Pocas pero grandes esperanzas por la defensa de los derechos humanos
Nuestra Palabra | 04 ABRIL 2011 Las semanas anteriores estuvieron marcadas por una feroz represión estatal, sólo comparada con los aciagos días y semanas que siguieron tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, fecha en la que se rompió el hilo constitucional de este pequeño y empobrecido país. Desde aquel día -‐cuando los militares, políticos y empresarios hondureños le recordaron al mundo que la democracia y el Estado de Derecho no pasa de ser papel mojado y elecciones cada cuatro años-‐-‐ Honduras no volvió a ser igual. La Honduras de este caluroso abril, sigue atrapada entre las demandas sociales y conflictos acumulados, la respuesta represiva del actual régimen y los deseos profundos por una refundación del país que se defina a partir de una nueva institucionalidad y de nuevos valores y actitudes de la ciudadanía.
En esta creciente ebullición, cada dato está condicionado por estos diversos cruces de pasiones e intereses. Para el caso, dentro de pocas semanas, los cancilleres de la región latinoamericana y caribeña se reunirán en San Salvador, en la Asamblea General de la OEA, y los cabildeos anuncian un interés espectacular del gobierno de los Estados Unidos, principal financiador de la OEA, para que Honduras se reintegre a este espacio, porque, según su discurso político, y especialmente en el tema de los derechos humanos, el régimen actual ya cumplió su tarea. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos rehúsa condenar públicamente las constantes violaciones a los derechos humanos del actual régimen al tiempo que el propio secretario de la Embajada en Tegucigalpa para asuntos de derechos humanos, advierte del peligro que representan las manifestaciones violentas de las organizaciones que salen a las calles a exigir sus derechos y a condenar las decisiones autoritarias del gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Este señor de los derechos humanos de la Embajada nada dice sobre la decisión de su gobierno imperial sobre los dos millones de dólares que prepara para apoyar anualmente a las Fuerzas Armadas de Honduras, la misma que prioriza a cualquier costo las acciones de fuerza por encima del diálogo y la negociación con los opositores.
Sin embargo, he aquí lo que quieren olvidar los actuales funcionarios hondureños: que el Fiscal Especial de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, ha anunciado una investigación preliminar para determinar si las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del Golpe de Estado constituyen delitos de lesa humanidad. En virtud que Honduras firmó en 1998 y ratificó en el 2002 el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, los más altos responsables de las violaciones y represiones deberían revisar la ruta por la cual tarde o temprano rendirán cuentas ante el mundo, tal como lo harán esta semana altos responsables de varios países de África.
Mientras los responsables de violaciones a derechos humanos siguen gozando de sus triunfos, el Estado hondureño deberá responder por el despido de tres jueces y una magistrada que se opusieron al golpe de Estado. Son pequeñas pero a la vez grandes esperanzas, para aquellos que promovemos la defensa de los derechos humanos.