Ano. 2016 Maracay-Venezuela N. 3, volumen 16 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD FERMÍN TORO SISTEMA DE APRENDIZAJE INTERACTIVO A DISTANCIA BARQUISIMETO – EDO. LARA
REPORTAJES NOTICIAS CARICATURAS
TU REVISTA DEFENSA DEL CONSUMIDOR Autor: Raquel Yadira Pérez.. Curso: Tecn. Negociación y Mediación. Carrera Ciencia Política. Tutor: Prof.: Lisbeth Campins
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Índice
Portada…………………………………………………………………………….1 Índice……………………………………………………………………………….2 Editorial…………………………………………………………………………….3 La Ley De Indepabis Se Opone A La Constitución Nacional………………..4 Conozca La Ley Para La Defensa De Las Personas En El Acceso A Los Bienes Y Servicio…………………………………………………………………5 Día Mundial De Los Derechos Del Consumidor………………………………9 Evaluarán Niveles De Abastecimiento De Productos Regulados………….11 En Qué Consiste El Relanzamiento Del 4indepabis………………………...14 La Presión De Las Ollas Vacías……………………………………………….16 Nota Final…………………………………………………………………………23
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EDITORIAL
“Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.” Art. 42. Constitución Nacional
El
primera necesidad, o mejor llamados
Estado Venezolano con la
finalidad
de
procurar
al
de la cesta básica alimentaria, es
pueblo
lamentable que este esfuerzo no sea
venezolano el acceso a los bienes y
realidad, ya que las medidas tomadas
servicios de primera necesidad crea
no son suficientes, y solo se ve
una serie de Leyes y organismos que contribuyan Obligación
al de
Estado brindar
en
escases, donde miles de ciudadanos
su
no consiguen los alimentos, y esto ha
desarrollo
convertido al país rico en petróleo en
integral, previniendo así el aumento
colas, riñas, golpizas para poder
indebido de precios, Abusos frente a los
destinatarios
procedimientos sanciones, ciudadanos garantías desarrollo
finales
sus
expeditos
y
velando gocen que
de
que
los
todas
las
contribuyan
integral
y
a a
comprar un pollo, etc., no obstante se proliferan los llamados bachaqueros que especulan con el hambre del venezolano
que
deben
pagar
alimentos y medicinas por un costo
su
hasta el 1000%, por eso esta revista
las
de defensa al consumidor nos explica
necesidades básicas.
en que se basa esta ley para tener
De esta forma el estado, trata de que
conocimiento de cómo actuar en caso
a los ciudadano que vivan en el país ,
que lo ameritemos.
puedan obtener los productos de
Raquel Pérez
3
viernes, 19 de febrero de 2010
¿La Ley de Indepabis se opone a la Constitución Nacional? KPO/Globovisión
En enero de este año, la Asamblea Nacional aprobó la Ley para la defensa de las personas en el acceso de los bienes y servicio, también conocida como Ley de Indepabis. La polémica con esta ley se centra en lo planteado en el artículo 6 de la misma, donde se especifica que podrán ser expropiados todos los bienes necesarios para desarrollar la actividad comercial de la nación, sin necesidad de que los comercios sean declarados de utilidad pública; planteamiento éste que contradice el artículo 115 de la Constitución Nacional, máxima norma jurídica del país. De acuerdo con expertos en la materia, esta es una ley que prevé la expropiación, de modo tal que el comercio que acapare y atente contra el pueblo será expropiado; sea éste comercio un kiosco, un bufete de abogados o un consultorio médico. De acuerdo al presidente de Fedecámaras, Noél Álvarez el artículo 6 de la Ley de Indepabis surge pese a lo contemplado por la constitución nacional en el artículo 115, por lo cual, el gobierno estaría violando el derecho al debido proceso a las empresas que sea expropiadas. En
la
nueva
ley
se
excluye
expresamente
4
la
declaratoria
de
propiedad
pública.
CONOZCA LA LEY PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIO
Reforma Parcial de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, la
La Ley para la Defensa de las
cual faculta al Ejecutivo Nacional a
Personas en el Acceso a los Bienes y
iniciar procedimientos de ocupación
Servicios fusiona la Ley de Protección
por utilidad pública, cuando se hayan
al Consumidor y al Usuario y el
cometido
Decreto con Rango, Valor y Fuerza
administrativos
de Ley Especial de Defensa Popular contra
el
Acaparamiento,
la
Alimentos
o
de
potestad
En este sentido y en apego a los
hagan
deben
posible
de
dictar
medidas
para evitar el alza
indebida de
precios;
manera,
de
igual
se
interés social de todos los bienes necesarios
para
actividades
salud del pueblo, la vivienda como y los
sean
declaratoria de utilidad pública e
la
la paz social, el derecho a la vida, a la
humano
que
incorpora el Artículo 6 que habla de la
que
“Suprema Felicidad Social” y protejan
derecho
aquellos
serán
necesarias de carácter excepcional
no sólo a las necesidades básicas.
y
que
Ejecutivo Nacional el que tenga la
contribuyan a su desarrollo integral y
desarrollen
establecido,
quedando
esenciales para la población y será el
de todas las esferas que
normativas
necesidad
considerados
que garanticen a los ciudadanos el
implementarse
primera
ahora
de brindar a la sociedad instituciones
constitucionales
lo
a
Artículo 5 sobre los bienes y servicios
Productos
El Estado está en la obligación
principios
acuerdo
Dicho instrumento legal modifica el
Sometidos a Control de Precios.
goce
y
República Bolivariana de Venezuela.
otra conducta que afecte el Consumo los
de
económicos
establecido en la Constitución de la
Especulación, el Boicot y cualquier
de
ilícitos
fabricación,
servicios
de
comercialización
Con el objeto de evitar que
servicios.
continúe el acaparamiento contra los bienes y servicios, se publicó una
5
las
producción,
importación,
transporte,
públicos esenciales.
desarrollar
acopio,
distribución de
bienes
y y
Base
la
descentralización, se ejecutarán en
Defensa de las Personas en el
coordinación con los municipios del
acceso a los bienes y servicios
país.
La
Legal
Ley
para
Constitución
de
El
la
adscrito
República Bolivariana de Venezuela
protección
bienes y servicios de calidad, así
Poder
de
los
Derechos
e
el Acceso de las Personas a los
no engañosa sobre el contenido y
Bienes y Servicios.
características de los productos y a
del
ente
Intereses individuales y colectivos en
como una información adecuada y
consumen;
Ministerio
un
como función específica la defensa y
tendrán derecho a disponer de
que
al
fue
Popular para el Comercio, que tenía
en su art. 117: “Todas las personas
servicios
Indepabis
El Indepabis fue creado por el
la
gobierno venezolano para "garantizar
libertad de elección y a un trato
al pueblo venezolano el Acceso a los
equitativo y digno...”.
Bienes
INDEPABIS Instituto para la
y
Servicios
de
manera
efectiva y oportuna, mediante la
Defensa de las Personas en el
defensa
Acceso a los Bienes y Servicios.
derechos, a través de una institución
Instancia pública responsable de la
concebida para el servicio al público y
aplicación de la Ley de Protección al
para
Consumidor y al Usuario, de la
Gobierno Bolivariano y el Poder
salvaguarda de los derechos de los
Popular
consumidores y usuarios del país, de
defensa de sus intereses; así como,
su educación y organización, de
para la generación de satisfacción y
procurar por la vía de la conciliación y
bienestar colectivo, contribuyendo de
el arbitraje el resarcimiento de daños
esta manera con la obtención de
que pudieran causarles, e imponer
seguridad
sanciones a proveedores de bienes y
familia
servicios
condiciones para la prosperidad y el
que
infrinjan
esta
Ley;
acciones que en el marco de los principios
que
sustentan
y
la
acción
6
de
conjunta
organizado
jurídica venezolana
buen vivir".
la
protección
sus
entre
actuando
para y
todas
en
la
creando
En noviembre de 2013 fue suprimido
al
Protección
crearse
en
el
comercio
electrónico
la Superintendencia Nacional para la
Información y Publicidad
Defensa
Protección contra la especulación,
de
los
Derechos
Socio
Económicos (SUNDDE).
el acaparamiento y el boicot
Protección en los contratos de adhesión
OBJETO DEL INDEPABIS La
defensa,
salvaguarda
de
protección
y
derechos
e
los
Protección en las operaciones de crédito de bienes o prestaciones de servicios
intereses de las personas en el acceso a los bienes y servicios, y
SANCIONES PREVISTAS EN LA
para ello:
LEY PARA LA DEFENSA DE LAS
PERSONAS EN EL ACCESO A LOS Establece
los
ilícitos
administrativos,
BIENES Y SERVICIOS
sus
Se sanciona un cúmulo de
procedimientos y sanciones; los
actuaciones que la Ley vigente solo
delitos y su penalización, y el resarcimiento
de
los
contenía de manera enunciativa, es
daños
decir, no estaba prevista pena alguna
sufridos.
para estas conductas irregulares, por
Regula
la
aplicación
de
las
lo que en tal sentido, ahora se precisa
normas de la ley por parte del
su
Poder Público con la participación activa
y
protagónica
de
carácter
sanciones
las
ilícito, que
previendo
permitan
el
cumplimiento oportuno de la Ley. En
comunidades.
los artículos 64, 65, 66, 67 y 68 se
DERECHOS DE LOS
establece como ilícito la especulación
CONSUMIDORES
(tanto
de
vendedores
como
de
Protección de la salud y seguridad
compradores), el acaparamiento y el
Protección
boicot.
de
los
derechos
Para
económicos y sociales
la
aplicación
de
las
Protección a la prestación de
sanciones previstas en la Ley, se
servicios públicos
tomará en consideración la gravedad
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de la infracción, pudiendo imponer según
el
caso,
las
siguientes
a la protección de la salud y
sanciones:
seguridad.
Asistencia obligatoria a charlas
de
de las personas a los bienes y
intereses
servicios, Imposición de multas
sociales.
van
de
100
a
5mil
protección
de
los
económicos
y
Sanciones por incumplimiento a
temporal por 90 días,
correspondientes
Ocupación temporal por 90
prestación de los servicios.
los
deberes a
la
Sanciones por incumplimiento
De acuerdo al art. 124 “Para la
a la protección en el comercio
imposición de sanciones se
electrónico.
tomarán
en
principios
cuenta de
los
equidad,
considerándose
a
Sanciones por incumplimiento a la información y publicidad.
proporcionalidad, racionalidad, estos
Sanciones por especulación, acaparamiento y por boicot.
efectos la gravedad de la
Sanciones por incumplimiento
infracción, la dimensión del
a las obligaciones inherentes a
daño, los riesgos a la salud, la
los contratos de adhesión.
reincidencia
y
la
última
Sanciones por incumplimiento
declaración del ejercicio fiscal
a las operaciones a crédito de
anual”.
bienes
La Ley establece las siguientes
servicios.
sanciones:
la
unidades tributarias, Clausura
días o Cierre definitivo.
Sanciones por incumplimiento
y talleres sobre los derechos
que
Sanciones por incumplimiento
o
prestaciones
de
Sanciones por incumplimiento
-Sanciones por incumplimiento
a las responsabilidades del
a
proveedor.
los
derechos
de
las
Decreto con rango, valor y fuerza de Ley para la defensa de las
personas.
personas en el acceso a los bienes y servicios. Dado en Caracas, a los veintisiete del mes de mayo de dos mil ocho. Años 198° de la Independencia, 149° de la Federación y 10º de la Revolución Bolivariana.
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15 de Marzo – Día Mundial de los Derechos del Consumidor Por OSFATLYF 15 marzo, 2013
Consumidor. Un año después se reformó el Artículo 42 de la Constitución Nacional sobre derechos de los consumidores, que junto a las posteriores sanciones de la Ley 22.802 de Lealtad Comercial, la Ley 19.511 de Metrología Legal y la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito protegen los derechos de los usuarios argentinos. A partir de estas normativas se imponen condiciones para la oferta y la venta de ciertos productos y servicios, estableciendo los requisitos de garantías y marcos regulatorios que promuevan la eficaz defensa de los derechos a la protección de la salud y de los intereses económicos de los consumidores, a la información completa y veraz, a la libertad de elección, a condiciones de trato equitativo y digno y a la educación para el consumo. En este aspecto, el Estado debe defender la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, controlar los monopolios, asegurar la calidad y eficiencia de los servicios públicos nacionales estableciendo marcos regulatorios y procedimentales para la prevención y solución de conflictos que deben incluir la participación de asociaciones de consumidores y usuarios en los organismos de control.
Corría
el año 1962 cuando el entonces presidente John Kennedy expresaba en el Congreso de los Estados Unidos: “Ser consumidor, por definición nos incluye a todos (…) Somos el grupo económico más grande en el mercado, que afecta y es afectado por casi todas las decisiones económicas públicas y privadas… pero es el único grupo importante cuyos puntos de vista a menudo no son escuchados”. Aquellas palabras se convirtieron en el punto de partida de una problemática que se mantiene vigente por la cantidad de personas e intereses que afecta, y a las que es necesario educar, informar y dotar de herramientas jurídicas que eviten los desequilibrios económicos y los engaños publicitarios. Estos objetivos fueron los que motivaron en 1985 a la Asamblea General de las Naciones Unidas a establecer esta fecha con el propósito de contribuir a reafirmar los derechos de los consumidores. En la Argentina, estos derechos comenzaron a ser amparados en el año 1993 a partir de la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del
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Asimismo, promueve la formación de asociaciones, nacidas en todo el mundo para defender, informar y educar a los consumidores en los procesos de intercambio de bienes y servicios, obligando a las oficinas de Defensa de la Competencia de todo el país a defender a los consumidores de manera gratuita. En el ámbito nacional el organismo regulador es la Subsecretaría de Defensa al
Consumidor cuya finalidad es “garantizar que se respeten los derechos de todas y todos a un trato digno y equitativo sin abusos, derecho a cubrir las necesidades de la mesa de los argentinos, a ser escuchados y a que se cumplan las condiciones y garantías de los productos que compramos”. Hoy más que nunca estas consignas deben recordarse para ser aplicadas en cada uno de nuestros consumos cotidianos.
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EVALUARÁN NIVELES DE ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS REGULADOS 210 FISCALES DE INDEPABIS VERIFICAN ACATAMIENTO DE LEY DE COSTOS
El director de Fiscalización del ente, Carlos Castillo, expresó que la iniciativa busca garantizar a todos los venezolanos el acceso a los bienes y servicios
Alrededor de 210 fiscales del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) recorren todo el país para verificar el cumplimiento de la Ley de Costos y Precios Justos, además de evaluar los niveles de abastecimiento de los productos regulados, informó el director de Fiscalización del ente, Carlos Castillo. A través de un contacto con Venezolana de Televisión, Castillo expresó que la iniciativa busca garantizar a todos los venezolanos el acceso a los bienes y servicios.
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La Ley de Costos y Precios Justos fue creada vía habilitante en julio de 2011 y su primera fase de aplicación comenzó el pasado primero de abril con el ajuste de los precios de los productos de higiene personal, jugos pasteurizados, compotas y agua mineral envasada, entre otros. La creación del instrumento jurídico obedeció fundamentalmente, de acuerdo con su primer artículo, a la necesidad “establecer las regulaciones, así como los mecanismos de administración y control necesarios para mantener la estabilidad de precios y propiciar el acceso a los bienes y servicios a toda la población en igualdad de condiciones, en el marco de un modelo económico y social que privilegie los intereses de la población y no del capital”. Con respecto a la supervisión que adelanta el Indepabis, Castillo recordó que la acción forma parte del Plan Nacional Contra la Especulación, dirigido a proteger a la población de prácticas como la usura, la especulación y el acaparamiento. “Estos fiscales estarán realizando visitas a los locales comerciales, a fin de verificar que se acaten las normas. En caso de que expendan productos con precios diferentes o con guías que no son las aprobadas, se realizarán los procedimientos correspondientes”, explicó. José Gregorio Carvajal, del comité de contraloría social, manifestó que estas jornadas se han desarrollado de manera exitosa en los terminales terrestres La Bandera y Oriente de Caracas. Hizo un llamado a las comunidades organizadas a mantenerse alertas y denunciar cualquier tipo de irregularidad que se presente en su localidad con la venta de productos regulados por el Estado. Fuente/AVN Foto/Archivo
2 Comentarios
Peraza Luis dijo: en ciudad Guayana se tiene que realizar a fondo por que la esculacion no tiene limite, los mercados públicos vende mas caro que otros comercios ,mercado de Unare ,el de san Félix y el de chirica especular como le da la gana. Diga los árabes con los aires acondicionados, neveras ,tienen un robo parejo el ministerio debe de publicar un listado de precios de los electro domésticos de lo artículos del hogar .para darle un parao a la especulación # 20 abril 2012 a las 11:42
RO-FRAN dijo: A quien pueda interesar A nivel Nacional se les hace un llamado solicitud y de (S.O.S) AL Instituto para la Defensa de las personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS)…Para que hagan acto de
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presencia en nuestro Municipio Sifontes del Estado Bolívar, ya que los comerciantes no han acatado el cumplimiento de la nueva Ley de Costos y Precios Justos, ni del ajuste de los precios regulados de los productos de higiene personal, lácteos entre otros….estamos dispuestos las comunidades organizadas asumir la corresponsabilidad, primero de ser capacitados y orientados lo suficiente mente con el ente Rector(INDEPABIS)para conformarnos en Comités de Defensa Contra La Especulación el Acaparamiento y el Boicot y con esto lograr los cambios que nosotros mismos nos estamos planteando y si asumir directamente la fiscalización y el control con los cuerpos de Seguridad del Estado Venezolano. Francisco Rodríguez .U.B.V .
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¿EN QUÉ CONSISTE EL RELANZAMIENTO DEL INDEPABIS?
"En primer lugar respeto y aplicación de una ley, que es la ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios." A través de una rueda de prensa el ministro de Comercio, Alejandro Fleming, informó sobre el relanzamiento de Indepabis. En ese sentido, señaló: “El tema al que vamos a referirnos el día de hoy es justamente fortalecer una herramienta que nos va a permitir tener una actividad comercial más sana, y lo fundamental, proteger a nuestro pueblo de tres grandes males: acaparamiento, especulación y la corrupción”. “Por mandato del presidente Nicolás Maduro, particularmente el compañero Eduardo Samán, nuestro presidente de Indepabis, nos ha ordenado avanzar en el fortalecimiento, en la reestructuración, en el saneamiento de Indepabis y su adecuación, para la realidad de nuestra patria, justamente para lograr ese objetivo de darle la mayor suma de felicidad posible a nuestro pueblo, al hacer de la actividad comercial una actividad transparente, con reglas claras que ya están establecidas”. “Tenemos una agenda de siete puntos:
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- En primer lugar respeto y aplicación de una ley, que es la ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios. - Segundo punto en el que también va a hacer énfasis el Indepabis en su cumplimiento, es que aquellos productos que han sido adquiridos con la divisa oficial, a través de Cadivi, deben colocar en dichos bienes que han sido adquiridos por divisas otorgadas por la República a través de Cadivi. - El tercer elemento es un mandato del presidente Nicolás Maduro, eficiencia o nada. Es también un mandato que nos dio el Comandante Supremo Hugo Chávez de ejercer cada vez más el gobierno con mayor eficiencia. La fiscalización de Indepabis dará el ejemplo en la casa. - El cuarto elemento tiene que ver con la participación del poder popular, la responsabilidad del pueblo – gobierno en la construcción de nuestra patria. - El quinto elemento, una instrucción del presidente Nicolás Maduro, la reestructuración del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y los Servicios, inspirada en ese legado que nos deja el Comandante de hacer la revisión, en este caso de Indepabis, que debe ser el instrumento de nuestro pueblo, para hacerle frente a aquellos que le hacen daño a nuestro pueblo consumidor. - El sexto punto tiene que ver justamente con esa revisión y el reimpulso del nuevo Indepabis, revisión de todos los procedimientos sancionatorios. - El séptimo punto es el Indepabis desplegado en todo el territorio nacional, pero haciendo especial énfasis en el Distrito Capital, en el estado Miranda, el estado Zulia y en el estado Táchira, por las particularidades que tienen esos estados”.
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LA PRESIÓN DE LAS OLLAS VACÍAS
El punto de ebullición de la crisis aumenta a medida que a los ciudadanos se les hace cada vez más difícil conseguir alimentos y artículos de primera necesidad / Foto EFE
En lo que va de año ha ocurrido un promedio de 21 protestas diarias y en las últimas semanas la conflictividad en las calles ha ido en aumento por la grave crisis de abastecimiento de alimentos. La ebullición coincide con las nuevas medidas de excepción dictadas por el presidente Nicolás Maduro el 13 de mayo para garantizar el orden público y el reparto de comida a través de los CLAP. El resultado ha sido contrario: se incrementaron los saqueos y las trifulcas en las colas y hay más escasez. Activistas de derechos humanos advierten en este escenario tenso sobre la represión ejercida por fuerzas militares y policiales con poco entrenamiento y mucha munición EMILY AVENDAÑO EAVENDANO@EL-NACIONAL.COM. 19 DE JUNIO 2016 - 12:01 AM
La imagen que mejor describe la situación de Venezuela la última semana es la de una olla de presión. El punto de ebullición de la crisis aumenta a medida que a los ciudadanos se les hace cada vez más difícil conseguir alimentos y artículos de primera necesidad. Cada tanto, y cada vez con más frecuencia, esa olla libera vapor y eso se traduce en estallidos que se replican en varias regiones del país. La tranca de una calle y la protesta, tan exacerbada en los últimos meses, han dejado muertos, heridos, comercios saqueados y detenidos.
La Vega, en Caracas, alcanzó su temperatura máxima el viernes 10 de junio. La presión subió por el desvío de un camión cargado con alimentos a la vista de quienes hacían cola en el centro comercial Colonial, en la calle Rosario. Habitantes del sector quemaron cauchos y sacaron las rejillas de las alcantarillas en señal de protesta. Los cuerpos de seguridad del Estado intervinieron y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana fueron recibidos a tiros. Después del enfrentamiento la presión bajó y la situación se mantuvo en tensa calma. El 11 de junio casi se repite la escena.
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Glendys Díaz cuenta que un camión cargado con comida presuntamente subiría al sector Las Casitas. “Al ver que no llegaba, la gente se molestó y trancó la calle; pero en seguida subió un grupo de la policía con equipos antimotín. Al final no pasó nada”. Díaz afirma que ese sábado los comercios abrieron con normalidad y la gente continuó la que ahora es una búsqueda incesante de productos de la cesta básica. Esta vez recurriendo a los buhoneros.
Aunque la organización coordina la venta en ese abasto, no forma parte de los nuevos Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Díaz llegó a la cola a las 7:00 am y a las 11:00 am continuaba lejos del establecimiento a cargo de la venta de los productos. Tenía el número 246, de los 300 que repartieron. La policía también custodiaba la fila e instaba a los ciudadanos a tener su número en mano. “La situación está tensa. Todo el mundo tiene miedo de que vuelvan a ocurrir disturbios. A eso hay que sumarle la angustia de hacer horas y horas de cola, y al final no conseguir nada. Además, te obligan a comprar cosas que no necesitas. Ese yogurt vale 300 bolívares, es más caro que la harina. Si esto sigue así, lo del viernes se va a repetir”.
Las colas en el centro comercial Colonial de La Vega no se volvieron a ver sino hasta el martes. Ese día miembros del Consejo Comunal Casco Colonial organizaban la fila, que empezó en la madrugada, por harina de maíz precocida, pasta, yogurt y galletas, todo por 1.500 bolívares.
A la mujer no le falló la intuición. Ese mismo día en la tarde las redes sociales daban cuenta de un “conato de saqueo” en las inmediaciones del centro comercial. Otra vez la presión se liberó.
dos tiros cuando observaba un saqueo y motorizados pasaron disparando. Es el segundo fallecido en ese estado en el contexto de las manifestaciones. El primero fue Luis Josmer Fuentes Bermúdez, cuya muerte ocurrió como consecuencia de la represión con armas de fuego de la GNB a manifestantes en Cariaco, que exigían lo que se ha convertido en el punto de ebullición de la mayoría de las protestas este año: comida.
Al mismo tiempo, en Catia, se desarrollaba otra protesta –la segunda en tres días– para exigir comida, y el desabastecimiento en el estado Sucre sumaba muertos a la escasez. El martes se confirmó el asesinato de Carlos Colón Castañeda, que recibió
Medidas excepcionales
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Las mediciones del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social indican que en los primeros 5 meses del año hubo 2.779 protestas. Del total, 641 ocurrieron en mayo –equivalentes a 21 protestas diarias en todo el país– y la mayoría de esos reclamos (27%) eran en rechazo a la escasez y el desabastecimiento de alimentos. Las cifras del OVCS aún no incluyen otras 2 manifestaciones en las que hubo víctimas fatales: Jenny Elizabeth Ortiz Gómez, de 42 años edad, murió al recibir disparos de perdigones en el rostro, presuntamente por funcionarios de Politáchira, cuando ocurría el saqueo de un camión cargado con carne en San Cristóbal. Ortiz Gómez falleció el 6 de junio en el Hospital Central de San Cristóbal. Mientras que José Antonio Tovar, de 21 años, murió cuando presuntamente la GNB intentaba controlar saqueos el 9 de junio en la redoma de Petare.
OVCS documentó 52 saqueos y 36 intentos de saqueo. Marco Ponce, coordinador general del OVCS, indica que aunque no hay cifras consolidadas de junio, el monitoreo diario los tiene en alerta: “Nos preocupa mucho que la situación pareciera desbordarse. Los niveles de tensión y de conflictividad se han incrementado en las últimas dos semanas de manera considerable, y la represión ejercida desde los cuerpos de seguridad del Estado es un incentivo para que la situación se agrave”. Ponce señala que las protestas terminan en hechos de violencia justamente por la intervención de los cuerpos de seguridad, al obstaculizar una manifestación o impedir una movilización; y también al lanzar sustancias tóxicas o disparar perdigones y, más recientemente, armas de fuego. Otros factores son el maltrato –por los funcionarios de seguridad– que reciben las personas que pasan horas en una cola para obtener productos de primera necesidad, el desvío de camiones o que sean los mismos funcionarios quienes se lleven la mitad de la carga.
“Provea no quiere dejar de recordar que esta situación de represión ocurre en un contexto no democrático, que fue denunciado junto con otras 40 ONG cuando se firmó el decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica, el pasado 13 de mayo. Esa norma rompe el hilo constitucional y pone la seguridad del Estado por encima de la seguridad de las personas”, manifestó Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea.
“Un saqueo, por ejemplo, es una protesta violenta y se debe rechazar, porque además se está cometiendo un delito; pero eso no justifica la violación de derechos humanos y no da pie al uso de armas de fuego como medida de control”, dice Ponce.
El decreto se propone preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes y servicios fundamentales, disminuir los efectos de las circunstancias naturales que afectaron la generación eléctrica y el acceso a los alimentos y otros productos esenciales para la vida. Sin embargo, su entrada en vigencia no aminoró la conflictividad. Solamente en mayo el
La ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, solicitó la rectificación urgente de la resolución 08610, del 23 de enero de 2015, que permite el uso de armas de fuego en el
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control de las manifestaciones y protestas pacíficas. Rocío San Miguel, presidente de la organización, afirma que se han hecho enormes adquisiciones de equipos para el control del orden público, incluidos casi 1.000 equipos portabarreras, lanza agua e indumentaria antimotín, “sin que exista una doctrina clara para su empleo, especialmente en el interior del país”. San Miguel denuncia que se han incorporado 17.000 efectivos de tropa a la GNB, sin la debida preparación; y en las manifestaciones tampoco se identifican los mandos responsables de las operaciones. “Los miembros de los cuerpos de seguridad muchas veces portan fusiles apuntando a civiles o se traban en discusiones con los manifestantes. En esos casos se personaliza el control del orden público”.
tampoco la traigo a que me acompañe porque en las colas no se sabe lo que pueda pasar”, argumenta. Glendys Díaz también siente la presión de no tener nada en la despensa para alimentar a sus hijos de 5 y 14 años de edad: “Me he sentado a llorar cuando mis hijos me dicen que tienen hambre. Cómo les dices que no hay comida. Además de la desesperación de pasar horas en una cola para luego irte con las manos vacías. Las bolsas que traen los CLAP duran tres o cuatro días, y eso porque lo rindo para que alcance, y en la casa somos nada más tres”. El decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica, aparecido en Gaceta Oficial extraordinaria 6227, otorga a los CLAP funciones que van más allá de la distribución de alimentos. Les atribuye facultades “para mantener el orden público y garantizar la seguridad y la soberanía en el país”, en conjunto con las demás organizaciones de base del poder popular, las FANB, PNB y cuerpos de policía estadal y municipal.
En lo que va de junio, luego de protestas por falta de comida, han sido militarizados parcialmente sectores de Margarita, Valera, Cumaná, los municipios Bolívar y Sotillo de Anzoátegui y en Caracas, La Urbina, Catia y la avenida Fuerzas Armadas.
Ponce considera que los CLAP, además de ser parte del problema, agudizaron el conflicto: “Existe un rechazo general hacia este nuevo sistema, que está a cargo de vecinos vinculados con el partido de gobierno. Son vecinos reprimiendo a vecinos, y ya lo vimos en Caracas con los sucesos en la avenida Fuerzas Armadas el 2 de junio. Son un mecanismo de control, exclusión y discriminación por razones políticas. Aunque el gobierno diga que no, la realidad ha demostrado que sí es así, y después de su implementación han aumentado las protestas por falta de acceso a los alimentos”.
Sube la temperatura
La aparición de los CLAP, en abril, es otro factor que aumenta la presión. Yessika Tarazona, habitante de La Vega, opinó que el instrumento que pretende poner la distribución de los alimentos en manos de las comunidades “es una mentira y una fachada más del gobierno para que la gente se mate”. Para poder hacer una cola por comida Tarazona prefiere dejar a su hija de 12 años de edad a cargo de su hermano menor, de 3 años. “No la puedo mandar al colegio porque me da miedo que se desmaye por no tener nada en el estómago, y
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detenidas durante el saqueo de la panadería Duri, en La Urbina.
La gente tiene miedo
Un comerciante del barrio 19 de Abril, en Petare, mira con resignación el mostrador vacío de su frigorífico. El negocio ha funcionado por más de 60 años en el sector, pero eso no impidió que lo saquearan el 9 de junio. Eran las 5:30 pm cuando un grupo de hombres empezó a ejercer presión sobre la santamaría cerrada. La fuerza de la masa fue mayor que la del portón. Tenían martillos, mandarrias y cascos. Primero golpearon al comerciante y luego se fueron contra el mostrador. “Se llevaron todo: los bolsos de los trabajadores, que estaban encerrados en el negocio esperando que la situación se calmara, la caja registradora, el molino, la pesa, los cuchillos, registraron las cavas y partieron todos los vidrios”, recuerda el hombre. Dice que en el impulso los primeros atracadores se cortaron los brazos al sacar la mercancía del mostrador, y al día siguiente vio a algunas personas del sector con extremidades superiores vendadas. “Había más gente dentro del establecimiento que en la estación del Metro”. Ese día, de acuerdo con reportes de Polisucre, hubo 17 comercios afectados y 2 personas
“Romper todo no es hambre, es maldad. Pudieron mandar a dos o tres personas adelante a hablar con nosotros y ver a qué acuerdo podíamos llegar. Ellos no comen vidrio todavía, y en la Redoma saquearon hasta un camión de anime”, afirma el afectado. En Petare, como en La Vega, los ciudadanos temen que se repitan hechos violentos. “Estamos a expensas de lo que pase. Pensamos en poner puertas nuevas al negocio, reforzadas, pero la crisis es tan fuerte que no se puede. Estamos en las manos de Dios”, asevera Miguel Galvis, dueño de un expendio de alimentos en el barrio 5 de Julio, en Petare, al que también intentaron saquear, pese a que la única mercancía que había era refresco. Al miedo a un estallido social se suma el miedo a la respuesta estatal. Los vecinos de 5 de Julio denunciaron que ese día debieron soportar por horas los efectos de los gases lacrimógenos. “Aquí estaba todo el mundo ahogado. Teníamos a niños pequeños que no se murieron porque Dios es grande”, cuenta otro habitante del sector.
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En Caracas la primera alarma se encendió en Carapita el martes 24 de mayo. Reclamaron haber hecho más de 12 horas de cola sin que llegase ningún producto y la respuesta estatal fue perdigonazos y gases lacrimógenos de la GNB. “Nos preocupa. Ese día casi voltean la camioneta de mi papá, con él y mi hijo dentro, porque querían algo para trancar la calle. Pudieron irse gracias a la intervención de otros vecinos que los conocían. El miedo siempre está, pero la gente debe ser inteligente. Si saqueas hoy, qué comerás mañana”, opina Deisy Franquiz, encargada de un comercio en la avenida Intercomunal de Antímano.
manifestaciones provocadas por la escasez de alimentos. “Nos preocupa el método con el que el Estado enfrenta la frustración ciudadana. Su respuesta no se ha modificado, en comparación con la de 1989, y está incurriendo en las mismas violaciones”. La directora de Cofavic afirma que es imposible predecir si los focos de protestas terminarán por convertirse en un estallido generalizado similar al del Caracazo. Sin embargo, asegura que las manifestaciones que diariamente se viven en el país ya son suficientemente importantes y no se deben dejar pasar o minimizar: “El Caracazo debe estar presente en nuestra memoria y hay que evitar que se repita. Nuestra organización tiene un deber histórico y por eso instamos al Estado a atender el origen de las protestas, que es la falta de alimentos y medicinas, que acepte la ayuda humanitaria, que abra canales de diálogo entre el gobierno y la oposición, y que implemente acciones que bajen la polarización y la crispación social. No estamos hablando de supuestos. Los hechos ya están ocurriendo y lo vemos en Táchira, Cumaná, Mérida, Caracas, por mencionar ejemplos”.
Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, afirma que la protesta en Caracas es atacada por las autoridades de forma diferente de cómo se contienen las del interior del país. “Las reprimen más rápido porque en el gobierno existe la percepción de que tienen mayor costo político, porque son más difundidas y se pueden hacer más visibles”. En el interior las protestas se prolongan por varios días en los que las vías de comunicación se mantienen bloqueadas, un obstáculo más para la distribución de los alimentos. Advierte que la situación se puede agravar porque el gobierno viola constantemente la Constitución, no hay acuerdo social y la gente toma la ley por sí misma. La presión sube y las ollas continúan vacías.
La ONG emitió un comunicado el 14 de junio para manifestar su preocupación. Allí recuerdan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia vinculante para Venezuela, emitida el 29 de agosto de 2002, justamente a raíz de los hechos del Caracazo, dictaminó que el Estado debía adoptar las providencias necesarias para formar y capacitar a todos los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que
La historia se repite
“El Estado no aprendió”, sentencia Liliana Ortega, directora de Cofavic, Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos el 27 de febrero de 1989, a propósito del modo en el que se está haciendo frente a las
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debe estar sometido, aun en estados de excepción.
condiciones actuales de violencia endémica y frustración que presenta Venezuela. Hoy día hay miles de armas ilegales en manos de la población, bandas organizadas y grupos armados civiles que representan un claro debilitamiento del Estado de Derecho”, alerta el comunicado.
Ortega afirma que esto no se ha cumplido y agrega que la situación empeora debido a que en 1989 no había tantas armas en la calle sin control, ni bandas o grupos de civiles armados. “La proporción de un desbordamiento social es inimaginable en las
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NOTA FINAL existentes, los de la oralidad como
La Ley para la defensa de las
medio de subsanación procedimental,
personas en el acceso a los bienes y
rompiéndose de tal manera con la
servicios. Tiene como fundamento esencial
los
profundos
rigidez
cambios
ámbito
cultural, se desarrollan de manera
la
del
su
competencia,
en
la
cadena
de
distribución, producción, y consumo,
servicios están considerados como
de
de
intervienen
personas en el acceso a los bienes y
Constitución
tradicional
a toda persona natural o jurídica que
atención a que los derechos de las
en
legal
incluyéndose como sujetos de la Ley
dinámica y progresiva en el país y en
humano
convencionalismo,
procedimiento actual. Se amplía el
económico, en lo político y en lo
derecho
el
dogmatismo
históricos, que en lo social, en lo
un
y
tales
la
como
importadores,
República
importadoras
e
productoras
y
productores,
Bolivariana de Venezuela de 1.999,
fabricantes,
distribuidores
razón por la cual se hizo imperioso
y
comercializadores,
haciéndolos responsables directa y
luego de un complejo y largo periodo
solidariamente cuando sus conductas
de discusión multidisciplinario, esta
o
propuesta de reforma.
actos
afecten
o
vulneren
los
derechos de las personas. Se
busca
responder
de Ahora bien el gobierno crea grupos
manera ágil y expedita a los derechos de
las
consumidoras,
paralelo de abastecimiento que no es
los
tal, y solo son beneficiados grupos
consumidores, las usuarias y los usuarios, incorporándose
modificándose
oficialistas
e
que
esto
grupo
llamados CLAP, si no perteneces al
disposiciones
partido de gobierno no serás incluidos
sustanciales y simplificándose los procedimientos
ya
en estas bolsas que venden en las
administrativos
barriadas del país.
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