Boletín de Prensa.
El próximo 24 de mayo el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) entregará su queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington D.C.
El miércoles 22 de mayo una comisión del SME partirá de la Cd. de México a Washington D.C.
En octubre del 2009 Felipe Calderón Hinojosa en un acto unilateral y arbitrario, luego de haber tomado militarmente las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) ordeno su extinción a través de un decreto presidencial, dejando en el desempleo a miles de trabajadores electricistas miembros del SME. Desde hace más de tres años y medio el Sindicato Mexicano de Electricistas lleva a cabo una lucha jurídica, civil y pacífica, por la reinstalación laboral de los trabajadores despedidos injustificadamente en octubre del 2009 El 13 de septiembre del 2012 el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo, otorgó al SME un amparo que concedía la reinstalación de los trabajadores en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través del patrón sustituto. El amparo, se convertía en una oportunidad histórica del gobierno mexicano para solucionar un conflicto de más de tres años y medio, restituyendo sus derechos a miles de trabajadores electricistas, pero un acto de ilegalidad e injusticia el 30 de enero del 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó dicho amparo. La justicia en nuestro país no existe, se encuentra secuestrada por los intereses políticos y económicos de quienes ostentan el poder y utilizan el aparato del Estado para legalizar lo ilegal, haciendo posibles violaciones de todo tipo en contra del pueblo y los trabajadores.
Por estos motivos acusaremos ante la CIDH como responsables de la violación a nuestros derechos humanos al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, los once Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los titulares de las Secretarías de Gobernación, Trabajo, Energía, Economía y Hacienda durante la gestión calderonista, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y la Comisión Federal de Electricidad. En nuestra queja acusamos al gobierno mexicano de violar los siguientes derechos: 1. Derecho al trabajo. El decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro eliminó nuestro derecho al trabajo y con ello la oportunidad de obtener a través de nuestras capacidades los medios para una vida digna. 2. La estabilidad laboral. El decreto de extinción de LyFC significo también la perdida de la estabilidad laboral, pues a partir de este los trabajadores nos vemos condenados a vagar entre trabajo informal, carente de prestaciones y derechos fundamentales. 3. La seguridad social. En el momento del decreto de extinción LyFC contaba con 22,000 jubilados, quienes han dejado de recibir sus ingresos con apego al Contrato Colectivo de Trabajo, condenando al mismo tiempo a los trabajadores a no obtener el derecho de a una jubilación. 4. La salud. El derecho a la salud, entendido como el más alto nivel de bienestar físico, mental y social, ha sido negado constantemente a los trabajadores del SME. 5. A las garantías judiciales. La inexistencia de un debido proceso en la extinción de Luz y Fuerza del Centro, el hecho de que el gobierno mexicano sea juez y parte dentro del proceso, ha originado una serie de ilegalidades en el acceso a la justicia con apego a las leyes nacionales e internacionales. 6. A la libertad de asociación. El decreto de extinción en última instancia más allá de buscar la eliminación de una empresa “costosa” o “ineficiente”, como argumentó en su momento Felipe Calderón, buscaba la extinción del Sindicato Mexicano de Electricistas. En su guerra de exterminio en contra del SME el gobierno de Felipe Calderón no sólo violó la propia Constitución mexicana y la Ley Federal de Trabajo, sino que atentó en contra de tratados internacionales como son: los protocolos a la Carta de Organizaciones de los Estados Americanos, la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales o Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador y diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros.
Por lo anterior, solicitamos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos como medidas de reparación integral, a los daños ocasionados por la violación de nuestros derechos: 1. Se reponga a los trabajadores del SME en su empleo, asignándoles funciones iguales o análogas a las que desempeñaban. 2. Sean entregadas a los trabajadores las remuneraciones dejadas de percibir desde el momento del cese hasta su efectiva reposición, en base al Contrato Colectivo de Trabajo entre el SME y LyFC. 3. Reconocer el derecho a percibir la cuota de jubilación de los afectados en términos del Contrato Colectivo de Trabajo. 4. Reconocer como tiempo de servicio, los años en que los estuvieron cesados debido al despido injustificado, y que este a su vez forme parte de la antigüedad laboral del trabajador. 5. Reconocer los derechos jubilatorios y de aquellas trabajadores, durante estos tres años y medio adquirieron los derechos de jubilación, en términos del Contrato Colectivo de Trabajo. 6. Que el gobierno mexicano realice un desagravio público por los daños ocasionados a miles de trabajadores. 7. Que se abone a los trabajadores un pago en reparación de daños morales causados desde el día del despido injustificado. 8. Abonar a los trabajadores los gastos y costos que se originaron con motivo de la defensa legal por el despido injustificado. 9. Sugerir al Estado Mexicano que las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje dejen de pertenecer al Poder Ejecutivo y pasen al Poder Judicial. Luego de la entrega de esta queja el 24 de mayo en Washington, una comisión del Sindicato Mexicano de Electricistas encabezada por el compañero Secretario General Martín Esparza Flores, realizará diversas actividades de promoción y visibilización de la misma en Estados Unidos. De igual forma, el SME continuará con su lucha de resistencia civil y pacífica, y la mesa de negociación el gobierno federal en búsqueda de una solución al conflicto. FRATERNALMENTE. “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador” México D.F. 21 de mayo del 2013. José Humberto Montes de Oca Luna. Secretario del Exterior. Sindicato Mexicano de Electricistas.