“NO MUERO, ¡ME MATAN!”- INFORME CEDOSTALC 2021- HONDURAS

NO MUERO ¡ME MATAN!

Elaborado por: Alondra Miranda, Documentadora trans - CeDoSTALC Honduras, con el apoyo de Dany Arturo Rodríguez Montecinos, Consultor.

Coordinación Gabriela Abigail Redondo Rivera Directora y Coordinadora Colectivo Unidad Color Rosa Revisión y seguimiento Equipo de coordinación regional del Proyecto Centroamérica Diversa “Aplicación del Enfoque Basado en Derechos con las organizaciones LGTBI de cinco países de Centroamérica” Edición, Diseño y Diagramación: Secretaría Regional de la RedLacTrans.

Equipo técnico de seguimiento al informe Gabriela Abigail Redondo Rivera, Coordinadora, CUCR. Blanca Isabel Castro García, Asesora legal, CUCR. Sofía Carbajal Inestroza, Monitoreo y observancia del Proyecto Centroamérica Diversa, CUCR. Alondra Miranda, Documentadora Trans de Honduras, de América Latina y el Caribe, CUCR. Nataly Zelaya, Promotoras de Derechos Humanos del Proyecto Centroamérica DIVERSA, CURC. Violeth Castellanos Hernández, Promotoras de Derechos Humanos del Proyecto Centroamérica DIVERSA, CURC. Digitadora de entrevistas Gabriela Paola Cruz Rodríguez Esta publicación se ha realizado con la cofinanciación de la Unión Europea en el marco del Proyecto “Centroamérica Diversa: Aplicación del Enfoque Basado en Derechos con las Organizaciones LGTBI de cinco países de Centroamérica” Código- EUDHR/2019/410-622.

El Contenido de esta publicación es responsabilidad únicamente de los organismos que lo recopilaron y/o de sus autores. No necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

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La Mujeres Trans, desde la visión del Colectivo Unidad Color Rosa, no somos el problema, sino la solución y lo que necesitamos es que nos apoyen, que nos acompañen, que nos acuerpen en toda la gestión sobre las leyes.

Que nos apoyen para que se termine la discriminación, que ya no seamos unas inmigrantes en nuestro país, sino personas con

documentos

que

respeten

nuestra

identidad de género, que seamos libres sin que ya nadie te señale.

Gabriela Redondo, Directora Colectivo Unidad Color Rosa, CUCR.

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“Las personas Trans en Honduras exigimos al Estado la creación de leyes que beneficien a nuestra población para dejar de ser las olvidadas de la Democracia. A través del presente informe nacional, queremos hacer visible las vulneraciones de las que somos víctimas y por lo que urge una ¡Ley de Identidad de Género YA!” Gabriela Redondo, referente nacional de la RedLacTrans en Honduras, Directora del Colectivo Unidad Color Rosa.

Índice 1.

REDLACTRANS ............................................................................................................................................. 4

2.

Colectivo Unidad Color Rosa .................................................................................................................. 5

3.

Centroamérica Diversa ............................................................................................................................. 6

4. Centro de Documentación y Situación Trans en Latinoamérica y el Caribe (CeDoSTALC) .......................................................................................................................................................... 7 Situación de las personas trans en Honduras ........................................................................................... 8 Antecedentes e hitos históricos de las mujeres trans en Honduras – 80s – 2021 ................... 10 Normativa legal en Honduras ........................................................................................................................ 15 Metodología para el relevamiento de casos............................................................................................. 18 Violaciones a los derechos humanos de las personas trans en Honduras durante el año 2021.......................................................................................................................................................................... 20 A.

Vulneraciones al derecho a la salud.............................................................................................. 20

B.

Vulneraciones al derecho a la educación.................................................................................... 21

C.

Vulneraciones al derecho al trabajo ............................................................................................. 24

D.

Vulneraciones al derecho a la justicia .......................................................................................... 25

E.

Migración forzada ................................................................................................................................ 28

F.

Vulneraciones al derecho a la vida y la integridad física ..................................................... 30

G.

Por una Ley de Identidad de Género ............................................................................................ 31

Recomendaciones al Estado de Honduras................................................................................................ 32 Bibliografía ............................................................................................................................................................ 32 Datos de contacto................................................................................................................................................ 32

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INTRODUCCIÓN 1. REDLACTRANS La Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (RedLacTrans) fue creada en 2004 y en la actualidad está integrada por 22 organizaciones lideradas por mujeres trans, promoviendo y asegurando que sean éstas quienes hablen por y se representen a sí mismas.

La Red promueve los principios de inclusión y participación sin discriminación de ningún tipo, con particular énfasis en la equidad de los géneros, el respeto a las etnias, a las identidades y las expresiones de género, a la edad, al país de origen y/o situación socioeconómica y cultural.

La RedLacTrans se encuentra en la actualidad en Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay. Accionamos con el propósito de hacer efectivo el cumplimiento y el ejercicio de los derechos humanos desde y hacia nuestra población a través de estrategias de incidencia política, visibilización, participación y fortalecimiento de nuestras organizaciones en acciones de salud, educación y justicia. Así, nuestra visión se orienta hacia una región sin discriminación ni violencia, con el respeto a nuestra identidad de género y el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales.

En este sentido, los distintos informes elaborados desde la RedLacTrans han ido visibilizando las reiteradas violaciones que nuestra población sufre día a día y contribuyendo a la incidencia política de sus organizaciones de base. Asimismo, hemos presentado el informe regional 2016-2017 Esperando la muerte en el 167° y 169° Período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebrados a lo largo de 2018 en Bogotá, Colombia, y Denver, Colorado, Estados Unidos; la Guía de recomendaciones sobre la atención integral a la salud de la salud de las mujeres Trans en Latinoamérica y el Caribe ante autoridades de la salud y activistas mexicanas, en enero de 2019 en Guadalajara, México y en las reuniones de incidencia política lideradas por la RedLacTrans ante representantes de Agencias de las Naciones Unidas en marzo de 2019 en Ginebra, Suiza; y se presentó el Informe Regional 2018 Basta de Genocidio Trans en la 49° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio de 2019 en Medellín, Colombia.

Cabe mencionar que previa a la realización de este informe, y durante el confinamiento decretado por los diferentes países de la región como medida preventiva de 4

contagio ante la crisis generada por la pandemia de COVID-19 y ante la falta de respuesta estatal, hemos lanzado -en formato virtual- los informes Las vidas Trans en tiempos de pandemia y Paren de matarnos. Informes que nos ha permitido visibilizar la situación de las personas trans de América Latina y el Caribe y con los que hemos podido denunciar la situación de extrema pobreza y exclusión social a la que nos vemos expuestas las personas trans ante la falta de políticas públicas y de voluntad política para mitigar el estigma y la discriminación estructural que recae sobre nuestros cuerpos.

2. Colectivo Unidad Color Rosa El 1 de enero de 2001 nace el CURC, llamado antes de su reconocimiento jurídico “Colectivo Travesti, Transgénero y Transexual”. Obtuvo la personería jurídica según Resolución Nº 126-2010 de la Secretaría de Gobernación y Justicia, bajo su nuevo nombre: Colectivo Unidad Color Rosa. Se trata de una organización dirigida por mujeres trans, que responde a la necesidad de apoyar a las mujeres trans cuyos derechos humanos se ven violados, principalmente en el caso de las mujeres que ejercían el trabajo sexual en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. El principal objetivo de la organización es velar por la situación de derechos humanos de las personas trans y grupos LGB. Es nuestra Misión mantener un espacio propio para la población trans (travestis, transgéneros y transexuales), que ejercen y no el trabajo sexual, con el fin de garantizar el acceso a una salud integral, a una educación plena orientada a su realidad con respecto al VIH/SIDA y otras ITS, a la defensa de los derechos humanos, documentando, trabajando y dando seguimiento a cualquier acto de violación, atropello y todo lo que atente con la integridad física, moral y psicológica de las personas trans.

Y nuestra Visión es una Honduras donde seamos reconocidas como ciudadanas de pleno derecho, con las garantías y las obligaciones del resto de la ciudadanía. Una Honduras sin discriminación ni violencia, con respeto de nuestra identidad de género y acceso a la salud, educación y trabajo.

En este sentido, dice Gabriela Redondo, Directora Colectivo Unidad Color Rosa, CURC: Como Colectivo Unidad Color Rosa, el trabajo que realizamos es más regional.

Ahorita estamos con San Pedro Sula, pero también trabajamos en proyectos a nivel nacional. Trabajamos violaciones de los derechos humanos, en especial de mujeres trans, cuando se les violan el derecho a una denuncia, una queja, o a un trabajo, a un centro de educación o a veces el participar libremente en un conversatorio negándoles el derecho a la expresión. Brindamos asesorías y seguimiento a denuncias. Dentro de la organización solo hay mujeres trans.

Aunque trabajamos con otras poblaciones, tenemos una amplia actividad con 5

mujeres trans trabajadoras sexuales porque son muy extorsionadas por sus clientes, la policía, el cobro de renta por grupos antisociales… Es parte de nuestro trabajo como organización velar por la seguridad de ellas.

Y añade Sofía Carbajal, de Monitoreo y observancia del proyecto Centroamérica Diversa, CUCR: Anteriormente, la organización se conocía como Colectivo Travesti, Transgénero y Transexual, pero en el proceso de solicitud de la personería jurídica, ese nombre no era aceptado para la aprobación, por lo que nació el Colectivo Unidad Color Rosa. Pues hace mención de la colectividad, representa la unidad y el color rosa es indicativo de las personas trans en específico, porque la organización nació siendo representativa de las mujeres trans.

En la actualidad, el Colectivo Unidad Color Rosa es miembro de: RedLacTrans, Coalición de activistas LGBTTIQ&TS de la OEA, Coalición contra la impunidad, Comité del Valle de Sula LGTBI, Alianza en Positivo y Poblaciones Claves como representante de la RedLacTrans en Honduras y Mesa de Acceso a la Justicia de la zona norte. Las acciones para la implementación de actividades que desarrolla el CUCR son apoyadas técnica y financieramente por Centroamérica Diversa (Unión Europea), ARCO (Hivos), Libre de ser (Hivos), Fondo Mundial Contra el Sida, Tuberculosis y Malaria, CARE (Usaid), Voces Vitales (Fondo Estados Unidos)

3. Centroamérica Diversa Los países centroamericanos reconocen los derechos humanos de todas las personas más allá de su orientación sexual e identidad de género, desde las constituciones políticas, así como de los tratados internacionales que lo han ratificado. A pesar de estos éxitos normativos, la situación de las personas LGBTIQ+ no ha tenido un avance real en cuanto al acceso a derechos, permaneciendo en una situación de violencia y discriminación que hace que la región centroamericana no solo sea una de las más desiguales y violentas del mundo, también ostenta los mayores niveles de impunidad frente a la violación sistemática de los derechos humanos de la población LGBTIQ+.

En este contexto se desarrolla el proyecto Centroamérica Diversa, "Aplicación del enfoque basado en Derechos con las organizaciones LGBTI de cinco países de Centroamérica”, en el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (Ieddh) que se ejecuta en consorcio entre las ONG's italianas Terra Nuova y Arcigay, en conjunto con las ONG's centroamericanas: RDS de Nicaragua, Colectivo Unidad Color Rosa de Honduras, Aspidh de El Salvador, Lambda de Guatemala y Mulabi de Costa Rica.

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El objetivo principal de Centroamérica Diversa es: “Contribuir a mejorar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en los países centroamericanos para las personas con orientación sexual, características sexuales o identidad de género diferente a la heterosexual, que están fuertemente amenazadas y discriminadas” Bajo estos preceptos, el equipo técnico de ejecución de Honduras del socio nacional CURC, tiene como funciones generales la implementación y seguimiento de las actividades operativas a nivel nacional, evidenciando en la región centroamericana la falta de conocimientos e información sobre la situación social de las poblaciones trans.

Dice al respecto Nataly Zelaya, Promotora de derechos humanos,

Centroamérica Diversa, CUCR: … mi trabajo dentro del proyecto es acompañar y asistir en la presentación de denuncias (…) Al momento que llega una persona a denunciar hacemos el acompañamiento, asesoramiento y, si ya vemos que el caso se sale de nuestras manos, por decirlo así, lo que hacemos es remitirlo a la abogada para que ella haga su trabajo ya en la parte de asesoramiento legal.

Por su parte, manifiesta Alondra Miranda, documentadora trans de Honduras, América Latina y el Caribe. CUCR: Como documentadora, mi trabajo es el de recopilar la información de la situación de las mujeres trans y hombres trans en lo que es el país verdad, sobre todo cuando se presentan violaciones y vulneraciones a los derechos, y también llevando los casos de transfemicidios. Durante este año se dieron cinco casos de transfemicidios.

Dentro del proyecto Centroamérica Diversa, algunas de las diversas acciones son brindar acompañamiento, asesoramiento, sistematización y recopilación de información sobre denuncias y casos de violación de derechos humanos de las personas trans, por parte de colaboradoras del CUCR; acciones fundamentales que permiten el análisis de los datos del presente informe.

4. Centro de Documentación y Situación Trans en Latinoamérica y el Caribe (CeDoSTALC) En la región se evidencia la falta de conocimiento e información sobre la situación social de la población trans. En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó recolectar información estadística de manera sistemática sobre la violencia contra las personas LGBT en América Latina y el Caribe. En general, las escasas estadísticas existentes señalan que una de las formas más extremas del estigma y la 7

discriminación hacia las personas trans en América Latina es la violencia social e institucional. Si bien la violencia en América Latina y el Caribe afecta a toda la población, las personas trans la sufren en forma desproporcionada por ser víctimas de crímenes de odio y por la impunidad que rodea a estos crímenes. El estigma social y la discriminación se acrecientan cuando las personas trans adquieren VIH-SIDA, constituyendo una barrera importante que impide acceder a los servicios de tratamiento y apoyo.

Como respuesta a esta situación, la RedLacTrans ha puesto en marcha el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CeDoSTALC), que permite obtener información de primera mano a partir de la recepción de denuncias sobre las violaciones y vulneraciones de derechos humanos que sufre la población trans en la región.

El CeDoSTALC se constituye como un sistema comunitario para recopilar información, monitorear y brindar respuesta a las barreras que impiden el acceso a los derechos humanos de la población trans en la región. Dicho sistema se ancla en una plataforma virtual de recolección de casos que posibilita la circulación y centralización de la información de las OTBN (Organización Trans de Base Nacional) con la Secretaría Regional de la RedLacTrans.

Oportunamente, para la puesta en marcha del CeDoSTALC, la RedLacTrans realizó talleres de capacitación a fin de que una mujer trans se desempeñara como documentadora de vulneraciones a los derechos humanos en su territorio. Se trata de una estrategia que garantiza el éxito en la documentación debido al acercamiento directo hacia su misma población.

La RedLacTrans reconoce el apoyo brindado por Robert Carr Fund, por el trabajo de documentación y elaboración del presente informe. Este proceso ha demostrado que el trabajo en asocio entre diferentes organizaciones es la estrategia que asegurará la continuidad del CeDoSTALC para disminuir las violaciones a los derechos humanos que sufren las personas trans en América Latina y el Caribe.

Situación de las personas trans en Honduras De acuerdo con los datos de instituciones como el Banco Mundial, Honduras es uno de los países más pobres de América Latina, con un Estado de Derecho muy débil, donde las violaciones a los derechos humanos son muy comunes. A su vez, diversos estudios resaltan que durante el año 2021 la pobreza podría haber aumentado del 70 % al 75 %. Para julio de 2021 el 73.6 % de los hogares hondureños están en condiciones de pobreza, ya que sus

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ingresos se encuentran por debajo del costo de una canasta básica de consumo, que incluye alimentos y otros bienes y servicios.

Debido a esa situación de extrema violencia y poco acceso a derechos la población decide migrar internamente o fuera del país. Las personas trans enfrentan un contexto de inseguridad y violencia generalizada, así como falta de garantías para el ejercicio de sus derechos humanos.

Durante la pandemia de COVID-19, las personas trans fueron aún más vulnerables, pues aumentó la represión por parte de la policía militar, policía preventiva y municipal. La pandemia produjo un retroceso en el trabajo y avances que se habían logrado durante mucho tiempo en algunos sectores, como en la salud integral y el acceso a la justicia. Por otra parte, las restricciones de circulación, como el toque de queda, impuestas durante la pandemia, limitó la posibilidad de las personas trans de tener ingresos y las impulsó a la migración.

Es sabido que, como resultado del estigma y la discriminación, la población trans encuentra en el trabajo sexual la única posibilidad de sobrevivencia. En este contexto, muchas mujeres trans fueron detenidas arbitrariamente por entes de la policía, además fueron desalojadas de sus viviendas por falta de ingresos.

Las mujeres trans siguen viviendo una situación muy difícil, no hay acceso al trabajo, el acceso a la educación y la salud es mínimo, viven sumidas en la pobreza y padecen discriminación, exclusión y migración forzosa, todo ello con muy poca respuesta del Estado.

Citamos este documento del 26 de marzo de 2021, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH): … dictó una Sentencia mediante la cual declaró que el Estado de Honduras era responsable por la violación al derecho a la vida, y a la integridad personal (artículos 4 y 5 de la Convención Americana), en perjuicio de Vicky Hernández, mujer trans-género, trabajadora sexual y defensora de los derechos de las mujeres trans. La responsabilidad del Estado se configuró toda vez que existen varios indicios de la participación de agentes estatales en los hechos que habrían llevado a su muerte ocurrida en San Pedro Sula el 28 de junio de 2009. Al encontrar que la violencia ejercida contra Vicky Hernández, lo fue en razón de su expresión o identidad de género, el Tribunal concluyó que el Estado era responsable por una violación a los derechos al reconocimiento a la personalidad jurídica, a la libertad personal, a la privacidad, a la libertad de expresión, y al nombre (artículos 3, 7, 11, 13, y 18 de la Convención Americana), y que incumplió con la obligación establecida en el artículo 7.a de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicarla Violencia contra la Mujer en su perjuicio.

Por otra parte, su muerte no fue investigada con la debida diligencia, por lo que se concluyó que se habían vulnerado los derechos a las garantías al debido proceso y a la protección judicial (artículos 8 y 25 de la Convención), y a la 9

obligación establecida en el artículo 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en perjuicio de las familiares de Vicky Hernández. Por último, el Tribunal declaró que se había violado el derecho a la integridad personal de las familiares de Vicky Hernández por las consecuencias que para ellas tuvo su muerte, y porque las circunstancias de la misma siguen sin haberse esclarecido. El Estado reconoció parcialmente su responsabilidad por la vulneración a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.

En este hecho histórico, en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos(Corte IDH) declaró culpable al Estado de Honduras por el crimen de odio hacia Vicky Hernández, se pidió y exigió al Estado que cumpla con la aprobación de la Ley de Género y la creación de becas que lleven por nombre Vicky Hernández, entre otras; sin embargo, el Estado de Honduras ha hecho caso omiso a la petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muestra clara de las violaciones a los derechos humanos de las personas trans en Honduras.

Antecedentes e hitos históricos de las mujeres trans en Honduras: años ochenta a 2021 Es importante iniciar este apartado analizando la identidad colectiva del movimiento LGTB, la cual, a raíz de reducir el estigma social, la represión y eliminar los obstáculos a la libre expresión de la sexualidad, ha pasado de la sobrevivencia a la lucha por la liberación. Como resultado se produce la transición del liderazgo individual al institucional, dando paso a la construcción de un nuevo modelo de liderazgo basado en las relaciones activas entre actores que se comunican, se influyen mutuamente y negocian decisiones, lo que genera nuevas formas de organización y modelos de comunicación y participación. Desde los años ochenta, las mujeres trans han sido protagonistas de esta historia.

Se consideran ocho hitos vinculados a las mujeres trans en Honduras, los primeros cuatro surgen de la investigación Movimiento LGTB en Honduras: trayectoria histórica y desafíos actuales y los cuatro restantes como una contribución actualizada de nuevos hallazgos realizada por Alondra Miranda, documentadora trans de CeDoSTALC Honduras, con el apoyo del consultor Dany Arturo Rodríguez Montecinos.

En la década de los setenta y ochenta surgen espacios de socialización de la población LGTBI; las primeras acciones colectivas se registran alrededor de eventos sociales, como fiestas y eventos de belleza, cuya principal motivación era reunirse en búsqueda de “iguales” para cultivar el sentido de pertenencia en función de la identidad 10

sexual. Estos eventos propiciaban un espacio de libertad para la autoexpresión, la aceptación y el fortalecimiento mutuo, como apoyo ante el rechazo y discriminación que vivían en los espacios familiares y sociales. Esta mayor presencia pública constituye el primer hito histórico que marca el origen del movimiento LGTB en Honduras.

En la década de las ochenta, dos mujeres trans marcaron un precedente político de interés. La primera es Alma Violeta, mujer trans cuyo nombre en la actualidad es el de una organización LGTB en el país, y que hoy reside en Estados Unidos de América. Alma Violeta rompe los esquemas y comienza a denunciar públicamente las violaciones que sufrían las personas trans y hombres homosexuales en el país. Así lo revela la noticia publicada en marzo de 1980 en el diario La Tribuna bajo el título: “Me violan derecho a ser marica: Alma Violeta”. La noticia hace referencia a la invitación que se le hizo a una persona LGTB de abandonar un evento de caridad por ser un “hombre vestido de mujer”, identificada en el artículo como líder del “tercer sexo”. Alma Violeta expresó: “No se nos permite el derecho de participación, ni aunque sea a beneficio de alguna institución”.

Doctora en odontología, Sigfrida Shantal fue la primera mujer trans conocida en la historia hondureña quien, a inicios de los años ochenta, realizó operaciones quirúrgicas para hacer cambio de sexo (vaginoplastia), rompiendo de este modo los paradigmas de esa época. Sigfrida tenía la oportunidad de viajar fuera del país para acceder a estos procesos quirúrgicos, de modo que cuando regresó, después de su operación, hubo una gran conmoción en la sociedad hondureña, generándose así una discusión sobre el tema. Sigfrida, asesinada brutalmente en 1988, es recordada en su ciudad natal como una mujer muy respetada por su comunidad, en Catacamas, departamento de Olancho. Esta mujer puede ser considerada en Honduras como la promotora de la inclusión en el tema de identidad de género.

Debido al gran estigma social, la expresión de género no les era permitida a las mujeres trans, por tal razón, la mayoría de ellas vivían como “homosexuales” y trataban de aparentar una vida de “hombres”. Sin embargo, esperaban estos espacios de socialización para expresarse como mujeres, lo cual indica que la falta de conocimiento no se vincula al deseo de lo que una persona es. En este período, la comunidad LGTB no estaba empoderada respecto a orientaciones sobre identidad o expresiones de género, por lo que todos y todas se hacían llamar “homosexuales”. Por tener mayor visibilidad pública, fueron las mujeres trans quienes lideraron las acciones de empoderamiento.

El segundo hito histórico está relacionado con la aparición del VIH en Honduras. Este hecho generó diferentes tipos de respuesta y, en razón del estigma y discriminación que se produjo al “homosexualizarse” la epidemia, impulsó a las personas de la comunidad LGTB a 11

asociarse alrededor de la atención a las personas con VIH. Los prestadores de servicios de salud, los medios de comunicación y la sociedad en general, culpabilizaron a la población “homosexual” de la llegada del VIH al país, por lo que los niveles de discriminación aumentaban sustancialmente. Por esta razón, en diferentes espacios de reunión y viendo la necesidad de ayuda para las personas con VIH (homosexuales y mujeres trans), se realizaron acciones de protesta para mejorar las condiciones de salud en relación con el SIDA. Es cuando surge en la historia hondureña el movimiento organizado de la población LGTB, liderado por mujeres trans y hombres gays.

El otorgamiento de las primeras tres personerías jurídicas brindadas a organizaciones LGTB en el país, en 2004, se considera un tercer hito histórico. En ese momento, resultaba obvio que la sociedad y algunas estructuras del Estado invisibilizaban y no reconocían la existencia de la población LGTB. Pero durante el gobierno de Ricardo Maduro Joest (2002-2006), gracias a la presión de la ONU, el Fondo Global, HIVOS y Amnistía Internacional, entre otras agencias, se otorgó este reconocimiento a las primeras tres organizaciones LGTB en Honduras.

Es importante resaltar que después de este otorgamiento aumenta la discriminación, principalmente por la actividad de los sectores conservadores y religiosos que hacían llamados públicos a nivel nacional para eliminar el estatus legal de la comunidad LGTB. Esto promovió el rechazo en la sociedad hondureña con la consecuente alza de discriminación y crímenes de odio en el período, siendo nuevamente las mujeres trans las más afectadas.

A manera de resumen, se puede afirmar que, a partir de 2005, la relación del movimiento LGTB con el entorno social y político está marcada por el incremento de los crímenes de odio, el estigma y la discriminación, la corrupción en el manejo de fondos desde el Estado, el incremento de los casos de VIH/Sida y el aumento de las violaciones a los derechos humanos por parte de los operadores de justicia. Esto se refleja en las noticias publicadas por la prensa escrita, que dan cuenta de las violaciones a los derechos fundamentales de personas de la comunidad LGTB, así como en el aumento de las denuncias y acciones de protesta del movimiento en defensa y promoción de los derechos humanos.

El año 2009 se considera como el cuarto hito histórico de la comunidad LGTB. En ese momento, mujeres trans, hombres gays y mujeres lesbianas, se organizaron de manera natural para transformar sus objetivos reivindicativos en objetivos de tipo político y social que respondían al contexto del golpe de Estado. Sus acciones más sobresalientes se enmarcan en la protesta por la ruptura de orden constitucional, así como por el recrudecimiento de las violaciones de los derechos fundamentales de sus integrantes. Se 12

incorporan al Frente Nacional de Resistencia Popular y son reconocidos por otros movimientos sociales, logrando establecer nuevas alianzas y coordinaciones en el ámbito nacional, lo cual ha significado un apoyo importante para la expansión del movimiento.

Ahora se les considera como un ente social más solidario, que participa en política con voz propia, formando parte de lo que se ha denominado el “movimiento de movimientos”.

En 2009, Vicky Hernández, la primera víctima de ejecución extrajudicial del régimen de facto durante el golpe de Estado, tenía 26 años en el momento de su asesinato.

Era trabajadora sexual y reconocida activista de la organización de derechos humanos de Mujeres Trans Unidad Color Rosa de San Pedro Sula, Honduras. Detallaremos más adelante el caso de Vicky Hernández, otro hito histórico.

El quinto hito parte de la reestructuración del trabajo de la población LGTBI en Honduras, al tener una mayor participación política y social en las acciones enmarcadas en el golpe de Estado puesto que diferentes informes evidencian un notable incremento de crímenes de odio contra la población LGTB. Con base en estos antecedentes, en 2012 dos mujeres trans comienzan a reivindicar el derecho a la participación política de las mujeres trans. Se trata de Claudia Spellman (precandidata a diputada por una corriente del partido Libertad y Refundación, para el departamento de Cortés) y Arely Victoria Gómez (Precandidata suplente a diputada por una corriente del partido Libertad y Refundación, para el departamento de Francisco Morazán). Esto implica una confrontación social acerca de la identidad de género de las mujeres trans, pues se discute públicamente cómo debe ser inscrita en un partido político una mujer trans: según su nombre asignado al nacer o según su condición de mujer lo amerita. Pese al soporte internacional que ampara los derechos de las personas, ambas participantes debieron inscribirse con sus nombres asignados al nacer.

El sexto hito histórico corresponde al año 2013. El Decreto Legislativo No. 232013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,092 el 6 de abril de 2013, contiene las reformas al Código Penal aprobadas el 21 de febrero de 2013 en el Congreso Nacional de la República, redactadas e impulsadas desde la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, con la Ministra Ana Pineda, con el acompañamiento y aporte de las organizaciones LGTB a nivel nacional en Honduras, referente a: •

Reformas al Artículo No. 27, adicionando como agravante genérica el numeral 27) cuando “el delito se cometa con odio o desprecio en razón de sexo, género, religión, origen nacional, pertenencia a pueblos indígenas y afrodescendientes, orientación sexual o identidad de género, edad, estado civil o discapacidad, ideología u opinión política de la víctima”;

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•

Reforma al Artículo No. 321, mismo que armoniza el tipo penal de discriminación con los estándares internacionales en materia de derechos humanos;

•

Adición del Artículo No. 321-A, que impone penas a quien “públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinados al público incitare a la discriminación, al odio, al desprecio, la persecución o a cualquier forma de violencia…”

La participación de mujeres trans en este proceso fue fundamental para elaborar

un código que recoge las penas aplicables a toda persona que cometa algún delito, y es considerado el primer documento legal en el país que reconoce la identidad de género.

El año 2013 también marca el séptimo hito histórico para las personas trans en el país. Con el apoyo de la Unión Europea, a través del proyecto Centroamérica Diferente, el Colectivo Unidad Color Rosa elabora el primer borrador de la Ley de Identidad de Género, con el acompañamiento de la Asociación Kukulcán y la organización italiana Rete, referentes en Honduras para la administración del proyecto. Esta iniciativa permite poner en discusión en el país la necesidad de incorporar en las leyes naciones una ley que proteja a las personas trans hondureñas y que su identidad de género sea reconocida como un derecho.

Aunque a la fecha de este informe (2021) no existe la aprobación de esta ley, esta iniciativa del CUCR ha permitido unificar esfuerzos con organizaciones trans del país, la entrega simbólica del borrador de ley a diputadas del Congreso Nacional de Honduras, la revisión y validación del primer borrador en una versión actualizada con las experiencias y apoyo de la RedLacTrans, la socialización de la propuesta de ley a nivel nacional y la incorporación de esta necesidad en las acciones del Comisionado Nacional de Derechos Humanos y la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras.

El octavo y último hito histórico para las personas trans en Honduras, el cual merecerá un apartado más amplio en este informe, ocurrió el 28 de junio de 2021, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado hondureño por la muerte de Vicky Hernández, mujer trans asesinada a los 26 años durante el golpe de Estado de Honduras de 2009. La sentencia, que por primera vez determina la responsabilidad de un Estado en la muerte de una persona trans, se ha hecho pública el día del orgullo LGBTI+, al cumplirse doce años de la ejecución de la joven. Vicky Hernández era trabajadora sexual y activista reconocida del Colectivo Unidad Color Rosa en San Pedro Sula, Honduras. Este último hito marca una línea divisoria en la defensoría de las mujeres trans, ya que Vicky Hernández representa a los cientos de crímenes de odio de mujeres trans en el país.

Los ocho hitos considerados en este informe van acompañados por innumerables historias de mujeres trans en el país, quienes día a día sufren burlas, rechazos, agresiones, 14

violaciones, irrespeto, señalamientos y muchos otros agravios por parte de la sociedad hondureña, avalados por el Gobierno de Honduras. El Gobierno no ha considerado a esta población dentro de sus prioridades en el tema de reconocimiento de derechos, alternativas de oportunidad para mejorar sus vidas y durante más de cincuenta años no ha generado marcos legales de protección para las personas trans.

Normativa legal en Honduras La Constitución de la República de Honduras, principal documento legal del país, define en sus áreas diferentes condicionantes para el bienestar de los ciudadanos. En su Artículo 1 afirma: “Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social”.

Al ser un Estado de derecho, permite a hondureños y hondureñas la obtención del goce pleno de sus vidas, sin ningún tipo de excepción. Sin embargo, pareciera que las mujeres trans no son consideradas por el Estado hondureño como un sector de la población pues existen para ellas numerosas restricciones.

En su Artículo 15 la Constitución establece: “Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universales”.

En efecto, Honduras es uno de los países que ha firmado y ratificado un sinnúmero de convenios y tratados internacionales. La declaración de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género condena la violencia, el acoso, la discriminación, la exclusión, la estigmatización y el prejuicio basado en la orientación sexual y la identidad de género.

También condena los asesinatos y ejecuciones, las torturas, los arrestos arbitrarios y la privación de derechos económicos, sociales y culturales por estos motivos. Sin embargo, los derechos humanos de las mujeres trans no son tema de agenda nacional.

En Honduras, las relaciones sexuales consensuadas entre personas adultas del mismo sexo son legales desde la entrada en vigor del Código Penal de 1899. Esta legislación derogó el artículo 367 del anterior código penal de 1880, el cual condenaba el delito de sodomía.

En Honduras no existe ningún tipo de reconocimiento legal hacia las parejas formadas por personas del mismo sexo o personas trans (mujer trans y hombre cisgénero u hombre trans y mujer cisgénero). En 2005 se reformaron los artículos 112 y 116 de la 15

Constitución para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo o personas trans (mujer trans y hombre cisgénero u hombre trans y mujer cisgénero). El artículo 112 fue reformado por Decreto 176/2004 y ratificado por Decreto 36/2005, con la finalidad de blindar cualquier intención de parejas con orientación o identidad de género a interpretaciones que contenía el artículo anterior.

ARTÍCULO 112.- Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer, que tengan la calidad de tales naturalmente, a contraer matrimonio entre sí, así como la igualdad jurídica de los cónyuges.

Solo es válido el matrimonio civil celebrado ante funcionario competente y con las condiciones requeridas por la Ley. Se reconoce la unión de hecho entre las personas igualmente capaces para contraer matrimonio. La Ley señala las condiciones para que surta los efectos del matrimonio.

Se prohíbe el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo.

Los matrimonios o uniones de hecho entre personas del mismo sexo celebrados o reconocidos bajo las leyes de otros países no tendrán validez en Honduras.

Igualmente, en 2005 el Artículo 116 de la Constitución de la República fue reformado por Decreto 176/2004 y ratificado por Decreto 36/2005 para la prohibición de adopción en parejas con una orientación sexual no heterosexual.

ARTÍCULO 116.- Se reconoce el derecho de adopción a las personas unidas por el matrimonio o la unión de hecho.

Se prohíbe dar en adopción niños o niñas a matrimonios o uniones de hecho conformados por personas del mismo sexo.

La Ley regulará esta institución.

En el mes de enero de 2019, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de inconstitucionalidad contra los decretos legislativos 1762004 y 35-2013 emitidos por el Congreso Nacional los cuales prohíben la unión civil entre personas del mismo sexo.

Con base en la Opinión Consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los activistas locales han presentado dos demandas ante la Corte Suprema para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo; una fue desestimada por errores técnicos y la otra sigue pendiente ante el tribunal.

Debido a que la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género está ampliamente extendida en el país, y habiendo sido reportados múltiples crímenes de odio hacia el colectivo LGBT, bajo presión internacional, el Congreso Nacional aprobó en 2012 una reforma al artículo 321 del Código Penal, esto gracias al Decreto No.23-

16

2013. La reforma se hizo para garantizar la protección legal contra la discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género.

ARTÍCULO 321.- Será sancionado con reclusión de tres (3) a cinco (5) años y multa de Treinta Mil Lempiras (L.30,000.00) a Cincuenta Mil Lempiras (L.50,000.00) la persona que arbitrariamente e ilegalmente obstruya, restrinja, disminuya, impida o anule el ejercicio de los derechos individuales y colectivos o deniegue la prestación de un servicio profesional por motivos de sexo, género, edad, orientación sexual, identidad de género, militancia partidista u opinión política, estado civil, pertenencia a pueblos indígenas y afrodescendientes, idioma, lengua, nacionalidad, religión, filiación familiar, condición económica o social, capacidades diferentes o discapacidad, condiciones de salud, apariencia física o cualquier otra que atente contra la dignidad humana de la víctima.

En junio de 2020 entró en vigor un nuevo Código Penal, cuyos artículos 211 y 212 prohíben la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en el acceso a los servicios públicos, así como a los servicios prestados por otros profesionales y empresas. Esta disposición prohíbe la discriminación por orientación sexual e identidad de género en términos generales y, por lo tanto, se aplica al empleo.

ARTÍCULO 211.- DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO POR DISCRIMINACIÓN. El funcionario o empleado público o el particular encargado de un servicio público que deniega a una persona, grupo, asociación, corporación o a sus miembros, por razón de su ideología, religión o creencias, lengua, pertenencia a una etnia o raza, origen nacional, pueblo indígena o afrodescendiente, su sexo, orientación sexual o identidad de género, razones de género, estado civil, situación familiar o económica, edad, enfermedad o discapacidad, una prestación a la que tiene derecho, debe ser castigado con las penas de prisión de uno (1) a tres (3) años, multa de cien (100) a doscientos (200) días e inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno (1) a tres (3) años, ARTÍCULO 212.- DENEGACIÓN DE PRESTACIÓN EN EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES PROFESIONALES O EMPRESARIALES POR RAZONES DE DISCRIMINACIÓN. Quien en el ejercicio de sus actividades profesionales, mercantiles o empresariales deniega a una persona, grupo, lugar de residencia, asociación o corporación o a sus miembros por alguna de las razones a las que se refiere el artículo anterior, una prestación a la que tiene derecho, debe ser castigado con la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio de uno (1) a tres (3) años.

También existen dos políticas públicas que incluyen a la población trans: Política Pública y Plan Nacional en Acción de Derechos Humanos (PPPNADH), y la Política de Protección Social (PPS). Ambas identifican a la población trans como vulnerable, por lo cual requieren atención por parte de las secretarías responsables de su aplicación, la Secretaría 17

de Derechos Humanos y la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. Aunque estas políticas están implementadas, aun no existen resultados estructurales para la mejora de la condición de vida de la población trans. Sin duda, es un reto importante para un nuevo período que el Estado establezca mecanismos de protección hacia la población trans.

Si en términos de beneficio directo hacia la población trans, comparamos los logros de Honduras con algunos países de Latinoamérica, es posible identificar alcances básicos en respecto al reconocimiento de derechos. Sin embargo, es importante resaltar las barreras estructurales que solo han permitido un avance a paso lento. La población trans tiene grandes expectativas de cambio con un nuevo gobierno en el país, gobierno que dentro de sus políticas internas de partido (LIBRE) ha incluido a la comunidad LGTB.

Metodología para el relevamiento de casos Este informe es el resultado del trabajo llevado a cabo por las activistas de la RedLacTrans quienes documentaron las vulneraciones a los derechos humanos que vivencian día a día. El objetivo de este trabajo es visibilizar estas vulneraciones como una muestra de la realidad de la región. Esto permitió elaborar numerosos informes que dan cuenta de la situación de las personas trans en distintos territorios, así como cinco informes regionales: •

El informe titulado Esperando la muerte, corresponde al período 2016-2017;

•

Basta de genocidio trans, corresponde al período 2018;

•

Paren de matarnos, corresponde al período 2019-2020;

•

Las vidas trans en tiempos de pandemia, corresponde al año 2020; y

•

el presente informe, titulado No muero, ¡me matan!, corresponde al período 2021.

Todos ellos constituyen instrumentos sólidos para revertir los históricos contextos

de violencia y estigma padecidos por nuestra población.

En cuanto a la sistematización de datos, importa señalar que su relevamiento se dirige a compensar en la mayor medida posible la evidente falta de información pública sobre la situación de la población trans en América Latina y el Caribe. Ello es especialmente urgente en contextos en que los Estados no sólo no brindan respuesta a tal carencia, ni promueven la participación de las organizaciones trans territoriales en este tipo de relevamiento, sino que ni siquiera prestan colaboración mediante la sistematización de datos, lo que constituye un desafío también para futuros relevamientos.

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Y si bien los datos relevados son reales y concretos, resultan insuficientes para expresar cabalmente la realidad, pues resulta imposible registrar en forma exhaustiva todas las vulneraciones a los derechos humanos que las mujeres trans padecen cotidianamente en nuestra región. Esto puede deberse a numerosos motivos, mencionaremos entre ellos el alarmante nivel de vulneración de sus derechos, su invisibilización tanto por parte de particulares como por parte de los Estados, las restricciones en el acceso a la justicia y, en líneas generales, el propio accionar del Estado y la falta de confianza en el mismo por parte de la población afectada.

Como ya fue explicado en oportunidad de presentar la metodología aplicada en la elaboración de los informes regionales 2016-2017 y 2018, todos los reportes son resultado de una historia de trabajo comunitario entre las Coordinadoras Nacionales. Para hacerlos posibles, las Coordinadoras Nacionales de la RedLacTrans acordaron en abril de 2017, en el marco del Taller Regional de Buenos Aires, los criterios de cada una de las sub-regiones, Cono Sur, Andina y Centroamérica, para llevar a cabo las tareas de relevamiento, documentación y sistematización.

Además, en aquella instancia se revisó y validó la herramienta de toma de casos de vulneraciones, la cual fue implementada de manera unánime por todas las Organizaciones Trans de Base Nacional. A partir de estos insumos, la RedLacTrans dio inicio al desarrollo de un software acorde con las necesidades de nuestra población. Pero, a fines de 2018, este software sufrió vulneraciones en su seguridad por lo que la compañía creadora lo dio de baja. En respuesta a esta situación, la Secretaría Regional de la RedLacTrans estableció como objetivo la creación de una plataforma propia para continuar con el trabajo de las documentadoras trans, la cual funciona regularmente desde mayo de 2019.

En el mes de mayo de 2017, la RedLacTrans llevó a cabo un taller de entrenamiento en documentación de casos de vulneraciones a los derechos humanos en la ciudad de San Salvador, El Salvador, donde las promotoras de derechos humanos de América Latina se capacitaron en recolección de casos y su carga al sistema virtual. Este taller marcó el inicio de un proceso de documentación regido por el uso de herramientas estandarizadas en todos los países, de manera que la documentación en la región sea llevada a cabo bajo los mismos criterios.

Dos meses después, bajo la modalidad de prueba piloto, se dio inicio a la documentación de casos en 17 países y las activistas de cada organización de base nacional comenzaron a relevar los casos de vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres trans, a cuyo conocimiento pudieron acceder en sus respectivos territorios.

En este aspecto, se debe resaltar la profundidad del conocimiento que tienen las 19

Organizaciones Trans de Base Nacional sobre la información a relevar en sus territorios, donde viven las activistas trans y también sufren vulneraciones a sus derechos. En esos mismos territorios trabajan para desarrollar dispositivos propios de intervención frente al irrespeto de sus derechos que, como se dijo más arriba, ellas pueden contarnos “de primera mano”.

Además, las tareas de registro fueron coordinadas y supervisadas desde la Secretaría Regional ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Como parte del monitoreo del proyecto, se celebraron dos instancias presenciales para identificar obstáculos y lecciones aprendidas a lo largo de los primeros meses, en el marco de los Talleres Subregionales de Incidencia Política, en Quito (septiembre 2017) y en Ciudad de México (octubre 2017).

A partir de los insumos que cada organización de base nacional produjo y sistematizó en sus reportes pudieron elaborarse los informes regionales Esperando la muerte, Basta de genocidio trans, y el informe Paren de matarnos sobre los períodos 2016-2017, 2018 y 20192020 respectivamente.

Este informe refleja un análisis situacional respecto de las vulneraciones a los derechos humanos de las personas trans en la región y propone una serie de recomendaciones dirigidas a los Estados de las Américas con el objeto de que arbitren los medios necesarios para asegurar a las personas trans el goce efectivo de todos los derechos, que largamente nos han sido negado.

Violaciones a los derechos humanos de las personas trans en Honduras durante el año 2021

A. Vulneraciones al derecho a la salud En los establecimientos de salud no se brinda un trato adecuado a las personas trans y se siguen registrando casos de discriminación y estigma por la expresión o identidad de género.

Si bien en algunos Centros de Atención Integral (CAI) se reconoce el nombre con el cual se identifican las personas trans, no han existido grandes avances en cuanto al trato que recibe la población trans de nuestro país.

En este sentido, basta con observar lo que sucede cuando una paciente trans llega a un hospital público para solicitar una consulta:

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…lo primero que hacen, antes de salvaguardar su vida, es enviarla a realizarse la prueba para detectar el VIH. Como resultado de este sistema excluyente, muchas personas trans prefieren acudir al sistema de salud privado de referencia por la Organización o compañeras trans, para no ser víctimas de discriminación por su identidad de género.

Alondra, presidenta de CUCR y documentadora trans de CeDoSTALC Honduras.

En Honduras no existen protocolos o programas de acceso a los tratamientos de reemplazo hormonal, por eso la mayoría de las personas trans recurren a la automedicación, sin control ni seguimiento por parte de un profesional de la salud. En cuanto a las cirugías de readecuación, tampoco se registran profesionales sensibilizados ni voluntades por parte de los efectores de salud para mejorar la calidad de vida de las personas trans.

Durante la pandemia, las personas trans se vieron afectadas por medidas restrictivas de circulación. Durante casi dos años algunos establecimientos de salud y hospitales públicos dejaron de brindar sus servicios. En este período, muchas personas trans se vieron afectadas por la falta de acceso a diversos tratamientos, lo que se traduce como una vulneración más de sus derechos humanos.

Cabe mencionar que los logros obtenidos en algunos establecimientos de salud, como las clínicas Vigilancia Centinela de Infecciones de Transmisión Sexual (VICITS) de San Pedro Sula, Puerto Cortés y CIS de La Ceiba Atlántida y otros, sobre respeto y reconocimiento del nombre auto percibido, así como de la expresión de género, es una meta alcanzada a través de sensibilizaciones brindadas por la Organización Colectivo Unidad Color Rosa. Lamentablemente, hasta el momento el Estado de Honduras no ha aprobado ninguna normativa o resolución al respecto.

B. Vulneraciones al derecho a la educación En esta área se ha registrado una mejora respecto a años anteriores, cuando muchas personas no eran aceptadas en el sistema educativo debido a su identidad de género y con frecuencia tenían que dejar los centros educativos de educación media.

La educación para las personas trans ha tenido una evolución de aceptación y participación según su identidad de género, cuya expresión aparece en la etapa educativa media. La imagen tradicional se presenta vinculada a los patrones tradicionales del género masculino y femenino heterosexual, por eso la expresión de género de las jóvenes debe 21

presentar características sociales impuestas. Cuando una mujer trans entra en este sistema, surge una contradicción con la norma impuesta: “si es hombre debe vestir como hombre”.

Esto lleva a las mujeres trans a no expresar su género o a enfrentar el sistema exigiendo el reconocimiento de su género.

Aunque no se cuenta con estadísticas sobre el tema, se puede decir que en la educación media privada hay mayor aceptación de mujeres trans. Las organizaciones realizan visitas a estos espacios escogidos por las estudiantes trans para establecer un acuerdo no formal a fin de velar por el derecho a la educación, lograr que se cumpla el nombramiento por identidad de género y la expresión abierta del género de la persona. Esto sucede en las principales ciudades del país, sin embargo, la capacidad de alcance de estas organizaciones no cubre todas las necesidades de la población.

Dice Axel Uclés, Oficial de Seguimiento del Plan de Acción de Derechos Humanos, Secretaría de Derechos Humanos de Honduras … respecto a su identidad de género, al tener un nombre propio, si no se respeta esta identidad, difícilmente se tendrá un acceso a la educación de las personas trans de manera correcta, pues es la base de todos estos derechos: como tener un trabajo, tener una educación, tener salud. Estamos hablando de todos los derechos que constituyen y que debemos tener todas las personas.

Francia Maradiaga, de la Defensoría de la Diversidad Sexual y personas con VIH, Conadeh, menciona: En cuanto a la escuela, el derecho a la educación también es violentado, tanto por el bullying de compañeros o compañeras como por la participación de las mismas autoridades escolares, generando que las mujeres trans se retiren a no ser que sean muy persistentes o tengan algún tipo de apoyo. Todo eso va contribuyendo después a que tengamos personas que no tienen educación o, si la tienen, se le rechace la posibilidad de laborar en base a sus capacidades.

Son pocas las mujeres trans que llegan a un espacio universitario y más escasas todavía las que culminan sus estudios. En las universidades públicas y privadas de Honduras, existe un fenómeno de negociación previa de la mujer trans con los catedráticos en relación con su identidad de género, pues ellas solicitan que, al momento de dirigirse por su nombre, mencionen su nombre por identidad de género o simplemente su apellido. El resultado de esta acción es variado, según la postura del catedrático, sin embargo, los alcances individuales son relevantes y favorables a las mujeres trans pues, aunque no existe una aceptación de la identidad de género, existe temor de ser evidenciados irrespetando esta identidad.

Existimos mujeres trans que somos universitarias y tenemos que ejercer el 22

trabajo sexual para poder subsistir. No contamos con el beneficio de poder educarnos, de poder tener una buena educación integral, una buena educación que venga a ayudar a superarnos.

Dulce Guifarro, Coordinadora Generación Trans Awilix La Secretaría de Educación debe implementar políticas de inclusión para las mujeres trans y así evitar la deserción escolar por discriminación, ya sea a temprana edad por su expresión de género, o ya sea en educación secundaria cuando son removidas de la jornada de educación y son reasignadas a jornadas nocturnas, siempre salvaguardando; el escudo que utilizan estas instituciones públicas, que es para salvaguardar la moral de los menores, que son una amenaza y todo este tipo de palabras discriminatorias hacia la población en específico de las mujeres trans.

Blanca Castro, Asesora legal CUCR Estos elementos analizados y otros que violentan la dignidad de la mujer trans, deben entenderse desde un enfoque de interseccionalidad, pues las desigualdades sistemáticas se configuran a través de la superposición de diferentes factores sociales, que no podrían entenderse o analizarse de manera aislada. Se trata de situaciones que deben estudiarse para la búsqueda de soluciones desde una perspectiva a nivel macro y a nivel micro; la falta de leyes y políticas públicas y el desconocimiento de la sexualidad no permiten generar cambios significativos para la mujer trans.

El no reconocimiento a la identidad de género tiene consecuencias en la economía, la pobreza, la salud, la educación y otros factores que violan los derechos humanos de las mujeres trans. Sabemos que una mujer trans no muy fácil conseguirá un trabajo digno, una mujer trans no muy fácil estudiará en un centro sin discriminación y una mujer trans no muy fácil accederá a una salud integral.

Gabriela Redondo, Directora Colectivo Unidad Color Rosa, CUCR Hoy en día no se obliga a una persona trans a tomarse fotografías con una imagen con la cual no se identifica. Esto es el resultado del impacto causado por los casos denunciados y cuya resolución fue modificar los códigos de las instituciones educativas para aceptar la imagen con la cual se identifica la persona trans.

Aun así, desde CUCR hemos registrado que muchas personas trans han optado por la continuidad de la educación secundaria en instituciones privadas del país, donde se han realizado acciones de sensibilización para el personal educativo y directivo por parte de la organización, logrando así derribar en esos espacios la barrera del estigma y la discriminación.

23

Las personas trans culminaron la educación primaria en su infancia, cuando muchas de ellas no habían expresado aún su identidad de género. Sin embargo, no continuaron su educación secundaria debido al estigma y discriminación, factores que conducen al abandono escolar. Como consecuencia de esta problemática y por falta de contención por parte del Estado, las personas trans no podemos acceder al ámbito laboral donde se siguen registrando más casos de estigma, discriminación, expulsión y violencia contra nuestras identidades.

Como evidencia de esta situación, tenemos el siguiente gráfico que refleja la información del Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CeDoSTALC), recopilada durante 2021 en Honduras. Cabe destacar que 80 % de las encuestadas no logró completar sus estudios secundarios.

NIVEL DE EDUCACIÓN DE PERSONAS TRANS ALCANZADAS

SECUNDARIA

20%

PRIMARIA

80% 83%

17%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

C. Vulneraciones al derecho al trabajo En Honduras es mínimo el acceso a un trabajo digno, con sueldo competitivo y beneficios laborales. Por esta razón la mayoría de las personas trans se ve obligada a ejercer el trabajo sexual, donde aumentan los riesgos relacionados con la salud y las posibilidades de ser víctimas de ataques violentos, incluso la muerte.

En el contexto del trabajo sexual en Honduras, muchas personas trans son sometidas a extorsión por parte de los grupos criminales, o maras y pandillas, siendo víctimas de violencia física y agresiones.

Esto ocurre ante la falta de legislaciones estatales que tengan por objetivo permitir el acceso formal al empleo para personas trans, así como por la ausencia de voluntad política para mitigar la falta de leyes que protejan nuestras vidas. Por estos motivos, muchas veces las personas trans de Honduras nos vemos obligadas a emigrar, dentro o fuera del país.

Por otra parte, las personas trans que logran trabajar en el ámbito informal, como tiendas, comedores, salones de belleza, venta ambulante, trabajo doméstico, entre otros, 24

también se exponen a situaciones de vulneración y violación de sus derechos humanos. Ante la falta de protección estatal y de garantías, los jefes abusan de esta situación precaria pagando salarios por debajo del promedio, registrándose también casos de violencia verbal y física sobre la expresión de género.

En la información recopilada en el CeDoSTALC, se observa que el 61 % de las víctimas ejerce el trabajo sexual y el 26 % se dedica al trabajo informal.

OCUPACIÓN DE LAS PERSONAS TRANS ALCANZADAS

Sin respuesta

9%

Activista DDHH

4%

Trabajo informal

26%

Trabajo sexual

61% 0%

20%

40%

60%

80%

100%

No será posible para las personas trans en Honduras vivir una vida plena en derechos si no se generan oportunidades, ni se busca mitigar la violencia a la que somos expuestas por acción u omisión del Estado.

D. Vulneraciones al derecho a la justicia Las personas trans en Honduras no cuentan con normativa específica para su protección, la única norma jurídica que reconoce los derechos de las personas trans es el Código Penal, artículo Art. 211, el cual establece que está penada la discriminación por identidad de género.

Con la creación de este código penal se sigue castigando la discriminación por orientación sexual e identidad de género contenido en el artículo 211, pero la pena ha disminuido de 1 a 3 años.

Las leyes hondureñas establecen claramente que todos somos iguales ante la ley (artículo 60 constitucional). El Estado debe ser garante de que esto se cumpla, especialmente para los grupos vulnerables quienes tienen el derecho a vivir en paz y armonía.

En la Primera Estación de Policía Preventiva se violentan los derechos de la población trans; sobre todo cuando la denuncia se realiza durante la noche y mucho más si quien la realiza es una persona trans que ejerce el trabajo sexual. Las denuncias son 25

atendidas por los mismos oficiales de la policía y no por la fiscal de turno.

En el Ministerio Público, Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE), se han brindado sensibilizaciones a los operadores de justicia, pero aún se siguen vulnerando los derechos de las personas trans, principalmente la confidencialidad respecto al nombre asumido y la expresión de género, debido a que no hay privacidad en los cubículos.

En el caso de denuncias ante la Unidad de Impacto Ministerio Público, se ha brindado acompañamiento por parte de la documentadora y coordinadora de la organización; este apoyo incluye asesoramiento y seguimiento de los casos.

El asesor jurídico de la OTBN también se encarga de hacer acompañamientos para presentar la denuncia ante el órgano que corresponda, si se da la denuncia en el Ministerio Público se toma y es derivada a la Unidad Especializada de la Fiscalía que corresponda. En muchos casos, por temor a las persecuciones, después de relatar los hechos las víctimas no presentan una denuncia. Estos casos quedan registrados como quejas en la base de datos en la organización y se cargan en la plataforma de la CeDoSTALC. En la información recopilada en la OTBN sobre violaciones y abusos a los derechos de las personas trans, se logró que catorce casos presentaran denuncia formal, es decir, un 59 %, mientras que 33 % no interpusieron denuncia y dos casos fueron registrados como quejas sin que se obtuviera respuesta alguna. Así se observa en el siguiente gráfico:

PERSONAS TRANS QUE REALIZARON O NO UNA DENUNCIA FORMAL Sin Respuesta 8%

NO 33%

SI 59%

SI

NO

Sin Respuesta

A su vez, articulamos con la Mesa de Acceso a Justicia surgida en el año 2013 en la ciudad de San Pedro Sula. Esta instancia está conformada por el Ministerio Público de la zona noroccidental y organizaciones LGTBIQ+. Fue creada con el objetivo de fortalecer, 26

informar y establecer incidencia política, para que los crímenes de odio y violaciones a los derechos humanos contra las personas LGTBIQ+ no permanezcan en la impunidad. A lo largo de este período se han creado compromisos y estrategias de trabajo con el Ministerio Público, el Departamento Policial de Investigación (DPI) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

En el año 2011, fue creada por la Embajada Americana la Unidad de Impacto de grupos vulnerables. Esta Unidad se encarga de esclarecer los crímenes de odio de las personas LGTBIQ+ y está dividida en dos partes, una cubre Tegucigalpa y alrededores, y la otra la zona noroccidental del país (San Pedro Sula y alrededores). Hace un tiempo adoptó como nombre Fuerza de Tarea de Delitos Violentos, FTDV, y está conformada por la Fiscalía de Delitos contra la Vida, el Departamento Policial de Investigación (DPI) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

Estas son las acciones: •

16 de marzo de 2021. Ministerio Público coordina exhumación del cadáver de miembro de la Comunidad LGTBI en Amapala.

•

2 de junio de 2021. Imponen más 12 años de prisión a homicida de miembro de la diversidad sexual.

•

8 de julio de 2021. Ejecutan allanamientos para dar con responsables del crimen de un miembro LGTBI.

•

9 de marzo de 2022. A prisión presunto asesino de miembro de la comunidad LGTBIQ.

Los altos índices de impunidad se suman a la dificultad de interponer una denuncia. Así, una mujer trans que constantemente ve agresiones y asesinatos de compañeras trans y se da cuenta de que esta persona asesinada queda como un número más en las estadísticas nacionales, y que no hay juicios, capturas o identificación de los culpables, decide no iniciar un proceso de denuncia. Esto aparece en los informes de sistematización de denuncias del CURC expresado en comentarios como: “Comentó que mejor otro día interpondría denuncia”; “La usuaria no aceptó el acompañamiento de la denuncia” o “No quiso interponer denuncia”. Al respecto, dice Blanca Castro, Asesora Legal CUCR: En el CUCR hemos abierto puerta en el Ministerio Público y estamos trabajando también en conjunto con el Módulo de Atención Integral Especializado, ente al cual brindamos acompañamiento a las mujeres y demás población LGTBI. Cuando ellas (las mujeres trans) deciden interponer algo que les ha sucedido, pudiendo convertirse en una denuncia, muchas veces solo se queda en consulta porque tal vez están sufriendo discriminación o. por temor tal vez a no crear conflictos, solo se queda en consulta y no proceden a denunciar. Este es uno de 27

los mayores obstáculos que tenemos, que las mujeres trans no quieran apersonarse ante las instancias correspondientes por temor a sufrir represalias, ya sea por un despido, por el crimen organizado, en este caso las pandillas, o también porque lastimosamente no confían en las instituciones públicas y, aunque se les ofrezca el acompañamiento, sienten que sus acciones ante el Ministerio Público no avanzarán.

En las últimas décadas, las maras y pandillas han tomado especial importancia en Honduras, convirtiéndose en un problema para la seguridad pública que preocupa al gobierno y despierta temor de la sociedad.

Aunque esto no es nada nuevo en Honduras, la sistematización del uso de la violencia y la brutalidad demostrada hacia las mujeres trans, es algo sin precedentes. La mujer trans trabajadora sexual está inmersa de manera obligada en el sistema de las maras, pues para realizar el trabajo sexual debe acatar las directrices de las maras según las zonas de trabajo, esto trae como consecuencia una reducción de la interposición de las denuncias pues, algunas veces, los victimarios son miembros de maras. Sin embargo, aunque sin duda representan una dificultad fuerte y real que merece mayor atención, no sería correcto señalar a las maras como los principales responsables del alto nivel de violencia que desde hace tiempo afecta a las mujeres trans.

Al respecto, señala Violeth Castellanos, Promotora de Derechos Humanos del CUCR: La mayoría de los casos que atendemos en el CUCR que han querido interponer una denuncia quedan dentro del Colectivo y no proceden más allá por miedo.

Primero lo que hace el Ministerio Público es decir que nos va a mandar al Juzgado de Paz. ¿Cómo van a poner a una mujer trans en un Juzgado de Paz frente a un marero? Sabemos que así esta persona va a correr más riesgo todavía.

Y agrega Nataly Zelaya, Promotora de Derechos Humanos del CUCR: Lo que nos comentan ellas es que las denuncias a veces tienen que ser contra los miembros de las maras. En las mismas zonas donde ellas trabajan, las maras les siguen cobrando impuestos de guerra, les obligan a comprar números o hasta a vender droga. Recuerdo a unas chicas de una zona de trabajo sexual en San Pedro Sula, les dimos asesoramiento y decidieron no interponer la denuncia por temor, porque han sido víctimas de vendedoras de drogas pertenecientes a las maras. También hay mujeres trans puestas por las maras como jefas de zonas de comercio sexual.

E. Migración forzada El siglo XXI ha sido clave para la migración de la población trans del país. En 2018, 28

con la primera caravana de migrantes, comienza a visibilizarse esta situación; en ese mismo año, las noticias nacionales e internacionales reportaron la muerte de Roxana Hernández, mujer trans hondureña que muere mientras estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE. Según el reporte del ICE, Roxana habría muerto por complicaciones relacionadas con el VIH después de una detención de cinco días. Pero, según explicaron grupos de derechos inmigrantes, las complicaciones habrían sido producto de su confinamiento en lo que se conoce como “la caja de hielo” (“ice box”), instalaciones de detención conocidas por sus bajas temperaturas.

Este suceso no ha detenido la migración de las mujeres trans, sea en caravanas o de forma individual, ya que las situaciones antes descritas imposibilitan su desarrollo social, humano y económico. Dice Nataly Zelaya, Promotora de Derechos Humanos del CUCR: Uno de los últimos casos de 2021, fue el de una compañera trans que ejercía el comercio sexual. Tuvo que salir de urgencia por las constantes amenazas y presiones para que vendiera drogas en la calle, por eso decidió irse del país hacia México. Allá está solicitando la protección internacional para salvaguardar su vida. Entonces, en vez de interponer una denuncia, ella optó por irse.

Líderes de las mujeres trans y mujeres trans de todas las zonas del país están saliendo continuamente del país, la mayoría se dirige a Estados Unidos. También van a países como México, Canadá, España y otros países de Europa. Guatemala es uno de los países centroamericanos a donde migran de forma temporal para ejercer el trabajo sexual, y si bien allí las condiciones son arriesgadas, son menos peligrosas que en Honduras. En este sentido, dice Tiara Barrientos, de SOMOS CDC y Coordinadora de la Plataforma de Mujeres y Hombres Trans: Sabemos que Honduras es uno de los países más violentos, que han venido sucediendo bastantes crímenes de odio y que básicamente han sido imparables.

Por ende, las mujeres trans nos vemos obligadas a migrar. Las oportunidades de trabajo son escasas y debemos buscar la forma de subsistir; la única alternativa que nos queda es irnos de Honduras.

En este sentido, dice Viena Ávila, Directora de la Asociación Feminista Trans, AFET: Nuestra población trans dedicada al trabajo sexual está sometida a los regímenes de las personas que ejercen este tipo de violencia para poder vender drogas ilícitas. ¿Cómo proteger a estas compañeras? Lo único que les resta es migrar y huir, poder salir de donde están, porque no hay un trabajo digno y la única fuente de empleo es el trabajo sexual.

El Estudio sobre causas de la migración forzada asociada a la violencia hacia las

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personas LGBTI en cuatro municipios de Honduras, a partir de denuncias presentadas ante organizaciones de sociedad civil de derechos humanos entre los años 2015 y junio de 2019, elaborado por SOMOS-CDC, señala que 34.7 % de la población LGTBI menciona que el hecho de violencia sufrido por las víctimas de desplazamiento o migración forzada son las amenazas y 36.1 % de los victimarios son maras y pandillas. En ese sentido, dice Alex Sorto, Director de SOMOS CDC: Los liderazgos están escaseando día a día, algunas porque migran, otras porque pierden la vida a manos de la transfobia, pero creo que el empoderamiento es una de las alternativas importantes para poder generar mayores acciones de incidencia o poner el tema en la pared pública.

F. Vulneraciones al derecho a la vida y la integridad física En Honduras es muy frecuente la persecución a las personas trans pues hay falta de información y aceptación de la población en general, por tal motivo muchas personas trans se ven obligadas a migrar interna o externamente. Las víctimas de acoso, amenazas y hostigamiento que no logran migrar enfrentan escenarios violentos, con agresiones físicas continuas que a veces llegan a ser transfemicidios.

Como vemos en el gráfico que registra la ocupación de las víctimas, el 4 % corresponde a mujeres trans defensoras de derechos humanos; evidencia de esto es el caso siguiente: Comenta la compañera que se acercaron tres individuos y comenzaron a decirle: “Vos sos el homosexual que reparte condones”, ella contestó que no. Luego comenzaron a agredirla verbalmente con palabras fuertes. Esto sucedió en la parada de transporte en horas de la tarde el día 5 de febrero del año 2021.

Caso registrado por CUCR para CeDoSTALC Comúnmente son individuos civiles quienes cometen abusos o violan los derechos humanos de las personas trans. Esta situación es causada por la discriminación y estigma que se vive a diario y por la acción de grupos criminales, maras y pandillas, y son más frecuentes en la vía pública, así como en las zonas de trabajo sexual. Por otra parte, abundan las agresiones físicas y golpizas cuando las personas trans no tienen dinero para pagar las extorsiones de estos grupos criminales.

El acoso y el hostigamiento también se da en establecimientos privados, tal como evidencia el caso siguiente:

30

Comenta una compañera que recibió cartas de amenazas que le hicieron llegar a su negocio. Le decían que, si no pagaba la extorsión, tenía que cerrar su negocio. Esta extorsión fue hecha por pandilleros que no conocía. Esto sucedió en el barrio el centro del Progreso, Yoro.

Caso registrado por CUCR para CeDoSTALC, 20 de mayo de 2021.

La mayoría de las personas trans de las áreas rurales desconocen el apoyo o asesoramiento jurídico que brindan las organizaciones de la sociedad civil, o cómo se interpone una denuncia; asimismo hay muchas denuncias que no son visibles.

En Honduras las organizaciones religiosas siguen obstaculizando la aprobación de leyes, de esta forma, también fomentan la discriminación hacia las personas trans, siendo uno de los principales grupos opositores.

G. Por una Ley de Identidad de Género Aunque el Colectivo Unidad Color Rosa ha realizado diferentes esfuerzos para socializar esta propuesta de ley, muchas personas de la sociedad hondureña creen que únicamente es un instrumento legal que sirve para el cambio de nombre según la identidad de género de las personas. Sin embargo, ese es solo uno de los beneficios que las personas trans tendrían al aplicarse esta ley pues, tomando como base el respeto a la identidad de género por parte del gobierno hondureño, se abrirían puertas para subsanar todos los derechos violentados de las mujeres trans. Al respecto, comenta Gabriela Redondo, Directora del Colectivo Unidad Color Rosa, CUCR: Como Colectivo Unidad Color Rosa, desde el año 2013 hemos trabajado en el proyecto de Ley de Identidad de Género. Hemos logrado varios cambios, como la eliminación del género y aceptar el cambio de imagen. Esta propuesta se ha presentado al Registro Nacional de las Personas y a la Comisión de Género del Congreso. También la hemos presentado a todas las organizaciones de la sociedad civil, de la Diversidad LGBTI, a la Secretaría de Derechos Humanos, y a organismos internacionales. Esperamos que con la nueva Presidenta se nos permita avanzar hasta lograr la aprobación.

En este sentido, coincide Alondra Miranda, Documentadora Trans de Honduras, de América Latina y el Caribe. CUCR: “En realidad, lo más importante para la población trans es que pronto se apruebe la Ley de Identidad de Género, es lo que nosotras más queremos, para que así tengamos acceso a nuestros derechos”.

Otros testimonios se suman acerca de la necesidad de aprobar esta ley:

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¿Qué nos daría la aprobación de esta ley? Pues nos daría todo el goce de nuestros derechos que por muchos por años se nos ha negado, nos abriría puertas para mantener un trabajo, poder estudiar, poder entrar a la universidad con nuestros nombres asumidos, o sea, es una oportunidad inmensa que las mujeres trans necesitamos ya. Nos abriría estas puertas a todos nuestros derechos de una manera tan bella, es lo más primordial.

Nataly Zelaya, Promotora de Derechos Humanos, Centroamérica Diversa, CUCR. Esta ley nace por las necesidades que como personas trans venimos sufriendo en Honduras. Necesitamos estos cambios, una ley que básicamente marca aquellos derechos que se nos han venido violentando, como el derecho al trabajo, a la salud, a una educación y al acceso a la justicia.

Tiara Barrientos, SOMOS CDC y Coordinadora de la Plataforma de Mujeres y Hombres Trans Yo, como Dulce, y como una representante de las mujeres trans, pido que nos aprueben la Ley de Identidad de Género, porque la ley viene a beneficiarnos mucho, no le podemos pedir más porque todo va incluido en los aspectos fundamentales que necesitamos. La Ley de Identidad de Género va enfocada en lo educativo, lo social, lo económico, lo laboral y lo cultural. Eso sería lo que más le pidiéramos a la Presidenta electa, que nos aprueben una Ley de Identidad de Género para las personas trans.

Dulce Guifarro, Coordinadora Generación Trans Awilix Sería como subirme a un pony con alas y salir volando de la alegría, una Ley de Identidad integral: salud, educación, trabajo, el reconocimiento como mujer, como seres diversos que somos, serían factores para mí muy buenos. Sé que nos vamos a bajar del pony, porque con la ley no se acabará el problema de la discriminación, no va a ser un mundo perfecto, pero tendremos herramientas para solucionarlo. Vendría a componer mucho nuestras vidas como mujeres trans.

Sasha Rodríguez, Directora Organización Pro Unión Ceibeña, Oprouce.

La Ley de Identidad de Género nos ayudaría a defendernos legalmente ante las situaciones de discriminación que pueden ocurrir. El hecho de tener esa ley no significa que las personas nos van a tratar como nos deberían de tratar, pero la ley serviría para sensibilizar a la población acerca de que existe la identidad género.

Grecia O´Hara, Gerente del Programa de Comunicación para Cambios Culturales, SOMOS CDC. Desde el primer borrador de propuesta en 2013, la Ley de Identidad de Género sigue 32

siendo en 2021 la mayor prioridad de las mujeres trans en el país; tan arraigada es esta idea que no se han detenido las acciones para la búsqueda de esta aprobación. La necesidad de socialización de este borrador está vigente pues no todas las mujeres trans conocen en detalle la iniciativa. En el período de gobierno de Xiomara Castro, Presidenta de Honduras 2022- 2026, las mujeres trans tienen la expectativa de que esta ley sea aprobada.

La intolerancia hacia las personas trans en nuestro país es enorme, esto queda claro cuando el Gobierno genera normas específicamente discriminatorias contra la población LGBTI; quizá esto se deba a los profundos niveles de control que las organizaciones de carácter religioso ejercen sobre las autoridades estatales.

En la información del CeDoSTALC recopilada en el año 2021 se observa que las principales violaciones y abusos corresponde a discriminación (46 %), asesinatos (21 %), intimidación / amenazas (17 %), extorsión (13 %).

Recomendaciones al Estado de Honduras ➢ Al Congreso Nacional de Honduras, agilizar la revisión y aprobación de la Ley de Identidad de Género y otras iniciativas de ley que favorezcan las condiciones de vida de las personas trans en Honduras, deuda histórica que tiene décadas pendiente. ➢ A la Presidenta constitucional de Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento, dar seguimiento a todas las Secretarías de Estado, para que hagan cumplir las acciones a favor de las poblaciones trans, descritas en el inciso 15 del plan de Gobierno propuesto para el período 2022-2026. ➢ Al Registro Nacional de las Persona, emitir un pronunciamiento público sobre la afirmación de que el derecho al cambio de nombre puede ser modificado desde esa institución, para que las autoridades correspondientes y encargadas de establecer un dictamen final tengan un marco legal donde ampararse y facilitar así este proceso con el fin de reconocer la identidad de género de las mujeres trans en Honduras. ➢ Al Ministerio Público, dar seguimiento expedito de los 127 asesinatos violentos de mujeres trans en el país, para que los niveles de impunidad se reduzcan de manera significativa y para que la credibilidad de esta tan necesaria institución sea respaldada con hechos tangibles, ampliando el número de fiscales asignados y generando procesos de investigación más profundos para llegar a los agresores y responsables de las muertes de mujeres trans. ➢ Al Gobierno de Honduras en sus tres poderes, que haga cumplir la sentencia de 33

Honduras en relación a las once reparaciones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2021, de manera pronta, eficaz y con un enfoque de respeto a todas las mujeres trans asesinadas, representadas por la defensora Vicky Hernández. ➢ Creación de oficinas regionales para la atención integral de poblaciones vulnerables. ➢ Creación de políticas públicas a favor de las personas trans para el acceso a los derechos humanos. ➢ Reconocimiento del derecho a la salud que tiene toda persona trans sin distinción, tanto en la atención médica pública como privada. Para ello el Estado debe girar por medio de la Secretaría de Salud las ordenanzas necesarias a fin de que se protejan los derechos más fundamentales. ➢ Modificación del delito de femicidio en el Congreso Nacional para que incluya a las mujeres trans. ➢ Garantizar el derecho al trabajo de manera que ninguna persona trans sea despedida por su identidad de género, para ello se debe promulgar una legislación amplia contra la discriminación en el ambiente laboral.

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