RECOMENDACIONES PARA LA ACCIÓN DEL GOBIERNO DE EUU Respuestas a la creciente migración desde América Central La reducción de la impunidad y la violencia; el fortalecimiento del Estado de Derecho Proporcionar recursos y asistencia técnica en los refugios de niñas y mujeres víctimas de violencia y fortalecer y ampliar la capacidad de los Estados y localidades para responder y sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas. Honduras, Guatemala y El Salvador luchan contra los niveles endémicos de violencia intra-familiar y se han enfrentado a un aumento desproporcionado de la tasa de homicidios de mujeres y niñas. Se necesita programación adicional para mejorar la investigación y el enjuiciamiento de femicidios y de la violencia sexual. En Honduras, actualmente, sólo un refugio está en funcionamiento; los otros dos refugios en el país han puesto en peligro los mecanismos de seguridad. Para las mujeres y las niñas que huyen de los encuentros sexuales forzados con las pandillas, un fenómeno que se está expandiendo rápidamente en Honduras, ninguno de los refugios en el país es lo suficientemente seguro para ofrecer protección. En Guatemala, aproximadamente el 61% de las víctimas de delitos sexuales reportados entre 2007 y 2011 tenían 17 años o menos. La discriminación de género, la falta de recursos y la falta de formación - Para la aplicación de la ley, los hospitales y los tribunales – conlleva el abandono de los casos, la recolección indebida de pruebas, la falta de investigación, y altos índices de impunidad para los perpetradores. •
Proporcionar apoyo y asistencia a las víctimas y un sistema de protección de testigos. Mecanismos para ofrecer protección, seguridad, y refugio a las víctimas, que incluyan el establecimiento de la seguridad personal de los testigos de delitos cometidos por la delincuencia organizada y la policía. La inversión en tales mecanismos permitirán a los testigos y las víctimas de delitos participar en los procesos judiciales mientras están en su países de origen. •
Invertir en estrategias de prevención de la violencia juvenil en la comunidad. Programas como el Paso y Paso, un programa de educación social en San Pedro Sula, Honduras y el Programa Puente Belice en Guatemala están siendo pioneros en ciudades con los nivelesde violencia más altos del mundo. En Los Angeles, California y Santa Tecla, El Salvador este tipo de programas han reducido la violencia juvenil y la victimización. Las evaluaciones muestran descensos en homicidios y crímenes de pandillas en Los Ángeles a lo largo de cuatro años, y Santa Tecla, que inició su programa en 2003, tiene una tasa de homicidios de 40% menos que otras comunidades de los alrededores. •
Continuar con los requisitos que la asistencia a la policía y los militares en Honduras, Guatemala y México este supeditado al cumplimiento de las normas básicas de los derechos humanos y usar estos requisitos para ganar progreso en la lucha contra la corrupción y la impunidad, al tiempo que mejora la rendición de cuentas y la transparencia a nivel nacional y local. Proporcionar apoyo para reforzar los controles y la supervisión de las fuerzas de seguridad internas y externas.. •
No financiar las políticas de "mano dura" que colocan a los jóvenes en situación de riesgo sin reducir efectivamente la violencia. No prestar asistencia a las instituciones policiales que hayan demostrado ausencia de voluntad política para la reforma. Rechazar el uso de militares en actividades de la policía nacional; alentar a los gobiernos a retirar a los militares de la actuación policial. Dados los altos niveles de corrupción y abuso dentro de la policía y fuerzas militares en la región, y los actos de violencia sexual cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, los Estados Unidos deben garantizar que la financiación para el cumplimiento de la ley no exacerba en modo alguno los problemas de derechos humanos. En cambio, se deben centrar en el fortalecimiento de la independencia judicial, de la capacidad de los fiscales para investigar de manera independiente los abusos de la policía y los militares, y de la capacidad de la sociedad civil para responsabilizar a los actores gubernamentales responsables de la corrupción y el abuso. •
Asegurarse de que la futura asistencia al Instituto Nacional de Migración (INM) de México prioriza el apoyo a reformas institucionales, incluyendo la formalización de normas de contratación, la capacitación exhaustiva de los nuevos reclutas, y el desarrollo e implementación de un mecanismo robusto para la supervisión y mecanismos de control interno y externo para combatir la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas dentro de la institución. •
Proporcionar recursos para la reinserción exitosa y el reingreso de ex delincuentes que den a niños y jóvenes oportunidades para salir con éxito de la influencia del crimen organizado y convertirse en miembros productivos en sus comunidades. •
Apoyar el desarrollo económico sostenible Ampliar los programas de reinserción de migrantes para ayudar a estabilizar las comunidades y evitar migración innecesaria. •
Invertir sustancialmente y durante un período sostenido de tiempo en capacitación laboral y programas de creación de empleo dirigida a los jóvenes de las ciudades, en especial de las zonas con altos niveles de violencia, incluyendo el acceso al crédito y a la asistencia técnica. Esto puede aumentar el empleo y los ingresos, reducir la fuerza de las pandillas violentas, y reducir los incentivos para la migración. •
Evaluar todos los proyectos de desarrollo sobre migración financiados por Estados Unidos para garantizar que la programación de EE.UU. no debilita involuntariamente la cohesión social, la estructura familiar o de los medios de vida existentes, incrementando y acelerando así la migración. •
El fortalecimiento del sistema regional de protección de los niños y los migrantes Financiar sistemas responsables de protección infantil en El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Hace varios meses, la agencia de bienestar infantil de Honduras (IHNFA) fue disuelta en medio de acusaciones de despilfarro, fraude y abuso. Recientemente se ha creado una nueva Dirección aunque la nueva agencia (DINAF)
todavía no es operativa, y todavía no está claro cuál será su autoridad, mandato o su capacidad. En los cuatro países, es fundamental contar con sistemas responsables de protección de los niños y personal y con recursos suficientes para proteger a los niños en riesgo de violencia y abuso. La agencia mexicana responsable del bienestar de la familia (DIF, por sus siglas en español) debe aceptar que los niños no acompañados procedentes de América Central también están dentro de su jurisdicción, y debe aceptar su la custodia. Aumentar el apoyo financiero al Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en la región, para evaluar la magnitud de los desplazamientos internos y ayudar a los países de origen en la prevención, protección y asistencia de los desplazados internos. Aumentar la participación de recursos de ACNUR en la Comisión Intergubernamental de Desplazamiento en Honduras, que se ha estado reuniendo desde finales de 2013 para estudiar el desplazamiento interno en Honduras, y ahora está trabajando para poner en práctica un plan de acción básico. Apoyar la expansión de la presencia del ACNUR en México. Apoyar a ACNUR en el establecimiento de reasentamiento de refugiados y el procesamiento contra la trata en América Central y México para las personas que huyen de la persecución en sus países de origen. Esta, así como otras opciones que se detallan en el plan de diez puntos de las ONG, facilitaría la llegada ordenada de personas que cumplirian los requisitos para que se les conceda la condición del refugiado o para la protección contra la trata de personas. Trabajar con otros donantes internacionales para abrir una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, según lo solicitado por el Gobierno de Honduras. Esto apoyará a Honduras en una mejor protección de los derechos de las personas en riesgo de migrar, en disminuir la corrupción endémica, y en hacer frente a la impunidad generalizada. Fortalecer el asilo, visado humanitario y los sistemas de lucha contra la trata de personas en México. En México esto implicará la ampliación del número de oficinas y del personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) dentro del Ministerio del Interior de México y ofrecer una mayor claridad sobre lo que constituye un derecho legítimo para evitar denegaciones arbitrarias de visas humanitarias a los migrantes victimas de delitos. También requerirá una supervisión adicional para asegurarse de que el Instituto Nacional de Migración (INM) pone puntualmente en manos de COMAR los casos de asilo, de que los solicitantes de asilo no son detenidos innecesariamente, de que las investigaciones tienen lugar en entornos adecuados, y de que los agentes del INM no disuaden a los solicitantes de asilo de tramitar sus reclamaciones amenazándolos con detenciones. Facilitar formación sobre la gestión de las solicitudes de asilo a los funcionarios de la Policía Federal y del INM en México. En respuesta a la situación humanitaria en EE.UU. Desarrollar y hacer cumplir las normas humanitarias en todos los centros de acogida de la CBP. A la luz de los casos documentados de los migrantes, incluidos los niños, se les ha negado una alimentación adecuada, agua y asistencia médica y han sufrido abusos verbales,
físicos y sexuales, mientras se encontrabn en centros de acogida de la CBP. Es claro que se necesitan normas de obligado cumplimiento, y que los observadores externos deben tener acceso a los centros para poder vigilar su cumplimiento. Mejorar la supervisión de los procesos de control de asilo y trata de personas. Asegurarse de que se les pregunta a todas las personas detenidas si temen regresar a su país de origen, y si responden de manera afirmativa que se les haga una entrevista de temor creíble. Evaluar y actualizar la comprensión de "grupo social" y del agente de persecución a la luz de las realidades que hoy en día enfrentan las personas que huyen de los Estados frágiles, donde los grupos delictivos organizados ejercen control social, político y económico. Algunos de los perseguidores más eficaces en Centroamérica penetran cada vez más en la esfera política y, a menudo ejercen más poder que las entidades estatales. Las Interpretaciones jurídicas requieren de un grupo para ser socialmente visibles y como los perseguidores, tienen motivaciones económicas, no dan cuenta de las necesidades reales de protección internacional de los que huyen de la violencia asi como ni del poder de la delincuencia organizada transnacional. Se corre el riesgo de enviar refugiados a cierta tortura y / o la muerte. Utilizar alternativas a la detención para todos los niños y las familias cuando la liberación completa no es posible. No devolver a las familias detenidas a instalaciones parecidas a una prisión ya que se ha demostrado que son perjudiciales para el desarrollo infantil y el mantenimiento de la estructura familiar. Proporcionar representación legal a todos los niños asi como Programas de Orientación Legal (LOP) a todos las personas inmigrantes detenidas. Como mínimo, todos los niños deben recibir una revisión individual y apropiada por un defensor legal cualificado. Dar a la gente la información precisa a través de Programas de Orientación Legal puede ayudar a prevenir el desarrollo de cualquier rumor inexacto sobre la política y la práctica actual. Garantizar la interpretación es necesario en todos los procedimientos judiciales y en el LOP. Aumentar el financiamiento de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) para reducir los atrasos significativos en la corte de inmigración. Durante años, la financiación de la EOIR no ha podido afrontar los aumentos en la ejecución de inmigración, produciendose una acumulación de 366.000 casos y un tiempo medio de espera de más de 570 días. En ausencia de representación legal, muchos solicitantes de asilo no entienden que se haya iniciado en su contra un proceso de deportación. A menos que se pongan recursos adicionales para hacer frente a la acumulación de casos, muchos de ellos habrán sobrepasado la fecha límite de un año para solicitar asilo en el momento en el que llegue su cita en la corte. Sin embargo, para hacer frente a los atrasos, EE.UU todavía tiene que realizar resoluciones individualizadas para aquellos que buscan ayuda humanitaria. Estos casos deben ser adjudicados ante un juez de inmigración y las resoluciones no deben hacerse por teléfono o por videoconferencia. Además, a la luz de los elevados riesgos de tráfico, deben mantenerse los protocolos existentes -especialmente la Ley de Reautorización de Protección de Victimas de trata - para los niños de Honduras, Guatemala y El Salvador.
Vigilar la seguridad y el bienestar de los niños no acompañados que han sido devueltos a sus países de origen. Se evaluarán a miles de niños no acompañados para determinar si tienen un derecho legítimo a permanecer en los Estados Unidos como una forma de protección contra el abuso y la violencia que enfrentan en sus países de origen. Muchos de estos niños han huido de reclutamiento de las pandillas, las amenazas de muerte de trata de personas o, en el caso de muchas niñas, de convertirse en "novias de pandillas" u con otras formas de explotación sexual. EE.UU debe proporcionar una financiación adecuada a las organizaciones no gubernamentales y religiosas que pueden monitorear si nuestras evaluaciones de protección están funcionando con eficacia y garantizar que los niños no acompañados no son asesinados, ejecutados extrajudicialmente, reclutados a la fuerza en las pandillas, explotados sexualmente o sometidos a otras formas de victimización.