Iniciativa de Reforma Eléctrica

La Iniciativa de reforma constitucional eléctrica

Fluvio Ruíz Alarcón

Sin duda, un elemento positivo de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, enviada por el Presidente de la República al Congreso, es la reincorporación integral del suministro eléctrico al listado de áreas estratégicas, en las cuales las funciones que ejerce el Estado en forma exclusiva, no se consideran monopolios. Independientemente de las modalidades que cada país establezca para garantizar la primacía del interés público sobre el privado en esta materia, no puede disociarse del reconocimiento (jurídico o económico) de la naturaleza integral y estratégica del sector eléctrico. No es casualidad que, de acuerdo a la OCDE, en 2018, 32 de las mayores 50 empresas eléctricas del mundo tuvieran participación estatal. Tampoco que el 61% de la capacidad instalada en el mundo, perteneciera a este tipo de empresas.

De hecho, cualquier teoría económica reconoce que el energético en general, y el sector eléctrico en particular, son sectores económicos propicios para los monopolios naturales. Ahora bien, en México como en muchos otros países, la creciente hegemonía del pensamiento neoliberal, llevó a instaurar legislaciones que cristalizaban la separación conceptual del sector eléctrico en diversos eslabones, permitiendo la creación de «mercados» que en realidad eran espacios oligopólicos de competencia muy restringida.

Así, con la reforma energética de 2013, el artículo 28 de la Constitución fue modificado para excluir al suministro eléctrico del listado de áreas estratégicas y solo dejar como tales a «la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.» La iniciativa presidencial, al modificar los artículos 27 y 28 constitucionales, restablece al conjunto del sector eléctrico (generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento) como un área estratégica de la Nación.

Por otro lado, el modelo eléctrico surgido de la reforma energética de 2013, no le dio suficiente importancia a la transición energética. Más allá del discurso oficial, lo cierto es que primero se decidió la apertura del sector eléctrico a la inversión privada y después se tomó en cuenta lo relativo a la transición energética. Tan es así que en 2013 y 2014 se diseñó el modelo de mercado competitivo en el sector eléctrico a través de la publicación de diversos ordenamientos jurídicos y, solo hasta finales de 2015, se expidió la Ley de Transición Energética, donde se incorpora el tema de Energías Renovables supeditado a lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica.

Vale la pena recordar que el nuevo modelo de mercado del sector eléctrico, surgido de la reforma energética de 2013 y 2014, no contó con la aprobación de la izquierda mexicana, cuyos argumentos no fueron tomados en cuenta en el debate legislativo de esos años. Ninguna de las reservas que presentó en el Congreso fue siquiera considerada para su discusión. Este hecho resulta relevante porque el nuevo bloque hegemónico –con la excepción del PVEM– es el que en su momento se opuso a la apertura del sector energético en general y del sector eléctrico en particular.