E-Book_Envío Año 12 Nº 43

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Año 12 • N° 43 • Honduras • Septiembre de 2014

Esta edición de la Revista Envío-Honduras es una producción del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (eric-sj).

Su contenido puede ser reproducido total o parcialmente, citando la fuente.

• Niños migrantes no acompañados: ¿Crisis humanitaria o colapso de un modelo?............................1

© ERIC-SJ Apartado Postal N° 10 Teléfonos: (504) 2647-4227 Fax: (504) 2647-0907 El Progreso, Yoro, Honduras ericproductoseditoriales@eric-sj.org www.eric-rp.org

• La colonización mediática del mensaje en Honduras..............12 • Presupuestos básicos del derecho a la participación política: El caso de los golpistas y corruptos.........................................17 • La inseguridad de quienes abogan por la seguridad ciudadana.......................................................27 • El ascenso de la “nueva” derecha en el Partido Nacional (3) El gobierno del presidente Lobo: ¿Transición política o continuidad histórica?..........................31 • Ellos ya lo han conseguido......................................................42

Consejo de redacción: Ismael Moreno SJ, Isolda Arita, Marvin Barahona, Joaquín A. Mejía R. y Eugenio Sosa.

Colaboran en este número: Ismael Moreno SJ, Manuel Torres Calderón, Joaquín A. Mejía R., Lucila Funes Valladares, Marvin Barahona, Alejandro Fernández y José Luis Rocha.

Editores: Marvin Barahona e Isolda Arita Diagramación: Yasmin Pérez Impresión: Editorial Guaymuras, Tegucigalpa, Honduras.

Tiraje: 1 000 ejemplares

• Juanito, tan pobre como terco..................................................43 • Violencia, asilo y la búsqueda de lugares “frescos” (2) ¿Hay rangos etarios para la compasión y la garantía de derechos?........................................................45

En Honduras se debe tener fe Honduras es un pueblo generoso y simpático, en que se debe tener fe. Sus pastores hablan como académicos. Sus mujeres son afectuosas y puras. En sus espíritus hay substancia volcánica.

Ha habido en Honduras revoluciones nacidas de conflictos más o menos visibles entre los enamorados de un estado político superior al que naturalmente produce el estado social, y los apetitos feudales que de manera natural se encienden en países que, a pesar de la capital universitaria enclavada en ellos, son todavía patriarcales y rudimentarios.

Pero los ojos de los hombres, una vez abiertos, no se cierran. Los mismos padecimientos por el logro de la libertad encariñan más con ella; y el reposo mismo que da el mando tiránico permite que a su sombra se acendren y fortalezcan los espíritus (…).

José Martí Poeta y patriota cubano (1853-1895)

ACTUALIDAD

Niños migrantes no acompañados: ¿Crisis humanitaria o colapso de un modelo?

ISMAEL MORENO, SJ*

La migración de niñez no acompañada viene de lejos y es la cresta de un modelo que fracasó.

En busca de las raíces de esta tragedia, aquí se escudriñan cinco factores que la explican y, más allá, se demuestra que las promesas de los neoliberales se cumplieron…

Sí, la copa rebalsó, pero de calamidades para los más empobrecidos y, entre ellos, los niños, los más vulnerables, cargan la cruz más pesada.

E

l dato es irrefutable: miles de niños de los países centroamericanos del Triángulo Norte, como enormes mareas humanas, han emigrado hacia Estados Unidos cruzando el extenso territorio mexicano, sin tener quien los acompañe.

Este hecho trágico y cotidiano, que ocurre desde hace varios años, pero que se disparó en los últimos meses, no hubiese pasado del paisaje cotidiano e insensible de la migración, y habría sido invisibilizado por la prensa, si el gobierno de los Estados Unidos no hubiese puesto en marcha la política de captura, concentración y deportación masiva de estos infantes.

A este fenómeno el gobierno de EUA lo ha llamado “crisis humanitaria”, pero lo trata a partir de sus intereses geopolíticos y de seguridad, y como una amenaza a la paz y la estabilidad de su Esta*

Director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús y director de Radio Progreso.

do y territorio; así, de la solicitud de 3700 millones de dólares que Obama presentó al Congreso para atender esta avalancha de niñez migrante, casi la mitad será destinada a asuntos de seguridad relacionados con la protección de la frontera y el control de los migrantes.

Los niños emigran porque sus padres o madres ya emprendieron la misma ruta, y porque todas las familias tienen las mismas razones para emigrar: huir de la pobreza y la miseria, de la violencia, la criminalidad y el abandono. De acuerdo a la Oficina en Washington para América Latina, WOLA, entre octubre de 2013 y junio de 2014, más de 52 mil niños sin acompañantes y sin documentación cruzaron la frontera hacia Estados Unidos. Esta cifra sobrepasó los sesenta mil apenas un mes después, y si el ritmo hubiese continuado así, al finalizar 2014 el número de niños migrantes no acompañados habría sobrepasado los cien mil. La mayoría es de nacionalidad hondureña. El fenómeno, crecientemente alarmante, ha pues-

to en jaque la institucionalidad del gobierno de Estados Unidos y obliga a mirar la realidad centroamericana para identificar los resortes de la pobreza y la violencia, y sus dinámicas destructivas.

NI MORALISMO NI LÁSTIMA Muchos aviones han comenzado a llegar procedentes de EUA. Pero no son vuelos comerciales ni traen turistas, ejecutivos o visitantes. De cada avión salen numerosos niños que no han perdido la sonrisa, quizás porque no perciben la magnitud de la tragedia. Los reciben manos caritativas y rostros compungidos; de inmediato los suben a autobuses que con mucha diligencia proporciona el gobierno y, con no más de cien dólares, los envían con sus acompañantes, si es que los tienen, a sus lugares de origen.

Los niños salen de los refugios de EUA y son deportados a Guatemala, El Salvador y Honduras. Los deportados hondureños son la mayoría, porque son mayoría los que 1 septiembre 2014

ACTUALIDAD

MARGARITA El 27 de agosto, a eso de las 10 de la mañana, la dirigente campesina Margarita Murillo fue asesinada en la aldea el Planón, municipio de Villanueva, Cortés. Varios disparos provenientes de personas encapuchadas le arrancaron la vida, mientras trabajaba en su parcela ubicada en la Empresa Asociativa Campesina “Las Ventanas de la Producción”.

Murillo estuvo profundamente ligada al movimiento campesino y popular hondureño durante casi toda su vida. En 1975, con apenas 13 años, participó por primera vez en la lucha por el acceso a la tierra uniéndose a la “Marcha de la desesperanza y del hambre”, impulsada por la Unión Nacional de Campesinos (UNC), y en 1985 se convirtió en una de las fundadoras de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).

Fue parte de la coordinación del Foro Social del Valle de Sula y una de las fundadoras del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Por su destacada trayectoria, fue nombrada Patriota del Año en 2010 por el ERIC y Radio Progreso.

Margarita es la víctima campesina número 140, asesinada en los últimos tres años y medio en Honduras. Su velorio y entierro se convirtieron en actos de protesta ante la represión que continúa criminalizando y asesinando a las y los luchadores sociales.

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salieron de Honduras acompañados de algún coyote o de algún familiar, porque en Honduras se agotaron las alternativas para la gente de bien, que es la inmensa mayoría de la población.

Sin embargo, la gran mayoría de niños y familias deportadas no ingresa por vía aérea. De acuerdo a los informes de la Pastoral de Movilidad Humana que lideran las hermanas escalabrinianas, por vía aérea han retornado no más de quinientos niños; en cambio, por la frontera de Corinto, entre Honduras y Guatemala, han ingresado más de cinco mil familias deportadas desde México, sin haber cumplido ningún trámite y en el más absoluto silencio.

Mientras que la Primera Dama, Ana García de Hernández, los funcionarios públicos que la cortejan y los medios de comunicación se enternecen ante los niños que viajan solos o regresan deportados, y algunos pastores religiosos levantan el índice para culpar a los padres y madres irresponsables y a la desintegración familiar, muy pocos escudriñan en la reciente historia hondureña para descubrir los factores institucionales y sistémicos que hacen más complejo el fenómeno de la migración.

Pero ahora la migración ha copado las agendas de todos los organismos públicos y de la sociedad civil. Hay ONG que nunca antes contemplaron este fenómeno. Sin embargo, con la publicidad de la “crisis humanitaria”, todas ellas, con cámara en mano, persiguen con furor a las familias deportadas, al tiempo que se desvelan preparando proyectos de asistencia a los migrantes para presentar a los cooperantes internacionales.

La niñez migrante no acompañada representa la cresta de un modelo que fracasó, y que no puede

ser tratada con ligereza o reducirla a la deportación, como lo hace el gobierno estadounidense; ni a una calificación moralista, como lo abordan algunas iglesias, o como un asunto para la condolencia caritativa y pordiosera que ayude a elevar el perfil sentimental de funcionarios públicos con pretensiones políticas. Tampoco es un asunto para resolverlo con un proyecto de marco lógico.

EL ASUNTO VIENE DE LEJOS Los neoliberales nos vienen diciendo, desde hace tres décadas, que no es función del Estado meterse en asuntos de la economía, que había que apretarse el cinturón por unos años, que había que confiar y apoyar a los inversionistas privados nacionales y transnacionales porque, al final, la copa se derramaría para beneficio de toda la sociedad, especialmente de los pobres. “Para todos alcanza cuando no nos arrebatamos”, dijo alguna vez uno de los apologistas del neoliberalismo.

En efecto, la copa ha rebalsado, y mucho más de la cuenta. Pero no de beneficios para los pobres, sino de calamidades. Pocos pudieron imaginar que esas promesas neoliberales se cumplirían exactamente a la inversa. El drama de la niñez migrante no acompañada es la expresión extrema de este derrame.

Aunque hoy los políticos hondureños y el gobierno estadounidense se rasguen las vestiduras, la masiva migración de la niñez y su consiguiente detención y deportación están en íntima correspondencia con el derrame económico prometido por los neoliberales.

La migración masiva de la niñez hondureña no puede tratarse aisladamente, ni solo con respuestas coyunturales. Es un fenómeno que se sustenta en bases econó-

ACTUALIDAD micas, sociales, históricas y políticas que conviene rastrear para no quedarse con respuestas dadas por la primera plana de los periódicos, que pronto será sustituida por otra noticia igualmente dramática.

CINCO FACTORES La migración de niños no acompañados se disparó a partir de al menos cinco factores: uno, el impulso del proyecto neoliberal con los llamados ajustes estructurales de la economía, a inicios de la década de 1990, con el gobierno de Rafael Leonardo Callejas; dos, el huracán y tormenta tropical Mitch, que impactó en el país a finales de 1998 y devastó la infraestructura, la producción, la economía y la situación social de la mayoría de la población; tres, los Tratados de Libre Comercio (TLC) que se aprobaron en los comienzos del presente siglo, y que colocaron a la enclenque economía hondureña en la absoluta dependencia y precariedad frente a las economías de las multinacionales y de los países más poderosos, especialmente EUA, Canadá y la Unión Europea. Cuatro, el golpe de Estado de junio de 2009, con el que culminó un proceso de conflictividad entre dos maneras de entender la administración del Estado y aceleró los dinamismos de mayor inestabilidad y deterioro de la sociedad. Y cinco, la corrupción y la impunidad de los políticos y funcionarios públicos que han usado los bienes del Estado como un botín hasta desangrarlo, y dejar en la indefensión a la población más vulnerable, a la que los neoliberales prometieron beneficiarse de la copa derramada.

LOS NEOLIBERALES “AJUSTAN” EL PAÍS A LA MEDIDA DE SU ECONOMÍA El primer acontecimiento fue hace un cuarto de siglo, cuando el

gobierno de Callejas, tan pronto comenzó su mandato, decidió “ajustar” la economía, el Estado y la vida de toda la sociedad a los requerimientos del modelo neoliberal. Fue el tiempo de las entusiastas expresiones que salían de la boca de los poderosos empresarios: “Sudemos la camiseta por Honduras”; “Sacrifiquémonos hoy para disfrutar mañana”; “Todos a apretarnos la faja por una Honduras mejor”. Era la época de los sacrificios. Y no era para menos, porque el presidente Callejas se rodeó de los apologistas del modelo neoliberal, alumnos de Milton Friedman, el number one de la escuela de los Chicago boys.

Devaluaron la moneda, y sustituyeron la Ley de Reforma Agraria por una Ley de Modernización del Sector Agrícola que establecía que las tierras hasta entonces destinadas a los grupos beneficiarios de la reforma agraria podían ser vendidas a empresarios privados, es decir, a don Miguel Facussé Barjum y a unos cuantos terratenientes más.

Con el respaldo de la nueva ley, los neoliberales promovieron la coinversión, bajo el lema de “la tierra es de quien la produce”, sustituyendo el lema de la reforma agraria: “la tierra es de quien la trabaja”.

En los hechos, la coinversión fue la figura que se usó para que los campesinos medios y pequeños pusieran sus parcelas a disposición de los grandes empresarios privados.

El gancho era que los campesinos ponían la tierra, los empresarios la tecnología y el dinero, y tanto el campesino como el empresario saldrían ganando. Pero ocurrió que el campesino puso la tierra, se endeudó con el empresario y, finalmente, al quedar endeudado hasta el cuello, pagaba la deuda entregando la tierra al empresario. Y todo legalmente, porque así lo establece la

MASIVA DESERCIÓN DE ESCOLARES Autoridades de la Secretaría de Educación informaron que, este año, unos 14 mil 500 niños han desertado de los centros educativos del país por diferentes razones; entre estas, la migración, enfermedad y muerte, lo que representa un promedio de 80 menores al día. Las autoridades educativas calculan que unas 3312 deserciones se deben a la emigración irregular hacia Estados Unidos.

De acuerdo con la información difundida por Hondudiario, actualmente, el departamento de Cortés registra la mayor deserción estudiantil del país, con 1836, y le sigue Francisco Morazán con 1354.

En los primeros siete meses de 2014 se reportó la deserción de 700 estudiantes en Copán, 847 en Santa Bárbara, 184 en Ocotepeque, 410 en Lempira, 222 en La Paz y 1125 en Comayagua.

De igual manera, se reportó la deserción estudiantil de 1478 alumnos en el departamento de Yoro, 351 en Valle, 766 en Choluteca, 844 en El Paraíso, 1113 en Olancho, 1763 en Atlántida, 973 en Colón, 74 en Islas de la Bahía y 285 en Gracias a Dios.

Actualmente el gobierno, con la Secretaría de Educación, impulsa un programa para que los menores retornados, que han desertado de las escuelas, regresen a las aulas con el propósito de que no pierdan el año lectivo y se pongan en sintonía con sus demás compañeros.

3 septiembre 2014

ACTUALIDAD

MINEROS SOTERRADOS El mes de julio inició marcado por la tragedia: once mineros quedaron atrapados en la mina artesanal en San Juan Arriba, El Corpus, Choluteca, en un accidente que atrapó la atención nacional e internacional.

Tres mineros fueron rescatados por equipos de El Salvador, Guatemala y Honduras y las fuerzas vivas de la comunidad. Pero, el 7 de julio, autoridades gubernamentales, expertos y socorristas determinaron por consenso suspender hasta segunda orden la búsqueda de los ocho hombres que aún estaban soterrados, por lo que oficialmente fueron declarados muertos, ante la impotencia de sus familiares, compañeros y vecinos.

El Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) aseguró que ya había ordenado el cierre de esta mina desde el año pasado, cuando murieron tres personas, ya que no hay medidas preventivas de derrumbes. Sin embargo, nada hizo para que se cumpliera la disposición.

Bernabé Quevedo, del grupo de defensores del ambiente de Cáritas en Choluteca, ha denunciado por años que los grandes ganadores con la minería artesanal son los dueños de molinos que luego venden el metal a la gran industria, pero pagan muy poco a los obreros que arriesgan la vida bajo tierra.

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competencia del mercado basada en la libre oferta y demanda.

Los neoliberales vendieron muy bien su discurso. El Estado ha de regular las relaciones entre patronos y obreros desde la perspectiva de los inversionistas, y su función primordial es crear una institucionalidad propicia para el éxito de la inversión privada nacional y multinacional.

El Estado no debe regular la economía, porque siempre que mete las narices en la economía lo estropea todo, y acaba endeudando al país.

Hay que dejar que la economía sea regulada por el mercado pues, con la ley de la oferta y la demanda, establece el equilibrio necesario entre el capital, el trabajo y la dimensión social. Se disminuyó el gasto en salud y educación, incluso el presupuesto militar, pero a los oficiales les abrieron las puertas para que incursionaran con éxito en los negocios privados, particularmente las agencias de seguridad. Abrieron con fervor la puerta a los inversionistas de la industria de la maquila, una expresión viva de la globalización de la economía neoliberal; se comenzó el proceso de sustitución de los grandes cultivos de banano para incursionar en la agroindustria de la palma africana, y se aumentó el cultivo de caña de azúcar y otros productos agroindustriales.

Hace veintidós años, un grupo de dirigentes de varias cooperativas de palma africana del fértil valle del Aguán —beneficiarios de la reforma agraria que se impulsó en la década de 1970—, entró en arreglos con el exitoso empresario Miguel Facussé quien, ingeniosamente, se había apropiado de fondos del Estado destinados al incentivo de la industria. A partir de arreglos con dinero bajo la mesa para estos dirigentes, Miguel Facussé se quedó con una inmensa porción de las tie-

rras y los cultivos de palma africana del Aguán. Este empresario no solo se apropió de fondos de la estatal Corporación Nacional de Inversiones (CONADI) —a la que llevó a la bancarrota a comienzos de los años 80—, sino que logró que en los inicios de la fulgurante era neoliberal se le condonaran las deudas que había adquirido con el Estado, para recibir nuevos empréstitos e impulsar lo que él mismo denominó “Plan para la Transformación de Honduras”.

Los dirigentes cooperativistas del Aguán se embolsaron unos pocos millones de lempiras, los cuales despilfarraron muy pronto en parrandas sin control, y don Miguel Facussé se convirtió en el mayor productor de palma africana del país y en el principal abastecedor del mercado internacional; mientras, miles de familias cooperativistas debieron conformarse con unos cuantos miles de devaluados lempiras y refugiarse casi de inmediato en la economía informal, emigrar hacia las laderas del valle, y muchos jóvenes, especialmente muchachas, trasladarse al valle de Sula donde comenzaba a florecer la industria maquiladora bajo el control mayoritario de los implacables patrones coreanos. Así comenzaron las expresiones históricas del “derrame” neoliberal.

ELISA, UN VIVO EJEMPLO El vínculo entre los niños migrantes y este proceso neoliberal es tan íntimo, que algunos de sus padres o madres vivieron en carne propia las consecuencias de la pérdida de las tierras. Elisa es una madre que, con su hijo de dos años de edad, decidió emprender el camino hacia el Norte. Vendió su casa y un terreno de siete manzanas, pagó un coyote y hace dos años logró

ACTUALIDAD llegar a Los Ángeles, California, después de un mes de transitar por todos los vericuetos de la ruta migratoria. Dejó a sus dos hijos mayores, un varón de doce años y una niña de diez. Tras enterarse por terceras y cuartas personas de que había oportunidad para que los niños cruzaran la frontera sin ser deportados, se endeudó para que un coyote los transportara desde la aldea, ubicada en una de las laderas del valle del Aguán, hasta la frontera de EUA, donde ella los estaría esperando. Ahora, Elisa y sus tres hijos son una de las tantas familias deportadas que la Primera Dama recibió en el aeropuerto de San Pedro Sula.

Sin dinero, sin casa, sin propiedad y sin esposo —porque la dejó por una jovencita cuando ella estaba embarazada de la niña menor—, Elisa recibió de los funcionarios de Casa Presidencial el equivalente a cincuenta dólares, una pequeña provisión y unas palmaditas. Ella no tiene a dónde ir.

De sus seis hermanos, dos hermanas viven en Choloma, en el valle de Sula; una todavía trabaja en la maquila, y a la otra la despidieron hace diez años y actualmente vende tortillas en una de las esquinas del parque de ese centro urbano.

Dos hermanos emprendieron también el camino del Norte, y envían pequeñas remesas en ayuda a su madre prematuramente anciana.

Su padre, don Modesto, murió de una tos mal cuidada, aunque la misma Elisa dice que murió de tristeza. Uno de los hermanos fue quien recibió a Elisa cuando llegó a Los Ángeles. Y el otro, el menor, murió víctima de la delincuencia mientras trabajaba como ayudante de un bus entre Tocoa y La Ceiba.

Elisa y sus hermanos eran niños cuando, a inicios de la década

de 1990, su padre todavía era socio de la exitosa cooperativa de palma africana San Isidro Labrador, con sede en uno de los barrios de Tocoa, en el valle del Aguán. La cooperativa estaba integrada por 79 familias, con un vasto terreno de 784 hectáreas. Después de un proceso de “negociaciones”, el presidente y el tesorero convencieron a la mayoría de socios para vender la tierra por una cantidad que, fuera de los dos directivos, nadie nunca supo, excepto que al final del apurado proceso, la negociación se cerró cuando a cada socio entregaron 81 mil lempiras, equivalentes en aquel momento a unos diez mil dólares.

Don Modesto se opuso rotundamente a la venta del patrimonio de la cooperativa San Isidro, y logró que a su lucha se unieran 38 socios más, lo que primero supuso las advertencias de otros socios; luego vinieron las amenazas a muerte, hasta que las presiones doblegaron a don Modesto ante el peligro de que no solo él, sino alguno de sus pequeños hijos fuese secuestrado o asesinado por oponerse a la venta de los bienes y patrimonio de la cooperativa.

Con el dinero que recibió, don Modesto compró una pequeña propiedad en una de las laderas de la margen derecha del río Aguán, construyó una pequeña vivienda y se dedicó al cultivo de granos básicos. Los dos directivos que negociaron la venta de la cooperativa fueron asesinados unos dos meses después de la venta, sin que nadie fuese investigado por los crímenes, aunque siempre fue un secreto a voces que fueron ultimados por matones a sueldo de Facussé para que no se conociera el monto de la transacción. En el momento de la venta, la cooperativa San Isidro vendía mensualmente unos 109 mil

TASA DE SEGURIDAD Por medio de la Tasa de Seguridad, el gobierno está recaudando 150 millones de lempiras mensuales de los cuales, el 40%, cerca de L 50 millones, se invierte en las operaciones de seguridad que se realizan en diferentes ciudades del país. Desde su creación, esta tasa ha generado más de L 2,800 millones.

Según informó el coordinador del fideicomiso de este nuevo impuesto, Juan Ramón Molina, estos recursos prácticamente se han convertido en el motor del aparato de seguridad y justicia del país, ya que los fondos destinados por el gobierno se diluyen en el pago de salarios.

Al 31 de julio de 2014, de estos fondos se ha entregado la suma de L 400 millones a la Secretaría de Seguridad para compra de vehículos, equipo preventivo, infraestructura física y tecnológica, fortalecimiento institucional, y operativos de la Policía Nacional; 310 millones a la Secretaría de Defensa para rubros similares, y operativos de las Fuerzas Armadas, y 24.8 millones al Ministerio Público para flota vehicular e infraestructura; unos 77 millones se han entregado a varias instituciones para proyectos de prevención de violencia.

También han otorgado 224.7 millones a la Dirección de Investigación e Inteligencia del Estado para flota vehicular, plataforma tecnológica de comunicación y fortalecimiento institucional. Otros 82.3 millones se han asignado a la Corte Suprema de Justicia y 3 millones a las municipalidades para programas de prevención.

5 septiembre 2014

ACTUALIDAD

LA VULNERABILIDAD DE LOS TRANSPORTISTAS En los últimos cinco años la violencia ha cobrado la vida de más de 650 personas ligadas al transporte público, según estadísticas del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Las principales víctimas son conductores, ayudantes, taxistas, e incluso empresarios del ramo.

La coordinadora del Observatorio, Migdonia Ayestas, sostuvo que, según las investigaciones, las personas que laboran en el transporte público constituyen uno de los grupos más vulnerables ante la ola de violencia que azota al país.

Según Ayestas, desde 2009 a 2013 se contabilizan 658 personas asesinadas a manos de la delincuencia, de las cuales 343 eran conductores de taxis, 204 ayudantes de transporte y 97 conductores de buses. Destacó que la extorsión es el principal motivo por el que pierden la vida.

El dirigente del transporte, Jorge Lanza, manifestó que los asesinatos se han vuelto “imparables” porque las autoridades son incapaces de detener los crímenes que diariamente cobran la vida de trabajadores del ramo, pese a los reclamos y protestas de los transportistas.

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dólares del producto de la palma, mientras que actualmente Facussé estaría vendiendo cerca de 380 mil dólares mensuales solo de los cultivos que pertenecieron a esta cooperativa.

La venta de las tierras y cultivos de palma africana, la coinversión y la conversión del campo en una propuesta para la agroindustria están, por tanto, en relación directa con el deterioro de la situación socioeconómica de los sectores campesinos y con el fenómeno de la migración. Cuando la familia de Elisa dejó de formar parte de la cooperativa San Isidro, perdió el único patrimonio que poseía y, con ello, la capacidad de mejorar su calidad de vida.

Ante la ausencia de incentivos para la producción orientada a la alimentación, la población campesina, sobre todo los jóvenes, se ven obligados a buscar alternativas. El neoliberalismo ofrece empleo en las maquilas. Pero no es un empleo ni generalizado ni permanente porque, a fin de cuentas, se trata de una industria “golondrina” que hoy está aquí, pero mañana se muda a otros países. Así se constituyeron los principales dispositivos para impulsar el fenómeno de la migración como una bola de nieve, a partir de mediados de la década de 1990.

Una consecuencia indiscutible, “un derrame” del neoliberalismo.

EL MITCH, “UN AGUACERO EN VENGANZA” A los dispositivos estructurales que dispararon el fenómeno migratorio se sumaron el creciente desempleo juvenil y el surgimiento de las maras y pandillas, estrechamente vinculadas con la violencia en Centroamérica y la migración de centroamericanos, particularmente salvadoreños, que huyeron

de la guerra de los 80 hacia la costa oeste de EUA, especialmente a Los Ángeles. Y entonces el huracán Mitch azotó el territorio hondureño con toda su furia, a finales de octubre de 1998.

Las plantaciones de banano que aún había se inundaron y fueron la excusa para que el capital multinacional enterrara la república bananera para convertirla, ya en el siglo 21, en república palmera; se pasó de un monocultivo a otro por decreto del mercado y la demanda internacional. La precaria infraestructura se desmoronó y la capital de la República fue arrasada; las fábricas despidieron a sus obreros y obreras. Así como llovió agua como nunca en tan pocos días, así llovió el dinero y las ayudas de la solidaridad internacional. Y se perdió la oportunidad para repensar y rehacer una propuesta de país desde la economía, la arquitectura, la industria, la política del Estado, la organización social y todos los órdenes de la sociedad.

Un desastre y muchos recursos de la solidaridad internacional disponibles para la reconstrucción representaron la ocasión del siglo para rehacer el país desde la lógica nacional. Sin embargo, los neoliberales —que sostenían con firmeza las riendas del Estado—, desaprovecharon la oportunidad y no destinaron a la inversión nacional los cuantiosos recursos recibidos de la cooperación externa; se limitaron al asistencialismo tradicional y a la atención de necesidades secundarias. Los auténticos problemas que desató el Mitch recayeron con todo su peso sobre los sectores que ya venían cargando con las consecuencias de los ajustes neoliberales.

Mientras los neoliberales y políticos de oficio hacían fiesta con las ayudas, trasladándolas a sus

ACTUALIDAD cuentas y proyectos particulares, las consecuencias de las medidas neoliberales se dispararon sin control. El desempleo obligó a que muchos hondureños miraran a EUA como la respuesta a sus necesidades económicas; aumentó el desplazamiento de la población campesina hacia los centros urbanos, que pronto se vieron de repletos de colonias y barrios perdidos; aumentó la delincuencia juvenil callejera, el empleo informal, la prostitución y el crimen organizado; particularmente las bandas de narcotraficantes, encontraron en la juventud un terreno fértil para sus negocios subterráneos.

A partir de entonces, la migración se convirtió en un fenómeno social de incalculables consecuencias. Siendo hija del neoliberalismo, la migración se nutrió, tras el Mitch, de todas esas otras secuelas, convirtiéndose así en un amasijo en que convergieron la creciente desigualdad social, la concentración de la riqueza en muy pocas manos y la presencia masiva de armas en manos de civiles jóvenes al servicio de bandas criminales, para culminar en lo que Honduras es hoy: uno de los países más violentos del planeta.

LOS TLC: FRONTERAS ABIERTAS PARA LAS MERCANCÍAS, PERO CERRADAS PARA LA GENTE La propuesta no nació de abajo, ni de las necesidades nacionales.

Vino del Norte, de las presiones de las multinacionales y de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Tratados de Libre Comercio firmados entre gigantes con enanos, entre los fuertes y los débiles, para consolidar a la fuerza la fragilidad de los débiles.

Curiosamente, “libre” es la palabra

clave y con un significado estratégico, porque se trata de asegurar el mercado de los productos de los países ricos y sus multinacionales, en un país empobrecido. La relación asimétrica no puede ser peor.

La publicidad de los neoliberales no pudo ser más cínica: el garífuna vendedor de casabe, esta especie de tortilla de harina de yuca, tiene las puertas abiertas para comercializarlo dentro de EUA. Lo mismo la señora que vende baleadas —la típica tortilla de harina de trigo con frijoles y queso—, ya no solo podrá vender su producto en las calles de las ciudades de la Costa Norte hondureña, sino que podrá instalar su venta de comida en cualquier ciudad de Estados Unidos. La propaganda no pudo ser más cruel, porque lo que buscaban los TLC es que las multinacionales tuvieran todas las condiciones legales para que sus productos ingresaran sin la más mínima tranca.

La clave estaba en convertir a Honduras en un territorio de libre circulación de las mercancías de los países ricos, como EUA y Canadá, sin tener que pagar impuestos, aranceles y costos aduanales, bajo el argumento de que este libre comercio abría a nuestro país las puertas para el verdadero progreso.

Así ingresaron las franquicias de las “comidas rápidas” que, desde que se aprobó el TLC entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana, en 2004, no pagan ningún impuesto para operar en el territorio nacional. De igual manera, este TLC permitió que desde Estados Unidos se exportaran granos básicos como maíz y frijoles, a un precio mucho más bajo que el que ofrecía un pequeño productor hondureño; porque la producción agrícola de EUA está fuertemente subsidiada, mientras

¡55 MIL MILLONES! Según cálculos de la organización Transformemos Honduras (TH), el Estado hondureño pierde cerca de 55 mil millones de lempiras al año en actos de corrupción.

Carlos Hernández, miembro de TH, indicó que 55 mil millones de lempiras es una cantidad muy grande, “pero creo que se confirma con los últimos datos a los que hemos tenido acceso, como en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde algunos suponen que las pérdidas por corrupción pueden superar los cuatro mil millones de lempiras”.

Hernández explicó que la corrupción se manifiesta en tres sectores: uno tiene que ver con las contrataciones públicas; el otro es el manejo del recurso humano y, el tercero, es la masa salarial; entonces, “haciendo transacciones con las famosas planillas fantasmas, por ejemplo, se va otra gran cantidad de dinero”.

Señaló que esto sucede en las secretarías más grandes del país, como Salud, Educación, y lo que tiene que ver con infraestructura.

El representante de TH lamentó que esto suceda en un país tan pobre como el nuestro, donde la corrupción mata a las personas más vulnerables. “Ojalá que los gobiernos y la sociedad tomen conciencia para que se pueda reducir este flagelo… lamentablemente la impunidad que impera en el país no ha permitido que los actos de corrupción se reduzcan”, manifestó.

7 septiembre 2014

ACTUALIDAD “SECUESTRO ENERGÉTICO” Tras el anuncio de racionamientos de energía eléctrica que hizo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en agosto, el presidente del Sindicato de la ENEE, Miguel Aguilar, manifestó que el país es víctima de “un secuestro energético”, puesto que la ENEE ha perdido el control de todo, ni siquiera sabe cuánto se recauda, porque esta labor la realiza la empresa SEMEH (Servicio de Medición Eléctrica de Honduras).

El proceso privatizador ha sido tan agresivo, que ahora un fideicomiso dividido en tres bancos privados maneja los fondos de compra y suministro de materiales. Al respecto, Aguilar señaló: “Los bancos tienen 7 meses de tener los dineros de la ENEE en fideicomiso, y no han comprado una pinche lámpara, un pinche medidor, la ENEE perdió el control”.

Durante una protesta para la derogación de la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica que pretende liberalizar la energía, Aguilar advirtió que esta ley solo empeora la crisis de la estatal, al punto de entregarla en bandeja de plata a la empresa privada y transnacional, y “el que paga al final es el pueblo hondureño”.

En años anteriores, de los L 16 mil millones de su presupuesto anual, la ENEE destinaba 14 mil millones para la compra de energía térmica o sucia, que se ha convertido en un negocio redondo de las pocas familias que controlan la economía del país.

Actualmente, la deuda que mantiene la ENEE con estas empresas, supera los L 10,000 millones.

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que el pequeño productor nacional de granos básicos no tiene ningún incentivo.

Los TLC dieron paso a esta competencia desleal. El capital de las multinacionales se metió en todos los ámbitos de la vida económica del país, tanto en la producción del campo como en la ciudad. El garífuna no pudo vender su casabe en Nueva York, pero las multinacionales sí instalaron sus comidas rápidas, desplazando a los garífunas de la oportunidad de comerciar su producto en las ciudades hondureñas. La señora de las baleadas no pudo vender su producto en Los Ángeles, pero sí se le obliga a pagar impuestos por su venta callejera en San Pedro Sula, mientras que las comidas rápidas venden sus productos sin pagar impuestos.

Una consecuencia dramática de los TLC fue la eliminación de la mediana, pequeña y microempresa, justamente el sector que genera más empleo. Al condenar a decenas de miles de personas al desempleo, consecuentemente se les forzó a engrosar las filas del fenómeno migratorio. Además, la aprobación de los TLC representó la paradoja y la hipocresía de los neoliberales. Mientras más se abrieron las fronteras a los productos de los países ricos y sus multinacionales, más se fueron cerrando para las personas.

Cuantas más facilidades tienen las multinacionales para invertir en Honduras y explotar los recursos naturales, menos ventajas e iniciativas para competir tienen las medianas y pequeñas empresas nacionales, y más discriminación se manifiesta hacia quienes deciden emigrar a EUA. Cuantas más facilidades ofrece la élite empresarial y política local al capital multina-

cional y a los gobiernos ricos, peor tratan estos a los connacionales y más expuestos quedan a la estigmatización. Las leyes migratorias estadounidenses se endurecieron desde la aprobación de los Tratados.

Sin embargo, la migración no se detiene con el endurecimiento de las leyes ni con el aumento de las medidas de seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos.

Pero sí ocurre que la migración se vuelve más peligrosa y representa una tragedia para los migrantes.

EL GOLPE DE ESTADO DE 2009 Todas las cifras y referencias dan cuenta de que, a partir del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, las fronteras se vieron colmadas de más personas buscando salir del país, como solo había ocurrido a finales de 1998 y durante los meses inmediatamente posteriores al huracán Mitch. Los neoliberales vieron que sus planes, intereses y privilegios estaban amenazados por las tibias propuestas populistas del gobierno que presidía Manuel Zelaya Rosales desde finales de enero de 2006.

Los privilegios alcanzados por la oligarquía neoliberal son tan enormes que superaron las reglas competitivas del capitalismo tradicional. Nada ni nadie podía entrar en el juego de la competencia fuera de sus propias empresas. La construcción de un sólido oligopolio no podía ser puesto en cuestión. Zelaya lo hizo. Y fue una afrenta imperdonable. En lugar de consolidar la alianza con las multinacionales abrió las puertas hacia el Sur, con la ALBA, particularmente con Hugo Chávez; en lugar de hacerse “neoliberal”, Zelaya se deslizó hacia el populismo y a una especie de socialdemocracia sui generis en un país

ACTUALIDAD férreamente controlado por la extrema derecha. Zelaya fue tomando decisiones y confrontándose con la oligarquía neoliberal, sin tener todas las condiciones a su favor; al contrario, casi todas las condiciones internas le eran desfavorables.

Y a nivel externo, solo contaba con el respaldo de la ALBA. El golpe de Estado resultó inevitable.

Con esa decisión, los neoliberales retomaron con pasión las riendas del Estado y el control de la economía. Pero no pudieron controlar la inestabilidad. Las instituciones del Estado colapsaron, los tejidos sociales, políticos y económicos quedaron en harapos, la ley de los fuertes se impuso, los derechos humanos se vieron completamente vulnerados, y la polarización rompió con todas las condiciones para la confianza en propuestas y en soluciones. El país se embarcó en un deterioro sin fin.

Los neoliberales aprobaron todas las leyes que quisieron, incluso para defenderse de la oposición.

La migración se convirtió en la válvula de escape para los sectores empobrecidos, quizás en el único camino posible para no hundirse en la desesperación, la miseria y la depresión. Un joven migrante lo dijo a un voluntario de la Red Jesuita para Migrantes en la casa de acogida en Tierra Blanca, Veracruz, México: “me vine de Honduras y no quiero saber nada, no quiero regresar nunca, prefiero morirme en el trayecto que volver a que me maten como perro”.

LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD DE LOS POLÍTICOS La Primera Dama y su cohorte de Casa Presidencial siguen compungidas ante la situación de los niños retenidos en albergues en

la frontera de EUA y que ya están deportando como decisión política del gobierno de Barack Obama, una decisión aceptada por el presidente Juan Orlando Hernández.

En la reunión que los presidentes centroamericanos del Triángulo Norte tuvieron a finales de julio con el presidente estadounidense, se expresaron condolencias por lo que ocurre a los niños; lamentaron que se haya llegado a este extremo, al tiempo que el propio presidente Obama reconoció que solo atacando las raíces de la desigualdad y la violencia se podría contrarrestar la migración.

En los hechos, la reunión tuvo el exclusivo objetivo político, por parte del gobierno de Estados Unidos, de advertir muy claramente a los tres presidentes centroamericanos de que la deportación de niños no solo seguirá, sino que nadie la detendrá. Dos meses atrás, el presidente hondureño había despotricado contra la política del gobierno estadounidense por meterse en asuntos internos, a propósito de las presiones de EUA para facilitar y acelerar las extradiciones de famosos narcotraficantes hondureños.

Sin embargo, Juan Orlando Hernández no solo aceptó la decisión del gobierno de Estados Unidos en relación con la deportación de niños, sino que se convirtió en el principal colaborador para garantizar que dicha política se cumpla a rajatabla.

Juan Orlando Hernández es el mismo que llegó a la Presidencia de la República gracias a la compra masiva y comprobada de votos. De acuerdo a una investigación realizada en diciembre de 2013 y publicada en julio de 2014 por el Centro de Documentación de Honduras, CEDOH, que dirige el analista y político Víctor Meza, el 10.2% de

EMBARAZOS TEMPRANOS Hugo González, representante del UNFPA en Tegucigalpa, indicó que una de cada cuatro jóvenes entre 15 y 19 años ha estado embarazada alguna vez, lo que coloca a Honduras como el segundo país con la tasa de embarazos de adolescentes más alta en América Latina, solo superado por Nicaragua.

Según cifras del organismo de Naciones Unidas, Honduras tiene una tasa de 108 nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años, por delante de Venezuela (101) y Ecuador (100), pero superada por Nicaragua (109).

Según González, el embarazo temprano es una barrera que impide a las niñas acceder a la educación, que las expulsa del sistema educativo por su condición de embarazadas, y “algunas veces esa deserción es forzada en sus casas”.

El representante del UNFPA llamó la atención del gobierno sobre la alta mortalidad materna entre las adolescentes, la cual es de 100 por cada 100.000 nacidos vivos. Además, instó al Gobierno de Honduras a “concienciar” a los jóvenes sobre la importancia de prevenir el embarazo adolescente y el VIH/Sida, puesto que dos de cada tres nuevas infecciones corresponden a jóvenes de entre 15 y 20 años.

9 septiembre 2014

UN HOSPITAL AGOBIADO El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) presentó un informe a mediados de septiembre en el que detalla que el maltrato a los pacientes, el desabastecimiento de medicamentos y la falta de personal, son algunos de los problemas que agobian al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.

Otro problema crítico son las remisiones de pacientes desde otros establecimientos de salud, porque esto debilita la capacidad de atención a los pacientes que ingresan en este centro hospitalario. Los hospitales de Santa Bárbara, Yoro y El Progreso son los que más remisiones realizan al Catarino Rivas.

Este hospital ha sido denunciado, tanto por autoridades como por la población, por la carencia de medicamentos, suministros y hacinamiento. Además, por deficiencias en las salas de pediatría, crisis en la unidad de cuidados intensivos, deterioro de las instalaciones físicas, inseguridad interna, y mora en consulta externa y cirugías. A raíz de estos hechos, fue intervenido el 10 de julio por la Secretaría de Salud.

Pese a que ha habido algunos avances, el Conadeh señala que no son suficientes. Por ejemplo, el desabastecimiento continúa y, aunque se ha contratado algún personal, en la sala de radiología se necesitan 11 radiólogos para sacar a tiempo todos los exámenes solicitados, pero sólo hay tres.

También se necesitan 28 técnicos de rayos X, pero solo se cuenta con 18.

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los encuestados dijo haber vendido su voto, mientras que el 49% afirmó haber sido testigo de la compra de votos en sus comunidades o centros de votación. Es interesante que, en esta investigación, el 18% de los que votaron por Hernández dijo haber vendido su voto. Existen datos comprobados del uso del programa asistencialista “Bono Diez Mil” para comprar votos; de igual manera, tuvo lugar la compra de representantes de delegados de partidos pequeños en las mesas electorales. ¿Por qué ese afán de Juan Orlando Hernández por ser presidente de una Honduras en harapos?

Justamente por eso; porque en una sociedad y en un Estado donde las reglas del juego han acabado en manos de la ley de los fuertes, un presidente tiene muchas más posibilidades de actuar con más discrecionalidad y arbitrariedad, pues tiene todas las condiciones para imponer su ley y para estar mano a mano con quienes tienen un poder similar en los diversos campos de la sociedad. Es decir, un presidente en la Honduras de hoy tiene muchas más posibilidades que otros presidentes de otros países para actuar con un nivel tan alto de impunidad que sus actos, por muy delincuenciales que sean, pueden realizarse sin dejar huella.

De acuerdo con los entendidos, la actual administración no solo es conducida por los sectores de la extrema derecha, sino por los más comprometidos con la corrupción y la delincuencia. Esta élite cuenta entre sus miembros con políticos que tienen responsabilidades en la administración del Estado desde hace treinta años y que se desempeñaron como funcionarios públicos desde comienzos de los 90, cuando se implementaron

las medidas de ajuste neoliberal.

Basta recordar que en el gobierno anterior, el actual presidente de la República era el presidente del Congreso Nacional que aprobó la Ley de Minería, el decreto de la Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES) o Ciudades Modelo, y que hizo centenares de concesiones de ríos, cuencas y otros bienes y territorios.

Varios de los actuales funcionarios estuvieron al frente de entidades públicas y privadas que administraron fondos destinados a la reconstrucción después del huracán Mitch, y muchos de ellos fueron diputados que aprobaron y ratificaron, en 2004, el TLC entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. El actual jefe de bancada del partido Nacional, Óscar Álvarez, fue ministro de Seguridad en el ciclo administrativo que va de enero de 2003 a enero de 2006, cuando se impulsó una política de “limpieza social” contra la juventud de barrios y colonias marginales, en el marco de la llamada política de “cero tolerancia” contra la delincuencia. Esta dejó, además de matanzas callejeras, varias masacres en las cárceles, siendo las más escandalosas el asesinato y quema de 69 privados de libertad en la granja penal de El Porvenir en La Ceiba, en abril de 2003, y el incendio del Centro Penal de San Pedro Sula en mayo de 2004, donde fueron asesinados y calcinados 107 privados de libertad.

En ambas masacres las víctimas fueron abrumadoramente jóvenes pertenecientes a maras o pandillas.

Estas matanzas coincidieron en el tiempo con la aprobación e inicio de la implementación del TLC con Estados Unidos, cuando se comenzaron a sentir con mayor fuerza los

efectos de la tragedia provocada por el Mitch, especialmente en el desempleo y el aumento desmesurado de la migración de jóvenes hacia EUA, incluyendo el descubrimiento de España y otros países europeos como nuevos destinos para los migrantes.

Los centros especializados en el tema, coinciden en que fue en estos años de represión, criminalización y estigmatización de la juventud marginalizada y desempleada que se llegó a la cifra de quinientos migrantes que cruzaban la frontera diariamente para iniciar el difícil camino hacia EUA por el territorio mexicano. Fueron los años en que las remesas ya no solo fueron en dinero, sino también en manifestaciones culturales, particularmente las vinculadas con la violencia, el consumismo y el individualismo; y las remesas con sabor a dolor, con el retorno de migrantes mutilados o convertidos en cadáveres.

LÁSTIMA Y DESPRECIO, DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA Los niños migrantes vienen de lejos. Según personas que trabajan en casas de migrantes por donde pasa el tren conocido como “la bestia”, al menos el 20% de las personas que se encaraman en sus vagones, y que son asistidas por los

albergues migratorios, son niños de entre 15 y 17 años. Y muy poca prensa se ha encargado de su divulgación y cuestionamiento. Así como nadie ha levantado el índice para señalar a la élite empresarial y política como responsable directa de la expulsión de miles de familias hacia otros países.

La migración es un fenómeno que, finalmente, no solo expresa la ausencia de oportunidades para una vida digna, sino que también es la expresión discriminatoria y excluyente que reside en la percepción que la élite empresarial y política hondureña tiene de los pobres de su propio país. A fin de cuentas, la migración forzada es también un modo de xenofobia, racismo y estigmatización que la oligarquía aplica a la inmensa mayoría de la población. La creciente marea de niños migrantes, que van en busca de sus familiares, es la expresión extrema de esta concepción. Quienes huyen por razones económicas o de violencia, siempre cargarán con una dosis de desprecio de los sectores pudientes. Las prácticas limosneras de la Primera Dama confirman esta concepción. Cuando no los asisten con lástima —como a los niños deportados—, los reciben con cárcel, abandono y soledad, como ocurre con los jóvenes y adultos deportados.

DÍA DEL NIÑO El 10 de septiembre se celebra en Honduras el Día del Niño. Al igual que otros años, hubo piñatas en las escuelas, las iglesias y los hogares.

Y algunos políticos y funcionarios públicos llevaron piñatas y chucherías a las comunidades y barrios más empobrecidos.

Este año, la nota de júbilo, según algunos medios de comunicación, la puso Google, que dedicó su “doodle” a Honduras con motivo de esta celebración. Ese día, el popular buscador mostró un trompo girando, debidamente adornado con los colores de la bandera de Honduras.

Sin embargo, muy poco se reflexiona sobre la enorme deuda que el país tiene con más de tres millones y medio de personas menores de 18 años. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de mortalidad infantil es de 23.5, mientras que la educación sigue siendo uno de los principales retos.

Según un informe de Unicef, en 2011, 700 mil menores no tenían acceso a la educación. En tanto que un documento del Conadeh establece que más de 220 mil niños están excluidos del sistema educativo porque únicamente se dedican a trabajar.

Según datos de Casa Alianza, cada noche duermen en las calles 8 mil niños y niñas, y más de 15 mil han huido este año del país. Y más conmovedor aún, es que en lo que va del gobierno de Juan Orlando Hernández, ya suman más de 700 los asesinatos de niños y niñas.

11 septiembre 2014

ACTUALIDAD

La colonización mediática del mensaje en Honduras MANUEL TORRES CALDERÓN*

Los “latifundistas” mediáticos no pudieron impedir la proliferación de competidores, pero sí tuvieron éxito en colonizarlos.

La élite entendió que el monopolio del pensamiento es la garantía en que descansan los grandes acuerdos y repartos del poder. Donde no llegaba su mensaje con efectividad, ahora hay otros que lo reproducen. ¿Qué desafíos presenta esta nueva realidad, en la que está en juego el derecho humano fundamental de conocer la verdad? ¿Qué papel le corresponde desempeñar a la ciudadanía y sus organizaciones?

H

ace varios años, en una entrevista con un periodista holandés, comenté que el sistema de la comunicación social en Honduras se parecía a la desigualdad existente en el acceso a la tierra, con unos pocos “latifundios” y muchos “minifundios” mediáticos. Era cuando el tema de la propiedad de las frecuencias hegemonizaba las preocupaciones.

Hoy, en pleno siglo XXI, la metáfora “agrarista” evolucionó en el contexto global del acceso a la información. El carácter de la propiedad sigue siendo clave, pero el punto más relevante es quién controla el mensaje. Si se funden la posesión de la propiedad y del mensaje, pues entonces el anillo se cierra.

Algo similar ocurre, nuevamente, con el derecho a la tierra.

La tenencia es básica, pero más aún controlar su uso, acaparar la producción y comercializarla. El

*

El autor es periodista, miembro de la Junta de Dirección de la UNAH. 12 envío

viejo terrateniente es un estereotipo en extinción; el dueño de una plantación en el departamento de Colón bien puede ser una sociedad anónima asiática, europea o estadounidense, con ejecutivos que nunca empolvarán sus zapatos en los caminos hondureños.

La explotación de la tierra también ha cambiado. El concepto de “soberanía alimentaria” no les dice nada a los nuevos propietarios. En su lugar se habla de producción alimentaria “ex patria”.

Lo que determina para ellos el valor de la tierra supera el alcance físico y emotivo tradicional; tiene que ver con su ubicación, el tipo de materias primas para las que son aptas, potencial para agrocombustibles o para aquellos bienes que los satélites detectan escondidos en sus entrañas.

Vivimos la era de las corporaciones y del capital financiero. Claro, esas empresas, cuando pueden, buscan adueñarse de la tierra, avasallando a quienes debieran ser sus

legítimos poseedores; no se trata aquí de afirmar que su voracidad ha menguado, pero sí subrayar que el mercado no es el mismo de antes.

Estamos ante otro tipo de colonización; quizá peor, por lo que suele tener de encubierta o de brutalidad.

EL MONOPOLIO DEL PENSAMIENTO ES LA GARANTÍA… La sociedad mediática en Honduras no escapa a esa dinámica. Hoy la cobertura nacional de la transmisión, principal característica de los “latifundios”, no es un monopolio de los de siempre. Recientes medios televisivos tienen, por ejemplo, acceso al satélite y su señal puede ser descodificada y vista en cualquier municipio. Lo paradójico es que nunca como ahora la sociedad hondureña recibe tanta información y, simultáneamente, está tan desinformada.

El número de medios se multiplicó. Los “minifundios” retan en sus pequeños feudos la presencia de los

ACTUALIDAD “latifundios”, pero sus contenidos no representan una alternativa, ni una oposición. Sus dueños suelen clonar el modelo imperante y ambicionan seguir los pasos de los empresarios estrellas. Abundan quienes sueñan convertirse en un “Rafael Ferrari”, un “Eduardo Maldonado” o un “Rodolfo Irías Navas” en sus respectivas zonas de influencia1. Hay excepciones, como siempre, pero escasas.

En resumen, los “latifundistas” mediáticos no pudieron impedir la proliferación de “competidores”, pero sí tuvieron éxito en colonizarlos. La prioridad de conquista de los grandes intereses económicos y políticos se orientó a los contenidos; no a los mercados publicitarios reducidos o casi inexistentes de los pueblos. En las reuniones de la élite se entendió que es el monopolio del pensamiento la garantía central en que descansan los grandes acuerdos y repartos del poder. La fuente real de su rentabilidad es su capacidad de imponer las prioridades, las perspectivas y los enfoques de la información. Donde no llegaba su mensaje con efectividad, hay otros que ahora lo reproducen al grado que se fomentan no sólo hábitos de consumo comercial, sino políticos e ideológicos comunes.

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Rafael Ferrari. Cabeza del clan familiar que controla las principales cadenas de televisión abierta, televisión digital, televisión por cable, manejo digital de datos y de radio. Eduardo Maldonado es un periodista, propietario del canal de televisión digital Hable como Hable y de una radioemisora, entre otras inversiones. Sus programas se ubican en el primer lugar de preferencia del auditorio. Rodolfo Irías Navas es un propietario de medios, residente en La Ceiba, norte de Honduras, que ha tenido altos cargos públicos como político del Partido Nacional.

Unos a nivel nacional y otros a escala local se encargan de fijar la agenda nacional, dar las claves para interpretarla, controlar y enjuiciar a los actores políticos, actuar de portavoces y defensores del sistema político y económico, generar o desactivar el compromiso ciudadano, crear, canalizar o diluir demandas sociales, incentivar o anular la pluralidad política. Así es cómo se fabrica en masa la opinión pública.

Bajo esa visión estratégica, se reconoce el derecho formal de propiedad para fundar y usufructuar un medio, pero es su papel social lo que transforma en una aventura o una odisea su supervivencia.

Se requiere mucho de voluntad política institucional, de tiempo y recursos para que un medio asegure un efectivo ejercicio de la libertad de expresión y se posesione de una cuota relevante de audiencia.

Pero hay algo más a favor del estatu quo en el sistema que favorece la integración de casi todos los medios de comunicación en relación con sus mensajes, y es la condición cultural del auditorio hondureño. ¿DÓNDE ESTÁ EL DETALLE? Siendo definida la libertad de expresión como un derecho de derechos, no sólo condiciona la conquista y vigencia de otros derechos, sino que depende de que los mismos se alcancen para su propia legitimidad y respeto. En un país con un promedio deliberado de escolaridad de cuatro grados, y en algunos departamentos de apenas un grado, se entiende el tipo de consumo mediático preferido por amplios sectores de la población.

En Honduras, más que una ciudadanía de la información, existen consumidores de la información, y eso marca diferencias y rezagos.

El punto es que buena parte de la

vida doméstica transcurre ligada a los medios de comunicación social.

Para millones, la televisión es su ventana al mundo. Muchos ni siquiera conocen Tegucigalpa, pero saben por la tele cómo son las calles de Nueva York.

En el esfuerzo permanente de entender la dinámica mediática en Honduras, hay que tener siempre presente las desigualdades y carencias de fondo de nuestra sociedad.

No se puede descontextualizar el debate.

La construcción de un Estado democrático de derecho no se puede realizar prescindiendo de la comunicación social, pero ello demanda tanto abogar por la liberación de las frecuencias como por la cualificación de los contenidos y la apertura a las fuentes. La politiquería vernácula copa dos terceras partes de la programación noticiosa diaria del país, mientras que los temas ligados al desarrollo y la participación ciudadana apenas aparecen. Ahí es donde está el detalle.

UNA SOCIEDAD MEDIÁTICA Escudriñar este tema es fundamental porque Honduras, pese a todo, es una sociedad que tiene un activo importante en su condición de país “mediático”, lo que puede incidir a favor o en contra de la consolidación de la democracia.

Cuatro son las características más recientes en la evolución mediática nacional. La primera es la persistencia de grandes medios en pocas manos, especialmente de la prensa escrita; la segunda es la multiplicación de pequeños medios electrónicos, atrincherados en la televisión y la radio; la tercera, la expansión de las nuevas tecnologías, destacando el arribo de capitales transnacionales; y, cuarto, el cambio en la preferencia de las audiencias.

13 septiembre 2014

ACTUALIDAD En lo que a números se refiere, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) registra 653 estaciones de radio FM, 281 AM y 299 estaciones de televisión (2013).

Mientras que en el espectro electrónico los medios se multiplican y las grandes cadenas radiales y televisivas ven surgir otros rivales, en la prensa escrita se mantienen inamovibles los cuatro periódicos de circulación nacional (La Prensa, El Heraldo, Tiempo y La Tribuna).

Una publicación mensual, como El Libertador, lucha en cada número por sobrevivir.

Pero si algo caracteriza los últimos años es el auge de la televisión por la expansión de los sistemas de cable, al grado que operan canales locales, regionales y nacionales que hace poco tiempo no existían. Al menos el 75% del auditorio hondureño asegura “informarse” o “entretenerse” a través de la “caja chica”, seguida a larga distancia por la radiodifusión y la prensa escrita (ver sondeos de opinión del ERIC/Radio Progreso, 2013). Ese es un cambio dramático respecto a la situación imperante antes del año 2000.

El mercado de consumo acompaña esa evolución de preferencias.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) revela que 95% de los hogares de Tegucigalpa y de San Pedro Sula posee al menos un televisor, y cerca de la mitad está suscrita a TV por cable2.

En las áreas rurales la implantación marcha a otro ritmo, pero el 36% posee televisión y el 9% tiene servicio de paga3. Los “cableros”, dueños de los sistemas de cable,

son un creciente poder que determina lo que la población debe ver y escuchar.

En términos prácticos, la concentración mediática en Honduras no difiere mucho de otros países latinoamericanos. Es un fenómeno global y transnacional, especialmente en lo que refiere a televisión digital, por cable y nuevas tecnologías asociadas de las telecomunicaciones. La globalización arremete con tal fuerza que sin que se hubiese reformada la Constitución de la República (Artículo 73: (…) “La dirección de los periódicos impresos, radiales o televisados, y la orientación intelectual, política y administrativa de los mismos, será ejercida exclusivamente por hondureños por nacimiento”.) el capital mediático transnacional está presente en todo el país. Ante su arribo, la tendencia de los empresarios nacionales es venderles, asociarse o coexistir en el mercado.

El más reciente y expansivo de los competidores extranjeros es el mexicano Remigio Ángel González4, quien ha comprado diez frecuencias de televisión, entre ellas ocho en operación. González es dueño de una treintena de canales de televisión en América Latina.

Su trayectoria es muy conocida en Nicaragua y en Guatemala donde, se asegura, es capaz de poner o quitar presidentes.

Respecto a los locales, los principales medios radiales, escritos, digitales y televisivos siguen concentrados en cinco familias (Ferrari-Villeda, Rosenthal Oliva, 4

2

3

Cuadragésima Cuarta Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM). Instituto Nacional de Estadística, 2013. Ídem.

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Remigio Ángel González (Higueras, Nuevo León, 14 de septiembre de 1944) es un empresario de origen mexicano, nacionalizado guatemalteco, propietario de la red latinoamericana de medios, Albavisión.

Andonie (sucesores de Miguel Andonie), Flores Facussé y CanahuatiLarach), las cuales, a su vez, como se sabe, poseen o son accionistas importantes de una gran variedad de empresas en diferentes rubros, como bancos, aseguradoras, exportadoras, procesadoras, importadoras, etc., muchas vinculadas comercial, financiera y políticamente al Estado.

La familia Ferrari-Villeda, para citar un ejemplo, es dueña de 36 radioemisoras FM, 25 AM, 27 canales de televisión y un extenso sistema de cable. El excandidato presidencial del popular Partido Anticorrupción, Salvador Nasralla, es empleado de su compañía Telesistema Hondureña S.A. En los departamentos y municipios, muchos medios son propiedad de dirigentes políticos que reproducen el modelo nacional a una escala más fragmentada. Un dirigente del Partido Liberal, Marco Antonio Ramírez, es propietario de 29 radioemisoras FM en diferentes regiones del país, desde el norte hasta el sur.

TAMBIÉN HAY EXCEPCIONES Quizás la excepción la forma una veintena de radios de extracción comunitaria que reivindican la construcción de la ciudadanía y la defensa de lo público. Técnicamente calificadas como “Estaciones de Radiodifusión Sonora de Baja Potencia”, no tienen más de un kilo de potencia permitida. Primero aisladas y luego trabajando en red y en subredes, las comunitarias están sobreviviendo en la medida que redescubren el potencial de la comunicación, reciben fondos de la cooperación internacional y son capaces de modificar el marco de referencia desde el cual la ciudadanía procesa el sentido de las desigualdades. ¿Qué demanda su trabajo para

ACTUALIDAD no desaparecer?: formación/capacitación, producciones conjuntas, una plataforma tecnológica común y capacidad de autosostenibilidad y defensa en red. ¿Qué las limita? Además de lo económico, quizás el riesgo interno más notable es el exceso de ideologización en su trabajo de difusión, que conduce inevitablemente a la manipulación de los hechos. De nuevo, por otra vía y excusa, la mediatización sepulta a la mediación informativa. Se establecen nuevas clasificaciones dentro de la impunidad que se auspicia a través de los medios: surge la corrupción buena y la corrupción mala, el fraude ilícito y el fraude permitido, la descalificación positiva y la descalificación negativa, el dato que se descubre y el dato que se encubre, la fuente que se consulta y la fuente que se proscribe, la violación a la ética que se denuncia y la violación a la ética que se solapa, el político al que se rinde culto y el político que se aborrece…

Aquellos que intentan un ejercicio profesional y social de la comunicación, sin caer en la militancia política-ideológica incondicional y que responden con ética a sus detractores, son muy pocos.

En marcar la diferencia hay que citar a Radio Progreso, dirigida y administrada por la Compañía de Jesús, que en 2014 celebra dos hitos relevantes: la extensión de su frecuencia (FM) a Tegucigalpa y la inauguración de su nuevo edificio en la ciudad de El Progreso. Esta radio tiene más de 40 años de estar en la brega, creciendo frente a condiciones muchas veces hostiles.

Otros esfuerzos contrastantes apenas se abren camino; entre estos, los nuevos medios de difusión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UTV y Presencia Uni-

versitaria), así como algunas radios que tratan de formar conciencia crítica en varias comunidades.

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN Y LAS TAREAS PENDIENTES Paralelo a los sistemas mediáticos tradicionales, se suma una explosión acelerada de las nuevas tecnologías de la comunicación; destacan la digital (con base en internet) y la telefonía móvil. De nuevo aparecen acá los grandes capitales transnacionales, entre ellos el mexicano Carlos Slim, a través de América Móvil, dueña de la marca Claro, y el consorcio Millicom International Cellular S.A, de la marca Tigo, la más fuerte en el país. Sus excesivos privilegios estatales y ganancias billonarias contrastan con la orfandad de las radios comunitarias.

Con secuelas culturales no investigadas, en Honduras hay una línea activa de teléfono móvil por cada habitante, al grado que su pago mensual o prepago ya se considera parte de la canasta básica, junto a los frijoles, maíz y arroz, lo cual es alucinante si se toma en cuenta que al menos dos terceras partes de la población sobreviven con apenas uno o dos dólares diarios.

Con el desarrollo de internet y la telefonía móvil se abre una oportunidad interesante, pero poco explorada para la libertad de expresión. El potencial en ese campo es enorme. Estudios de mercado revelan que 1.8 millones de hondureños son usuarios de Facebook, 300 mil tienen cuentas activas en ese servicio y 2.5 millones poseen 5

Enso Media, “Marketing Digital & Social Media”, en revista Buenas Compras, No. 16, Tegucigalpa, 2014.

“telefónos inteligentes” y tabletas5.

Obviamente, esas cifras son fundamentalmente urbanas. En las zonas rurales el acceso es más limitado. El INE (2013) establece que del total de población que busca información en internet, el 13.1% se encuentra en el área rural.

Explotar informativa y socialmente la web, ir reduciendo los desequilibrios urbano-rurales de acceso a internet, aprovechar los espacios de libertad de expresión que todavía son posibles, es una tarea pendiente. El camino apenas empieza a recorrerse. Operan servicios informativos digitales que tienen crecientes lectores, pero hay atrofia en la aparición de otras modalidades. Los “blog” de análisis y reflexión, por ejemplo, son contados con los dedos de la mano y no trascienden aún un reducido círculo de influencia. La mayoría de los sitios web de las organizaciones sociales son más páginas muertas que vivas.

En resumen; si los medios de comunicación, señalan informes de la Relatoría de la OEA para la Libertad de Expresión, “están controlados por un número reducido de individuos o sectores sociales, o bien por uno solo, se genera una carencia de pluralidad que impide el funcionamiento de la democracia”6.

Al paso actual, esa situación en lugar de cambiar se terminará afianzando a partir del año 2020, cuando se procederá en Honduras al “apagón analógico” y se abra la digitalización de la señal de televisión. En unos seis o siete años, técnicamente se garantizará que la cobertura de “alta definición” llegue al 100% del territorio nacional.

La pregunta que la ciudadanía, organizada o no, debe plantearse 6

Informe Anual 2013 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

15 septiembre 2014

ACTUALIDAD es ¿quiénes serán los propietarios de frecuencias y contenidos en la nueva era de transmisión de datos (voz e imagen) que está por venir?

La respuesta no es tan complicada.

De hecho, sin que se repare en ello, las frecuencias digitales ya se están subastando.

ASUMIR LA CONQUISTA Y DEFENSA DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN A lo largo de los últimos 30 años, la función prevaleciente en la mayoría de los medios hondureños ha sido de mediatización, y la han realizado de múltiples formas, abiertas o encubiertas. Hay en cada gobierno, sin excepción histórica, una corriente oficialista que trata de moldear la opinión pública a su favor, que compra, corrompe o reprime, pero la mediatización permanente es la que preserva al sistema en su conjunto, no a un político o partido político en particular. A un político la prensa hondureña tradicional le puede quitar el paraguas de la impunidad, pero jamás dejará al sistema sin la protección de su sombra. Eso se advierte, por ejemplo, en la cobertura masiva de la corrupción descubierta en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y el encarcelamiento de su exdirector, Mario Zelaya (2014).

Desde una perspectiva histórica y ética, negar la voz a los afectados, manipular u ocultar la realidad y tender un manto de olvido sobre

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la memoria histórica debieran considerarse faltas constitutivas de crímenes de lesa humanidad, pero no hay tribunal que promueva de oficio esa causa.

Bajo esas circunstancias, el papel que debe desempeñar la ciudadanía en la evolución de medios jurídicos y sociales de lucha contra el monopolio mediático de los mensajes es impostergable. Sin embargo, hay un obstáculo a superar y es que, en la mayoría de los casos, esa ciudadanía no se considera a sí misma como víctima de la violación de un derecho. En esa relación medios-público se ha producido una especie de Síndrome de Estocolmo, en el cual los rehenes informativos se vuelven afines a sus captores y terminan protegiéndolos y disculpándolos.

Pero el escenario nacional también muestra otras señales; esta vez positivas, como la visibilización del derecho a la información en sectores ciudadanos preocupados por el presente y futuro del país. Cada vez más se entiende que no se puede construir un Estado democrático de derecho sin una real y efectiva construcción de un régimen de opinión pública democrática. Solo así se podrá evitar que los dueños de los medios de prensa escrita, radiales, televisivos o los nuevos online sigan imponiendo sus agendas al resto de la sociedad.

Evidentemente, no se trata en perspectiva de romper el monopolio privado para sustituirlo por el monopolio del Estado. La libertad de

expresión implica respeto a la diversidad de información y de opinión, con amplio pluralismo. Cualquiera que busque imponer su criterio a partir de silenciar el de los otros es un peligro.

La opinión pública calificada, que tanta falta hace en el país, debe nacer y crecer en el ejercicio mismo de la democracia. Sin desarrollo democrático no existe o se atrofia.

Para ello necesita información de calidad. Sin ella es casi imposible para la ciudadanía tomar la decisión correcta o partido por algo que sea consecuente con sus intereses.

La información adecuada sustituye la intuición; por esa razón, el reclamo de conocer la verdad es un derecho humano fundamental y vinculante que no surge de forma automática y unánime en una sociedad, sino que se construye social y políticamente.

Diversos mecanismos se ponen en juego a favor o en contra de una reivindicación de esa naturaleza.

Democratizar la propiedad de los medios es uno de ellos, y volver a la ciudadanía fuente y medio de sus propias informaciones y opiniones es otro. Encarar ese desafío implica un cambio en el sistema mediático y de su vinculación o relación con el Estado y el capital, pero también cambios en la cultura ciudadana de acceder a los medios. Aquí, para no llamarnos a engaño, de la responsabilidad de unos estamos transitando a la corresponsabilidad de muchos.

DEBATE

Presupuestos básicos del derecho a la participación política: El caso de los golpistas y corruptos JOAQUÍN A. MEJÍA R.*

¿Puede un golpista o un corrupto optar a cargos públicos?

A la luz de los instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, este artículo demuestra que haber participado en un golpe de Estado y cometer violaciones a derechos humanos son causas legítimas y suficientes para restringir el derecho a optar a cargos públicos.

Pero también lo es la comisión de actos de corrupción, por su impacto en el deterioro de los derechos económicos, sociales y culturales, puesto que cada lempira robado por los corruptos empobrece los presupuestos destinados a garantizar estos derechos.

INTRODUCCIÓN Desde sus inicios en la IX Conferencia Internacional Americana de 1948 en la que se adoptó la Carta de la OEA, la Carta de Garantías Sociales y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) se ha caracterizado por vincular democracia, pobreza y derechos humanos. Esto ha sido una constante en los instrumentos adoptados desde entonces, reafirmándose la importancia de la relación entre democracia y derechos humanos, así como la necesidad de adoptar medidas destinadas a promover el desarrollo integral y la lucha contra la pobreza. Tal relación se consolida con la Carta Democrática Interamericana, que reconoce el derecho a la democracia de nuestros pueblos, y el actual proyecto de la Carta Social de las Américas *

Doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos. Investigador del ERIC-Radio Progreso. Profesor visitante en la Maestría sobre Sistema Acusatorio Penal y la Especialidad de Justicia Constitucional en la Universidad Autónoma de Coahuila, México; comisionado de la Comisión Multinacional de la Alianza por la Paz y la Justicia, y miembro de la red de colaboradores y expertos de Checks & Balances de Ecuador.

que define la realización de los derechos económicos, sociales y culturales como un componente esencial para la consolidación democrática.

Del mismo modo, en los instrumentos específicos de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), se revalida la importancia de consolidar la relación triádica entre democracia, derechos humanos y justicia social; no obstante, en la práctica, nuestras democracias se han caracterizado por permitir la convivencia de libertades políticas junto con la desigualdad social, discriminación, corrupción y altos índices de impunidad de los violadores de derechos humanos que siguen postulándose u ocupando cargos de elección popular como los generales golpistas Efraín Ríos Montt —elegido presidente del Congreso guatemalteco en 1994 y posteriormente postulado a la Presidencia de la República—, y Romeo Vásquez Velásquez, candidato presidencial en las elecciones de 2013 en Honduras, pese a ser una de las figuras principales del golpe de Estado de junio de 2009.

Aunque en los instrumentos mencionados se plantea la exigencia de que las democracias americanas garanticen simultáneamente el respeto de las libertades políticas y la justicia social, en la realidad la concepción de la democracia representativa ha predominado 17 septiembre 2014

DEBATE con su consecuente priorización de los derechos civiles y políticos, propiciando la existencia de un triángulo de democracia, pobreza y desigualdad que pone en grave riesgo la gobernabilidad democrática. Así, los derechos civiles y políticos se han convertido en elementos imprescindibles del proceso democrático en la región, mientras que los derechos económicos, sociales y culturales son considerados componentes complementarios que facilitan la participación política, pero sin condicionarla.

Este artículo tiene por objeto echar un vistazo al tratamiento que el SIDH ha dado a la relación entre democracia y derechos humanos que —aunque inicialmente se limitó a la garantía de las libertades políticas—, ha avanzado en el establecimiento de parámetros mínimos sobre temas fundamentales como las elecciones, el monopolio de las candidaturas, el cupo femenino, la participación política y las condiciones de inelegibilidad por participar en golpes de Estado. En el marco del análisis de tales condiciones, pretendo fundamentar, a la luz de las normas interamericanas, la ilegalidad e ilegitimidad de la participación en la vida política del general Vásquez Velásquez, así como de quienes cometen graves actos de corrupción con un impacto significativo en la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, generando mayor pobreza y exclusión social y, por ende, limitando la participación política de quienes la sufren.

1. EL MARCO NORMATIVO

DE LA CONCEPCIÓN

DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA En virtud del derecho internacional, la relación entre democracia y derechos humanos se puede analizar desde tres concepciones. En primer lugar, desde la configuración de un derecho a la democracia de naturaleza colectiva y procesal en que los derechos políticos juegan un papel esencial al asegurar la participación de todos los miembros de la sociedad. Así, el artículo 1 de la Carta Democrática establece que “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”1.

En segundo lugar, desde el establecimiento de los vínculos inherentes de la democracia que conduce a definirla en virtud de aquellos derechos que deben formar parte de ella. Por regla general, únicamente 1

Sobre el derecho a la democracia en el continente americano véase, MUÑOZ, Heraldo y D'LEON, Mary. “The right to democracy in the Americas”, en Journal of Interamerican Studies and World Affairs. Vol. 40, N° 1, Primavera 1998, pp. 1-18.

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los derechos civiles y políticos han sido considerados esenciales para la democracia, pues se ha partido del supuesto de que la mera vigencia de las libertades políticas genera automáticamente las condiciones para el desarrollo social, político y económico de la población, tal y como lo establece el artículo 1 párrafo segundo de la Carta Democrática. No obstante, la experiencia ha demostrado que no existe una relación automática y necesaria entre la vigencia de los derechos civiles y políticos, y la satisfacción de las necesidades básicas de importantes sectores de la población, pues no es suficiente la preservación de tales derechos y la presencia de instituciones democráticas para que fluyan, ineludible y naturalmente, el trabajo, la salud, la educación y la vivienda adecuada2.

Y en tercer lugar, desde su operatividad real, en el sentido de plantearse la imposición de la democracia en caso de que el propio proceso democrático no sea suficiente para garantizar el respeto de los derechos humanos, ya que es posible que una sociedad decida rechazar, a través de las elec­ciones, la defensa de ciertos derechos o incluso la destrucción de la propia democracia. En este sentido, los derechos humanos desconfían del proceso democrático y por ello limitan y vinculan a todos los poderes públicos, particularmente a las mayorías legislativas, privándolas del poder de decisión sobre cuestiones que sean contrarias a la vigencia de tales derechos3. De esta forma, ninguna mayoría legislativa o popular podría decidir, por ejemplo, la condena de un inocente o la privación de los derechos políticos de una minoría4.

En nuestro continente, la relación entre democracia y derechos humanos se concreta mediante la adopción de la Carta de la OEA, la Declaración Americana y la Carta de Garantías Sociales. La primera contiene un número importante de referencias a la democracia, al establecer que “la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”, y que el verdadero sentido “de la solidaridad americana y de la buena vecindad no 2 CIDH. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1983-1984, 28 de septiembre 1984. Capítulo V. II, párrs. 1-2.

3 ALEXY, Robert. “Los derechos fundamentales en el Estado constitucional democrático”, trad. de Alfonso García Figueroa, en CARBONELL, Miguel (ed.), Neoconstitucionalismo (s). Trotta, Madrid, 2005, pp. 37-38.

4 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. Teoría del Garantismo Penal. Prólogo de Norberto Bobbio. Trotta (1995), Madrid, 6ª ed. 2004, p. 865.

DEBATE puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre” (Preámbulo, párrs. 3-4).

La Carta de la OEA señala que es un propósito esencial promover y consolidar la democracia representativa, y erradicar la pobreza crítica, pues constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático (art.

2.b, 2.g); y que la solidaridad americana requiere la organización política de los Estados sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa (art.

3.d). La Declaración Americana reconoce que el alcance de los derechos está limitado por los derechos de los demás y por las justas exigencias del desenvolvimiento democrático (art. XXVIII), y establece el derecho de toda persona a elegir y ser electa mediante elecciones genuinas, periódicas y libres (art. XX). La inclusión en este instrumento de todos los derechos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, refleja el ideal de construir una “democracia solidaria” en el continente americano5, lo cual se reafirma con la Carta de Garantías Sociales que instituye la exigencia de que los regímenes democráticos garanticen simultáneamente el respeto a las libertades políticas y la realización de la justicia social (Preámbulo, párr. 4).

La CADH reafirma la intención de consolidar “dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre” (Preámbulo, párr. 1) y enuncia los derechos políticos de las personas como expresión de su participación en los procesos democráticos (art. 23). Asimismo, establece que sus disposiciones no pueden ser interpretadas en el sentido de “excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno” (art. 29.c), y que los derechos de cada uno “están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática” (art. 32.2).

El factor social ocupa un lugar muy importante en el ideal democrático interamericano, lo cual se reafirma con la adopción del Protocolo de San Salvador, que sostiene la necesidad de desarrollar, perfeccionar y proteger los derechos económicos, sociales y culturales 5

ÚBEDA DE TORRES, Amaya. Democracia y derechos humanos en Europa y en América. Estudio comparado de los sistemas europeo e interamericano de protección de los derechos humanos.

Reus, Madrid, 2007, p. 214.

“en función de consolidar en América, sobre la base del respeto integral a los derechos de la persona, el régimen democrático representativo de gobierno” (Preámbulo, párr. 6); y en el proyecto de Carta Social de las Américas, que garantiza la vida digna como reflejo del disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales.

Se destaca que la relación entre el principio democrático y la eliminación de la pobreza constituye un rasgo distintivo de la noción de democracia incluida en la normativa interamericana, pues esta, como sistema de gobierno y de organización del Estado y de la sociedad que posibilita el goce de los derechos humanos, tiene una vocación por la justicia social que encuentra pleno sentido y coherencia en la premisa de que nadie esté excluido, lo que incluye la lucha frontal contra la pobreza6. La Carta Democrática representa el documento más completo en la materia y reafirma la relación intrínseca entre democracia y derechos humanos, así como la importancia de luchar contra la pobreza como conditio sine qua non para la promoción y consolidación democrática. En su artículo 13 establece que: La promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales al desarrollo integral, al crecimiento económico con equidad y a la consolidación de la democracia en los Estados del Hemisferio.

Según su artículo 3, los elementos esenciales de la democracia representativa son: (a) el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; (b) el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; (c) la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; (d) el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y (e) la separación e independencia de los poderes. El artículo 4 señala que los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia son: (a) la transparencia de las actividades gubernamentales; (b) la probidad; (c) la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública; (d) el respeto por los derechos económicos, sociales y culturales; y (e) la libertad de expresión y de prensa.

La violación de estos elementos y componentes puede constituir una afectación a la propia democracia, frente a la cual el SIDH ofrece dos vías. Si la violación es de carácter singular, cualquier persona o grupo de per6

“Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores del Perú”, en Carta Democrática Interamericana. Documentos e interpretaciones. Organización de los Estados Americanos, Washington, D.C., 2003, p. 111.

19 septiembre 2014

DEBATE sonas pueden interponer denuncias o peticiones ante los órganos del SIDH conforme a los procedimientos establecidos en la CADH (arts. 44-69); y si la violación corresponde a una situación sistemática y generalizada, cualquier Estado miembro podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para analizar la situación y adoptar las decisiones pertinentes, que van desde las gestiones diplomáticas hasta la suspensión del Estado transgresor de su derecho de participación en la OEA (arts. 17-22 de la Carta Democrática).

Debido a que el artículo 3 de la Carta Democrática no individualiza los derechos y libertades cuya violación constituiría una afectación a la democracia, algunos autores consideran que no todas las violaciones de los derechos humanos pueden situarse en el mismo nivel, sino solo aquellas que corresponden al núcleo duro de derechos en virtud de lo establecido en el artículo 27 de la CADH y en el artículo 20 del Estatuto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)7.

Así, en el marco de la Declaración Americana, solo constituiría una afectación a la esencia de la democracia la violación sistemática y generalizada del derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona (art. I); el derecho de igualdad ante la ley (art. II); el derecho de libertad religiosa y de culto (art.

III); el derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión (art. IV); el derecho de justicia (art.

XVIII); el derecho de protección contra la detención arbitraria (art. XXV); y el derecho a un proceso regular (art. XXVI). Bajo los parámetros de la CADH lo sería el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (art. 3); el derecho a la vida (art. 4); el derecho a la integridad personal (art. 5); la prohibición de la esclavitud y servidumbre (art. 6); el principio de legalidad y de retroactividad (art. 9); la libertad de conciencia y de religión (art. 12); la protección a la familia (art. 17); el derecho al nombre (art. 18); los derechos del niño (art.

19); el derecho a la nacionalidad (art. 20); los derechos políticos (art. 23); y las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos (arts. 8 y 25).

Según esta posición, la masiva violación y negación de los derechos económicos, sociales y culturales, es decir, la muerte por hambre, desnutrición y enferme7

NIKKEN BELLSHAW-HÓGG, Pedro. “Análisis de las definiciones conceptuales básicas para la aplicación de los mecanismos de defensa colectiva de la democracia previstos en la Carta Democrática Interamericana”, en AYALA CORAO, Carlos y NIKKEN BELLSHAW-HÓGG, Pedro. Defensa colectiva de la democracia: Definiciones y mecanismos. Comisión Andina de Juristas/The Carter Center, Lima, Perú, 2006, pp. 42-43.

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dades curables, a lo sumo, serían factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia, pero no constituirían una afectación a su esencia misma. Sin embargo, si asumimos seriamente los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos como lo plantea el artículo 7 de la Carta Democrática, la extrema pobreza y la exclusión social generalizada deberían constituir una afectación grave a la democracia8, puesto que sin el necesario desarrollo, promoción y vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, “el ejercicio de los derechos políticos resulta severamente limitado y la permanencia misma del régimen democrático gravemente amenazada”9.

2. LA RELACIÓN INTRÍNSECA ENTRE

DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS En teoría, el SIDH reconoce que para la consolidación democrática es fundamental garantizar el goce efectivo de todos los derechos humanos. Sin embargo, en la práctica, tanto la CIDH como la Corte IDH han centrado sus actividades en los derechos civiles y políticos bajo la lógica de que estos derechos son esenciales desde la concepción de la democracia representativa, la cual constituye el presupuesto básico de la organización política de los Estados y que por su propia naturaleza, y de manera automática, propicia un mejoramiento sustantivo en la calidad de vida de la población10.

Así, se ha partido del supuesto de que las graves violaciones a los derechos humanos se deben principalmente a la falta de participación política de la ciudadanía, negada por las autoridades que ejercen el poder11, sin valorar consistentemente que la pobreza, el hambre, el analfabetismo y la desnutrición son por sí mismas graves restricciones a la participación política efectiva más allá del voto cada ciertos años. Es evidente que la gente muy pobre, generalmente paralizada mental y físicamente por la desnutrición en la infancia, la falta 8

MEJÍA R., Joaquín A. “El papel de los derechos económicos, sociales y culturales en las democracias latinoamericanas”, en Revista IIDH, núm. 49, Instituto Interamericano de Derechos Humanos. San José, Costa Rica, enero-junio 2009, pp. 214-217.

9 CIDH. Informe sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay, 28 de septiembre de 1987. Capítulo VII. A. 10 CIDH. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1983-1984, 28 septiembre 1984. Capítulo V. II, párrs. 1-2.

11 CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1990-1991. Capítulo V. III. 2. Democracia representativa y derechos políticos, 22 de febrero de 1991.

DEBATE de escolarización y preocupada por la supervivencia de su familia, puede incidir poco o nada en las decisiones gubernamentales que afectan a toda la comunidad12.

La CIDH ha señalado que los derechos políticos tienen dos aspectos claramente identificables. Por un lado, el derecho al ejercicio directo del poder y, por otro, el derecho a elegir a quienes deben ejercerlo. Ambos aspectos suponen una concepción amplia de la democracia representativa que descansa en la soberanía del pueblo, en la que las funciones a través de las cuales se ejerce el poder son desempeñadas por personas escogidas en elecciones libres y auténticas13. Los dos aspectos están íntimamente ligados entre sí y representan la expresión de las dimensiones individual y social de la participación política. La primera supone que los ciudadanos pueden postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que pueden ocupar cargos públicos si logran obtener la necesaria cantidad de votos; y la segunda implica que pueden elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán14.

Formar parte del gobierno y participar en elecciones genuinas, libres y mediante el voto secreto, es un derecho fundamental para la salvaguardia de todos los derechos humanos, dado que solo un gobierno derivado de la legítima voluntad popular, expresada en elecciones libres, puede proporcionar la más sólida garantía de que los derechos humanos sean respetados15. Puesto que los derechos políticos son elementos esenciales de la democracia, los Estados tienen la obligación de garantizar la organización de todos los partidos políticos y otras asociaciones, el debate libre de los principales temas de interés, y la realización de elecciones generales, libres y garantes de la voluntad popular16.

12 POGGE, Thomas W. “Reconocidos y violados por la ley internacional: los derechos humanos de los pobres globales”. Trad. de Andrea León Montero, en CORTÉS RODAS, Francisco y GIUSTI, Miguel (eds.), Justicia global, derechos humanos y responsabilidad. Siglo del Hombre Editores/Universidad de Antioquia/Universidad Católica del Perú, Bogotá, 2007, p. 29.

13 CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2002. Capítulo IV. Desarrollo de los derechos humanos en la región. Cuba. II. Los derechos civiles y políticos. a. los derechos políticos. 7 marzo 2003, párr. 11.

14 Corte IDH. Caso Yatama vs. Nicaragua. Sentencia de 23 de junio de 2006, párrs. 197-199.

15 CIDH. Informe sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador. Capítulo IX. Derecho al sufragio y de participación en el gobierno, 17 de noviembre de 1978, párr. 1.

16 CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1979-1980. Capítulo VI, 02 de octubre de 1980.

La realización de las elecciones debe caracterizarse por su autenticidad, universalidad y periodicidad. La autenticidad está relacionada con la necesidad de que exista correspondencia entre la voluntad de los electores y el resultado de la elección. En sentido negativo, implica que no existan interferencias que distorsionen la voluntad popular. Para determinar la autenticidad de un proceso electoral es necesario analizar las condiciones generales en que se desarrolla, es decir, las condiciones para la participación política, ausencia de coerciones directas o de ventajas indebidas para uno o varios sectores y de un ambiente de temor e inseguridad; y las condiciones específicas relativas a la organización del proceso electoral y a la realización de la votación misma, es decir, las condiciones concretas en las cuales los derechos electorales puedan ser eficaces, como la ausencia de obstáculos normativos y fácticos sobre organización de partidos políticos, desarrollo de campañas electorales y todo aquello relacionado con la emisión del voto17.

Con relación a la universalidad, se parte del supuesto de que las elecciones deben realizarse por sufragio universal, a través del cual se tiende a asegurar la participación política de todas las personas facultadas para hacerlo, teniendo en cuenta el numeral 2 del artículo 23 de la CADH, donde se enuncian las razones en que la ley puede fundamentar ciertas exclusiones, tales como edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal18. Finalmente, la periodicidad tiene que ver con la necesidad de escrutinio popular sobre el desempeño de las autoridades y debe vincularse con la prohibición de la perpetuación en el poder o su ejercicio sin plazo determinado. No obstante, es preciso dejar claro que la sola periodicidad y la universalidad de las elecciones no es suficiente, ya que “han existido numerosos ejemplos de elecciones en las cuales un gobernante o un partido eran ‘reelegidos’ de manera rutinaria y periódica en elecciones que no habían sido auténticas o universales”19.

En Latinoamérica sobran ejemplos que muestran que estas formalidades democráticas no son un cimiento suficientemente firme para garantizar sistemas políticos estables. Ello queda demostrado por el hecho de que, pese a la ola democratizadora en las últimas 17 CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1990-1991… op. cit., Capítulo V. III. 2.

18 Ibíd.

19 Ibíd.

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DEBATE décadas, en el mismo período se ha presenciado un marcado aumento de la pobreza y la exclusión social que pone en riesgo la estabilidad política20. Las condiciones de pobreza extrema, desigualdad y exclusión social vuelven inefectivo uno de los presupuestos clave de la democracia: “que los individuos son ciudadanos plenos que actúan en una esfera pública donde se relacionan en condición de iguales”21.

La participación política efectiva en una sociedad democrática debe ser garantizada por los Estados mediante normas y prácticas adecuadas que posibiliten su acceso real a los diferentes espacios deliberativos en términos igualitarios, pero también a través de la adopción de medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio, atendiendo la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los integrantes de ciertos sectores sociales22. Si para los Estados la democracia es el régimen político ideal en el cual el ejercicio de los derechos políticos se garantiza de acuerdo con el principio de igualdad y no discriminación23, no solo es necesario una detallada regulación normativa y un complejo aparato institucional económico y humano que les dé la debida eficacia24, sino también unas condiciones que promuevan y faciliten la satisfacción de ciertas necesidades básicas sin las cuales muchas personas no pueden alcanzar los niveles de humanidad necesarios para ejercer efectivamente sus derechos políticos y así participar en plenitud en la vida pública, y disfrutar sus beneficios25.

Si bien la democracia es una condición necesaria para lograr la vigencia y el respeto de los derechos políticos, también es imperativo que represente para cada persona la posibilidad de lograr la realización de 20 CIDH. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1993, 11 de febrero de 1994. Capítulo V. I. La indivisibilidad de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales.

21 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La Democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanas. Aguilar/Altea/Taurus/Alfaguara, Buenos Aires, 2ª ed., diciembre de 2004, p. 118.

22 Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 26 de mayo de 2010, párr. 173.

23 Corte IDH. Caso Yatama vs. Nicaragua... op. cit., párr. 201.

24 Corte IDH. Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Sentencia de 6 de agosto de 2008, párr. 159.

25 PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio. Derechos sociales y positivismo jurídico. Dykinson, Madrid, 1999, pp. 57-58.

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todos sus derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. Solo así se puede garantizar la preservación de la democracia “pues en la medida en que las personas estén convencidas, por su propia experiencia personal, de que ése es efectivamente el mejor modelo de organización política, éstas serán la mejor garantía contra dictaduras tradicionales y contra otras formas autoritarias de gobierno”26. Cuando la democracia no es capaz de responder a las necesidades básicas y de reducir las grandes desigualdades, se tiende a apoyar propuestas autoritarias o demagógicas que ofrecen crecimiento económico, progreso social y estabilidad a cambio de una reducción de las libertades27.

Frente a esta realidad de desigualdad y pobreza, es preciso fortalecer los mecanismos de defensa de la propia democracia. Uno de ellos es la garantía efectiva de los derechos humanos, ya que impone límites y vínculos al proceso democrático para garantizar que los procedimientos para la toma de decisiones respondan a la voluntad de las mayorías, y que dicha voluntad no sea contraria a los derechos humanos28. Ejemplo de lo anterior lo constituye la declaración de incompatibilidad hecha por la Corte IDH sobre la Ley de Caducidad uruguaya en relación con las normas interamericanas, dado que su vigencia impidió la investigación y sanción de los responsables de violaciones a derechos humanos durante la dictadura militar. A pesar de que esta ley fue aprobada por la ciudadanía a través de un referéndum en 1989 y un plebiscito en 2009, su legitimidad democrática debe valorarse en función de la protección de los derechos humanos; por tanto, si dicha ley niega el derecho al acceso a la justicia a miles de víctimas, su validez es contraria a la existencia de un verdadero régimen democrático, que está determinada por sus características formales (legalidad) y sustanciales (legitimidad) donde la protección de los derechos humanos “constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo ‘susceptible de ser decidido’”29.

26 CIDH. Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay… op. cit., Capítulo II. Institucionalidad democrática. A. Introducción, párr. 5-7.

27 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2002. Profundizar la democracia en un mundo fragmentado. Ediciones Mundi-Prensa, Nueva York, 2002, p. 4; PNUD. La democracia en América Latina… op. cit., pp. 13, 132 y 222.

28 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón… op. cit., p. 865.

29 Corte IDH, Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y reparaciones.

Sentencia de 24 de febrero de 2011, párr. 238-239.

DEBATE sí como en este caso los derechos humanos se A constituyeron en límites a las decisiones de la mayoría, pese a que se tomaron respetando el procedimiento democrático, en otros es la propia democracia la que limita el ejercicio de ciertos derechos, como los políticos, para protegerse. Es el caso de la prohibición a la participación política a quienes han participado en golpes de Estado, como el general guatemalteco José Efraín Ríos Montt, cuyo análisis recobra mayor relevancia ahora, cuando el general golpista hondureño, Romeo Vásquez Velásquez, participó como candidato presidencial, y muchos funcionarios corruptos del régimen siguen participando en la vida política sin ningún obstáculo.

3. PRESUPUESTOS BÁSICOS SOBRE

LA LIMITACIÓN DEL DERECHO

A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA

DE GOLPISTAS Y CORRUPTOS El general Ríos Montt fue nombrado por los militares presidente del gobierno de facto desde el 23 de marzo de 1982 hasta el 8 de agosto de 1983, cuando fue separado del cargo por otro golpe militar. Ese corto período de su mandato se convirtió en el más sangriento de los 36 años de guerra en Guatemala. Aunque ha sido diputado del Congreso guatemalteco desde el año 2000 hasta enero de 2012, en 1990 intentó frustradamente postularse a la presidencia del país, pero su candidatura fue rechazada debido a que la Constitución de Guatemala establece que el precedente golpista es una causa de inelegibilidad. En 1991 presentó una denuncia ante la CIDH contra el Estado guatemalteco por alegadas violaciones a sus derechos políticos, a raíz de los efectos de resoluciones y actos de las autoridades nacionales que declararon inadmisible su candidatura presidencial30.

La CIDH declaró inadmisible su denuncia y consideró válida la prohibición de ser electo como presidente a un militar que había participado en un golpe de Estado, ya que interpretó a la luz de la Carta de la OEA y de los artículos 23 y 32 de la CADH que la condición de inelegibilidad, debido al precedente golpista, aparece en las sucesivas constituciones guatemaltecas; que dicha condición es parte de la tradición constitucional de varios países centroamericanos; y que la raíz de la condición de inelegibilidad la constituye el Tratado General de Paz y Amistad celebrado entre los cinco países centroamericanos en 1923, en virtud del cual se obligaron a no reconocer a personas y autoridades que tuvieran relación con un golpe de Estado.

30 En lo que sigue, la descripción del caso se desarrollará con base en CIDH. Informe N° 30/93. Caso 10804. Ríos Montt vs.

Guatemala, 12 de octubre de 1993.

Para la CIDH, estas posiciones de rechazo a los golpes de Estado y la inhabilitación política de sus líderes son considerados principios jurídicos de relación internacional y de defensa común de la consolidación democrática en la región; por tanto, la condición de inelegibilidad aplicada a Ríos Montt constituye una norma constitucional consuetudinaria de firme tradición en Centroamérica, que se suma a otras condiciones de inelegibilidad que buscan evitar el nepotismo, el conflicto de intereses, la falta de laicidad, el conflicto de poderes o primacía del poder militar sobre el civil. Si existen todas estas disposiciones que limitan legítimamente el derecho político a acceder a las altas magistraturas de un país, con más razón es compatible con la CADH, con la Carta de la OEA y el principio democrático asumido en el continente, que se limite dicho derecho a aquellos que han liderado una ruptura constitucional con su consecuente violación a los derechos humanos.

Por tanto, la CADH permite justificar las restricciones a los derechos políticos sobre la base del principio de protección de la sociedad democrática31.

En el caso del general Romeo Vásquez Velásquez, jefe de la Junta de Comandantes que dio el primer golpe de Estado del siglo XXI, fundó su propio partido, lo inscribió sin ningún inconveniente y se postuló para la presidencia de Honduras en las elecciones generales de 2013. El rompimiento constitucional que él lideró produjo un deterioro alarmante de la situación de los derechos humanos debido a la existencia de una política de Estado generalizada y sistemática que trajo como resultado muertes violentas, estados de excepción arbitrarios, represión de manifestaciones pacíficas mediante el uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención, militarización del territorio, aumento de las situaciones de discriminación racial, violaciones a los derechos de las mujeres, serias restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos32.

A pesar de la gravedad de la situación, hasta el momento, el general Vásquez Velásquez y los demás jefes militares no han sido condenados penalmente por estos abusos, lo cual ha generado un clima de terror e 31 RÍOS VEGA, Luis Efrén. “Elecciones libres y candidaturas golpistas”, en MEJÍA R., Joaquín A. y FERNÁNDEZ, Víctor (coords.), El golpe de Estado en Honduras desde una perspectiva de los derechos humanos. Editorial Casa San Ignacio/MADJ, Tegucigalpa, 2010, p. 207.

32 CIDH. Honduras: Derechos humanos y golpe de Estado. 30 de diciembre de 2009, párrs. 6 y 551, pp. 2 y 146-147.

23 septiembre 2014

DEBATE impunidad generalizada que socava el ejercicio de las libertades básicas y permite la repetición crónica de este tipo de hechos. Más bien, los militares golpistas se han beneficiado de procedimientos judiciales sin las características de independencia e imparcialidad, los cuales han sido realizados con el objetivo de sustraerlos de su responsabilidad penal. Además, para asegurar su impunidad, se decretó una ley de amnistía cuya ambigüedad facilita la obstrucción del esclarecimiento, el enjuiciamiento y sanción por las graves violaciones a los derechos humanos que fueron cometidas33. Ante su candidatura y su permanente actividad política, es legítimo que la democracia se defienda excluyéndolo y prohibiendo su participación en virtud de la tradición constitucional centroamericana y la jurisprudencia interamericana anteriormente señalada.

Por tanto, desde el ámbito del SIDH, hay suficientes elementos para fundamentar la limitación de la participación política del general Romeo Vásquez Velásquez por su responsabilidad directa en el golpe de Estado y las consecuentes violaciones a derechos humanos que están suficientemente documentadas por órganos internacionales como la CIDH y la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; por diversas organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, y por el propio Estado hondureño, a través del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Si de acuerdo con la Carta Democrática la democracia es un derecho humano que los Estados tienen la obligación de promover y defender, la participación en un golpe de Estado y en graves violaciones a los derechos humanos es un desmérito y una aptitud ciudadana negativa que la propia democracia censura para evitar que gobiernen los peores y/o los enemigos de la democracia y sus valores34.

Sin duda, el precedente golpista y la responsabilidad por la comisión de violaciones a derechos humanos 33 CIDH. CIDH manifiesta preocupación por Decreto de Amnistía en Honduras. Comunicado N° 14/10, Washington, D.C., 3 de febrero de 2010. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional mantiene abierto un examen preliminar para determinar si los crímenes cometidos durante y después del golpe de Estado constituyen crímenes de lesa humanidad; al respecto véase, MEJÍA R., Joaquín A. y BENGTSSON, Verenice. “La justicia penal internacional desde la perspectiva de la situación en Honduras”, en MEJÍA R., Joaquín A. y BALLESTEROS DE LEÓN, Gerardo (coords.), Tres miradas latinoamericanas a la justicia penal internacional. Colombia, Honduras y México. Editorial San Ignacio/Editorial Guaymuras, Tegucigalpa, 2014, pp. 79-102.

34 RÍOS VEGA, Luis Efrén. “Elecciones libres y candidaturas golpistas”… op. cit., pp. 201-202.

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es una causa legítima y suficiente para restringir el derecho a optar a cargos públicos, pero también lo es la comisión de actos de corrupción con su consecuente impacto en el deterioro y falta de efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, ya que no podemos continuar asumiendo que cuando hablamos de violaciones a derechos humanos solo nos referimos a derechos civiles y políticos, sino también a los derechos económicos, sociales y culturales, en tanto que cada lempira que se roba y engrosa las cuentas de los corruptos empobrece los presupuestos destinados a garantizar los derechos a la salud, a la educación, a la vivienda digna, al trabajo, etc.

Por tanto, la participación en un golpe de Estado con su consecuente violación a todos los derechos humanos constituye una causa de inelegibilidad que está suficientemente justificada desde la lógica de las normas interamericanas de derechos humanos. En primer lugar, hay que señalar que el derecho internacional en general no impone un sistema electoral ni una modalidad determinada de ejercer los derechos a votar y a ser elegido, los cuales no son derechos absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones mediante la previsión y aplicación de requisitos para ejercerlos sin que constituya per se una restricción indebida35. En el marco del SIDH, existen tres condiciones que deben cumplirse al momento de regular o restringir un derecho: La legalidad de la restricción, su finalidad y su necesidad en una sociedad democrática, y su proporcionalidad36.

En relación con la legalidad, el artículo 30 de la CADH establece que “Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”; además, la norma que restringe un derecho debe ser una ley en el sentido formal y material37. Por tanto, solo la ley 35 Corte IDH. Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos… op. cit., párr. 162 y 174.

36 Corte IDH. La expresión “leyes” en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986, párrs. 27, 32 y 37; Íd. Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos… op. cit., párr.

180; Íd. La colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, párr. 46.

37 Corte IDH. La Expresión “Leyes” en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos… op. cit., párrs.

27 y 32.

DEBATE adoptada por los órganos democráticamente elegidos y constitucionalmente facultados, y ceñida al bien común, puede restringir el derecho a optar a cargos de elección popular38. Respecto a la finalidad de la restricción, la causa que se invoque para justificar la restricción debe ser de aquellas permitidas por la CADH previstas en disposiciones específicas que se incluyen en determinados derechos, o bien, en las normas que establecen finalidades generales legítimas, como los derechos y libertades de las demás personas o las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática39.

Finalmente, en relación con el requisito de la necesidad de una sociedad democrática y la proporcionalidad de la medida restrictiva, la Corte IDH ha señalado que la palabra “necesarias”, sin ser sinónima de “indispensables”, “implica la existencia de una ‘necesidad social imperiosa’ y que para que una restricción sea ‘necesaria’ no es suficiente demostrar que sea ‘útil’, ‘razonable’ u ‘oportuna’”. De esta manera, la “necesidad” y, por ende, la legalidad de las restricciones al derecho a ser electo dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo, lo que significa que la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo que se presume legítimo40.

Bajo estos parámetros, se puede sostener que si la democracia se asienta sobre el principio de que es el pueblo el titular de la soberanía política y que en ejercicio de ella elige a sus representantes para que ejerzan el poder político, estos ejercen así un mandato de sus representados que aspiran idealmente a tener una vida digna, en libertad y democracia41; entonces, tales representantes se encuentran vinculados y obligados a cumplir con el mandato de garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales.

Se argumentará que los representantes, por mucha voluntad política que tengan, no pueden garantizar el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, debido a la carga que representan para el erario, pese a que los derechos civiles y políticos también tienen sus costos, los cuales, sin embargo, han 38 Ibíd., párr. 37.

39 Corte IDH. Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos… op. cit., párr. 180.

40 Corte IDH. La colegiación obligatoria de periodistas… op. cit., párr. 46. Las citas textuales corresponden al mismo párrafo.

41 CIDH. Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay, 9 de marzo de 2001. Capítulo II. Institucionalidad democrática. A. Introducción, párr. 3.

sido tradicionalmente asumidos. De cualquier manera, es un hecho que lo reducido de los recursos públicos constituye un obstáculo para la plena realización de estos derechos, pero también dentro de los parámetros de recursos limitados, es frecuente que los destinados a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales sean insuficientes y que, a la vez, no sean utilizados de manera óptima42.

Un ejemplo claro es la corrupción y su impacto en la satisfacción de tales derechos. Así, el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras estima que el Estado pierde entre 500 y 600 millones de dólares por año en corrupción. Para el coordinador de Transformemos Honduras, Carlos Hernández, solo en las secretarías de Estado que manejan mayor presupuesto, el costo de la corrupción anual es de 18 mil millones de lempiras43. Cada dólar que consume el latrocinio y que engrosa las cuentas bancarias privadas es un recurso que se despoja a los presupuestos de salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria y empleo, entre otros, lo cual, en países como Honduras, contribuye a la masiva violación y negación de los derechos económicos, sociales y culturales; es decir, a la muerte por hambre, por falta de acceso a una vivienda adecuada y agua potable, por desnutrición y enfermedades curables.

En nuestro país la incidencia de la pobreza tiene una relación directa con los altos índices de corrupción, lo cual afecta seriamente la institucionalidad democrática, desnaturaliza la democracia y hace ilusoria la participación ciudadana, el acceso a la justicia y el disfrute efectivo de todos los derechos humanos44. Si 42 Véase al respecto, MEJÍA R., Joaquín A. Aportes teóricos para promover los derechos sociales desde el pensamiento de Luigi Ferrajoli. Editorial San Ignacio, Tegucigalpa, 2012; Íd. “Las obligaciones internacionales en materia de derechos económicos, sociales y culturales a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, en Revista Internacional de Derechos Humanos. Año III, N° 3, Universidad de Mendoza / Universidad de Zaragoza, Mendoza, Argentina, 2013, pp. 79-102; Íd. “Cinco mitos sobre los derechos económicos, sociales y culturales”, en Revista CEJIL. Debates sobre Derechos Humanos y el Sistema Interamericano. Año II, núm. 3, Buenos Aires, septiembre de 2007, pp. 58-69.

43 “Política fiscal en Honduras busca sacar dinero de los sectores que no crecen”, en http://www.radioprogresohn.net/~rprog/ index.php/comunicaciones/noticias/item/588-pol%C3%ADticafiscal-en-honduras-busca-sacar-dinero-de-los-sectores-que-nocrecen 44 CIDH. Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Paraguay… op.cit. Capítulo V. A., párr. 17.

25 septiembre 2014

DEBATE los graves actos de corrupción provocaran violaciones a los derechos civiles y políticos, indudablemente generaría expresiones de horror e indignación y daría lugar a llamados urgentes para la adopción de medidas correctivas inmediatas. A pesar de la retórica sobre la indivisibilidad, las violaciones de los derechos civiles y políticos siguen siendo tratadas como si fueran mucho más graves y más intolerables que la masiva negación de los derechos económicos, sociales y culturales45.

Por ello es que la Convención Interamericana contra la Corrupción establece que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos, y que su combate fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social. El artículo VII exhorta a los Estados a adoptar “las medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarias para tipificar como delitos en su derecho interno”, los cuales, de acuerdo con el artículo XIII, deben dar lugar a la extradición.

En virtud de lo anterior y tomando en cuenta que existe la propuesta de incluir el delito de corrupción pública y privada en un nuevo Código Penal en Honduras, es necesario garantizar la imposición efectiva de una pena de inhabilitación especial por la comisión de delitos relacionados con la corrupción, que se constituya en una causal de inelegibilidad para optar a cargos públicos de aquellas personas vinculadas a graves actos de corrupción con serias implicaciones para los derechos económicos, sociales y culturales.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN Sabemos que el golpe de Estado no solo produjo la comisión de violaciones a los derechos civiles y políticos, sino también la comisión de graves actos de corrupción46 que profundizaron la fragilidad social, la pobreza y desigualdad, y la deficiencia institucional; además, algunas medidas adoptadas por el gobierno de facto se tradujeron en dificultades adicionales para el acceso de la población a los derechos más básicos, en particular la atención de salud, la educación y la alimentación.

45 Submission of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights. Statement to the World Conference. UN Doc. 1993/22/.

1993, p. 83, párr. 5.

46 Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Para que los hechos no se repitan: Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), Honduras, 2011, pp. 408-410.

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Algunos programas institucionales asociados con esos derechos sufrieron un colapso total47.

Hasta el momento no hay ninguna persona condenada por estos hechos; por tanto, debemos insistir en la deducción de las responsabilidades aunque hayan pasado 5, 10, 20, 30 o 50 años, puesto que mientras siga reinando la impunidad y secuestrada la justicia, no podemos hablar de democracia, de Estado de derecho y mucho menos de reconciliación nacional.

No es baladí ratificar que el hambre, la enfermedad, la indigencia, el desempleo y la falta de acceso a la educación básica vuelve más vulnerables a ciertos grupos o personas, frente a las cuales el Estado tiene deberes especiales determinables en función de las particulares necesidades de protección de dichos sujetos de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentren, como extrema pobreza o marginación48. La superación de tales condiciones personales o situaciones específicas supone satisfacer necesidades radicales que actúan como prius para la satisfacción efectiva de otras necesidades, no menos radicales, cuales son las que emanan de las diferentes manifestaciones de las libertades personales, civiles y políticas49.

Evidentemente, la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad es una tarea esencial para ello.

Por tanto, no solo el general Romeo Vásquez Velásquez debe ser inelegible para optar a cargos de elección popular, sino también aquellos funcionarios, de facto o no que, aprovechando su condición, cometieron y cometen graves actos de corrupción que en la práctica constituyen una sustracción de los recursos destinados a la realización de los derechos económicos, sociales y culturales de las hondureñas y hondureños, particularmente de los más vulnerables, restringiendo así sus derechos civiles y políticos y, en consecuencia, su participación en la dinámica comunitaria y en las decisiones políticas que les afectan.

47 OACNUDH. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009. Consejo de Derechos Humanos, 13° período de sesiones, 3 de marzo de 2010, párr. 82, p. 19.

48 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay. Sentencia de 29 de marzo de 2006, párr. 154.

49 PÉREZ LUÑO, Antonio E. Los derechos fundamentales. Tecnos, Madrid, 6ª ed. 1995, pp. 207-208.

DEBATE

La inseguridad de quienes abogan por la seguridad ciudadana LUCILA FUNES VALLADARES*

La población hondureña está sometida a una doble amenaza: por delincuentes que pueden agredirla físicamente, y por una institucionalidad pública negligente, que quebranta sus derechos y la agrede moralmente.

Y en las personas que trabajan en ONG y organizaciones del movimiento social, esta vulnerabilidad se agrava porque, con frecuencia, se desempeña dentro de las llamadas “zonas calientes”, donde ejecuta proyectos de desarrollo. ¿Cuáles son las repercusiones de la inseguridad ciudadana sobre este personal y el trabajo que realiza? Sin duda, van más allá de lo que suponemos, como se demuestra en este artículo.

E

n junio pasado, una defensora de derechos humanos abordó, a inmediaciones de un centro comercial de Tegucigalpa, un taxi colectivo para dirigirse a su trabajo, sin imaginar que pasajeros y conductor, entre ellos una mujer, eran delincuentes.

Su desengaño fue rápido. Habían avanzado menos de cien metros cuando sus acompañantes le sustrajeron sesenta lempiras que portaba y durante unas dos horas la recorrieron por la ciudad, agrediéndola físicamente, indignados por un botín tan modesto. Al final la abandonaron dejándole golpes en el rostro y moretes en las piernas, estos últimos provocados con un bolígrafo que extrajeron de su bolso y le enterraron repetidas veces.

El caso fue registrado en el Ministerio Público como una denuncia más sin investigar y como * Periodista.

una evidencia que abulta las estadísticas oficiales. Quien tomó su declaración no indagó de quién se trataba ni consideró pertinente que se le hiciera una evaluación física.

Ella, conocedora de sus derechos, acudió a medicina forense, donde la médica que la atendió la sometió a una exploración minuciosa, tras enterarse de quién es.

Por no poder subvencionar un transporte más seguro, ahora se moviliza a pie o sube a los buses del transporte público, “porque allí si me roban, por lo menos me van a dejar viva”.

Su caso devela varias aristas sobre la situación de la seguridad ciudadana en Honduras. Una de ellas es la doble amenaza a la que está sometida la población: por delincuentes que pueden agredirla físicamente, y por una institucionalidad pública negligente que quebranta sus derechos y la agrede moralmente.

Pero también refleja la vulnerabilidad del recurso humano que trabaja en organizaciones no gubernamentales y del movimiento social, no solo por ser parte de una población indefensa, sino porque con frecuencia se desempeña dentro de las llamadas “zonas calientes”, donde ejecuta proyectos de desarrollo.

Irónicamente, la mayoría de esos proyectos son de seguridad ciudadana, si se toma en cuenta que este es un concepto que trasciende los límites de la seguridad física de la población o la prevención del crimen, e involucra la defensa y el ejercicio de los derechos humanos para garantizar una vida con dignidad.

INSEGURIDAD A UN PASO DEL TRABAJO Ninguna organización de la sociedad civil está al margen del tema de la violencia y la delincuencia 27 septiembre 2014

DEBATE común, sin citar aquellas que por el tipo de trabajo que desempeñan incomodan intereses de grupos políticos o económicos que buscan intimidarlas.

Renglón aparte, esto último puede prestarse a confusiones, bien porque las intimidaciones se disfracen de actos de delincuencia común o, a la inversa, porque un trabajo de riesgo, aliente en sus ejecutores la idea de que cualquier acto delictivo que sufren lleva una dedicatoria hacia la víctima o su institución.

Un diagnóstico elaborado por el CIPRODEH1 a veinte organizaciones ciudadanas revela que “todas —sin excepción— han sido víctimas de asaltos, ya sea sus empleados o sus oficinas, o ambos”.

El estudio, que se denomina “Capacidades, intereses y prioridades de las organizaciones de la sociedad civil en seguridad ciudadana”, fue concluido a principios del año y entrevistó a representantes de doce organizaciones de la sociedad civil con asiento en Tegucigalpa, seis en San Pedro Sula, una en El Progreso y una en La Ceiba, pero varias de ellas con proyección nacional o regional.

Las experiencias que relataron los entrevistados son múltiples, y aunque ocurren sobre todo en las zonas urbanas, se repiten cada vez más en las rurales, coincidiendo con otros estudios que destacan cómo la tranquilidad de poblados campesinos, sobre todo en la región de Occidente, es interrumpida por hechos violentos o por el abandono de cadáveres de personas desconocidas.

Entre las experiencias más comunes que se citan destacan los 1

Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos.

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robos de motocicletas al personal técnico de las ONG, durante los horarios de trabajo y en zonas de alto riesgo; robos de computadoras y equipos dentro de las oficinas, y asaltos a inmediaciones de los centros laborales o dentro de estos.

El cien por ciento de los y las empleadas que utilizan el transporte público cuenta historias de robo dentro de las unidades, mientras que las mujeres son víctimas frecuentes de manoseos cuando se conducen a sus trabajos.

LOS COSTOS DE TRABAJAR EN “ZONAS CALIENTES” Los niveles de alarma suben notoriamente cuando el recurso humano que trabaja para el desarrollo se desplaza a los barrios y colonias donde habita la población meta de los proyectos que ejecutan. No es inusual que el personal también resida en zonas de riesgo.

Fuera de la “zona de confort”, rodeada de oficinas, hoteles, edificios de apartamentos, centros comerciales, restaurantes, colonias residenciales o “barrios seguros”, los asaltos pueden ser diarios o casi diarios, y pueden activarse otras modalidades, como la recepción de llamadas telefónicas, mensajes o correos electrónicos intimidatorios enviados desde las zonas de riesgo, o el cobro de “impuestos de guerra” para permitir ingresar y laborar dentro de éstas.

No en vano son denominadas “zonas calientes” porque en ellas se tejen redes del crimen (o al menos sus hilos más visibles), al extremo de que en un censo laboral que levantó una organización de desarrollo entre pobladores del bordo del río Ulúa, en San Pedro Sula, algunos de los encuestados declararon que su modus vivendi es el sicariato.

Las batallas entre maras y pandillas para expandir o defender territorios pueden interrumpir la rutina laboral de los técnicos de las ONG, mientras los pobladores que quedan atrapados entre dos fuegos corren a trancar las puertas de sus casas para evitar ser carne de cañón.

En varias ocasiones la población alerta al personal de las ONG sobre el peligro de ingresar en determinadas fechas a las zonas donde trabajan, y más de alguna vez lo hacen escuchar, a través de los celulares, disparos y gritos proferidos durante las refriegas.

Las organizaciones que han decidido instalar sus sedes de trabajo en el corazón de las zonas en riesgo cuentan en su anecdotario las historias más temerarias. No pocas veces son el epicentro de batallas entre grupos enemigos y refugio para heridos de guerras territoriales. En varias ocasiones, a las reuniones de sus técnicos se suman hombres armados que ingresan sin permiso, enviados por sus jefes para intimidar o conocer lo que la institución planifica.

A veces se recurre a la policía, pero en la mayoría de las ocasiones se abstienen de hacerlo, porque se desconfía del correcto desempeño de la institución policial o se sospecha que sus miembros tienen nexos con los delincuentes. La razón es válida, pero resolver por la vía no gubernamental asuntos que son de la competencia del Estado es un indicador que muestra las dimensiones del problema de la seguridad ciudadana.

Además, como afirmó una de las entrevistadas del citado diagnóstico: “la denuncia crea terror en la familia, en la comunidad y no avanza nada. Aleja a la gente porque siente miedo”.

DEBATE CUANDO LA MUERTE TOCA LA PUERTA Tal vez no haya nada que atemorice más al personal institucional como la ocurrencia de asesinatos en serie; y algo que la desmotive más, como las agresiones y las muertes violentas de pobladores con los que trabajan.

Femicidios entre los equipos de base, crímenes de odio, asesinatos a jóvenes cuando están por ingresar a las instituciones en busca de auxilio, desapariciones de personas, agresiones policiales, son parte de los relatos del diario de campo.

Las causas de estos acontecimientos se conocen a través de rumores nunca verificados por las autoridades correspondientes, y se repiten una y otra vez en cada tragedia: “guerra de maras”, “ajuste de cuentas”, “trasiego de drogas”, “limpieza social”, “infidelidad”…

Una institución que trabaja con la niñez reportó que, una década atrás, su equipo de técnicos en una zona conflictiva de la capital renunció después de presenciar “un desfile de muertes”.

Como agravante, las organizaciones de desarrollo registran casos de muertes de empleados y de personal voluntario en las comunidades a causa del trabajo que han ejecutado; o la determinación de solicitarles el exilio y la salida del país para proteger sus vidas; y cuando menos, la incoación de procesos legales en su contra.

REPERCUSIONES ÍNTIMAS Un riesgo conlleva otros. En casos extremos como los señalados, es frecuente que empleados y pobladores sientan limitada su libertad de expresión y no puedan hablar a sus anchas sobre algunos temas vinculados con la seguridad o con la corrupción por temor a ser

escuchados por personas que no son de su confianza o por desconocidos.

Esto crea círculos muy cerrados de trabajo, sin capacidad de incidencia e intervención, y amplía los círculos de la impunidad.

En algunas zonas del Litoral Atlántico, Oriente y Noroccidente, donde el narcotráfico es un quehacer que en algunos de los municipios se practica con el beneplácito de los alcaldes, el diálogo ha sido sustituido por el susurro o el silencio.

Condiciones como estas propician incomodidades en el recurso humano comprometido con el desarrollo comunitario, que se traducen en estrés laboral o frustraciones.

“Aunque solo sea un celular el que les roben, aunque solo sea un bien, es la forma como ocurre, el ataque es lo que más molesta”, advierte una de las entrevistadas para el estudio del CIPRODEH. Las instituciones se ven afectadas con la dificultad de contratar personal capacitado y dispuesto a trabajar en las zonas de riesgo y con la disminución de la productividad de los empleados, que son testigos impotentes del asesinato de niños, jóvenes, mujeres o pobladores en general, vinculados directa o indirectamente a las actividades de las instituciones.

Trabajar donde se incuba una buena parte de la violencia e inseguridad que afecta al país, puede tener, sin embargo, su recompensa: la credibilidad institucional, que a su vez opera como una especie de abrigo que las inmuniza y les hace ganar el respeto.

“Estamos luchando con las armas de ser honestos, de ser transparentes, de que lo que le ofrecemos a la comunidad lo cumplimos, de involucrarlos a ellos en todos los procesos que hacemos. Y ellos mismos lo saben”… “Tenemos hijos

apadrinados que son hijos de mareros y de mareros que matan gente.

De gente que ya perdió el escrúpulo y el respeto a la vida, incluyendo la de ellos mismos”, sostuvieron representantes de dos organizaciones que buscan prevenir la violencia en San Pedro Sula y Tegucigalpa.

AL MAL TIEMPO… Mientras las condiciones de seguridad y violencia en el país no mejoran de manera ostensible, las instituciones que laboran a favor del desarrollo de comunidades rurales y urbanas se atienen a los resultados de normas, personales o institucionales, que adoptan para preservar su integridad.

Las autoridades de seguridad reportan una baja en la línea ascendente de homicidios, pero las organizaciones perciben una involución en los niveles de seguridad, evidentes en la ampliación de la mancha de la violencia en más puntos de la geografía nacional; en el temor a la denuncia, que es alimentado por una cultura de miedo y derrota; en la familiarización de la población con la muerte violenta; en la impunidad frente al delito y en el encierro de las familias, a horas cada vez más tempranas, en sus hogares, entre otras señales de alarma.

Las malas experiencias son múltiples, pueden contarse por centenares a lo largo de varios años de trabajo y en su conjunto, pero se les aborda como casos aislados, casi con la misma naturalidad con que el ciudadano de a pie asume los riesgos de cada día.

De ahí que el diagnóstico formulado por el CIPRODEH no haga constar sobre la existencia de protocolos escritos que las instituciones hayan adoptado para la preservación de su personal y de sus bienes 29 septiembre 2014

DEBATE frente a posibles agresiones. Y menos aún, de la búsqueda de un diálogo entre las instituciones para hacer frente común al problema.

Ni siquiera es evidente que este tema sea abordado y analizado con la seriedad que amerita sobre la mesa de trabajo y no solo en los pasillos, cada vez que uno de sus empleados reporta cuál fue su aventura del día.

Entre las medidas adoptadas a título individual o como instituciones, pueden citarse las siguientes: colocación de cámaras de vigilancia en las oficinas centrales, readecuación de horarios de trabajo en

las comunidades, uso de teléfonos celulares de bajo costo cuando se visita las comunidades, contratación de medios de transporte más seguros cuando el caso lo amerita, contratación de servicios de vigilancia privada, identificadores de llamadas telefónicas o rehusar contestar a números desconocidos, colocación de llavines de buena calidad, comunicación continua desde las sedes hacia las zonas de desplazamiento, rotación del personal, garantizar saldo permanente en la telefonía móvil, no realizar trabajos nocturnos en oficina, portar chalecos o identificaciones visibles de los

centros de trabajo, nunca realizar visitas comunitarias solos, recorrer las comunidades en compañía de sus líderes o personas respetadas y no portar objetos de valor, montar los eventos comunitarios a puertas abiertas o extramuros, desarrollar terapias recreacionales contra el pánico, y —en casos extremos— delimitar dentro de las “zonas calientes” las “áreas rojas”, consideradas como las más conflictivas, a las cuales no debe ingresar el personal.

Las acciones adoptadas son respuestas a las consecuencias de la inseguridad. Corresponde al Estado atacar sus causas.

He aquí un trabajo de síntesis que perfila un panorama general de la evolución de la educación primaria, secundaria y normal en Honduras a lo largo de los siglos XIX, XX e inicios del XXI, a partir de una lectura crítica de la bibliografía y fuentes primarias disponibles sobre el tema.

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REFLEXIÓN

El ascenso de la “nueva” derecha en el Partido Nacional (3) El gobierno del presidente Lobo: ¿Transición política o continuidad histórica?

MARVIN BARAHONA*

Como se afirmó en el artículo precedente, erradicar un estigma social no depende de borrar un tatuaje, así como eliminar un estigma político no depende de remover el signo de los errores.

Y esto es válido para el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), cuya administración heredó, además de los problemas estructurales, el pesado lastre del golpe de Estado.

Este análisis detallado de su gestión indica que, a pesar de su prédica, su gobierno no fue uno de transición, sino un puente de continuidad entre el pasado lejano y el reciente.

INTRODUCCIÓN A pesar de los antecedentes y de un contexto político, económico y social fácil de adivinar después del cataclismo político-institucional que fue el primer golpe de Estado del siglo XXI, abordar la administración Lobo Sosa ofrece varios niveles de dificultad. El primero se relaciona con el tema central de este artículo: ¿debe ser incluido el gobierno de Lobo Sosa entre los gobiernos de la “nueva” derecha originados en el Partido Nacional?, o por el contrario, ¿favoreció el golpe de Estado la fusión de la nueva derecha con la vieja “argolla” partidaria? ¿Fue este “un gobierno de transición”, o solo fue una solución de continuidad para asegurar el mandato del bipartidismo tradicional?

Las dificultades para responder a estas inquietudes estriban en la complejidad que adquirió el régimen político hondureño desde el 28 de junio de 2009, porque en el ejercicio del poder político no existen los cortes temporales que el análisis social introduce para

*

Historiador, doctor en Ciencias Sociales, autor de Evolución histórica de la identidad nacional, Tegucigalpa, Guaymuras, 1991, y Honduras en el siglo XX. Una síntesis histórica, Tegucigalpa, Guaymuras, 2004, entre otras obras de contenido histórico y social.

facilitar la comprensión de su objeto de estudio; por el contrario, en el ejercicio del poder político prevalece la continuidad del patrón dominante en los períodos más largos, a pesar del dramatismo implicado en la ruptura institucional de 2009. En suma: ¿es golpista la nueva derecha del Partido Nacional? ¿Solo se plegó, temporalmente, a los designios de la vieja derecha? ¿Cuál es el rumbo previsible de las fuerzas políticas ubicadas a la derecha del espectro político?

Hasta la fecha, amplios sectores de la sociedad hondureña han visto en la nueva derecha del Partido Nacional una alternativa viable y modernizadora para impulsar las reformas que el país necesita, sin introducir sobresaltos cataclísmicos. Así lo demuestra el apoyo y la simpatía popular que llevó al poder a los expresidentes Callejas y Maduro, cuyos gobiernos marcaron significativamente la última década del siglo anterior y la primera del presente.

Los electores nacionalistas son plenamente conscientes de la historia de su partido y de las tendencias que se agitan en su interior desde la segunda mitad del siglo pasado, cuando la dictadura del general Carías y la presidencia civilista de Juan Manuel Gálvez establecieron una frontera visible entre el mandato dictatorial y el reformismo moderado, como tendencias que marca31 septiembre 2014

REFLEXIÓN rían la historia de dicho partido en las últimas décadas.

Plegarse a los militares y ponerse a su servicio fue siempre el signo más visible de la línea dura del Partido Nacional, mientras que un grado mayor de civilidad y una alianza más sutil con las Fuerzas Armadas fueron las características asumidas por la vertiente reformista y modernizadora de este partido.

En contraste, y en cierta medida en conflicto con estos argumentos, desde 2009 ambas tendencias hicieron causa común con el golpe de Estado y las fuerzas militares, haciendo que las expectativas populares a favor de la nueva derecha del Partido Nacional —que hasta ese momento representaba un punto de equilibrio entre el radicalismo de derecha y de izquierda—, comenzara a declinar en las urnas y a erosionarse en la conciencia pública.

Desde esta perspectiva, definir con mayor precisión el lugar que ocupa la nueva derecha del Partido Nacional en el espectro político constituye un tema de interés nacional, y este es el propósito de este artículo que busca identificar, en los patrones de conducta de los actores políticos, causas y motivos que contribuyan a explicar la profunda crisis en que se encuentra Honduras, y la no menos profunda fragilidad de sus instituciones y del Estado de derecho; todo ello debiera permitirnos, además, vislumbrar el devenir del régimen político hondureño.

LA FRAGILIDAD ECONÓMICA A LA ORDEN DEL DÍA Pocas cosas —entre las muchas que pasaron entre el golpe de Estado y la asunción de Lobo Sosa a la Presidencia—, afectaron tanto y al unísono a la población y al gobierno, como la economía. Los principales factores estaban a la orden del día y a la vista de todos.

La recesión económica mundial impactaba atenuadamente la economía hondureña desde 2008 pero, a inicios de 2010, era acompañada por una caída de las exportaciones y la disminución de las remesas familiares; mientras que la crisis política provocó, desde la instauración del régimen de facto, la suspensión de programas de asistencia financiera de la cooperación externa y la caída de inversión extranjera directa, que en conjunto representaban el 12% del PIB. Las cifras de la crisis eran tan evidentes como preocupantes: el endeudamiento interno ascendía a 23,000 millones de lempiras, las reservas internacionales reportaban la

pérdida de 400 millones de dólares y la deuda flotante era de 6.000 millones de lempiras; los ingresos fiscales caían en 5,000 millones y se perdían 89 mil empleos, según informes de las secretarías de Finanzas y Trabajo1.

Los empresarios no se quedaban atrás en sus lamentos. El fiscal de la junta directiva de la Cámara Nacional de Bienes Inmobiliarios y Raíces (Canabhir), Isidoro Enamorado, sentenció que la crisis “nos dio un golpe similar al que nos dio el huracán Mitch”, agregando que, debido a la baja demanda de bienes inmuebles, el sector de la construcción registró una contracción de 6%2. Según otros empresarios, como Jaime Rosenthal, Honduras perdió $ 400 millones (9.000 millones de lempiras) por la crisis política que afectó al país desde el 28 de junio de 20093. Alejandro Álvarez, vicepresidente del COHEP, ubicaba la pobreza en 69% y la extrema pobreza en 34%, afirmando que para superarlas se necesitaba empleo y un clima de negocios adecuado, además de seguridad jurídica y ciudadana4.

Y cuando hay empleo —respondía el dirigente laboral Carlos H. Reyes—, las transnacionales violan el Código del Trabajo por medio del empleo temporal que, según el sindicalista, no reconocía derechos laborales y, por el contrario, generaba como consecuencia que por cada empleado permanente hubiese 21 en la condición de trabajadores temporales. En estos casos —sentenció—, el Código del Trabajo sirve únicamente para echarlo al cesto de la basura5.

La reactivación económica pasaba, según la concepción dominante, por el fortalecimiento y promoción de la industria maquiladora, esa forma disfrazada de economía informal y precaria implantada por el neoliberalismo, percibida en las últimas décadas como la tabla de salvación de la economía, y así se le seguía viendo a inicios de 2010: “Anuncian 7,000 nuevos empleos en la maquila”6.

No obstante, incluso antes del traspaso de mando del gobierno de facto a la administración Lobo Sosa,

2 3 4 5

1

Tiempo, “Unidad nacional y recuperación económica, retos de Pepe Lobo”, 27 de enero 2010, p. 2.

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6

Tiempo, “Bienes Raíces cierra un año para el olvido”, 4 de enero 2010, p. 8.

Tiempo, “9.000 millones pierde Honduras por la crisis política y económica”, 20 de enero 2010, p. 3.

Tiempo, “Empresarios enriquecen Plan de Nación de Lobo”, 13 de enero 2010, p. 2.

Tiempo, “Transnacionales violan el Código de Trabajo”, 16 de enero 2010, p. 6.

Tiempo, 17 de enero 2010, p. 10.

REFLEXIÓN se sabía que el impacto del fenómeno de El Niño7 sería de aproximadamente 9.800 millones de lempiras en 2010, según cálculos de organismos financieros internacionales. La falta de lluvias traería sequías que afectarían, principalmente, la agricultura de las regiones central y sur. Los cálculos oficiales no se quedaban atrás: la Copeco estimaba en 250 mil las personas en riesgo de hambruna. No obstante, el telón de fondo era otro: la falta de riego, de mecanización y dotación de semilla mejorada, así como la ausencia de planificación estratégica de la economía para prevenir estos casos8.

Por otra parte, desde el frente más importante de la economía —la migración—, sor Valdette Willeman y el Centro de Atención al Migrante Retornado (CAMR) informaban que en 2008 fueron deportados de Estados Unidos 30.018 hondureños solo por la vía aérea, cifra que en 2009 bajó a 25.158. Sin embargo, esta disminución, de 9.4%, preocupó a la religiosa porque, en su opinión, esto se debía a que miles de hondureños estaban encarcelados en EUA. Antes de 2009, los migrantes eran retenidos de dos a tres meses en los centros de detención estadounidenses, pero el periodo se amplió a 5 y hasta 6 meses en 2009. Las cárceles conocidas como Los Corralones, en Texas, estaban repletas de hondureños. Pese a ello, los funcionarios consulares en esa área no trabajaban desde la crisis política de 20099.

ZOZOBRA EN SALUD, VIVIENDA Y SEGURIDAD La situación de salud era también calamitosa y al borde de una crisis de grandes proporciones. La Secretaría de Salud informó de más de 6.800 casos de malaria a nivel nacional, de 13.871 casos de dengue clásico, de 496 de dengue hemorrágico, que ya había provocado 12 muertes, y más de 700 casos de influenza A1HN110. Solo el repunte del dengue clásico, en enero de 2010, significó un incremento del 600% en comparación con el mismo período de 200911. Y un “peligroso hongo” mataba a 7

Cambio brusco de las masas de aire que provoca el calentamiento de las aguas de América del Sur, afectando con sequías muy acentuadas, baja presión atmosférica, períodos muy húmedos y hasta pérdida de pesca.

8 Tiempo, “Impactos económicos de El Niño sería de 9800 millones”, 2 de enero 2010, p. 3.

9 Tiempo, “Bajan deportaciones, pero aumentan los encarcelados”, 2 de enero 2010, p. 4.

10 Tiempo, “Más de 6.800 casos de malaria en el país”, 3 de enero 2010, p. 6.

11 Tiempo, “Se disparan los casos de dengue”, 20 de enero 2010, p. 6.

siete pacientes en el Hospital Escuela12. A la vez, la infraestructura hospitalaria colapsaba o entraba en una situación de precariedad total que urgía de correctivos, entre otras causas por insuficiencia financiera, como el Hospital Escuela de Tegucigalpa que, al iniciarse 2010, mantenía una deuda de 300 millones de lempiras con sus proveedores13.

La situación de vivienda, como en las décadas anteriores, era apremiante por su elevado déficit; solo en San Pedro Sula, la Alcaldía informaba que 16 mil familias vivían en 16 bordos de la ciudad, en condiciones de ilegalidad y precariedad alarmantes14. Mientras, se denunciaba que el alcalde anterior, Rodolfo Padilla Suncery, había autorizado la transferencia de 300 millones de lempiras, fuera del presupuesto, dejando la sospecha de que la corrupción pública prevalecía en la administración municipal y que estaba relacionada estrechamente con la situación de miseria que afectaba a miles de familias en San Pedro Sula15.

A ello se sumaron dos hechos que aumentaron significativamente desde inicios de 2010: las extorsiones a través de mensajes de celular y el uso de motocicletas para el sicariato, que profundizaron la situación de inseguridad y aumentaron la sustracción de los pocos recursos disponibles en la población. Las empresas de transporte, por ejemplo, pagaban a las pandillas y al crimen organizado, a finales de enero de 2010, hasta 80,000 lempiras (US$ 4,000) mensualmente, cada una, para evitar más muertes de trabajadores y usuarios de sus servicios16.

CARENCIA EN UNOS, ABUNDANCIA EN OTROS La copa rebosaba y hacía nadar en la opulencia al sistema bancario, que disponía de una liquidez de diez mil millones de lempiras17, siendo este uno de los sectores en salir no solo indemne, sino ganancioso en todas las crisis de las últimas décadas. Este es un indicador del alto grado de concentración de la riqueza en Honduras, así como de la escasa confianza de la banca 12 Tiempo, 20 de enero 2010, p. 6.

13 Tiempo, “El Hospital Escuela debe alrededor de 300 millones de lempiras a sus proveedores”, 13 de enero 2010, p. 8.

14 Tiempo, “Analizarán dar viviendas a familias de los bordos”, 5 de enero 2010, p. 8.

15 Tiempo, “Padilla Suncery transfirió 300 millones fuera de presupuesto en 2008”, 14 de enero 2010, p. 8.

16 Tiempo, “Piden frenar extorsiones”, 29 de enero 2010, p. 16.

17 Tiempo, “Banca nacional está sólida”, 18 de enero 2010, p. 2.

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REFLEXIÓN privada en la inversión nacional, especialmente en el campo, demostrando así que los recursos existen en Honduras, pero que no están disponibles para todos.

La situación general de la población era grave y no parecía admitir paliativos. El principal esfuerzo de 2010 debía encarar, seriamente, los agudos problemas derivados de la pobreza, la crisis económica, la crisis política e institucional, el desempleo y la inseguridad. Desde los imperativos del momento, un medio de comunicación exigía al nuevo gobierno una “conducción seria, capacitada, responsable y eficaz”. Y, a la sociedad civil, se le sugería una posición “vigilante y juiciosa ante el gobierno y la élite del poder”18. Sin embargo, esta necesidad debía a su vez enfrentar un problema estructural vinculado al uso tradicional del poder y a las secuelas del golpe de Estado de 2009.

EL DISCURSO OFICIAL: RECONCILIACIÓN, UNIDAD NACIONAL, OLVIDO Y PERDÓN El presidente Lobo tomó posesión de su cargo en una ceremonia deslucida, con pocos concurrentes locales y una ausencia notoria de delegaciones internacionales que, tradicionalmente, dan legitimidad al nuevo gobierno con su presencia y respaldo. Su discurso, como era de esperar, asumió un tono conciliador, sin que faltaran las promesas populistas.

En su alocución dijo que la amnistía política “es el principio de la reconciliación, el perdón de parte del Estado para perdonar a todos”, y acto seguido anunció que instalaría una Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional para esclarecer los hechos del 28 de junio de 2009. Asimismo, aseveró que los hondureños “Hemos superado los desacuerdos, dejamos el pasado atrás y sólo vemos hacia delante, hacia un horizonte brillante y prometedor”. En el mismo acto sancionó la Ley del Plan de Nación y afirmó que “Ya no podemos permitir que ninguna familia vaya a la cama con el estómago vacío… la calidad de vida del hondureño tiene que mejorar”.

El recuerdo de la crisis de junio de 2009 estuvo muy presente en el discurso de toma de posesión, aunque solo fuese para obtener recursos frescos de la comunidad internacional, al señalar que, debido a la crisis del golpe de Estado, Honduras dejó de percibir 2.000 millones de dólares en ayudas. El populismo se dejó entrever en la promesa de dar 10 mil lempiras anuales a las 600,000 familias más pobres del país, reactivar 18 Tiempo, “Año Nuevo”, editorial, 2 de enero 2010, p. 21.

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los sistemas de salud, impulsar la educación pública bilingüe con una computadora por alumno y erradicar la desnutrición infantil. Prometió, además, seguridad para liberar a barrios y colonias de los delincuentes y combatir la corrupción en todos sus niveles. “Los corruptos deben ir a la cárcel y punto”, sentenció con alguna firmeza el nuevo presidente, para culminar con su promesa de “volver la vista al campo”19.

Los aspectos más relevantes de este discurso fueron ampliamente cuestionados durante los cuatro años de mandato. Los más polémicos fueron la amnistía política; el Plan de Nación; el gobierno de unidad nacional; la carta de impunidad otorgada a los altos oficiales militares que participaron en el golpe de Estado, y la solución final a la crisis provocada por la presencia del expresidente José Manuel Zelaya en la embajada de Brasil en Tegucigalpa. En estas polémicas se diluyeron los cuatro años de mandato de Porfirio Lobo, dejando en el ambiente la sensación, más que patente, de que este era un camino práctico para romper el nudo gordiano de la crisis político-institucional, pero que, a la vez, era más un puente de hamaca que un camino efectivo y prometedor en el largo plazo.

LA AMNISTÍA POLÍTICA La amnistía política era un arma de doble filo. Por una parte representaba una solución parcial a la crisis política, pero al estilo hondureño, es decir, dejando los hechos en la impunidad y el silencio. Y, por otra, revelaba que durante el golpe de Estado se cometieron delitos contra la población y el Estado de derecho que ameritaban un castigo ejemplar; pero este polvorín era capaz de provocar un nuevo estallido del conflicto todavía latente, logrando así un efecto completamente distinto del buscado. Y, más allá, como señalaba un editorial, si se castigara a todos los altos funcionarios del golpe de Estado “tendríamos en Honduras un nuevo caso de impacto mundial, similar al del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, porque los requerimientos abarcarían también a los fiscales generales, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los diputados al Congreso Nacional…”, que dieron el golpe e instalaron la dictadura20.

Estas posturas se reflejaron en la discusión sostenida en el Congreso Nacional, desde el 11 de enero de 2010, cuando los diputados afines al gobierno de facto 19 Tiempo, “Reconciliación, seguridad y calidad de vida, ofrece Lobo”, 28 de enero 2010, p. 4.

20 Tiempo, “Simulacro judicial”, editorial, 7 de enero 2010, p. 19.

REFLEXIÓN se reunieron para discutir la aprobación de la amnistía: el punto central eran los delitos a ser perdonados. En la tragicomedia en que se convirtió esta solución a medias de la crisis, destaca que los mismos diputados que avalaron el golpe de Estado eran quienes aprobarían el perdón por los delitos cometidos durante el mismo, por lo que algunos diputados opositores arguyeron “vicios de ilegalidad porque los diputados que la aprobarán participaron en el rompimiento del orden constitucional”. Otro punto que generó discordia fue la falta de consenso en torno a la propuesta, considerando que, según sus opositores, solo se consultó a los sectores que alentaron y apoyaron el golpe de Estado, como las iglesias, los empresarios y las organizaciones integradas por gente de las clases media y alta, dejando al margen de la consulta a obreros, campesinos, al magisterio, a los patronatos y otras organizaciones populares.

Los defensores de la amnistía afirmaban que debían ser perdonados los asesinatos de miembros de la Resistencia, los hechos relacionados con el golpe de Estado y las acciones para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. No obstante, el uso de fondos públicos para instalar la cuarta urna no fue contemplado.

El ex Fiscal General, Edmundo Orellana Mercado, sostenía que una amnistía política en tales términos podía ser declarada inconstitucional, porque los diputados “se autoperdonarán”. El jurista argumentaba que “Es como que les digamos a los delincuentes que ellos decidan si van a la cárcel o no…”. Sostuvo, además, que las amnistías en Honduras provocaban impunidad porque las leyes penales tienen vacíos en la calificación de los delitos de corrupción, y esta amnistía tendería a incluir los actos de corrupción cometidos antes y después del 28 de junio. Y por estos motivos, diversos sectores se opusieron a la amnistía, temiendo que se fomentara y garantizara la impunidad de actos de corrupción y de delitos comunes como los asesinatos contra dirigentes y activistas populares. En ese momento se reconoció que el Congreso Nacional había consultado únicamente a las iglesias Católica y Evangélica, al Consejo Nacional Anticorrupción, al Foro Permanente de la Sociedad Civil, a los empresarios y a la Unión Cívica Democrática (UCD), que también estaban contra la amnistía porque exigían cárcel para el ex presidente Zelaya y sus colaboradores21.

Aunque el presidente Lobo sostuvo siempre que apoyaba la amnistía para que “no haya vencedores ni 21 Tiempo, “Congreso discutirá hoy aprobación de amnistía política”, 11 de enero 2010, p.

vencidos”22, el hecho es que detrás de esta había otras presiones, como las de la comunidad internacional, que exigía soluciones a la crisis política, lo que pasaba por la aprobación de la amnistía política y que Roberto Micheletti dejara el poder antes del 27 de enero de 2010, antes de la toma de posesión del nuevo gobierno23. Este desacuerdo entre los actores políticos, por razones distintas, hizo que en determinado momento la Resistencia y la UCD convergieran en los bajos del Congreso para protestar contra la amnistía24.

Entre los actores políticos representados en el Congreso Nacional no hubo un acuerdo inicial; el Partido Liberal se abstuvo de votar, el Nacional y la Democracia Cristiana votaron a favor, mientras que el PINU-SD y Unificación Democrática votaron en contra. El PINU-SD fue el único en emitir un voto reflexivo, bastante alejado de la confrontación entre los bandos en pugna y más a tono con las normas de un Estado de derecho, argumentando que primero se debía decir a quiénes se perdonará y por qué, exigiendo que para tal definición se instalase primero la Comisión de la Verdad25.

En suma, como señalaba un editorial, la amnistía “plantea más incoherencias y conflictos jurídicos y políticos… que pone de relieve la esencia de la conspiración para el derrocamiento del gobierno legítimo y las falacias para la justificación legal de ese hecho…”.

Agregaba que si los comprometidos con el golpe de Estado hubiesen actuado con apego a las leyes, el reclamo de amnistía “resulta una sugestiva incoherencia porque con ello reconocen, de plano, que sí hubo golpe de Estado, tanto más que del régimen derrocado no sólo no la solicitan sino que rotundamente la rechazan”.

Se preguntaba, entonces, amnistía para qué y para quiénes, y respondía que se hacía “en el interés de la fiscalía general, del Poder Judicial y del Congreso Nacional de protegerse a sí mismos y al alto mando militar construyendo el refugio de la amnistía general, aunque al mismo tiempo le rompan el espinazo a la fementida ´sucesión constitucional´”26.

22 Tiempo, “La amnistía es necesaria para resolver problemas del pueblo”, 11 de enero 2010, p. 2.

23 Tiempo, “Pepe confía que Micheletti se irá antes del 27 de enero”, 11 de enero 2010, p. 4.

24 Tiempo, “La Resistencia y camisas blancas rechazan amnistía”, 12 de enero 2010, p. 6.

25 Tiempo, 27 de enero 2010, p. 3.

26 Tiempo, “¿Amnistía para quiénes?”, editorial, 12 de enero 2010, p. 19.

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REFLEXIÓN No obstante, la amnistía fue aprobada por el Congreso en los términos propuestos por el Poder Ejecutivo, dejando así abierta la posibilidad de que los temas relacionados con el golpe de Estado continúen en la agenda nacional e internacional, sobre todo en cuanto a la deducción de responsabilidades, el castigo de los culpables y el resarcimiento de las víctimas.

EL PLAN DE NACIÓN Cuando el presidente Lobo sancionó la Ley del Plan de Nación, el día de su toma de posesión, sostuvo que este se basa en “la persona humana, el bien común, solidaridad y subsidiariedad, poniendo siempre a la persona humana como la base de la sociedad y el objetivo primario del gobierno”. El Congreso aprobó la ley en la noche del 13 de enero de 2010, sin consulta ni consenso previo con otros sectores. Y así el Plan de Nación quedó huérfano del apoyo popular y del respaldo de importantes sectores políticos, económicos y sociales.

Su objetivo es reducir la pobreza en 1.6% cada año, durante 28 años. No obstante, los diputados que lo respaldaron no pudieron explicar por qué era preciso esperar 28 años para reducir en 45 puntos la pobreza que, según algunas opiniones, es “mucho menos que lo que se ha logrado en los buenos años que ha tenido Honduras”. Es preciso, además, esperar 28 años para aumentar 4 años de escolaridad promedio (de 5 a 9 años en mayores de 15 años) hasta alcanzar, en el año 2038, 9 años de escolaridad promedio. A ello se agrega la promesa de incluir en la cobertura de la seguridad social al 90% de los asalariados y a la mitad de los trabajadores informales. En cuanto a seguridad ciudadana, el Plan se propone reducir la criminalidad a niveles inferiores al promedio mundial, es decir, de 60 a 13 homicidios por cada cien mil habitantes por año; los robos pasarán de 78 por cada 100,000 habitantes a únicamente dos; los accidentes viales de 172 a 4; las violaciones sexuales se reducirán de 21 a 12; y los delitos de narcotráfico de 710 a 5027. El Plan de Nación consta de 4 objetivos, 21 metas y 58 indicadores, para cuya implementación divide el país en seis regiones.

Los comentarios y la reflexión crítica sobre un plan de nación por decreto no se hicieron esperar; uno de tales comentarios señalaba: “…la presentación del Plan Nacional de País para el período 2010-2038 tiene el objetivo de crear la ilusión de un camino trazado y listo para emprenderlo, pero su viabilidad es obje27 Tiempo, “Diputados aprueban la Ley del Plan de Nación” (a mata caballo), 14 de enero 2010, p. 3.

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tivamente poco posible y su destino es anestesiar la mente colectiva”. Y apuntaba, entre sus debilidades, que las fuentes que le sirvieron como soporte fueron otros proyectos ya conocidos, como Bases para un Plan de Nación, del gobierno del expresidente Zelaya; y, sobre todo, el Plan Nacional de Desarrollo, Hacia un Estado Comunitario (2006), del presidente Uribe en Colombia. Por eso, el editorial calificó el Plan de Nación como una “sugestiva hibridación heterodoxa”. En el trasfondo, señalaba el editorial, lo que se busca con dicho plan y la ley que lo sustenta es crear una “legitimidad postiza” del gobierno, agregando con ironía que una de las barreras del Plan era que “…no tenemos expertos en idiosincrasia y realidad colombiana”28.

Por su parte, el comentarista político Juan Ramón Martínez señaló que en el Plan de Nación hacía falta definir los medios para lograr los objetivos, porque se enfatizaba principalmente en los resultados, además de otorgarle la preeminencia al Estado sobre la empresa privada. En su argumento más punzante, manifestó que “los que dirigen el esfuerzo no tienen ningún interés en determinar las reformas que hay que introducir al país, tanto en el plano cultural, estructural, político o económico”. En suma, para Martínez, el Plan de Nación era como “los nuevos espejitos con los cuales las clases políticas tradicionales buscan mantener entretenido al pueblo hondureño por los próximos 28 años”29.

Uno de los pocos defensores del Plan de Nación —el político democristiano y actual ministro de Seguridad Arturo Corrales Álvarez—, recurrió a una argumentación basada en el valor didáctico de la historia reciente, al sostener que era urgente aprobarlo “para evitar que haya más 28s de junio, no creo que lo que sucedió ese día fue producto de los últimos tres meses de ese gobierno, sino que fue el resultado de toda una descomposición política y social que provocaron los gobiernos que hubo en las últimas tres administraciones”. También defendió la inseminación artificial del Plan al afirmar que este “no tiene ni papá ni mamá”, porque en su elaboración participaron todos los sectores30, sin decir cuáles.

Lo más importante a destacar, en este caso, es que el Plan de Nación resultó ser un anacronismo históri28 Tiempo, “Patas arriba”, editorial, 6 de enero 2010, p. 20.

29 Tiempo, Juan Ramón Martínez, “Plan de País, consecuencias e inconsecuencias”, 6 de enero 2010, p. 21.

30 Tiempo, “Empresarios del norte conocen Plan de Nación”, 8 de enero 2010, p. 8.

REFLEXIÓN co, considerando que pudo ser válido en otro tiempo, cuando Honduras lo necesitó más para definir su orientación política, económica y social en el curso del siglo XX; pero no al iniciarse la segunda década del siglo XXI, cuando todas las cartas sobre esas materias estaban echadas, y cuando toda iniciativa gubernamental era percibida más como un premio de consolación por el golpe de Estado, que como una iniciativa auténtica, pertinente y realista en una coyuntura difícil para el país.

En este sentido, el Plan de Nación solo sirvió para recordar la necesidad de que Honduras cuente con un verdadero Proyecto de Nación que recoja todas las demandas sociales, que evalúe las carencias del país y se proponga aprovechar más y mejor sus recursos, desarrollando una visión estratégica transformadora y a la altura de las necesidades de sus ciudadanos.

EL GOBIERNO DE RECONCILIACIÓN Y UNIDAD NACIONAL A finales de 2009 e inicios de 2010 no cabía duda de que la reconciliación y la unidad nacional serían desafíos de primer orden para el nuevo gobierno, considerando los efectos de la polarización como remanente histórico y secuela del golpe de Estado, y también “por la debilidad en torno a la legitimidad de los productos electorales”31. Y para muchos no había duda de que la lucha por la legitimidad y legalidad sería la fortaleza y la debilidad del nuevo gobierno, una ambigüedad que dejaba al descubierto la naturaleza del poder político en Honduras y la desorientación provocada por el golpe de Estado entre los actores políticos en las más altas esferas gubernamentales.

Y esta lucha por la legitimidad del poder establecido y por la legalidad del nuevo gobierno es lo que marcó la mayoría de comentarios y análisis que se hicieron en torno al gobierno de reconciliación y unidad nacional del presidente Lobo. La didáctica de la historia reapareció en este tema, dejando al descubierto que Honduras seguía debatiéndose en las sombras de su propia historia y en las tendencias más sobresalientes de esta, al afirmarse, por ejemplo, que “Para quienes conocen con certeza y objetividad el entramado de la élite del poder en Honduras ese objetivo (la unidad nacional) era inalcanzable por la vía del diálogo, pues el control del poder en nuestro país hace buen rato que tornó a ser de naturaleza mafiosa”.

31 Tiempo, “Primera legislatura”, editorial, 25 de enero 2010, p.

21.

El entramado del poder era el mismo de la historia nacional, al constatarse que en la historia política hondureña, después de los golpes de Estado, se ha recurrido siempre a restaurar la legitimidad del ejercicio del gobierno con el Poder Constituyente, excepto tras el golpe de Estado de 2009, cuando no hubo pausa para la transición política, sino continuidad de una situación dolosa que destruyó todo fundamento de legitimidad y de legalidad para los gobiernos posteriores al régimen de facto. Y por ello, un editorial se atrevió a vaticinar que Lo que se viene, entonces, es un período de incontenible efervescencia política y social, tanto más cuando la fórmula de reconciliación y unidad nacional no da visos de trascender al segmento popular de la nación, ciertamente el mayoritario, y está concentrado en el círculo cerrado de la élite política dominante, con la que la ultraderecha cubano-americana y venezolana se siente muy a gusto, por no decir hermanada32.

Las argumentaciones, basadas en la experiencia histórica, siguieron produciéndose en torno al nuevo intento de crear un gobierno de unidad nacional como paliativo de la crisis prevaleciente desde 2009, pero huérfano de consenso y de una base social que lo respaldara. Un nuevo editorial comparaba a los gobiernos de integración nacional con simples “apariencias” que, en lugar de constituirse en torno a un proyecto nacional basado en el consenso social y político, guiado por el interés nacional y los objetivos estratégicos de la nación, más bien han sido “una distribución arbitraria de secretarías de Estado y del botín burocrático”. A ello se añadía el sustrato histórico, al agregar: Precisamente ese tipo de integración nacional restringida desembocó en los últimos 25 años en un modelo de mafia unipartidaria, por la fusión de las élites liberal y nacional —ambas conservadoras— con la élite económica, dándole a esta última la primacía del control efectivo del poder público. Tal degeneración del bipartidismo es, en considerable medida, un antecedente en el desencadenamiento de la crisis política actual.

En última instancia, argumentaba que el golpe de Estado no puede “blanquearse” con las elecciones de noviembre de 2009 y tampoco con un gobierno de unidad nacional. Sustentaba esta postura arguyendo que “el proceso electoral de noviembre fue contaminado por 32 Tiempo, “A mitad del camino”, editorial, 8 de enero 2010, p. 21.

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REFLEXIÓN el golpe hasta llegar a ser producto de éste, en virtud del elevado abstencionismo electoral”33.

Estas afirmaciones no carecían de fundamento.

No era por decreto que se podía reconciliar un país dividido y polarizado hasta su máxima expresión y, de la noche a la mañana, unificarlo en torno a un Plan de Nación que pocos sabían de dónde había salido. Una muestra de ello la daba la bancada del gobernante Partido Nacional en el Congreso, que poco antes del cambio de gobierno amenazó con pedir la revisión de todas las contrataciones y acuerdos administrativos avalados por el gobierno de facto de Micheletti, así como de los exagerados aumentos de salarios decretados a favor de los correligionarios de dicho gobierno.

Según el diputado Celín Discua (PN), “el gobierno se está repartiendo con la cuchara grande contratos que dejarán amarrado al próximo gobierno con compromisos de pago en detrimento de los fondos públicos”. Los millonarios contratos suscritos por el gobierno de facto estaban relacionados con la reparación de carreteras, la compra de materiales y el abastecimiento de agua34.

El proyecto de unidad y reconciliación nacional se descompuso entre ideas que proclamaban la unidad como resultado de la reconciliación, y hechos que atizaban la discordia para negar la reconciliación y darle la espalda a la unidad nacional. Una nueva deuda con el consenso social y político quedó inscrita en la agenda futura de Honduras.

LA GARANTÍA DE IMPUNIDAD PARA LOS IMPLICADOS EN EL GOLPE DE ESTADO Este fue otro de los escollos que debió enfrentar el gobierno del presidente Lobo; un verdadero reto, pero cuya solución no estaba en sus manos sino en la Corte Suprema de Justicia, que se mantuvo intacta antes y después del golpe de Estado. Según el juez natural nombrado en el caso, Jorge Rivera Avilés, quien además fungía como presidente de la Corte Suprema, Los miembros de la Junta de Comandantes no incurrieron en los delitos de abuso de autoridad y expatriación ilegal en perjuicio del presidente Manuel Zelaya Rosales el 28 de junio, porque más bien evitaron un derramamiento de sangre.

Desde esa conclusión, el juez dictó un sobreseimiento definitivo a favor de los generales Romeo Vásquez 33 Tiempo, “Unidad nacional”, editorial, 13 de enero 2010, p. 21.

34 Tiempo, “Nacionalistas anuncian un freno a piñata de contratos del gobierno”, 5 de enero 2010, p. 4.

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Velásquez, Venancio Cervantes, Carlos Antonio Cuéllar, Miguel Ángel García, Luis Javier Prince y Juan Pablo Rodríguez, miembros de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas. La resolución agregaba que, “en aras de preservar la democracia, la paz, la integridad material y física del propio señor Zelaya optaron por trasladarlo a la capital de Costa Rica”. Los militares señalados justificaron su acción afirmando que lo hicieron “tomando en cuenta que era preferible el derecho de la sociedad de vivir en paz y sin derramamiento de sangre”.

Las organizaciones de derechos humanos calificaron el juicio como “un circo”, reafirmando su incredulidad en que el Ministerio Público hubiese tenido la pretensión de encarcelar a los militares implicados, en vista de que, a su juicio, hasta los magistrados de la Corte Suprema se involucraron en el golpe de Estado35.

A esto se le llamó “autoperdón”. Y, como resultado, quedó una cuenta pendiente que las organizaciones de derechos humanos y otras de la sociedad civil elevaron como denuncia ante tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI)36 que, en esos días, inició sus indagaciones preliminares37.

LA PERMANENCIA DEL EXPRESIDENTE ZELAYA EN LA EMBAJADA DE BRASIL La solución implementada por el presidente Lobo, en este caso, fue la de ofrecer un salvoconducto al expresidente para que abandonase la embajada de Brasil, que ocupaba desde hacía algunos meses; esto se logró tras negociaciones en las que participaron los mandatarios de Colombia y Venezuela, de las que surgieron los Acuerdos de Cartagena de Indias38.

35 Tiempo, “Absueltos militares de responsabilidad penal”, 27 de enero 2010, p. 8; “Rivera Avilés deniega captura contra militares”, 12 de enero 2010, p. 3; “La CIDH confirma en informe final violación sistemática de los derechos humanos”, 22 de enero 2010, p. 6; “Defensa de los militares dice que la expatriación evitó convulsión social”, 23 de enero 2010, p. 8.

36 Tiempo, “Jorge Rivera y Luis Rubí en la mira de la Corte Penal Internacional”, 16 de enero 2010, p. 2.

37 Véase al respecto, en este mismo número, el artículo de Joaquín A. Mejía R., “Presupuestos básicos del derecho a la participación política: El caso de los golpistas y corruptos”.

38 Tiempo, “Pepe Lobo firma acuerdo: el país hacia la reconciliación” (promete salvoconducto a Zelaya), 21 de enero 2010, p. 1; “Salvoconducto primer paso para traerle paz a la nación”, 21 de enero 2010, p. 3; “Lobo anuncia que acompañará a Zelaya en su salida de la embajada de Brasil, se le ofreció un salvoconducto para viajar a la República Dominicana”, 27 de enero 2010, p. 4.

REFLEXIÓN La salida de Zelaya hacia un exilio forzado en la República Dominicana resolvió un problema coyuntural, que amenazaba con convertirse en uno de grandes proporciones y un motivo adicional para evitar el restablecimiento de las relaciones del nuevo gobierno con la comunidad internacional. Pero no lo resolvió definitivamente, porque dejó pendientes viejas cuentas, como se constata en las palabras de despedida del expresidente: “Volveremos… volveremos”39. Por su parte, los seguidores de Zelaya anunciaron una “mega marcha” para acompañar a su líder hasta el aeropuerto40, que sirvió como una nueva manifestación de la profunda división de la sociedad hondureña en ese momento.

No obstante la insatisfacción de las aspiraciones de diversos sectores políticos y sociales, algunos medios de comunicación apreciaron el pragmatismo del nuevo presidente señalando, para el caso, que tal decisión “denota una acertada estrategia política y diplomática para marcar distancia de la peste golpista…”; y agregaban que el Acuerdo de Reconciliación “tiene potencial para darle salida a la crisis política en Honduras… pero requiere de una sólida amplitud ideológica y de una tenaz voluntad de cambio…”. Sin dejar de mencionar que el objetivo principal, y tal vez único de tal estrategia, era reinsertar a Honduras en la comunidad internacional y asegurar su acceso a todas las formas de cooperación internacional, interrumpidas desde el golpe de Estado41.

EL CONGRESO NACIONAL Y LOS NUEVOS DESAFÍOS A la toma de posesión de los nuevos diputados al Congreso Nacional no llegó el gobernante de facto, Roberto Micheletti, y tampoco los ministros de su gabinete; por tanto, no hubo informe ni firma del acta de cierre de la legislatura anterior, ni de la apertura de la nueva. El nuevo presidente del Poder Legislativo, Juan Orlando Hernández (PN), se limitó a repetir el discurso oficial y pidió que para reconciliar el país se debía ver hacia el futuro “sin detenernos ni un minuto en el pasado, no olvidemos que el pasado nada más es bueno cuando sus éxitos son modelos y sus 39 Tiempo, “Volveremos”, 28 de enero 2010, p. 8; y, “La lucha no termina con la salida de Mel: Resistencia”, 28 de enero 2010, p. 16.

40 Tiempo, “Resistencia anuncia una mega marcha para despedir a Zelaya”, 27 de enero 2010, p. 10.

41 Tiempo, “Acuerdo de Reconciliación”, editorial, 21 de enero 2010, p. 17.

fracasos lecciones”. Propuso pasar de una democracia representativa a una democracia participativa y hacer posible una producción legislativa que “nos asegure una mejor distribución de la riqueza”. Y en el mismo molde populista del discurso oficial, agregó: “No hay más tiempo que perder, millones de hondureños que hoy viven en la pobreza y la miseria están esperando respuestas responsables de los políticos, no podemos seguir fallándoles”42.

En el Congreso Nacional las cosas estaban a satisfacción del presidente de la República, tanto que el PINU-SD se abstuvo de participar en la junta directiva del Legislativo, poco después de que los diputados del Partido Nacional (mayoría aplastante de 71 diputados)43 anunciaran que la “última palabra sobre la presidencia del Congreso la tenía el presidente Lobo, considerando que esto es un acto de subordinación de un poder del Estado a otro”44. A pesar de la insistencia oficial en olvidar el pasado, 54 de los 128 diputados de la legislatura protagonista del golpe de Estado, fueron reelectos.

El Poder Legislativo era también un poder económico a disposición del clientelismo bipartidista, que en ese momento administraba 1,250 millones de lempiras para subsidiar obras locales, a cargo y discreción de los diputados, y 142 millones para subsidiar personas e instituciones con fines benéficos45. ¿ES SUBVERSIVA LA HISTORIA? Tal vez lo más destacado en la discursividad producida por los poderes Ejecutivo y Legislativo en los días de la toma de posesión del nuevo gobierno, fueron las poco sutiles e incisivas declaraciones sobre la impertinencia del uso de la Historia, atribuyéndole —veladamente— un carácter subversivo que nadie reclamaba para ella en ese momento y tampoco durante el golpe de Estado, cuando un prominente líder religioso introdujo el tema en la agenda nacional.

42 Tiempo, “Reconciliación sin mirar el pasado promete Congreso”, 26 de enero 2010, p. 6.

43 La distribución de los diputados en el Congreso Nacional fue la siguiente: Partido Nacional 71, Partido Liberal 45, Democracia Cristiana 5, Unificación Democrática 4, PINU-SD 3. Mientras que la Junta Directiva fue integrada con 10 diputados del PN, 3 del PL, 1 DC y 1 UD. 44 Tiempo, “Cuatro partidos integran la directiva del Congreso”, 24 de enero 2010, p. 4.

45 Tiempo, “Nuevo Congreso instala hoy primera legislatura”, 25 de enero 2010, p. 12.

39 septiembre 2014

REFLEXIÓN Las exhortaciones del nuevo presidente del Congreso reanimaron el tema y hasta lo refinaron: “no olvidemos que el pasado nada más es bueno cuando sus éxitos son modelos y sus fracasos lecciones”, sin incluir el golpe de Estado en ninguna de estas categorías.

Esto concitó más de un comentario, y entre los más punzantes un editorial que —contrario a lo dicho por el presidente del Legislativo— exhortaba a aprovechar las enseñanzas de “la experiencia más traumática de la sociedad hondureña en los últimos 80 años”. Su argumento principal era el siguiente: Debido a la acumulación negativa de prácticas políticas viciadas, entre ellas la corrupción, el irrespeto a la Constitución y las leyes, el abuso de poder, el fraude electoral, el enriquecimiento ilícito, la impunidad y la inseguridad jurídica, el sistema político hondureño ha ido derivando al colapso, ante una mayoría nacional crecientemente pobre, sin educación, y, por lo tanto, sin liderazgo apropiado e impotente para hacer frente al poder establecido.

Con esa base acusaba al sistema político de haberse convertido en una “partidocracia”, incapaz de articular y dar coherencia a las demandas populares, hasta configurar con sus acciones un “Estado del botín” que se limitaba a repartir los cargos públicos y distribuir prebendas en la élite del poder, que como resultado ha creado una extrema polarización política y social46.

Esa era la “otra” historia, la más temida, la que actuaba como revulsivo del olvido proclamado por las altas esferas oficiales que, efectivamente, tenía —y sigue teniendo— el potencial de subvertir un orden caduco que solo puede reafirmarse en el statu quo y en un equilibrio inestable de sus propias fuerzas políticas.

Otro hecho, también relacionado con el Congreso Nacional y la manipulación de la Historia, se vincula con el presidente del gobierno de facto y las múltiples condecoraciones que recibió durante su corto mandato. La gota que derramó el vaso fue la decisión del Congreso —adoptada el último día de sesiones de la legislatura saliente—, de otorgarle una dadivosa “pensión vitalicia” al gobernante de facto y expresidente de ese poder del Estado, Roberto Micheletti Baín. El premio consistía en un decreto por el que se le pagaría a Micheletti un sueldo de diputado, de por vida, y además se obligaba a las Fuerzas Armadas a asignarle un fuerte dispositivo de seguridad a él y sus familiares 46 Tiempo, “¿Renovarse o morir?”, editorial, 26 de enero 2010, p.

19.

40 envío

cercanos. En la misma fecha, en un homenaje especial, se le otorgó la condecoración del Congreso Nacional en su grado de “Gran Cruz Extraordinaria con Placa de Oro”47. Meses atrás, Micheletti había sido nombrado como vicepresidente de la Internacional Liberal y se le habían otorgado otras condecoraciones como la de “Libertador de las Américas”, “Primer Héroe Nacional del Siglo XXI” y “Padre de la Patria Vitalicio”.

No obstante, pocos dirigieron sus críticas hacia el propio Micheletti. Un editorial lo percibió como una premiación del poder a su siervo más destacado, y dejó al descubierto lo que se escondía detrás de tantos agasajos, al decir que: Toda esa construcción honorífica tiene un inmenso significado político y un incalculable sentido apologético respecto a la realidad hondureña. La crema y nata de la política y de la empresa privada de nuestro país, respaldada por la plutocracia y sus advenedizos, definen así su ideal de sociedad y la encarnación de los valores que la sustentan. O sea, que han encontrado su ídolo y a la vez expresan inequívocamente su visión de país48.

Uno de los defensores de las condecoraciones y premios otorgados a Micheletti Baín fue el comentarista político Juan Ramón Martínez, para quien: La ponderación con que actuó, en justicia, lo hace no solo el personaje del año, sino que de repente una de las figuras más importantes de este siglo que estamos comenzando, que ayudará a sanar las heridas y a preservar su nombre como figura de unidad49.

Todo esto se producía en un momento en que el propio Micheletti denunciaba que fuera de Honduras se ofrecía un millón de dólares por su cabeza, y afirmaba: No le temo tanto a los vagos que andan por acá en algunas posiciones, sino a sicarios extranjeros pagados por Hugo Chávez o por cualquier otro enemigo de la paz50.

Así se reafirmó el carácter subversivo de la Historia, impulsado por los protagonistas de una historia que ellos mismos proponían olvidar, revitalizando así 47 Tiempo, “Estado le dará sueldo de por vida a Micheletti”, 14 de enero 2010, p. 3.

48 Tiempo, editorial, 16 de enero 2010, p. 17.

49 Tiempo, Juan Ramón Martínez, “El personaje del año”, 7 de enero 2010, p. 19.

50 Tiempo, 9 de enero 2010, p. 4.

REFLEXIÓN una argumentación en torno al uso y la pertinencia del conocimiento histórico, inscribiéndolo entre los temas pendientes en la agenda nacional en relación con la construcción de una nueva memoria histórica para Honduras. ¿DÓNDE QUEDÓ LA “NUEVA DERECHA” EN ESTA DRAMÁTICA HISTORIA? Es dudoso que durante la administración de Porfirio Lobo se pudieran discernir claramente los matices que distinguían a las distintas fuerzas políticas, como partidos o como facciones de estos, puesto que lo más perceptible eran dos bloques muy compactos, ideológica y políticamente alineados en torno a las fuerzas favorables o refractarias al golpe de Estado.

El presidente Lobo hizo diversos intentos, que pueden considerarse como actos cosméticos o como hechos auténticos —según la óptica desde la que se perciban—, de desmarcar su postura de ambas fuerzas, por lo que su gobierno fue tachado, alternativamente, de ser proclive a la Resistencia, o de ser “golpista”.

Entre los intentos del presidente Lobo para establecer una frontera clara entre ambos bloques, destacó su anuncio de hacer un gobierno de inspiración socialcristiana, fundamentado en la Doctrina Social de la Iglesia, por lo que aseveró que él no era “una sorpresa” y retó a sus críticos a que, cada vez que dudaran de

sus actos, “vayan a la doctrina”. Así, la ideología de su gobierno fue definida como un esfuerzo por “luchar por el bien común, por la dignidad humana, por la sociedad y la solidaridad porque nuestros principios son la verdad, la libertad, la justicia y el amor”. En alusión a la coyuntura que le tocó vivir, afirmó: “Si queremos paz tenemos que perdonarnos todos, es lo que la Palabra de Dios nos dice, el perdón es el estandarte que siempre debemos portar, porque Honduras necesita paz”51.

A pesar de sus prédicas y su doctrina, su gobierno no fue, esencialmente, uno de transición, sino un puente de continuidad entre el pasado lejano y el reciente, que no logró desviar el cauce de la política hacia un nuevo horizonte “brillante y prometedor”, según sus palabras en el discurso de toma de posesión. Así se configuró el futuro del régimen político hondureño y sus partidos, que seguirán empeñados en el conflicto y la discordia.

El informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación —presentado en 2010 en cumplimiento de la promesa gubernamental—, incluyó en su nombre la alusión histórica “Para que los hechos no se repitan”, pensando probablemente en las reconocidas tendencias históricas de la política hondureña. No obstante, el poeta Juan Gelman afirmaba —citando a André Frossat— que “No es seguro que lo peor sobrevenga, pero siempre puede empezar otra vez…”52.

Continuará…

51 Tiempo, “Haremos un gobierno basado en la doctrina social cristiana”, 27 de enero, 2010.

52 Tiempo, Juan Gelman, “Las marcas de la impunidad”, 15 de febrero, 1997, p. 13 (tomado de Página 12, Buenos Aires).

41 septiembre 2014

TESTIMONIO

Ellos ya lo han conseguido ALEJANDRO FERNÁNDEZ*

Dos jesuitas que vinieron del Norte para quedarse entre la gente pobre y sencilla del trópico hondureño, han dicho adiós.

Patricio Wade decidió irse el 28 de agosto a las siete de la mañana, y Juan Donahue, Juanito, se marchó a las cinco de la tarde del primer día de septiembre. Dejan como legado ese agradable e incómodo sabor a Evangelio.

En memoria de ambos, Envío-Honduras comparte estas líneas que escribieron dos personas que los conocieron. Un sencillo homenaje a sus vidas tan desbordantes de coherencia y generosidad.

H

ace ahora algunos años, ante el cuerpo sin vida del hermano Jaime O’Leary, el padre Juanito Donahue se me acercó en la iglesia de Las Mercedes y me sacó de mi ensimismamiento. “Él sí… ya lo consiguió”. Solo eso me dijo, mientras esbozaba una de esas sonrisas suyas beatíficas que uno no podía rebatir. Juanito presentía que yo había querido a aquel jesuita como a ninguno y fue su manera de consolarme ante su partida. Le devolví la sonrisa y nos fundimos en un abrazo. Ni siquiera le pregunté nunca qué quiso decirme exactamente con aquella frase. Juanito no era un hombre de palabras ampulosas ni de formulaciones precisas.

Pero supongo que su propósito era expresar que el hermano Jaime había conseguido llegar al final de sus días haciendo de su vida entera una parábola del evangelio. Una carrera de fondo apasionada y apasionante, sembrando vida y confianza a su

*

El autor, más conocido como Jano, es comunicador popular.

42 envío

alrededor, que ni siquiera la muerte era capaz de mancillar.

En esta semana en que el corazón se nos ha resquebrajado a todos con la marcha de dos gigantes humanos, Patricio Wade y Juanito, imposible no dar gracias por haber conocido a estos dos sacerdotes formidables. Vidas tan irrepetibles, que uno tiene la sensación de asistir a los últimos latidos de una generación de leyenda. Siempre he sentido una admiración especial por ese grupo de jesuitas norteamericanos que se vinieron a Honduras en la segunda mitad del siglo XX, cuando los departamentos de Yoro y Colón eran apenas un puñado de aldeas y poblachones, disgregados y alejados de cualquier centro de poder o contrapoder por modesto que se pueda concebir.

Como un segundo alumbramiento, dejaron atrás “el país de las oportunidades” y se encarnaron entre estas verdes montañas, recorriendo sus ignotos caminos sin descanso durante décadas, llevando la esperanza a los lugares más re-

cónditos y levantando la dignidad humana de gentes absolutamente orilladas de la historia.

A muchos solo los conocí por referencias, pero aún tuve ocasión de presenciar a Francisco Hogan subirse a un caballo con un cáliz y una patena asomando entre su mochila, o a Felipe Pick dar clases prácticas de radiodifusión, ambos con los 80 años sobradamente cumplidos. En todos los casos advertí en ellos una alegría serena. Como aquel hombre tranquilo de John Ford, que tanto les gustaba, y que regresaba a su Irlanda natal para encontrar entre las cosas pequeñas la verdadera dimensión del ser humano.

Tuve el privilegio de acompañar al padre Patricio en una gira por las aldeas en el mes de noviembre del año 90. Yo tenía 26 años, acababa de llegar a Honduras, y Jaime O’Leary me enganchó en ese periplo, sabedor de que era el mejor curso introductorio para mi voluntariado en el Intelo (Instituto Técnico Loyola).

Fue un viaje casi iniciático: avanzábamos despacio y dormía-

TESTIMONIO mos en pequeñas capillas de lugares donde ningún vestigio de progreso había llegado y el cura lo hacía una vez al año. Todo un acontecimiento.

En una sola semana acumulé infinidad de perplejidades, algunas de las cuales me acompañarán toda la vida. Patricio era capaz en un solo día de regañar a unas mujeres en público porque el contenido de sus confesiones no eran más que “babosadas”, escuchar con infinita paciencia, durante horas, las tribulaciones de un anciano afligido por una mala cosecha, interrumpir la consagración de la eucaristía para salir a ofrecerle macanazos a un par de chavalos revoltosos, o vestirse de payaso para repartir regalos entre los catequistas y delegados.

A su manera, con sus heterodoxias, genialidades y desplantes, con sus bajadas de azúcar y sus momentos

simpáticos, con su humanidad desbordada y desbordante, la presencia de Patricio Wade por cada aldea era puro evangelio subido en una mula.

Juanito, bien lo conocen, era otra versión de la locura cristiana, pero no menos arrebatadora.

La primera vez que lo vi, yo vivía temporalmente en el Instituto San José. Salía de mi habitación cuando me encontré con un hombre medio fondeado, atravesado en el camino que conducía de las habitaciones al comedor; se trataba de un sujeto mal aseado y sin camisa, que al acercarme me miró con unos ojos dulces como la miel sin salir de su entresueño. Fui a buscar al ministro de la casa, entre divertido y curioso, sin saber qué hacer ante la aparente intrusión de un indigente en nuestros dominios. El indigente era el padre Juan Dona-

hue, me explicaron, coadjutor de la parroquia de Tocoa quien, siempre encarnado hasta el extremo con los más desfavorecidos, solía dormir la siesta de esa guisa cuando venía a El Progreso a alguna reunión.

Un cuarto de siglo más tarde, doblo en edad al muchacho que entonces yo era. Soy menos impresionable y probablemente peor cristiano de lo que era entonces.

Pero guardo en mi corazón como el mayor de los tesoros el rostro de aquellos hombres y mujeres que me mostraron con autenticidad que la vida es más hermosa cuando se entrega a fondo. Entre esos rostros, junto al de otros muchos hondureños de cuna o adopción, generosos hasta decir basta, están los del padre Patricio y los del padre Juanito. Benditos sean. Ellos ya lo han conseguido.

Juanito, tan pobre como terco ISMAEL MORENO, SJ

C

uando lo conocí, en junio de 1981, Juanito compartía, con su compañero y paisano Roberto Grimaldi, una casa de madera destartalada en el polvoriento, húmedo y caluroso Urraco Pueblo, muy cerca del bordo del río Ulúa y de la entonces línea férrea, en el norte de El Progreso, en el valle de Sula.

Entonces no tenían cocina ni nada que pudiera siquiera sospechar que podía haber qué y en qué cocinar. Apenas dos recipientes de agua, uno para echar al inodoro y para lavarse las manos, y otro para tomar empinándolo en la boca, porque no había ni por asomo algo parecido a un vaso normal. Juanito ya tenía la bicicleta que lo acom-

pañaría a lo largo de los siguientes 33 años que le restaban de vida en su misión hondureña. ¿Dónde dormían? A saber. El piso era duro y frío, en contraste con la suavidad y calidez de sus pláticas, preguntas y compromisos.

Siendo yo todavía un estudiante jesuita, escuché a campeños hablar despectivamente de aquel lánguido quijote en pleno trópico hondureño. Cómo era posible que siendo un gringo, tuviera como único calzado unas chancletas viejas, camisetas gastadas y una bicicleta de transporte. “Es el colmo que siendo gringo sea tan tacaño que ni siquiera zapatos quiere comprar.

Peor para esperar que nos regale

cosas”, decían, en alusión a la idea que en esa zona bananera quedó de la compañía estadounidense de que todo gringo no solo tiene dinero, sino que lo hace sentir, incluso dando limosnas a los pobres.

Juanito rompió, con su austeridad y sencillez, esa imagen del gringo todopoderoso, y se convirtió en un mal ejemplo para quienes esperaban que del Norte vinieran a resolver las necesidades con regalías, y un mal ejemplo para misioneros que llegaron a las comunidades y barrios repletos de cosas y dineros para regalar y repartir a los pobres con el mismo afán con que distribuían sacramentos a diestra y siniestra.

Juanito llegaba a pedir comida, un petate o una esquina del piso de 43 septiembre 2014

TESTIMONIO la champa para hacer la siesta y a poner su oreja; y después de una cirugía, su media oreja para escuchar la vida y testimonios de sufrimiento de la gente.

Cuentan de un campeño que —ante la condición de Juanito de que la gente recibiera charlas prebautismales y asistiera tres meses a celebraciones de la Palabra para bautizar a sus hijos—, se preparó con un billete de veinte lempiras no devaluados de aquellos años ochenta, y se lo ofreció al hombre de la bicicleta, convencido de que así se arreglaban los asuntos incluso con los curas. Aquel campeño nunca olvidó la reacción de Juanito, tanto que se curó para siempre de la práctica del soborno, muy propio en esta Honduras de la eterna corrupción.

Juanito nunca perdió el aura de inocencia que lo acompañó hasta el momento de su muerte. Cuentan que un día a mediados de los ochenta se decidió, con su eterno compañero Grimaldi, a visitar San Salvador para rezar en la tumba de Monseñor Romero. Mientras caminaban por una de las calles de la capital salvadoreña se acercaron, llevados por la curiosidad, a un vehículo extraño de vidrios polarizados y que estaba estacionado con el motor encendido. Rodearon el vehículo mientras conversaban sobre las novedades que en él descubrían cuando, intempestivamente, se bajaron varios hombres armados, los obligaron a subirse y los condujeron al Estado Mayor del ejército bajo la sospecha de que aquellos gringos mal vestidos escondieran tras su estrafalaria fachada a dos peligrosos guerrilleros.

Juanito llegó a la parroquia de Tocoa a finales de 1989, unos pocos meses después de que yo llegara, y compartimos siete años de comunidad y de trabajo pastoral. Comparti44 envío

mos alegrías y sinsabores, encuentros y algunos desencuentros, tanto en Tocoa como en la comunidad de la Zona Tres, conformada entonces por los jesuitas que trabajaban en Sonaguera, Olanchito y Sangrelaya.

Un día llegó a una comunidad devota Santiago Apóstol, y él se irritó porque en el templo tenían arriba del altar principal a Santiago montado en un caballo, con espada en mano, en su oficio de matamoros.

De inmediato decidió quitar aquella estatua, lo que provocó la reacción furiosa de toda la feligresía. “O usted nos saca a este cura —dijeron entonces los enviados del consejo de la iglesia local— o lo sacaremos a pedradas”.

Juanito era terco a más no poder. Y cuanto más se sentía presionado por gente que él creía errada, más se plantaba en su terquedad.

Dos posiciones cerradas no parecían tener una puerta de salida. Finalmente se buscó una solución que convenció tanto a la comunidad como a Juanito. Se dejó la estatua del Santiago encaramado en el caballo y se dejaron las cabezas pero, en lugar de negras, se pintaron de blanco; y en lugar de la espada se puso en la mano del santo un hermoso ramo de flores.

Así fue Juanito. Cuando se le metía algo en la cabeza, había que llenarse de paciencia o despotricar por sus aventuras e inventos. Nadie lo hacía cambiar con argumentos lógicos. Hasta que él mismo se convencía o se aburría de sus terquedades o alguien le salía con argumentos fuera de la lógica. Así fue cuando en Tocoa le dio por hacer frente a personas a las que se les acusaba de matar a campesinos.

Por mucho que le dijéramos que eso significaba ponerse en manos de los matones, nadie logró que desistiera.

Un día en un camino solitario, él en su bicicleta, el supuesto asesino en

dirección contraria, se encontraron.

Juanito lo detuvo y le dijo: “tú eres un asesino de los pobres, Dios te reclama la sangre de los inocentes, y morirás sin remedio”. El hombre se sorprendió tanto que, en lugar de sacar el arma para matarlo, se echó a reír. Unos días después, amaneció muerto de un infarto.

En 2002 Juanito vino a la parroquia San Ignacio de Loyola, en El Progreso, y en esa misión pastoral lo encontró la muerte. Pocas veces he visto tanta manifestación espontánea de gente como en la vela y entierro de Juanito. Era como una prolongada procesión —como lo fue él—, una gran procesión de servicio, pobreza y sencillez. Así se quedó Juanito entre los pobres, con su bicicleta destartalada, sus botas de hule con olor a sudor ácido, su sombrero podrido por la humedad y con una bolsa de plástico donde guardaba unos cuantos lempiras que no alcanzaban para comprar nada.

Así quedó, como un testimonio de que la grandeza de los jesuitas nunca podrá estar en los títulos ni en los cargos ni en los medios que posean para la misión. Su grandeza está en la capacidad para quedarse entre los pobres y sencillos con ese agradable e incómodo sabor a Evangelio como lo hizo Juanito, sin siquiera darse cuenta de cuánta escuela de vida y humildad dejaba a esta nuestra Compañía de Jesús tan necesitada de perpetua conversión.

Y con un sesgo de profetismo, como los círculos de oración por la paz que había animado en los últimos meses de su vida como una expresión de repudio a la violencia, a la bulla de los políticos y a las falsas promesas de paz. Cuando alguien tiene ese sesgo de profeta, siempre carga con una dosis de incomodidad. Así se quedó Juanito para siempre, con su eximia cualidad de pobreza y terquedad.

CENTROAMÉRICA

Violencia, asilo y la búsqueda de lugares “frescos” (2) ¿Hay rangos etarios para la compasión y la garantía de derechos?

JOSÉ LUIS ROCHA*

El talón de Aquiles de los organismos humanitarios es que, con la intención de proteger a los más débiles, emprendieron una lucha que se concentra en el rasgo “niñez” y no en el monumental problema “violencia” y sus raíces, que afecta a la inmensa mayoría. Como no se le pueden imponer límites a la violencia, se trazan líneas etarias para contener la mezquindad del asilo.

Es sabido que la causa de los infantes tiene la ventaja de concitar más apoyo. Pero la mutilación de la realidad migratoria desplaza la argumentación desde el eje “violencia” hacia el eje “niñez”.

Y el asilo es un tema que se juega y ha jugado históricamente en el eje “violencia”.

L

os centroamericanos tienen una larga trayectoria como refugiados en Estados Unidos. Los menores que en grandes números cruzan la frontera mexicano-estadounidense han captado la atención y suscitado los pronunciamientos de organismos internacionales, iglesias, medios de comunicación, ONG y políticos. Atención merecida y pronunciamientos apremiantes. Pero no olvidemos que los 20,805 menores de Guatemala, Honduras y El Salvador, que fueron detenidos por la patrulla fronteriza en 2013, solamente representaron el 19.5 por ciento del total de detenidos oriundos de esos países. A eso sumémosle los muchos no detenidos, algunos menores y muchos más adultos, que se distribuyen a lo largo y ancho de la unión americana, engrosando las cifras de indocumentados y dinamizando la economía de una nación que, a ratos, los trata como enemigos indispensables, criminales o médula viva del credo nacional.

La población “irregular” crece con dos nuevos indocumentados por cada evento de deportación. Con el consentimiento estatal a regañadientes o vadeando las patrullas, sensores y helicópteros del Immigration and

*

Miembro del Consejo Editorial de la revista Envío de Nicaragua. Instituto de Sociología-Philips, Universidad de Marburg, Alemania.

Customs Service, menores y adultos han dado continuidad a una tradición que, para los centroamericanos, se remonta a los años 80. Están escenificando el pronóstico que Susan George puso en boca de los expertos a quienes se les encomienda salvar el capitalismo en la ficción factual del Informe Lugano II: Vamos a asistir a un incremento de las presiones migratorias, pues millones de personas intentarán escapar de su entorno cuando les resulte imposible vivir en él.

La mayoría se desplazará a otra región de su propio país, pero muchos intentarán llegar a los países ricos del Norte. Por ahora, Europa y América del Norte han reaccionado a las migraciones con contundencia, con recursos exclusivamente militares y policiales. Estos esfuerzos han resultado infructuosos, a juzgar por los cálculos del número de inmigrantes que han cruzado sus fronteras de forma clandestina: al menos once millones de personas en Estados Unidos, procedentes de México y del resto de América Latina, y decenas de millares en la Unión Europea1.

1

GEORGE, Susan. El Informe Lugano II. Esta vez, vamos a liquidar la democracia. Ediciones Deusto, Barcelona, 2013, pp.

50-51.

45 septiembre 2014

CENTROAMÉRICA EL RETORNO DE LOS REFUGIADOS Muchos de los migrantes capturados aplican al “asilo defensivo”, que solicitan durante las audiencias con los jueces de inmigración. Es la estrecha puerta al asilo para los que son aprehendidos y que, por esas circunstancias maleadas en que se pide, tiene las menores tasas de aprobación que las del “asilo afirmativo”, que se solicita yendo por pie propio a las oficinas de asilo2. Los abogados de inmigración, incluso aquellos que prestan sus servicios de forma gratuita y sobre los que cabe barruntar las mejores intenciones, saben que hay muy poca apertura para conceder el asilo a las víctimas de las maras, perseguidos por los narcos o acosados por la delincuencia callejera. Clonando el primer artículo de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas, la ley estadounidense de refugio les exige demostrar que son perseguidos o tienen un miedo bien fundado de persecución debido a su raza, religión, nacionalidad, membrecía de un grupo social particular u opinión política3.

Lilia Velásquez, catedrática en California Western School of Law y abogada de inmigración en San Diego, sabe de las dificultades que presentan incluso casos revestidos de múltiples cicatrices: La gente me escribe de la cárcel. Me escribe un muchacho de 37 años. Es transgénero, no tiene dinero, es pobre, la familia no lo quiere y cuenta cómo ha sido violado desde que tenía siete años por sus primos. Y a los 12 años por oficiales de policía. Es VIH positivo, tiene el virus. Pidió el asilo y se lo negaron. Y lo deportaron. Después se regresó y fue secuestrado. Ahora está detenido y no califica 2

La concesión del asilo afirmativo siempre ha sido mayor. Su incremento va desde 5,672 en 1990 hasta 17,506 en 2012. Pero, en el mismo período, el asilo defensivo ha crecido de forma más acelerada, de 2,800 a 11,978. U.S. Department of Homeland Security, U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS).

Refugee, Asylum, and Parole System (RAPS) and the U.S. Department of Justice (DOJ). Executive Office for Immigration Review (EOIR). El asilo afirmativo fue muy recurrido por los centroamericanos en la primera mitad de la década de los 90.

Entre 1990 y 1996, ciudadanos de Guatemala, El Salvador y Nicaragua presentaron por primera o segunda vez 441,296 solicitudes de asilo ante el Immigration and Naturalization Service. U.S. Immigration and Naturalization Service, 1997, p.

79.

3 96th Congress, Public Law 96-212, 94 Stat. 102, en http://www. gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-94/pdf/STATUTE-94-Pg102.pdf

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para fianza. Tiene arrestos por todos lados. Como hay tortura en su país de origen, lo cual se ha podido documentar, entonces no lo pueden regresar. Es algo bastante complejo. Para mí los casos de deportación y de asilo son increíblemente complicados4.

Los casos son muy difíciles de argumentar porque los recursos jurídicos son entidades flotantes. El sistema del Common Law multiplica los trabajos y desvelos de los abogados. Oriundo de Inglaterra y luego exportado a sus colonias, ese sistema concede un peso enorme al precedente judicial como fuente formal de creación del derecho. Los abogados migratorios tienen que estar al tanto de los nuevos fallos que, al sentar precedentes, inclinan la balanza en una u otra dirección. Como consecuencia de los resultados de algunos juicios, ser perseguido por pandillas es cada vez menos un motivo admisible para obtener el asilo. En algunos casos, ser víctima de la homofobia sí lo es. Pero no hay garantía de éxito y menos aún de premura. Un año de intervalo entre dos comparecencias ante un juez de inmigración es moneda corriente.

LOS CENTROAMERICANOS NO SON REFUGIABLES Las cifras son el elocuente síntoma de la complicación de los casos. En 2013, 11,598 centroamericanos solicitaron refugio en Estados Unidos: 4,649 salvadoreños, 4,314 guatemaltecos y 2,635 hondureños. Ocuparon los lugares cuarto, quinto y séptimo en solicitudes de asilo5. Estados Unidos es su refugio “natural”, su destino prioritario, pues concentra el 95 por ciento de las 12,197 solicitudes de refugio que los centroamericanos de esas nacionalidades presentaron ante países industrializados. En el caso de salvadoreños y guatemaltecos, tenemos cantidades de aplicantes muy cercanas a las de mediados de los 90, cuando la guerra apenas había oficialmente finalizado. Pero los hondureños están enfrentándose a un fenómeno relativamente nuevo y en explosión, pues en 1996 solo hubo 1,266 nuevos solicitantes de asilo procedentes de Honduras y, entre 2000 y 2005, las solicitudes apenas oscilaron entre 236 y 373.

El parteaguas en la búsqueda de asilo de los hondureños fue 2011, con 1,351 solicitudes nuevas que dupli4 Entrevista con el autor el 31/3/2014.

5 UNHCR. Asylum Trends 2014, Ginebra, 2014, p. 40, tabla 15.

Top-10 populations of origin of asylum applicants by country of asylum 2013, en http://www.unhcr.org/5329b15a9.html

CENTROAMÉRICA caron con creces a las del año anterior, pero de monto moderado comparadas con las 2,066 de 20126. Sin embargo, solamente 141 hondureños obtuvieron asilo por la vía afirmativa y 93 por la vía defensiva. En 2012, guatemaltecos, salvadoreños y hondureños presentaron 11,598 peticiones. Ese año solo 1,097 solicitantes fueron beneficiados7. Explorando una ruta menos aleatoria, algunos centroamericanos solían pedir refugio antes de llegar a Estados Unidos: el asilo se pide una vez dentro del país, el refugio se solicita desde fuera. Las casillas de refugiados centroamericanos en Estados Unidos lucen desangeladas. A priori, los centroamericanos no son refugiables. Por eso lo intentan a posteriori.

EL HUMANITARISMO UNIVERSAL, ¿UNA ILUSIÓN? Un firme espaldarazo de ACNUR a esas solicitudes quizás hubiera servido de recomendación nada despreciable. Pero sus palabras tuvieron la apocalíptica tibieza de quien se sitúa entre no poner la carne en el asador y no querer meter baza en ese asunto.

ACNUR recomienda reconocer las necesidades de protección internacional que tienen los menores centroamericanos y asegurar que se les proporcione seguridad a su arribo, detectando sus necesidades internacionales de protección. No imputa compromiso “nacional” alguno para esas necesidades “internacionales”. Y así se mantiene fiel al espíritu y la letra del artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reza así: En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar y disfrutar asilo en otros países.

El inquietante detalle es que la declaración no obliga a otorgar el asilo. Su humanitarismo universal resulta inoperante si no aterriza en compromisos de los Estados-nación. Por eso sigue siendo válido lo que 6 UNHCR. 2005 UNHCR Statistical Yearbooks, en http://www. unhcr.org/pages/4a02afce6.html. UNHCR. Asylum Trends 2013... op. cit.; UNHCR. Asylum Trends 2014… op. cit., p. 40, http://www.unhcr.org/5329b15a9.html 7 U.S. Department of Homeland Security, U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS). Refugee, Asylum, and Parole System… op. cit, tabla 17. Individuals Granted Asylum Affirmatively by Region and Country of Nationality: Fiscal Years 2003 to 2012; U.S. Department of Justice. Executive Office for Immigration Review (Eoir), tabla 19, Individuals Granted Asylum Defensively by Region and Country of Nationality: Fiscal Years 2003 to 2012, en http://www.dhs.gov/yearbookimmigration-statistics-2012-refugees-and-asylees

Hannah Arendt escribió hace más de seis décadas en Los orígenes del totalitarismo, cuando señaló que la multitud de apátridas y refugiados que la Primera Guerra Mundial dejó como ominoso sedimento había disuelto la ilusión de los derechos humanos, pues solo de los Estados-nación depende permitir o impedir que esos derechos se ejerzan, no obstante su presunta independencia de todos los gobiernos, inscrita en el adjetivo “inalienables”. Los refugiados apátridas mostraron que la pérdida de los derechos nacionales es idéntica a la pérdida de los derechos humanos, una suerte de amargo homenaje a Edmund Burke, detractor de la Revolución francesa y su declaración de derechos8. A esos derechos humanos vagos, abstractos y especulativos, Burke oponía los derechos de los ingleses, constatables, concretos y tangibles9.

Ese limbo legal se presume anulado por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, cuyos artículos 31 y 33, sobre los “refugiados que no están legalmente en el país de refugio”, establece que los Estados firmantes no penalizarán su entrada o presencia ilegales ni los expulsarán hacia territorios donde sean amenazadas sus vidas o su libertad. Sin embargo, no es con base en este compromiso que Estados Unidos no realiza una expulsión expedita de los menores, sino por la aplicación del estatuto antitrata que concitó el acuerdo de republicanos y demócratas en 2008 y obliga a revisar sus casos en las cortes migratorias10. Una vez más, solo un tangible acuerdo nacional dio concreción a un derecho abstracto.

El documento de la Conferencia de obispos contiene advertencias más atrevidas y explícitas: “Negarles el asilo y enviarlos de regreso a las pandillas y narcotraficantes que los persiguen podría asegurar su muerte”11. Ocurriría así literalmente lo que el filósofo político Giorgio Agamben postula como analogía: “Cuando sus derechos humanos ya no son derechos del ciudadano, el hombre se hace verdaderamente ARENDT, Hannah. The origins of totalitarianism. The World Publishing Company, Cleveland, 1964, pp. 291-292 y 299.

9 BURKE, Edmund. Reflections on the French revolution. E.P. Dutton & CO Incp., Nueva York, 1916, p. 30.

10 PARK, Haeyoun. “Children at the Border”, The New York Times, 15 de julio 2014.

11 United States Conference of Catholic Bishops (USCCB). Mission to Central America: The Flight of Unaccompanied Children to the United States. Report of the Committee on Migration of the United States Conference of Catholic Bishops. Washington, D.C., noviembre 2013, p. 8.

8

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CENTROAMÉRICA sagrado, en el sentido que tiene este término en el derecho romano arcaico: consagrado a la muerte”12.

Para evitar esa consagración, la delegación de obispos hizo exigencias directas al gobierno estadounidense: fortalecer las medidas de protección para los niños no acompañados, incluyendo el rastreo de las familias y la búsqueda de una reunificación. Pero es un hecho que el gobierno ya estaba haciendo mucho de lo que la conferencia pidió, como se puede inferir del hecho de que el 96% de los menores no acompañados esté actualmente con sus familiares, de acuerdo a las declaraciones de Kenneth J. Wolfe, vocero del Department of Health & Human Services13.

LA JUVENTUD NO ES MÁS QUE UNA PALABRA El talón de Aquiles de la estrategia de los organismos humanitarios ha sido optar por una vía minimalista, con la plausible intención de proteger a los más débiles: abogar por los niños y no por los adultos que también cruzan huyendo de idénticas violencias.

Buscan proteger a los más desprotegidos. Pero en la evitación de la suma injusticia hacia los menores (pues Summum ius summa iniuria14), recuestan a los migrantes en el lecho de Procusto. Eliminan lo que sobra.

Lo que se sale del conmovedor retrato que muestra rostros infantiles clamando por asilo. Es cierto que los organismos humanitarios libran la lucha por los adultos en muchos otros frentes. Es sabido que la causa de los infantes tiene la —real o potencial— ventaja de concitar más apoyo. Y es constatable que algunos instrumentos legales han abierto para los menores —aunque no de par en par— ventanillas de acceso al sueño americano.

Pero la mutilación de la realidad migratoria desplaza la argumentación desde el eje “violencia” hacia el eje “niñez”. Y el asilo es un tema que se juega y ha jugado históricamente en el eje “violencia”.

La mayoría de los “niños” tiene entre 15 y 17 años15.

Los que son llamados menores o niños por los organismos humanitarios, no son siempre considerados como tales por los funcionarios del ICE. Quizás por una voluntad de aplicación indiscriminada de la ley. O tal vez 12 AGAMBEN, Giorgio. Means without End. Notes on Politics.

University of Minnesota Press, Minneapolis, 2000, p. 22.

13 Latino Dayly News. “Most of 52,000 Child Migrants Now with Family Members in U.S.”, 12 de julio 2014.

14 CICERON. De officiis. Woods and Soni, Lld., Londres, 1928, p.

34. Traducido al inglés como More law, less justice. Ibíd., p. 35.

15 PARK, Haeyoun. “Children at the Border”…, op. cit.

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porque intuitivamente saben lo que Bourdieu, en una entrevista conocida como “La juventud no es más que una palabra”, nos recuerda: “el reflejo profesional del sociólogo es señalar que las divisiones entre las edades son arbitrarias. Es la paradoja de Pareto, cuando dice que no se sabe a qué edad empieza la vejez igual que no se sabe dónde empieza la riqueza”.

Bourdieu también sostuvo que “la representación ideológica de la división entre jóvenes y viejos otorga a los más jóvenes ciertas cosas que hacen que dejen a cambio otras muchas a los más viejos. Parece que uno de los efectos más fuertes que tiene la situación del adolescente proviene de esta especie de existencia separada, que le deja socialmente fuera de juego”16.

En el caso que nos ocupa, esa distinción arrebata a los más viejos las concesiones que el aparato estatal está dispuesto a conceder a —y unos organismos humanitarios a demandar para— los más jóvenes. Pero los defensores de los menores no solo han jugado con esa arbitrariedad refrendada en la ley. Emprendieron también una lucha que se concentra en el rasgo “niñez” —que tienen muy pocos de los que migran— y no en el monumental problema “violencia” y sus raíces, que afecta a la mayoría: niños, jóvenes y adultos. Podemos —y debemos— ampliar el rango para abarcar a quienes son más afectados por la violencia, hasta llegar al menos a los 30. Pues, ¿quién le pone límites de edad a la violencia? Como no se le pueden imponer límites a la violencia, se trazan líneas etarias para contener la mezquindad del asilo.

LA COMPASIÓN SEGÚN RANGO ETARIO Sin duda inspirados en un honesto interés por los niños, los organismos humanitarios han insistido en que sean beneficiados con el asilo (aunque al ACNUR le basta con que sean asistidos). Pero ese minimalismo, junto al desplazamiento del problema “violencia” hacia el rasgo “minoría de edad”, conduce a “Para los centroamericanos como niños, todo; para los centroamericanos como pueblo, programas de retención y disuasión migratoria”, una variante del probadamente nefasto “Para los judíos como individuos, todo; para los judíos como pueblo (es decir, como judíos), nada”17.

Asumiendo las reglas de la economía política de la 16 BOURDIEU, Pierre. “La ‘juventud’ no es más que una palabra”, en Sociología y cultura. Grijalbo, México, 1990, pp. 163-173.

17 WOLIN, Richard. Los hijos de Heidegger. Hannah Arendt, Karl Löwith, Hans Jonas y Herbert Marcuse. Ediciones Cátedra, Madrid, 2003, p. 53.

CENTROAMÉRICA compasión, significa reforzar una dicotomía que va directamente contra los esfuerzos pro-inmigrantes.

En esa dicotomía maniquea, los niños son inocentes, forzados a migrar y expuestos a abusos. Los adultos aparecen como criminales, alevosamente migrantes y abusadores. La fetichización de un rango etario no es en absoluto inocua. 18 años: antes y después. Ahí se sitúa la delgada línea que separa a los dignos de compasión de aquellos a quienes debe aplicarse la ley con todo su rigor.

ACNUR habla del desplazamiento de niños “y de otros”, sin mencionar que esos otros no niños constituyen la inmensa mayoría de los desplazados.

ACNUR apela al humanitarismo que puede mover a compadecerse más —o exclusivamente— de los niños que del resto de desplazados, entre los cuales también pueden estar personas muy vulnerables y vulneradas, como mujeres violadas o vapuleadas por sus maridos, homosexuales asediados por homofóbicos, exguerrilleros huyendo de viejas vendettas, vivanderas vampirizadas por extorsionadores, etc. La niñez es el mínimo común al que los organismos apuestan para que se multiplique el asilo. Pero la violencia es el máximo común denominador que respalda sus solicitudes.

IOLENCIA: SUS ROSTROS Y SUS RAÍCES V El enfático estribillo de la defensa de una niñez que huye de la violencia caótica tiene el efecto de que Estados Unidos aparezca únicamente como un oasis casual, relacionado con esta dramática situación únicamente por ser una nación próspera y un remanso de paz. Pero eludir la violencia en Centroamérica tiene un vínculo con Estados Unidos que no lo tendría evitar el mal de chagas o las erupciones volcánicas.

El gobierno de los Estados Unidos tiene una responsabilidad directa en la producción de aquellos polvos antiinsurgentes de los que vinieron estos lodos delincuenciales que atizan y protagonizan la violencia, según se desprende del testimonio de los migrantes y de un esfuerzo por historizar la violencia y sus instrumentos: las armas y los recursos humanos. La violencia debe ser historizada para que aparezcan sus líneas de continuidad. El eje “menores” escamotea esa historización y sus posibilidades políticas. Permite que los nuevos refugiados sean tratados como gente sin historia, a quienes no se pregunta de qué polvos vinieron estos lodos.

Pero esa historización tropieza con los diques del optimismo de posguerra, una visión teleológica de la historia y la inducida convicción de que estamos en una era novedosa. Por eso la violencia actual suscita tanto

desconcierto. La perplejidad ante la violencia actual en Centroamérica se basa en el supuesto de que la violencia epidémica es una situación anómala reservada a los períodos de guerra, colapso económico y extrema anomia estatal. Los acuerdos de paz de Nicaragua, El Salvador y finalmente Guatemala —con la concomitante jubilación de Honduras como plataforma de tres ejércitos extranjeros— atizaron la esperanza de que la región le estuviera dando el esquinazo a la inveterada violencia. Al menos cuatro cambios se avizoraban: las décadas de militarismo habían tocado a su fin, la opción por la violencia como medio predilecto para dirimir las diferencias políticas sería una curiosa pieza de museo, el bono de la paz liberaría recursos productivos y la inversión extranjera fluiría a cantaradas.

Todas estas previsiones se realizaron, pero no en la medida y dirección esperadas. La reducción de los ejércitos abonó al crimen organizado, con el que militares activos y retirados pudieron consolidar un poder soterrado y homicida, por todos conocido, aunque tildado de “oculto”. La opción por la violencia se diseminó más al desaparecer el monopolio estatal de la misma. El bono de la paz fue una quimera porque los mecenas de la guerra empezaron a soltar a cuenta gotas las dádivas que antes repartían a manos llenas. La inversión extranjera se concentró en la compra de empresas existentes, en el comercio de artículos importados y en la generación de empleos de subsistencia en las maquilas, reforzando la dependencia externa, la exportación de los beneficios y la precariedad laboral. En lugar de la bonanza anunciada, los países centroamericanos siguen siendo escenarios de violencia y base del crimen transnacional organizado. Están expuestos a los cuatro peligros enunciados por el sociólogo Edelberto Torres-Rivas: la reversión de las democracias aún no consolidadas, la ubicuidad de la violencia, la trivialización del horror y el terrorismo de Estado18.

El optimismo del bono de paz —financiero y social— se basa en el supuesto de que la violencia corresponde a etapas primitivas de la evolución histórica y que, a medida que una sociedad avanza hacia estadios superiores de civilización, se va distanciando de las altas tasas de homicidio intencional y otras manifestaciones de violencia. Estos son supuestos ideológicos carentes 18 TORRES-RIVAS, Edelberto. “Epilogue: Notes on Terror, Violence, Fear and Democracy”, en KOONINGS, Kees y KRUIJT, Dirk (eds.), Societies of Fear: The Legacy of Civil War, Violence and Terror in Latin America. Zed Books, Nueva York, 1999, pp.

285-300, pp.285-291.

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CENTROAMÉRICA de sustento empírico. Son mero pensamiento colmado de deseo. “Wishful thinking”, dicen en el Norte. Los pogromos, el holocausto nazi y, para citar hechos que la memoria tiene más frescos, la guerra de Kosovo, han mostrado la realidad de la teóricamente impensable convivencia de modernidad y barbarie, civilización y holocausto, democracia e incremento de los asesinatos.

Aquellos que investigan la violencia —recomienda el sociólogo Hans Joas— no solo han de mantener una distancia metódica de la fe en el progreso, sino que también deben procurar una inmersión en la historia de la violencia que permita ver lo tortuoso e inseguro que es cualquier camino hacia el progreso y cómo la construcción retrospectiva de líneas rectas que van del pasado a un presente bueno, o un futuro aún mejor, las más de las veces sólo representa una ilusión óptica del observador19.

De la misma opinión es el filósofo político John Gray: Al ampliar el poder humano, la ciencia ha generado la ilusión de que la humanidad puede cargar sobre sus espaldas su propio destino. Surgiendo como consecuencia de un torrente de invenciones, el mundo moderno cree que ha dejado atrás el pasado20.

Y añade: “Las diferencias étnicas y religiosas, la escasez de recursos naturales y la colisión de valores contrarios constituyen constantes fuentes de división.

Esos conflictos no pueden ser superados, sólo pueden moderarse”21.

DEMOCRACIAS Y SOCIEDADES VIOLENTAS Los países centroamericanos están padeciendo la paradoja de la democracia brasileña, tal y como la desmenuza James Holston: precisamente cuando la democracia intenta echar raíces, la violencia, la injusticia, la corrupción y la impunidad han crecido dramáticamente. Como resultado, muchos brasileños —y centroamericanos— se sienten menos seguros bajo la democracia representativa tan difícilmente alcanzada y sus cuerpos están más amenazados por 19 HANS, Joas. Guerra y modernidad. Estudios sobre la historia de la violencia en el siglo XX. Paidós, Barcelona, 2005, p. 14.

20 GRAY, John. Al Qaeda y lo que significa ser moderno. Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 2004, pp. 163-164.

21 Ibíd., p. 22.

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la violencia de cada día que por la represión de las dictaduras y sus regímenes militares. Un ominoso signo de los tiempos proviene de una semejanza que parece fuera de época: en 1982-1984, durante pleno fogueo del conflicto bélico, los jóvenes varones de El Salvador eran asesinados a razón de 249.3 por cada 100 mil. Dos décadas después, en 2005, la tasa llegó a 223 por cada 100 mil22.

Según Holston, al mismo tiempo que una generación de ciudadanos insurgentes democratizó el espacio urbano y aspectos claves de su planificación —creando un acceso a los recursos sin precedentes—, un clima de miedo e incivilidad vino a permear los encuentros públicos, produciendo abandono de los espacios públicos, fortificación residencial, criminalización de los pobres y apoyo a la violencia policial23.

La mayor parte de este planteamiento aplica a Centroamérica, con la salvedad de que en el istmo no se ha producido una democratización del espacio urbano ni una insurgencia ciudadana que gane derechos, sino lo que Dennis Rodgers llama la rebelión de las élites, perceptible en el reacondicionamiento de la ciudad para que las élites puedan desplazarse por espacios seguros entre sus zonas residenciales, sus locales de trabajo y los centros donde buscan esparcimiento24. La versión extrema de esa desimbricación de las élites está en Guatemala —quizás pionera a la que otros países seguirán— y se llama Paseo Cayalá, una ciudad privada de catorce hectáreas protegidas por un muro perimetral, donde los opulentos escenifican el artificioso aislamiento que dramatiza “La Zona” (2007), el film mexicano de Rodrigo Plá25. En ese apacible útero hay viviendas, clínicas, barberías, tiendas, 47 restaurantes, cuatro sucursales bancarias, oficina municipal, cines, un Partenón, campanario, 22 Los rangos no coinciden totalmente. El rango para 2005 es de 15-29 años y para los 80 es de 15-24 años. CEPAL. Juventud y cohesión social en Iberoamérica… op. cit., pp. 57 y 355.

23 HOLSTON, James. “Dangerous spaces of citizenship: gang talk, rights talk and rule of law in Brazil”, en Planning Theory, 8 (1), 2009, p. 13.

24 Para profundizar en esta dinámica, presentada como una rebelión de las élites que desimbricaron de la ciudad toda una capa del tendido urbano para construir una red fortificada mediante la seguridad privada, ver RODGERS, Dennis. “’Disembedding’ the city: crime, insecurity and spatial organization in Managua, Nicaragua”, en Environment & Urbanization, Vol. 16, Nº 2, octubre 2004, pp. 113-124.

25 Wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/La_zona

CENTROAMÉRICA parques y una reserva para hacer canopy, en un país donde el metro cuadrado de terreno se cotiza como si estuviera tapizado con tisú. “Para mí, Cayalá le brinda una nueva oportunidad al guatemalteco sin el miedo de fracasar frente la violencia”, dijo Diego Algara, director general de una empresa que posee dos restaurantes y una discoteca. “Yo me mudé aquí por la conveniencia y porque no me siento seguro en otras partes de la ciudad”26.

Las principales manifestaciones de la violencia, de las que huyen las élites hacia sus ciudadelas con barrotes de marfil, y los sectores populares hacia Estados Unidos, son muy intrincadas. Se resisten a los retratos economicistas, moralistas y desarrollistas. En un mundo secularizado las motivaciones materiales para dar razón de actos sociales han ganado relevancia27. Se menciona la pobreza, el interés por un lucro desmedido, la inequidad, las luchas por recursos escasos y otros elementos presentes en sociedades violentas. Pero esas causas no suelen tener un valor explicativo del cómo y del sentido que dan los protagonistas. Ni de cómo la experimentan y enfrentan sus víctimas.

Decir que la violencia proviene de la voracidad de los oligarcas, como hace Joaquín Villalobos en “Niños inocentes y oligarcas voraces”28, amén de olvidar la dieta pantagruélica del capital transnacional y la transnacionalización de las élites locales con su concomitante menor involucramiento en la política local, solo repite un viejo estribillo y no añade un gramo a la comprensión del fenómeno. Su aserto puede ser tan “técnicamente” plausible como en la Edad Media era “teológicamente” verosímil que todos los males provenían de la manzana que Adán y Eva devoraron ávidamente a contrapelo de la advertencia divina.

Pero quedarse en esas “raíces” del mal no tiene mucho valor explicativo porque no da cuenta de la polimorfa gama de la violencia, no la historiza y tampoco atiende a sus rasgos actuales. Y, lo que es más importante para el asunto en cuestión, no puede servir de argumento para respaldar las demandas de asilo.

26 http://noticias.starmedia.com/sociedad/paseo-cayala-ciudadprivada-para-ricos-en-guatemala.html 27 WALDMANN, Peter. “Is There a Culture of Violence in Colombia?”, en International Journal of Conflict and Violence, Vol. 1 (1), 2007, pp. 61-75, p. 62.

28 VILLALOBOS, Joaquín. “Niños inocentes y oligarcas voraces”, El Joropo, 20 de julio 2014, en http://www.eljoropo.com/site/ joaquin-villalobos-ninos-inocentes-y-oligarcas-voraces/

LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DISEMINACIÓN DE LAS ARMAS Tanto como las motivaciones, importan los rasgos de la violencia. Uno de los más significativos es la democratización de la violencia como secuela del armamentismo y del declive estatal. Los académicos holandeses Dirk Kruijt y Kees Koonings han sostenido que a la posguerra siguió en Latinoamérica un período en que el Estado perdió el monopolio de la violencia y entramos a una etapa en que los medios y el ejercicio de la violencia se encuentran ampliamente diseminados29. La guerra dejó los medios y el “saber-cómo”. La posguerra puso el menor papel del Estado como proveedor de empleo.

Y disminuyó tanto su vertiente dura-patriarcal como la veta asistencialista-maternal: debilitó su capacidad coercitiva y redujo su cartera social.

Este es un rasgo que pone en evidencia precisamente la falta de “motivos” que puedan ser presentados en términos racionales y que por eso escapa a las explicaciones materialistas. Así lo cuenta el salvadoreño Chepe Melgar: Antes, si no había un muerto, no había alegría. Porque la gente, cada vez que se oía de un muerto, decía que era carne fresca. Hay tamales, hay café, decían. Esa era la alegría de la gente ahí en ese pueblo. ¿Usted cree que esa gente tenía temor a Dios? No tenían amor a la vida.

Iban antes con bombas los militares. Bum! Toraban una bomba en una fiesta: sin ojos, sin pieses la gente, muertos sin tripas. Hay unos que ahí están con sus tripas añadidas. Hay un cantón que le llaman El Palón [en Lolotique, San Miguel], donde hace pocón que llegaron a matar como a cinco personas con AK-47. Bolitos. De los bolitos que juegan naipes ahí en la calle. Usted sabe que hacen redondeles. Hay gente que se acostumbra a buscar un lugarcito donde haya unas piedras, se sientan y dicen a jugar naipes. Pasó un grupo de esos mareros y con un AK-47 mataron a cinco personas. Ese es todo el lema de ellos: matar gente. Y no supieron quién fue. Ni por qué.

Así lo percibió también Sergio Argueta: “Viví un año en la capital de Guatemala. Una vez yo estaba platicando con un amigo. Vino alguien en una moto y le disparó. Así nomás. Por nada”30. “Porque se puede”, podría haber dicho. O porque sobran los medios 29 KOONINGS, Kees y KRUIJT, Dirk. “Introduction: Violence and Fear in Latin America”, en KOONINGS, Kees y KRUIJT, Dirk (eds.), Societies of Fear… op. cit., p. 11.

30 Entrevista con el autor, 24 de abril de 2011.

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CENTROAMÉRICA con que hacerlo. Cuando viví tres años en el valle del Aguán, asesinaron a una de mis mejores amigas. Alba era coordinadora de un grupo juvenil de la Iglesia católica en Quebrada de Arena. Un mal día, al billar de la familia entró un conocido y, sin apenas mediar palabra, le disparó un tiro certero al corazón. ¿Podría ella haber solicitado asilo con alguna probabilidad de éxito? ¿Qué podía aducir para respaldar esa solicitud? El asesino buscaba una pistola, de esas que pasan de mano en mano, y que el hermano de Alba se había negado a venderle. Una vida truncada por un asunto tan baladí. La democratización de la violencia no deja siquiera la dignidad de dar un sentido a la muerte porque, a diferencia de la violencia que predominó en los 80, es una violencia desideologizada. Y la desideologización es, como dijo el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, una bendición dudosa31.

Esta democratización tiene consecuencias para el refugio. Los migrantes son “inocentes”. Pero lo son en el sentido de Arendt: carencia total de responsabilidad, marca de la falta de derechos y sello de su pérdida de estatus político32. No solo no se han involucrado en actividades políticas que ameriten su persecución. Su problema de cara a la actual legislación de asilo es que no pueden esgrimir la pertenencia a grupos que sean objetos específicos de persecución.

La democratización de la violencia, ese rasgo que la hace tan impredecible y ubicua, exhibe la aterradora particularidad de que golpea sin distinción. Lo que Arendt denominó “la imprevisibilidad absolutamente penetrante” de la violencia se observa aquí bregando a pleno pulmón33. Ningún grupo religioso, político, étnico, etc. puede aducir convincentemente estar en el ojo de la espiral de la violencia. Por eso los casos se debaten individualmente. El requerimiento de persecución grupal bloquea a priori cualquier intento de asilo en masa. Muchos de los testimonios que escuché durante mis entrevistas en Estados Unidos son como el de Sofía Villatoro, de Quetzaltenango, relatos de la 31 Por eso lo peor que podía ocurrirle a los vietcongs no era el fusilamiento, que les permitía morir como héroes, sino que los amenazaran con ejecutarlos simulando un accidente: arrojarlos bajo las llantas de un camión que los triturara en el anonimato y el sin sentido. FALLACI, Oriana. Nada y así sea. Noguer, España, p. 47.

32 ARENDT, Hannah. The origins of totalitarianism… op. cit., p.

295.

33 “All-pervading unpredictability of violence”, en ARENDT, Hannah. On Violence. Harcourt Brace, Nueva York, 1969, p. 5.

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huida de una violencia despolitizada, democratizada y ubicua, indicios también de una communitas en recomposición (o descomposición): Vine en el año 99. Tenía 9 años. Mi abuelita fue la que me envió con un coyote. Pensó que era muy peligroso seguir en Guatemala y que yo estaba muy grande. Más que todo, yo siempre estaba en la casa porque mi abuelita tenía mucha pena de que me fueran a secuestrar sabiendo que mis papás estaban acá en Estados Unidos.

Nos habían entrado a robar a la casa como cinco veces ya a punta de armas. Por eso mi abuelita estaba muy preocupada por mí34.

De momento Sofía está amparada por la Convention Against Torture (CAT), recurso con el que la juez cerró su caso de deportación: no por ser menor, sino en atención a la violencia de su entorno en Guatemala y, posiblemente también, porque su caso había sido publicitado en un importante medio local.

La violencia “siempre necesita herramientas”, sentenció Arendt35. La condición de posibilidad de la democratización de la violencia es la diseminación de armas: Castellanos36 y Godnick37 han sostenido que los acuerdos de paz en Centroamérica y el subsiguiente desarme no anticiparon el grado en que el armamento fluiría desde los grupos rebeldes, los paramilitares y las instituciones militares hacia las manos de ciudadanos particulares38. El resultado es un cúmulo indefinido de armas privadas no registradas. Muchas de las armas 34 Entrevista con el autor el 14.04.2014.

35 ‘Always needs implements’, en ARENDT, Hannah, On Violence… op. cit., p. 4.

36 CASTELLANOS, Julieta. Honduras: Armamentismo y violencia.

Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, Tegucigalpa, 2000.

37 GODNICK, William, MUGGAH, Robert y WASZNICK, Camilla.

Stray Bullets: The Impact of Small Arms Misuse in Central America. Ocasional Paper nº 5. Small Arms Survey. Graduate Institute of International and Development Studies, Ginebra, 2002.

38 CRUZ, José Miguel y BELTRÁN, María. “Las armas en El Salvador: su situación y su impacto”, p. 108; RODRÍGUEZ, Mario y LEÓN WANTLAND, Mayda de. “Armas ligeras y violencia en Guatemala”, p. 213; CASTELLANOS, Julieta. “Honduras: armamento y violencia”, p. 264, en El arsenal invisible: armas livianas y seguridad ciudadana en la postguerra centroamericana. Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, San José, 2001.

CENTROAMÉRICA que actualmente circulan entre delincuentes, mareros, sicarios y ciudadanos comunes son parte de los residuos del período de guerra. Este remanente explica, según Jon Wolseth —especialista en maras hondureñas—, por qué los grupos criminales pueden complementar el recurso a las omnipresentes pistolas, revólveres y chimbas con el uso de armas pesadas automáticas o semiautomáticas como AK-47 y Uzi, granadas e incluso bazucas39.

Pero lo cierto es que las armas no solo son un remante de la guerra. Existe un robusto y afanoso mercado ilegal de armas que desafía la regulación pública y drena municiones y armas de los arsenales de las fuerzas públicas hacia las manos civiles. El periodista mexicano Diego Enrique Osorno nos explica que los Gun Shows, las ferias de armas en ciudades fronterizas son las principales fuentes de abastecimiento de cuernos de chivo (AK-47), rifles AR-15 y pistolas Beretta.

Aquí no hay ningún secreto. No se trata de grupos clandestinos. A lo largo de la frontera hay más de cien mil permisionarios que la venden con la bendición de la ley40.

Desde ahí las armas fluyen hacia los narcos y hacia el sur.

En Tráfico de armas en México, Magda Coss Nogueda nos cuenta que “cerca de la frontera con México, en Texas, es más fácil comprar un arma que surtirse de gasolina”, que “casi 2000 armas de fuego entran diariamente a México procedentes principalmente de los Estados Unidos” (de 2000 a 2008 entraron al país cinco millones de armas ilegales) y que muchas de las armas rastreadas han sido encontradas en Guatemala. El Cártel de Tepito tiene al menos 35 puntos de venta de armas, procedentes de Estados Unidos o de los robos de armas a la Secretaría de Defensa Nacional, la SEDENA, que llegan al 60 por ciento de las armas decomisadas.

De hecho, en 1994, “40 toneladas de armamento adquirido por la SEDENA a los Estados Unidos, transportadas en aviones militares, habían sido entregadas a narcotraficantes”. El 40 por ciento de las armas rastreadas, después de haber sido introducidas ilegalmente a México, provienen de Texas: Houston, Dallas 39 WOLSETH, Jon. Jesus and the gang. Youth violence and Christianity in urban Honduras. The University of Arizona Press, Tucson, 2011, p. 13.

40 OSORNO, Diego Enrique. La guerra de Los Zetas. Viaje por la frontera de la necropolítica. Grijalbo, México, 2012, p. 263.

y McAllen41. Pero también vienen de Asia y Europa y llegan a Centroamérica: “Guatemala y Nicaragua son los dos países en los que se han encontrado más vacíos en la vigilancia”42. Estados Unidos también tiene un peso notable y creciente en el mercado legal de armas en la región, notorio en El Salvador, que pasó de gastar en pertrechos bélicos estadounidenses 473 mil dólares en 2006 a 3.3 millones en 2013, el 47% del total de sus compras de armas y municiones43.

LA VIOLENCIA AUTOAFIRMATORIA DE LAS MARAS Explotando esa disponibilidad de armas, las maras han cultivado fama de temibles y a sus detractores les han facilitado la tarea de construirles una leyenda negra que recorre el mundo en documentales, reportajes de la BBC, aterradoras semblanzas del History Channel y libros como De los maras a los Zetas, donde plumíferos inescrupulosos aseguran que miembros de las maras han estado en Afganistán recibiendo entrenamiento terrorista y que están construyendo un corredor de Colombia a Los Ángeles para el tráfico de droga e indocumentados44. Las maras han sido oficialmente presentadas a la opinión pública como la principal amenaza a la seguridad ciudadana en la región, e incluso como nuevos insurgentes urbanos capaces de hacerse con el control del Estado45.

La construcción de estos imaginarios no solo tiene una pretensión deliberadamente hiperbólica y conducente a una criminalización de los jóvenes que no guarda proporción con su participación real en la violencia y que, sobre todo, está intrínsecamente ligada a ciertos mitos nacionales46, a la producción de estereotipos or-

41 COSS NOGUEDA, Magda. Tráfico de armas en México. Grijalbo, México, 2011, pp. 74, 103, 110-111 y 117-120.

42 Ibíd., p. 126.

43 Global research. Centre for research on globalization, en http:// www.globalresearch.ca/us-arms-sales-to-latin-america/30559 44 FERNÁNDEZ MENÉNDEZ, Jorge y RONQUILLO, Víctor. De los maras a los Zetas. Los secretos del narcotráfico de Colombia a Chicago. Grijalbo, México, 2007, pp. 40 y 178.

45 Así lo afirma el documento con el que en Westpoint instruyen sobre el tema a los cadetes estadounidenses. MANWARING, Max G. Street Gangs: The New Urban Insurgency. Strategic Studies Institute. US Army War College, marzo 2005.

46 OETTLER, Anika. “The Central American Fear of Youth”, en International Journal of Conflict and Violence, Vol. 5 (2) 2011, pp. 261-276, p. 274.

53 septiembre 2014

CENTROAMÉRICA ganizadores del discurso47 y a una voluntad de volver al Estado artillado de un pasado no tan lejano48, sino que también elude la profundización en un fenómeno del que muy poco sabemos49 y carga las tintas para inyectar combustible al populismo punitivo50 que allana o hunde carreras políticas.

Tal y como las conocemos en la actualidad, las maras se formaron de la hibridación de pandillas criollas con una vertiente transnacional51. La denominación “mara” fue inicialmente aplicada a la “Mara salvatrucha”, compuesta por salvadoreños y oriunda de Los Ángeles. Esa pandilla se convirtió en una plataforma institucional de reafirmación para una cohorte de salvadoreños que migraron en los últimos años de la guerra y encontraron hostilidad en grupos de latinos ya establecidos en Pico-Union, Los Ángeles. Eventualmente, esa “mara” adquirió el control territorial de la calle 13 y pasó a ser conocida como “Mara 13”, y a sostener enfrentamientos con los pandilleros de la calle 18 (Barrio 18, que existía desde los 6052), en una rivalidad que trocó el eje nacionalista por un eje territorial53.

Siguiendo una trayectoria que no ha sido suficientemente elucidada, esas maras fueron absorbiendo a las pequeñas pandillas previamente existentes en Guatemala, Honduras y El Salvador. Hasta que su marca corporativa transnacional se impuso a la miríada de pandillas locales y dio paso a las que 47 HUME, Mo. “The Politics of Violence: Gender, Conflict and Community in El Salvador”, en Bulletin of Latin American Research Book Series. Wiley-Blackwell, Oxford, 2009, p. 24.

48 TORRES-RIVAS, Edelberto. Crisis del poder en Centroamérica.

EDUCA, San José, 1981, pp. 71-112.

49 BELLANGER, Wendy y ROCHA, José Luis. “Investigando las maras y pandillas en Centroamérica: reflexiones metodológicas”, en Iberoamericana, Año VIII, Nº 32. Iberoamericana Editorial/ Vervuert, Madrid y Frankfurt, diciembre 2008, pp. 137-152.

50 También llamado populismo penal. ROBERTS, Julian V., et al.

Penal Populism and Public Opinion. Oxford University Press, Oxford, 2003.

51 RODGERS, Dennis y ROCHA, José Luis. “Turning points: Gang evolution in Nicaragua”, en Small Arms Survey 2013.

Cambridge University Press, The Graduate Institute, Ginebra 2013, cap. 3, pp. 46-73, p. 47.

52 WOLF, Sonja. “El control de pandillas en la relación El SalvadorEstados Unidos”, en Foreign Affairs Latinoamérica, Vol. 9, Nº 4, octubre-diciembre 2009, pp. 85-96, p. 86.

53 LARA KLAHR, Marco. Hoy te toca la muerte: El imperio de las Maras visto desde dentro. Editorial Planeta, México, 2006.

54 envío

acaso sean las primeras pandillas glocales: funcionan más como una red de clicas donde los vínculos transnacionales no han ahogado la autonomía local54.

Esa fusión fue posible por la masiva deportación de algunos de los mareros, que iban incluidos entre los centroamericanos expulsados desde Estados Unidos con cargos criminales entre 1993 y 1998: 7,223 salvadoreños, 4,274 hondureños y 3,638 guatemaltecos.

Representaron el 41, 25 y 24% de los deportados de esas nacionalidades55. Este origen dejó vestigios en un cordón umbilical que siguió uniendo a las maras centroamericanas con sus homólogas de Los Ángeles, mediante una activa circulación de miembros, reglas, directrices, respaldo internacional y fondos para compra de armas56.

EL RECHAZO COMO EMBLEMA Con esta reorganización glocal, los estigmatizados hicieron del estigma un emblema. Bauman explica algunos aspectos de la violencia como reacción de los excluidos ante los cambios en una posmodernidad que los discrimina y que mantiene al marginado “en su forma de forastero. Se lo despoja de su singularidad individual, personal, de lo único que impide los estereotipos y supera o mitiga el impacto reduccionista de la ley, incluso del derecho criminal”57. Puesto que el rechazo y la exclusión del Estado-comisario buscan “que el rechazado-excluido acabe por aceptar su imperfección e inferioridad social, no es casual que las víctimas se defiendan. Antes que aceptar sumisamente el rechazo y convertir el acto oficial en un autorrechazo, prefieren rechazar a quienes los rechazan”58. El rechazado hace del rechazo un emblema y “recurre al único medio a su alcance que contiene un cierto grado de violencia”: reincide y se torna más violento. En esa 54 WOLF, Sonja. “Maras transnacionales: Origins and Transformations of Central American Street Gangs”, en Latin American Research Review, Vol. 45, núm. 1, 2010, pp. 256-265, p. 259.

55 U.S. Immigration and Naturalization Service. Statistical Yearbook of the Immigration and Naturalization Service 1998. U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 2000, pp. 221 y 225.

56 GONZÁLEZ CANDÍA, Jorge Atilano. En busca de la fraternidad perdida. Micro-relatos de una juventud abandonada que busca su identidad. Centro de Estudios Teológicos de la Compañía de Jesús en México, México, 2002, p. 55.

57 BAUMAN, Zygmunt. La globalización. Consecuencias Humanas. Fondo de Cultura Económica, México, 2003, pp. 140-141.

58 Ibíd., pp. 163-164.

CENTROAMÉRICA suerte de populismo punitivo que intercambia votos por palo y fuego, a falta de pan y circo, los gobiernos centroamericanos se impusieron la tarea de señalar nuevos enemigos públicos, siempre entre los jóvenes, cambiando el discurso de la seguridad nacional por el de seguridad ciudadana, pero reproduciendo sus viejos hábitos homicidas en forma de operativos de limpieza social en calles y cárceles. Incendios “accidentales” y armas misteriosamente introducidas en las prisiones diezmaron a los mareros y atizaron su rabia.

En El dolor de la ausencia, el periodista Manuel Torres Funes da cuenta de la cruzada sin tregua contra mareros y no mareros, que produce crímenes como el caso de los Cuatro Puntos Cardinales, que culminó con la condena del Estado de Honduras por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (21 de septiembre, 2006) por

Operativos del mismo tenor produjeron 1,068 ejecuciones extrajudiciales de menores de 23 años en 2011, 911 en 2012 y más de 300 hasta abril de 2014, de acuerdo a denuncias de Casa Alianza que la policía cobró a su director con una paliza a cielo abierto y torturas durante su detención60.

Los organismos humanitarios no mencionan que las maras actúan en este denso caldo. Uniéndose al coro que busca un chivo expiatorio, no fue pecata minuta de sus informes machacar con tanta insistencia sobre la violencia proveniente de las extorsiones, palizas y reclutamiento forzoso de las maras, aun cuando esa insistencia esté motivada por el deseo de establecer de una vez por todas que la persecución de las maras es causa suficiente para obtener asilo. Apelando a la leyenda negra diseminada por los medios de comunicación, mencionaron reiteradamente que los niños huyen de las maras. Y por amor a los niños, pero dejando de lado que también muchos de los mareros son menores, echaron granos y carretadas de arena a la criminalización de los jóvenes y la agenda del terror que infla soluciones y presupuestos policíacos.

Existe una clara desproporción entre los testimonios recabados durante mi gira por la frontera y el protagonismo atribuido a las maras en los reportes. Celvin Paguada y Zacarías Orellana, cobradores de bus en Tegucigalpa, declararon: “Salimos de ahí porque no aguantábamos más las extorsiones de los mareros”61. Pero su testimonio no es prototípico. La mención de las maras debe guardar proporción con la violencia que cabe atribuirles (no todos los delitos son de pandilleros ni el pandillerismo consiste en la comisión de delitos), atender a su origen (como señaló la investigadora Sonja Wolf, Estados Unidos buscó “deshacerse de un problema de cosecha propia a través de las deportaciones”62) y tener presente que las pandillas son tan violentas como el contexto en que operan (la represión del gobierno y el emprendedurismo altamente competitivo y las técnicas de mercadeo de los narconegocios han acicateado su belicosidad).

Continuará…

59 TORRES FUNES, José Manuel. El dolor de la ausencia.

Compilación de testimonios familiares sobre los asesinatos de niños, niñas y jóvenes en Honduras. Ediciones Guardabarranco, Tegucigalpa, 2008, p. 8.

60 Casa Alianza. Informe anual 2011, p. 6. Casa Alianza. Informe mensual diciembre 2012, p. 21. Redacción en Vie, Director de Casa Alianza golpeado brutalmente por la Policía Militar, 05/09/2014, en http://conexihon.info/site/noticia/derechoshumanos/derechos-humanos/director-de-casa-alianza-golpeadobrutalmente-por-la

61 Entrevista con el autor, 21.03.2014, Nogales, Sonora.

62 WOLF, Sonja. “Subverting Democracy: Elite Rule and the Limits to Political Participation in Post-War El Salvador”, en Journal of Latin American Studies, 41, 2009, p. 86.

la ejecución de cuatro jóvenes adolescentes que habían sido detenidos [como presuntos mareros] por fuerzas de seguridad del gobierno en un 15 de septiembre de 1995 (…) Los cuerpos de los infortunados jóvenes aparecieron posteriormente en cuatro puntos diferentes de la ciudad, con signos inequívocos de ejecución, señales de tratos crueles y torturas y asegurando su muerte certeros disparos en la cabeza, utilizando la misma arma en todos los crímenes59.

55 septiembre 2014

Los escritos de Ricardo Falla sobre Honduras nos dejan el sabor, el aroma y el ambiente de la última década del siglo XX, y se abren como en bienvenida al nuevo siglo.

Los temas que tratan sus escritos prefiguran lo que será el derrotero del siglo XXI. Busque este libro en el ERIC y Radio Progreso y en las principales librerías del país.

Nuestra Palabra

Septiembre para debate En septiembre es cuando más hablamos de independencia, libertad y soberanía. Hablamos mucho, pero decimos muy poco. Al recordar los 193 años de independencia de los criollos de los españoles, hay un dato que los analistas toman para explicar la fragilidad de nuestros Estados: Centroamérica tiene un problema de origen, nunca se logró la “unión centroamericana” y desde el arranque se desmembraron minúsculos Estados que por sí solos nunca han podido salir airosos con propuestas nacionales. Cada país se convirtió en feudo de un puñado de señores oligarcas.

Al nacer dividida, Centroamérica perdió su capacidad para impulsar un proyecto común para aprovechar racionalmente sus recursos, su ubicación geográfica estratégica, impulsar programas turísticos comunes y planes de auténtico desarrollo sin estar sometida a los capitales externos.

Divididos, los Estados cayeron víctimas de los grandes, cumpliéndose aquello de que a las sardinas se las acaba comiendo el tiburón. Convertir la parcela centroamericana en mini estados facilitó el impulso de proyectos económicos históricos sometidos a multinacionales y a caudillos locales que tanto daño han hecho a la región, como los enclaves mineros, bananeros, o la depredación de bosques de maderas preciosas.

Hoy, en pleno siglo veintiuno, los políticos centroamericanos han dado muestras precisas de seguir profundizando este error de origen de los Estados centroamericanos, y por supuesto los políticos hondureños van a la cabeza. El proyecto de las ciudades modelo o la ley de minería no hacen otra cosa que dividir aún más el territorio y debilitar más la capacidad del país para competir en un mundo globalizado.

Mientras los historiadores y la propia realidad nos plantean que solo somos viables si trabajamos en alianza o impulsando proyectos con una visión centroamericana, los políticos hondureños tiran a la basura las lecciones del pasado e impulsan planes que nos hacen vivir como rémoras del capital multinacional, incluso prefieren alianzas oscuras con grupos ilegales que acaban destruyendo la precaria institucionalidad.

Al recordar un año más de la independencia que un día proclamó una élite criolla para impedir que el pueblo luchara por alcanzar su libertad, es necesario que debatamos sobre el Estado y la sociedad que tenemos, y sobre el Estado y la sociedad que necesitamos. Hay mucho por debatir y por consensuar. Aquí ofrecemos algunos temas para iniciar: ¿es viable el Estado impulsado por la clase política y la élite empresarial actual? Cuando los diputados hablan de que somos soberanos, libres e independientes, ¿de qué realmente están hablando? Las ciudades modelo o leyes que exoneran a multinacionales del pago de impuestos o que favorecen en extremo la explotación de la riqueza minera, ¿fortalecen o debilitan el Estado hondureño?

A pesar de los ruidos de los tambores y los discursos grandilocuentes, septiembre también puede ser ocasión para seguir el debate, la búsqueda de consensos y la lucha.

Radio Progreso y ERIC-SJ 18 de septiembre de 2014