“Quelonius”

La Iguana

Impunidad en Política Ambiental

Enrique Haro Belchez

Con una política ambiental en México sumamente frágil, los problemas en esta materia se agudizan ante la impunidad creciente; el mínimo presupuesto destinado al sector, las capacidades institucionales para proteger ecosistemas, la degradación del capital natural, así como para garantizar el derecho a un medioambiente sano también son reducidas.

El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024 expone que algunos estados ricos en biodiversidad, como los del Golfo de México, han perdido hasta 80% de sus ecosistemas originales para convertirlos en tierras agrícolas. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) recorta 29.52% en los primeros tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el pago de cuotas y contribuciones a organismos internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fondo Mundial Para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y otros. Según cifras del Índice Global de Impunidad Ambiental en México (IGI-AMB) 2020, desarrollado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), pone de manifiesto la preocupación por la forma en que los problemas ambientales se agudizan ante la falta de implementación de políticas en dicha materia, que sean

eficientes y justas en todos los órdenes de gobierno, así como la ausencia de capacidades institucionales y recursos presupuestales; a todo esto, habría que sumarle la creciente influencia destructiva que tienen los delitos ambientales.

En la primera edición del índice de impunidad ambiental indica que, en México, el costo por el agotamiento y la degradación ambiental equivale al 4.6 por ciento del producto interno bruto, cifra en aumento y que contrasta con un 0.7 por ciento de gasto en protección del ambiente. Destaca que en el gasto público ejercido en conservación y uso sustentable de la biodiversidad en el país se observó un decremento real del nueve por ciento, lo que refleja que no existe un verdadero compromiso con la protección al medioambiente. Además de que el presupuesto del gobierno destinado al Ramo 16: medioambiente y recursos naturales, se redujo notablemente.

El desempeño total de todas las entidades se encuentra por debajo de la mitad del puntaje máximo que podrían alcanzar. Destaca que, más que la posición de cada entidad en el ranking, lo más importante es que los datos advierten que ninguna entidad alcanza un alto desempeño en materia de política ambiental; el promedio nacional de impunidad ambiental encontrado es de 1.93 y el caso mejor evaluado alcanza 2.31 en una escala en la que el máximo posible es de cuatro puntos.

Esto nos advierte que la política ambiental en México es sumamente frágil, en el ámbito federal y en todas las entidades del país. Se necesitan políticas ambientales más ambiciosas y mejor implementadas, con mayores capacidades y recursos presupuestales, cuyos resultados puedan ser medibles, verificables y reportables.

#CambiaUnaAcciónCambiaTodo.