Reforma Constitucional Eléctrica

Fluvio Ruíz Alarcón

Una de las prioridades reiteradas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en materia eléctrica, es que la CFE no siga perdiendo participación en la generación de electricidad. Lograr que la CFE genere el 54% de la energía eléctrica ha sido un objetivo explícito, prácticamente desde el inicio de la presente administración. Frente a las controversias jurídicas creadas por la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, misma que se encuentra suspendida en lo que la Suprema Corte de Justicia, resuelve sobre su constitucionalidad; el gobierno ha terminado por aceptar que una meta de esta naturaleza, necesariamente debe incluir una reforma constitucional. Y de hecho, de las tres iniciativas de reformas constitucionales que López Obrador ha dicho que enviará al Congreso durante la próxima Legislatura, esta es la que tiene alguna posibilidad de ser aprobada, al menos en la Cámara de Diputados y en la veintena de Congresos Locales que dominan Morena y sus aliados. De acuerdo a la proyección del Instituto Nacional Electoral, la coalición Morena-PT-PVEM tendrá 281 diputados. A ellos, en este tema específico, se podrían sumar los votos de MC (23 diputados) y el PRD (15 diputados), ya que ambos partidos votaron en contra de la reforma energética, por lo que sería una postura ideológica consecuente apoyar la iniciativa presidencial. En este escenario, Morena solo necesitaría 15 de los 70 votos del PRI, muchos de cuyos miembros votaron a favor de la reforma energética, más por disciplina partidaria que por convicción ideológica. La clave para una eventual aprobación, está en que la iniciativa no se presente como un intento de imposición desde la Presidencia de la República, sino como una propuesta abierta a una discusión amplia e incluyente sobre el papel del Estado en un nuevo diseño y dinámica institucional del sector eléctrico, en el marco de un impulso decidido a la transición energética. Esa discusión permitiría discernir las formas en las que el Estado debe planificar e impulsar el crecimiento del sector eléctrico, mejorando la eficiencia en los procesos de generación, propiciando mayor racionalidad en el patrón de consumo, substituyendo los combustibles menos eficientes y más contaminantes e incrementando la presencia de las fuentes renovables de energía cuyo desarrollo, la legislación vigente hace descansar fundamentalmente en el mercado. Como lo señalara el destacado profesor universitario, José Antonio Rojas Nieto en un artículo reciente, se deberían discutir «los esquemas de organización industrial y social requeridos, así como las bases regulatorias, jurídicas y constitucionales más adecuadas». También, anota, reivindicar un servicio público de electricidad seguro, confiable, de calidad y limpio, socializando equitativamente los costos de la electrificación creciente y con mayor incorporación de energías renovables, en función de su intermitencia y variabilidad. Así podría asumirse colectivamente tanto el costo del despliegue del respaldo óptimo necesario, como la configuración y fortaleza de las redes de transmisión y distribución. Así planteada, analizada y aprobada, esta reforma podría darle estabilidad, soporte social y coherencia de conjunto a la política eléctrica del Ejecutivo Federal.