C. Violencia institucional

Electoral son obligadas a “comportarse” y/o vestirse según el patrón heteronormativo acorde al sexo registral que aparece en su documento de identidad para poder concluir el trámite legal y administrativo. En este sentido, no sólo no acceden a documentos que reflejen su identidad de género, sino que además son humilladas y vejadas por los agentes estatales al momento de realizar los trámites de documentación.

27. Los datos que surgen del relevamiento en Panamá se condicen nuevamente con lo que la

REDLACTRANS ha documentado a lo largo de los últimos años en diferentes países de la región respecto de la extrema vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual25, quedandoexponencialmente más expuestas a ser víctimas delitos y abusos por parte de las fuerzas policiales. En efecto, el hecho de que no exista un marco legal que reconozca el trabajo sexual como trabajo formal deja a quienes lo ejercen con escaso margen para decidir dónde o en qué condiciones trabajar y su actividad queda librada a la discrecionalidad del control de las autoridades policiales y administrativas26 .En el caso concreto de las denuncias recibidas en Panamá, el 46% de las víctimas era trabajadora sexual y un 23% declaró estar desocupada (gráfico 2). 28. La CIDH ha reconocido la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas trans, y en particular las mujeres trans, tras la exposición a situaciones de violencia en la que se hayan gracias a distintos factores: exclusión, discriminación y violencia en la familia, la escuela y la sociedad en general; falta de reconocimiento de su identidad de género; ocupaciones que las colocan en un mayor riesgo a sufrir violencia; y un alto grado de criminalización27 .Esta situación se ve agravada cuando las mujeres trans padecen prácticas sistemáticas perpetradas por agentes de la policía y las fuerzas de seguridad. 29. A través del trabajo de relevamiento de denuncias, la REDLACTRANS ha corroborado esta situación de especial gravedad en Panamá, registrándose una práctica habitual y sistematizada en la que los agentes policiales panameños extorsionan a las compañeras trans pidiéndoles dinero o favores sexuales a cambio de su libertadcuando son detenidas arbitrariamente.

25 Ver, entre otros: REDLACTRANS, La noche es otro país: Impunidad y violencia contra mujeres transgénero defensoras de derechos humanos en América Latina, 2012, pp. 10, 25 y 27-29; REDLACTRANS, Informe sobre acceso a los derechos económicos, sociales y culturales de la población trans en Latinoamérica y el Caribe, 2014, p.20. 26 REDLACTRANS, Informe sobre acceso a los derechos económicos, sociales y culturales de la población trans en Latinoamérica y el

Caribe, 2014, p.21. 27 CIDH, Comunicado de Prensa 153/14: CIDH expresa preocupación por la violencia generalizada contra personas LGBTI y la falta de recopilación de datos por parte de Estados Miembros de la OEA, 17 de diciembre de 2014.

Gráfico 2. Ocupación de la víctima.

Otra

31%

Trabajadora sexual

46%

Desocupada 23%

30. Entre los casos paradigmáticos y representativos de la violencia y discriminación policial se encuentra el de A.N., una activista trans de APPT que fue insultada por agentes policiales cuando se encontraba comprando comida en un restaurante. El comerciante les aclaró a los policías que ella se encontraba comprando comida sin cometer ningún delito.

De todas maneras, los policías continuaron insultándola desde fuera del comercioal grito de “¡sal maricón!” y “¡vas a tener que salir algún día!”. La compañera decidió esperar hasta que los agentes policiales se retiraran, pero al ver que esto no sucedía, intentó huir.

Sin embargo, al salir fue interceptada violentamente por cuatro agentes de policía, quienes le propinaron una paliza, quedando gravemente herida con cortaduras y traumatismos. Seguidamente, la abandonaron a su suerte en las inmediaciones del lugar.

Aún más, tanto en la comisaría como la Defensoría del Pueblo se negaron a tomarle la denuncia sin testigos. Todas las personas que estuvieron presentes en el lugar y momento de los hechos, se negaron a declarar por temor a represalias. 31. Entre otra de las denuncias documentadas, se encuentra la de Y.M., una compañera trans que ejerce el trabajo sexual, quien declaró que noche tras noche, la policía las agrede y ataca, las detiene de manera arbitrariamente bajo pretexto de estar “perturbando la moral pública”. De esta manera, los agentes policiales se excusan en normas que supuestamente velan por la moral pública, pero que en la práctica son utilizadas como herramientas para perseguir selectivamente a las personas trans, en especial a las trabajadoras sexuales. En lugar de velar por su integridad y su seguridad, los agentes policiales del Estado de Panamá tratan de manera humillante y discriminatoria a las mujeres transacusándolas,además, de ser delincuentes. 32. Otras denuncias explican que los agentes policiales panameños se convierten en

“proxenetas impuestos”ya que las mujeres trans, una vez detenidas,no son presentadas ante las autoridades competentes, sino que, a cambio de su libertad, les exigendinero y, en caso que se resistan a entregarlo, son víctimas de todo tipo de vejaciones e incluso violaciones y abusos sexuales. Va de suyo que de todo este circuito delictivo y flujos forzados de dinero al que están sometidas las mujeres trans locales no queda registrado de forma alguna, no hay expediente, documento o recibo que acredite el procedimiento de cobro. Si bien el proxenetismo está penado por el Código Penal de Panamá y la discriminación y malos tratos por la Constitución, las denuncias no son llevadas por las víctimas a la esfera administrativa o judicial por temor a represalias y mayor