Revista Envío-Honduras | Año: 12 - No. 42 - Junio 2014

envio Esta edición de la Revista Envío-Honduras es una producción del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (eric-sj).

Su contenido puede ser reproducido total o parcialmente, citando la fuente.

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Año 12 • N° 42 • Honduras • junio de 2014

• Las estrategias de una democracia ausente................................1 • Violencia, asilo y la búsqueda de lugares “frescos”.................10 • ¿Hacia dónde va el presidente Juan Orlando Hernández y su gobierno?.................................17 • El sindicalismo hondureño ya no es lo que fue........................21 • El ascenso de la “nueva” derecha en el Partido Nacional (2): El estigma social y los estigmas políticos de la modernidad y la tradición (2002-2006)...........................26 • Glosario de la transparencia y la información pública con mirada ciudadana......................38

Consejo de redacción: Ismael Moreno SJ, Isolda Arita, Marvin Barahona, Joaquín A. Mejía R. y Eugenio Sosa.

Colaboran en este número: Ismael Moreno SJ, José Luis Rocha, Manuel Torres Calderón, Eugenio Sosa, Marvin Barahona y Lucila Funes Valladares.

Editores: Marvin Barahona e Isolda Arita Diagramación: Yasmin Pérez Impresión: Editorial Guaymuras, Tegucigalpa, Honduras.

Tiraje: 1 000 ejemplares

El fútbol La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí. En este mundo del fin de siglo, el fútbol profesional condena lo que es inútil, y es inútil lo que no es rentable. (…).

El juego se ha convertido en espectáculo, con pocos protagonistas y muchos espectadores, fútbol para mirar, y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar sino para impedir que se juegue. La tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza, que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la fantasía.

Por suerte todavía aparece en las canchas, aunque sea muy de vez en cuando, algún descarado carasucia que se sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival, y al juez, y al público de las tribunas, por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad.

Eduardo Galeano, El futbol a sol y sombra, 1995.

ACTUALIDAD

Las estrategias de una democracia ausente ISMAEL MORENO, SJ*

Tres parecen ser las estrategias que destacan en el gobierno de Juan Orlando Hernández. La primera es la centralización de las decisiones, presidida por la militarización como respuesta de fuerza a la inseguridad ciudadana, la criminalidad y la oposición. La segunda, la apuesta por una alianza con el empresariado y el capital multinacional para responder a la crisis económica, al tiempo que se acentúan los programas asistencialistas y clientelares. La tercera es la masificación de la publicidad oficial para mostrar logros y presentarse como un gobierno fuerte y solvente.

Y en las tres, la gran ausente es la democracia. ¿ESTRATEGIA FUERTE O GOBIERNO DÉBIL? A casi un semestre de haber tomado posesión, el gobierno se esmera en parecer fuerte ante la inseguridad y el crimen, así como ante las expresiones de voces contrarias a su gestión. La persistente declaración presidencial de que “se acabó la fiesta para los criminales y narcotraficantes”, lo hace parecer vencedor incluso antes de actuar, y presentar solidez mucho antes de resolver su debilidad institucional y política. Ser fuerte y parecerlo se ha convertido en divisa y consigna.

Para lograrlo, el gobernante está decidido a “hacer lo tenga que hacer”, con tal de que su estrategia de fuerza se manifieste en la reducción de las cifras de muertes violentas.

Las medidas no se detienen en valoraciones éticas; aquí “el fin justifica los medios”. Ante todo, control de los datos y de la información, como en las dictaduras.

*

Director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y de Radio Progreso.

CONTROL DE LAS CIFRAS ANTE UNA VIOLENCIA DESCONTROLADA El Observatorio de la Violencia de la UNAH ha encontrado las puertas de las instituciones de justicia cerradas herméticamente.

No puede realizar sin obstáculos la labor de investigación e información que tanto bien le ha venido haciendo a la sociedad hondureña en los últimos años. La orden del ministro de Seguridad es tajante.

Nadie que no sea esa Secretaría puede tener acceso a cifras de muertes violentas e informarlas a la ciudadanía. Las cifras y la información oficiales sobre la violencia en Honduras hay que esperarlas del despacho de la Secretaría de Seguridad. Y en efecto, las cifras han bajado. Un funcionario de dicho ministerio se atrevió a decir que las cifras actuales de muertes violentas se aproximan a cincuenta por cada cien mil habitantes, en lugar de 79, como días atrás lo había informado el propio secretario de Seguridad.

Y a renglón seguido el funcionario aseveró: “esto nos coloca en las cifras que se tenían en el año 2006”.

Si han ocurrido más de cuarenta masacres en lo que va del año, eso es lo de menos; y si los funcionarios responsables de la seguridad transitan con muchas más medidas de seguridad, eso también es lo de menos. Lo que importa son las cifras oficiales, no la realidad cotidiana.

Lo que importa es el control de las cifras, siempre y cuando la campaña publicitaria se encargue de unir ambas dimensiones en torno al éxito del presidente de la República. ¿ALIANZAS CON LA CRIMINALIDAD? También están las alianzas al interior de la criminalidad.

De acuerdo a informaciones que provienen desde las fuentes protagonistas, sectores del Estado habrían establecido algunos acuerdos subterráneos con líderes de la mara Salvatrucha para atacar conjuntamente a la pandilla 18. Sea lo que fuere, existen notables coincidencias entre esta información recabada por Envío-Honduras y los datos de la realidad que van dejando muy mal parados a los líderes de la 18, quienes son sistemáticamente

ACTUALIDAD

ESTADO DE HONDURAS PIDE PERDÓN POR ASESINATO DE AMBIENTALISTA El 19 de mayo, el secretario de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Rigoberto Chang Castillo, en nombre del Estado de Honduras, pidió perdón a los familiares del ambientalista y regidor municipal Carlos Antonio Luna López, asesinado el 18 de mayo de 1998 en Catacamas, Olancho.

Lo anterior, atendiendo a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, el 10 de octubre de 2013, declaró que el Estado es internacionalmente responsable por la violación del deber de garantía del derecho a la vida.

La sentencia de la CIDH ordena que el Estado, como medida de rehabilitación, debe brindar de forma gratuita e inmediata el tratamiento psicológico que requieran los familiares de la víctima, por el tiempo que sea necesario, incluida la provisión gratuita de medicamentos.

Establece, además, que se debe presentar un informe anual donde se indiquen las acciones realizadas para implementar una política pública efectiva para la protección de los defensores de derechos humanos, en particular de los defensores del ambiente.

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capturados, enjuiciados en ágiles y expeditos procesos judiciales y con sobradas acusaciones; incluso aparecen asesinados, en contraste con la tranquilidad con la que se mueven los líderes de la Salvatrucha, sin que sus capturas y bajas se asemejen a las de la pandilla enemiga.

Algunas de las razones para este pacto residirían, en primer lugar, en que la pandilla 18 se ha ido profesionalizando en la venta de servicios como el sicariato, mientras que la Salvatrucha acentúa la práctica de las extorsiones. En segundo lugar, al decir de qui enes tienen conocimiento interno de sus prácticas, la 18 tiene una estructura de mando extremadamente vertical, las decisiones radican en última instancia en el mando individual del jefe, lo que dificulta las negociaciones entre sectores del gobierno y líderes intermedios porque, finalmente, los acuerdos son desconocidos por los jefes superiores; mientras que la Salvatrucha tiene una estructura de mando más colectiva, y si se llega a acuerdos con alguno de sus líderes, estos suelen ser respetados por el resto de los liderazgos.

Existen indicios para suponer que en los últimos años la Salvatrucha ha tenido mayor capacidad para negociar, lo que se expresa en la diferencia de trato que reciben ambos liderazgos pandilleros dentro de los centros penales por parte de las autoridades. Los líderes de la Salvatrucha gozan de algunas prebendas y beneficios, más que los líderes de la 18. Estos beneficios podrían trasladarse de la cárcel a la calle, donde la Salvatrucha podría gozar de alguna protección en sus actividades de extorsión por parte de la policía, hasta hablar incluso de coordinaciones activas entre mandos policiales y mandos de la pandilla.

De igual manera, se habla de que los acuerdos incluirían ventajas que propiciarían, tanto los directores de las cárceles como los jefes policiales, para que las ayudas provenientes de la pastoral penitenciaria de las iglesias Católica y Evangélica favorezcan primordialmente a los pandilleros de la Salvatrucha. El alto reconocimiento que el Congreso Nacional rindió a dos representantes de estas iglesias, a finales de mayo pasado, estaría vinculado con el interés de funcionarios muy cercanos a estos acuerdos, para ganarse la confianza y mantener una relación estrecha con los liderazgos eclesiásticos y así facilitar el cumplimiento de los compromisos acordados con este sector de la criminalidad organizada. ¿GUERRA DE CIFRAS O BUSCAR UNA REDUCCIÓN REAL DE LAS MUERTES VIOLENTAS? ¿Es el objetivo primordial de la Secretaría de Seguridad y del gobierno en su conjunto reducir la criminalidad? ¿Es posible hacer frente con éxito a la criminalidad organizada a partir de pactos o acuerdos entre sectores gubernamentales y sectores de la criminalidad? Lo que se pretendería en un primer momento, si acaso se unen estas posibles alianzas con la Salvatrucha y la guerra de las cifras de muertos, es reducir el accionar de la pandilla especializada en el sicariato para así reducir objetivamente las cifras de muertes violentas. Dando el beneficio de la duda, se podría pensar que este primer objetivo sería apenas un paso en la lucha por reducir realmente, no solo las cifras, sino también el ambiente y la realidad de criminalidad, delincuencia e inseguridad

ACTUALIDAD que priman en la sociedad. Para la Secretaría de Seguridad, la reducción de las cifras de homicidios pasa por el sistema carcelario y por trastocar el poder de iniciativa que tiene la criminalidad organizada que controla los centros penales.

El ministro Corrales Álvarez lo sabe, por ser experto en manejar información y en negociar con quienes tienen poder. No en vano, controla la información de los hogares hondureños a través de su propia empresa, que registra mes a mes la tarifa por consumo de electricidad.

Además, cuando meses atrás puso en marcha la medida de cortar las señales de los celulares en los centros penales, los resultados fueron contundentes. Según fuentes de la Secretaría de Seguridad, en los primeros tres días de vigencia del control de las llamadas telefónicas desde los centros penales, los homicidios se habrían reducido en un ochenta por ciento. La medida encontró descolocados a los líderes, especialmente de la pandilla 18. Muy pronto recompusieron su estrategia y el accionar de las pandillas remontó las cifras. Por ello, el control de las iniciativas y ejecuciones de esta pandilla es fundamental para tener cifras sostenidas de reducción de homicidios.

SICARIATO VERSUS EXTORSIONES Sin embargo, para muchos sectores de la sociedad, son tan graves los asesinatos que cometen los sicarios como la realidad de las extorsiones que casi siempre están vinculadas con asesinatos. Y sigue siendo tan grave el ambiente de inseguridad y violencia que vive y percibe la población, como la tendencia a militarizar las respuestas por parte del Ejecutivo. Mientras el ministro de Seguridad está obsesio-

nado por las cifras, sin importar la realidad de muerte, el presidente Hernández se ciega en las respuestas militaristas. De acuerdo a diversas versiones de analistas y consultores de la sociedad civil, existe un ambiente creciente, entre sectores públicos y privados, para pensar que estos planes de militarización del presidente no están dando los resultados esperados, no obstante la inversión desaforada en campañas publicitarias.

La Policía Militar del Orden Público no solo no está resolviendo la situación de inseguridad, sino que en los hechos está contribuyendo a incrementarla, según estos analistas. Y entre la Secretaría de Seguridad y la Presidencia de la República no parece existir prioridades y metodologías comunes para enfrentar la violencia y la inseguridad. El presidente de la República busca reducir la inseguridad invirtiendo en los militares.

Pero el ministro Corrales Álvarez busca reducir la violencia y los índices de homicidios pactando con quien sea, como podría ocurrir con los eventuales acuerdos con la Mara Salvatrucha.

Para mucha gente, el mayor problema de inseguridad es la angustia de ser extorsionada; esta se expresa en los hogares donde el timbre del teléfono fijo suele asociarse con una llamada de amenaza o advertencia de la Mara Salvatrucha, la cual casi siempre va acompañada de la exigencia del pago del “impuesto de guerra”, si es que no se quiere pagar la desobediencia con el asesinato de toda la familia. Lo mismo ocurre con el servicio de taxis, microbuses rapiditos y autobuses.

La extorsión es la mayor fuente de inseguridad, y un paso hacia la muerte. Siendo así, salta a la vista que el propósito de algunos sectores

EN EL DÍA DE LAS MADRES Con motivo del Día de la Madre hondureña, un grupo de mujeres decidió celebrar la fecha honrando a las madres que han perdido a un hijo o hija como producto de la violencia y la criminalidad que castiga al país.

Desde muy temprano, el domingo 11 de mayo, las mujeres, en compañía de esposos e hijos, se plantaron frente a Casa Presidencial portando globos blancos y pancartas con mensajes de repudio a las muertes de jóvenes y niños en Honduras.

También elaboraron un ataúd que simbolizaba el luto y dolor de mujeres que lloran la ausencia de un hijo.

“Es lamentable ver que el segundo domingo de mayo los cementerios de Honduras estén llenos de madres coronando a sus hijos asesinados, en lugar de ser los hijos quienes lleven flores a las tumbas de sus madres, rompiéndose así la ley de la vida”, dijo Claudia Mejía, al momento de colocar flores en el ataúd de cartón.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras informó que, en los últimos diez años, más de 48 mil madres han perdido a sus hijos e hijas a causa de la violencia.

3 junio 2014

ACTUALIDAD LAS ESPOSAS TAMBIÉN La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, señaló el 12 de mayo que algunas esposas de ex funcionarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), estarían vinculadas con los actos de corrupción que llevaron al colapso financiero a esa institución.

Por ejemplo, lideraban una red de testaferros que compraba mansiones y terrenos con dinero pagado a las “empresas de portafolio”, que recibieron fondos por contratos que no cumplieron. Estas sociedades, cuyas juntas directivas estaban integradas por las esposas de los exfuncionarios, transfirieron los fondos a empresas de bienes raíces, que lo destinaron a la compra de decenas de propiedades, incluso en Estados Unidos.

Castellanos detalló que el Ministerio Público ya posee registros de gastos millonarios de estas personas, como “compras diarias de joyas que van desde 50 mil hasta 250 mil lempiras, así como onerosos gastos en artículos suntuarios como carteras y ropa”. También se reportan gastos en viajes a Estados Unidos y Europa para asistir a conciertos de artistas famosos y eventos deportivos.

El 19 de junio, el Ministerio Público incautó tres propiedades valoradas en 15 millones de lempiras, que se suman a otras 21 aseguradas por ser adquiridas con recursos malversados del IHSS. En total, se han decomisado 24 bienes, cuyo costo global es de 145 millones de lempiras, aproximadamente.

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gubernamentales, al negociar con un sector de la criminalidad organizada, no busca tanto hacerle frente a la problemática de fondo, sino más bien buscar en el más corto tiempo posible reducir las cifras de muertes violentas, más con fines de autocomplacencia de un gobierno que necesita presentarse fuerte y exitoso en sus logros contra la inseguridad.

MILITARIZACIÓN: LA OPCIÓN MÁS REAL La tendencia que parece imponerse es la del titular del Ejecutivo. El presidente de la República busca hacerse y presentarse fuerte ante la sociedad hondureña, a través de una oferta militarizada de la seguridad. Siendo presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández lideró la aprobación de figuras jurídicas para la creación de una tropa militar especializada en contrainsurgencia y lucha contra el crimen organizado, denominada TIGRES, así como la creación de la Policía Militar del Orden Público. Una vez convertido en presidente de la República, ha asumido la tarea de poner en marcha estas instancias, al tiempo que emula la labor de los militares, y eleva a rangos superiores a oficiales de la policía muy cuestionados en el tibio y mediocre proceso de investigación relacionado con la depuración policial que impulsó la administración anterior; además, ofrece todo el respaldo económico, institucional e ideológico a las Fuerzas Armadas para el adiestramiento militar de adolescentes de barrios y colonias marginales bajo el programa “Guardianes de la patria”, que los militares venían impulsando desde hace cuatro años con el fin de “amansar conciencias”, pero que solo en esta admi-

nistración adquirió pleno reconocimiento y respaldo institucional e ideológico.

En la formación de la adolescencia marginal subyace una enorme dosis ideológica militarista y un gran desprecio a la sociedad civil.

Si a los adultos ya no se les puede cambiar, porque fueron formados sin disciplina y sin obediencia firme a la autoridad —y por ello ahora se les ve como responsables de las muertes violentas— corresponde ahora invertir en la formación del semillero para construir la patria del futuro, según el ideólogo militar, coronel German Alfaro, de acuerdo con una entrevista que concedió a Radio Progreso a finales de mayo.

Resulta evidente que la propuesta gubernamental en los temas de seguridad pública, soberanía, control de territorios y persuasión a la ciudadanía se sostiene sobre una concepción ideológica basada en el militarismo, el control coercitivo, la represión, el autoritarismo y la amenaza.

EL GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN Esta concepción es la misma que subyace en las relaciones del gobierno con la oposición, cualesquiera que sean sus signos políticos, sociales o partidarios. El gobierno necesita, obviamente, de la oposición. Pero necesita una oposición entendida como parte del cogobierno establecido desde el modelo bipartidista para conducir el Estado. Desde la perspectiva bipartidista, oposición es aquella que, oficialmente, comparte el gobierno en el reparto de cargos y puestos, y acepta que el Ejecutivo sea el principal conductor de dicha alianza. Esta oposición cuestiona al gobierno dentro de los límites de la complementariedad y como parte del rito hacia la búsqueda de qui-

ACTUALIDAD tarle al partido adversario, a través de las elecciones, la conducción del Ejecutivo.

Todo lo que se sale de este acuerdo real, tácito e institucional, deja de ser oposición para pasar a ser “peligro subversivo”, “radicalismo político”, “amenaza comunista”, “terrorismo destructor” y “delincuencia política”. Es justamente lo que parece estar ocurriendo actualmente, con el agravante de que esa “delincuencia política” ha osado remplazar, desde los resultados electorales, a la oposición tradicional.

El partido que controla el Ejecutivo, y que tradicionalmente tiene la prerrogativa de dirigir las alianzas y el reparto de puestos en el gobierno, tiene ahora una oposición inesperada, radical y revoltosa, a la que no controla con la lógica tradicional.

GARRAS Y COLMILLOS DE UN TIGRE DE PAPEL En este análisis no entraremos a valorar los alcances reales de la actual oposición, ni las torpezas de los líderes del bipartidismo tradicional de verle más garras y colmillos al tigre que lo amenaza, cuando no existen ni garras ni colmillos, y quien los amenaza no pasa de ser un tigre de papel. Lo que destacamos es la concepción de oposición que emerge de un gobierno con rasgos profundamente militaristas y que busca ejercer control sobre movimientos e ideas. En esta concepción, tanto la delincuencia común como la organizada, junto con la protesta social y la oposición política no controlada desde el Ejecutivo, son metidas dentro del mismo costal de quienes hacen peligrar la estabilidad de la democracia en la que se sostienen los grupos privilegiados.

En este costal son tan delincuentes los extorsionadores, narcotraficantes y sicarios, como los campesinos que hacen tomas de tierra y los es-

tudiantes que protestan por alguno de los temas relacionados con la educación y sus intereses.

Tan peligrosos son para la “democracia” quienes demandan en las calles “cárcel para los corruptos” que se han robado los dineros del Seguro Social, como los que secuestran o cometen crímenes. Una administración basada en una mentalidad militarista no entiende de un diálogo franco y abierto con quienes están fuera de su alcance y control.

Así se explica que las acciones de la Policía Militar del Orden Público se hagan sentir con la misma fuerza y decisión en un barrio marginal para capturar jóvenes sospechosos de delinquir, como en las cercanías de Casa Presidencial para detener la movilización de organizaciones sociales y territoriales que demandan la derogación de la Ley de Minería, las Zonas Especiales de Desarrollo Económico o ciudades modelo, o la libertad para el luchador agrario José Isabel “Chabelo” Morales. O lo que sucedió en el hemiciclo del Congreso Nacional, cuando en mayo esta misma policía actuó con fuerza desproporcionada para apaciguar una protesta de los diputados de Libre, porque el Partido Nacional una vez más los dejaba fuera de la integración de las instancias del Estado, en este caso del Tribunal Supremo Electoral.

El mismo patrón de conducta se observó cuando la policía golpeó sin fundamento alguno al director de Casa Alianza, José Guadalupe Ruelas, y luego, desde los altos mandos policiales se buscaron argumentos —apoyados por los medios de comunicación corporativos— para presentar al señor Ruelas como un borracho, mujeriego y parrandero, cuando las pruebas científicas demostraban lo contrario.

NIÑEZ Y CRIMEN ORGANIZADO El crimen organizado, aprovechándose de la pobreza y de que las leyes impiden imputar penalmente a menores de edad, reclutan y entrenan en técnicas de ataque y uso de armas a niños pobres o en situación de abandono, según el estudio “Niñez y juventud en las redes del crimen organizado en Tegucigalpa”, difundido el 16 de mayo por Casa Alianza.

Gerardo Rivera, uno de los representantes del Observatorio de Casa Alianza, dijo a Efe que la niñez hondureña está siendo utilizada por el crimen organizado como “instrumento de generación de violencia y para cometer ilícitos como robos, sicariato, extorsión, tráfico y venta de drogas, tráfico y venta de armas”. Aunque no hay estadísticas oficiales, Rivera advirtió la presencia cada vez mayor de menores entre los 10 y 18 años en bandas delincuenciales.

Los niños de bajos recursos económicos o en situación de abandono familiar son los más vulnerables al reclutamiento forzado de estos grupos. El informe señala que de 120 niños y jóvenes encuestados por Casa Alianza, el 44% considera que las actividades delictivas que más ingresos les generan, de forma rápida y fácil, son la venta de drogas, el robo y la extorsión.

5 junio 2014

ACTUALIDAD

URGE PROTEGER A LA NIÑEZ DE LA VIOLENCIA La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante un comunicado, instó al Estado de Honduras a proteger a los niños de la violencia y dar prioridad a la investigación de una reciente ola de asesinatos de menores en el país.

La CIDH recordó que cinco jóvenes murieron y uno resultó herido el 4 de mayo al explotar una granada dentro de un centro correccional de menores, en San Pedro Sula; en otros hechos recientes, cuatro niños entre dos y trece años fueron asesinados a puñaladas en su casa, y otros dos fueron torturados y asesinados. Todos estos hechos fueron atribuidos por las autoridades hondureñas a las pandillas o “maras”.

“La ausencia de intervenciones eficientes y eficaces del Estado frente a los desafíos de la seguridad ciudadana genera un sentimiento de frustración y desprotección en amplios sectores de la población, lo que afecta seriamente la convivencia en una sociedad democrática y la vigencia del Estado de Derecho”, apuntó la CIDH. En los primeros meses de este año, 270 menores de 23 años fueran asesinados, algunos en sus propias casas. Solo en mayo, 102 niños fueron asesinados en Honduras, según datos recabados por Casa Alianza.

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De acuerdo con este patrón de conducta, que se aplica contra personas y sectores de la oposición, se puede deducir que existe la decisión de atacar todo aquello que represente una amenaza al régimen, para lo cual se recurre a acciones represivas, al contubernio con ciertos medios de comunicación, y a la difamación de dirigentes o líderes que tienen reconocimiento ético, social y político en la defensa de los derechos humanos.

UNA CONCEPCIÓN MILITARISTA Y ELITISTA SOBRE LA OPOSICIÓN POLÍTICA Esta incapacidad sistémica de la extrema derecha hondureña para establecer puentes con la oposición, tiene su sustento en una concepción militarista y elitista. Todo se resuelve desde arriba, a palos si es necesario. Todas las escalas hacia abajo deben obedecer, sin protestar.

La razón y la verdad solo pueden residir en los gobernantes, y finalmente solo hay una última palabra: la del presidente Juan Orlando Hernández.

La subordinación de los poderes Judicial y Legislativo a la decisión personal del presidente se ha convertido en prueba de firmeza del Poder Ejecutivo. Cuanto mejor obedezcan y cumplan los mandatos, mejor les irá a los sectores subalternos. Si no obedecen, es porque son resentidos, malcriados e indisciplinados, y a ellos solo se les puede responder con la fuerza y la represión.

Juan Orlando Hernández parece ser un representante eximio de esta concepción elitista y autoritaria, y ha tenido la habilidad de rodearse de colaboradores con una potente disposición para la obediencia.

El poder suele hacer que los líderes pierdan la perspectiva, y

sabiéndose en una ubicación privilegiada, los objetos y las personas se le desfiguran o toman la forma de acuerdo al modo como el Poder desea que se les mire. Así parece ocurrirle a Juan Orlando Hernández, apenas seis meses después de iniciar su mandato. Ya no solo desprecia a la oposición política radical —como él llama a los diputados de Libre—, sino que también se atreve a confrontar la política del Departamento de Estado de Estados Unidos, justamente cuando más subordinadas están sus políticas a las decisiones del imperio del Norte.

LOS ENGAÑOS DEL PODER Es plausible que cuando el 9 de junio el presidente Hernández lanzó amenazas y advertencias al gobierno de Estados Unidos —teniendo a su lado a la embajadora Liza Kubiske—, tuviese no solo el malestar por la decisión del gobierno estadounidense de hacer que Honduras respete los acuerdos bilaterales en relación con los aviones F-5, sino por otras presiones relacionadas con la extradición de narcotraficantes que dentro del país gozarían del respaldo de políticos y estructuras del Estado, más la carta que 108 congresistas enviaron a finales de mayo al Departamento de Estado, exigiendo la revisión de la ayuda o cooperación militar que el gobierno estadounidense destina a Honduras.

El presidente, seguramente de manera espontánea y olvidando por un momento sus ataduras con el imperio, dijo textualmente: “Siento que las cosas deben estar claras, señora embajadora; claras como el agua, o nos están ayudando o no nos van a seguir ayudando, pero es bueno saberlo con claridad porque buena parte del problema que

ACTUALIDAD existe en el país es a raíz del tráfico de drogas porque allá en el norte lo consumen, y en el sur lo producen”.

Un embajador, presente en el evento, se refirió a esas declaraciones y advertencias con la siguiente opinión: “Esas expresiones, tan alejadas de los márgenes de la diplomacia, solo podrían hacerlas gobiernos muy fuertes. Y no lo hacen. Que el presidente hondureño haga esa afrenta al gobierno de los Estados Unidos apenas es una muestra de ausencia de visión o una soberbia muy mal situada”.

MULTINACIONALES DEFINEN ESTRATEGIA ECONÓMICA Mientras las estrategias de militarización y de reducción de las cifras de homicidios no acaban de dar resultados —no obstante la alta inversión en publicidad, lo que incluye talleres y diplomados a funcionarios públicos sobre estrategias y metodologías de comunicación para presentar una imagen positiva del gobierno ante la sociedad y la comunidad internacional—, el gobierno sigue muy firme en su decisión de profundizar su estrategia económica y financiera de la mano del gran empresariado nacional como socio menor del capital multinacional.

Ya parece un hecho que la primera “ciudad modelo” se implementará en el puerto de Amapala, en el Golfo de Fonseca, dando de esa manera al traste con la concepción original de Paul Romer, el ideólogo y constructor de la propuesta, para quien una ciudad modelo o charter city, es un territorio “liberado” dentro de un Estado en una zona alejada de los centros urbanos, con el fin de impulsar un polo de desarrollo modélico para toda la sociedad.

Las ciudades modelo han devenido para los inversionistas, con el respaldo de políticos y legisladores, en un territorio dentro de un Estado, pero dentro de los polos de desarrollo ya existentes. Una maquila más, o una industria de fast food como las que ya gozan de exenciones de impuestos en las principales ciudades del país. La micro, pequeña y mediana empresa quedan en este modelo neoliberal extremista a merced de los proyectos macroeconómicos conducidos por el capital multinacional. La creación de instancias como Coalianza representa el mecanismo idóneo para garantizar que, tanto la empresa privada como el gobierno de Honduras, alcancen un consenso para jugar el papel de socios menores en un mundo de avalancha neoliberal, hasta concretar una Honduras Open for Bussines.

Cuanto más profundiza la alianza con el capital multinacional, más invierte el gobierno en programas de compensación social dirigidos a los grupos más deprimidos de la sociedad y, especialmente, a los sectores de base influenciados por activistas del partido oficial para consolidar el proselitismo político que, en apenas seis meses, va abriendo el camino hacia las reformas y los cambios que haya que hacer para la reelección del presidente; así lo vienen anticipando varios de sus subalternos más allegados; entre ellos, un veterano diputado del departamento de Colón.

La apertura a los negocios se entiende como una disminución al máximo de los condicionamientos legales y de las cargas tributarias para explotar los recursos naturales, así como para disponer de mano de obra barata y dócil para alcanzar las mayores ganancias al menor costo posible y en el plazo más cor-

EL ÉXODO DE LOS NIÑOS

En los últimos ocho meses, las autoridades migratorias de Estados Unidos han detenido en la frontera sudoccidental a más de 47 mil niñas y niños centroamericanos, cifra que casi duplica la de los detenidos entre octubre de 2012 y septiembre de 2013.

En junio, más de 13 mil niñas y niños hondureños estaban alojados en albergues de los Estados Unidos, por lo que el presidente Juan Orlando Hernández creó una comisión para su repatriación, puesto que el gobierno estadounidense es inflexible en la deportación de migrantes irregulares, sin importar su edad y condición.

De hecho, las deportaciones, tanto desde México como de EUA, ya comenzaron.

Alison Sutton, jefa de Protección a la Infancia de UNICEF en México, manifestó que, a través de entrevistas con niños refugiados, se está detectando que el aumento de la violencia en los países de origen es una de las razones de este incremento de menores que emprenden la travesía hacia los EUA. Otras causas son el deseo de reunirse con sus padres y mejorar su nivel de vida.

7 junio 2014

ACTUALIDAD ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES? Las autoridades estadounidenses han reconocido que el flujo de niños migrantes centroamericanos hacia su país es en un grave problema humanitario, por lo que el 20 de junio se reunieron en Guatemala el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, los presidentes de Guatemala y El Salvador, el coordinador general del gobierno de Honduras, Jorge Ramón Hernández, y el secretario de Gobernación de México.

Pese a la importancia de esta reunión, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, optó por seguir en Brasil apoyando a la selección nacional de fútbol en el Mundial.

Debido a esto, la embajadora de Estados Unidos, Lisa Kubiske declaró en rueda de prensa: “Yo sé que está en Brasil y que hoy tienen un juego muy importante, pero el país tiene prioridades en las que también se necesita que el mando superior esté presente”.

El 4 de junio, el Consejo de Ministros decidió cerrar el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) —cuyo funcionamiento dejaba mucho que desear— y crear la Dirección Nacional de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (DINAF), como un ente desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. Por tanto, en este momento, la institucionalidad pública de protección a la niñez prácticamente no existe, puesto que la DINAF, aún sin presupuesto, solo es un decreto ejecutivo.

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to. La industria minera, así como la concesión de las fuentes de agua y los territorios para explotaciones extractivas, representan la realización de la apertura de Honduras a los negocios de las multinacionales.

La militarización, la concentración de poderes y decisiones en torno al presidente de la República, la disminución de las cifras de muertes violentas, la estrategia de comunicación para mostrar la imagen de un gobierno que está haciendo los cambios aquí y ahora, son estrategias íntimamente unidas a los intereses financieros de élites que, asociadas al capital multinacional, no están interesadas en cambiar el rumbo de la política económica y social del país, sino más bien en garantizar “mano dura” para quienes se oponen a un modelo extractivo y depredador.

LIBRE: SU ENEMIGO PRINCIPAL LO TIENE DENTRO Por otra parte, las estrategias políticas de la oposición, representada por los partidos Libre y PAC, no parecen tener un rumbo común ni respuestas coherentes ante las estrategias dominantes que proceden del Ejecutivo. Estas fuerzas políticas siguen siendo mediatizadas y neutralizadas por el bloque conformado por los partidos Nacional y Liberal. Son fuerzas que no lograron hasta ahora conformar un bloque político con contenidos estratégicos de lucha. En algunas ocasiones, las participaciones de los diputados de ambas fuerzas políticas parecen demandar migajas, en lugar de exigir la legislación de políticas públicas. Por su parte, Libre tiene a su peor y más encarnizado enemigo dentro de sus propias estructuras partidarias.

La conformación de corrientes internas, la proliferación de líderes que velan por su propio pellejo y la utilización del partido para fines particulares, conforman el enemigo número uno de Libre, y este es más silencioso y audaz en la medida que sus líderes y militantes se afanan en sostener un discurso oficial de unidad, en contraste con la práctica cotidiana de construcción de muchos reinos internos. La estrategia común de los dirigentes de Libre se expresa en conducir la lucha para hacerse más fuertes en el siguiente proceso electoral, y así ganar el Ejecutivo.

Sin embargo, cada corriente interna o líder concibe la estrategia común desde su propio interés en aumentar sus cuotas de poder. Y la buscan a través de unir demandas populares desde el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). No obstante, la definición de lo que ha de ser el frente de lucha desde los intereses del partido ha llevado, en los hechos, a que este se subordine al partido, y a que, en la práctica, el FNRP sea apenas una mampara de la estrategia del partido. En la práctica, el FNRP ha desaparecido.

SEÑALES EN LOS MÁRGENES DE LOS CORREDORES POLÍTICO-PARTIDARIOS Mientras que todos los caminos de Libre conducen al escenario político electoral —sea que se encuentre temporalmente cerca o lejos—, hay indicios de que nuevas fuerzas sociales emergen en el país, alimentadas por la conciencia de la lucha por defender sus riquezas naturales amenazadas, o por el despertar solidario con quienes padecen con más crudeza las consecuencias de las políticas del neoliberalismo extremista. Lo que en su momento

ACTUALIDAD parecía una lucha excepcional, que solo se libraba en la zona de Río Blanco en el departamento de Intibucá, en defensa de su río amenazado por compañías extractivistas, en estos meses esa excepcionalidad se ha extendido a zonas del departamento de Atlántida, Yoro, Colón, Cortés, Santa Bárbara y la región sur del país.

Son expresiones que tienen en común la defensa de los territorios, la defensa de la riqueza mineral amenazada por compañías explotadoras multinacionales, la defensa del agua y de los bosques.

Son expresiones que no se basan en estrategias político-partidarias, sino en prácticas políticas y sociales que unen a diversos sectores comunitarios, eclesiales, organismos no gubernamentales y autoridades municipales. Son expresiones que podrían acercarse a lo que se denomina poder local y popular, con base en demandas muy bien identificadas y que acercan a distintos sectores.

Se cuenta con experiencias en municipios como El Negrito, en el departamento de Yoro, Balfate en Colón y San Nicolás en Santa Bár-

bara, entre otros, que han avanzado en declararse municipios libres de explotación minera. Son expresiones municipales y locales que han nacido desde temáticas comunes y desde una conciencia de comunidad organizada y en movimiento en torno a la pertenencia a un territorio y a unos bienes a defender, y que serán señales nacionales cuando, sin dejar de ser locales, se articulen en torno de una estrategia nacional de lucha.

En definitiva son, o pueden llegar a ser, una respuesta política y social ante una democracia ausente.

Nace Radio Dignidad El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) inauguró en junio la radio comunitaria Dignidad, cuyo propósito es contribuir a la lucha de las comunidades del departamento de Atlántida, que ahora se empoderan del derecho a la comunicación y a la libertad de expresión.

Radio Dignidad es resultado del esfuerzo colectivo que nace de la necesidad de tener una voz del pueblo, donde este exprese su sentir y pensar, sin intermediarios ni manipulación. Por eso nace proclamando “Somos pueblo con identidad”, y retoma los principios éticos de lucha, amor, solidaridad y hermandad.

Escuche Radio Dignidad en: http://giss.tv:8001/radiodignidad.mp3.

9 junio 2014

ACTUALIDAD

Violencia, asilo y la búsqueda de lugares “frescos” JOSÉ LUIS ROCHA*

El salto abrupto en la cantidad de menores no acompañados que, por millares, han sido detenidos por las autoridades migratorias de EUA, ha puesto al descubierto la correlación entre migración y la polimorfa violencia que asola a Honduras, Guatemala y El Salvador.

Este artículo escudriña en la geografía del miedo y demuestra con datos de primera mano que hoy, más allá de lo que dicen las encuestas, la compulsión expulsora atribuida a la mano invisible del mercado está cediendo protagonismo a la visible y más peligrosa mano armada de militares, narcos, sicarios, delincuentes comunes y mareros.

“C

entroamericanos en busca de asilo” suena a titular en primera plana de un periódico de los años 80. Los acuerdos de paz que las fuerzas en conflicto firmaron entre 1988 y 1996 parecen haber desplazado la figura del refugiado al rincón de cachivaches anacrónicos. La “contra” y el FSLN inauguraron en Sapoá la racha de acuerdos. La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el gobierno de Guatemala cerraron el ciclo con el “Acuerdo de paz firme y duradera”, cuyo nombre pomposo y esperanzador remachó la retórica apertura hacia una época inédita y lo peregrino que sería desde entonces seguir hablando de refugiados.

Contra todo pronóstico, la búsqueda de asilo ha regresado. La compulsión expulsora atribuida a la mano invisible del mercado está cediendo protagonismo a la visible —aunque impredecible y por ello más peligrosa— mano armada de militares, narcos, sicarios, delincuentes comunes y mareros.

UNA EMERGENCIA HUMANITARIA El refugio es Estados Unidos. Los que huyen son hondureños, guatemaltecos y salvadoreños. Las evidencias de esta tendencia son contundentes. ACNUR y la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos no son los únicos, pero sí los más conspicuos actores que han tomado nota del abrupto salto en la cantidad de *

Miembro del Consejo Editorial de la revista Envío de Nicaragua. Instituto de Sociología-Philips, Universidad de Marburg, Alemania.

10 envío

menores de edad no acompañados que fueron detenidos por las autoridades migratorias: de 6,800 entre 2004 y 2011 a 13,000 en 2012, y luego a más de 24,000 en 20131. En 2014 se esperan entre 60 y 90 mil, según un memo de la Border Patrol que llegó a manos y páginas del The New York Times.

A inicios de junio de 2014, el arribo de menores indocumentados fue de tal magnitud que, habiendo desbordado la capacidad de las instituciones que habitualmente los reciben, el Pentágono habilitó las bases militares de Fort Sill (Oklahoma), San Antonio Lackland (Texas) y Ventura County (California) para alojar a 1,800 menores no acompañados2. Apremiado por el súbito crescendo, el presidente Obama convocó a un esfuerzo federal coordinado para hacer frente a la que llamó urgent humanitarian situation.

En 2008-2013, el 54 por ciento de esos menores no acompañados aprehendidos fueron guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, un peso porcentual cuya desproporción sólo se hace patente al contrastarlo con 1

2

United States Conference of Catholic Bishops (USCCB), Mission to Central America: The Flight of Unaccompanied Children to the United States, Report of the Committee on Migration of the United States Conference of Catholic Bishops, Washington, D.C., noviembre 2013, p. 23, http://www.usccb.org/about/migrationand-refugee-services/ Departamento 19, 10 de junio de 2014, http://departamento19. hn/index.php/portada/69-actualidad/21302-ejercito-de-eeuuacogera-a-1800-ninos-indocumentados-para-aliviar-crisis.html

ACTUALIDAD Migrantes menores de edad no acompañados aprehendidos por la patrulla fronteriza 2008

2009

2010

2011

2012

2013

El Salvador

1,391

1,221

1,910

1,394

3,314

5,990

Guatemala

1,388

1,115

1,517

1,565

3,835

8,068

Honduras

1,578

968

1,017

974

2,997

6,747

Total de centroamericanos

4,357

3,304

4,444

3,933

10,146

20,805

Total menores no acompañados

8,041

19,668

18,634

16,056

24,481

38,833

Porcentaje de centroamericanos

54

17

24

24.5

41

54

Fuente: U.S. Customs and Border Protection3.

el 29 por ciento que —en el total de remociones— representan los deportados de esas nacionalidades4. Entre 2008 y 2011 su número se mantuvo relativamente estable: entre 4,357 y 3,933. En 2012 saltó a 10,146 y en 2013 se duplicó hasta llegar a 20,805.

El incremento de menores no acompañados —aunque mucho menos abrupto— también fue registrado por el Instituto Nacional de Migración de México entre los centroamericanos que deportó desde su territorio: de 1,946 en 2009 a 5,389 en 2013. El total de menores en ese lapso pasó de 3,985 a 8,180, el 44 por ciento procedente de Honduras.

El peso de los menores en el total de deportados saltó de 6 a 11 por ciento, y la proporción de niñas y niños no acompañados, entre el total de menores, subió 17 puntos: de 49 a 66 por ciento. El país con mayor índice de menores no acompañados sobre el total de menores es Guatemala, con 74 por ciento en 20135.

3

4 5

U.S. Customs and Border Protection, Unaccompanied Children (Age 0-17) Apprehensions, Fiscal Year 2008 through Fiscal Year 2012, http://www.cbp.gov/xp/cgov/border_security/border_patrol/usbp_statistics/usbp_fy12_stats/[4/11/2013 3:19:02 PM] UNHCR, Children on the run. Unaccompanied children leaving Central America and Mexico and the need for international protection, Washington, 2014, p. 16.

U.S. Immigration and Customs Enforcement, FY 2013 ICE Immigration Removals, ERO Annual Report, p. 4.

Centro de Estudios Migratorios. Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en información registrada en las estaciones migratorias, oficinas centrales y locales del Instituto Nacional de Migración, http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/ Extranjeros_presentados_y_devueltos. Centro de Estudios Migratorios, Boletín mensual de estadísticas migratorias 2013, Secretaría de Gobernación, México, 2013, pp. 128 y 131.

HUYEN DE LA VIOLENCIA, EL PÁNICO Y LA ANGUSTIA Existe una correlación entre esta migración de menores y la polimorfa violencia que actualmente afecta a Honduras, Guatemala y El Salvador. Un informe de la Conferencia de Obispos Católicos reveló que en 2010 más del 50 por ciento de los menores de esos países, detenidos por las autoridades estadounidenses, declararon haber migrado para huir de la violencia6.

El mismo informe reveló que, entre 2007 y 2011, según una muestra aleatoria, el 25 por ciento de los menores puestos al cuidado de Migration and Refugee Services de la Conferencia de Obispos Católicos, habían sido testigos directos de crímenes violentos, generalmente cometidos con armas de fuego. Entre los niños hondureños, esa tasa llegó al 50 por ciento7.

El informe también menciona un incremento de migración femenina de guatemaltecas a Estados Unidos, atribuible a la necesidad de escapar a la violencia, violación y tortura, tendencia que UNICEF detectó en 2009: el crimen organizado y las maras causan pánico y angustia entre menores de 18 años8.

En 2013 la Conferencia realizó un nuevo sondeo entre los menores detenidos y envió una delegación — encabezada por el Obispo de El Paso, Texas— a México y Centroamérica para realizar entrevistas y visitas a los albergues de migrantes. La delegación encontró

6

7 8

United States Conference of Catholic Bishops (USCCB), The Changing Face of the Unaccompanied Alien Child: A Portrait of Foreign-Born Children in Federal Foster Care and How to Best Meet Their Needs, Washington, 2012, p.7.

Ibíd., pp. 8-9.

Ibíd., p. 4. UNICEF Guatemala, “Camino al norte: reseña sobre la niñez migrante en Guatemala”, Reportaje especial, Guatemala, 2009, p. 8.

11 junio 2014

ACTUALIDAD que, de un total de 140 menores de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, que en 2011 se beneficiaron de los servicios de reunificación familiar de la misma Conferencia de Obispos, el 41 por ciento dijo haber migrado para huir de la violencia9.

EL VELO OPACO DE LAS ENCUESTAS Estos hallazgos se topan con la pertinacia con que en Centroamérica se insiste en una migración económica. Por ejemplo, un sondeo de opinión del ERIC reveló que “el 55.1 por ciento de los jóvenes encuestados no desea emigrar, ante un 44.8 por ciento que sí desea hacerlo. (…) Entre quienes indicaron su preferencia por emigrar al extranjero, las mujeres (78%) y los hombres (82%), señalaron que la causa es “la mala economía” y la falta de oportunidades para mejorar sus ingresos en el país”10.

Una encuesta de OIM y UNICEF, aplicada en 2010, encontró que el 51.7 por ciento de los guatemaltecos migró para mejorar su situación económica, el 37.2 por ciento en busca de empleo y apenas el 0.6 por ciento por la violencia11. El interesante estudio “La esperanza viaja sin visa”, de la UCA-San Salvador y el Fondo de Población de Naciones Unidas, señala que los salvadoreños migran por “carecer de oportunidades de trabajo, de una vida digna y de estudios. La violencia no se presenta siempre como un factor expulsor directo, sino más bien como un factor condicionante macro”12.

Esta visión fue parcialmente corroborada por el número de 2014 del Americas Barometer Insights, dedicado a la violencia y migración en Centroamérica.

Aunque el texto concluye que la delincuencia parece contribuir a la ola migratoria, sobre todo si hay un incremento de personas que la experimentan de forma directa, también señala la reducida victimización de los hondureños, su bajísima propensión a sentirse inseguros en los barrios que habitan y sus mínimas intenciones de migrar: 23.2, 18.9 y 11.4 por ciento en 2012. Curiosamente, según este informe, la victimización en Honduras es apenas ligeramente superior a la 9 United States Conference of Catholic Bishops, 2013, p. 6.

10 Cardoza, Gustavo, "Sondeo de Opinión 2013: Balance desde la juventud hondureña", Envío-Honduras, Año 12, N° 41, marzo de 2014, pp. 8-11.

11 UNICEF-OIM, Encuesta sobre remesas 2010, Protección de la niñez y adolescencia, Guatemala, 2011, p. 62.

12 Gaborit, Mauricio, Mario Zetino Duarte, Larissa Brioso y Nelson Portillo, “La esperanza viaja sin visa: Jóvenes y migración indocumentada de El Salvador”, UNFPA-UCA, San Salvador, 2012, p. 12.

12 envío

de Costa Rica (17.5%), país que, con un 29.7 por ciento, supera en 6.5 puntos porcentuales la percepción de la inseguridad en Honduras13. De no ser tan completamente inverosímil este contraste entre el país que en 2013 ganó la triste reputación de ser el más violento del mundo (Honduras, con 90.4 homicidios por cada 100 mil habitantes)14 y el reputado como la Suiza centroamericana (Costa Rica, con 8.5 homicidios por cada 100 mil habitantes)15, habría que tener a los hondureños por el pueblo más irresponsablemente desaprensivo del planeta y a los costarricenses por el más quisquilloso.

Estas encuestas pueden estar mal diseñadas. O, por un prurito de representatividad estadística, no diseñadas para dar cuenta de la geografía del miedo.

Los promedios nacionales de percepción suelen ser engañosos porque la violencia tiene una incidencia geográfica muy desigual. Aunque ahora Guatemala y El Salvador —con 39.9 y 41.2 homicidios por cada 100 mil habitantes— aparecen muy distantes de la guadaña de la parca que se cierne sobre Honduras, hay que tomar en cuenta que las tasas de sus capitales, las ciudades de Guatemala (116.6 en 2010), Tegucigalpa (102.2 en 2011) y San Salvador (89.9 en 2011), son muy altas y nada disímiles16. Por eso es razonable suponer que muchos salvadoreños y guatemaltecos también migran para escapar de la violencia, y que los promedios nacionales maquillan una distribución desigual de la violencia.

UN INFIERNO TERRENAL Por lo que toca a Honduras, la priorización de una muestra territorialmente balanceada en las encuestas puede encubrir que la violencia se concentra en lo que la narcojerga denomina “plazas calientes”. Por esa razón, una muestra donde San Pedro Sula sólo sea ponderada según su peso demográfico, y no por su victimización y su peso en el flujo migratorio, producirá una imagen incompleta del espectro de la violencia y 13 Hiskey, Jonathan, Mary Malone y Diana Orcés, Violence and Migration in Central America, Americas Barometer Insights: 2014, No. 101, Latin American Public Opinion Project Insights series, p. 3.

14 BBC Mundo, Los cinco países con más y menos homicidios en el mundo, 10 de abril de 2014, http://www.bbc.co.uk/mundo/ noticias/2014/04/140408_onu_informe_homicidios_mundo_jgc. shtml.

15 United Nations Office on Drugs and Crime, Global Study on Homicide 2013, Vienna, 2014, p.126.

16 Ibíd., p. 146.

ACTUALIDAD su influjo sobre las migraciones. Con 187 homicidios por cada 100 mil habitantes, San Pedro Sula aseguró en 2013 su posición, por tercer año consecutivo, como la ciudad más violenta del mundo17.

Emplazada en la costa norte y considerada como la capital económica de Honduras, San Pedro Sula alcanzó el primer lugar en 2011 con 125 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo mantuvo en 2012 subiendo a 174 y ascendió aún más en 2013. Su reputación le gana —y se alimenta de— tenebrosos titulares en diarios de circulación mundial: “San Pedro Sula convulsiona de violencia”, “Siete de la noche, la hora más peligrosa en San Pedro Sula”, “Capital del secuestro en Centroamérica”, “Un infierno terrenal llamado San Pedro Sula”, “Una ciudad convertida en morgue”.

La población no podía permanecer indiferente a este calentamiento de San Pedro Sula. De ello tenemos algunos indicios. Por ejemplo, de los 238 hondureños atendidos en el comedor de la Iniciativa Kino para la Frontera, en Nogales, Sonora, entre septiembre de 2013 y marzo de 2014, el 21 por ciento —51 migrantes— provenía de esa ciudad, una cifra donde los sampedranos están sobrerrepresentados, puesto que las proyecciones con base en el último censo procesado nos dicen que en San Pedro sólo habita el 9 por ciento de los hondureños18. Existe una correlación entre esa sobrerrepresentación y otra: el hecho de que en San Pedro Sula se ubicara, en 2005, el 27 por ciento del total de armas registradas en Honduras19.

Otro indicio de la correlación entre violencia y migración —esclarecida por la geografía del miedo— la tenemos en el hecho de que las procedencias con más peso entre los hondureños atendidos por la Iniciativa Kino para la Frontera coincida con los departamentos más violentos que la socióloga hondureña Julieta Cas-

17 Ortega, José A., Por tercer año consecutivo, San Pedro Sula es la ciudad más violenta del mundo, http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/sala-de-prensa/941-por-tercer-ano-consecutivosan-pedro-sula-es-la-ciudad-mas-violenta-del-mundo 18 Cálculos para 2010. Instituto Nacional de Estadística, Proyecciones de Población de Honduras 2001-2015, CPV 2001,http:// www.ine.gob.hn/index.php/datos-y-estadisticas/estadisticassociales-y-demograficas/indicadores-demograficos-3 19 Registro Nacional de Armas de la Dirección General de Investigación Criminal. Citado en Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH), Diagnóstico sobre Tráfico Ilícito de Armas pequeñas y ligeras en Honduras, http://www. iom.int/seguridad-fronteriza/lit/land/honduras.pdf

tellanos identificó en 2011, ordenados según la cantidad de asesinatos por cada 100 mil habitantes: Atlántida (149), Cortés (127), Copán (114), Colón (103), Ocotepeque y Yoro (97) y Francisco Morazán (88)20.

LA RULETA DE LA MUERTE PREFIERE A LOS JÓVENES Otra razón por la que los promedios nacionales de la opinión pública o incluso de la victimización requieren un análisis desagregado para rastrear su impacto en las migraciones reside en la muy diversa distribución de la victimización y los riesgos por género y grupos de edad. En 2005, en El Salvador, la tasa de defunciones para varones de 15 a 29 años era de 392 por cada 100 mil habitantes. En contraste, las mujeres de ese rango presentaban una tasa de 84 por cada 100 mil habitantes.

Esta diferencia se torna más acusada cuando se examinan las tasas de las defunciones por homicidios: 223 y 20, para varones y mujeres respectivamente21.

Cuando en El Salvador la tasa de homicidios era de 62.2, los varones de entre 15 y 29 años eran asesinados a razón de 223 por cada 100 mil habitantes22. En Honduras, las y los jóvenes de 15 a 24 años padecieron en 2007 el 25.7 por ciento del total de homicidios23. En toda América Latina los homicidios se concentran en jóvenes de 15 a 29 años24. El rango de edad de quienes tienen más probabilidad de morir asesinados y de quienes más migran es el mismo.

EL TERROR TAMBIÉN TIENE ROSTRO DE VIOLADOR Pero no sólo los adolescentes tienen motivos relacionados con la violencia para migrar: el terror no solo tiene rostro de sicario y revólver en mano. También tiene rostro de violador, pocas veces superpuesto al de pandillero, más a menudo camuflado bajo la apariencia protectora de padre, padrastro, primo o tío. O tiene rostro de proxeneta. Y en ese caso las niñas y las adolescentes son las víctimas más frecuentes, aunque 20 Castellanos, Julieta, Violencia y Reforma Policial en Honduras, http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Julieta%20 Castellanos.pdf 21 CEPAL, Juventud y cohesión social en Iberoamérica. Un modelo para armar, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2008, pp. 54 y 57.

22 United Nations Office on Drugs and Crime, p. 126.

23 CEPAL, 2008, p. 91.

24 United Nations Office on Drugs and Crime, p. 28.

13 junio 2014

ACTUALIDAD se barrunta que el machismo amordaza las denuncias de los varones.

En El Salvador, la mayoría de las víctimas de abuso y explotación sexual comercial son niñas y adolescentes de 10 a 17 años25. Solamente en Tegucigalpa, se registraron en 2010 dos casos diarios de violación sexual a menores de 14 años26. A esto se suma que, de los casos denunciados en 2011 —una pequeña porción de los cometidos— sólo el 31 por ciento llegó a requerimientos fiscales y procesos de investigación27.

Guatemala ofrece un cuadro muy parecido; según un informe de Médicos sin Fronteras, el 93 por ciento de los sobrevivientes de violación sexual atendidos en 2011 fueron mujeres y el 64 por ciento eran adolescentes de 12 a 17 años, para quienes la violación fue su primera experiencia sexual28. Esas son justamente las edades de las niñas no acompañadas que llegan numerosas a los Estados Unidos.

Dado que los países centroamericanos se están “calentando”, el bono demográfico29 —en el que tan cacareadas como vanas esperanzas ponen los tecnócratas— se muda en busca de lugares frescos. Por lo que toca a la subestimación de la relación migración/ violencia, concluyo que no se pueden ponderar con la balanza de los porcentajes nacionales las variables que se pretende correlacionar con la migración, un fenómeno cuyos protagonistas no son representativos de los promedios nacionales, sino de cierto perfil que los múltiples rostros de la violencia y ciertas oportunidades están cincelando.

Los mismos sujetos migrantes son puestos en un aprieto cuando son conminados, por encuestadores 25 Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, “Estado de situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador”, El Salvador, diciembre 2013, pp. 81-82.

26 Silvestrucci, Gilda, Niños: entre la pobreza y el abuso sexual, Crónicas sobre pobreza y derechos humanos en Centroamérica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2010, http://iidh-webserver.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/ IIDH/10_2010/6131.pdf 27 Casa Alianza, Violencia sexual e infancia en Honduras, 2013, p. 37.

28 Médicos Sin Fronteras, Atención médica y psico-social a víctimas de violencia sexual, Guatemala, 2011, p. 6, http://www.msf.mx/ cuentasFTP/prensa/Informe_anual_MSF_2011_Externo.pdf 29 ECLAC, “El bono demográfico: una oportunidad para avanzar en materia de cobertura y progresión en educación secundaria”, Panorama social de América Latina, Santiago de Chile, 2008, pp. 143-169.

14 envío

armados de boletas cuyas variables no son mutuamente excluyentes, a identificar con exclusividad simplificadora una sola causa de su salida del país. Entre los migrantes que durante siete meses —de septiembre de 2013 a marzo de 2014— fueron atendidos por la Iniciativa Kino para la Frontera, apenas entre el 4 y el 7 por ciento dijeron migrar por causa de la violencia.

El resto mencionó sobre todo la falta de trabajo y la reunificación familiar. Pero la conversación directa, larga y tendida con jóvenes migrantes, me mostró que se repite una historia arquetípica: el plan de reunirse con su madre que hace años vive en Los Angeles o Maryland, ya que en Guatemala u Honduras tienen más probabilidades de conseguir un balazo en la frente, como varios de sus conocidos, que un empleo decente, como casi nadie.

Las tres motivaciones pueden convivir en un mismo migrante: evitar la violencia, el desempleo y la separación familiar. Y algunos motivos incluso pueden estar trenzados hasta imbricarse en un solo, como observa Jeremy Slack, investigador de la Universidad de Arizona, al señalar que es casi imposible delimitar con nitidez las motivaciones: la extorsión —el impuesto que distintos grupos cobran— es un sable de doble filo que traslapa la violencia y lo económico30.

Otras fuentes corroboran el nexo actual entre violencia y migración de centroamericanos. “Children on the run”, informe de ACNUR sobre niñez no acompañada de Centroamérica y México, basándose en un sondeo entre 404 adolescentes migrantes no acompañados de 12-17 años bajo la custodia del Office of Refugee Resettlement (ORR), reveló que el 44 por ciento de los hondureños dijeron haber sido amenazados por —o ser víctimas directas de— delincuentes armados, incluyendo mareros, cárteles y asaltantes. En situación semejante se encontraba el 66 por ciento de los salvadoreños31 que, quizás, como el 35 por ciento de los salvadoreños atendidos por la Iniciativa Kino para la Frontera, provenía de San Salvador, la ciudad más violenta del Pulgarcito.

Es obvio que el método de ACNUR para establecer el vínculo entre violencia y migración es más efectivo que los sofisticados modelos estadísticos del Americas Barometer Insights: recoger el testimonio de quienes ya migraron en lugar de la percepción de los que permanecen en el país y se autoatribuyen intenciones de migrar, y diseñar un instrumento que se hace cargo de la pluralidad de motivos para migrar.

30 Entrevista con el autor el 4 de abril de 2014.

31 UNHCR, 2014, pp. 9-10.

ACTUALIDAD En un recorrido por la frontera mexicano-estadounidense, desde Brownsville hasta San Diego, pasando por Harlingen, McAllen y El Paso en Texas y Nogales en Arizona, e incluyendo, del lado mexicano, a Ciudad Juárez en Chihuahua, Nogales en Sonora y Tijuana en Baja California, recogí muchos testimonios que dan cuenta del impacto de la violencia sobre la migración de centroamericanos. Durante las visitas a comedores y albergues para migrantes, abogados probono y bufetes especializados en migración, nuevos y viejos activistas, organizaciones de base y de cúpula —grassroots y grasstop organizations—, sacerdotes y religiosas, laicos y funcionarios públicos, fui inundado con datos de primera mano de los migrantes y de personas que tienen contacto con centroamericanos que recién cruzaron la frontera huyendo de la violencia.

El director de Casa Ozanam, en Brownsville, Víctor Maldonado, ha encontrado un aumento de centroamericanos que huyen del reclutamiento de los cárteles u otros peligros32. La abogada Kimi Jackson, de la South Texas Pro Bono Asylum Representation Project (PROBAR) en Harlingen, señala que los menores escapan de la violencia en la familia o buscan reunificación familiar porque viven con tíos o abuelos que no pueden protegerlos de los pandilleros, o que experimentan persecución por ser homosexuales, aunque en el caso de los niños no siempre es posible identificar ese motivo porque “tienen mucho miedo de hablar de eso”33. Con más frecuencia sucede que los niños fueron testigos y denunciantes del asesinato de un hermano u otro familiar y, en consecuencia, tienen buenas razones para temer una venganza.

Katie Anita Hudak, directora de la ONG de abogados probono Las Americas, en El Paso, ha identificado que —desde 2012 o antes— adolescentes centroamericanos llegan a Estados Unidos porque huyen de las pandillas. La Washington Office on Latin America (WOLA) declaró en un informe de junio que los centroamericanos huyen de la tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. WOLA hizo eco de un comunicado de la Inter-American Human Rights Commission, donde denuncia que, entre 2010 y 2013, al menos 458 niños hondureños menores de 14 años murieron en circunstancias violentas y que —de acuerdo a Casa Alianza—, 271 jóvenes y niños con menos de 23 años de edad fueron asesinados en Honduras en los

32 Entrevista con el autor el 11/03/2014.

33 Entrevista con el autor el 10/03/2014.

primeros tres meses de 2014. En atención a estas situaciones, la Diocesan Migrant and Refugee Services de El Paso tiene un programa para llevar casos de víctimas de la violencia que solicitan asilo.

ESTADOS UNIDOS, UN MAL ANFITRIÓN Unos organismos identifican que la violencia, como motor de la migración, destaca desde 2009, el año del golpe de Estado en Honduras. Otros señalan 2011, cuando las guerras entre cárteles se hicieron más cruentas en algunas áreas de Centroamérica. Todos coinciden en la dificultad para llevar los casos de asilo hacia el puerto del éxito.

Según un informe de ACNUR de 2013 sobre los niveles y tendencias de la provisión de asilo en países industrializados, de las 612,700 peticiones de asilo registradas en 2013 en los 44 países industrializados, 88,400 solicitudes en Estados Unidos convierten a ese país en el segundo más buscado por los aspirantes al asilo, después de Alemania. El 25 por ciento de las 17,590 con que 2013 superó al año anterior se debió a los hondureños. ACNUR dictaminó: “Alrededor del 30 por ciento de todas las peticiones de asilo en Estados Unidos fueron presentadas por solicitantes de México y Centroamérica. La violencia generada por el crimen organizado transnacional, la violencia relacionada con las pandillas juveniles y los cárteles de la droga en algunas partes de Centroamérica pueden estar entre los factores contribuyentes que derivan en persistentes altos números de individuos de esta región que requieren el estatus de refugiado en los Estados Unidos de América”34.

Tasado según sus dimensiones demográficas, echando mano de un indicador del ACNUR que refleja la voluntad de acogida, Estados Unidos no resulta ser un dispendioso anfitrión. En 2009-2013 recibió un solicitante de asilo por cada mil habitantes, cifra que lo coloca en el vigésimo noveno lugar en un ranking

34 “About 30 per cent of all asylum claims in the country were lodged by asylum-seekers from Mexico and Central America.

Violence generated by transnational organized crime, gang-related violence and drug cartelsin some parts of Central America maybe among the contributing factors leadingto the consistent high number of individuals from this region requesting refugee status in the United States of America”. UNHCR, Asylum Trends 2013. Levels and Trends in Industrialized Countries, UNHCR, p. 11.

15 junio 2014

ACTUALIDAD encabezado por Malta, con 20.2 aplicantes por cada mil habitantes, seguido por Suecia con su 19.235.

Desde el ángulo de otro índice basado en las dimensiones territoriales, la posición de Estados Unidos no mejora: tuvo 28 refugiados por cada mil kilómetros cuadrados, una cifra nimia comparada con Malta (26,351), Líbano (12,968), Jordania (3,359), Ruanda (2,300), Holanda (2,049), Pakistán (1,869), Bangladesh(1,686), Alemania (1,657), Burundi (1,545), Suiza (1,233), Luxemburgo (1,114), Kenya (966), Uganda (816), Bélgica (720), Serbia (649), Austria (618), Inglaterra (614), Yemen (563), Ecuador (481),Togo (411), Turquía (342), Etiopía (332), Panamá (231), Suecia (208), Noruega (134), entre muchos otros países grandes y chicos, pobres y ricos, con alta o baja densidad poblacional, que han obrado con mayor largueza, sobreponiéndose a la presión territorial, demográfica o económica, para conceder refugio36.

ARRIMADOS A UN MAL ÁRBOL Los migrantes centroamericanos que huyen de la violencia se han arrimado a un árbol cuya sombra a pocos refugiados cobija. Y el respaldo que sus pretensiones reciben de los organismos internacionales es peligrosamente variado. Sus esperanzas reciben una de cal y otra de arena. En tanto que la portavoz de la OIM, Niurka Piñeiro, declaró ante Univisión que la OIM promueve campañas “para informar tanto a los padres como a los jóvenes de los peligros y de las verdades aquí, o sea que no va a haber tal amnistía”37, ACNUR dice que el 56 por ciento de los menores que entrevistó requieren protección internacional.

Los centroamericanos siguen llegando. Si sus esperanzas tienen perspectivas de ser satisfechas y si la tipología de la violencia en Centroamérica y sus raíces ofrecen asideros para sus demandas de asilo, son temas que discutiré en la segunda parte de este texto.

Desde 2006, la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional está examinando la situación en Colombia. En el caso de Honduras, en noviembre de 2010 la OTP anunció la apertura de un examen preliminar.

Y en 2011, desde México, se presentó una comunicación colectiva en la que se denuncia la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Años después de abiertos los exámenes preliminares, este trabajo, en seis capítulos y desde tres miradas latinoamericanas, reflexiona sobre el estado actual de estos procesos y sobre las oportunidades y desafíos que conllevan. Además, desarrolla algunos aspectos clave de la justicia penal internacional.

35 Ibíd., p. 15.

36 UNHCR, 2012 Statistical Yearbook, United Nations High Commissioner for Refugees, Ginebra, pp. 166-168.

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37 Declaración de Niurka Piñeiro, portavoz de OIM, ante Univisión. http://noticias.univision.com/article/1994240/2014-06-18/ inmigracion/noticias/wola-propone-un-asilo-temporal

ACTUALIDAD

¿Hacia dónde va el presidente Juan Orlando Hernández y su gobierno?

MANUEL TORRES CALDERÓN*

Una valoración de las acciones más relevantes en este inicio de gobierno permite afirmar que las andanzas presidenciales llenan las páginas de los diarios, pero no las expectativas de cambio. Si algo se aprecia en estos primeros meses, es que la agenda y la dinámica de Juan Orlando Hernández son tan políticas, que parece estar en permanente campaña electoral y tener como norte la continuidad del Partido Nacional, que es otra modalidad de reelección. Y esa percepción se mantendrá mientras no haya una ruptura con las prácticas similares del pasado.

L

os primeros meses del gobierno de Juan Orlando Hernández probablemente muestren lo que sucederá en Honduras en los próximos cuatro años, es decir, un escenario en el cual todos los caminos públicos iniciarán y concluirán en el mismo sitio: la política. Seguro que encubierto de muchas maneras, pero no es lo social ni lo económico lo que marcará el rumbo del Estado, sino la política.

Es diferente si la línea de partida de la toma de decisión pública es el enfoque social o el económico.

“Es la economía, estúpido”, fue una frase muy utilizada en la política estadounidense durante la campaña electoral de Bill Clinton en 1992 contra George H. W. Bush (padre), que lo llevó a convertirse en presidente de los Estados Unidos.

Claro, desde las ciencias sociales se entiende que el Estado es un concepto político, eso no se discute, pero sí hay que debatir a qué política se refiere y cómo se practica.

Clinton no renunciaba a ser político; * Periodista

quién más político que él, pero esa definición de campaña establecía prioridades y desafíos. Estados Unidos tenía que salir de su recesión económica para tener —precisamente— protagonismo político.

Honduras requiere salir de la postración social para avanzar en lo económico y lo político. La vigencia y exacerbación de las desigualdades e inequidades, la impunidad y la corrupción, impiden, como cadenas, el desarrollo del país. ¿Cómo puede avanzar una nación donde 48 por ciento de la población subsiste con menos de 20 lempiras diarios y, en contraste, un puñado de oligarcas y políticos inescrupulosos vacían impunemente los bienes de la Seguridad Social y todo lo que esté a su alcance?

La pobreza ha sido, y sigue siendo, un gran negocio para la élite. Se estima que en los últimos 12 años se han destinado más de 300 mil millones de lempiras en nombre de los pobres. Un negocio redondo para unos pocos, pero no para Honduras.

Esa contradicción quedó al descubierto en los sucesos del golpe de

Estado de 2009. La confrontación y división de la sociedad respondía a su polarización extrema y a la pérdida de los valores en que se sustenta la convivencia democrática. ¿Aprendimos algo de aquella coyuntura dolorosa? Infortunadamente, creo que no; ni en un bando ni en otro. Cada uno tiene su propia respuesta a la pregunta de qué hacer para que los hechos no se repitan, pero no hay una respuesta en común.

En el poder y en la oposición no hay aprendizaje de la historia. En el año 2000 Honduras fue declarada “país pobre, severamente endeudado”, lo que le valió el beneficio de la condonación, pero hoy está más endeudado que antes. En total, según datos del FOSDEH, pasamos de tener una deuda cercana a los 5 mil millones a una de 13 mil millones de dólares. En los pasillos donde el poder marea, ¿quién se pregunta responsablemente qué pasó con el proceso de endeudamiento? o ¿qué impacto tuvo la condonación a nivel económico y social?

Lo que sí se sabe es que cada año, del presupuesto, debe destinarse 17 junio 2014

ACTUALIDAD una porción de ingresos fiscales para el servicio de la deuda. En 2014 el compromiso es pagar US$ 146 millones a los acreedores. Mientras el endeudamiento se vuelve cada vez más caro y a más corto plazo, se aleja la posibilidad de aumentar recursos para afrontar la inseguridad, violencia, crisis de energía, debilidad institucional, el hacinamiento y el aprovisionamiento de servicios básicos.

Posiblemente Juan Orlando Hernández percibe la magnitud del desastre, habla de sus repercusiones y de su inviabilidad, pero no encara las causas. En estilo, su comportamiento es diferente al de Pepe Lobo, uno de los presidentes más ineptos e indolentes de la historia, pero en el fondo su gestión aún no escapa de la de su antecesor. La transición de un gobierno a otro se prolonga tanto que por momentos amenaza con no concluir.

Si algo se aprecia en este período inicial es que la agenda y la dinámica de Juan Orlando Hernández son tan políticas que parece estar en permanente campaña electoral y tener como norte la continuidad del Partido Nacional, que es otra modalidad de reelección. Esa percepción se mantendrá mientras no haya una ruptura con prácticas similares del pasado. El destape del robo en el Seguro Social llega hasta donde la impunidad opera; la depuración policial se activará hasta que se descubra otro pozo de criminalidad; los casos de corrupción en el INHFA, Instituto de la Propiedad y el IHMA alimentan el discurso pero no la justicia; las prácticas asistencialistas no alteran el círculo de la pobreza; abundan los mensajes de reactivación económica sin que se abran suficientes puestos de trabajo; se pregona el fortalecimiento de la institucionalidad y, simultáneamente, se entregan sus funciones para el usufructo privado.

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En el caso de las instituciones públicas quebradas, como la ENEE, Hondutel o la Empresa Nacional Portuaria, las soluciones siguen pendientes, pese a ser un enorme agujero fiscal. Las concesiones vía las alianzas público-privadas, hasta el momento, lo que han generado son mayores costos y lentitud de los procesos, que les restan competitividad. Ahí lo que huele es a corrupción. Y el “paquetazo fiscal” que se impuso a la sociedad hondureña en el período de transición no tuvo mayores diferencias respecto al pasado.

Más que un presidencialismo fuerte, lo que se demanda es disponer de un Estado donde el Poder Judicial vele por el cumplimiento de las leyes y que, en caso de disputas, garantice la solución de las mismas sin discriminación o favoritismo, o que el Poder Legislativo tenga la autonomía suficiente para dictar leyes, no para que se las dicten. Desde esa perspectiva, las andanzas gubernamentales llenan las páginas impresas de los diarios, pero no las expectativas de cambio.

Eso se puede valorar en algunas de sus acciones más relevantes.

LA PARÁLISIS DEL PACTO POR HONDURAS Firmado cuando aún era presidente electo, el Pacto por Honduras se anunció como un esfuerzo de concertación de instituciones y sectores sociales, que buscarían acuerdos de políticas públicas en los temas de seguridad, desarrollo social, crecimiento económico, lucha contra la corrupción, transparencia, rendición de cuentas y modernización del Estado.

El 29 de enero, dos días después de su toma de posesión, el presidente Hernández instaló las cinco mesas de diálogo y consenso para llevar a la práctica el “Pacto por Honduras”.

En aquel evento manifestó que “la instalación de este Pacto por Honduras demuestra que los hondureños sí podemos ponernos de acuerdo; es irrefutable que con voluntad política y visión compartida de actitud, la transformación de nuestro país será posible; este es un acuerdo que impondrá metas precisas y plazos concretos para lograrlo”. El gobernante agregó que “es un pacto que le da estabilidad, certeza y rumbo a Honduras, que consolida una base amplia de respaldo a la gobernabilidad democrática y que blinda de coyunturas político electorales los asuntos esenciales de la nación”.

Dividido en cinco ejes, las principales acciones que se supone contemplaría el Pacto son la concreción de una reforma educativa, la presentación de una reforma en telecomunicaciones, la realización de una reforma energética, la discusión de una reforma fiscal integral y alcanzar la reforma política, entre otros. Menos de tres meses después, la mecánica del diálogo fracasó y no por divergencias temáticas, sino que abandonada por el propio gobierno. Los temas siguen allí, a la espera de tiempos y verdaderos compromisos.

LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO La captura y decisión de extraditar a Arnoldo “El Negro” Lobo, acusado de narcotráfico, es quizá el hecho más relevante en materia de lucha contra el crimen organizado en los primeros cien días de gobierno. Lobo encaja perfecto en la estrategia gubernamental que supone que, debilitando el tráfico de drogas, se reducirán los niveles de violencia en el país.

Este hecho, al gobierno le sirve también para apuntalar su imagen ante el gobierno de los Estados Unidos, con el cual entró en cierta

ACTUALIDAD contradicción con la decisión legislativa de autorizar el derribo de aviones no identificados que penetren al espacio aéreo del país. Abrir la puerta de la extradición sienta un precedente fundamental y no exento de polémica. Sin embargo, cabe preguntar con verdadero sentido autocrítico si el Estado hondureño es capaz de ventilar estos asuntos internamente y enfrentar a ese poder ilícito o, si, por el contrario, requiere la asistencia de Estados Unidos para hacerlo. De la respuesta no depende únicamente el destino que tendrá el narcotráfico en el país, sino que sus repercusiones se percibirán en todas las instancias nacionales.

Lo que no se puede negar, es que la extradición de Lobo es una clara aceptación del fracaso del sistema judicial hondureño, del poco respeto a la Constitución de la República y al debido proceso. Vale preguntarse también: ¿qué pasará con todo el entorno institucional público y privado que legalizó sus bienes y construyó el entramado de impunidad bajo el cual pudo operar por muchos años el señor Lobo, por ejemplo, la banca nacional?

EL ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN EN EL IHSS Destapar el caso de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social fue una de las primeras, y celebradas, decisiones del gobierno Hernández. El informe preliminar de la Comisión Interventora destaca una deuda global de 6,399.24 millones de lempiras, con un déficit mensual superior a los 600 millones, sólo en el régimen de Enfermedad/Maternidad. Los detalles del informe dan náuseas por la falta de escrúpulo de los corruptos de este país, para quienes robar se ha vuelto el hecho más natural del mundo, sin la mínima

consideración por las consecuencias fatales que provocan.

Los negocios sucios en el Seguro Social son de tal magnitud, que muchos de los responsables debieran estar en la cárcel, pero hasta ahora el exdirector Mario Zelaya sigue “prófugo” y, a medida que pasan los días, el caso parece diluirse en la impunidad de siempre. Las grandes preguntas siguen siendo: ¿quiénes son los padrinos que protegen al principal inculpado?, ¿estamos ante una estrategia político-partidaria para eliminar del escenario público posibles adversarios?...

Existen también otros cuestionamientos de fondo: ¿por qué cuando un grupo de personas se pone de acuerdo para extorsionar a la ciudadanía se considera crimen organizado y al ser capturado es enviado inexorablemente a la cárcel (como efectivamente debe ser), pero cuando funcionarios públicos, políticos y empresarios se asocian para saquear una institución como el IHSS, ni se considera crimen organizado, ni son capturados, y quienes son procesados se les sigue el juicio en libertad…? ¿Es esta la manifestación de un pacto tácito de impunidad para los poderosos y la validación del sistema en la persecución de los que no tienen poder político ni económico?

LA DESAPARICIÓN DE LA CRSP No fue sorpresa: el Congreso Nacional derogó el decreto de creación de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP), menos de dos años después de su surgimiento, con lo cual se evidencia que su creación era más un trámite de frente a la cooperación internacional para el retorno de Honduras a la OEA, que una verdadera intención por reformar el sistema de seguridad del Estado.

Queda como legado de la extinta comisión un paquete de leyes para depurar al Ministerio Público, Poder Judicial y la Policía Nacional; sin embargo, como propuestas nunca fueron tomadas en cuenta por el Poder Ejecutivo anterior (que la había creado) y menos por el actual.

La estrategia de seguridad no va por esa vía. A temas como la depuración policial se le ha bajado el tono y las autoridades se muestran más interesadas en proyectar una reducción de las cifras de homicidio, que en atender las causas de fondo de la inseguridad.

En este contexto: ¿podemos seguir hablando de la depuración policial como un tema pendiente, o debemos considerarlo un caso cerrado y sin ninguna expectativa de reapertura? ¿A quiénes debemos hacer responsables de este nuevo fracaso de la institucionalidad del Estado para enfrentar con auténtica voluntad política un problema clave para la seguridad ciudadana?

En relación, el surgimiento del Consejo de la Judicatura tampoco ha brindado los resultados deseados por la ciudadanía. Es evidente la politización de este ente, que en sus funciones se ha convertido en una instancia mediática, interesada en generar miedo a los jueces y magistrados, lo que redunda en el quebrantamiento del principio de independencia de la judicatura y, como consecuencia, el debilitamiento de la poca institucionalidad del Poder Judicial.

EL CASO DE LA ISLA CONEJO Para algunos ni siquiera es una isla, sino una prolongación de tierra firme; en todo caso, la “soberanía” de isla Conejo, de aproximadamente 0,5 km² de extensión (50 hectáreas) que se encuentra en el Golfo de 19 junio 2014

ACTUALIDAD Fonseca, revivió como controversia limítrofe entre Honduras y El Salvador. La inauguración de un helipuerto en esa comunidad fue recibida con mal tono por el gobierno salvadoreño y atizó, a conveniencia, el nacionalismo. Para Honduras no hay discusión jurídica al respecto.

Sin embargo, se denota la ausencia de una estrategia integral más agresiva por parte del gobierno para hacer valer la delimitación y evitar la muerte de pescadores hondureños. Esto se suma a la inseguridad que vive la población de esa zona que, contradictoriamente, ha sido declarada como una prioridad de desarrollo y donde actualmente hay una tendencia a la concentración de la tierra en grupos económicos-políticos y el desplazamiento forzoso de los oriundos de la zona.

LAS CIUDADES MODELO El nombre está cambiando, pero el proyecto de las ciudades modelo fue resaltado como prioritario por el nuevo gobierno, que les llama “Zona de Empleo y Desarrollo Económico”, la primera de las cuales la anunció para instalar en Choluteca.

Antes como presidente del Congreso Nacional y ahora encabezando el Poder Ejecutivo, Hernández da seguimiento al acuerdo que el Legislativo aprobó en enero de 2013 de las “ciudades modelo”.

La ruta para el desarrollo equitativo de Honduras no puede, ni debe estar sobre la base de la construcción de guetos sociales, el concesionamiento del territorio y sus bienes naturales. Leyes como las que propician las ciudades modelo o la Ley de Promoción al Desarrollo y Reconversión de la Deuda Pública —mejor conocida como Ley de Hipotecas— en lugar de ser acogidas y promovidas por la actual administración, deberían ser derogadas.

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EL CASI ACUERDO CON EL FMI La información oficial reflejada en los medios de comunicación señala que Honduras está “cerca” de la suscripción de un acuerdo con el FMI, pero que aún no se concreta. Las reformas fiscales y la aprobación de leyes que propicien el ingreso del capital privado a las empresas estatales en crisis son los aspectos controversiales. Para el gobierno la duda no es la receta económica, sino las repercusiones políticas de tales medidas y si está preparado para asumir el costo.

El diagnóstico de la economía nacional sigue por los mismos derroteros previos a la toma de posesión y son la herencia directa de la administración Lobo-Hernández: rigidez en el gasto, bajos niveles de ingresos gubernamentales y un incremento en el costo de financiamiento de la deuda.

Desde 2009 el gobierno ha emitido mayor deuda en el mercado doméstico, con una vida promedio de solo 2.6 años, a tasas de interés que se acercan al 15%. Se ha obligado a una tasa de política monetaria del 7% que provoca pérdidas operativas al Banco Central de Honduras (BCH) y que han generado su proceso de descapitalización, al sumarse al juego histórico de emitir bonos sin valor real de mercado por casi 14 mil millones de lempiras.

A la vez, dicen los observadores internacionales, los “mayores niveles de deuda doméstica han ocasionado un deterioro en el costo de financiamiento de la deuda, los pagos de intereses aumentaron 55% en 2013 con respecto al año anterior y representaron cerca de 13% de los ingresos gubernamentales”. En los últimos años, la mayor parte del gasto gubernamental ha consistido “en gasto corriente, particularmente salarios del sector

público y transferencias a municipios y empresas del Estado”.

LA REORGANIZACIÓN DE LA BUROCRACIA La decisión de eliminar las secretarías de Justicia y Derechos Humanos, de Cultura y de las Etnias, reducidas a nivel de “direcciones”, marcó el tono del nuevo rumbo administrativo. Para los sectores que objetaron la decisión, el tema no era valorar el impacto económico presupuestario (que es mínimo) o la eficiencia o ineficiencia de quienes los han dirigido, sino que el desafío era su fortalecimiento y reorganización. Mal mensaje de entrada.

Llama la atención especialmente el caso del BCH, una dependencia que, por lo delicado de sus funciones, debe preservarse como un ente técnico, sin denominación político-partidaria y que bajo la actual reforma institucional pasa prácticamente a convertirse en un ministerio de línea, a fin de concentrar decisiones de política fiscal y monetaria.

En total, del esquema burocrático anterior que constaba de 38 ministerios, se pasó a la creación de siete ministerios sectoriales y doce en línea. Pero, ¿qué ha cambiado en la práctica?, ¿hay más o menos centralización en la toma de decisiones?, ¿existe una mayor coordinación entre las entidades públicas?, ¿qué efecto concreto tiene en la población este nuevo esquema de trabajo?, ¿hay una reducción real de la burocracia o lo que se hizo fue un recambio de personal con la misma filiación político-partidaria?

Y la pregunta central: ¿se ha podido combatir la corrupción institucionalizada y hasta cierto punto legalizada en este nuevo esquema de trabajo?, ¿las decisiones que se toman son más públicas, efectivas y transparentes?... ojalá que las respuestas estén por venir.

DEBATE

El sindicalismo hondureño ya no es lo que fue1 EUGENIO SOSA*

El Primero de Mayo de 2014, como de costumbre, se realizó la movilización del Día Internacional del Trabajo. En esta fecha se conmemoraron 123 años de los Mártires de Chicago y 60 años de la Huelga de 1954.

De estas movilizaciones se ha dicho que “son más de lo mismo”, que los discursos se repiten, y que las fiestas son las mismas al concluir la protesta.

Y este año, ¿fue así?

LA COBERTURA DE LA PRENSA ESCRITA La idea de que las movilizaciones del Primero de Mayo son “más de lo mismo” ha sido sistemáticamente acuñada por los medios de comunicación más importantes del país. Es posible que tengan algún grado de razón, pero el sesgo anticipado y premeditado les ciega para observar otras señales y otros procesos. Además, en los últimos años, la preocupación de estos medios y de algunos sectores de la elite no es que las movilizaciones del Día Internacional del Trabajo sean “más de lo mismo”, sino que los sindicatos, gremios y organizaciones populares, a partir del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, se identifican de manera abierta con el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y el Partido Libertad y Refundación (Libre).

Veamos la cobertura en los principales medios de comunicación escritos (La Prensa, Tiempo, El Heraldo y La Tribuna) de la movilización del Primero de Mayo de 2014. Diario El Heraldo, en la portada tituló: “Políticos le arrebatan protagonismo a los obreros”, y enfatizó que las “Centrales tuvieron que pedir la palabra para exponer sus planteamientos. Proyectan crear una sola central obrera. Manuel Zelaya y Xiomara Castro filtraron agenda política y confrontativa”. En 1

*

Agradezco al sociólogo Pablo Carías, profesor del Departamento de Sociología de la UNAH y exdirigente sindical, por las conversaciones que hemos sostenido sobre la crisis del sindicalismo hondureño. Algunas ideas surgidas en esas conversaciones están presentes en este artículo.

Licenciado en Sociología, maestro en Ciencias Sociales y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en los cursos de sociología política y movimientos sociales en el Departamento de Sociología.

las páginas interiores, donde se desarrolla la noticia, el título fue: “Obreros celebran su día en politizada marcha en todo el país”, mientras que el subtítulo dice: “Anuncian una central obrera única para sacudirse el ´acorralamiento´ del que dicen son víctimas. Cuestionan al gobierno empleo y libertad sindical”. En la nota, como demandas políticas, resaltan la exigencia de una Constituyente y la desmilitarización, y como demandas laborales el aumento de los salarios y la eliminación de leyes como la de Empleo por Hora, una reforma agraria integral y libertad sindical. También cuestionó que los manifestantes realizaran pintas en inmuebles y carriles del Trans 4502.

Diario La Prensa, a pesar de pertenecer a los mismos empresarios de El Heraldo, cubrió la movilización en otros términos. En la portada tituló: “Obreros claman por seguridad” y luego destacó que “En las distintas marchas realizadas ayer para celebrar el Día del Trabajador, la dirigencia sindical fustigó la impunidad”. En las páginas interiores, la misma noticia fue titulada: “Obreros exigen un alto a la violencia y a la impunidad”, revelando que “Miles de personas celebraron en San Pedro Sula el Día del Trabajador en una marcha tranquila a la cual se unió la expresidenciable Xiomara Castro de Zelaya”. También enfatizó que los “Sindicalistas demandan una reforma agraria” y que los “Trabajadores marcharon contra la privatización”3.

Tiempo, diario que se edita en San Pedro Sula, tituló: “Obreros van por una sola central”, y como subtítulo destacó: “Sindicatos, centrales obreras, mujeres organizadas, estudiantes, personas no organizadas y 2 3

El Heraldo, 2 de mayo de 2014.

La Prensa, 2 de mayo de 2014.

21 junio 2014

DEBATE miembros del partido Libre, se manifestaron en las principales ciudades del país ayer Día Internacional del Trabajo”. En las páginas interiores, en los titulares y subtítulos, resaltó: “Obreros entran en proceso para crear una sola central”, “En orden marcha de SPS”, “Los trabajadores nuevamente enfilaron baterías contra las políticas gubernamentales”, “Xiomara Castro excandidata a la presidencia y diputados de Libre, estuvieron en los actos”, “Mujeres marcharon contra los femicidios y a favor de las PAE4”, “Según el Stenee el Gobierno corta energía para justificar la privatización”.

Diario Tiempo también dio cobertura a las movilizaciones realizadas en La Ceiba, Tela y El Progreso5.

La Tribuna, en su portada tituló: “Empleo permanente y bien remunerado piden los trabajadores en su marcha”. En las páginas interiores los destacados fueron: “Miles de obreros exigen más seguridad y aumento salarial”, “Marcha se politizó por ceder posiciones al FNRP”, “Se mostraron en contra de la privatización del agua potable y de la energía eléctrica”, “Pidieron buscar soluciones al problema del precio de los combustibles”, “Innovación en la caminata con nuevas consignas”, “Marcha deja más fea la capital”6.

En conclusión, la prensa escrita se concentró en cuatro aspectos: uno, la presencia del partido Libre y en especial de Manuel Zelaya y Xiomara Castro de Zelaya. Dos, la propuesta de construir la central única de trabajadores. Tres, el rechazo a las políticas neoliberales y las demandas sociales. Cuatro, la realización de pintas y la destrucción del patrimonio nacional.

Además, todos los medios de comunicación calificaron las movilizaciones como masivas o concurridas. Estas se realizaron simultáneamente en al menos 14 ciudades del país.

LO NOVEDOSO DE ESTE PRIMERO DE MAYO Sin embargo, a nuestro juicio, lo más novedoso del Primero de Mayo de 2014 fue que la consigna central

4

5 6

La venta libre de las Pastillas Anticonceptivas de Emergencia (PAE), fue aprobada por el Congreso Nacional durante el gobierno de José Manuel Zelaya Rosales, pero después del golpe de Estado el Decreto fue anulado. En este año 2014, de nuevo fue introducida al Congreso una propuesta de Decreto para la venta libre de las PAE, pero ante el discurso en contra de la Iglesia católica y otros sectores conservadores, el Decreto ni siquiera entró a discusión en el Poder Legislativo.

Tiempo, 2 de mayo de 2014.

La Tribuna, 2 de mayo de 2014.

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estuvo orientada a un asunto de carácter interno del sindicalismo. Se trata de la unidad de las centrales de trabajadores a través de la constitución de una central única. En el pronunciamiento unitario, las centrales asumieron este desafío en los términos siguientes: Hoy Primero de Mayo, a 60 años de la gran huelga de 1954, acontecimiento que cambió el destino social y político de Honduras colocándola en el siglo XX, venimos los trabajadores y trabajadoras, a rendir homenaje a aquellos que protagonizaron tan glorioso acontecimiento y a proclamar nuestro convencimiento de la necesidad urgente por alcanzar mayores niveles de unidad, organización y movilización para continuar la lucha…

Este primero de mayo marcamos una nueva etapa en el movimiento obrero hondureño, 1954 significó el rompimiento de la opresión obrera y el inicio del Camino de Mayo, ahora, 60 años después y ante la crisis a la que nos tiene sometidos este sistema, las Centrales Obreras hemos acordado entrar en un proceso para construir una central única como garantía de fuerza para enfrentar los retos, hoy más grandes y más complejos que antes del golpe de Estado pero que con seguridad, los superaremos7.

Este proyecto de unidad de los trabajadores debe celebrarse como una necesidad fundamental para la lucha por las transformaciones sociales de los sectores subalternos. Sin embargo, este desafío no podrá ser comprendido en su totalidad si no se interpreta la situación de crisis por la que atraviesa el sindicalismo hondureño, al igual que el sindicalismo mundial. La crisis del sindicalismo hondureño debe ser analizada desde los factores externos y los factores internos; o, en palabras más académicas y ortodoxas, debe ser interpretada en sus factores objetivos y subjetivos.

EL MODELO ECONÓMICO Y LA DESTRUCCIÓN DE LAS BASES MATERIALES DEL SINDICALISMO El modelo económico agroexportador que caracterizó la economía hondureña durante casi todo el siglo XX, se agotó a inicios de los años noventa y emergió un 7

Manifiesto del Primero de Mayo de 2014, firmado por la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), la Central General de Trabajadores (CGT), la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) y el FNRP. (Negritas y mayúsculas en el documento original).

DEBATE nuevo modelo económico. La acumulación capitalista en el viejo modelo agroexportador se sustentaba en la producción y exportación de banano, café, azúcar, camarones, langosta, tabaco, madera y minerales. Estos son los productos conocidos como las exportaciones tradicionales.

El nuevo modelo económico, cuya piedra angular es la liberación de la economía, se impulsa de manera deliberada a través del Consenso de Washington y de sus políticas neoliberales. En este nuevo modelo las fuentes principales de acumulación capitalista se ubican en las finanzas, la maquila, las telecomunicaciones, la construcción y el sector del comercio y servicios en general. Un nuevo componente de la economía hondureña lo constituyen las remesas, enviadas fundamentalmente desde los Estados Unidos, pero también en menor escala de otros países como Canadá y España. Las remesas constituyen una fuente de divisas muy importante y buena parte de las mismas son aprovechadas por el sector financiero y el comercio. A lo anterior hay que agregar la ampliación de la explotación de los recursos naturales, especialmente la minería y el agua, como parte de este nuevo modelo económico.

Estas nuevas fuentes de acumulación capitalista son potenciadas con políticas neoliberales, promovidas desde el Estado, como las exoneraciones de impuestos, La Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)8, la nueva Ley de Minería9, un sistema tributario regresivo y leyes que legalizan la precariedad laboral como la llamada ley de empleo por horas10.

A lo anterior hay que agregar los cambios en el mundo del trabajo, como la flexibilización, los procesos de producción tercerizada, empleos temporales, supresión de derechos como la seguridad social, la jubilación y las prestaciones, que aunque continúen establecidas en el Código del Trabajo, ya casi ningún empresario, incluso ni el Estado, cumplen.

Todo ello ha tenido un fuerte impacto en la organización sindical. Ha destruido las bases materiales y sociales de la forma sindicato, como lo señala Álvaro García Linera. Salvando las diferencias entre Bolivia 8

La Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) fue aprobada por el Congreso Nacional en 2013, mediante Decreto No. 120-2013.

9 La Ley de Minería fue aprobada por el Congreso Nacional en 2012, mediante Decreto No. 238-2012.

10 La Ley del Programa Nacional de Empleo por Horas fue aprobada por el Congreso Nacional en 2010, mediante Decreto No. 230-2010.

y Honduras, a continuación cito en extenso a García Linera para clarificar a qué se refiere la destrucción de las bases de la forma sindicato.

Las grandes empresas y ciudadelas obreras han sido sustituidas por numerosas medianas y pequeñas fábricas capaces de extender el trabajo industrial hasta el domicilio produciendo un efecto de desagregación social contundente y fragmentación material de la fuerza de masa del trabajo. El contrato fijo que sostuvo el sentido de previsibilidad, es hoy una excepción frente a la subcontratación, la eventualidad, el contrato por obra que precariza la identidad colectiva y promueve el nomadismo laboral limitado en su capacidad de forjar fidelidades a largo plazo, dando lugar por una parte a una hibridación de la condición de clase y a la emergencia de “identidades contingentes” de los trabajadores según la actividad, los oficios laborales, los entornos culturales donde encuentren transitoriamente y la dinámica de “contornos difusos” entre el espacio del trabajo y del no trabajo […] La transmisión de saberes por estratificaciones laborales estables y los ascensos por antigüedad van siendo sustituidos por la polivalencia, la rotación del personal y el ascenso por mérito y competencia, quebrando la función del sindicato como mecanismo de ascenso y estabilidad social, tan propios de la antigua forma sindical de movilización. Por último, el sindicato ha sido proscrito de la mediación legítima entre Estado y sociedad, papel que desempeñó durante décadas, para ser lentamente sustituido por el sistema de partido, erosionando aún más la eficacia representativa que antes poseía en la medida en que era el mediador político y el portador de ciudadanía11. ¿QUÉ PASA EN HONDURAS? En Honduras, uno de los efectos negativos concretos del nuevo modelo económico es la caída de la tasa de afiliación sindical. Es de aclarar que no existen datos confiables sobre la afiliación sindical en el país; las estadísticas de la Secretaría del Trabajo son malas y, cuando se consulta a las centrales obreras, estas tienden a exagerar las cifras de sus afiliados. Según el dirigente sindical Carlos Humberto Reyes, “en la actualidad existen en el país 420 sindicatos, 20 federaciones y tres centrales obreras. En el sector público la sindicalización es alta en comparación con el sector 11 García Linera, Álvaro, “La estructura de los movimientos sociales en Bolivia”, pp. 185-188, en: Revista del Observatorio Social de América Latina (OSAL), No. 5, septiembre de 2001, Buenos Aires.

23 junio 2014

DEBATE privado, que es baja. Pero en su totalidad, el porcentaje de sindicalización oscila entre 6% y 8%. Lo que significa que 92% o 94% de los trabajadores y trabajadoras no están sindicalizados12.

Una evidencia clara de la caída de la tasa de afiliación del sindicalismo la constituye la situación del Sindicato de Trabajadores de la Tela Railroad Company (Sitraterco), que todavía en 1990 tenía 10,000 afiliados y en la actualidad apenas cuenta con 1,760 afiliados.

Otro sindicato bananero fuerte ha sido el Sutrasfco, pero en la actualidad apenas registra 1,338 afiliados.

Además de la introducción de tecnología agrícola, la reducción de los sindicatos bananeros se debe a los cambios y transformaciones productivas de las empresas bananeras. Uno de estos es la concentración de las empresas en las actividades de comercialización, destinando las actividades de producción a los productores independientes, con los cuales establecen contratos particulares para la compra de la fruta. Bajo esta modalidad funcionan 21 fincas de productores independientes, concentradas en los departamentos de Cortés y Yoro. Cultivan un total de 4,870 hectáreas, y emplean a unas 4,145 personas. Estos productores independientes tienen contratos con las transnacionales Chiquita y Dole13.

Durante la década de los años sesenta, setenta y ochenta, uno de los sectores de mayor concentración de obreros y de organización sindical fue la industria textil. Pero a partir de la década de 1990, esta industria se transformó en la maquila. La maquila es el sector industrial que genera la mayor concentración de trabajadores y trabajadoras; en 2012 empleaba unas 118,380 personas en empresas textiles, de producción de arneses y piezas para automóviles, y otras14. En principio, esta concentración de trabajadores y trabajadoras supondría que existen condiciones para la organización sindical, pero esta no se ha producido, o por lo menos no como se esperaba.

12 Exposición de Carlos Humberto Reyes en un evento de la Federación de Sindicatos de la Agroindustria, realizado en San Pedro Sula, el 21 de marzo de 2014.

13 Para profundizar en el tema, véase: Sosa, Eugenio, Dinámica de la protesta social en Honduras, Guaymuras, Tegucigalpa, 2013.

14 Banco Central de Honduras (BCH). Subgerencia de Estudios Económicos, Departamento de Estadísticas Macroeconómicas, Industria de bienes para transformación (maquila) y actividades conexas en Honduras, Informe anual 2012 y expectativas 20132014, Tegucigalpa, 2013. 15 Sosa, Eugenio, op. cit.

24 envío

En la industria de la maquila se han desarrollado decenas de intentos de organización sindical, pero la mayoría ha fracasado. Son muy pocos los esfuerzos de este tipo que han sido exitosos. Entre 1993 y 2009 se registran 94 intentos fallidos de organización sindical en la industria de la maquila. Según el nivel al que llegaron, encontramos que 71 se quedaron en el mero esfuerzo; 4 llegaron a notificarse en la Secretaría del Trabajo; y 19 lograron obtener la personería jurídica15.

El Estado se ha convertido en uno de los obstáculos principales para la organización sindical, a través de diferentes mecanismos que reflejan su parcialización con los patronos de la maquila. Retrasan la entrega de las personerías jurídicas y los supervisores se coluden con los patronos. Mientras que los empresarios de la maquila también hacen lo propio; entre otras cosas, las “listas negras” entre las empresas para que no contraten a personas que han intentado organizar sindicatos en otras empresas16. La organización sindical en la maquila se considera tan estratégica, que el filósofo Gustavo Zelaya afirma que: “mientras la cúpula sindical o los mandos medios de los sindicatos no tengan la capacidad de penetrar las maquilas, no tendrán bastante membresía ni influencia como movimiento sindical en el país”17.

UNA MIRADA AL SINDICALISMO DEL SECTOR PÚBLICO Como dijimos en párrafos anteriores, el sindicalismo casi se ha reducido al sector estatal, donde la sindicalización es mucho mayor que en el sector privado. Sin embargo, en el sector público también se ha reducido la tasa de afiliación, porque han crecido de manera significativa los contratos temporales y, además, por los procesos de privatización, concesionamiento y tercerización de los servicios de las empresas estatales.

Además, los trabajadores del sector público — aunque los del sector privado también—, han estado fuertemente sometidos al clientelismo político y la cooptación partidaria. Los partidos políticos siempre se han disputado la influencia y hasta el control de las juntas directivas de los sindicatos y de sus afiliados. A esto se han prestado en reiteradas ocasiones las dirigencias sindicales, lo que ha hecho mucho daño y ha debilitado al sindicalismo hondureño.

Tampoco se puede desconocer que algunos sindicatos públicos —como los gremios magisteriales y los 16 Ibíd.

17 El Libertador, Año 12, mayo de 2014.

DEBATE sindicatos de la salud— se enclaustraron en sus intereses gremiales corporativos y se desconectaron de la sociedad hondureña. Los gremios magisteriales y los sindicatos de la salud, que son los que tienen mayor capacidad de movilización, redujeron sus demandas a los estatutos, salarios y otros beneficios, pero muy poco o nada reivindicaron los derechos de la ciudadanía en general, como el derecho a la salud y a la educación pública de calidad. Tampoco combatieron de manera abierta y frontal la corrupción en las instituciones encargadas de la salud y la educación del pueblo hondureño. En ocasiones, no solo no combatieron la corrupción, sino que fueron cómplices de la misma. El caso más reciente es el escándalo de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pero en la historia del país hay muchos más casos.

Esta desconexión de los gremios magisteriales y los sindicatos de la salud con las demandas y necesidades de la población, les ha hecho perder legitimidad ante la sociedad hondureña, y los ha dejado indefensos ante el gobierno (o los gobiernos) cuando este ha querido reducir sus conquistas, someterlos y destruir sus organizaciones.

LA CRISIS DEL MODELO DE ORGANIZACIÓN SINDICAL El sindicalismo no está en crisis únicamente por los factores externos vinculados a los cambios en la acumulación capitalista y el modelo económico, sino también debido a factores internos al sindicalismo, como el sectarismo, la ausencia de renovación de los liderazgos, la democratización interna y la cooptación frente al Estado y a los partidos políticos.

El movimiento sindical hondureño trae desde su nacimiento la impronta de la división. El movimiento sindical hizo trinchera del lado de la ideología colaboracionista, como se le denominaba a los dirigentes obreros influenciados por los sindicatos estadounidenses; y otros lo hacían desde la línea clasista, que era la orientación que promovía la idea de la lucha de clases, apoyada por Moscú. Esto impidió a los trabajadores presentar un frente común ante demandas de mejores condiciones de vida y de trabajo, y consumió en el divisionismo al movimiento obrero por más de cinco décadas.

El movimiento obrero no pudo escapar a los vicios del sistema político de la nación; pronto, el economicismo, la corrupción, la antidemocracia y el sectarismo hicieron mella en los sindicatos, federaciones y confederaciones. Los sindicatos no pudieron elaborar una estrategia que lograra mantenerlos al margen de los intereses particulares de la patronal, los partidos políticos y el Estado.

La parte más visible de las causas que generan el debilitamiento del movimiento sindical están por el lado de la descomposición del liderazgo. El dirigente sindical Juan Barahona reconoce que “hace falta relevos y se debe a la carencia de cuadros. Necesitamos cuadros que sustituyan a los actuales, no deben ser cambios de cara, sino gente que pueda superar y transformar”18.

En conclusión, la crisis del sindicalismo se expresa en tres aspectos centrales: la desafiliación sindical o pérdida de membresía, la pérdida de capacidad de movilización y la pérdida de capacidad de representación y negociación.

Una revisión de la agenda sindical en las condiciones actuales deberá pasar, necesariamente, por la búsqueda de un nuevo liderazgo, entrar en un debate que le permita desarrollar nuevos enfoques en la defensa de los intereses de los trabajadores, y precisar con claridad la necesidad de búsqueda de nuevas alianzas con nuevos actores sociales.

Los retos de los trabajadores hondureños van también por la revisión de las condiciones de trabajo impuestas, condiciones que nos han retrotraído a viejas formas de explotación del capitalismo originario, como la tercerización, el trabajo por obra o a destajo y, en general, condiciones que reclaman del capital una mayor flexibilización en la contratación de mano de obra.

En términos de organización y representación, una renovación del sindicalismo debe asumir el desafío de restablecer la legislación y la institucionalidad estatal laboral, organización de los trabajadores y trabajadoras del sector de la maquila, sector servicios y del sector informal, defensa y ampliación de la organización del sector público, y resolver el interrogante, ¿cómo organizar a los trabajadores y trabajadoras en formas no necesariamente sindicales?

18 Ibíd.

25 junio 2014

REFLEXIÓN

El ascenso de la “nueva” derecha en el Partido Nacional (2): El estigma social y los estigmas políticos de la modernidad y la tradición (2002-2006) MARVIN BARAHONA*

En el discurso de toma de posesión presidencial, Ricardo Maduro expuso que su gobierno se propondría impulsar una verdadera transformación nacional para convertir a Honduras “…en un país seguro para la vida, el honor y los bienes de toda persona”. Su visión estratégica se prolongaba hasta el año 2021.

Este artículo, al reconstruir la memoria de lo sucedido en aquellos cuatro años, se propone explicar por qué fracasó la visión estratégica del expresidente Maduro y por qué ahora el país luce empantanado en los lodos que surgieron de aquellos polvos.

L

a sintonía discursiva de la “nueva” derecha, tan plagada de anhelos y deseos incumplidos como de realidades tangibles, continuó en el gobierno de Ricardo Maduro Joest (2002-2006), uno de los más característicos y emblemáticos de esta facción política, ascendido al poder doce años después del gobierno de Rafael Callejas (1990-1994). Incluso algunos de sus adversarios políticos, como el empresario y político liberal Rodolfo Pastor Fasquelle, caracterizaron su liderazgo con cierta condescendencia: Maduro “es un líder moderno y más astuto de lo que se piensa.

Tiene carácter, del bueno y don de mando” —sentenciaba este opositor político—. Y continuaba afirmando

*

Historiador, doctor en Ciencias Sociales, autor de Evolución histórica de la identidad nacional, Tegucigalpa, Guaymuras, 1991, y Honduras en el siglo XX. Una síntesis histórica, Tegucigalpa, Guaymuras, 2004, entre otras obras de contenido histórico y social.

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que: “…tanta gente buena de todas las filiaciones que hoy creen en él, lo ven como un redentor…”1. Porfirio Lobo Sosa, presidente del Comité Central del Partido Nacional, opinaba algo similar: “Ni cuando era candidato ejercía un tipo de autoridad totalmente vertical, pues es un hombre de equipo, consulta, le agrada trabajar en equipo y escucha mucho a los que le rodean”2.

Ese sería el talante, aunque no el estilo uniforme del gobierno de Ricardo Maduro y la “nueva” derecha al iniciarse el siglo XXI, que además marcaría las pautas y dotaría de contenido a la nueva era que se abría ante el Partido Nacional (PN) y una derecha que parecía dispuesta a renovarse y, en su 1

2

Rodolfo Pastor Fasquelle, “Retrato de Ricardo Maduro, No. 1, sin mala voluntad”, Tiempo, San Pedro Sula, 2 de febrero 2002, p. 12.

“Visitaré a Maduro cuantas veces sea necesario”, Tiempo, San Pedro Sula, 5 de marzo 2002, p. 12.

andar, transformar la nación hondureña. El propio Ricardo Maduro definió claramente los propósitos de su partido y su facción política: “Necesitamos un partido moderno, mayoritario y con un liderazgo fuerte…”. Mientras, el expresidente Callejas aseguraba que “El Partido Nacional ha roto con los obstáculos para dar al pueblo la oportunidad de cimentar su fe y esperanza en un futuro mejor, lleno de desarrollo de la mano del mandatario nacionalista (…). …en estos cuatro años de gobierno se sentarán las bases para que Honduras logre por fin los niveles de prosperidad soñados por todos sus hijos”3.

La “nueva” derecha, y especialmente el presidente Maduro, tenían antecedentes y motivos para asumir un triunfalismo justificado; no solo ganaron las elecciones por un considerable margen de votos, 3

“Nacionalistas acuerdan respaldar todas las reformas de Maduro”, Tiempo, 3 de marzo 2002, p. 2.

REFLEXIÓN sino que también era el Partido Nacional quien inauguraba el nuevo siglo con un gobierno legítimo, exactamente cien años después de su fundación en 1902. Su tarjeta de presentación de la última campaña electoral era impecable; incluso el opositor diario Tiempo calificó los comicios internos del nacionalismo como símbolo de “transparencia y ejemplaridad” y alabó su excelencia, presentándolos como prueba del “extraordinario progreso de la democratización de la sociedad hondureña”4, en el ambiente casi siempre opaco del comportamiento electoral de las instituciones políticas tradicionales del país.

El rotativo sostenía que la derecha renovada, representada por la facción de Ricardo Maduro, se alzaba con una victoria importante y hacía surgir “un cuadro de unidad monolítica en torno al liderazgo del movimiento Arriba Honduras, legitimando la candidatura de un hombre acusado de no ser hondureño”5. Y no era para menos. Según el Tribunal Nacional de Elecciones (TNE), en las elecciones internas del nacionalismo votaron 804.173 electores, de los cuales Arriba Honduras obtuvo 626.597 votos (83%) y en la planilla de candidatos a diputados ganó 97 de las 128 candidaturas en disputa con otros movimientos internos del PN6.

El festejo continuó en la Convención partidaria anual, denominada “Primer Centenario de Fundación del Partido Nacional”, que otorgó un respaldo total a las reformas políticas, económicas y 4

5 6

“Victoria de Arriba Honduras”, Editorial, Tiempo, 18 de diciembre 2000, p.

12.

Ibíd.

“Nacionalistas sacan 758.900 votos válidos”, Tiempo, 27 de diciembre 2000, p. 6.

sociales anunciadas por el presidente7. Pocos días atrás, Maduro se había referido a la necesidad de “construcción del nacionalismo”, y había proclamado que el Partido Nacional debía ser una institución política “de apertura para los jóvenes y las mujeres” y “campeón de las reformas demandadas por la sociedad y en apoyo a la lucha contra la corrupción”; en suma, “una entidad seria y futurista”8.

EL DESGASTE DEL PL Una mirada breve a lo que ocurría en las filas de su contendiente tradicional, el Partido Liberal (PL), arroja más luces sobre los progresos y la profundidad que la evolución del PN había alcanzado al iniciarse el siglo XXI. En los comicios internos del PL ocurrió todo lo contrario de lo sucedido en el PN, como lo destacaron algunos medios de comunicación: “Unos mil adherentes de las corrientes Rosenthalista, Zelayista y de Esteban Handal se manifestaron contra el fraude electoral en las elecciones internas del Partido Liberal en Intibucá y acusaron a los activistas de la corriente de Rafael Pineda Ponce de que ´entregaron el acta de cierre sin los votos, sin urnas y el material electoral. También adulteraron el cuaderno electoral y en Opalaca hasta los muertos votaron´”; el candidato a diputado por ese departamento, Romualdo Bueso Melghem, calificó este hecho como “fetidez intolerable”9.

7

8

9

“Nacionalistas acuerdan respaldar todas las reformas de Maduro”, Tiempo, 3 de marzo 2002, p. 2.

“David Matamoros nombrado secretario del Partido Nacional”, Tiempo, 23 de enero 2002, p. 6.

“Liberales de Intibucá repudian fraude pinedista”, Tiempo, 22 de diciembre 2000, p. 10.

Por su parte, el precandidato presidencial Manuel Zelaya Rosales denunció que 200 mil liberales no podrían votar en las internas del PL, además de que fueron emitidas 30 mil papeletas electorales “sospechosas”. Como resultado, el 20% de los electores potenciales quedaron excluidos y solo la corriente “oficialista” obtuvo listados del TNE10.

Las críticas de Zelaya fueron respondidas por el representante del PL en el TNE, René Corea Cortés, quien lo calificó como el “más desinformado y mentiroso”, señalando a la vez que “él quiere revolver el agua que se va a tomar”11. No obstante, Zelaya arremetió sobre el mismo tema mencionando “La tardanza en publicar los listados electorales” por parte del oficialismo y “el cansancio de la gente por los mismos discursos”. Según el precandidato liberal, el 30% de los liberales censados no votó por “problemas creados” y cuestionó que “la campaña interna del Partido Liberal fue demasiado lujosa y se pareció en muchos casos a los ´comicios gringos´”12.

Otro prominente liberal, Jaime Rosenthal Oliva, consideró que en las elecciones internas del PL no hubo fraude, pero sí “compra de cédulas, compra de dirigentes, pero debemos recordar que estamos en un país pobre y son cosas que tienen que suceder”13. El resultado obte10 “Fraude de pinedistas denuncia Mel Zelaya”, Tiempo, 3 de diciembre 2000, p. 2.

11 “Manuel Zelaya se está curando en salud: Corea Cortés”, Tiempo, 3 de diciembre 2000, p. 2.

12 “Una victoria pírrica no puede unir al partido”, Tiempo, 4 de diciembre 2000, p. 3.

13 “Ha sido un proceso honesto muy cercano a la realidad”, Tiempo, 4 de diciembre 2000, p. 4.

27 junio 2014

REFLEXIÓN nido fue el esperado por casi todos los liberales: el candidato oficial, Rafael Pineda Ponce, ni siquiera se acercó al 50% de los votos, hubo un marcado abstencionismo y el proceso estuvo lleno de irregularidades14.

Un editorial de diario Tiempo, que comentó los resultados en las elecciones internas del PL, concluyó que estos demostraron “un notable desgaste del partido ante la opinión pública” y que el grupo ganador es débil porque “no lleva implícita la generación de confianza en el futuro del país”15.

EL CONTEXTO DEL NUEVO SIGLO A pesar de los buenos auspicios con que se recibía el triunfo de la “nueva” derecha, el gobierno del presidente Maduro se encontraría ante una situación cuyo signo principal era una clara tendencia hacia el agravamiento, en términos similares al contexto que debió enfrentar el gobierno de Rafael Callejas una década atrás, como lo revelaban los dramáticos indicadores de la realidad hondureña de aquel momento.

Según la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población económicamente activa alcanzaba un nivel educativo muy bajo; para el caso, “un 6.5 por ciento de los desocupados no posee ningún nivel educativo, un 52.4 por ciento tiene nivel primario, un 34.4 por ciento secundario y sólo un 6.7 por ciento superior”. El mayor porcentaje entre los desocupados se ubicaba en edades que oscilaban entre 19 y 14 “El abstencionismo ganó en los comicios liberales”, Tiempo, 4 de diciembre 2000, p. 6.

15 “Perspectiva electoral”, Tiempo, 4 de diciembre 2000, p. 14.

28 envío

24 años, que buscaban empleo por primera vez. La población económicamente activa se calculaba en 2,437.997 que, en los últimos tres años, había aumentado en un 12.38 por ciento, con un promedio anual de 4.1 por ciento. La fuerza de trabajo rural creció un 2% por arriba de la ocupación, mientras que en el sector urbano aumentó en mayor proporción sobre el nivel de empleo.

El mayor porcentaje de la población ocupada en 2001 (de un total de 2,334.596 personas) estaba en la agricultura, la silvicultura, la caza y la pesca; seguida por el rubro de comercio, restaurantes y hoteles, servicios comunales, sociales y personales y la industria manufacturera. Una tendencia que comenzó a observarse después del huracán Mitch (octubre de 1998) es que cada vez se registraban más empleos no asalariados, familiares no remunerados y por cuenta propia que, en conjunto, hizo bajar la participación de los asalariados en la economía al 46 por ciento16.

La enorme cantidad de pobres y desempleados que ya se conglomeraban en la periferia de las ciudades principales, llevaba al cardenal Rodríguez a decir a los políticos, en el día de la Virgen de Suyapa: “no se olviden de los pobres que son la mayoría de nuestro país”. Y agregaba, aludiendo al notorio incremento de la criminalidad, que “si el crimen toma fuerza es precisamente por la impunidad, esta deberá desaparecer cuando con la fuerza de la ley y con la transparencia de la verdad los criminales sean llamados a juicio y reciban el peso de la ley”. En la misma ceremonia, en respuesta a la prédica del líder católico, el presidente Maduro se comprome16 “El 6.7% de la población no tiene trabajo”, Tiempo, 4 de febrero 2002, p. 6.

tió a “trabajar para impulsar una justicia con equidad”17.

Las finanzas públicas no escapaban al contexto de crisis general de la economía y mostraban debilidad en casi todos sus indicadores.

Según el nuevo ministro de Finanzas, Arturo Alvarado, en el gobierno anterior al de Ricardo Maduro, el gasto público se disparó “a niveles tan altos que tienen a la economía al borde del colapso”; el déficit fiscal pasó de 6% a 7.4% (7.200 millones de lempiras), más “un crecimiento insostenible de los salarios públicos”. La inflación en 2001 se elevó a 8.8% y la devaluación del lempira a 5.1%. Los ingresos fiscales crecieron poco, mientras que los gastos aumentaron (4.101.1 millones de lempiras, equivalentes a un 18%).

Una solución inmediata a la falta de liquidez fiscal sería la puesta en circulación de 230 millones de lempiras en bonos del Estado18.

En un contexto de hiperinflación de la burocracia estatal, a finales de enero, el empresario Adolfo Facussé pidió la cancelación de 30 mil burócratas contratados innecesariamente por el gobierno saliente, arguyendo que los liberales habían incrementado la burocracia en 150 mil y 180 mil empleados19. El único respiro a la situación económica de aquel momento eran las remesas familiares procedentes de Estados Unidos, que representaban más del 10% del PIB, distribuidas en 500 millones en ingresos oficiales y 150 17 “El cardenal Rodríguez le pide a Maduro no olvidarse de los pobres”, Tiempo, 4 de febrero 2002, p. 10.

18 “La economía está al borde del colapso: ministro de Finanzas”, Tiempo, 8 de marzo 2002, p. 4.

19 “Maduro debe despedir a 30.000 personas que empleó la presente administración”, Tiempo, 21 de enero 2002, p. 8.

REFLEXIÓN millones ingresados por el mercado informal20.

La educación y sus principales indicadores no presentaban mejor cara que la economía; como ejemplo se expone aquí lo que ocurría en el valle de Sula, una de las áreas más prósperas y densamente pobladas del país, en la que al iniciarse el año escolar de 2002 relucían las abundantes carencias que se habían acumulado en los últimos años. En 2001 se abrieron en el departamento de Cortés 33 nuevas escuelas públicas, de las cuales solo tres tenían instalaciones propias; sin embargo, en 2002, para el que se planificó la apertura de 43 jardines de niños y 17 escuelas, la situación había empeorado y ninguno de dichos centros educativos contaría con una sede adecuada. Los hijos de pobres que asistían a estas escuelas se ubicaban “en alguna galera, iglesia, centro comunal o casa” porque la Secretaría de Educación “no se ocupa de la infraestructura, solamente de la asignación de personal”. En su defecto, los centros escolares eran construidos por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), por solicitudes realizadas en cabildos abiertos. No obstante, los tres edificios para centros escolares construidos en el año 2000 en las colonias Satélite, Cerrito Lindo y El Porvenir fueron obra de las propias comunidades, por lo que el FHIS recibía el calificativo de “nulo” en el departamento de Cortés.

Según la directora departamental de Educación, Altagracia Sánchez, la “única alternativa es que los padres de familia gestionen la construcción de escuelas con organismos de beneficencia 20 “Las remesas representan más del 10 por ciento del PIB”, Tiempo, 8 de marzo 2002, p. 5.

o instalen a sus hijos en casas o carpas, a modo de escuelas, como se ha venido haciendo”. Un ejemplo concreto: en la colonia Santa Marta, la escuela inició en una carpa, después alquiló una casa por 2,400 lempiras mensuales, por lo que empezó a cobrar 50 lempiras por concepto de matrícula y otros 50 por mensualidad que, en consecuencia, dificultaban “el acceso a la educación a familias muy pobres de los alrededores”. Por tal causa abandonó sus estudios el niño Eliaquín Mejía, de 12 años de edad, cuyo padre fue asesinado seis meses atrás, momento en que abandonó la escuela para dedicarse a “chapear” y así ayudar a su madre, Elizabeth Padilla, a mantener a sus seis hermanos.

Aparte de la Santa Marta, en otros poblados marginales del valle de Sula como las colonias San Juan, Tacamiche, Luis García Bustamante, El Plan, Santiago, La Guama, Rivera Hernández, Las Flores y Las Brisas existían centros educativos que no reunían condiciones para impartir clases o que debían funcionar en locales prestados. Según las fuentes que en su momento opinaron sobre este tema, “El problema se agudiza porque a nadie parece importarle y así el Ministerio de Educación se lava las manos escudándose en cuestiones legales, el FHIS ignora el problema y los maestros se preocupan únicamente por sus pretensiones económicas”21.

Coincidentemente, las comunidades mencionadas eran, y siguen siendo, focos de violencia y conflicto permanente en el valle de Sula.

LOS MÁS MARGINADOS Otro importante segmento de la población, viviendo en condicio21 “Escuelas sin escuelas”, Tiempo, 4 de febrero 2002, p. 15.

nes similares a las de los más pobres y vulnerables de la periferia urbana, era el de los pueblos indígenas y los garífunas. Al iniciar su gobierno, el presidente Maduro se reunió con representantes del Consejo Nacional Indígena de Honduras (CNIH) que agrupaba a los lencas, pech, tolupanes, tawahkas, nahoas, miskitos, chortís y garífunas que, en conjunto, representan una población aproximada de un millón de personas, a las que el mandatario consideraba “los más marginados de Honduras”. A pesar de que el encuentro se llevó a cabo en un restaurante de lujo de la capital, el presidente Maduro diagnosticó acertadamente la situación de dichos pueblos: “A este sector le hace falta centros de salud adecuados, viviendas, tienen una agricultura en crisis, necesitan medios de comunicación, no tienen un apoyo por parte del gobierno para preservar su cultura a través de un sistema de educación que se adecúe a sus costumbres”22.

Al reunirse en el Primer Congreso Nacional Indígena de Honduras, instalado en Lepaterique el 2 de marzo de 2002, unos 200 representantes de siete federaciones indígenas y negras elaboraron una lista de peticiones acorde con el diagnóstico presidencial. No obstante, el presidente del cónclave, Silvestre Pérez Alberto, afirmó críticamente que los indígenas “…sólo hemos sido utilizados para campañas políticas, para pedirnos el voto, pero nos dan la espalda después de los cuatro años de mandato de gobierno”.

En cuanto a las estrategias de seguridad del nuevo gobierno, el líder indígena sostuvo que el com22 “Maduro asume compromiso con dirigentes indígenas”, Tiempo, 10 de febrero 2002, p. 6.

29 junio 2014

REFLEXIÓN bate a la delincuencia era bueno, hasta cierto punto, “pero no basta hasta allí, aparte de la delincuencia hay que hacer un combate a la pobreza y a la corrupción”. Y aprovechó la tribuna para denunciar que el gobierno de Maduro “ya comenzó a marginar a sus pueblos ya que han pedido en vano audiencias con los ministros de salud y educación”23. Un día después, un titular de prensa explicitaba la postura política de estos pueblos al anunciar: “Misquitos y garífunas: oposición a buscar petróleo en Honduras”24.

Y pocos días antes, una nueva calamidad con sabor histórico: “Secuela de Michelle: Urgente llamado de comida hacen desde la Mosquitia”25.

LAS RESPUESTAS DE LA “NUEVA” DERECHA ANTE UN CONTEXTO CRÍTICO A pesar de los enormes retos que la situación descrita implicaba para el nuevo gobierno, el principal desafío, desde la óptica gubernamental, era el de la criminalidad, que había aumentado desde los últimos años de la década anterior y que en el año 2000 alcanzó los picos que el gobierno de Maduro debía enfrentar desde 2002. Los titulares de prensa de finales del año 2000 daban cuenta del inusitado incremento de la delincuencia común y la criminalidad organizada: “Pandilleros elevaron la ´tarifa´ a cien lempiras”, “Gautama [ministro de Seguridad] pretende terminar con impuesto de guerra de mareros”26, informándose que la tarifa impuesta a motoristas y 23 “Indígenas condenan el olvido y marginamiento que sufren”, Tiempo, 3 de marzo 2002, p. 7.

24 Tiempo, 4 de marzo 2002, p. 14.

25 Tiempo, 16 de febrero 2002, p. 10.

26 Tiempo, 24 de noviembre 2000, p. 8.

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cobradores de autobuses había pasado de 50 a 100 lempiras diarios, seguida de amenazas a muerte. Por su parte, la Fiscalía de Derechos Humanos recibía un promedio de cinco denuncias diarias por violaciones a los derechos humanos, la mayoría (4 de cada 5) ejecutadas por agentes de la Policía Nacional Preventiva y, en menor número, por agentes de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC). Las violaciones denunciadas consistían en “torturas, detenciones ilegales, abuso de autoridad, homicidios y asesinatos”27.

A finales de noviembre de 2000 las organizaciones Cofadeh, Codeh, COPA y el Comité de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, junto con Cáritas Internacional, crearon la Coordinadora contra la Impunidad para unificar esfuerzos y presionar al gobierno a investigar algunos crímenes que se habían quedado sin castigo, como el del reconocido dirigente popular del Bajo Aguán, Carlos Escaleras28. Mientras, un editorial se refería a la pérdida del valor de la vida en Honduras, poniendo como ejemplo el caso de una señora y una joven que habían sido violadas en un centro penal por varios pandilleros, entre ellos algunos sidóticos. Frente a la escasa reacción social ante tales hechos, señalaba: …nos asalta la preocupación de si en nuestro país se habrá perdido el respeto por la vida y ha desaparecido hasta la más elemental 27 “Denuncias de policías torturadores y asesinos recibe diariamente la Fiscalía”, Tiempo, 24 de noviembre 2000, p.

8.

28 “Integran coordinadora contra la impunidad”, Tiempo, 24 de noviembre 2000, p. 5.

solidaridad humana. Si así fuera, estaríamos en un proceso de degeneración social que acabaría por destruirnos como nación en poco tiempo. (…) …estamos inmersos en un mar de criminalidad, de pérdida de valores morales y cívicos, de frustración y de deprimentes perspectivas respecto al futuro. En tales circunstancias, no se avizora ni el liderazgo apropiado para cambiar de situación ni el Estado ofrece una sólida institucionalidad con capacidad para enfrentar, a como haya lugar, el desenfreno29.

Y para agravar la situación, existía entre los operadores de justicia una “alta mora judicial” pues, en materia de sentencias, enfrentaban un déficit altísimo: “De 11.000 reos sólo 900 están sentenciados”30.

Por su parte, el secretario del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), Juan Ferrera, señaló que se habían presentado “cuestionamientos de inseguridad” por parte de organismos financieros internacionales, las transnacionales y los inversionistas nacionales por falta de credibilidad en la justicia. Según Ferrera, el Poder Judicial aparecía como uno de los más corruptos, por lo que las exigencias de transparencia se volvían “un sueño”.

En su opinión, “las actuaciones de los políticos presagian la destrucción de todo lo hecho para luego aprovecharse de una situación de confusión y caos”31. Y los hechos le daban la razón, si se considera que incluso a finales de 2001 se seguía hablando de la necesidad de reducir 29 “Desenfreno” (Editorial), Tiempo, 21 de diciembre 2000, p. 12.

30 Tiempo, 11 de febrero 2002, p. 10.

31 “FONAC convoca a reunión urgente para defender a la Junta Nominadora”, Tiempo, 24 de enero 2002, p. 2.

REFLEXIÓN las inmunidades de diputados y altos funcionarios, y se exigía que los órganos contralores del Estado gozaran de una verdadera independencia.

Los “costos y magnitud de la violencia” eran motivo de estudio y preocupación al iniciarse el año 2002, como lo testimonia un estudio del economista Mauricio Rubio, en el que afirmaba que “las maras podrían estar siendo utilizadas por el crimen organizado para ejecutar crímenes por venganza y otros delitos”. El estudio revelaba que donde existían organizaciones criminales el problema de las maras era mayor.

Además, señalaba que el problema de las pandillas no se resolvería con dinero, porque la inversión tendría que multiplicarse por 20 en el ingreso promedio de cada familia, “lo que equivale a decir que San Pedro Sula debería ser una ciudad de Finlandia”. Paradójicamente, el estudio indicaba también que “… los dos únicos factores que parecen disminuir los robos a las residencias son: la presencia de la policía y de las maras”. Aparte de sostener que “la pobreza de la familia no es la causa para que los jóvenes se integren a las pandillas, ya que la mayoría de los mareros son personas de clase media, que incluso han viajado a Estados Unidos por lo que su condición de inadaptados tiene más que ver con lo aprendido en el extranjero y con factores como la desintegración familiar”32.

La presencia del narcotráfico y del crimen organizado venía a ser un factor adicional que retroalimentaba el potencial del pandillerismo juvenil y de la violencia. En los primeros meses de 2002 se sabía, 32 “Revela estudio: Hay nexos entre maras y crimen organizado”, Tiempo, 5 de marzo 2002, p. 8.

por lo informado por el embajador estadounidense en Honduras, que “unas cien toneladas de cocaína pasan anualmente por Honduras”, que ya era un país de tránsito de narcóticos ajenos. El embajador agregó que “donde hay tránsito algo se queda”33.

EL DISCURSO POLÍTICO Y MECANISMOS DE RESPUESTA En su discurso de toma de posesión, Ricardo Maduro expuso claramente la respuesta que pretendía dar a los grandes problemas nacionales: impulsar “una verdadera transformación nacional”, para convertir a Honduras “…en un país seguro para la vida, el honor y los bienes de toda persona”. Acto seguido proclamó la necesidad de reducir la inmunidad de los funcionarios públicos y se comprometió a “Combatir enérgicamente toda forma de corrupción”.

Su visión estratégica, que se prolongaba hasta el año 2021, segundo centenario de la Independencia nacional, consistía en sentar las bases para que Honduras llegara a ser un país de “desarrollo medio”, para lo que se requería un crecimiento económico alto y sostenido, así como el desarrollo de la persona humana. Por tanto, su gobierno se concentraría en áreas prioritarias de la economía como la agricultura, el turismo, la industria liviana y la maquila. Y en actividades con claro potencial competitivo, combinadas con desarrollo humano y mejora del empleo. En materia política, afirmaba que “…debemos democratizar más el funcionamiento del

33 “Embajador Almaguer: Unas cien toneladas de cocaína pasan anualmente por Honduras”, Tiempo, 11 de febrero 2002, p. 2.

Congreso Nacional y fortalecer el vínculo directo entre los diputados y quienes los eligieron. El pueblo debe participar haciéndoles sentir el peso de su mandato”. Lo ideal, según el mandatario, sería que los diputados fuesen electos por distritos, acompañando la descentralización de la acción del gobierno y el fomento de la participación ciudadana en los municipios y la sociedad civil34.

OPERACIÓN “GUERRA CONTRA LA DELINCUENCIA” “Buenos días, compatriotas, les habla Ricardo Maduro”. Así comenzó la cadena de radio y televisión en la que el presidente anunció que “la guerra contra la delincuencia se ha iniciado”, para cumplir una de sus promesas de campaña y responder ante una necesidad apremiante. Un día después, los titulares de prensa daban cuenta de la magnitud de la guerra iniciada: “Militarizadas las principales ciudades. Maduro madruga a supervisar las operaciones personalmente”35. Un día después el portavoz policial, inspector Carlos Chinchilla, aseveraba que “el sentimiento de seguridad que ya empezó a experimentar la población es palpable, principalmente en aquellas colonias donde los delincuentes y pandilleros durante mucho tiempo han sembrado el terror”. Según el oficial, la metodología empleada consistió en crear fuerzas combinadas de la policía y el ejército para recuperar inmediatamente los sectores que estaban 34 Discurso del presidente Maduro en la toma de posesión: “Accedo a la Presidencia con el objetivo de transformar nuestro país”, Tiempo, 28 de enero 2002, pp. 4-5.

35 Tiempo, 31 de enero 2002, pp. 1, 2 y 3.

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REFLEXIÓN tomados por la delincuencia. La operación guerra contra la delincuencia inició en 129 colonias y barrios de la capital; en 31 colonias de San Pedro Sula; en 58 barrios de Choluteca; y en 20 sectores de La Ceiba. El resultado inicial, según la policía, fue que “en los barrios y colonias de la capital la gente ya puede llegar tranquilamente a sus casas a la hora que desee, salir a trabajar tranquilamente y abordar un bus sin el temor que tenían antes”36.

Mientras tanto, el presidente definía en Choluteca la consistencia de su política de “Cero tolerancia” contra la delincuencia: “Quiero ser claro que cero tolerancia significa que no toleraremos el rompimiento de las leyes por ninguna persona, y aquí quiero enfatizar: eso implica que los más poderosos, política y económicamente van a empezar por cumplir”. Con pragmatismo, reconocía que “La lucha contra la delincuencia no se ganará en un día, inicialmente podemos en uno o dos años reducir dramáticamente la inseguridad pero también se tienen que reducir las causales sociales como el desempleo, la falta de educación y salud”. Para el mandatario las pandillas juveniles solo tenían dos alternativas: “…la primera es dedicarse a terminar su educación para ser ciudadanos productivos y la otra es evitar andar en fechorías”37.

Por su parte, los vecinos de las comunidades donde se llevaban a cabo los operativos respondían de diferentes maneras, para el caso, señalando: “ojalá que los operativos 36 “La población empieza a sentirse más segura”, Tiempo, 1 de febrero 2002, p. 4.

37 “Poderosos política y económicamente deberán respetar la ley: Maduro”, Tiempo, 1 de febrero 2002, p. 4.

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no sean sólo el escándalo, que sean permanentes y no como en otras oportunidades que mientras están los patrullajes hay tranquilidad y al terminar vienen las maras de nuevo”38.

Los operativos incluían la ubicación de grupos de soldados y policías en carpas —en lugares estratégicos de las colonias de mayor incidencia criminal—, que en grupos de 6 a 8 se movilizaban a pie y en vehículos por las calles de colonias como Campo Cielo, Villa Unión, Flor del Campo, San Martín, Villanueva y Los Pinos en la capital.

Según el diagnóstico policial, en esas comunidades las maras habían impuesto sus propias leyes, cobraban peaje a los taxistas y buseros, asaltaban e intranquilizaban a los vecinos. Los estudiantes estaban expuestos a la suerte de las maras 18 y Salvatrucha, según denuncias de los propios afectados39.

LA LÓGICA DE UNA GUERRA Al respecto, un editorial comentaba que los operativos combinados, al frente de los cuales se puso el propio presidente de la República, era “la más grande movilización jamás llevada a cabo en el territorio nacional”. Además, y esto era lo esencial, “esta operación… pretende ser permanente, hasta que se haya controlado sosteniblemente la situación…”. No obstante, el mismo editorial manifestaba la convicción de que “el caldo de cultivo de la delincuencia en nuestro país es de naturaleza económica-social, y, como bien se comprende, para curar la enfermedad es preciso atacar sus causas, aunque la primera batalla es la de reducir la invasión 38 “La delincuencia se repliega”, Tiempo, 1 de febrero 2002, p. 8.

39 Ibíd.

para luego aplicar la estrategia de mediano y largo alcance”. Lo que no obstante, respondía “a la lógica de una guerra”40.

Y esa lógica se basaba —según lo expresado por el presidente Maduro— en un fuerte sustrato maniqueísta, según el cual: “En el territorio actualmente se libra un combate entre la ciudadanía honrada y la delincuencia común y organizada”, a lo que él consideraba como la primera guerra a ganar41. Esta visión fue la que en el fondo condujo a una toma de posición contraria por parte de algunas iglesias y organizaciones de la sociedad civil, que se resumió en una expresión del obispo de San Pedro Sula, monseñor Garachana, al afirmar que “también debe haber cero tolerancia a la pobreza”42.

En los primeros meses de 2002 el gobierno siguió asumiendo la lucha contra la delincuencia con entusiasmo y cierto grado de triunfalismo, acompañados por una campaña mediática que buscaba hacer creer a la población que la represión era la única estrategia de seguridad viable en Honduras.

En febrero, el gobierno anunció la creación de los denominados “Comités Cívicos”, que intentarían rehabilitar a 35.000 mareros a nivel nacional. La Policía Nacional Preventiva organizaría los comités en respuesta a los múltiples crímenes provocados por los pandilleros en Tegucigalpa y San Pedro Sula, a la vez que los utilizaría como complemento de la labor policial en barrios y colonias. La propuesta 40 “Guerra contra la delincuencia” (Editorial), Tiempo, 1 de febrero 2002, p. 12.

41 “Maduro promete apoyo total a las Fuerzas Armadas”, Tiempo, 3 de febrero 2002, p. 6.

42 Tiempo, 1 de febrero, 2002, p. 18.

REFLEXIÓN consistía en organizar, en cada comunidad afectada, un “equipo de intervención de maras”, con el objetivo de mantener ocupados a los miembros de las pandillas en actividades productivas. En suma: “El proyecto contemplaba organizar 489 equipos de intervención para atender a igual número de pandillas establecidas en las ciudades más importantes del país”. A estas se les brindaría atención ambulatoria y no en internados para facilitar su reinserción social, respondiendo al hecho de que el gobierno no disponía de capacidad instalada para albergar a 35.000 pandilleros. La estrategia asignaba una cuota de responsabilidad a la comunidad, a la que dotaría de mecanismos para desarrollar el proyecto con la policía. El propósito era rehabilitar a los jóvenes involucrados en las pandillas, a mediano y largo plazo, descartando únicamente los casos de aquellos que hubiesen “decidido dedicar toda su vida al crimen”43.

En San Pedro Sula, la Alcaldía Municipal propuso implementar un proyecto de seguridad ciudadana, denominado “Vecino vigilante”, similar al que la policía proponía a escala nacional. Se pretendía organizar a los vecinos en grupos denominados “de la calle”, que llevarían a cabo un inventario de las casas y pertenencias de los vecinos. Según el proyecto: “Las tareas del ´vecino vigilante´ recaen en fomentar la aplicación de medidas preventivas, observar y comunicar de inmediato cualquier acto irregular y mantener un listado actualizado de teléfonos de los pobladores y de las autoridades correspondientes”. Además, “…

43 “Plan de la Policía Preventiva: Comités Cívicos intentarán rehabilitar a 35.000 mareros”, Tiempo, 10 febrero 2002, p.

2.

el vecino vigilante no sustituirá al policía, ni portará armas, sino que se limitará a ser capaz de identificar a sus vecinos y a los extraños, para denunciar a la policía cualquier irregularidad”44.

LAS VOCES DEL DISENSO Las críticas a la “Cero tolerancia” y al impulso de una estrategia de seguridad basada en la represión —que buscaba criminalizar exclusivamente a los jóvenes de las barriadas urbanas—, no se hicieron esperar. En la toma de posesión como Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Dr. Ramón Custodio López resumía esta postura crítica al afirmar que “La riqueza de las naciones debe medirse no sólo en cuanto a su poder para hacer la guerra, sino también en cuanto a su voluntad para construir la paz”45.

La Iglesia católica asumió una postura similar, cuestionando además el modelo neoliberal que se había viabilizado desde 1990 a través de ajustes estructurales orientados únicamente a pagar la deuda externa. La Iglesia sustentaba su postura en que los problemas principales eran “la carencia de fuentes de empleo y las desigualdades en la aplicación de la ley y los beneficios sociales”, lo que había generado “un vertiginoso éxodo de indocumentados hacia América del Norte y un clima de delincuencia que golpea indiscriminadamente a los habitantes del campo y la ciudad”.

La solución, según la jerarquía católica, era que los operativos implementados con la política de 44 “Alcaldía presenta a patronatos el proyecto Vecino vigilante”, Tiempo, 10 de febrero 2002, p. 8.

45 “Apoyo la Cero tolerancia contra la delincuencia y corrupción”, Tiempo, 8 de marzo 2002, p. 3.

Cero tolerancia debían ser solo una medida de emergencia, “porque la única solución permanente es combatir la pobreza y eliminar las desigualdades sociales”46.

La detención masiva de jóvenes, sin cargos ni fundamentos, llevó al fiscal de la Infancia, Elmer Enamorado, a calificar al Estado hondureño como un “Estado policíaco”, mientras que Rodolfo Pastor Fasquelle señaló que “La represión es un camino falso hacia la seguridad, que conducirá únicamente a un laberinto de demandas internacionales y a una mora judicial mayor aún”. El mismo autor percibía en la estrategia represiva del nuevo gobierno una “ilusoria seguridad de fantasía, prendida del telón con alfileres”; argumentaba que la seguridad solo se podría conseguir “… con la justicia social, con las oportunidades de empleo, con la restauración del sentido de solidaridad de la sociedad y con la prevalencia de los valores de tolerancia, comprensión y compromiso con los derechos de todos”. Invocando la “protección del derecho del inocente”, Pastor Fasquelle sostenía que “…entre los perseguidos, siempre hay más inocentes que culpables. No podemos garantizar nuestros derechos sacrificando los de los jóvenes de las clases desprotegidas bajo el supuesto clasista y estúpido de que ´todos son delincuentes´”. Y agregaba: “Cada vez que la autoridad viola los derechos del más humilde de los hondureños, amenaza los de todos los demás, desde el Estado, que es la peor amenaza contra nuestra seguridad. La autoridad existe para hacer cumplir la ley y 46 “Semanario Fides: Los operativos contra la delincuencia sólo deben ser medida de emergencia”, Tiempo, 11 de febrero 2002, p. 10.

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REFLEXIÓN para cumplirla. En ese principio está predicado nuestro respeto a la autoridad legítima”47.

Estas posturas en torno a los principios —que en definitiva cuestionan la legitimidad de la autoridad constituida— fueron las que tuvieron mayor peso a la hora de evaluar la política gubernamental para enfrentar la inseguridad ciudadana, hasta que esta fracasó a finales del gobierno de Ricardo Maduro. Los otros dos flancos débiles de esta estrategia de seguridad fueron la desigual asignación de fondos a la Policía y las Fuerzas Armadas, y el manejo viciado de la institucionalidad política, que no es poco decir por cuanto sus principales promesas de campaña fueron “seguridad y justicia”.

LA INSTITUCIONALIDAD POLÍTICA, VICIADA DESDE ARRIBA Como en los gobiernos anteriores, el paso que marcó el futuro andar del gobierno, su prueba de fuego, fue la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional que, como en el pasado, se vio sometida a la impronta del juego político tradicional. Luego de la puesta en marcha de la “aplanadora” bipartidista, solo quedó la protesta de la diputada de UD, Doris Gutiérrez, quien tras finalizar la elección de las nuevas autoridades del Congreso Nacional, señaló: “En este Congreso se continúa con las mismas prácticas antidemocráticas, antirreglamentarias e impositivas por parte de los partidos tradicionales”48.

47 Rodolfo Pastor Fasquelle, “Éxito y Estado Policíaco”, Tiempo, 11 de febrero 2002, p. 16.

48 “Electa la junta directiva provisional del Congreso”, Tiempo, 22 de enero 2002, p. 4.

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Por su parte, el diputado Rodolfo Irías Navas, quien era señalado como portavoz del llamado “lado oscuro” del PN —y que en cierta medida se ubicaba en las antípodas de la “nueva” derecha—, se quejaba de que “vamos a elegir una directiva que no fue debidamente concertada dentro del Partido Nacional”. Airado denunciaba que “se le ha dado oportunidad únicamente a arribistas que se han acercado al partido únicamente porque han visto posibilidades de triunfo”49.

Algo peor ocurrió en la elección de la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que en esa ocasión se practicaba por primera vez la reforma constitucional por la que una Junta Nominadora propondría al Congreso Nacional una lista de 45 candidatos, de la que debía seleccionar a los 15 magistrados del Poder Judicial.

No obstante, las triquiñuelas se impusieron para desvanecer la reforma, cuya intención era modernizar y profesionalizar la magistratura al evitar la “sectarización” política del Poder Judicial. Un editorial señaló que en tal elección se presentaron “visibles contaminaciones de vinculaciones familiares, preferencias ideológicas, distorsiones políticas, y absurdos criterios de calificación de los candidatos, que marcan un nuevo motivo de preocupación y desmoralización en nuestra sociedad, que ahora se ha quedado a oscuras y sin salida en medio del túnel”50.

La elección de la Corte Suprema de Justicia no solo generó controversia, sino que, con la conducta asumida por los diputados, se desdijo el discurso modernizante del 49 “Congreso Nacional: Asume Porfirio Lobo”, Tiempo, 24 de enero 2002, p. 6.

50 “Junta Nominadora” (Editorial), Tiempo, 23 de enero 2002, p. 12.

nuevo gobierno, haciendo que la “nueva” derecha luciera igual que la “vieja”. Los titulares de prensa no dejan lugar a dudas respecto de la trascendencia de esta polémica: “Corte Suprema anula la lista de la Junta Nominadora”, “Se nos va un principio democrático en el cual habíamos cifrado esperanzas”, “La Corte golpeó a mano abierta a la ciudadanía”, “Maduro pide al Congreso respetar la lista presentada por Junta Nominadora”, “Presidente del Congreso Nacional: Lo conveniente es respetar la lista de nominados”51.

La maniobra consistió en hacer que uno de los descalificados por la Junta Nominadora, el abogado José Augusto Ávila González, presentara ante la Corte Suprema de Justicia un Recurso de Amparo con suspensión del acto reclamado, el cual fue acogido por el pleno de magistrados y aprobado con los votos a favor de los magistrados Luis Alberto Rubí Ávila, Ivis Antonio Discua Varillas y Hernán Rafael Silva Baltodano52.

Al final —en lo que a la elección de la Corte Suprema se refiere—, se retornó al “pacto” bipartidista vigente desde 1986. Los diputados Jaime Rosenthal Oliva, Manuel Zelaya Rosales, Rafael Pineda Ponce y Jorge Arturo Reina se reunieron en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal para seleccionar a los siete candidatos a magistrados que le correspondieron al PL, según las negociaciones entabladas con el PN53. Poco más de un mes después, 51 Tiempo, San Pedro Sula, 24 de enero, 2002, pp. 4-5.

52 “Corte Suprema anula la lista de la Junta Nominadora”, Tiempo, 24 de enero 2002, p. 3.

53 “El Congreso elegía anoche a los 15 magistrados de la Corte Suprema”, Tiempo, 26 de enero, 2002, p. 10.

REFLEXIÓN el diputado liberal Jack Arévalo Fuentes argumentó que “…el pacto suscrito entre los partidos políticos no se ha roto, porque hasta ahora los liberales han respaldado todas las reformas que se han aprobado, como la creación del Tribunal Superior de Cuentas”. Además, estuvieron de acuerdo en separar el Tribunal Nacional de Elecciones del Registro Nacional de las Personas y en limitar la inmunidad de los diputados y de otros altos funcionarios, incluyendo al Presidente de la República, los designados presidenciales y magistrados, entre otros.

La única discrepancia estribaba en la propuesta de reducir el número de diputados y la elección de los diputados por distritos electorales.

Ambas propuestas las presentó el PN, a lo que se oponían los liberales arguyendo que bastaba con incluir la fotografía del candidato en la papeleta electoral, y que el PL había propuesto la reducción del número de diputados en el gobierno de Carlos Flores, con la oposición del Partido Nacional54.

LAS “DISCREPANCIAS” ENTRE LA POLICÍA Y LAS FUERZAS ARMADAS En 2002, un agente de policía ganaba 3000 lempiras al mes, monto del que se debían cubrir las deducciones correspondientes al Seguro Social y al Instituto de Jubilaciones y Pensiones, entre otras. Ante este panorama, algunos oficiales de Policía se quejaban del trato salarial desigual que recibían del Poder Ejecutivo, argumentando que a los militares el presidente Maduro les había aumentado 1500 lempiras en su primer mes de gobierno. Por otra parte, los quejosos, 54 “El pacto político no se ha roto”, Tiempo, 6 de marzo 2002, p. 10.

miembros de la Policía Preventiva, aseveraron que el dinero con el que se estaba financiando la guerra contra la delincuencia “toma hacia los batallones”55.

En el trasfondo parecía haber algo más que quejas por salarios, considerando los cambios que en ese momento se operaban en las Fuerzas Armadas, a lo que se refirió un editorial argumentando que en la reestructuración de los altos mandos militares “no se trata de relevos en conformidad con los procedimientos normales, sino de una reestructuración intempestiva y, a juzgar por lo visto, con marcados visos de improvisación”. Agregando que “A simple vista se puede apreciar que se ha producido un considerable desfase en la estructuración de los mandos al eliminar, de un solo golpe, a tres generaciones —la 12, 13 y 14— constituidas por valiosos oficiales que estaban empleados en un proceso de preparación y de sucesión orgánica, como realmente debe ser en una institución moderna y profesional”. Y concluía: “El desfase que se ha producido en los mandos de las Fuerzas Armadas debe ser visto con mucha atención, pues pareciera que se va dando un retorno hacia el pasado, en el que no importaba la legitimidad en la sucesión y relevo de los mandos, como tampoco la hoja de servicios.

Quienes han aconsejado no le están haciendo una buena faena al gobierno, y sí le infringen un gran daño a la seguridad nacional”56.

En este punto, cabe preguntar: ¿Tuvieron alguna relevancia las “discrepancias” salariales y las

“razones de fondo” en el fracaso posterior de la estrategia de seguridad del presidente Maduro? ¿Se deben vincular las “distorsiones” ocurridas en el escalafón militar en 2002 con los sucesos del 28 de junio de 2009? En otros términos: ¿Se produjo de esta forma una cadena de ilegitimidad en los mandos militares, que llegó hasta el golpe de Estado de 2009?

55 “Policías que combaten la delincuencia se quejan porque no les aumentan”, Tiempo, 6 de marzo 2002, p. 14.

56 “Reestructuración militar” (Editorial), Tiempo, 4 de febrero 2002, p. 12.

57 “No hay seguridad, hay impunidad”, Tiempo, 22 de noviembre 2005, p. 6.

58 “Pepe cierra campaña con promesa de un gobierno de puño firme”, Tiempo, 22 de noviembre, 2005, p. 7.

UNA EVALUACIÓN PERTINENTE: ¿MÁS MODERNIDAD O MÁS TRADICIONALISMO? Al llegar las elecciones para un nuevo periodo gubernativo, a finales de 2005, la campaña por la sucesión presidencial dejó en claro el fracaso de la estrategia de seguridad aplicada por la administración Maduro. Al respecto, el candidato presidencial liberal, Manuel Zelaya Rosales, afirmaba: “No hay seguridad, hay impunidad, siempre sabemos quién es el muerto pero no quién lo mató”57. Por su parte, el candidato oficial, Porfirio “Pepe” Lobo, cerró su campaña con la promesa de “un gobierno de puño firme”. Un “puño de acero”, dirigido contra las pandillas, simbolizó su campaña, señalando además que su oponente era partidario de las maras y tenía la mano blanda para enfrentarlas. Por eso prometió granjas penales para recluir a más pandilleros58. En plena campaña, el candidato nacionalista pidió al Congreso Nacional sustituir a los seis magistrados de la Corte Suprema que se oponían a la llamada “ley antimaras”, y encabezó personalmen-

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REFLEXIÓN te una protesta de los taxistas de la capital para intimidar a los magistrados liberales59, promoviendo así la injerencia del Poder Legislativo en el Poder Judicial, una conducta que contribuía a debilitar aún más la institucionalidad del Estado, como en los mejores tiempos de la “vieja” derecha.

Al producirse el triunfo del candidato liberal, los titulares y editoriales de prensa vincularon esa victoria con la derrota de las estrategias de seguridad del presidente Maduro: “Derrotada la política de dictadura y miedo”60. El editorial sostenía que durante las elecciones se había creado “un estado psicológico de terror colectivo, con desplantes propios de una patología dictatorial”61.

Una consecuencia del descrédito en que el régimen político había entrado al finalizar el gobierno del presidente Maduro, fue el marcado abstencionismo observado en las elecciones generales de 2005 (42%), lo que a su vez implicaba un “descreimiento hacia la institucionalidad política” relacionado “con la calidad del mandato ciudadano, y sobre todo con las perspectivas de la gobernabilidad”. Ante tal deterioro de la credibilidad y la legitimidad del régimen político, el comentario editorial concluía que en ese momento se estaba ante un “ambiente francamente proclive a la ingobernabilidad”62. Y en el 59 “Pepe insiste en destitución de magistrados liberales”, Tiempo, 24 de noviembre 2005, p. 16; y, “Pepe encabeza protesta de taxistas para intimidar a magistrados liberales”, Tiempo, 26 de noviembre 2005, p. 8.

60 Tiempo, 28 de noviembre 2005, p. 1.

61 “Triunfo liberal” (Editorial), Tiempo, 28 de noviembre, 2005, p. 25.

62 “Abstencionismo” (Editorial), Tiempo, 30 de noviembre 2005, p. 31.

36 envío

último mes de la administración Maduro, la evaluación final: “Por los vientos que soplan, la nave del Estado ha seguido un curso nada edificante en la última etapa de su viaje de cuatro años, haciendo honor a la cultura del Estado botín con celebración de piñata”63.

Una semana después esta evaluación se completaba con nuevos datos, que arrojaban luces sobre el curso de los cuatro años de gobierno; entre otros, se señalaba que el Congreso Nacional había sido dirigido por una “mayoría mecánica conducida por el Partido Nacional, en concubinato con la Democracia Cristiana, que facilitó violar la Constitución de la República”.

Entre las decisiones más controversiales del Legislativo destacaron la reforma al Código Penal para decretar la “ley antimaras”, que para muchos implicaba la violación a los derechos humanos, una polémica que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia y dividió al pleno de sus magistrados en torno a la interpretación de dicha reforma.

Por otra parte, en abierta violación a la legislación establecida, el presidente y vicepresidente del Congreso Nacional se presentaron como candidatos a la Presidencia de la República y a una diputación, respectivamente, para lo cual se manipuló o contó con la connivencia del Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia64.

63 “Piñata” (Editorial), Tiempo, 3 de enero 2006, p. 23.

64 Para análisis de coyuntura más detallados sobre la administración Maduro véanse, entre otras, las siguientes contribuciones de Ismael Moreno, SJ: “Ricardo Maduro: se abre un tiempo para madurar”, en revista Envío, Managua, No. 238, enero 2002; “En el primer año de Maduro el agua encendió el fuego,

En la conducción de la economía destacó la aprobación de varios “paquetazos” que contribuyeron a incrementar las cargas impositivas sobre la población, mientras el gobierno asumía una actitud distraída ante sonados escándalos de corrupción como el “gasolinazo”, el “pasaportazo”, las contratas amañadas en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la concesión de la administración de los aeropuertos a la empresa Interairports, entre otros que desacreditaron la imagen gubernamental. Esas leyes y decretos, como lo señalaba un editorial, tenían “una relación directa con políticas vinculadas a la explotación de recursos naturales y estratégicos del Estado”65.

EL ESTIGMA SOCIAL Y LOS ESTIGMAS POLÍTICOS DE LA MODERNIDAD Y LA TRADICIÓN A finales del año 2000, el doctor en medicina Richard Tamisiea, católico de Wilmington, Carolina del Norte, se hallaba comprometido en remover los múltiples tatuajes de jóvenes pandilleros en la comunidad de Chamelecón, jurisdicción de San Pedro Sula. Trabajaba como voluntario en la clínica parroquial del padre David La Buda. Como resultado de su trabajo y del contacto con los jóvenes pandilleros, el médico sostenía que “Las maras son una forma de vida en los barrios pobres.

Es importante la identificación como un miembro de la mara para la supervivencia. Por eso todos los miembros de las maras están maren revista Envío, Managua, No. 249, diciembre 2002; y “Pandilleros: ¿limpieza social en las cárceles?, en revista Envío, Managua, No. 254, mayo 2003”.

65 “Cuarta legislatura” (Editorial), Tiempo, 12 de enero 2006, p. 31.

REFLEXIÓN cados con tatuajes”. La observación sociológica participante llevaba al doctor Tamisiea a afirmar que las maras se organizaban debido a “pobreza, estructura familiar inestable, poca supervisión de padres de familia y oportunidades educativas limitadas”. En su opinión, los jóvenes pobres se veían forzados a unirse a las maras “donde encuentran un grupo que los acepte y les ofrece una razón de existir”. A pesar de que la presencia de drogas también incidía en la conducta de los jóvenes de Chamelecón, y que la organización y actividades de las maras contribuían a incrementar el miedo y la violencia en los barrios pobres de esa comunidad, el galeno sostenía que “Al menos algunos miembros de las maras quieren un cambio, y el quitar el tatuaje es clave”. El procedimiento utilizado para quitar los tatuajes se llevaba a cabo con un aparato de rayos infrarrojos y otros instrumentos indispensables importados desde los Estados Unidos. Simbólicamente, la primera en ser tratada con dicho procedimiento fue una mujer, la joven Julia Alvarado, de

15 años de edad, quien afirmó ante los periodistas: “Quiero cambiar mi vida. No puedo esperar para sacar los signos de mi error”66.

Aunque el fenómeno de las maras no era desconocido en la década de 1990, se incubó y multiplicó durante la administración Maduro, cuando se estigmatizó y criminalizó a los jóvenes de los barrios marginalizados de las principales urbes, una estrategia que, en los hechos, reemplazó a una auténtica política de seguridad ciudadana y de seguridad nacional, al orientar la acción estatal hacia la represión del descontento juvenil y la criminalidad común y organizada, basándose en un programa sustentado en la militarización de la sociedad.

Así lo demostró la operación guerra contra la delincuencia, los cambios en los altos mandos militares y el deterioro constante de la institucionalidad de la Policía Nacional, del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia; la violación constante de los derechos humanos de los jóvenes marginalizados, con o sin causa justificada, no solo estigmatizó al gobierno

66 “En Chamelecón: Instalan clínica para remover tatuajes a jóvenes mareros”, Tiempo, 24 de noviembre 2000, p. 16.

del presidente Maduro sino que también creó el hábito, la institucionalidad y las estructuras para que la operación guerra contra la delincuencia se convirtiera en una política represiva permanente —la única desde la perspectiva estatal— para erradicar la delincuencia juvenil y el crimen organizado, con resultados negativos obtenidos a un elevado costo social.

Aunque la misma política se haya renovado de una administración a otra, obteniendo siempre los mismos resultados pero a un costo cada vez mayor, marcó a las siguientes administraciones del Partido Nacional con su estigma militarista y su vocación de reprimir y criminalizar, ya no solo a la delincuencia común y el crimen organizado, sino a todo acto de rebeldía y protesta social, que desde aquel momento se le atribuye a los “enemigos de Honduras”. Y, como se sabe, erradicar un estigma social67 no depende de borrar un tatuaje, como eliminar un estigma político no depende de remover los signos de los errores, parodiando las palabras de la niña del tatuaje en Chamelecón.

Continuará…

67 Para un tratamiento amplio y bien fundamentado del término “estigma”, véase el clásico estudio de Erving Goffman, Estigma, La identidad deteriorada, Amorrortu/editores, Buenos Aires, 2012.

37 junio 2014

REFLEXIÓN

Glosario de la transparencia y la información pública con mirada ciudadana LUCILA FUNES VALLADARES*

La sociedad espera que las instituciones creadas para servirla lo hagan bien y rindan cuentas de cómo lo hacen. Espera que la información pública sea clara, exacta y fiable.

De ahí la pertinencia de este glosario que, por estar apegado al derecho de acceso a la información pública, constituye una útil herramienta que parte de la certeza de que el servicio público es para toda la sociedad y, por tanto, toda la información que de su ejercicio se derive, debe sujetarse a la mirada ciudadana y a su aprobación.

¿L

e ha ocurrido alguna vez, cuando revisa el portal de transparencia de una institución pública, que la información que pide no aparece, la pantalla muestra un error de página o de repente se apaga la computadora?

Las dudas aumentan acerca de si ya es tiempo de comprar una máquina más moderna o contratar un mejor servicio de internet, cuando lee en el periódico que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) le ha otorgado una calificación sobresaliente de eficiencia en transparencia a la página que usted consultó.

Sin embargo, si se tomara el tiempo de hacer esa medición por cuenta propia, seguramente el recuento sería menos optimista, porque se daría cuenta de que a medida que califica las categorías de transparencia más sensibles a ser examinadas, los datos informativos escasean ¡y la computadora empieza a “fallar”!

Sin duda, de sus 39 artículos, el más avanzado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) es el 13, sobre la información que debe ser difundida de oficio, en la que enumera 19 temas, que a su vez abre 66 subtemas que las instituciones del Estado están obligadas a publicar. Es el artículo que da vida a los portales de transparencia de la institucionalidad pública.

Si estos subtemas son atendidos de manera superficial, muchas de las entidades públicas pueden pasar la prueba, aunque muchas rehúyen hacerlo y apelan, cuando mucho, al truco de “página en construcción”.

Periodista.

*

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Pero vistas desde una óptica ciudadana, las exigencias son otras, pues lo que la sociedad espera es que las instituciones creadas para servirle lo hagan bien y rindan cuentas cabales de cómo lo hacen. Espera que la información pública sea clara, tenga calidad, esté escrita o dicha con objetividad, se prepare con rigor, posea exactitud y sea fiable.

Para ello es este glosario, que es una propuesta abierta a ser discutida, mejorada y enriquecida, elaborada además sin ánimos de rebasar el entendimiento de los economistas y los juristas, pues varios de los subtemas son de su competencia.

Es una propuesta apegada a ley, no por encima de ella; por lo tanto, no demanda un imposible; y es una propuesta apegada al derecho de acceso a la información pública, que parte de la certeza de que el servicio público es para toda la sociedad y que toda la información que de su ejercicio se derive debe sujetarse a la mirada ciudadana y a su aprobación.

PROPUESTA DE GLOSARIO Actas de apertura de ofertas. Relato escrito que detalla la recepción y apertura de ofertas, en respuesta a una licitación o concurso promovido por instituciones públicas, con la documentación pertinente y las garantías que sustentan sus ofertas.

Estas actas debieran responder a preguntas de interés ciudadano como: ¿Quiénes participaron? ¿Qué ofrece cada participante? Si es una oferta económica, ¿cuál es el monto de cada oferta? ¿Cuál es la historia de vida o trayectoria de los oferentes?

REFLEXIÓN Actas de adjudicación. Relato escrito donde se hace constar el resultado de licitaciones públicas o privadas, convocatorias o concursos y los criterios que fueron tomados en cuenta y que respaldan la decisión final.

Actas municipales. Documento público que da fe de los temas que aborda en cada sesión —ordinaria o extraordinaria— o durante visitas de inspección, la corporación municipal, detallando quiénes asistieron y estuvieron ausentes, los puntos que se abordaron, los criterios que se vertieron alrededor de estos, los disensos y los consensos, las votaciones y sus resultados, las participaciones externas —si las hubo—, las resoluciones que se tomaron, los temas que quedan pendientes, etc.

Actividades públicas. Conjunto de acciones que realiza una institución pública como parte de su mandato, que por lo general se describe en los planes operativos anuales y estratégicos.

Acuerdos ejecutivos. Decisiones o actos administrativos firmados por el Presidente de la República, el Consejo de Ministros o por las máximas autoridades de una institución pública, que reglamentan acciones públicas y/o que generan carácter de obligatoriedad de las partes para su cumplimiento.

Ampliaciones, prórrogas y declaratorias de compras directas y sus resultados. En la mayoría de los casos, las compras directas no deben considerarse información secreta y debe darse a conocer qué bienes o servicios se compran o contratan, por cuánto tiempo, a qué costo y a quién o quiénes, explicando los fundamentos que justifican su adquisición directa, para evitar que se fomente una cultura de la sospecha.

La compra directa es un procedimiento de adquisición de bienes y servicios por parte del Estado a personas naturales o jurídicas, sin obligación de cumplir con los requisitos formales de licitar o convocar a concurso, en procura del interés público. Al eliminar los procedimientos normales, se obtiene de manera más rápida el producto requerido.

De acuerdo con la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), la compra directa puede realizarse por diversas razones (justificadas o no), entre ellas, las siguientes2:

1

ONCAE, Manual de compras y contrataciones directas mediante fondos nacionales, junio de 2010. http://www.honducompras.gob. hn/Info/Manual_de_Compras_y_Contrataciones_Directas.pdf

⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅

Emergencias como: desastres, inundaciones, terremotos, epidemias, guerras, estado de excepción, conmoción interior, calamidad pública, necesidades de defensa y orden público.

Exclusividad del servicio o el producto que se compra (por lo que no podrá escogerse entre varios competidores).

Por ser operaciones secretas.

Para acuñar monedas e imprimir papel moneda.

Para realizar trabajos científicos, técnicos o artísticos especializados.

Atribuciones por unidad administrativa. Las potestades de cada institución pública y de cada una de sus dependencias para poder funcionar eficazmente.

Circulares institucionales. Órdenes o avisos que una autoridad superior dirige al personal de la institución o a la ciudadanía, cuando su contenido sea de interés público (ejemplos: ley seca, días de asueto, campañas de salud, operativos, etc.).

Concesiones. El derecho de usufructo que otorga una institución pública a una entidad, generalmente privada, o a una persona en particular, sobre bienes públicos y sociales (recursos forestales, mineros, hídricos, costeros, energéticos, etc.), por un período determinado.

En muchos casos puede tratarse de pasos anteriores a la privatización, y habilita a terceros para que usen, aprovechen, exploten, usen instalaciones y/o construyan obras de cualquier índole, para proporcionar servicios públicos.

El Reglamento de la LTAIP señala que las instituciones deben publicar en sus sitios de internet o en cualquier otro medio, la información relativa a concesiones, autorizaciones y permisos que otorguen (…) que contenga como mínimo, lo siguiente: 1. La unidad administrativa que los otorgue; 2. El nombre de la persona física o la razón o denominación social de la persona jurídica concesionaria, autorizada o permisionaria; 3. El objeto y vigencia de la concesión, autorización o permiso; 4. El procedimiento que se siguió para su otorgamiento en caso de concesiones; y, 5. Los convenios de modificación a las concesiones precisando los elementos a que se refieren los numerales anteriores.

La ciudadanía tiene derecho a conocer —a debido tiempo— los documentos completos que firman los 39 junio 2014

REFLEXIÓN órganos concesionarios con los entes favorecidos por las concesiones.

Contrataciones. Concertaciones celebradas entre órganos de la Administración Pública —centralizada o descentralizada— con entidades públicas o privadas, o con personas particulares, para ejecutar obras o adquirir bienes o servicios, conforme a las necesidades de cada entidad, para poder cumplir con sus funciones.

La ciudadanía tiene derecho a conocer —a debido tiempo— los documentos completos que firman los órganos contratantes con los entes contratados.

Contratos con empresas privadas financiados con recursos o fondos del Estado. Concertaciones celebradas entre órganos de la Administración Pública —centralizada o descentralizada— con entidades privadas que administran o utilizan fondos públicos para ejecutar obras, proveer bienes u ofrecer servicios públicos.

Como en las dos categorías anteriores, la ciudadanía debe ser informada mediante la exposición pública de los documentos firmados, datos como el origen del financiamiento, su monto, condiciones del contrato, tiempo de duración y beneficios esperados.

Igualmente, debe certificarse la trayectoria de la empresa contratada, así como las razones y los procedimientos utilizados para su escogencia (licitación pública, licitación privada, concurso, compra directa, etc.).

Contratos de consultoría. Concertaciones celebradas por los órganos de la Administración Pública — centralizada y descentralizada— con entidades públicas o privadas, o con personas particulares, consideradas expertas en una materia sobre la que asesoran profesionalmente, para suplir las necesidades institucionales en el cumplimiento de sus funciones.

Este es un procedimiento al que se apela constantemente dentro del engranaje público, y es derecho ciudadano conocer los contratos donde se establece los datos reseñados en la categoría anterior, las justificaciones pertinentes para acudir a ese tipo de servicios, el procedimiento de selección del consultor contratado, así como los productos finales que entregue.

Convocatorias a concurso. Invitaciones abiertas que establecen las bases para que las personas naturales o jurídicas que califican puedan competir en cargos, ejecución de obras o prestación de servicios, así como los criterios que justifican su demanda y las evidencias de que la selección se hará a partir de méritos, experiencia y capacidades demostrados, en función del interés público.

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Debieran también existir espacios que informen sobre las selecciones hechas, sobre todo en los casos de selecciones masivas (por ejemplo, personal médico hospitalario o magisterial), para nombramientos en altos cargos o en la selección de personas en cargos delicados y sensibles para la población, como pueden ser, por ejemplo, los operadores de justicia.

La ciudadanía debe demandar no solo la información pertinente a esas convocatorias, sino también que se convierta en una práctica rutinaria, en oposición al clientelismo político, donde la escogencia de los servidores públicos responde a recomendaciones políticas y a tráfico de influencias.

Decretos ejecutivos. Resoluciones aprobadas por el Poder Ejecutivo sobre la materia o competencia de la institución pública.

Decretos legislativos. Resoluciones aprobadas por el Congreso Nacional sobre la materia o competencia de la institución pública. De acuerdo con la LTAIP, estos deben ser publicados dentro de los diez días siguientes a su aprobación, igual que las resoluciones que resulten de las mociones, las iniciativas de leyes y sus respectivos dictámenes y opiniones, y las sesiones del Pleno del Congreso Nacional y de las Comisiones.

Derechos. Alude a la obligación que cada institución pública tiene de informar sobre los beneficios y alcances de los servicios que presta a la ciudadanía.

Descripciones cuantitativa y cualitativa sobre el desarrollo de actividades, planes, programas o proyectos institucionales. Forman parte de la rendición de cuentas públicas. Debe ser una información detallada y fiable, respaldada con la documentación que la sustente.

En el caso de las corporaciones municipales, la Ley de Municipalidades establece la realización periódica de cabildos abiertos, donde son pertinentes estos informes descriptivos, pero además deben poder consultarse por otros medios.

En el caso de otras instituciones, la rendición de cuentas debe ser también una práctica institucionalizada.

Deuda. El conjunto de pasivos financieros que una institución pública en particular, o la Administración Pública en general, tiene con otra institución pública, con el sector privado (personas, empresas o instituciones nacionales o extranjeras), o con organismos internacionales, o a la inversa.

Esta información debe contener datos como: monto de la deuda, razón o causa de la misma, compromisos asumidos por las partes, tiempos acordados de amorti-

REFLEXIÓN zación, intereses, servicios o bienes adquiridos o entregados, cumplimiento de los compromisos, etc.

La ciudadanía debe demandar que los datos financieros sean explícitos y no un cúmulo de números sin el fundamento suficiente para entenderlos.

Diario Oficial La Gaceta actualizado. Se asume que el diario oficial debe contar con una página electrónica al día con la publicación. De hecho, no es así. Pero ello tampoco exime a las instituciones públicas aludidas en las leyes, decretos ejecutivos o legislativos, etc. que se publican en La Gaceta, a que las incluyan en su información institucional.

Dirección, teléfono y dirección electrónica de la institución pública. La dirección física precisa, la dirección electrónica (correo y página web) y los números de teléfonos de las oficinas de los funcionarios (con sus nombres) y de cada dependencia (por su nombre), colocados en lugares visibles dentro de la página web.

Disposiciones de observancia general. Preceptos legales o reglamentarios, deliberaciones, órdenes y mandatos de la autoridad que aplican para el funcionamiento de una institución y que afectan directa o indirectamente a la ciudadanía.

Estadísticas e información macroeconómica y financiera del Estado. Informan sobre el comportamiento de la economía nacional y las finanzas públicas para la toma adecuada de decisiones, pues ayudan a evaluar la evolución económica del país y prever su futuro; a comparar las tendencias por períodos o entre países y proveen un marco para planear, formular, incidir y dar seguimiento a las políticas públicas. Son el sustento incuestionable para aprobar políticas de ajuste, siempre y cuando se provean con objetividad, transparencia y claridad.

Debe incluir datos sobre: ingresos, gastos, deuda pública, balanza de pagos, inflación, tipos de cambio, tasas de interés, estadísticas monetarias y financieras, estadísticas de las finanzas públicas, acuerdos y negociaciones con organismos internacionales, estado de las actividades económicas nacionales, proyecciones, estados financieros de la banca privada y pública, reservas internacionales, etc.

Estados financieros. Información sobre la situación económica y financiera dentro de un periodo determinado. Reflejan el producto final de la contabilidad institucional, elaborado de acuerdo a principios y normas contables o de información financiera, que comprende: balance general, estado de ganancias y pérdidas, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, moras, deudas, notas, otros

estados y cuanta información financiera sea necesaria hacer del conocimiento público.

Estructura orgánica. Esquema de jerarquías y divisiones de las funciones que componen una institución, que permite ubicar a las unidades administrativas en relación con las que le son subordinadas, horizontales o superiores en el proceso de mando. Muestra cómo se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas en los puestos.

Debe incluir a las instituciones o dependencias que tienen una función autónoma pero que están subordinadas a otras, los nombres de los miembros de las juntas directivas y su representación por sectores, cuando así es el caso, e incluir los nombres de los titulares que encabezan cada unidad o segmento, y la hoja de vida que avale los méritos acumulados para ocupar el cargo.

Formatos. Formularios disponibles para realizar trámites públicos.

Funciones. Tareas que corresponde realizar a una institución o entidad, o a sus diferentes órganos y/o personas, según el cargo que ocupan.

Gastos. Erogaciones desglosadas de una entidad pública que han sido realizadas para poder cumplir con sus funciones.

Información catastral y su vinculación con el Registro de la Propiedad Inmueble. El listado de las propiedades públicas —muebles e inmuebles—debidamente inventariadas y registradas y contratos —si los hay— vinculados con su uso y explotación, como: tierras, predios, edificios, construcciones, recursos naturales en poder del Estado, flotas vehiculares, buques, embarcaciones pesqueras, aeronaves y naves, derechos mineros, concesiones para la explotación de los servicios públicos, ventas a plazos, prendas industriales, agrícolas, pecuarias o mineras, entre otras, que están bajo la responsabilidad de una institución pública, y los detalles correspondientes a su registro en el Instituto de la Propiedad.

La ciudadanía debiera tener conocimiento del monto de los recursos y bienes no financieros a cargo de cada institución del Estado.

Información sobre actividades de empresas privadas que suministren bienes y servicios públicos. En la prestación de los servicios públicos prevalece el interés general y en la búsqueda de su eficiencia se pretende garantizar el patrimonio del Estado.

Por eso no resulta inmune al control una sociedad que, sin perjuicio de su naturaleza privada, maneje fondos del Estado. Y sobre ese control también deben rendir cuentas los gobiernos a sus ciudadanos.

41 junio 2014

REFLEXIÓN Informes. Documentos de análisis, de investigación, descriptivos, financieros, etc. que derivan de la labor institucional y que, por ser de interés público, ameritan ser puestos a la vista ciudadana.

Informes anuales de la ejecución presupuestaria. Descripción respaldada con cifras sobre la forma como se han invertido los fondos públicos de una institución durante un año. Debe incluir los detalles sobre las transferencias, los gastos, la inversión física y financiera, la deuda y la morosidad.

El artículo 20 del Reglamento de la LTAIP señala que, además de publicarse en su sitio de internet o en cualquier otro medio escrito, deben enviarse a la Secretaría de Finanzas para que esta, a su vez, los incorpore en el Sistema de Administración Financiera (SIAFI) y los incluya en su sitio de internet. Las instituciones están obligadas a crear vínculos electrónicos al SIAFI, en el cual se encuentre igualmente dicha información.

Informes trimestrales de la ejecución presupuestaria. Descripción respaldada con cifras sobre cómo se han invertido los fondos públicos de una institución durante cada uno de los cuatro trimestres del año. Debe incluir los detalles sobre las transferencias, los gastos, la inversión física y financiera, la deuda y la morosidad. Esta información debe ser oportuna y actualizada.

Informes definitivos de las intervenciones fiscalizadoras practicadas. Informes finales de investigaciones realizadas por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), mediante auditorías practicadas a instituciones públicas, ya sea por oficio o por denuncia.

El TSC está obligado a publicar los informes completos, con los nombres de los imputados y con los anexos correspondientes.

Iniciativas, leyes y sus dictámenes. Hace referencia a las propuestas de ley, a las leyes aprobadas y a los análisis que justifican su aprobación. Estos últimos son realizados por comisiones especiales parlamentarias que debieran estar obligadas a realizar consultas previas con sectores ciudadanos y especializados en el tema que compete.

Es obligación del Congreso Nacional dar publicidad a los mismos dentro de los diez días siguientes a su presentación, discusión y/o aprobación.

Inversión financiera. Activos que se utilizan para transferir fondos o asumir riesgos que contribuyen a fortalecer la actividad económica del Estado o de la institución pública en particular, aunque en lo inmediato no faciliten el crecimiento del Producto Interno Bruto.

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Inversión física. Monto y desglose de los gastos efectuados para el acondicionamiento material de las instalaciones de una institución del sector público para optimizar su funcionamiento o para desarrollar sus proyectos.

Leyes. Preceptos aprobados por las autoridades competentes para regular la conducta social, mediante órdenes, prohibiciones o permisiones a las que todos deben obediencia. Las páginas web de la institucionalidad pública deben incluir las leyes pertinentes a la función específica de cada una y otras leyes que las vinculan.

Licitación de obras públicas y suministros. La invitación de una entidad del Estado para que personas naturales o jurídicas calificadas puedan ofertar sus servicios, ejecutar obras, o dotar de suministros, demandados por la institución para cumplir con sus funciones públicas, conforme a reglas y plazos establecidos.

Como lo establece el artículo 47 del citado Reglamento, las instituciones públicas no deben considerar como datos personales confidenciales ni como información confidencial lo relativo a las ofertas selladas en concursos y licitaciones, a partir de su apertura.

Liquidaciones presupuestarias trimestrales por programas. Informes cuantitativos detallados del movimiento de ingresos y egresos de una institución pública durante cada uno de los cuatro trimestres del año. Es importante exigir que sean informes actualizados y desglosados.

Mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones. ¿Qué formas de inclusión social prevén las instituciones públicas en la formulación de sus políticas, en el desarrollo de sus funciones, en la ejecución de su presupuesto? A excepción, quizá, de algunas experiencias en municipios pequeños del país, este es un tema tabú dentro de la institucionalidad pública en el que la ley tomó la delantera y al que los ciudadanos deben tomarle la palabra.

Morosidad. El retraso en el cumplimiento de un pago o pagos al sector privado (personas, empresas o instituciones nacionales o extranjeras), o público o a la inversa. Es derecho de los ciudadanos conocer los montos, quiénes son los morosos, fechas de mora, razón de la mora, etc. y las acciones efectuadas para cumplir los compromisos.

Nombre de los servidores públicos encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información publica. Las páginas de internet institucionales y otro tipo de publicaciones deben contener los nombres de los oficiales de información pública, sus direcciones electrónicas, los domicilios públicos para recibir correspondencia y sus números telefónicos.

REFLEXIÓN Los oficiales de información pública, donde los hay, son las personas encargadas de suministrar información, a petición y de oficio.

Opiniones. Se refiere específicamente a los criterios vertidos por diputados del Congreso Nacional, que resulten de mociones, decretos, iniciativas de leyes y de resoluciones que se aprueben (o no), cuya publicación es obligatoria dentro de los diez días siguientes.

Otros pagos asociados al desempeño del puesto. Ingresos adicionales a la remuneración mensual que reciben los funcionarios públicos, por concepto de viáticos, dietas, bonos, etc. El artículo 19 del Reglamento de la LTAIP señala que las instituciones públicas deben incluir en su información la tabla de viáticos y gastos de representación de los servidores públicos y de quienes desempeñen funciones y actividades ad honoren.

Planes. Escritos públicos que elaboran los técnicos y las administraciones públicas en los que se precisan los detalles para prever y realizar una obra, ofrecer un servicio o realizar una actividad económica.

Políticas generales. Orientaciones o directrices que rigen la actuación de una entidad en un asunto o campo determinado.

Publicación de las resoluciones firmes del TSC. En este caso se refiere a publicar los resultados de las investigaciones que imputan a funcionarios públicos por enriquecimiento ilícito o gestión incorrecta de los recursos públicos, una vez que han sido confirmados y no desvanecidos ante las instancias correspondientes.

Estas resoluciones deben remitir a los informes correspondientes y dar cuenta veraz de su cumplimiento.

Presupuestos. Fondos públicos aprobados por el Congreso Nacional en base a las estimaciones de cada institución para asumir sus responsabilidades administrativas durante un período determinado.

La información pública conteniendo el desglose del presupuesto es una demanda ciudadana importante para poder ubicar el destino final de los fondos, exigir su ejecución o demandar cambios en función del interés público.

Procedimientos para acceder a derechos.

Información sencilla y accesible sobre los trámites y procedimientos que deben o pueden efectuar los derechohabientes ante las autoridades o las instancias competentes, la forma de realizarlos y la manera de diligenciar los formularios, así como los nombres de las dependencias ante las que se puede acudir para solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación de los servicios públicos o sobre el ejercicio de las funciones o competencias.

Programas. Anuncios o exposiciones previas de lo que se piensa hacer en alguna materia u ocasión o de las condiciones a que ha de sujetarse. Puntualiza las operaciones necesarias para llevar a cabo un proyecto.

Proyectos. Conjunto de escritos para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra o servicio público.

Registros públicos. No hay claridad entre las instituciones públicas sobre el significado de esta categoría. El IAIP señala que se refiere a actos jurídicos que deben publicarse para que surtan efectos ante terceros; el Tribunal Superior de Cuentas publica como tales la lista de proveedores del Estado, lo mismo hace la Secretaría de Educación que, además, suma la lista de automóviles y motocicletas asignados en cada departamento del país.

Existen varios tipos de registros públicos: vehicular, de propiedades, de comercio, etc., y debería entenderse como tal, además de la información catastral descrita en categorías anteriores, la concerniente a empresas que proveen servicios a la institución, detallando su nombre comercial, razón social, propietario(s) o persona contacto, dirección, y servicio o bien que provee.

En el caso de empresas con las que existe contratos recurrentes y altos de compraventa (como agencias de publicidad, medios de comunicación o empresas proveedoras de equipos y materiales de oficina, maquinaria, etc.) debieran incluirse los contratos firmados (ver categoría “contratos”).

Reglamentos institucionales. Reglas o preceptos establecidos por la autoridad competente para ejecutar una ley, un régimen corporativo, una dependencia o un servicio. Con frecuencia, de una misma ley se desprenden varios reglamentos o una institución está regida por más de un reglamento, los cuales deben ser publicados en su totalidad.

Esta es una información muy importante para la ciudadanía porque muchos de los aspectos que en las leyes son abordados de manera general o doctrinaria, son abordados para su aplicación por los reglamentos, con frecuencia sesgados o interpretados de acuerdo a intereses de poder o de grupo.

Relación de los juicios y sentencias definitivas en que sean parte las instituciones públicas. Es obligación de la Procuraduría General de la República publicar los juicios en los que recaiga en responsabilidad alguna institución del Estado y la sentencia que se le dicte. Igual obligación debiera asumir la institución imputada. La relación debe ser clara, objetiva y completa.

43 junio 2014

REFLEXIÓN Relación de los juicios y sentencias definitivas en que sean parte las municipalidades.

Aplica en este caso la misma situación anterior, pero la obligación de publicación recae directamente en las corporaciones municipales afectadas.

Remuneración mensual de los servidores públicos por puesto. El monto del pago que recibe mensualmente cada empleado y funcionario del Estado ha sido un tema controversial en el que se ha argumentado razones de seguridad, para no hacerlo público. Ni el reglamento ni la ley ordenan que se señalen nombres, pero tampoco lo prohíbe, por lo que incluirlos con nombre y apellido ha quedado a discreción de las autoridades de cada institución pública. Sin embargo, hacerlo podría abonar a la transparencia y contra las contrataciones fantasmas.

Según el reglamento de la Ley (art. 19) las instituciones deben publicar, además del monto de la remuneración mensual, “las prestaciones correspondientes del personal de planta, de confianza y del contratado por honorarios” e insta (no obliga) a publicar la nómina de puestos y salarios, el número total de las plazas y del personal por honorarios.

Dentro de esta categoría también entra, de acuerdo con el citado reglamento, la difusión de información sobre personas que se desempeñen ad honoren en funciones o actividades del Estado: “…las instituciones obligadas deberán publicar los respectivos acuerdos de nombramiento, funciones, tiempo de servicios, acceso a fondos y recursos del Estado, y cualquier tipo de compensación en concepto de dietas, viáticos, gastos u otros”.

Requisitos para acceder a derechos o servicios. Publicación de las condiciones necesarias para realizar los trámites judiciales o administrativos o acceder a un beneficio público.

Resoluciones firmes del Poder Ejecutivo. Órdenes escritas que han sido dictadas por el Presidente de la República o el Consejo de Ministros, referentes al ámbito de competencia del servicio de la institución obligada a publicarlas.

Resoluciones municipales. Acuerdos tomados por las corporaciones municipales que constan en sus actas o que pueden tener un tratamiento informativo particular, en vista de su importancia o al sector que van dirigidas.

Resoluciones que resulten de mociones.

Acuerdos aprobados por el Congreso Nacional sobre las propuestas presentadas por algún diputado o comisión legislativa. De acuerdo a la ley, deben publicarse dentro de los diez días siguientes a su presentación.

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La ciudadanía debe demandar esta obligación y no dejarla a potestad de los medios de comunicación (quienes pueden o no publicarlas) y garantizar su seguimiento.

Sentencias judiciales firmes. Es una obligación de la Corte Suprema de Justicia publicar las resoluciones judiciales, dictadas por jueces o tribunales, que ponen fin a litigios de cualquier orden (mercantil, laboral, civil, etc.) sin perjudicar el derecho de las partes a que se protejan sus datos personales.

Servicios prestados. Publicación de las funciones o beneficios que ofrecen las instituciones públicas para satisfacer necesidades y demandas colectivas.

Además de ofrecerse en detalle, deben acompañarse de una explicación sencilla y clara sobre los procedimientos para acceder a los mismos.

Subastas de obras. Ventas organizadas de bienes públicos, basadas en la competencia directa y pública, que adjudica el bien subastado al comprador (postor) que paga la mayor cantidad de dinero o hace la mejor oferta.

Su realización debe estar precedida por normas claras y procedimientos limpios, de buena fe, transparentes, regidos por la observancia de reglas de conducta ética a lo largo de todo el proceso.

Tasas. Tributos que se imponen al disfrute de ciertos servicios o al ejercicio de ciertas actividades, los cuales deben detallarse al público con claridad y oportunidad.

Transferencias. Traspaso de fondos, bienes o conocimientos de una institución del Estado a otra institución pública, a una institución privada, a instancias internacionales o a personas particulares, o a la inversa, como producto de convenios o ayudas fundamentadas en ley.

Su paso debe ser claro, especificar montos, condiciones, razones, compromisos asumidos, fuentes de los recursos transferidos, y cualquier otra información de interés público. La obligación de su publicación debe ser mutua, tanto por parte de quien la hace como de quien la recibe.

Ventas. Transacciones promovidas por instituciones públicas sobre los bienes o servicios del Estado a personas naturales o jurídicas, a cambio de recibir por él un cierto precio, en dinero u otra forma de pago estipulada. La ciudadanía debe conocer —en tiempo oportuno— qué se vende, a qué precio, por qué razón, a quién, bajo qué condiciones, y toda la información pertinente que sea de interés público.

Nuestra Palabra

La investigación como esencia de la lucha contra la impunidad La lucha contra la impunidad tiene una base fundamental para tener éxito y es la investigación efectiva de los hechos que permita conocer la verdad de lo sucedido, sancionar adecuadamente a todos los responsables y reparar los daños que las acciones delictivas ocasionan a las víctimas y sus familiares.

Sólo así es posible garantizar la no repetición de este tipo de hechos y reafirmar la legitimidad del Estado, como consecuencia del aumento de la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de investigar y sancionar.

Como ya sabemos, el grave problema de seguridad en el país sigue dejando una estela de muerte y dolor en Honduras, lo cual nos sigue etiquetando como el país más violento del mundo. ¿Y qué se ha hecho para revertir esta situación? Hasta el momento, lo que hemos visto como sociedad es un fracaso total con altísimos costos humanos.

Ni la depuración ni la militarización han dado los resultados esperados, lo cual era evidente porque el tratamiento de la violencia se ha reducido a un problema de seguridad pública, obviando que también está asociada con múltiples factores de desigualdad social, económica y política.

Esta visión limitada del tratamiento de la violencia se ve reflejada en la utilización de los recursos disponibles, la mayoría de los cuales se han destinado a fortalecer las áreas de seguridad y defensa, y a debilitar las áreas de salud, empleo, educación y medio ambiente.

Pero también se le ha dado muy poca importancia a la investigación. Por ejemplo, desde la creación de la Tasa de Seguridad se han recaudado más de 1,500 millones de lempiras mediante cobros adicionales en el sistema bancario, telefonía móvil, comidas rápidas y casinos y tragamonedas. De ellos, alrededor de 1000 millones ya se habían invertido sin saberse exactamente en qué, pues hay una total secretividad en el manejo de esos fondos.

Pero últimamente se ha conocido que con la tasa se realizó una compra millonaria de tres radares para hacerle frente al narcotráfico y se suscribió un contrato con una compañía israelí para reparar los aviones F-5 de la Fuerza Aérea Hondureña. Pero, además, se ha anunciado que se pretende comprar un nuevo avión presidencial.

Mientras tanto, la policía de investigación se encuentra en condiciones precarias, sin vehículos ni agentes suficientes, y sin las herramientas esenciales para desarrollar procesos investigativos eficientes y diligentes. Por tanto, es claro que si la tasa de seguridad ofrece recursos importantes para el área de seguridad, las autoridades no tienen la voluntad política para asignar adecuadamente esos recursos disponibles al área de investigación que, de hacerlo, reduciría sustancialmente la impunidad y la comisión de delitos en el país.

Radio Progreso y ERIC-SJ 30 de abirl de 2014