La fuerza de las armas como llave de cierre Todo lo que se había logrado con la desmilitarización de la sociedad y de sus instituciones a partir de los años 90, recibió su tiro de gracia. Primero, la remilitarización volvió con fuerza en el gobierno de Maduro al sacar a los militares a las calles para realizar funciones policiales de seguridad ciudadana, lo cual fue continuado por el gobierno de Zelaya y por el gobierno de Lobo Sosa. Segundo, con el golpe de Estado los militares asumieron un papel protagónico y gracias a su excelente servicio como defensores de la supuesta democracia impuesta por los poderes fácticos, recuperaron bajo su control instituciones claves del Estado como HONDUTEL, Migración y Extranjería, Aeronáutica Civil, entre otras. Tercero, el consejo de ministros del gobierno de Lobo Sosa aprobó un decreto para que los militares administren y usufructúen los bosques; y el Consejo de Defensa y Seguridad autorizó que unidades militares vigilen y resguarden las instalaciones penitenciarias por 90 días, lo que puede ser el inicio de un peligroso proceso de militarización del sistema penitenciario. Cuarto, con la publicación del decreto 168-2013 se creó la Policía Militar de Orden Público integrada por efectivos de las Fuerzas Armadas, en virtud de lo cual se legaliza la intervención militar en asuntos de seguridad ciudadana y coloca a la ciudadanía ante el grave peligro de lidiar con quienes no saben distinguir entre civiles y enemigos de guerra. Como lo hemos señalado de manera insistente, nuestra historia ha demostrado que la intervención de los militares en cuestiones de seguridad ciudadana, siempre se encuentra acompañada de violaciones a derechos humanos. Por ello, la obstinación de este gobierno en fortalecer a los militares parece ser más una llave de cierre al círculo del poder absoluto que complementa con la fuerza de las armas, al control sobre el poder judicial, al Ministerio Público y al Consejo de la Judicatura.