Un proceso

En este río revuelto, las medidas cautelares que dicta el INE, resultan como los llamados a misa. Los amonestados las aceptan, pero no las cumplen.

Por más que las autoridades electorales (INE y TEPJF) busquen la manera de encajar en la legalidad los actos anticipadísimos de campaña que, desde hace dos años, llevan a cabo las corcholatas seleccionadas y destapadas por el gran elector de Palacio Nacional para contender por la candidatura presidencial, no lo podrán lograr, si nos atenemos estrictamente a lo que dicta la ley. Disposiciones restrictivas y hasta

Por Miguel Tirado Rasso mitirasso@yahoo.com.mx

absurdas, habría que reconocer, pero que fueron iniciativas de reformas promovidas en 2007, por el PRD, en reclamo de piso parejo, cuando su entonces candidato presidencial, AMLO, perdiera la elección y que, ahora, son ordenamientos vigentes y obligatorios.

Para taparle el ojo al macho, Morena ideó una fórmula para darle cuerpo al proceso de promoción de sus corcholatas bajo la figura de una campaña interna para un cargo inexistente en sus estatutos, la Coordinación de la Defensa de la Transformación. De esta forma, los aspirantes elegidos pudieron iniciar sus recorridos por el país, celebrar mítines y desplegar su propaganda, actividades en las que inevitablemente proyectaban su aspiración presidencial. Lo anterior, a ciencia y paciencia de una indulgente autoridad electoral, que solo cuando los de la oposición quisieron hacer lo mismo, con sus aspirantes a la silla del Águila y arrancar su promoción bajo la ficción de una campaña para elegir al Responsable para la Construcción del Frente Amplio por México, reaccionaron y resolvieron supervisar y dictar ciertas medidas que, ante actos consumados, pudieran acotar la actividad de los aspirantes a lo más cercano que permite la ley.