NO MUERO ¡ME MATAN!
“Este informe es solo un recorte del panorama completo de pobreza, marginación y exclusión social del que somos víctimas por la falta de implementación real de políticas públicas efectivas. Basta de violencia institucional, basta de crímenes de odio. No queremos menos que la igualdad, vamos por la máxima, por una ley que no deje a nadie afuera. Exigimos ¡Ley Integral Trans YA!” Marcela Romero, Presidenta de ATTTA Red Nacional.
ÍNDICE 1.
REDLACTRANS ........................................................................................................................................ 2
Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTTA)...................... 3 2. Centro de Documentación y Situación Trans en Latinoamérica y el Caribe (CeDoSTALC) ..................................................................................................................................................... 3 Situación de las personas trans en Argentina ...................................................................................... 4 Proyecto de Ley Integral Trans ............................................................................................................. 6 Legislaciones contrarias a los derechos de las personas trans ................................................ 7 Legislaciones sobre DD.HH. nacionales e internacionales ......................................................... 7 Situación en contexto de pandemia por COVID-19 ....................................................................... 8 Metodología para el relevamiento de casos........................................................................................ 10 Violaciones a los derechos humanos de las personas trans en Argentina durante el año 2021..................................................................................................................................................................... 13 A.
Violaciones al derecho a la vida y la integridad personal ............................................... 13
B.
Violaciones al derecho al acceso a la salud ........................................................................... 17
C.
Violaciones al derecho de acceso a la justicia ...................................................................... 19
D.
Violaciones al derecho de acceso al trabajo ......................................................................... 20
E.
Violaciones al derecho a la educación..................................................................................... 21
F.
Violaciones al derecho a la identidad ...................................................................................... 23
Recomendaciones al Estado de Argentina........................................................................................... 24 Bibliografía ....................................................................................................................................................... 24 Datos de contacto........................................................................................................................................... 24
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INTRODUCCIÓN 1.
REDLACTRANS La Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (RedLacTrans) fue creada
en 2004 y en la actualidad está integrada por 22 organizaciones lideradas por mujeres trans, promoviendo y asegurando que sean éstas quienes hablen por y se representen a sí mismas. La Red promueve los principios de inclusión y participación sin discriminación de ningún tipo, con particular énfasis en la equidad de los géneros, el respeto a las etnias, a las identidades y las expresiones de género, a la edad, al país de origen y/o situación socioeconómica y cultural. La RedLacTrans se encuentra en la actualidad en Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay. Accionamos con el propósito de hacer efectivo el cumplimiento y el ejercicio de los derechos humanos desde y hacia nuestra población a través de estrategias de incidencia política, visibilización, participación y fortalecimiento de nuestras organizaciones en acciones de salud, educación y justicia. Así, nuestra visión se orienta hacia una región sin discriminación ni violencia, con el respeto a nuestra identidad de género y el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales. En este sentido, los distintos informes elaborados desde la RedLacTrans han ido visibilizando las reiteradas violaciones que nuestra población sufre día a día y contribuyendo a la incidencia política de sus organizaciones de base. Asimismo, hemos presentado el informe regional 2016-2017 Esperando la muerte en el 167° y 169° Período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebrados a lo largo de 2018 en Bogotá, Colombia, y Denver, Colorado, Estados Unidos; la Guía de recomendaciones sobre la atención integral a la salud de la salud de las mujeres Trans en Latinoamérica y el Caribe ante autoridades de la salud y activistas mexicanas, en enero de 2019 en Guadalajara, México y en las reuniones de incidencia política lideradas por la RedLacTrans ante representantes de Agencias de las Naciones Unidas en marzo de 2019 en Ginebra, Suiza; y se presentó el Informe Regional 2018 Basta de Genocidio Trans en la 49° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio de 2019 en Medellín, Colombia. 2
Cabe mencionar que previa a la realización de este informe, y durante el confinamiento decretado por los diferentes países de la región como medida preventiva de contagio ante la crisis generada por la pandemia de COVID-19 y ante la falta de respuesta estatal, hemos lanzado -en formato virtual- los informes Las vidas Trans en tiempos de pandemia y Paren de matarnos. Informes que nos ha permitido visibilizar la situación de las personas trans de América Latina y el Caribe y con los que hemos podido denunciar la situación de extrema pobreza y exclusión social a la que nos vemos expuestas las personas trans ante la falta de políticas públicas y de voluntad política para mitigar el estigma y la discriminación estructural que recae sobre nuestros cuerpos.
Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTTA) La Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTTA) es una red nacional de personas trans que trabaja para el cumplimiento de los Derechos Humanos de nuestra población a través de estrategias comunitarias, de fortalecimiento e incidencia política para la promoción de políticas públicas inclusivas. Queremos un Estado con una democracia real y efectiva para la población trans en la República Argentina, que garantice la inclusión social y laboral; que cumpla con todas las políticas públicas a través del acceso a la salud integral, a la justicia, a la educación, al trabajo y a la vivienda para lograr una mejor calidad de vida.
2. Centro de Documentación y Situación Trans en Latinoamérica y el Caribe (CeDoSTALC) En la región se evidencia la falta de conocimiento e información sobre la situación social de la población trans. En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó recolectar información estadística de manera sistemática sobre la violencia contra las personas LGBT en América Latina y el Caribe. En general, las escasas estadísticas existentes señalan que una de las formas más extremas del estigma y la discriminación hacia las personas trans en América Latina es la violencia social e institucional. Si bien la violencia en América Latina y el Caribe afecta a toda la población, las personas trans la sufren en forma desproporcionada por ser víctimas de crímenes de odio y por la impunidad que rodea a estos crímenes. El estigma social y la discriminación se acrecientan cuando las personas trans adquieren VIH-SIDA, constituyendo una barrera 3
importante que impide acceder a los servicios de tratamiento y apoyo. Como respuesta a esta situación, la RedLacTrans ha puesto en marcha el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CeDoSTALC), que permite obtener información de primera mano a partir de la recepción de denuncias sobre las violaciones y vulneraciones de derechos humanos que sufre la población trans en la región. El CeDoSTALC se constituye como un sistema comunitario para recopilar información, monitorear y brindar respuesta a las barreras que impiden el acceso a los derechos humanos de la población trans en la región. Dicho sistema se ancla en una plataforma virtual de recolección de casos que posibilita la circulación y centralización de la información de las OTBN (Organización Trans de Base Nacional) con la Secretaría Regional de la RedLacTrans. Oportunamente, para la puesta en marcha del CeDoSTALC, la RedLacTrans realizó talleres de capacitación a fin de que una mujer trans se desempeñara como documentadora de vulneraciones a los derechos humanos en su territorio. Se trata de una estrategia que garantiza el éxito en la documentación debido al acercamiento directo hacia su misma población. La RedLacTrans reconoce el apoyo brindado por Robert Carr Fund, por el trabajo de documentación y elaboración del presente informe. Este proceso ha demostrado que el trabajo en asocio entre diferentes organizaciones es la estrategia que asegurará la continuidad del CeDoSTALC para disminuir las violaciones a los derechos humanos que sufren las personas trans en América Latina y el Caribe.
Situación de las personas trans en Argentina En este apartado se presenta un análisis situacional de las personas trans y no binarias en Argentina, con énfasis en los efectos y consecuencias de la pandemia por COVID19. Partimos de describir y analizar el contexto normativo y legislativo del país y del mundo, para luego ahondar en las múltiples violaciones a nuestra población en lo que respecta al derecho a la vida y la integridad personal, al acceso a la justicia, a la salud, a la educación y al trabajo. Ley 26743 En 2012, se sancionó la Ley 26743 de Identidad de Género, que establece que toda persona tiene derecho a desarrollarse y ser reconocida de acuerdo con su identidad de 4
género autopercibida. Contempla a la identidad de género como una experiencia individual y personal tal y como cada persona lo siente, que puede corresponder o no con el que fue asignado al nacer. Para acceder al cambio registral la persona debe presentar su partida de nacimiento previamente rectificada (en el Registro Civil donde fue expedida) en alguna dependencia del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), expresando el nombre con el que desea identificarse. Puede realizarse a cualquier edad y los menores de 18 años deben presentarse acompañadxs de sus tutores legales. Según el último informe realizado por la Dirección Nacional de Población del RENAPER, desde la implementación de la Ley de Identidad de Género en mayo del año 2012 y hasta abril del año 2021 inclusive, se han realizado: 9.383 rectificaciones de datos identificatorios. De ellas, 9.094 personas están vivas mientras que 289 han fallecido. De las personas vivas que rectificaron su DNI, el 70,1% optó por la categoría “mujer” (6.375) mientras que el 29,9% lo hizo por la categoría “varón” (2.719). Por otro lado, desde el mes de julio a octubre del año 2021, se realizaron 107 cambios de identidad de género donde se eligió la categoría no binaria (X). Ley 27636 El 2021 fue un año con varias conquistas para la población trans y no binarie con la sanción y promulgación de la Ley 27636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins” y se estableció por decreto el Documento Nacional de Identidad para Personas No Binarias. Esta ley, que promueve la inclusión de personas trans en el mercado laboral formal, contempla que deben formar parte de por lo menos el 1% del sector público, otorga incentivos tributarios para empresas del sector privado que lxs contraten y también se ofrecen créditos a tasas preferenciales para la creación o desarrollo de sus propios emprendimientos. Además, la terminalidad educativa no resultará un obstáculo para el ingreso al empleo, pero deberán completar los niveles educativos requeridos en el transcurso del empleo. Decreto 476/2021 En Julio de 2021, se oficializó mediante el Decreto 476/2021 el establecimiento del 5
Documento Nacional de Identidad No Binario. Las personas que no se identifiquen dentro del sistema binario de género femenino/masculino, podrán identificarse mediante una “X” en el campo “sexo”. Lo mismo equivale para otras formas de identificación formal como el pasaporte. Con anterioridad, una Resolución Conjunta (N° 286/2021) de ANSES y AFIP estableció que los prefijos usados en el CUIT y CUIL serán asignados de forma aleatoria y serán de carácter genérico y no binario. Hasta ese momento, el número dependía del género asignado al nacer de la persona, lo que no siempre coincidía con el género autopercibido de la persona. Muchas veces, esto creaba discrepancias entre documentaciones (por ejemplo, con DNI o Actas de Nacimientos rectificadas) y obligaba a la persona a facturar o cumplir con las obligaciones tributarias bajo una identidad con la que no se identificaban. Proyecto de Ley Integral Trans Si bien las conquistas de derechos antes mencionadas resultaron un avance en políticas públicas que protejan a la comunidad, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTTA) junto a la Federación Argentina LGBT impulsan desde 2015 un Proyecto de Ley Integral Trans. Esta iniciativa tiene como objetivo saldar la deuda histórica que tiene el Estado con el colectivo trans, garantizar el acceso a todos los derechos (educación, trabajo, salud, etc.) y en todas las edades (las niñeces, adolescencias y personas adultas mayores han quedado históricamente por fuera). No perdiendo de vista los derechos ya conquistados, implica valorar a las personas trans como plenos sujetos derecho, que participan de todos los ámbitos de la vida ciudadana. El proyecto aún no ha sido debatido en Congreso de la Nación.
Ley N° 23592 La Ley N° 23592 de Actos Discriminatorios (sancionada en 1988) penaliza cualquier acto discriminatorio por motivos de raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, social o caracteres físicos. Si bien menciona el “sexo” como factor de discriminación, no lo hace en el sentido en el que son definidas la identidad y expresión de género en la Ley 26743. En el año 2020, el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) presentó en la Cámara de Diputados un Proyecto de Ley de Reforma de Ley 23592, donde se incluye entre las modalidades de discriminación aquellas hacia el “género, identidad de género y/o su expresión y/o su percepción, 6
orientación sexual [...]” (Art. 2). Legislaciones contrarias a los derechos de las personas trans Si bien en su gran mayoría han tenido modificaciones, los Códigos Contravencionales y de Faltas se mantienen vigentes en muchas provincias. Éstos permiten el accionar discrecional de las fuerzas de seguridad que, bajo la excusa de la moralidad, persigue, detiene, tortura y encarcela a personas trans, especialmente a lxs trabajadorxs sexuales. Legislaciones sobre DD.HH. nacionales e internacionales La Reforma de la Constitución Argentina de 1994 incorporó una serie de tratados internacionales de promoción y respeto a los Derechos Humanos, dotándolos de jerarquía constitucional (esto quiere decir que tienen una jerarquía superior a las leyes). En el Art. 75 inc. 22 cita: 1. Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2. Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (Ley 23054); 3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su Protocolo Facultativo; 4. Convención para la Prevención y sanción del Delito de Genocidio (Decreto-Ley 6286/56); 5. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (Ley 17722); 6. Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (Ley 23179); 7. Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley 23338); 8. Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 23849); 9. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (Ley 24556); 10. Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad (Ley 24584); 11. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26378). Además, podemos mencionar los Principios de Yogyakarta (Principios sobre la aplicación de la Legislación de los Derechos Humanos en Relación con la Orientación Sexual e Identidad de Género, Ginebra, 2007), un documento que establece estándares en la legislación para los gobiernos de todos los países, para prevenir y detener los abusos, la discriminación y la violencia que sufre la comunidad LGBTIQ+.
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Si bien no se trata de una legislación vinculante, busca marcar pautas universales sobre cómo manejar situaciones que violan los derechos básicos de cada persona como ser: violaciones y violencia por motivos de género, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otras formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, abusos médicos, represión de la libertad de expresión y toda forma de discriminación en el trabajo, escuela, sistema de salud, vivienda, justicia o situación de migración. Situación en contexto de pandemia por COVID-19 A partir de marzo de 2020, por la emergencia de la pandemia por COVID-19, toda la población nacional debió cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Esto tuvo efectos críticos sobre la economía de la mayoría de los hogares, pero en especial en los de las personas trans y no binarias (población ya de por sí en situación de vulnerabilidad económica y social).
Situación laboral La mayoría de las compañeras que ejercen el trabajo sexual siguieron trabajando durante la pandemia de manera privada, pero con un ingreso mucho menor, por lo cual pasaron a depender casi en su totalidad de la ayuda de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Desde la Organización, esto nos generó dificultad para poder suplir las necesidades básicas, por lo cual redoblamos esfuerzos para acceder a alimentos, vestimenta y artículos de higiene. Estas acciones se lograron gracias a la articulación con organizaciones como la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (RedLacTrans) y la Federación Argentina LGBT+ (Falgbt), así como por el apoyo de agencias internacionales de cooperación, empresas privadas e individuos.
Violencia institucional Durante las restricciones impuestas, al salir a trabajar o comprar alimentos, muchas compañeras eran detenidas y encarceladas. Las fuerzas de seguridad nos violentaron con especial saña bajo la excusa de prevenir contagios, esto se sumó a la violencia que ya sufrimos cotidianamente. El abuso de las fuerzas de seguridad se vio reflejado en detenciones arbitrarias, con golpizas y amenazas cuando las personas trans debían salir a buscar medicamentos o alimentos.
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Emergencia habitacional Desde el comienzo de las restricciones, en marzo del año 2020, no solo nos vimos afectadas socialmente, también estuvimos en constante peligro de quedarnos en situación de calle por no poder ejercer el trabajo sexual. Este tipo de trabajo es en la práctica la única posibilidad para la sobrevivencia, pues no tenemos acceso a un empleo formal. Desde el Estado, mediante varios DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia) se crearon políticas para resguardar y proteger el derecho a la vivienda y evitar los desalojos; pero estos DNU protegían a los arrendatarios con contratos formales de alquiler. Estas políticas no tuvieron en cuenta las condiciones habitacionales de las personas trans, y las vulneraciones a las que nos exponemos cuando no nos permiten alquilar o inscribirnos en los planes de vivienda estatales. Por ende, nuestra población no se vio beneficiada de la protección que debían brindar esas políticas. De ahí que se registraron decenas de intentos de desalojos, visibilizados por distintas activistas a través de denuncias públicas. Esto, en muchos casos, logró impedir su ejecución.
Salud Durante 2021, el Gobierno Nacional organizó una campaña de vacunación contra el COVID-19 dirigida a toda la población y organizada de acuerdo con el rango etario de mayor a menor edad. Sin embargo, no se priorizó la situación de la comunidad trans y no binaria como población de riesgo y su acceso a ambas dosis fue tardío. Podemos hacer la salvedad de algunos distritos, como en Misiones, donde sí se priorizó el acceso a la vacuna en la primera etapa de la campaña de vacunación.
Participación en estrategias frente a la crisis sanitaria La falta de valoración de los aportes que la comunidad trans para la resolución de la crisis sanitaria fue notoria debido a su ausencia en los comités de emergencia, que fueron conformados para dar respuesta a las demandas de una situación inédita. Los comités, compuestos en su mayoría por entes del Estado, sindicatos y partidos políticos (estos últimos con presencia de grupos de diversidad pero que, aun así, muchas veces desconocen la realidad de nuestra población), opinan sin información adecuada ni experiencia sobre nuestra situación de vida. Desde luego que esto se hubiera resuelto incorporando a las organizaciones que llevan años trabajando y atendiendo a las distintas problemáticas.
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Una situación similar presentó ante la escasez de camas para casos positivos de COVID. Al no declarase a las personas trans como población de riesgo, lamentablemente muchas compañeras fallecieron en sus casas sin poder acceder a la atención necesaria. Esto no es una situación limitada a la pandemia, sino una constante y es el principal problema a la hora de pensar y ejecutar políticas públicas. Nuestra población queda relegada de los espacios de toma de decisiones, donde se planifican políticas sin escuchar nuestra experiencia de vida y lo que realmente necesitamos para mejorar nuestra calidad de vida. Los planes pensados para aliviar la presión económica provocados por la pandemia fueron destinados a hogares monoparentales y/o familiares extendidos y parejas con niños. Estos no incluyeron a personas en estado de vulnerabilidad extrema, que no entran en el modelo socialmente reconocido de familia nuclear, y cuya principal entrada económica es el trabajo sexual. Como mencionamos más arriba, las compañeras tuvieron que depender exclusivamente de la ayuda de las organizaciones y de los individuos ante la ausencia del Estado y los gobiernos provinciales. La falta de empatía, interés y verdadera respuesta a nuestra comunidad pareció profundizarse ante este nuevo contexto, evocando épocas pasadas cuando ninguna ley resguardaba nuestros derechos.
Metodología para el relevamiento de casos Este informe es el resultado del trabajo llevado a cabo por las activistas de la RedLacTrans quienes documentaron las vulneraciones a los derechos humanos que vivencian día a día. El objetivo de este trabajo es visibilizar estas vulneraciones como una muestra de la realidad de la región. Esto permitió elaborar numerosos informes que dan cuenta de la situación de las personas trans en distintos territorios así como cinco informes regionales: •
El informe titulado Esperando la muerte, corresponde al período 2016-2017;
•
Basta de genocidio trans, corresponde al período 2018;
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Paren de matarnos, corresponde al período 2019-2020;
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Las vidas trans en tiempos de pandemia, corresponde al año 2020; y
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el presente informe, titulado No muero, ¡me matan!, corresponde al período 2021. 10
Todos ellos constituyen instrumentos sólidos para revertir los históricos contextos de violencia y estigma padecidos por nuestra población. En cuanto a la sistematización de datos, importa señalar que su relevamiento se dirige a compensar en la mayor medida posible la evidente falta de información pública sobre la situación de la población trans en América Latina y el Caribe. Ello es especialmente urgente en contextos en que los Estados no sólo no brindan respuesta a tal carencia, ni promueven la participación de las organizaciones trans territoriales en este tipo de relevamiento, sino que ni siquiera prestan colaboración mediante la sistematización de datos, lo que constituye un desafío también para futuros relevamientos. Y si bien los datos relevados son reales y concretos, resultan insuficientes para expresar cabalmente la realidad, pues resulta imposible registrar en forma exhaustiva todas las vulneraciones a los derechos humanos que las mujeres trans padecen cotidianamente en nuestra región. Esto puede deberse a numerosos motivos, mencionaremos entre ellos el alarmante nivel de vulneración de sus derechos, su invisibilización tanto por parte de particulares como por parte de los Estados, las restricciones en el acceso a la justicia y, en líneas generales, el propio accionar del Estado y la falta de confianza en el mismo por parte de la población afectada. Como ya fue explicado en oportunidad de presentar la metodología aplicada en la elaboración de los informes regionales 2016-2017 y 2018, todos los reportes son resultado de una historia de trabajo comunitario entre las Coordinadoras Nacionales. Para hacerlos posibles, las Coordinadoras Nacionales de la RedLacTrans acordaron en abril de 2017, en el marco del Taller Regional de Buenos Aires, los criterios de cada una de las sub-regiones, Cono Sur, Andina y Centroamérica, para llevar a cabo las tareas de relevamiento, documentación y sistematización. Además, en aquella instancia se revisó y validó la herramienta de toma de casos de vulneraciones, la cual fue implementada de manera unánime por todas las Organizaciones Trans de Base Nacional. A partir de estos insumos, la RedLacTrans dio inicio al desarrollo de un software acorde con las necesidades de nuestra población. Pero, a fines de 2018, este software sufrió vulneraciones en su seguridad por lo que la compañía creadora lo dio de baja. En respuesta a esta situación, la Secretaría Regional de la RedLacTrans estableció como objetivo la creación de una plataforma propia para continuar con el trabajo de las documentadoras trans, la cual funciona regularmente desde mayo de 2019. En el mes de mayo de 2017, la RedLacTrans llevó a cabo un taller de entrenamiento en documentación de casos de vulneraciones a los derechos humanos en la ciudad de San 11
Salvador, El Salvador, donde las promotoras de derechos humanos de América Latina se capacitaron en recolección de casos y su carga al sistema virtual. Este taller marcó el inicio de un proceso de documentación regido por el uso de herramientas estandarizadas en todos los países, de manera que la documentación en la región sea llevada a cabo bajo los mismos criterios. Dos meses después, bajo la modalidad de prueba piloto, se dio inicio a la documentación de casos en 17 países y las activistas de cada organización de base nacional comenzaron a relevar los casos de vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres trans, a cuyo conocimiento pudieron acceder en sus respectivos territorios. En este aspecto, se debe resaltar la profundidad del conocimiento que tienen las Organizaciones Trans de Base Nacional sobre la información a relevar en sus territorios, donde viven las activistas trans y también sufren vulneraciones a sus derechos. En esos mismos territorios trabajan para desarrollar dispositivos propios de intervención frente al irrespeto de sus derechos que, como se dijo más arriba, ellas pueden contarnos “de primera mano”. Además, las tareas de registro fueron coordinadas y supervisadas desde la Secretaría Regional ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Como parte del monitoreo del proyecto, se celebraron dos instancias presenciales para identificar obstáculos y lecciones aprendidas a lo largo de los primeros meses, en el marco de los Talleres Subregionales de Incidencia Política, en Quito (septiembre 2017) y en Ciudad de México (octubre 2017). A partir de los insumos que cada organización de base nacional produjo y sistematizó en sus reportes pudieron elaborarse los informes regionales Esperando la muerte, Basta de genocidio trans, y el informe Paren de matarnos sobre los períodos 2016-2017, 2018 y 2019-2020 respectivamente. Así las cosas, este informe refleja un análisis situacional respecto de las vulneraciones a los derechos humanos de las personas trans en la región y propone una serie de recomendaciones dirigidas a los Estados de las Américas con el objeto de que arbitren los medios necesarios para asegurar a las personas trans el goce efectivo de todos los derechos, que largamente nos han sido negado.
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Violaciones a los derechos humanos de las personas trans en Argentina durante el año 2021
A. Violaciones al derecho a la vida y la integridad personal La población trans, y en especial la trans femenina, ha estado históricamente expuesta a todo tipo de violencias. Los ataques trans odiantes constantes en todo tipo de ámbitos, demasiadas veces concluyen de la peor manera: en trans femicidios. La joven mujer trans N. M. fue alcanzada por un tiro luego de que una vez más se produjera un tiroteo en el barrio ubicado en la zona suroeste de Granadero Baigorria. Un vehículo Onix y dos motos habrían aparecido repentinamente en la calle Quito al 300 y abrieron fuego sobre una vivienda. La ráfaga de tiros encontró respuesta por quienes estaban en el interior de la casa y, según testimonios de algunas personas a NUESTRAS NOTICIAS, llegaron a contabilizarse más de 20 tiros. De acuerdo con el hecho suscitado alrededor de las 23 horas de este sábado 9 de enero, N. M. junto a otro joven de 20 que estaban dentro de la finca atacada, resultaron heridos por arma de fuego. Aunque el muchacho sólo recibió un impacto en una de sus manos, NM recibió múltiples heridas graves que provocaron su muerte. Cabe señalar que el suceso es parte de una serie de balaceras que desde el último miércoles se produjeron en la intersección de calle Montevideo y Quito de aquel barrio, en el marco de una pelea entre bandas.1
De los casos que tenemos conocimiento, las estadísticas anuales muestran que 10 compañeras perdieron la vida este año. De todos los ataques cometidos contra personas trans y no binarias, el 91,6% fueron contra mujeres trans.
Identidad de género de las víctimas 7.46% 1.49%
91.04% Mujeres trans
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Hombres trans
Personas no binarias
https://www.facebook.com/ATTTA-Misiones-1866505883657660/photos/2505393036435605/
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Por otro lado, los datos sugieren que 55.9% de los hechos de violencia fueron dirigidos hacia personas con un rango de edad de entre 19 y 45 años, un porcentaje mayor que aquellas menores de 18 años o mayores de 45. De esto podemos inferir que, si bien hubo avances legislativos y muchas personas trans pudieron acceder a sus derechos, la gran mayoría continúa en desventaja. De ahí que planteemos la necesidad y urgencia de una reparación histórica para las compañeras mayores, sobrevivientes del abandono total del Estado. Como veremos más adelante, gran cantidad de las muertes (en su mayoría por enfermedades tratables) podrían haber sido evitadas mediante la intervención estatal.
Por otro lado, como mencionamos más arriba, la dificultad de encontrar espacios seguros (tanto físicos como simbólicos, en lugares privados como en la vía pública) se incrementa debido a los abusos de las fuerzas de seguridad. Amparados en la vigencia de los Códigos Contravencionales, las personas trans son detenidas y encarceladas todos los días sin motivo. El 6 de abril de 2021, según reseña el medio La Contratapa, G. fue brutalmente atacada por una mujer, y en un intento de acuchillarla habría recibido cortes en varias partes del cuerpo, entre ellos la cara y oreja. “La quisieron golpear, la arrastraron, está toda golpeada”, indicaron. En diálogo con la prensa local, Victoria Castro (de la Subsecretaría de Diversidad de Tierra del Fuego) señaló que se dirigieron al hospital para que le realicen las curaciones, para luego ir “a radicar la denuncia a la Comisaría 5. Después iremos a la comisaría de Género para denunciar este intento de travesticidio, porque la quisieron matar, por suerte se pudo escapar”. 14
Por fortuna, la víctima tenía puesta una campera gruesa que ayudó a detener las puñaladas. “Por cómo está la campera y los cortes que tiene indica que, si la campera hubiese cedido, la puñalada hubiese entrado por la espalda, en su pecho, en sus brazos. Le cortaron la cara, la oreja”, refirieron con congoja. También la violencia hacia la comunidad está naturalizada en otros espacios, como los establecimientos privados. Resguardándose con la excusa de que la “casa se reserva el derecho de entrada y permanencia”, muchas compañeras son expulsadas de estos lugares sin ningún motivo o explicación. Lo cierto es que aún no somos bien recibidas en muchos lugares, debido a que la sociedad no respeta la ley que nos ampara. El viernes 9 de octubre de 2021 la compañera A. D. de 30 años era expulsada de Casino ubicado en Posadas, provincia de Misiones. El local se encuentra en las Calles San Martín y San Lorenzo, en el microcentro de la ciudad. A.D. estaba jugando cuando, sin motivo alguno, fue expulsada, violentada físicamente, esposada y retenida. El establecimiento no dio detalles del hecho, se realizó la denuncia correspondiente y también se hará la denuncia ante el INADI. Caso presentado en CeDoSTALC, la víctima se contactó con la Filial ATTTA, Misiones, donde se registró el abuso.
Lugar donde ocurrieron los hechos 100% 90% 80% 70%
64.18%
60% 50% 40% 30%
23.88%
20% 7.46%
10%
2.99%
1.49%
Comisaría / sistema penitenciario
Domicilio del sospechoso
0% Calle (vía pública)
Servicio de salud
Domicilio de la víctima
El procesamiento de los datos obtenidos sobre las violencias sufridas por las compañeras indica también que sucedieron en zonas urbanas en un 100%. Esto puede explicarse, por un lado, por la migración hacia centros urbanos en busca de más 15
oportunidades y, por otro, la falta de información sobre la situación de las personas trans y no binarias en zonas rurales. Es importante hacer una distinción entre las condiciones de vida en las zonas rurales y en las grandes urbes.
El análisis de los datos recolectados arroja un bajo porcentaje de participación en organizaciones (sólo 5.5%), esto puede explicarse por el funcionamiento de estrategias de monitoreo de los grandes medios de comunicación y redes sociales que se generan dentro de la comunidad trans, puesto que muchas veces no se indica la pertenencia o no de la víctima a una organización o movimiento social. Esto nos impide tener una visión más certera del nivel de involucramiento en la lucha por sus derechos de las personas alcanzadas por este informe. Por otro lado, muchas veces la percepción de impotencia como individuos hace que quedemos en silencio y que no nos sumemos a un esfuerzo colectivo por reclamar nuestros derechos. Por eso, es importante remarcar la importancia de seguir generando acciones para visibilizar y generar respeto por la diversidad de género, participar políticamente y exigir el cumplimiento de los derechos humanos.
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¿La víctima formó o forma parte de una organización? 5.97%
94.03% Sí
No
B. Violaciones al derecho al acceso a la salud Argentina posee una de las mejores leyes de identidad de género del mundo, la cual incluye un artículo específico referido al derecho al acceso a la salud integral. Sin embargo, sigue siendo uno de los países donde este derecho se ve afectado debido a la falta de profesionales capacitados, además de una gran demanda insatisfecha, con turnos postergados desde hace más de dos años, agravado esto por la situación de pandemia. Las cirugías de adecuación corporal son limitadas por la falta de asistencia en los hospitales públicos y la falta de implementación del Art. 11 de la Ley 26743. Nuestros cuerpos continúan en peligro. En febrero de 2021, M. A. junto a otra compañera, se dirigió al hospital CATEC, ubicado en la Localidad de San Martín, Buenos Aires, para informarse si en ese lugar realizaban el procedimiento quirúrgico para retirar la silicona líquida (una afección de miles de compañeras en el país). Desde ATTTA se la asesoró sobre el Art. 11 de la Ley de Identidad de Género, que garantiza el goce de la salud integral, el acceso a intervenciones quirúrgicas parciales y/o tratamientos hormonales para adecuar su cuerpo a su identidad de género. Al llegar y consultar, la derivaron con una cirujana (M. no recuerda su nombre) quien, de manera muy agresiva, le dijo que ellas “deberían sacarse el miembro y no querer tetas”. M. nunca pudo exponer su situación y se sintió muy mal pues esta doctora reaccionó de manera inapropiada. Las dos se retiraron del lugar y nunca realizaron la denuncia. Como ellas, muchas compañeras siguen sin gozar de los beneficios que brinda la ley. La falta de capacitación y empatía de los profesionales hace que las compañeras desistan de atenderse y sufran en el silencio de sus casas. Cuando un profesional humilla o minimiza el dolor o la incomodidad de una compañera, puede llegar a poner en riesgo su vida. Por ejemplo, muchas personas se hormonizan por su 17
cuenta, o se someten a intervenciones para modificar su cuerpo en lugares poco salubres y sin habilitación. Cómo observamos en el gráfico, la falta de una salud integral sigue siendo la primera causa de muerte por enfermedades tratables. En lo que va del año se perdieron 55 vidas que podían haber sido salvadas. Nuestra Red Nacional de ATTTA trabaja continuamente para hacer más alcanzable el acceso a la salud integral, tanto a través de capacitaciones al personal de salud, como de difusión de información y jornadas de empoderamiento con las compañeras. Pero también debe existir un compromiso asumido por los agentes de salud, para lograr que la salud sea accesible, integral y sin discriminación.
Tipo principal de abuso o violación 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
55.22%
14.93% 2.99%
4.48%
1.49%
5.97%
4.48%
4.48%
4.48%
1.49%
Como mencionamos brevemente, para paliar la falta de implementación del Art. 11, desde nuestra organización impulsamos su ejecución a través de diferentes programas nacionales. Parte de esta estrategia es la revinculación de nuestras compañeras con el sistema de salud público. A través de un relevamiento de la situación sanitaria de nuestra población, pensamos distintas estrategias para que vuelvan a integrase al sistema. Para garantizar un mayor acceso a los servicios de salud integral y un incremento de los servicios y profesionales con perspectiva de género, desde hace diez años ATTTA impulsa un plan estratégico de creación de Consultorios Inclusivos. Estos consultorios promueven una visión integral y diversa de la salud, que incluye a profesionales de distintas especialidades (clínica, endocrinología, cirugía, psicología y trabajo social), y responde a cuestiones prácticas como la dificultad de conseguir turnos o los costos de los estudios. Sus 18
profesionales ejercitan una mirada no binaria sobre los cuerpos y atienden a necesidades concretas de la población, como los planes de hormonización y la contención psicológica para transitar ese proceso. Esta exitosa experiencia ha sido replicada por distintos organismos a lo largo del país. Está claro que nuestra salud es importante, por eso, desde las organizaciones intentamos compensar las ausencias del Estado cuando se trata de resolver las necesidades de salud integral de nuestra comunidad.
C. Violaciones al derecho de acceso a la justicia La mayoría de los hechos de violencia sufridos por la comunidad no son denunciados. Y si lo son, en general no son caratulados como travesticios, trans femicidios o crímenes de odio. Lamentablemente, al no quedar registrada esta especificidad, se invisibiliza el contexto y las razones por las que nuestra comunidad es violentada.
¿Realizó una denuncia formal?
27% Sí No
73%
Por otra parte, la mayoría de los casos no superan la etapa inicial de investigación, el autor de la violencia en general es desconocido y si hay algún testigo, no desea involucrarse. De este modo, el caso queda archivado, hay vidas perdidas o sobrevivientes que sufren secuelas físicas y psicológicas y todo esto con una notable ausencia de justicia.
19
Autor principal de los hechos 100% 90% 80% 70%
64.18%
60% 50% 40% 30% 20% 10%
13.43%
11.94%
Pareja
Individuo civil
8.96%
1.49%
0% Cliente de trabajo sexual
Ns/Nc
Otro
D. Violaciones al derecho de acceso al trabajo Los datos procesados nos muestran que casi un 90% de las personas trans incluidas en este informe, son trabajadoras sexuales. Sólo un 1.4% posee un trabajo formal. Una de las mayores limitaciones que impone la sociedad a la población trans y no binaria es el acceso al trabajo formal. Por este motivo, ante la necesidad de subsistir muchas personas trans deben recurrir al trabajo sexual o buscar algún tipo de trabajo informal. La falta de reconocimiento como sujetos de derecho, negado por tantos años, tiene una traducción directa en las dificultades para ingresar al mercado laboral y, desde luego, el carecer de oportunidades de capacitación forma parte de un sistema excluyente. Confiamos en que la Ley de Acceso y Promoción del Empleo sume esfuerzos hacia el pleno empleo de nuestra comunidad pues a la dificultad de conseguir un empleo, se suma las condiciones de peligrosidad en la búsqueda y ejercicio de éste. El 15 de julio de 2021, D.A, F. C, y Y. M. fueron agredidas por un grupo de personas cis en la Zona Roja ubicada en Santa Catalina. Estos hechos vienen sucediendo ya hace más de un año, pero el ambiente hostil se agudizó por la pandemia. Las victimas recibieron golpes y heridas de arma blanca; a una de ellas le dieron siete puntos en la cabeza. Esto ocurre por el miedo, al no poder defenderse pues las atacantes son mujeres cis, y al mismo desinterés de las fuerzas de seguridad que no asisten cuando se las llama. Desde ATTTA se tomaron las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder, se presentaron las notas correspondientes, pidiendo audiencia con el Jefe de la Policía y el Ministro de Seguridad para pedir más compromiso y responsabilidad cuando una compañera denuncia esta clase de hechos, y 20
también por las denuncias que realizó la compañera D. Caso relevado por ATTTA en CeDoSTALC luego del acompañamiento que se brindó a las víctimas. Los constantes ataques a los que se ven sometidas las trabajadoras sexuales o el caso del joven Tehuel de la Torre, muestran un panorama donde no se cumple nuestro derecho constitucional a tener un trabajo y por vivir de él. Tehuel de la Torre, es un varón trans que desapareció el 11 de marzo en Alejandro Korn, Provincia de Buenos Aires. En noviembre, la Justicia resolvió acusar a los dos detenidos de homicidio en contexto de odio a la identidad de género. Tehuel desapareció cuando se dirigía a una entrevista de trabajo que un conocido le había ofrecido; Luis Alberto Ramos. El cuerpo sigue sin aparecer, y las fuerzas de seguridad siguen sin dar con su paradero pese a las últimas pruebas de ADN encontradas. El derecho al trabajo es una gran deuda que tiene el Estado y Tehuel fue víctima de ese derecho negado por tantos años.
E. Violaciones al derecho a la educación Si bien existen experiencias positivas para el acceso a la educación de las personas trans, el sistema educativo en general tiende a excluir a las personas travestis, trans y no binarias. Un gran porcentaje deja la escuela en el nivel primario o secundario por no encontrar un lugar de contención y sufrir discriminación incluso por parte de los propios docentes y directivos. Además, los esfuerzos por incluir la Educación Sexual Integral, ESI, (Ley 29150) en las aulas muchas veces se ven frustrados por resistencia de los mismos cuidadores. En los últimos años, se ha buscado incluir las corporalidades trans y no binarias en la currícula de la ESI. Tener un conocimiento integral (psicológico, emocional, social y no sólo biológico) de todas las corporalidades, permite despatologizar y naturalizar las distintas maneras en que se expresa la identidad. Más del 68 % de las personas que sufrieron un hecho de violencia en 2021 no lograron finalizar los estudios secundarios. Esto no significa de ninguna manera que las personas no desean continuar o finalizar su educación, así como acceder al nivel terciario o universitario, sino que carecen de recursos económicos para sostener los gastos que conlleva y, sobre todo, debido a la discriminación sufrida en los espacios educativos que desmotivan a las compañeras.
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Nivel máximo de instrucción alcanzado 100% 90% 80% 68.66%
70% 60% 50% 40% 30%
22.39%
20% 8.96%
10% 0% Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Desde la Red Nacional ATTTA siempre tenemos en agenda la educación, insistimos y exigimos una educación integral libre de discriminación, es especial porque existen en el país varios ejemplos de ejecución de estos programas. Por otro lado, Casa Trans, inaugurada en el año 2017, es un gran espacio de contención, sociabilidad y protección de los derechos humanos de nuestra población; desde su inauguración promovemos allí el derecho a la educación. Cuenta con programas de terminalidad primaria y secundaria, brinda talleres de computación, clases de inglés, apoyo escolar, curso de maquillaje, auxiliar gerontológico, curso de RCP, entre otros. En las distintas provincias donde se encuentran nucleadas activistas de ATTTA se impone en la agenda pública y política el acceso a la educación para nuestra población. Tal es el caso de ATTTA Misiones, a cargo de la Compañera Nazarena N. Fleitas, que integra la mesa de diversidad de la provincia, puso en agenda la educación libre de discriminación desde la primer reunión, llegando a trabajar estrechamente junto a la UPM (Universidad Popular de Misiones), donde se brindan distintos talleres de formación profesional en conjunto con el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), el Ministerio de Trabajo y el Observatorio de Violencia y Género de la provincia. En la provincia de Santa Cruz, ATTTA, a cargo de la compañera Delfina Brizuela, se ha firmado hace poco un convenio con la dirección general de educación para garantizar a nuestra población el acceso a la terminalidad educativa. De este modo fueron capacitadas para un correcto abordaje del tema y armaron un efectivo dispositivo de seguimiento.
22
Nuestra Coordinadora de ATTTA Chubut, Daniela Andrade, en agosto de 2021 firmó un convenio con la Escuela Provincial N° 436 para brindar las herramientas necesarias, asesoramiento y acompañamiento a nuestra población a través de diversos talleres de capacitación. Y así, en cada provincia donde trabajamos, promovemos la educación integral, libre de discriminación y con una mirada integradora, diversa y segura.
F. Violaciones al derecho a la identidad Durante años, las organizaciones han luchado para el reconocimiento de la identidad travesti-trans y no binaria. Ejemplo de activismo en todo el mundo, organizaciones como nuestra Red Nacional ATTTA han logrado el reconocimiento social y jurídico de nuestras identidades. El reconocimiento a nuestro derecho a ser quienes somos, decidir sobre nuestra familia, trabajo, educación. Las infancias trans son un grupo especialmente vulnerable a los prejuicios. Las llamadas “terapias de conversión” son aún una práctica corriente a la que recurren muchos de los cuidadores para “curar” lo que consideran desviaciones del sistema cisheteropatriarcal. La Ley N° 26657 de Derecho a la Protección de la Salud Mental (sancionada en 2010) establece que no puede diagnosticarse una enfermedad mental exclusivamente sobre la base de la orientación sexual o identidad de género. En general, las familias son cooptadas por establecimientos religiosos, quienes argumentan que sus hijos son así por no haber aceptado a Dios y que les espera un futuro en el infierno. L. es un niño trans del interior de Misiones. Comenzó a manifestar su identidad de género verdadera a partir de los 3 años. Ahora, con 8 años, sus cuidadores pensaban enviarlo a “terapia” para “arreglarlo”. Por fortuna, representantes de ATTTA se entrevistaron con la familia y les informaron sobre la Ley de Identidad de Género y que la experiencia de L. es totalmente válida, ante lo cual parecieron recapacitar. Narración de los hechos en base a la entrevista con la familia de L. por Nazarena Fleitas. Las organizaciones se encuentran con un problema a la hora de denunciar estas prácticas porque no hay una legislación que las prohíba expresamente. Seguiremos insistiendo en que se sancionen como ilegales. Otro contexto donde se viola sistemáticamente nuestro derecho a la identidad es en todos los estratos del sistema penitenciario. 23
Callate, puto. Vos no podés hablar acá, me dijo un hombre. Me habían ido a buscar a la comisaría 4ta para embarcarme hacia la Alcaldía Roberto Pettinato. Me trajeron con trece hombres que se sacaron las marrocas (las cadenas de traslado) y querían que les chupara el miembro. Estaban con yilets, alfileres y puntas que no sé de dónde los sacaron. Temí que me pincharan una teta o me cortaran la cara. Llamé a la penitenciaria que nos custodiaba y le pedí: ‘Señorita, quiero ir al baño. Sáqueme de aquí, por favor’. Entonces ella me pasó una botella para que orine y tuve que sacar el miembro delante de todos esos hombres. Después les pasó la botella a ellos para que orinen delante de mí. Los trece sacaron el miembro y me decían que me iban a tirar con esa botella de 4 litros llena de orina si no se los chupaba. Le pregunté nombre y apellido a la penitenciaria y no me lo quiso dar. Como ese día trasladaron a mucha gente a la Alcaldía, me tuvieron afuera desde las 7 de la mañana que llegó el camión hasta las 4 de la tarde. Las chicas trans no deberían viajar con los hombres. Las compañeras son sometidas a humillaciones y abusos físicos y puestas en el pabellón de varones sin respeto a su identidad. Otras veces, les son negados los medicamentos de hormonización y el tratamiento para las compañeras VIH-positivas. Los compañeros también son dirigidos al pabellón de varones, donde se ven expuestos a situaciones de violencia física y sexual. Las organizaciones que luchan por reivindicar nuestras experiencias y espacios y defendernos contra quienes niegan nuestra identidad, también se ven expuestas asiduamente a intimidaciones y amenazas. En un intento por desacreditar y desalentar nuestra lucha, y guardándose en el anonimato, personas transodiantes se manifiestan violentamente por distintos medios. En nuestra Casa Trans recibimos un mensaje por correo postal cargado de violencia y odio que atenta contra la democracia y pone en riesgo no sólo a la población trans, sino a la sociedad argentina en su conjunto. Exigimos al Estado que disponga de todos los mecanismos necesarios para una investigación y sanción de estos hechos violentos y también mecanismos de protección hacia nuestra población frente a los grupos anti-derechos.
Recomendaciones al Estado de Argentina
•
Creación de lugares estratégicos de recibimiento y contención de compañeras trans
y no binarios, con personal que pueda dar un seguimiento y acompañamiento especialmente para las poblaciones infantiles y de la tercera edad. •
Inclusión de personas trans y no binarias en más espacios de toma de decisiones.
Escuchar las opiniones de los destinatarios de las políticas públicas y profundizar el trabajo
24
territorial. •
Reforma nacional de la Ley de Actos Discriminatorios.
•
Sanción de la Ley Integral Trans, que contemple la reparación histórica de las
vejeces trans. •
Garantizar el real acceso al trabajo en cumplimiento con el Cupo Laboral, basado en
las aptitudes individuales de cada persona y reconociendo el valor que puede aportar su experiencia de vida. •
Generar programas de acercamiento a la comunidad trans y no binaria en zonas
rurales. •
Capacitar al personal de salud pública en perspectiva de género, en cumplimiento
con el artículo 11 de Ley de Idetnidad de Género. Formar profesionales que ejerciten la escucha empática y libre de prejuicios y que tenga una visión más integral de la salud. Incrementar la cantidad de consultorios inclusivos. •
Promover programas de reinserción educativa. Otorgamiento de becas e incentivos
económicos para la finalización de los niveles primarios y secundarios y el acceso a la capacitación superior. •
Crear y promover programas de inclusión e integración para personas trans que
solicitan asilo y refugio en el país. •
Capacitar a la Justicia en perspectiva de género, para que contemplen en todos los
casos el agravante de crimen de odio. •
Garantizar el efectivo cumplimiento de la Ley de Identidad de Género, la Ley de
Promoción de Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins” y el DNI para personas no binarias. •
Capacitar a las Fuerzas de Seguridad en perspectiva de género para frenar los
abusos de poder. •
Implementar efectivamente en todos los niveles educativos el Programa Nacional de
Educación Sexual (ESI – Ley Nacional N°26150), que promueve una visión diversa y no binaria de las corporalidades e identidades y expresiones de género y sexualidad. •
Rever los Códigos Contravencionales que atentan contra el bienestar de la
comunidad. •
Impulsar la sanción de una legislación que prohíba expresamente las llamadas
“terapias de conversión”. •
Tomar medidas urgentes que garanticen la seguridad y el respeto a la identidad de
género de las personas privadas de su libertad, en todos los niveles del sistema penitenciario. 25
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Datos de contacto Nombre de la organización: ATTTA Red Nacional Mail institucional: info@attta.org.ar Número de teléfono: Página web: http://attta.org.ar/ Redes sociales: www.facebook.com/ATTTAOFICIAL www.instagram.com/atttarednacional www.twitter.com/ATTTA_Nacional
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