Diálogo Nacional para la Paz Propuesta de participación de la sociedad en los Diálogos de Quito DOCUMENTO CENTRAL PARA SER RETROALIMENTADO EN LOS ENCUENTROS MARCO GENERAL DE LA AGENDA TEMATICA: Una primera aproximación que hemos hecho a los temas gruesos que debieran ser discutidos, los hemos agrupado del siguiente modo: Profundización de la democracia, que incluye: a. Participación directa y decisoria en la construcción de paz (implementación de acuerdos de La Habana, de Quito y los logrados en el propio proceso de participación de la sociedad y en relación con los Diálogos de Quito); b. Ejercicio de la participación política electoral, social e institucional; vemos pertinente que los elementos genéricos del goce de los derechos (acceso, disponibilidad, recursos, etc.) tengan realizaciones específicas de acuerdo con los enfoques territorial, étnico – cultural, poblacional y de vulnerabilidad. c. Garantía para el ejercicio de los derechos de opinión, movilización, protesta. d. Reforma política y electoral, donde desarrollar el Estatuto de la oposición. e. Lucha contra la corrupción f. Manejo equitativo de las comunicaciones Política de seguridad y convivencia ciudadanas, que debe abordar: a. Función, composición y orientación de las fuerzas armadas b. Desmantelamiento del paramilitarismo c. Reforma al Código de Policía d. Mecanismos comunitarios de convivencia, dando especial énfasis a los mecanismos de resolución y mediación de conflictos Reforma a la justicia Derechos de las víctimas, centrado en la lucha contra la impunidad Ordenamiento territorial y competencias territoriales a. Reasignación de competencias a los entes territoriales, b. Incorporación de nuevas figuras como los territorios campesinos, competencias territoriales de las Juntas de Acción Comunal y las regiones autónomas c. Ajuste del régimen municipal y local (competencias sobre la economía y el orden público). Equilibrio entre modelos de economía y sustentabilidad ecológica a. Reforma Agraria
b. Política alimentaria c. Política minero-energética d. Derechos de la naturaleza y justicia ambiental. e. Agua y servicios ambientales f. Solución a las economías ilegales. g. Política financiera y crediticia h. Desarrollo regional (?) Cumplimiento y garantía de los DESC Salud Educación Vivienda Trabajo y derechos laborales Promoción de una cultura política democrática Es claro que el contenido de nuestra propuesta para cada punto de la agenda se presentará en el diálogo mismo. Desde el campo popular esperamos llegar a acuerdos sobre estas propuestas. Pero si eso es imposible: seguiremos trabajando por ganarnos la sociedad colombiana para la paz y para las transformaciones necesarias a la justicia social. 0. El conflicto social y político… y su expresión armada El conflicto que se debe resolver es un conflicto socio-político que tiene una expresión armada. Su raíz la constituye la inequidad social y la exclusión violenta de muchos sectores (sobre todo populares) de las decisiones fundamentales de vida nacional. Que el conflicto tenga estas raíces no significa que en su desarrollo no intervengan las decisiones políticas de quienes lideran la guerra revolucionaria ni las de las clases dirigentes que han optado por la contrarrevolución preventiva. Sin embargo, se da por hecho que en una superación negociada del conflicto se deberá contar con la voluntad de los actores armados, pero por lo general se rehuye el hecho de que la opción por la guerra está determinada por estas situaciones estructurales. Por ello, quienes proponemos el Diálogo Nacional y la Mesa Social para la Paz estamos convencidos de que la solución de este conflicto debe implicar un diálogo sobre los aspecto político-militares del mismo por parte de los contendientes armados, pero sobre todo un diálogo social entre las organizaciones sociales populares y el establecimiento. 1. El resultado que esperamos de un proceso de diálogo y negociación política
El sentido de un proceso de diálogo y negociación es la transformación de las condiciones que le han dado lugar y justificación. Por ellos las partes armadas aceptan como condición la no derrota definitiva de ninguna de las partes, más allá de la correlación política que tenga el conflicto armado en este momento. Siendo así, para superar el conflicto social, político y armado, los diálogos que tengan lugar entre el gobierno y las insurgencias y –en el caso que se abre con los diálogos de Quitoentre el movimiento popular y el Establecimiento, deberán concretarse en lo que hemos llamado un Acuerdo Político Nacional para/hacia la democratización del país. La agenda de Quito ha concretado este propósito en varias ideas: una visión común de paz, transformaciones para la paz a nivel nacional y regional, propuestas y programas transformadores hacia la equidad, y materialización de los cambios. En otros contextos, varios actores han señalado que este acuerdo político se debe enrutar hacia una transición democrática; en tanto los acuerdos de La Habana acogen el concepto de “nueva apertura democrática”. La participación de la sociedad en su conjunto debe tener como norte la concreción de estas transformaciones, de forma que no consiste solamente en un mecanismo de exigencia al Estado para que cumpla sus obligaciones, sino también un proceso de cambio de éste allí donde sea pertinente para superar el conflicto armado. 2. Demanda social y política por la participación El principal déficit de la institucionalidad colombiana es la participación decisoria de la sociedad. Esta carencia se expresa no solo en el elevado porcentaje de colombianas y colombianos que no interviene en los procesos electorales, sino en la aguda tendencia a que los espacios y mecanismos existentes se vacíen de contenido. Tenemos, pues, una democracia que no decide, mientras los poderes fácticos siguen ordenando la economía, los territorios y la vida social. Al mismo tiempo, emergen en diversos lugares del país cientos de experiencias de democracia popular y comunitaria, las asambleas municipales constituyentes. Los gobiernos indígenas y afrodescendientes han estimulado la emergencia de procesos de autogobierno campesino y urbano, y las consultas populares conquistadas por la ciudadanía evidencian que hay sujetos robustos para una democracia más auténtica y profunda en el país. Nuestra consideración es que estamos asistiendo a un proceso popular constituyente. El proceso que desarrollan el gobierno y las FARC han mostrado que la participación es la clave para su éxito; como se ha reconocido en diversos espacios, fueron sus limitaciones en este campo las que se tradujeron en la apatía e incluso oposición de amplios sectores de la sociedad al momento de la refrendación. Más que una amenaza de desorden o
empantanamiento, el país que aboga por la terminación del conflicto armado y la construcción de paz debiera ver en la participación prevista en el proceso con el ELN una gran oportunidad para la paz. De cualquier modo, hoy la realidad de un gran proceso de participación para la paz está a la orden del día. El ELN y el gobierno han acordado que la participación social será clave en sus diálogos directos y formales y el consenso sobre las transformaciones necesarias para la paz la requieren. Las FARC, que la demandaron desde el principio del proceso, han reclamado que la participación es imprescindible para el seguimiento e implementación de los acuerdos. Se abre así un escenario inédito que requiere la participación activa de la sociedad. 3. Diálogo Nacional y Mesa Social para la Paz Es necesario darle forma a un mecanismo para que tal participación sea posible, útil, determinante frente a los Diálogos de Paz y frente a la democracia colombiana. Un conjunto de organizaciones sociales y políticas, plataformas y articulaciones por la paz, nos hemos constituido en un Comité de Impulso para proponer al país un Gran Diálogo Nacional y la concreción de una Mesa Social para la Paz a través de los cuales podamos llegar al Acuerdo Político Nacional que se requiere. Nuestra iniciativa pretende conformar un mecanismo de tramitación democrática del conflicto social, de manera que su aporte principal a los Diálogos de Quito sea permanecer luego como una dinámica de la nueva fase de la democracia en Colombia. Necesariamente debe contribuir a superar las causas socio-políticas del conflicto armado y servir de escenario para acordar las transformaciones y garantías democráticas necesarias para la tramitación noarmada de los conflictos sociales y políticos. Para que este proceso sea vinculante para todos los factores reales y determinantes de poder, es inevitable que la participación decisoria sea de toda la sociedad. Hasta el momento las decisiones fundamentales han excluido a buena parte de la sociedad colombiana, y por ello el principal énfasis del proceso debe ser su inclusión. 4. Fases de construcción Fase 0: Ambientación o pre-negociación Es la fase en la que nos encontramos. Los propósitos centrales son: presentar y mejorar la propuesta de mecanismo (Diálogo Nacional y Mesa Social para la Paz), identificar las posibles convergencias con otras propuestas que se vienen formulando, ganar la voluntad de todos los actores sociales y políticos del país –de las diversas orillas políticas y sociales-
para avalar un Pacto político por la participación activa en el proceso Quito y, los más importante, establecer un procedimiento para acordar el mecanismo con garantías para todos. Para el efecto el Comité de Impulso que hemos constituido viene desarrollando diversas interlocuciones con la Mesa de Quito (las comisiones negociadoras del gobierno y el ELN), diálogos con otras iniciativas y propuestas afines (incluyendo centros de estudio y formadorxs de opinión), diálogo con empresariado (especialmente el que participa en el Consejo Nacional de Paz) y diversas aproximaciones para identificar los temas centrales de una agenda temática (a través de foros, seminarios y debates epistolares y en los medios de comunicación). Fase 1: Pacto político y concreción de un Marco Legal para el Diálogo Nacional El gobierno nacional y el ELN son formalmente los encargados de acordar el mecanismo de participación que contribuya a su proceso de diálogo directo. Sin embargo, consideramos que un Comité de Impulso muy representativo de la sociedad colombiana, ampliado a todas las propuestas afines, con fuerte presencia de actores representativos e influyentes (sobre todo el empresariado, por lo menos el más implicado), puede influir de manera decisiva en la concreción del mismo, a través del logro de un pacto político que enmarque la voluntad de llegar a acuerdos transformadores. Estimamos que el mensaje más relevante por parte nuestra, pero también del ELN y el gobierno nacional, es que la sociedad misma debe decidir las formas y alcance de su participación. ¿En qué se concreta dicho pacto? Como resultado de los diálogos bilaterales y otros espacios de acercamiento, debiéramos concretar la voluntad expresa de todos los sectores claves del país para participar activamente en el proceso y para concertar un Marco Legal para el Diálogo Nacional para la Paz. Nuestra propuesta es que el presidente de la República, como resultado de esta concertación y amparado en el art. 22 de la Constitución Política expida un marco general regulatorio de todo el proceso. Tal marco legal deberá contener, por lo menos, los siguientes puntos: La creación de una Comisión Nacional del Diálogo para la Paz Se requiere una instancia coordinadora del diálogo nacional que garantice la convocatoria y amplitud a todos los sectores sociales y políticos; por ello debe ser plural, equitativa y de reconocida equidad; en un número razonable, sus nombres deben ser resultado del consenso de los sectores sociales y políticos. Sus funciones –además de la coordinación- son definir el mecanismo de sistematización del proceso y seleccionar las personas u organismos responsables de la misma y administrar los
recursos que se requieren (para garantizar la equidad y la independencia frente al Estado, que es un actor interesado). Es claro que puede ser un mecanismo informal de acercamientos entre los actores, aunque sería necesaria su concertación. A su interior podrían preverse una Secretaría política (3 personas) y una Secretaría operativa (3 personas) La definición de los propósitos, principios, alcance y sentido del proceso de participación Los propósitos de la participación están definidos –algunos explícitamente- en la agenda temática acordada entre el gobierno y el ELN: En primer lugar, construir una idea común de paz; en segundo lugar, aportar en la democratización el país; en tercer lugar, propiciar el empoderamiento político, social y cultural de la sociedad. Estos elementos tienen fundamento en la soberanía del pueblo (Art. 3 CP). Un proceso como este debe guiarse por principios que garanticen sus logros: la integralidad y garantía de la no-regresividad de los derechos humanos, incluidos los reconocidos y conquistados en los acuerdos de La Habana; la aplicación del principio pro hómine; el reconocimiento de la diversidad cultural y territorial, y por tanto la relevancia de proyectos regionales y territoriales; la paridad política desde el enfoque de género; la igualdad; la aplicación de enfoques diferenciales y el refuerzo de acciones afirmativas (políticas, legales, prácticas) con comunidades y sectores históricamente vulnerados; la preservación de la autonomía y libertad de la sociedad en su ejercicio de participación; y el principio metodológico de equipotencia, equivalencia y equifonía de todas las personas y comunidades que participen. El proceso de participación debe tener un alcance transformador, lo cual implica que la participación debe ser decisoria y transformadora de la sociedad. En suma, este proceso debe entenderse como un ejercicio demostrativo de democracia participativa real a la que aspira la sociedad colombiana, cuyo sentido último es la construcción de un Proyecto de país con equidad y justicia. La adopción de una Agenda Temática del Diálogo para la Paz El proceso de Diálogo Nacional deberá analizar y construir acuerdos sobre las transformaciones necesarias para la paz. Este concepto es el que acordaron el ELN y el gobierno nacional en su agenda, y resulta suficientemente amplio para implicar y permitir cambios profundos en el país. Entendemos que se requiere acordar una temática desglosada y al mismo tiempo delimitada entre todos los sectores convocados al Diálogo Nacional.
Las razones por las cuales proponemos acordar unos temas centrales de la deliberación y que se conviertan en el eje de los acuerdos finales son varias: en primer lugar, los diversos actores necesitamos tener certezas sobre el alcance del proceso por lo menos en términos globales; en segundo lugar, es pertinente que la participación se centre en las transformaciones sustanciales y evitemos un proceso de exigencias muy puntuales que desvíen los esfuerzos o faciliten comportamientos clientelistas; en tercer lugar, uno de los propósitos centrales del proceso es la politización de la sociedad, que entendemos como una toma de conciencia de los problemas y asuntos más relevantes y comunes a todas las colombianas y colombianos. Una delimitación temática no significa que antes del proceso ya restrinjamos las propuestas de las comunidades y organizaciones. La agenda programática de los diferentes sectores de la sociedad que van a participar podrá y deberá ser puesta en consideración en las diferentes instancias del Diálogo Nacional que proponemos. Desde el campo popular la construcción de una Agenda Programática implica rescatar, entre otros, los asuntos que quedaron pendientes de los diálogos de La Habana, el programa de la Cumbre Agraria que se discute en la Mesa Única Nacional con el gobierno, los avances de la Mesa social Minero-energética que recientemente realizó un proceso nacional de construcción de propuestas para el sector, los 10 mínimos para la paz que propuso la Iglesia Católica hace una década. Y desde el campo empresarial aparecerán propuestas recogidas en documentos como Colombia Visión 2019, que no pasaron de ser un enunciado de intenciones. Otros actores –universidades y centros de pensamiento, principalmenteaportarán el resultado de sus investigaciones. Tales Agendas Programáticas se presentarán en el curso del Diálogo Nacional, pero estimados conveniente que el marco para esa discusión se concrete de entrada la Agenda Temática. Criterios de sistematización La sistematización es clave para la construcción de consensos y acuerdos… y para garantizar la memoria del proceso. El marco normativo de la participación deberá resolver el carácter y competencias de los equipos de sistematización. En principio consideramos que una entidad internacional independiente puede ser garantía, siempre que esté acompañada de personas designadxs por las organizaciones sociales, gremios e instituciones (en lo nacional-regional, en lo local) para que no se pierda la riqueza de las propuestas. Otros asuntos
En el marco normativo deberá preverse un equipo de garantes, que debieran ser delegadxs de los países garantes del proceso en Quito para facilitar y armonizar estilos de trabajo; igualmente las garantías de seguridad, de publicidad y comunicación permanentes; las condiciones mínimas en logística; los protocolos de las convocatorias y el presupuesto, que deberá ser autónomo de las instituciones actuales y sobre todo el ejecutivo. También deberá establecer el mecanismo mismo de la participación, que proponemos a continuación. Fase 2: El Diálogo Nacional para la Paz Aprestamiento En un primer momento, la Comisión Nacional del Diálogo para la Paz desarrollará: 1. Acción de contexto, consistente en la identificación de actores organizativos e institucionales; y 2. Conformar instancias locales de impulso, que deberán incorporar las formas ya existentes de participación, especialmente los Consejos Municipales de Paz, a los cuales deberán ajustarse sus competencias; este proceso deberá tener la debida adecuación en los territorios étnicos, atenderá la diversidad territorial y concertará el diseño especial para el adelantar el proceso con lxs colombianxs migrantes y exiliadxs. Ante las limitaciones existentes en materia de participación, se requiere una Campaña Nacional por la participación, en la que se involucre decididamente el gobierno nacional, con los criterios de participación decisoria y transformadora. Los medios de comunicación institucionales deberán estar disponibles para este propósito, que incluye un equipo de trabajo mixto (gubernamental y de la sociedad civil) encargado. Proceso autónomo y permanente de construcción de propuestas El campo popular ha desarrollado diversos formatos de participación: mingas, foros, asambleas, movilizaciones, diálogos sectoriales, etc., a través de los cuales ha producido consensos, estudios e intercambios sobre los contenidos de las transformaciones necesarias para la paz. En el curso del Diálogo Nacional para la Paz estos espacios se mantendrán, tanto en el orden local como regional y nacional. Vemos pertinente que como parte del proceso de diálogo se establezcan plenas garantías para que podamos desarrollar nuestras iniciativas, preparar adecuadamente nuestra participación y equilibrar una situación histórica de desventaja de las organizaciones y comunidades populares en este tipo de procesos. Dichas garantías (de seguridad, logísticas, de reconocimiento y convocatoria, presupuestales) deben ser previstas en el marco normativo sin restringir de ninguna manera la autonomía plena para nuestras deliberaciones. En el Diálogo Nacional sigue la movilización popular. Por eso nuestro mensaje central es: Lucha para conquistar la paz… Paz para desarrollar la lucha social. Los distintos
procesos autónomos son el centro de nuestra estrategia. Algo así como “Diálogo popular dentro del Diálogo Nacional”. Cabildos Abiertos locales Es el espacio clave de la participación de todos los sectores; esperamos que allí converjan los disímiles procesos autónomos populares, del campo empresarial y demás actores sociales y políticos. En principio consideramos que deben tener lugar en cada uno de los 1.122 municipios colombianos; pero para permitir la participación decisoria de la sociedad, deben adecuarse a las condiciones demográficas, geográficas y culturales, de manera que en algunos municipios deberán realizarse procesos por localidades, zonas urbanas o conjuntos veredales, por territorios étnico-culturales, y por áreas de países extranjeros donde habitan cerca de 7 millones de migrantes o exiliados. Los Cabildos Abiertos ya existen en la institucionalidad colombiana y requieren un ajuste para que puedan abordar los temas previstos en la Agenda Temática y aquellos que tienen alcance regional y nacional; este ajuste debería ser resuelto en el marco normativo del Diálogo Nacional que hemos propuesto antes. (Algunos miembros del Comité de Impulso han propuesto como figuras análogas los Cabildos Locales de Paz y/o las Asamblea Ciudadana para el desarrollo y la paz. La reflexión se decanta por los Cabildos Abiertos por el hecho de hacer parte de la institucionalidad, lo que facilita un acuerdo, y por incorporar una dimensión de participación amplia al lado del carácter vinculante de sus decisiones. Sin embargo no hay una decisión plena, porque en los espacios donde se abordó el tema faltaron diversas organizaciones). Los Cabildos Abiertos deberán producir: 1. Insumos (reflexiones, acuerdos y desacuerdos) sobre la Agenda Temática, con destino a la deliberación regional/departamental y nacional. 2. Decisiones sobre esa misma Agenda Temática pero que tienen implementación local; estas decisiones deberán incluirse como adecuaciones y ajustes de los Planes de Desarrollo Municipal y los Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial, y deberán tener implementación inmediata o prioritaria. 3. Pactos de convivencia entre los diferentes actores, con destino a la suspensión inmediata de situaciones o actos de violencia política o socio-política, incluyendo el comportamiento de la fuerza pública y el ELN1.
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No hay una decisión sobre las formas de participación que podrían tener los grupos de delincuencia común organizada y los grupos paramilitares en el proceso.
4. Pactos locales de cumplimiento de DESC e infraestructura, y de acuerdos suscritos por organizaciones sociales locales con diversas instituciones estatales 2. 5. Seleccionar un número plural de delegadxs a los espacios regionales de participación. (El método de selección no está definido) Los Cabildos Abiertos no serán eventos únicos sino procesos de deliberación y decisión, que tomarán un lapso aproximado de 6 meses iniciales, durante los cuales tendrán lugar los siguientes momentos: 1. Convocatoria conjunta entre equipos de impulso local y el Consejo Municipal de Paz, atendiendo los criterios del marco normativo y temático. Esta convocatoria debe ser esencialmente un conjunto de estímulos efectivos a la participación ciudadana, un diálogo con todos los actores, etc., y un llamado a que las organizaciones sociales y políticas, centros de estudio, comunidades de fe, etc., inicien una deliberación autónoma para la socialización de temas y preparación/formulación de propuestas. 2. Verificación de garantías 3. Proceso de deliberación autónoma de la sociedad en sus diversas formas organizativas, con auspicio económico y garantías de seguridad, disposición de información pertinente, etc. 4. Sesiones del Cabildo 5. Proceso permanente de consulta, mediante mecanismos como un buzón ciudadano, los corrillos, las consultas de propuestas por medio de redes electrónicas, etc. 5. Sistematización del proceso Posteriormente, mientras tienen lugar los procesos regionales y nacional, los Cabildo Abiertos locales seguirán funcionando como mecanismo de seguimiento a acuerdos locales y al desarrollo de propuestas en instancias regional y nacional. Cabildos Abiertos Regionales El nombre y contenido preciso del proceso regional está en análisis aún. Varios miembros del Comité de Impulso proponen denominarlo Diálogos Territoriales o Regionales de Paz y otros Asambleas Regionales de Paz. De cualquier modo se prevé que sean espacios colegiados o asamblearios y altamente representativos, con un número aproximado de 200 personas por cada territorio o región para permitir que todos los sectores y localidades tengan presencia. 2
Hay una reflexión no terminada sobre el modo de abordar los “acuerdos incumplidos” y los DESC. Son obligaciones que no requieren cambios normativos sino acciones de cumplimiento, pero que en condiciones de “inconstitucionalidad generalizada” como la que ha reconocido la propia Corte Constitucional sí que deberían ser re-acordadas o ratificadas (por lo menos así lo han reiterado las organizaciones sociales implicadas). Existe la inquietud de que un proceso de participación con estos temas pueda ser aprovechado mediante formas clientelistas del Estado o para aplazar u ocultar temas más estructurales de alcance nacional.
La definición de los territorios o regiones deberá adecuarse a realidades socio-culturales e históricas que van más allá del ordenamiento actual; estimamos que regiones como Magdalena Medio, Catatumbo, norte del Cauca, Pacífico, etc., deben ser concebidas como tales, tanto como espacio de la debileración como de la definición de Proyectos Regionales y su implementación. Los Cabildos Abiertos Territoriales o Regionales (en la normatividad existen los cabildos abiertos departamentales) serán el espacio clave de concreción de acuerdos de transformación democrática. Todas las regiones/territorios del país deben ser objeto de transformaciones, en tanto la conflictividad social que alimenta el conflicto armado se presenta en la totalidad del territorio nacional; pero existen diferencias de énfasis sobre el alcance de los cambios que cada una requiere, en términos de superación de inequidad social, reparación de comunidades victimizadas, deuda social y acuerdos incumplidos, etc. Tras abordar la Agenda Temática nacional, estos deberán producir: 1. Insumos (reflexiones, acuerdos y desacuerdos) sobre la Agenda Temática, con destino a la deliberación nacional. 2. Proyectos de Región o Planes de Vida Regional, en los cuales se concretarán las decisiones y acuerdos a que se llegue sobre la Agenda Temática que tienen alcance regional/territorial. Esto supone: a. Construir pactos políticos sobre esa visión regional. 3. Como estos Proyectos de Región se deberán adecuar a las transformaciones que se acuerden para el ámbito nacional, posterior tales pactos y acuerdos deberá hacerse un ajuste sectorial o temático según corresponda. 4. Priorización y planes de implementación 5. Seleccionar un número plural de delegadxs al espacio nacional de participación. La deliberación en el orden regional/territorial se alimentará por lo menos con: 1. Insumos de Cabildos Abiertos Locales. 2. Estudios regionales independientes, producidos por las Universidades o Centros de Investigación regionales. 3. Articulación con acuerdos de La Habana (especialmente con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET). Los Cabildos Regionales/Territoriales trabajarían atendiendo por lo menos los siguientes momentos: 1. Convocatoria por las Comisiones Regionales del Diálogo Nacional (conformadas por Comisión Nacional y Consejos departamentales de paz).
2. Comisiones de trabajo permanentes, de acuerdo con la Agenda Temática. 3. Plenarios territoriales Como en los procesos locales, los distintos procesos autónomos seguirán desarrollando la construcción de propuestas, los diálogos y la construcción de alianzas o consensos, las movilizaciones mediáticas y públicas, etc. Fase 3: Mesa Social para la Paz: Acuerdo sobre transformaciones necesarias para la paz La idea central de nuestra propuesta es constituir una Mesa Social para la Paz, con presencia de todos los sectores sociales y políticos del país, las instituciones estatales y la insurgencia, en la cual lleguemos a acuerdos vinculantes para el conjunto del país acerca de las transformaciones necesarias para la paz. En el curso de los diálogos han surgido otras tres propuestas que no son contradictorias con la idea de Mesa Social para la Paz, pero tienen sus particularidades: Cabildo Nacional de Paz, para armonizar los procesos locales y regionales/territoriales en su sentido y alcance; Plenario Nacional por la Paz, con énfasis en el carácter representativo sectorial; y la Convención Nacional, acogiendo el acuerdo que en su momento hicieron representantes del establecimiento y el ELN en 1998. Todas estas propuestas son coincidentes en los siguientes puntos: los acuerdos logrados deben ser vinculantes para la sociedad y el Estado; deben avanzar en la democratización del país. La composición del espacio es de aprox. 400 delegadxs que expresen las dinámicas de participación local y regional/territorial, así como las organizaciones y agremiaciones más representativas del país social y político. Su funcionamiento debiera incluir: 1. Convocatoria por parte de la Comisión Nacional del Diálogo para la Paz creada en la normativa del Diálogo Nacional. 2. Conformación y funcionamiento de Comisiones de trabajo o Mesas temáticas permanentes, según Agenda temática nacional; estas comisiones o mesas podrían trabajar en regiones claves donde la temática tiene mayor impacto o mayor desarrollo en materia de propuestas o consensos. 3. Construcción consensos y acuerdos de la sociedad colombiana (acuerdos sectoriales / temáticos) que se expresaría en: Pactos políticos: Declaraciones, Acuerdos políticos Políticas públicas: Documentos Conpes, Prioridades en el Plan Nacional de Desarrollo. (Propuestas de) Decisiones de gobierno: Decretos, Programas de inversión. (Propuestas de) Reformas legales (Propuesta de) Reformas constitucionales
4. Concertación de la sociedad civil y el Estado colombiano A partir de este gran Acuerdo -consenso- Nacional esperamos que el Estado, a través del gobierno nacional y el Congreso de la República acoja el clamor de la sociedad por transformaciones en el país. 5. Interlocución/concertación con Mesa de Quito. Los consensos logrados en la Mesa Social deberán ser adoptados por el gobierno nacional y el ELN. 6. La refrendación de los acuerdos se da por descontada, pues la sociedad ha participado en todo el proceso como actores determinantes. La deliberación y negociación se deberá hacer a partir de: 1. Los insumos (sistematizaciones) de los Cabildos Regionales/Territoriales de Paz. 2. Articulación con Acuerdos de La Habana 5. Temas por resolver En el curso de los diálogos del Comité de Impulso con diversas organizaciones y actores políticos, han aparecido temáticas que requieren su resolución. Algunas de estas son: - Selección o designación de delegadxs y participantes, en el nivel local (Cabildos abiertos), regional/territorial (Cabildos territoriales) y en la Mesa Social para la Paz en el orden nacional. - Las Reglas para la deliberación y construcción de acuerdos - Lugar de los partidos políticos - Presencia del gobierno nacional y el ELN en el proceso deliberativo. - Enfoques afirmativos vs. Temáticas nacionales, para garantizar una participación no corporativa, que supere el “capítulo étnico” o el “enfoque diferencial” transversal. - Sujetos y territorios colectivos que hacen parte de la institucionalidad; especialmente se requiere definir el mecanismo para que estos ordenamientos territoriales se articulen con el proceso nacional. - Articulación de la urbano-rural - Pertinencia de facilitadorxs en todo el proceso. 6. Proyección inmediata 1. Se propone la realización de un Encuentro Nacional social y político para construir un consenso nacional amplio sobre el mecanismo de la participación de la sociedad en la construcción de paz, especialmente frente a los diálogos del gobierno y el ELN.
2. Se propone la realización de un Seminario Nacional sobre la Agenda Temática de la participación (Transformaciones necesarias para la paz), con presencia de todos los actores sociales y políticos. 3. Hacer llegar oficialmente al gobierno y al ELN las bases de nuestra propuesta de participación, que opere como una Carta Social para la Participación en la Paz. 4. (Diseñar y acordar con el gobierno y el ELN una prueba piloto de participación.)