicados funcionarios de gobierno o familiares de los mismos.
Para el Comisionado de policía Aldo Oliva, en el país se cree que una buena estrategia de combate a la criminalidad es la aplicación de “mano dura”.
“A los políticos no les interesa una investigación criminal porque si él, sus familiares y quiénes estén relacionados con este funcionario están metidos en un hecho criminoso como lavados de activos, narcotráfico, robar al erario público, tráfico de influencia, no le interesa que exista investigación porque se va a descubrir tarde o temprano”, dijo el doctor Bobadilla.
Oliva fue director de Centros Penales, sin embargo ahora no ostenta un cargo importante por su posición cuestionadora ante el director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla. “Este gobierno empezó a atacar la criminalidad ya en la hora en que se va, esto es pura política y demagogia” criticó Oliva. Para el Comisionado policial, la situación puede mejorar por varios factores: creando fuentes de trabajo, brindando una mejor educación, que la ola criminal sea atacada por medio de la investigación científica y aumentado la cantidad de policías.
La falta de investigación produce mayor impunidad en los actos de violencia.
La abogada Tirsa Flores de la Asociación de Jueces por la Democracia, los procesos investigativos deben ser uno de los temas que más preocupación podrían producir en las autoridades del país porque están incumpliendo todas las obligaciones internacionales que tienen a través de tratados y convenios. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia ha establecido claramente que las investigaciones en caso de delitos
deben ser inmediatas, exhaustivas, imparciales y serias y que no deben limitarse a una mera formalidad como lo hacen aquí los agentes de investigación,” expresó Flores. El experto en Medicina Forense, Denis Castro Bobadilla, dijo que los grandes casos no se investigan por varias razones, entre ellas la falta de preparación de los investigadores y los desactualizados procedimientos que utilizan razón por la cual la investigación criminal de Honduras no
Y esa falta de investigación hace que no haya castigo para los responsables y por ende haya una repetición de hechos. La violencia es la expresión de esa precariedad investigativa por lo tanto se convierte en una de las causales de tanta muerte en el país. Veinte personas mueren al día. “El pasto que hace que agarre más fuego todo esto es la impunidad. La investigación de Honduras es un desastre porque la mora de investiga-
ción salta los límites, imagínese que solo somos ocho millones de hondureños y hay 60 mil homicidios que nadie sabe, para mí es una emergencia nacional” señaló Bobadilla. El Comisionado Aldo Oliva manifestó que “la investigación científica se podrá lograr apoyando a la policía de investigación, capacitándola, y abriendo laboratorios criminales para que esas pruebas puedan pasar a la fiscalía y la fiscalía presentarla en sus respectivos juicios”. Para la abogada Tirsa Flores, el problema es la forma en que se nombran los fiscales, los policías, los jueces en este país. “No se nombran con criterios de idoneidad sino simplemente por recomendaciones políticas”. “Creamos la patarata de la prevención pero si la prevención en Honduras es lo que más se fortalece y es el fracaso más grande que existe porque toda la labor de reclutamiento, de la integración, de más miembros de la policía y del ejército, todo se hace para la prevención y no hay apuesta por la investigación” finalizó el doctor Bobadilla.
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Autoridades de Salud confirman 15 muertes por dengue en lo que va del año
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a Secretaría de Salud confirmó la muerte de una persona más a causa de dengue. Se trató de una niña de apenas 7 años que fue atendida en el Hospital Escuela ubicado en la capital Tegucigalpa. Con esto, el número de personas fallecidas a causa del dengue ascienden a 15 en lo que va del año, según datos oficiales. La menor que murió residía en el departamento de La Paz, una de las zonas declaradas en alerta roja a causa de los brotes de dengue reportados en todo el país. Las autoridades de salud temen que ocurra lo mismo que en el año 2010, cuando fallecieron 83 personas por esta enfermedad. Recientemente la Federación Internacional de Cruz Roja donó al gobierno hondureño 169.000 dólares para la campaña de prevención contra la infección del dengue. Sin embargo ,en el país los índices de dengue siguen incrementándose. Es responsabilidad del Estado hondureño que los centros de salud y hospitales cuenten con todo el equipo para realizar las pruebas. También está obligado a fumigar los barrios y colonias donde se esté presentando alta incidencia de dengue. Últimamente se han dado muertes por dengue que todavía no han sido divulgadas por la Secretaría de Salud por lo que se cree que el número de fallecidos a causa de dengue podría ser mayor. Ejemplo de esto es un caso que se dio en la ciudad de El Progreso, Yoro al norte de Honduras, donde un bebé de apenas 8 meses falleció a causa de dengue grave, sin embargo, esta muerte no se ha confirmado por la
Muchas familias no encuentran respuesta en el sistema de salud público ante una emergencia como el dengue a nivel nacional.
Secretaría de Salud. Los familiares del menor denunciaron ante los medios de comunicación que el bebé progreseño no fue atendido como correspondía, porque en el Hospital público de esta ciudad se le aplicó penicilina, sin hacerle exámenes, algo que según los expertos no puede aplicársele a un paciente que tiene dengue, porque esto empeora la salud del paciente. “Nosotros llevábamos al bebé, iba riendo y jugando, aunque
iba un poquito malito, pero cuando llegamos al hospital, no lo examinaron bien y le aplicaron penicilina y eso no le ayudó. Hemos ido a buscar el expediente y no nos lo quisieron mostrar. Queríamos poner una demanda pero habría que exhumar el cadáver del niño. Eso sería demasiado el dolor, preferimos dejar las cosas así, aunque condenamos el hecho y no queremos que a nadie le pase”, dijo Rosa Rivera tía del menor que falleció a causa de dengue.
Buscamos la reacción del director del hospital progreseño, el doctor Julio Nolasco para que diera una respuesta sobre esta denuncia de negligencia y mal procedimiento en la atención del bebé por parte del personal que labora en el hospital. “No, no se utilizaron penicilinas; la complicación del niño fue por falta de líquidos, por eso lo envié a San Pedro Sula. Pero el niño perdió líquidos y líquidos, fue por eso que lamentablemente murió” aseguró el director del hospital progreseño, el
doctor Julio Nolasco. Sin embargo, la responsabilidad en la lucha contra el dengue no es sólo de las autoridades sino también de las comunidades que deben participar activamente en la campaña de eliminación de criaderos, en los lugares públicos de su comunidad, tales como: parques, salones comunales, casas deshabitadas, escuelas, iglesias, lotes baldíos, áreas verdes y otros, expresó Ernesto Neil Técnico en Salud Ambiental.
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Siguen llegando más hondureños deportados de EEUU “ Me fui con la ilusión de llegar a Estados Unidos para poder ayudar a mi familia. Desde hace cinco meses no tengo trabajo y eso me desespera, mis hijos no tienen que comer”, era el relato que entre lágrimas nos contó José Domínguez, uno de los más de quinientos migrantes deportados que llegaron esta semana a Honduras. José es originario de Copán. Desde que llegó a las oficinas del Centro de Atención al Migrante Retornado, CAMR, los ojos se le humedecieron en una mezcla de sentimientos. Por una parte le alegraba regresar a su aldea ubicada en el occidente hondureño, estar nuevamente con su familia le ilusiona pero le preocupa cómo podrán sobrevivir sin un empleo seguro. La misma preocupación de José la cargan más de dos millones de personas en Honduras que no tiene trabajo. Y precisamente parte de la crisis económica que enfrenta el país es producto de la falta de generación de empleo. La gente se siente obligada a salir del país.
Expulsados por la violencia
El Centro de Atención al Migrante Retornado registra unos 22 mil 500 migrantes deportados a la fecha, únicamente vía aérea . Veinte por ciento más en comparación con la cantidad de migrantes regresados el año anterior. Sor Valdette Willeman, hermana escalabriniana encargada del CAMR informa que en su mayoría los deportados son hombres entre los 18 a 28 años de edad. “Son nuestros jóvenes en su mayoría provenientes de comunidades los que son expulsados del país debido a la falta de oportunidades.
Muchos migrantes aseguran que 20 minutos antes de aterrizar, les van quitando esposas de pies y manos con las que salen de las cárceles en EEUU.
Nos preocupa que en los últimos meses los migrantes deportados nos comentan en las entrevistas que les realizamos que se van de sus comunidades, barrios o colonias producto de la violencia e inseguridad en que viven. Ahora además de salir por la falta de recursos económicos es la situación de criminalidad que está expulsando a nuestros jóvenes. La situación empeora cuando vemos que desde el gobierno no existe una voluntad genuina por atacar esta problemática”, comenta Willeman.
La situación de empeoramiento de la situación en materia de seguridad, es confirmada por los datos del Observatorio de la violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que determina que son tres mil homicidios los que se registran en los primeros cinco meses de 2013. Otros de los datos divulgados por el Observatorio de la Violencia destacan que el promedio mensual de homicidios fue de 595. Entre los departamentos que destacan como más violentos están Cortés con 904 homicidios y Francisco Morazán 725 asesinatos.
“Reciclaje humano”
Raff Flores economista del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras, Fosdeh cree que el incremento en el número de las deportaciones empeora la situación de inseguridad del país. “Muchos de los jóvenes que regresan al país al no encontrar oportunidades son obligados a participar en actividades criminales para poder ayudar a sus familias económicamente”. Flores cree que la migración debe ser
tomada con seriedad de lo contrario nuestros jóvenes seguirán pagando una altísima cuota. “Ya no podemos ver la situación migratoria como simples números. A los gobiernos únicamente les importa la cantidad de remesas que envían nuestros compatriotas, pero jamás se preocupan por brindar oportunidades de empleo y seguridad en el país”. El envío de remesas familiares en su mayoría de Estados Unidos es el principal ingreso económico del país. Anualmente se reciben unos tres mil millones de dólares, superando abismalmente a la industria de la maquila, turismo y las exportaciones. “El sudor y la mano de obra barata de los hondureños en aquel país del norte son el sustento de Honduras. Por eso los gobernantes no hacen nada, únicamente les interesa la cantidad de dólares que ingresan al país. Nuestros migrantes son reciclaje humano”, concluye el economista.
México la tierra del peligro
Desde que llegan a las instalaciones del Centro de Atención al Migrante Retornado, los deportados son entrevistados para poder ayudarlos a
regresar a sus lugares de residencia. “Los recibimos con una sonrisa, les entregamos una baleada y les brindamos el pasaje para que pueden regresar a sus casas. Sabemos que es poco lo que estamos haciendo por nuestros migrantes, pero son los únicos recursos con los que contamos”, comenta Valdette Willeman. En la entrevista que se les realiza los deportados comentan que el cruce de territorio mejicano se convierte en un peligro permanente. La hermana Valdette en muchas ocasiones ha escuchado testimonios desgarradores en los que los migrantes cuentan como fueron violadas en ese camino, otros como permanecieron secuestrados por los grupos criminales que operan en la ruta migratoria y no pueden faltar los relatos sobre las extorsiones que hacen los agentes policiales en México. La encargada del Centro de Atención al Migrante Retornado cree que es necesario demandar políticas públicas claras de atención a los derechos de la población hondureña que garanticen una vida digna que no los obligue a salir “disparados” de su tierra.
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Aumenta conflicto entre magisterio y autoridades de un sistema educativo en crisis M
ientras alrededor de 25 mil docentes ya se sometieron a las evaluaciones dictadas por la Secretaría de Educación, algunas organizaciones magisteriales catalogan esta acción como parte de una estrategia para reducir costos por encima de los derechos laborales y el mismo derecho a la educación pública. Esta semana la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras, FOMH del departamento de Cortés interpuso una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el ministro de educación Marlon Escoto, por los delitos de abuso de autoridad y violación a derechos humanos y laborales de los docentes. La razón de esta denuncia es una evaluación a docentes que ha ordenado la Secretaría a alrededor de 58,021 docentes que hay en Honduras, según el Sistema de Administración de Centros Educativos (Sace).
Para Joel Almendarez, del Colegio de Pedagogos de Honduras, el magisterio no se opone a las evaluaciones sino a la forma contraria a las leyes en la que se está aplicando.
Maestros de Cortés y Tocoa han determinado en asambleas que seguirán acciones de denuncia contra el ministro Marlon Escoto.
“Nosotros tenemos el estatuto del docente, y allí se establece cómo se debe evaluar al docente. Además estas pruebas son tan estandarizadas que solo aplican a español y matemáticas, al maestro lo que tienen que evaluarle es su área, su nivel, su ciclo en el programa del currículo nacional básico del cual se está desempeñando. El ministro está haciendo evaluaciones desatinadas que lo que buscan es desprestigiar al gremio magisterial”, expresó este pedagogo justo después de realizar la evaluación en línea.
“Por primera vez en Honduras se está evaluando al maestro, algunos reportan que han tenido problemas con la conexión por los lugares donde están pero nosotros les decimos que no se preocupen porque lo que se quiere es mejorar su desempeño. Ellos tienen que buscar el espacio, la escuela no está obligada a proporcionarle nada”, manifestó Cáceres.
El método de esta evaluación es mediante un cuestionario virtual, esto ha sido muy criticado por los maestros pues alrededor del 20% no tienen acceso al servicio de internet, y en la mayoría de los centros educativos tampoco se cuenta con este servicio para dar clases a los estudiantes. Sin embargo, Denis Cáceres, presidente de calidad educativa de la Secretaría de Educación, asegura
que el magisterio tienen el reto de buscar dónde lo harán y hasta de aprender a usar una computadora.
La crisis es extensa
Este conflicto casi eterno entre la Secretaría de Educación y el gremio magisterial es solo una parte de la crisis que corroe el sistema educativo nacional, que según la profesora Lucía Granados, va hacia la privatización. La carencia de material didáctico, la suspensión de la matrícula gratis, la falta de condiciones favorables en las escuelas y hasta la eliminación de la educación nocturna son parte de una estrategia de reducción de costos que el gobierno de Lobo Sosa junto a organismos de financiamiento internacional están im-
poniendo. Esta estrategia obedece a la privatización de la educación y el actual ministro solamente cumple estas órdenes, asegura Granados. “Además de la falta de pago de maestros, está la política terrorista contra los maestros con estas medidas administrativas y financieras. También la matrícula en línea, un sistema que se ha impuesto sin dotar del equipo ni capacitar al personal, esto es un abuso de autoridad en contra de los derechos laborales del personal. Otro de los hechos que denunciamos también es que la información que se ha venido alimentando en la página web de nuestros centros educativos ha sido sin verificación y sin instrucciones precisas, no estamos de acuerdo con la represión de este sistema”, dijo Granados. El presupuesto del año pasado para educación era de 23 mil millones de lempiras y este año se asignó 21 mil millones, parte de este recorte se refleja en la falta de pagos a maestros y en una estrategia para despedir masivamente a los docentes, según Granados. Aunque estas evaluaciones han
Los niños y niñas hondureñas son los más afectados por los conflictos.
sido catalogadas como una herramienta para lograrlo, Denis Cáceres de la secretaría asegura que no es para eso, sino para capacitar a los docentes y que a menos que sigan insistiendo en no hacer las pruebas, no habrá sanciones. El Estado hondureño minimiza la importancia de la educación al reducir su presupuesto, cosa contraria de lo que hace con los presupuestos para las fuerzas armadas y la seguridad. Y agudiza la inequidad de la educación ahora que a las
escuelas y colegios de jóvenes con discapacidades se les ha reducido el presupuesto en un 3%. O quitando por completo un presupuesto de 320 millones de lempiras para matrícula gratis. Sin duda, en medio del conflicto quedan millones de niños y niñas que no tienen acceso a la educación. En 2012 se contabilizaba un millón de niños sin acceso a este derecho fundamental en Honduras, uno de los países con más altos niveles de pobreza y violencia en el mundo.
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Según algunos pobladores de aldea La Fragua
Hay doble intención al construir puente en época lluviosa H
ay dudas entre algunos pobladores de la aldea La Fragua por la decisión de la Comisión de Control de Inundaciones del Valle de Sula al autorizar que la construcción del puente iniciara en época de invierno, a pesar que los dirigentes comunales les habían advertido que el proyecto debería hacerse en los primeros meses del año para aprovechar el verano y así evitar que la crecida del río les botara o atrasara la construcción. Miguel Ángel Martínez, presidente de la Junta de Agua de aldea La Fragua cree que “empezaron a construir el puente en este mes de julio para decir que los proyectos no se pudieron hacer por las lluvias y así tener excusas para aumentar los gastos en el presupuesto, con el cual se están beneficiando muchos empresarios. Sabemos que el dinero que se está gastando en cemento, piedra, varilla, maquinaria y mano de obra es el mismo dinero de nuestros impuestos. Piensan que nosotros somos tontos que no sabemos nada”. Lo mismo piensa José Enamorado, quien trabaja de cuidar los materiales que se están utilizando en el puente, “Yo he visto que son pocos los muchachos que trabajan, pero sé que siempre están ganando. Ellos están aquí pero no los ponen a hacer nada, y así como vamos el puente no se va a terminar en septiembre, como lo han prometido”. La Fragua es una de las aldeas conocidas como ex campos bananeros, ubicada en la margen derecha del caudaloso río Ulúa. Esta y las demás aldeas tienen característi-
Las comunidades en sectores vulnerables encuentran ahora promesas políticas cuando en épocas de emergencia no han sido socorridas.
cas similares: todas son inundables, en la mayor parte de ellas el cultivo fuerte es la palma africana, hay esfuerzos organizativos pero con poco avance, la mayor parte de sus dirigentes son manipulados por los políticos y casi en su totalidad los pobladores afirman que están abandonados por las autoridades. Esta aldea fue fundada en el año de 1920 por un grupo de hombres y mujeres que llegaron en busca de
trabajo a las fincas de banano de la transnacional Tela Rail Road Company que abandonó el país después del Huracán Mitch porque destruyó la mayor parte de los cultivos de banano. Miguel Ángel Martínez habla de la dependencia que los pobladores tenían de la Tela y por eso hoy cuesta bastante organizarse o ponerse de acuerdo. Por este paternalismo casi todos los proyectos de agua están
obsoletos y es difícil que trabajen juntos para que problemas como la vulnerabilidad a las inundaciones se reduzcan. Miguel Ángel dice que se sienten resentidos porque el dinero de la construcción del puente La Fragua que según dijeron en un inicio eran 27 millones de lempiras fue aprobado hace dos años y fue hasta julio que iniciaron los trabajos, con poco personal y maquinaria alquilada que se encuentra parada.
El puente El 5 de noviembre del año pasado dos partes del puente La Fragua cayeron al fondo del río, quedando incomunicadas más de 40 aldeas. En la actualidad se ha habilitado un paso entre el puente en construcción y el río, de esta manera la producción de palma africana y otros productos ya pueden salir de las aldeas hacia El Progreso y otras ciudades. Sin embargo siempre está el miedo en la población porque cuando llueve en el occidente del país el Ulúa crece y podría desaparecer el paso.
Durante un recorrido por los ex campos bananeros, A Mecate Corto constató que un reducido grupo de hombres están trabajando en el armado y fundido de las bases del puente. Hay máquinas que han sido alquiladas pero según dijo uno de los empleados ya días no las utilizan.
Las comunidades del sector ex campos bananeros han estado en alerta verde por la crecida del Río Ulúa.
Miguel Ángel Martínez agregó que “lo más lamentable es que no podemos hacer las denuncias sobre la falta de transparencia en el proyecto, porque como pobladores al hablar corremos peligro. Pues usted sabe que en el país está peligroso, si uno denuncia lo amenazan o le hacen algo peor”.
Miguel Ángel Martínez, presidente de la junta de agua.
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