proceso dislocado

Habría que recordar, que desde la fecha en que fueron destapadas las corcholatas en julio de 2021 hasta hace unas semanas, los cuatro magníficos de Morena pudieron desplazarse por todo el país en una auto promoción evidente, aprovechando sus cargos y recursos públicos sin que las denuncias de la oposición por actos anticipadísimos de campaña merecieran una reacción de la autoridad en contra de los morenistas.

Las irregularidades en este adelantado proceso sucesorio, nos han llevado a una simulación que el propio Tribunal Electoral ha avalado y que, por las flagrantes violaciones a la ley en que incurren, tanto los de Morena como los de la oposición, el proceso electoral queda en condiciones de alto riesgo de anulación.

Ahora resulta que la autoridad es la más preocupada por procurar adecuar lo ordenado por la norma a la actuación de los protagonistas del proceso, en lugar de que sean estos, los partidos políticos y sus aspirantes, quienes debieran simplemente cumplir y respetar la ley. Leemos en un reportaje del periódico Reforma que, desde junio de 2022 a la fecha, el INE recibió 705 quejas contra las corcholatas de Morena por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña. Quejas que la autoridad declaró improcedentes.

En junio pasado el INE, emitió unas directrices que debería seguir Morena en sus asambleas: no hacer referencia a los procesos electorales de 2024, no pedir el voto, no posicionar su imagen, no realizar propuestas o promesas de gobierno, no hablar de la continuidad. En un informe de la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE, sobre diez asambleas de los aspirantes presentado a la Comisión de Quejas, se indica que estas reglas no se están cumpliendo, por lo que se proponía ordenar a Morena detener su proselitismo. Está por demás señalar que la sanción, no fue aprobada y que, consecuentemente, las corcholatas continúan promoviendo su candidatura presidencial, a sus anchas.

En este río revuelto, las medidas cautelares que dicta el INE, resultan como los llamados a misa. Los amonestados las aceptan, pero no las cumplen. Al titular del Ejecutivo se le ordenó no emitir opiniones sobre el proceso y los aspirantes, algo de lo que tanto se quejó, en sus épocas de candidato y que, ahora, está prohibido por la ley.

Lejos de acatar la orden y respetar la autoridad del INE, el primer mandatario acusó al Instituto de querer silenciarlo al prohibirle hacer referencias criticas a Xóchitl Gálvez, comparándolo con la Santa Inquisición y calificándolo de Instituto de la Censura. Además de anunciar una nueva sección en su mañanera denominada “No lo digo yo”, con lo que pretende darle la vuelta a lo que ordena la ley, así como a las medidas cautelares dictadas por el INE, para poder seguir atacando a sus enemigos electorales y continuar haciendo campaña a favor de la 4T. Malas noticias la de la rebeldía de Palacio, pues si no se respeta a la autoridad electoral, se cuestionan sus dictámenes y se acude a cualquier subterfugio para evitar cumplir sus mandatos, ¿se aceptará un resultado electoral desfavorable a la 4T? El INE y el TEPJF deberán imponer su autoridad, antes de que sea demasiado tarde.