NO MUERO ¡ME MATAN!
“Ecuador, presenta el informe nacional “No muero, ¡me matan!”, denunciando la constante vulnerabilidad por identidad de género de las mujeres trans en un Estado que no cumple su deber de garantizar derechos; donde no existen medidas para implementar programas de formación y sensibilización dirigidos a la comunidad respecto a temas de educación sexual integral, diversidad sexual y genérica, sexualidades y no discriminación; donde el sistema de justicia a más de estar plagado de dolo en el accionar, continúa teniendo un problema estructural invadido de dogmas y prejuicios sociales que ponen en total indefensión a las mujeres trans. ¡No queremos menos que la igualdad!” Rashell Erazo, Presidenta de la Asociación ALFIL Identidades en Diálogo.
Índice 1.
REDLACTRANS ........................................................................................................................................ 2
2.
Asociación ALFIL .................................................................................................................................... 3
3. Centro de Documentación y Situación Trans en Latinoamérica y el Caribe (CeDoSTALC) ..................................................................................................................................................... 3 Situación de las personas trans en Ecuador ......................................................................................... 4 Metodología para el relevamiento de casos .......................................................................................... 7 Violaciones a los derechos humanos de las personas trans en Ecuador durante el año 2021..................................................................................................................................................................... 10 A.
Vulneración al derecho a la vida y la integración física ................................................... 10
B.
Vulneraciones al derecho a la salud ......................................................................................... 14
C.
Vulneración del derecho a la justicia....................................................................................... 15
D.
Vulneración al derecho a la educación ................................................................................... 17
E.
Vulneración al derecho al trabajo ............................................................................................. 20
F.
Contexto Covid-19........................................................................................................................... 21
G.
Ley de Identidad de Género / Ley Integral Trans .............................................................. 23
Recomendaciones al Estado de Ecuador .............................................................................................. 24 Bibliografía ....................................................................................................................................................... 24 Datos de contacto........................................................................................................................................... 24
1
INTRODUCCIÓN 1. REDLACTRANS La Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (RedLacTrans) fue creada en 2004 y en la actualidad está integrada por 22 organizaciones lideradas por mujeres trans, promoviendo y asegurando que sean éstas quienes hablen por y se representen a sí mismas. La Red promueve los principios de inclusión y participación sin discriminación de ningún tipo, con particular énfasis en la equidad de los géneros, el respeto a las etnias, a las identidades y las expresiones de género, a la edad, al país de origen y/o situación socioeconómica y cultural. La RedLacTrans se encuentra en la actualidad en Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay. Accionamos con el propósito de hacer efectivo el cumplimiento y el ejercicio de los derechos humanos desde y hacia nuestra población a través de estrategias de incidencia política, visibilización, participación y fortalecimiento de nuestras organizaciones en acciones de salud, educación y justicia. Así, nuestra visión se orienta hacia una región sin discriminación ni violencia, con el respeto a nuestra identidad de género y el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales. En este sentido, los distintos informes elaborados desde la RedLacTrans han ido visibilizando las reiteradas violaciones que nuestra población sufre día a día y contribuyendo a la incidencia política de sus organizaciones de base. Asimismo, hemos presentado el informe regional 2016-2017 Esperando la muerte en el 167° y 169° Período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebrados a lo largo de 2018 en Bogotá, Colombia, y Denver, Colorado, Estados Unidos; la Guía de recomendaciones sobre la atención integral a la salud de la salud de las mujeres Trans en Latinoamérica y el Caribe ante autoridades de la salud y activistas mexicanas, en enero de 2019 en Guadalajara, México y en las en las reuniones de incidencia política lideradas por la RedLacTrans ante representantes de Agencias de las Naciones Unidas en marzo de 2019 en Ginebra, Suiza; y se presentó el Informe Regional 2018 Basta de Genocidio Trans en la 49° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio de 2019 en Medellín, Colombia. Cabe mencionar que previa a la realización de este informe, y durante el confinamiento decretado por los diferentes países de la región como medida preventiva de 2
contagio ante la crisis generada por la pandemia de COVID-19 y ante la falta de respuesta estatal, hemos lanzado -en formato virtual- los informes Las vidas Trans en tiempos de pandemia y Paren de matarnos. Informes que nos ha permitido visibilizar la situación de las personas trans de América Latina y el Caribe y con los que hemos podido denunciar la situación de extrema pobreza y exclusión social a la que nos vemos expuestas las personas trans ante la falta de políticas públicas y de voluntad política para mitigar el estigma y la discriminación estructural que recae sobre nuestros cuerpos.
2. Asociación ALFIL Asociación Alfil es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, con personería jurídica, que trabaja bajo la figura de sociedad civil, organizada en temas de incidencia política, defensa de derechos y salud integral a favor de las diversidades sexo-genéricas en Ecuador, con capacidad de articular acciones de asocio con redes nacionales e internacionales.
3. Centro de Documentación y Situación Trans en Latinoamérica y el Caribe (CeDoSTALC) En la región se evidencia la falta de conocimiento e información sobre la situación social de la población trans. En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó recolectar información estadística de manera sistemática sobre la violencia contra las personas LGBT en América Latina y el Caribe. En general, las escasas estadísticas existentes señalan que una de las formas más extremas del estigma y la discriminación hacia las personas trans en América Latina es la violencia social e institucional. Si bien la violencia en América Latina y el Caribe afecta a toda la población, las personas trans la sufren en forma desproporcionada por ser víctimas de crímenes de odio y por la impunidad que rodea a estos crímenes. El estigma social y la discriminación se acrecientan cuando las personas trans adquieren VIH-SIDA, constituyendo una barrera importante que impide acceder a los servicios de tratamiento y apoyo. Como respuesta a esta situación, la RedLacTrans ha puesto en marcha el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CeDoSTALC), que permite obtener información de primera mano a partir de la recepción de denuncias sobre las violaciones y vulneraciones de derechos humanos que sufre la población trans en la región. El CeDoSTALC se constituye como un sistema comunitario para recopilar 3
información, monitorear y brindar respuesta a las barreras que impiden el acceso a los derechos humanos de la población trans en la región. Dicho sistema se ancla en una plataforma virtual de recolección de casos que posibilita la circulación y centralización de la información de las OTBN (Organización Trans de Base Nacional) con la Secretaría Regional de la RedLacTrans. Oportunamente, para la puesta en marcha del CeDoSTALC, la RedLacTrans realizó talleres de capacitación a fin de que una mujer trans se desempeñara como documentadora de vulneraciones a los derechos humanos en su territorio. Se trata de una estrategia que garantiza el éxito en la documentación debido al acercamiento directo hacia su misma población. La RedLacTrans reconoce el apoyo brindado por Robert Carr Fund, por el trabajo de documentación y elaboración del presente informe. Este proceso ha demostrado que el trabajo en asocio entre diferentes organizaciones es la estrategia que asegurará la continuidad del CeDoSTALC para disminuir las violaciones a los derechos humanos que sufren las personas trans en América Latina y el Caribe.
Situación de las personas trans en Ecuador
Las personas trans en Ecuador no estamos exentas de las vulneraciones y violaciones a los derechos humanos, tal como sucede con nuestra población a lo largo de Latinoamérica y el Caribe. Este panorama complejo de violencia estructural se perpetúa en la sociedad por la falta de legislaciones afirmativas, como lo es la ausencia del reconocimiento legal de la identidad autopercibida. Es decir, existen por un lado barreras estructurales que impiden el acceso a los derechos humanos y, por otra parte, existe en el imaginario social un estereotipo patologizante de nuestras identidades trans. Esta fórmula tiene como resultado pobreza, exclusión social, estigma y discriminación. Como hemos expuesto en informes anteriores, las problemáticas que debemos enfrentar las personas trans se vinculan con la falta de acceso a la salud integral, la expulsión del sistema educativo, la falta de inclusión laboral y la falta de acceso a la justicia, entre otros. En Ecuador existen legislaciones que amparan o protegen los derechos de la población LGBT+, como lo fue la despenalización de la homosexualidad en el año 1997, o el 4
matrimonio igualitario en el año 2019. A su vez, en el año 1998, Ecuador fue el primer país de las Américas en incluir en la Constitución a la orientación sexual dentro de las categorías contra la discriminación, y en el año 2008 se sumó a estas categorías la identidad de género. Pese a esto, las personas trans en el Ecuador seguimos siendo víctimas de violaciones a los derechos humanos. Esto hace evidente la necesidad de seguir reforzando acciones de visibilidad para generar cambios sociales e impulsar leyes como la Ley de Identidad de Género. Respecto al Código Penal, se han incluido en su tipificación los delitos de discriminación y actos de odio por orientación sexual o identidad de género, actos que figuran como una contravención de cuarta clase en el mismo cuerpo legal, brindando mayor protección para las personas trans. Esta tipificación se registra en los siguientes artículos: Artículo 176.- Discriminación. La persona que salvo los casos previstos como políticas de acción afirmativa propague practique o incite a toda distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o estado de salud con el objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Artículo 177.- Actos de odio. La persona que cometa actos de violencia física o psicológica de odio, contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad, estado de salud o portar VIH, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si los actos de violencia provocan heridas a la persona, se sancionará con las penas privativas de libertad previstas para el delito de lesiones agravadas en un tercio. Si los actos de violencia producen la muerte de una persona, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. Aun así, las personas trans seguimos siendo objeto de burlas, violencia, discriminación y crímenes de odio. A su vez, uno de los principales obstáculos en la 5
conquista de derechos afirmativos para la población trans en Ecuador ha sido la presencia de sectores conservadores y religiosos en los espacios de debate y de toma de decisión, como por ejemplo en el Poder Legislativo.
TIPO PRINCIPAL DE ABUSO O VIOLACIÓN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
43%
36%
5%
2%
4%
2%
2%
5%
2%
En este gráfico se observa que la mayor parte de la población trans (mujeres, hombres y personas no binarias) sufrieron discriminación en diferentes instituciones del Estado y en el espacio público o en sus lugares de trabajo, mientras que otras compañeras trans fueron asesinadas en actos de odio por su identidad de género u orientación sexual, o por actos de la delincuencia. Si bien adoptar sanciones severas con el fin de castigar a los agresores no garantiza que desaparezcan los abusos contra de las mujeres trans, hombres trans y personas no binarias, sin duda ayuda a educar a las personas en temas de diversidad sexual y derechos humanos. Durante el año 2021, la discriminación continuó siendo el principal tipo de vulneración hacia las personas trans; cabe destacar que esta categoría, tal como denunciamos previamente, es la base de la exclusión de los principales servicios: educación, salud, trabajo y todos los derechos garantizados para la población en general. Analizaremos a continuación las consecuencias de esto a lo largo de la vida de las personas trans. Como parte de las acciones de incidencia promovidas por la sociedad civil, desde el año 1997, en el Ecuador se considera el 27 de noviembre como una fecha emblemática. A lo largo de estos años, pero sobre todo desde 2010, abordamos el enfoque de género con una perspectiva trans. Esto ha sido particularmente importante para quienes fuimos protagonistas de la despenalización y los derechos más visibles para la comunidad, en el 6
país y en el mundo. Además, el 27 de noviembre coinciden con el Día Internacional de la Memoria Trans, conocido por la comunidad trans como el #NoviembreTrans. En este año 2021, a pesar de no haber terminado completamente el riesgo de contagio del Covid-19, creemos que la vacunación masiva nos permite mejores condiciones para tomar las calles y visibilizar nuestras luchas como históricamente lo hemos hecho: en las calles. Por ello, desde Trans Pride Ecuador (Orgullo Trans) tenemos estas tres consignas: 1. Conmemoramos la despenalización de nuestras poblaciones gestada en 1997 y recordamos que la mayoría de sus actores han partido a mejor vida. Asimismo, rendimos homenaje con nuestra manifestación a quienes aún nos acompañan. 2. Reivindicamos el Día Nacional de las Diversidades sexo genéricas en Ecuador, cuya emisión fue en el año 2016. 3. Exigimos nuestros derechos en memoria de nuestras compañeras trans asesinadas, recordando que en el año 2020 ocurrieron quince asesinatos y trece más en lo que va de 2021, todos con un alto grado de violencia. Los resultados de la “Encuesta para identificar vulnerabilidades en la población LGBTIQ+, en el marco de la pandemia del COVID-19” muestran que hay porcentajes más altos de desempleo entre las personas de este grupo poblacional que se identifican como transexuales y travestis. Por ejemplo, el porcentaje de desempleo osciló entre el 38 % y el 83 %, si a los encuestados se los distribuye según su identidad de género. En transexuales fue del 38 %, en transmasculinos 43 %, en transfemeninos 50 % y en travestis 83 %.
Metodología para el relevamiento de casos Este informe es el resultado del trabajo llevado a cabo por las activistas de la RedLacTrans quienes documentaron las vulneraciones a los derechos humanos que vivencian día a día. El objetivo de este trabajo es visibilizar estas vulneraciones como una muestra de la realidad de la región. Esto permitió elaborar numerosos informes que dan cuenta de la situación de las personas trans en distintos territorios, así como cinco informes regionales: •
El informe titulado Esperando la muerte, corresponde al período 2016-2017;
•
Basta de genocidio trans, corresponde al período 2018;
•
Paren de matarnos, corresponde al período 2019-2020;
•
Las vidas trans en tiempos de pandemia, corresponde al año 2020;
•
y el presente informe, titulado No muero, ¡me matan!, corresponde al período
2021. 7
Todos ellos constituyen instrumentos sólidos para revertir los históricos contextos de violencia y estigma padecidos por nuestra población. En cuanto a la sistematización de datos, importa señalar que su relevamiento se dirige a compensar en la mayor medida posible la evidente falta de información pública sobre la situación de la población trans en América Latina y el Caribe. Ello es especialmente urgente en contextos en que los Estados no sólo no brindan respuesta a tal carencia, ni promueven la participación de las organizaciones trans territoriales en este tipo de relevamiento, sino que ni siquiera prestan colaboración mediante la sistematización de datos, lo que constituye un desafío también para futuros relevamientos. Y si bien los datos relevados son reales y concretos, resultan insuficientes para expresar cabalmente la realidad, pues resulta imposible registrar en forma exhaustiva todas las vulneraciones a los derechos humanos que las mujeres trans padecen cotidianamente en nuestra región. Esto puede deberse a numerosos motivos, mencionaremos entre ellos el alarmante nivel de vulneración de sus derechos, su invisibilización tanto por parte de particulares como por parte de los Estados, las restricciones en el acceso a la justicia y, en líneas generales, el propio accionar del Estado y la falta de confianza en el mismo por parte de la población afectada. Como ya fue explicado en oportunidad de presentar la metodología aplicada en la elaboración de los informes regionales 2016-2017 y 2018, todos los reportes son resultado de una historia de trabajo comunitario entre las Coordinadoras Nacionales. Para hacerlos posibles, las Coordinadoras Nacionales de la RedLacTrans acordaron en abril de 2017, en el marco del Taller Regional de Buenos Aires, los criterios de cada una de las sub-regiones, Cono Sur, Andina y Centroamérica, para llevar a cabo las tareas de relevamiento, documentación y sistematización. Además, en aquella instancia se revisó y validó la herramienta de toma de casos de vulneraciones, la cual fue implementada de manera unánime por todas las Organizaciones Trans de Base Nacional. A partir de estos insumos, la RedLacTrans dio inicio al desarrollo de un software acorde con las necesidades de nuestra población. Pero, a fines de 2018, este software sufrió vulneraciones en su seguridad por lo que la compañía creadora lo dio de baja. En respuesta a esta situación, la Secretaría Regional de la RedLacTrans estableció como objetivo la creación de una plataforma propia para continuar con el trabajo de las documentadoras trans, la cual funciona regularmente desde mayo de 2019. En el mes de mayo de 2017, la RedLacTrans llevó a cabo un taller de entrenamiento en documentación de casos de vulneraciones a los derechos humanos en la ciudad de San 8
Salvador, El Salvador, donde las promotoras de derechos humanos de América Latina se capacitaron en recolección de casos y su carga al sistema virtual. Este taller marcó el inicio de un proceso de documentación regido por el uso de herramientas estandarizadas en todos los países, de manera que la documentación en la región sea llevada a cabo bajo los mismos criterios. Dos meses después, bajo la modalidad de prueba piloto, se dio inicio a la documentación de casos en 17 países y las activistas de cada organización de base nacional comenzaron a relevar los casos de vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres trans, a cuyo conocimiento pudieron acceder en sus respectivos territorios. En este aspecto, se debe resaltar la profundidad del conocimiento que tienen las Organizaciones Trans de Base Nacional sobre la información a relevar en sus territorios, donde viven las activistas trans y también sufren vulneraciones a sus derechos. En esos mismos territorios trabajan para desarrollar dispositivos propios de intervención frente al irrespeto de sus derechos que, como se dijo más arriba, ellas pueden contarnos “de primera mano”. Además, las tareas de registro fueron coordinadas y supervisadas desde la Secretaría Regional ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Como parte del monitoreo del proyecto, se celebraron dos instancias presenciales para identificar obstáculos y lecciones aprendidas a lo largo de los primeros meses, en el marco de los Talleres Subregionales de Incidencia Política, en Quito (septiembre 2017) y en Ciudad de México (octubre 2017). A partir de los insumos que cada organización de base nacional produjo y sistematizó en sus reportes pudieron elaborarse los informes regionales Esperando la muerte, Basta de genocidio trans, y el informe Paren de matarnos sobre los períodos 2016-2017, 2018 y 2019-2020 respectivamente. Así las cosas, este informe refleja un análisis situacional respecto de las vulneraciones a los derechos humanos de las personas trans en la región y propone una serie de recomendaciones dirigidas a los Estados de las Américas con el objeto de que arbitren los medios necesarios para asegurar a las personas trans el goce efectivo de todos los derechos, que largamente nos han sido negados.
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Violaciones a los derechos humanos de las personas trans en Ecuador durante el año 2021 La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 11, numeral 2, manifiesta: Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio– económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. Aun así, y como venimos denunciando desde hace más de 25 años, las personas trans en Ecuador no gozamos del acceso a los derechos humanos. Inicialmente, por la falta de una Ley de Identidad de Género, originada en la ausencia de voluntad política lo cual trae como consecuencia la exclusión social.
A. Vulneración al derecho a la vida y la integración física El derecho a la vida es un atributo del ser humano que le permite ejercer los demás derechos fundamentales. Se trata de un derecho absoluto que no puede ser suspendido de forma alguna, ni siquiera en situaciones excepcionales, y que debe estar protegido por la ley. Esta protección queda establecida en la Constitución ecuatoriana, artículo 66, apartado primero: “…se garantiza y reconoce a las personas el derecho a la inviolabilidad de la vida…”. Este derecho está incluido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, junto con otros, como el derecho a la vivienda, que forma parte del ciclo de vida de una persona.
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LUGAR DE RESIDENCIA ZONA URBANA
ZONA RURAL.
5%
95%
Tal como se observa en el gráfico, la gran mayoría de la población trans reside en la zona urbana, pues dejan el interior del país en busca de nuevas oportunidades. Pero al encontrar discriminación y odio por parte de la sociedad, se genera una situación de vulnerabilidad extrema, caracterizada por el aislamiento y la insuficiencia de recursos para sobrevivir. Cuando mencionamos la pobreza y exclusión social, también nos referimos a las precarias condiciones habitacionales a las que somos expuestas las personas trans. En muchos casos, no estamos en condiciones de alquilar pues carecemos de trabajos registrados que verifiquen nuestros ingresos mensuales, y tampoco tenemos otros beneficios sociales. El derecho a la integridad física es intrínseco al derecho a la vida, integridad que debe garantizarse en lo físico, psíquico, moral y sexual. Este derecho debe ser garantizado por el Estado en todas sus dependencias y jurisdicciones, adoptando todas las medidas necesarias para hacer realidad una vida libre de violencia y de tratos inhumanos o degradantes. En el año 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el informe Registro de Violencia contra Personas LBGT, que documenta asesinatos y otros graves actos de violencia contra personas de la diversidad sexo genérica durante un período de quince meses (entre el 1º de enero de 2013 y el 31 de marzo de 2014). Según el informe, 80 % de las mujeres trans asesinadas en la región tenían 35 años de edad o menos. En cuanto a los impedimentos para una vida digna, el informe registra la exclusión, la discriminación y la violencia en la familia, la escuela y la sociedad en general; la falta de
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reconocimiento de la identidad de género; ocupaciones que las colocan en un mayor riesgo de sufrir violencia (trabajo sexual); y un alto grado de criminalización. La prensa reseña el caso de una compañera trans asesinada en la Penitenciaria del Litoral que constata esta situación: Helen Maldonado tenía 29 años, era mujer trans y fue una de las 68 personas privadas de la libertad brutalmente asesinadas la noche del 12 de noviembre de 2021, durante la última masacre en la Penitenciaría del Litoral, en la provincia de Guayas. Maldonado ocupaba una celda en el pabellón 2 donde se registró la mayor cantidad de muertes. Estaba presa por posesión de ‘H’, “para consumo no de venta”, asegura Odalys Cayambe, vocera de la organización de mujeres trans “Vivir Libre”, quien desde el sábado asiste al centro forense policial para reconocer su cuerpo. Helen había cumplido 14 meses de los 30 en prisión a los que fue sentenciada. Todavía no ha sido posible reconocer en algún cuerpo un tatuaje que “ella tenía en la mano y la espalda”, cuenta Cayambe, quien sospecha que Helen sería una de las personas cuyos cuerpos fueron incinerados.
AU TO R D E LO S A B U S O S O V I O L A C IO N ES 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
36% 5%
14% 2%
2%
2%
2%
5%
9%
2%
4%
2%
5%
9%
2%
Resulta alarmante observar en el gráfico que los individuos civiles constituyen un considerable 36 % de vulneradores de derechos, y que 14 % corresponda a agentes del Estado, cuando precisamente son quienes deberían servir a la ciudadanía sin estigmas ni prejuicios, como actores sensibilizados y respetuosos ante todas las personas, sin discriminación alguna, para garantizar así una igualdad real y goce efectivo de derechos y oportunidades. 12
El Art. 66, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: Se reconoce y garantizará a las personas: el derecho a la integridad personal, que incluye: La integridad física, psíquica, moral y sexual, Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual, y la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes. Sin embargo, las personas trans somos víctimas de un sistema machista, patriarcal y heterosexual que nos impide el acceso a los derechos humanos. Como vemos en el siguiente gráfico, las personas trans no tenemos acceso al derecho a la vida ni en el ámbito público ni en el ámbito privado.
DÓNDE OCURRIERON LOS ABUSOS O VIOLACIONES 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
32% 9%
14% 2%
2%
7%
7%
2%
9%
11%
4%
2%
CANTIDAD
De acuerdo con nuestros registros, 32 % de los abusos o violaciones ocurrió en los domicilios de las personas trans, 14 % en la vía pública y 11 % en instituciones del Estado. Está claro que no se trabaja lo suficiente para eliminar los crímenes de odio, por tal razón, estos hechos de abuso y violación siguen perpetuándose con impunidad ante la falta de acceso a la justicia para las personas trans.
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B. Vulneraciones al derecho a la salud Los principios de la Organización Mundial de la Salud (1946) afirman: La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. (…) Los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar la salud de sus pueblos, la cual solo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas. Por su parte, el Estado de Ecuador establece en su Constitución el derecho a la salud como un derecho humano. En este sentido, son fundamentales los artículos 358 al 366 de la Constitución pues proclaman el derecho a la protección de la salud y establecen al respecto los derechos y deberes de todos los ciudadanos. Lo que hoy se exige a los poderes públicos y privados es que presten un mejor servicio a fin de respetar de la dignidad del ser humano, principal característica del Estado constitucional de derechos y justicia. Art. 32. La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. A pesar de esto, las personas trans no gozamos del acceso a la salud integral ni de calidad. Por el contrario, cuando nos acercamos a un servicio de salud debemos enfrentar el abuso de poder, los malos tratos y, sobre todo, la falta de sensibilización. Con frecuencia el acoso es verbal y comienza por el personal de seguridad en el servicio de salud. Y dada la falta de profesionales capacitados en las problemáticas específicas de la población trans, también se registran vulneraciones por parte de los profesionales médicos o del equipo de enfermería. En relación a las consultas sobre infecciones de transmisión sexual, se presentan vulneraciones al derecho a la confidencialidad (sobre todo cuando son personas VIH+ que
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asisten a citas médicas). Cabe destacar que la falta de información abunda en los servicios de salud. Por otra parte, en Ecuador las cirugías son clandestinas, y realizarlas de forma legal, segura y con acompañamiento médico tienen un costo muy elevado; también se registra escasez de hormonas. De ahí que haya muertes causadas por estas situaciones. La falta de acceso al empleo formal también se vincula con la falta de acceso a la salud integral, dado que a menudo el empleo permite contar con beneficios sociales, como la salud. De los datos recopilados en este informe, 96 % de las personas trans no tiene acceso a la salud efectiva y de calidad pues carece de un trabajo formal. La precarización habitacional a la que ya hicimos mención también repercute en la salud. La falta de acceso a los servicios o de condiciones de higiene se ven agravados por la ausencia de políticas públicas de asistencia sanitaria y servicios médicos especializados dirigidos a la población trans. En la mayoría de los casos, lo expuesto hasta el momento genera temor y desconfianza en los servicios de salud. De esta forma, en algunas situaciones, las muertes trans se dan por enfermedades tratables y ante la ausencia estatal. En cuanto a datos y estadísticas generadas por los gobiernos para medir el impacto de sus decisiones, lamentablemente no existe registro de la situación trans en el acceso a la salud. Esta invisibilización solo genera más muertes y exclusión social.
C. Vulneración del derecho a la justicia Muchas mujeres trans, hombres trans y personas no binarias fueron discriminadas, asesinadas y sus derechos fueron violentados. Y si bien algunas de estas personas presentaron la denuncia, otras no lo hicieron porque también son discriminadas, rechazadas por su vestimenta o por su identidad de género, por los mismos agentes o fiscales que reciben las denuncias. Por estos motivos las compañeras trans desisten de formalizar sus denuncias, pues temen ser víctimas de más atentados contra sus vidas, o de revictimización por parte de los mecanismos utilizados por quienes administran justicia.
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REALIZÓ LA DENUNCIA
32%
SI NO
68%
El Código Orgánico Integral Penal establece: Art. 151.- Tortura. - La persona que, inflija u ordene infligir a otra persona, grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica o la someta a condiciones o métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental, aun cuando no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico; con cualquier finalidad en ambos supuestos, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. (…) 3 Se cometa con la intención de modificar la identidad de género u orientación sexual. Citamos un caso de intimidación, extorsión y amenaza que sufrió una compañera trans al ser vulnerados sus derechos: Pongo en conocimiento señora Fiscal, con fecha 12 de septiembre del 2021, aproximadamente a las 14 horas, en circunstancia que me encontraba en mi lugar de trabajo de nombre peluquería Maite, ubicado en la calle Toacazo y Sigchos, sector La Gatazo de la ciudad de Quito, de pronto llegó nuevamente el señor Carlos Andrés Restrepo Betancur, de nacionalidad colombiana, quien de manera abusiva y con malas palabras me amenazó diciéndome que me va a pegar y me va a matar si no le dejo entrar a mi negocio. Debo manifestar que ya son varias ocasiones que este señor me amenaza, incluso ha ocasionado daños en mi negocio. Con estos antecedentes expuestos presento la denuncia de intimidación a fin de que se investiguen los hechos narrados. Caso registrado en CeDoSTALC Ecuador luego de que la víctima interpusiera la denuncia formal Cabe recalcar que esta denuncia formal hasta el día de hoy no ha tenido respuesta, lo cual constata la nula respuesta del Estado ecuatoriano. Por otra parte, el 68 % de las denuncias realizadas formalmente, fueron apoyadas por el acompañamiento y asesoramiento de ALFIL a las víctimas; esta estrategia forma parte de las acciones de incidencia que persigue la asociación para lograr el acceso igualitario a los 16
derechos humanos. También indagamos si las víctimas registradas por CeDoSTALC Ecuador 2021 forman o formaron parte de una organización:
FORMÓ PARTE DE UNA ORGANIZACIÓN
SI 30%
NO 70%
Como podemos ver, solo el 30 % acciona en una organización. Esto es importante pues, tal como expresó la presidenta de ALFIL, Karina Rashell Erazo Chamorro: Solo a través de la visibilidad de nuestras identidades trans lograremos promover el acceso y goce pleno de los derechos humanos. Las conquistas del movimiento trans en Ecuador nos empoderan y marcan el camino hacia una sociedad más justa, libre e igualitaria.
D. Vulneración al derecho a la educación El artículo 26 de la Constitución ecuatoriana indica: La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e Inexcusable del Estado. (…) Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. El Sistema Nacional de Educación de Ecuador se encuentra conformado por los niveles de educación inicial, general básica, bachillerato y educación superior. Siguiendo consensos internacionales, la educación ha adquirido el carácter de universalización, entendiéndola como un factor clave para el desarrollo social y económico. En este sentido, la Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador 17
(LOEI) del año 2011 reconfiguró el sistema educativo promoviendo la calidad del mismo en todos los sentidos. Sin embargo, persisten estructuras que no fomentan la calidad o permanencia en el sistema educativo, así como una ausencia de educación sexual integral que aborde el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Esto último principalmente por la presencia y presión de los sectores religiosos con acceso al poder, lo cual vulnera el principio de laicidad establecido en la Constitución del año 2008, donde además se estableció la gratuidad de la educación. Este contexto genera deserción escolar, principalmente en las poblaciones vulneradas, como la de personas trans. Algunos de los factores de deserción o expulsión del sistema educativo son: bullying, estigma, discriminación sobre la expresión de género e identidad de género de las personas trans, debido a la actitud de otros estudiantes, docentes y directivos, así como de leyes que se convierten en letra muerta al no ser respetadas por las instituciones educativas. Este escenario se complejiza al no contar con el reconocimiento legal de las identidades trans a través de una Ley de Identidad de Género. En cuanto a los estudios superiores, las pocas personas que ingresan soportan un contexto de más burla y discriminación. En el siguiente gráfico observamos el nivel de instrucción máximo alcanzado por las personas trans víctimas de vulneraciones a los derechos humanos en el año 2021:
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO 100% 90% 80% 70% 60% 50%
45%
40% 30%
23%
23%
20% 10%
4%
2%
4%
0% Primaria incompleta
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Universidad incompleta
Universidad completa
No fue a la escuela
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. El artículo 27 de la Constitución describe los elementos constitutivos de la educación que se propone como derecho básico de todos los ecuatorianos. La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. Al respecto, también se expresa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ratificada por el Estado ecuatoriano: Toda persona tiene derecho a la educación. La educación será gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 19
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
La falta de acceso al sistema educativo, así como la permanencia, tiene un grave impacto en el desarrollo de las personas a lo largo de toda su vida, lo cual observaremos en el próximo eje sobre las vulneraciones al derecho al trabajo.
E. Vulneración al derecho al trabajo Sobre los derechos económicos, sociales y culturales, dice la Constitución ecuatoriana: El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia. Sin embargo, existen diversas formas de discriminación y exclusión social que no permiten el acceso formal al trabajo y esto afecta gravemente a las poblaciones vulneradas, como es el caso de las personas trans. Esto no cumple con el Plan de Desarrollo 2017‐2021 donde se ha planteado “Generar trabajo y empleo dignos y de calidad, incentivando al sector productivo” (Política 5.1). Como expresamos en el informe Basta de genocidio trans (2018), el Ecuador ha implementado políticas activas orientadas a la creación de empleo entre diversos grupos poblacionales, entre otros: incentivos para la contratación de jóvenes, inclusión laboral obligatoria del 4 % de personas con discapacidad, políticas de mejoramiento de la calificación profesional otorgando becas; pero poco o nada se ha hecho para mejorar la situación de la población LGBT, en particular de la población trans. La discriminación y exclusión social que denunciamos también existe cuando una persona trans logra acceder a un empleo, pues se presentan situaciones de hostigamiento y agresión por no ser personas que cumplan con los estereotipos de género cis y binarios. Para poder evidenciar esto, se preguntó a las personas trans alcanzadas por este informe sobre su situación laboral actual:
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OCUPACIÓN 100% 90% 80% 70% 60% 50%
41%
40%
29%
30%
16%
20% 10%
4%
2%
7%
2%
0% Trabajo sexual Otro trabajo informal
Trabajadora formal
Activista
Desocupada No sabe / No contesta
Otros
CANTIDAD
Tenemos que 41 % declara dedicarse al trabajo sexual, ejercido en contextos de persecución, criminalización y violencia. La violencia no solo es originada por los clientes de trabajo sexual, pues muchas veces son cometidos por las fuerzas de seguridad. A su vez, 29 % trabaja en ámbitos informales, de lo cual se concluye que existe una falta de acceso a garantías laborales y beneficios sociales. Otras personas trans trabajan en peluquería y cocina, labores mal remuneradas donde, además, por su identidad de género u orientación sexual, son discriminadas en sus trabajos. Para revertir esta situación son necesarias legislaciones que garanticen la inclusión laboral trans a través de plazas en el ámbito público y privado.
F. Contexto Covid-19 Durante el año 2021, las organizaciones de personas trans no fueron convocadas a formar parte de los comités de emergencia. Esto ocurrió principalmente porque los funcionarios con poder de decisión dentro las dependencias estatales responden únicamente a la composición interministerial: Presidencia de la República, Ministerios de Salud, Gobierno, Defensa, Educación, Inclusión Económica y Social, de Trabajo y de Telecomunicaciones. Debemos señalar que no hay políticas públicas, solo se ha trabajado en proyectos y programas para beneficio de las personas trans, pero, como aún no han sido publicados, se desconoce el ámbito de aplicación. 21
Respecto al acceso a la alimentación, un informe de RISMIP afirma: Los resultados de la FAO y los de la Encuesta de Seguridad Alimentaria y Alimentación (ESAA) confirman que es imperioso reducir significativamente la brecha de género en las oportunidades económicas y el acceso a alimentos nutritivos, ya que las desigualdades seguirán ampliándose con factores agravantes como las pandemias o el cambio climático. (…) Estas alzas han sido provocadas, principalmente, por el decrecimiento económico ocasionado durante el COVID-19 y ante la falta de apoyo del Estado, lo que habría ampliado las desigualdades en el acceso a los alimentos. Sobre el acceso a la salud integral, los servicios cerraron hasta adaptarse a la situación creada por la pandemia del Covid-19. Existieron modalidades de tele asistencia y telemática para volver a brindar servicio de modo virtual y telefónico. Y luego comenzó a reinsertarse la atención al usuario de modo presencial con agendamiento de citas presenciales. En este sentido, las personas trans con bajos recursos o sin acceso a medios de tecnología para comunicarse no se vieron beneficiadas. El plan de vacunación en Ecuador, que se inició el 21 de enero de 2021, contempló la vacunación de manera voluntaria para el personal sanitario en primera línea contra la pandemia, así como para personas mayores en centros geriátricos y sus asistentes. Y luego se dio inicio a la vacunación de toda la población del Ecuador, sin distinción de sexo, género o raza y movilidad humana. La Constitución de nuestro país afirma en el Art. 35 que el trabajo es un derecho y un deber social, que todos los ecuatorianos deben gozar de las diferentes oportunidades de empleo que se pueden presentar. Sin embargo, la comunidad trans se ha visto en varias ocasiones privada del libre ejercicio laboral. No hay trabajo. Y las pocas oportunidades que se presentan, registran actos de estigma y discriminación. En Ecuador, ante la ausencia de apoyo estatal, las organizaciones de personas trans recibimos apoyo humanitario para mitigar los daños producidos durante la pandemia. Este apoyo se expresó principalmente con kits de alimentos por parte de las siguientes instituciones u organizaciones: RedLacTrans, Municipio de Quito, Care Ecuador, Kimirina, Ministerio de Inclusión social y Prefectura de Pichincha. La crisis sanitaria nos afectó económicamente, tuvimos que cerrar nuestra oficina porque todos nos manteníamos en cuarentena y no podíamos trabajar. Las compañeras trans fueron desalojadas de sus negocios pues no tenían dinero para pagar arriendos y no podían ejercer el trabajo sexual, ni el estilismo u otras actividades laborales informales. Finalmente, la encuesta mencionada al inicio dejó ver que el 31,8 % de los negocios vinculados al sector LGBT y Trans aseguran haber quebrado durante la pandemia y solo el
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4,5 % de los entrevistados afirmó que sus negocios nunca se vieron afectados. La mayoría de los negocios investigados (50,5 %) tenían su actividad en la provincia andina de Pichincha, cuya capital es Quito, seguida de la costera de Guayas (35,6 %), Azuay (3 %) y Manabí (2 %).
G. Ley de Identidad de Género / Ley Integral Trans La Asociación ALFIL, organización social de las activistas trans, junto a otras organizaciones del país, incidieron ante la Asamblea Constituyente de 2008 realizada en Montecristi, logrando incorporar avances normativos en el texto de la actual Constitución ecuatoriana. Si bien en Ecuador no hay Ley de Identidad de Género ni Ley Integral Trans, existe la nueva Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles (LOGIDAC), publicada en el registro oficial el 4 de febrero de 2016, que permite registrar la voluntad de cambio de sexo por género. Lamentablemente, esta legislación afecta otros derechos humanos por los siguientes motivos: -
Al requerir que las personas trans que deseen acceder a este derecho presenten testigos que acrediten la autopercepción, se vulnera la privacidad y dignidad de las personas, así como el principio de igualdad y no discriminación.
-
Al crearse dos tipos de cédulas de identidad, las cédulas de las personas trans dirían “género” en lugar de “sexo”, lo cual vulnera los derechos antes mencionados.
-
Al excluir a las personas menores de 18 años, niñas, niños y adolescentes trans sufrirían las consecuencias de no tener documentación legal que acredite su identidad autopercibida en ámbitos hostiles, como la escuela o la atención primaria de la salud. Es decir, un nuevo obstáculo a enfrentar dentro de la discriminación. De las personas trans alcanzadas por este informe que sufrieron vulneraciones a sus
derechos por su identidad de género, 89 % corresponde a mujeres trans, 7 % a hombres trans y 4 % a personas no binarias. De esto también se infiere la necesidad de contar con legislaciones específicas para abordar las diferentes problemáticas de la población trans.
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Recomendaciones al Estado de Ecuador Pese a las acciones de incidencia realizadas por ALFIL, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, no se han registrado avances en los cambios legislativos o sociales que se propusieron en el informe 2018 elaborado por esta misma Asociación. Por lo que volvemos a recomendar: Con base en la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y haciéndonos eco del “Manifiesto trans 1er encuentro nacional de liderazgos trans red trans rural, comunitaria y periférica nacional a las autoridades”, expresamos nuestra preocupación ante el Gobierno Nacional, con este firme llamado a dar respuesta a nuestras necesidades, reunidas y concretadas en las siguientes prioridades: 1. Que el gobierno ecuatoriano garantice el derecho la vida de las personas trans, a partir de políticas públicas y leyes claras que definan la “identidad de género” con todas sus letras. Lo que no está escrito no existe; 2. Que el derecho a la identidad de género en el Registro Civil sea reconocido a nivel nacional a partir de la categoría sexo, según sentencias aún no cumplidas por la Asamblea Nacional; 3. Que el Gobierno a través de sus carteras garantice la no discriminación y la no exclusión de las personas trans, revisando la violencia institucionalizada en los discursos de algunos miembros del gobierno, como el de la Primera Dama, quien no reconoce las familias diversas; 4. Que el Gobierno garantice el derecho a la educación de las personas trans y se promueva la eliminación de barreras como el bullying en la niñez, adolescencia y juventud trans; 5. Que se construyan políticas penitenciarias que garanticen la dignidad de las personas trans privadas de la libertad, más allá de las existentes y que son irrespetadas; 6. Que nos garanticen la protección de los derechos de las identidades trans que se visibilizan como defensoras y defensores de derechos humanos, liderazgos políticos o cualquier proceso que no represente un riego para nuestra integridad física y psicosocial; 7. Que generen y aseguren económica y operativamente acciones afirmativas con perspectiva y enfoque en “identidad de Género”, Art. 11 N°2 de la CRE, servicios 24
sociales, subsidios o programas sociales que mitiguen el círculo de pobreza trans y prioricen variables y condiciones interseccionales como lo son: personas trans adultas mayores, con discapacidad, en situación de trabajo de sexual, migrantes, transitantes corporales artesanales, VIH, etc.; 8. Invitamos al Gobierno a garantizar el derecho de la migración, particularmente de las personas trans, toda vez que se restringen sus posibilidades de tránsito y migración a partir de prácticas discriminatorias; 9. Que se cree un modelo de salud no patologizante, que permita los procesos de transición seguros, que se materialice en un sistema de salud digno, diferencial (promoviendo y garantizando innovaciones médicas, científicas, y tecnológicas de calidad). Se exige que la atención en salud para personas trans, no sea exotizante, revictimizante, y contenga el acceso a derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, que se reconozcan nuestros procesos hormonales y cirugías de afirmación del género a partir de la salud pública. 10. Implementar políticas, mecanismos, procesos, recursos, indicadores, de inclusión socio laboral que permitan el acceso digno al trabajo de las personas trans a través de datos nacionales como el INEC; 11. Que en los espacios laborales se impida la exotización, persecución, sobrecarga, desprotección, acoso, maltrato de las personas trans. Invitamos a implementar políticas organizacionales tendientes a la promoción, reconocimiento salarial justo, digno y ascenso laboral. Además, se deben mejorar las condiciones de cualificación para el concurso equitativo de méritos, que posicionen el capital humano trans, de manera progresiva y representativa. 12. Que el sistema educativo, la academia, los políticos/as, personajes públicos y personas en general, no instrumentalicen a las personas trans. Se deben generar las condiciones y regulación para el acceso y permanencia en todos los niveles educativos. 13. Que se estimule y defienda la autoría y liderazgo de las personas trans en procesos investigativos e iniciativas sociales y políticas. La apropiación y/o adjudicación de ideas o iniciativas de las personas trans, por otras personas ajenas a lo trans, es algo muy común en Ecuador. 14. Que se puedan expresar libremente las identidades de las personas trans en las instituciones y espacios públicos. Se debe proteger el derecho a la identidad, sancionando cualquier acción de omisión y con mucho más rigor la discriminación y violencia. Solicitamos la revisión, regulación y acompañamiento de los procesos 25
de investigación ética, disciplinaria y penal en razón de violencias y asesinatos asociados a la identidad de género. 15. Las personas e identidades trans debemos tener participación directa en diferentes espacios como: la toma de decisiones en políticas públicas, la lucha de clases y otros movimientos sociales, los instrumentos políticos, los procesos a cargo de elección popular. 16. Que a través de acciones positivas por parte de las dependencias estatales se recobre la memoria trans, la misma que está siendo tergiversada por personas que, al no existir material histórico, manipulan la historia trans a su conveniencia; 17. Promover y asegurar la participación de personas trans en los ámbitos de debate y toma de decisión donde se garantice el respeto pleno a nuestro derecho a ser partícipes y no una cuota instrumentalizada por las “agencias” que intentan poner, dirigir, y conducir nuestra agenda. 18. Ante ello, instamos a generar los espacios y mecanismos de formación ideológica,
desde una perspectiva transfeminista, que transversalice las luchas sociales, con el objetivo de construir una mejora de la calidad de vida para las personas trans en Ecuador.
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