NO MUERO ¡ME MATAN!
“El sistema de documentación y registro es muy importante para visibilizar y denunciar las violaciones de Derechos Humanos que ocurren en el país contra las personas trans, a su vez la pandemia ha evidenciado una línea muy fuerte de violencia y exclusión, la que se debe vencer a través de la aprobación de la Ley de Identidad de Género.” Miluska Luzquiños, Presidenta de Trans Organización Feminista por los Derechos Humanos de las personas Trans
Índice 1.
REDLACTRANS ..................................................................................................................................................... 2
2.
Trans Organización Feminista por los Derechos Humanos de las Personas Trans ................. 3
3.
Centro de Documentación y Situación Trans en Latinoamérica y el Caribe (CeDoSTALC) .. 4
Situación de las personas trans en Perú .............................................................................................................. 5 Metodología para el relevamiento de casos ....................................................................................................... 6 Violaciones a los derechos humanos de las personas trans ........................................................................ 8 en Perú durante el año 2021 .................................................................................................................................... 8 A.
Violaciones al derecho a la vida y la integridad física ..................................................................... 8
B.
Violaciones al derecho a la salud........................................................................................................... 10
C.
Violaciones al derecho al trabajo .......................................................................................................... 12
D.
Violaciones al derecho a la educación ................................................................................................. 13
E.
Normativas existentes nacionales e internacionales .................................................................... 14
F.
Violaciones al derecho a la justicia ....................................................................................................... 15
G.
Violaciones al derecho a la identidad .................................................................................................. 17
H.
Violencia en el contexto de COVID-19, “pico y género” ............................................................... 18
Acceso al trabajo de las mujeres trans que recibieron apoyo alimentario ........................................... 23 Sentimientos de las mujeres trans en relación al COVID-19 ...................................................................... 23 Recomendaciones al Estado de Perú.................................................................................................................. 24 Bibliografía.................................................................................................................................................................... 24 Datos de contacto ....................................................................................................................................................... 24
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INTRODUCCIÓN 1. REDLACTRANS La Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (RedLacTrans) fue creada en 2004 y en la actualidad está integrada por 22 organizaciones lideradas por mujeres trans, promoviendo y asegurando que sean éstas quienes hablen por y se representen a sí mismas. La Red promueve los principios de inclusión y participación sin discriminación de ningún tipo, con particular énfasis en la equidad de los géneros, el respeto a las etnias, a las identidades y las expresiones de género, a la edad, al país de origen y/o situación socioeconómica y cultural. La RedLacTrans se encuentra en la actualidad en Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay. Accionamos con el propósito de hacer efectivo el cumplimiento y el ejercicio de los derechos humanos desde y hacia nuestra población a través de estrategias de incidencia política, visibilización, participación y fortalecimiento de nuestras organizaciones en acciones de salud, educación y justicia. Así, nuestra visión se orienta hacia una región sin discriminación ni violencia, con el respeto a nuestra identidad de género y el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales. En este sentido, los distintos informes elaborados desde la RedLacTrans han ido visibilizando las reiteradas violaciones que nuestra población sufre día a día y contribuyendo a la incidencia política de sus organizaciones de base. Asimismo, hemos presentado el informe regional 2016-2017 Esperando la muerte en el 167° y 169° Período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebrados a lo largo de 2018 en Bogotá, Colombia, y Denver, Colorado, Estados Unidos; la Guía de recomendaciones sobre la atención integral a la salud de la salud de las mujeres Trans en Latinoamérica y el Caribe ante autoridades de la salud y activistas mexicanas, en enero de 2019 en Guadalajara, México y en las en las reuniones de incidencia política lideradas por la RedLacTrans ante representantes de Agencias de las Naciones Unidas en marzo de 2019 en Ginebra, Suiza; y se presentó el Informe Regional 2018 Basta de Genocidio Trans en la 49° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio de 2019 en Medellín, Colombia. Cabe mencionar que previa a la realización de este informe, y durante el confinamiento decretado por los diferentes países de la región como medida preventiva de contagio ante la crisis generada por la pandemia de COVID-19 y ante la falta de respuesta estatal, hemos lanzado 2
-en formato virtual- los informes Las vidas Trans en tiempos de pandemia y Paren de matarnos. Informes que nos ha permitido visibilizar la situación de las personas trans de América Latina y el Caribe y con los que hemos podido denunciar la situación de extrema pobreza y exclusión social a la que nos vemos expuestas las personas trans ante la falta de políticas públicas y de voluntad política para mitigar el estigma y la discriminación estructural que recae sobre nuestros cuerpos.
2. Trans Organización Feminista por los Derechos Humanos de las Personas Trans Trans Organización Feminista por los Derechos Humanos de las Personas Trans es una organización sin fines de lucro registrada legalmente en Lima, Perú. Fue creada en 2013 por un grupo de mujeres trans defensoras de derechos humanos y de la identidad de género en Perú. Su misión es contribuir al reconocimiento, la defensa y el avance de los derechos relacionados con la Identidad y Expresión de género. Sostiene una visión y principios feministas del mundo que impone combatir los privilegios, deconstruir el poder y distribuir los derechos. En su trabajo, Trans Organización Feminista genera y promueve instrumentos, conocimientos, debates y acciones que contribuyen a la construcción de sinergias, redes y alianzas para construir un campo de acción política nacional e internacional orientado a incidir, junto con otros movimientos y organizaciones sociales, para el pleno reconocimiento de la identidad y expresión de género en Perú. Para el logro de sus metas realiza, directamente o como integrante de coaliciones internacionales, incidencia política en espacios multilaterales de derechos humanos, particularmente en la ONU y la OEA. También se dedica a contribuir al fortalecimiento y la sustentabilidad de los movimientos sociales y de derechos humanos en el Perú y la región, por medio de programas de formación, capacitación y entrenamiento, mediante seminarios, cursos, talleres de capacitación, convenciones, conferencias y cualquier otra acción de difusión y/o intercambio; contribuyendo al crecimiento personal y social-comunitario, tanto de sus integrantes como de las personas destinatarias de su acción. Entre otras coaliciones y redes, Trans Organización Feminista integra la Coalición de Organizaciones LGTTTBI y de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe con trabajo ante la OEA y la RedLacTrans.
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3. Centro de Documentación y Situación Trans en Latinoamérica y el Caribe (CeDoSTALC) En la región se evidencia la falta de conocimiento e información sobre la situación social de la población trans. En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó recolectar información estadística de manera sistemática sobre la violencia contra las personas LGBT en América Latina y el Caribe. En general, las escasas estadísticas existentes señalan que una de las formas más extremas del estigma y la discriminación hacia las personas trans en América Latina es la violencia social e institucional. Si bien la violencia en América Latina y el Caribe afecta a toda la población, las personas trans la sufren en forma desproporcionada por ser víctimas de crímenes de odio y por la impunidad que rodea a estos crímenes. El estigma social y la discriminación se acrecientan cuando las personas trans adquieren VIH-SIDA, constituyendo una barrera importante que impide acceder a los servicios de tratamiento y apoyo. Como respuesta a esta situación, la RedLacTrans ha puesto en marcha el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CeDoSTALC), que permite obtener información de primera mano a partir de la recepción de denuncias sobre las violaciones y vulneraciones de derechos humanos que sufre la población trans en la región. El CeDoSTALC se constituye como un sistema comunitario para recopilar información, monitorear y brindar respuesta a las barreras que impiden el acceso a los derechos humanos de la población trans en la región. Dicho sistema se ancla en una plataforma virtual de recolección de casos que posibilita la circulación y centralización de la información de las OTBN (Organización Trans de Base Nacional) con la Secretaría Regional de la RedLacTrans. Oportunamente, para la puesta en marcha del CeDoSTALC, la RedLacTrans realizó talleres de capacitación a fin de que una mujer trans se desempeñara como documentadora de vulneraciones a los derechos humanos en su territorio. Se trata de una estrategia que garantiza el éxito en la documentación debido al acercamiento directo hacia su misma población. La RedLacTrans reconoce el apoyo brindado por Robert Carr Fund, por el trabajo de documentación y elaboración del presente informe. Este proceso ha demostrado que el trabajo en asocio entre diferentes organizaciones es la estrategia que asegurará la continuidad del CeDoSTALC para disminuir las violaciones a los derechos humanos que sufren las personas trans en América Latina y el Caribe.
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Situación de las personas trans en Perú
Si bien la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce los derechos de las personas LGBTQ2I, en el Perú, las personas trans no tienen garantizados sus derechos pues el Estado carece de una ley de identidad de género como paso inequívoco para formular políticas públicas que promuevan los derechos de las personas trans, con acento en su inclusión y legitimación. Además, la pandemia del COVID-19 ha acentuado severamente las brechas pre-existentes en torno a la aspiración de una vida digna. Asimismo, la agenda política de las autoridades peruanas ha archivado las iniciativas de ley en la materia. Por si fuera poco, los contendores a la primera magistratura del país han reafirmado una postura ultra conservadora. En el Perú, se estima que una persona trans no traspasa la barrera de los 35 años por causa del VIH-SIDA y se consideran socialmente muertas, según el estudio La situación de la población trans en el Perú en el contexto del acceso universal a tratamiento, atención y apoyo en VIH/SIDA (2010) de Salazar y Villayzán (2010). Las personas trans no tienen acceso a derechos como identidad documentada, educación, salud, trabajo y vivienda, lo cual no solo les obliga a lidiar a diario con la pobreza sino además con la discriminación y la violencia. La exclusión de las personas trans ha orillado a muchas mujeres transgénero migrantes a dedicarse al trabajo sexual en la calle, motivo por el cual durante las cuarentenas por el COVID-19 no obtuvieron ingresos para alimentarse, pagar la vivienda y resolver temas de salud. Siendo el Perú un país con arraigada cultura patriarcal, donde la diversidad sexual y el derecho a la identidad de género, son tabú, los avances a favor de los derechos de las personas trans se circunscriben a una norma técnica en el ámbito de la salud para mejorar la atención de las personas trans y a un procedimiento que permite el registro civil de la persona sin solicitar requisitos que patologicen su identidad. Ha sido notable en los últimos diez años la labor de incidencia pública de colectivos y movimientos de personas trans, sin embargo, en el imaginario común de la sociedad peruana, siguen siendo un grupo poblacional estigmatizado y violentado. De hecho, el Informe de Adjuntía N° 007-2018 de la Defensoría del Pueblo sobre el estado actual de los derechos de las personas LGBTQ2I, indica que la invisibilización de los derechos se debe a la ausencia de i) datos oficiales que den cuenta de la magnitud de su situación, ii) una visión integral de abordaje del Estado en la materia, iii) políticas públicas con enfoque de diversidad sexual y iv) la impunidad frente a derechos conculcados. De ahí que la promoción de condiciones para que las personas trans se sobrepongan, con acciones de participación y con oportunidades de reinvención para acceder a puestos de trabajo, 5
sean impostergables. En paralelo, es necesario el fortalecimiento organizacional de colectivos trans en diversas localidades del Perú, para que sean interlocutores válidos en los procesos de incidencia pública hacia el logro de una vida digna, prolongada y saludable.
Metodología para el relevamiento de casos
Este informe es el resultado del trabajo llevado a cabo por las activistas de la RedLacTrans quienes documentaron las vulneraciones a los derechos humanos que vivencian día a día. El objetivo de este trabajo es visibilizar estas vulneraciones como una muestra de la realidad de la región. Esto permitió elaborar numerosos informes que dan cuenta de la situación de las personas trans en distintos territorios, así como cinco informes regionales: •
El informe titulado Esperando la muerte, corresponde al período 2016-2017;
•
Basta de genocidio trans, corresponde al período 2018;
•
Paren de matarnos, corresponde al período 2019-2020;
•
Las vidas trans en tiempos de pandemia, corresponde al año 2020;
•
y el presente informe, titulado No muero, ¡me matan!, corresponde al período
2021. Todos ellos constituyen instrumentos sólidos para revertir los históricos contextos de violencia y estigma padecidos por nuestra población. En cuanto a la sistematización de datos, importa señalar que su relevamiento se dirige a compensar en la mayor medida posible la evidente falta de información pública sobre la situación de la población trans en América Latina y el Caribe. Ello es especialmente urgente en contextos en que los Estados no sólo no brindan respuesta a tal carencia, ni promueven la participación de las organizaciones trans territoriales en este tipo de relevamiento, sino que ni siquiera prestan colaboración mediante la sistematización de datos, lo que constituye un desafío también para futuros relevamientos. Y si bien los datos relevados son reales y concretos, resultan insuficientes para expresar cabalmente la realidad, pues resulta imposible registrar en forma exhaustiva todas las vulneraciones a los derechos humanos que las mujeres trans padecen cotidianamente en nuestra región. Esto puede deberse a numerosos motivos, mencionaremos entre ellos el alarmante nivel de vulneración de sus derechos, su invisibilización tanto por parte de particulares como por parte de los Estados, las restricciones en el acceso a la justicia y, en líneas generales, el propio accionar del Estado y la falta de confianza en el mismo por parte de la 6
población afectada. Como ya fue explicado en oportunidad de presentar la metodología aplicada en la elaboración de los informes regionales 2016-2017 y 2018, todos los reportes son resultado de una historia de trabajo comunitario entre las Coordinadoras Nacionales. Para hacerlos posibles, las Coordinadoras Nacionales de la RedLacTrans acordaron en abril de 2017, en el marco del Taller Regional de Buenos Aires, los criterios de cada una de las sub-regiones, Cono Sur, Andina y Centroamérica, para llevar a cabo las tareas de relevamiento, documentación y sistematización. Además, en aquella instancia se revisó y validó la herramienta de toma de casos de vulneraciones, la cual fue implementada de manera unánime por todas las Organizaciones Trans de Base Nacional. A partir de estos insumos, la RedLacTrans dio inicio al desarrollo de un software acorde con las necesidades de nuestra población. Pero, a fines de 2018, este software sufrió vulneraciones en su seguridad por lo que la compañía creadora lo dio de baja. En respuesta a esta situación, la Secretaría Regional de la RedLacTrans estableció como objetivo la creación de una plataforma propia para continuar con el trabajo de las documentadoras trans, la cual funciona regularmente desde mayo de 2019. En el mes de mayo de 2017, la RedLacTrans llevó a cabo un taller de entrenamiento en documentación de casos de vulneraciones a los derechos humanos en la ciudad de San Salvador, El Salvador, donde las promotoras de derechos humanos de América Latina se capacitaron en recolección de casos y su carga al sistema virtual. Este taller marcó el inicio de un proceso de documentación regido por el uso de herramientas estandarizadas en todos los países, de manera que la documentación en la región sea llevada a cabo bajo los mismos criterios. Dos meses después, bajo la modalidad de prueba piloto, se dio inicio a la documentación de casos en 17 países y las activistas de cada organización de base nacional comenzaron a relevar los casos de vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres trans, a cuyo conocimiento pudieron acceder en sus respectivos territorios. En este aspecto, se debe resaltar la profundidad del conocimiento que tienen las Organizaciones Trans de Base Nacional sobre la información a relevar en sus territorios, donde viven las activistas trans y también sufren vulneraciones a sus derechos. En esos mismos territorios trabajan para desarrollar dispositivos propios de intervención frente al irrespeto de sus derechos que, como se dijo más arriba, ellas pueden contarnos “de primera mano”. Además, las tareas de registro fueron coordinadas y supervisadas desde la Secretaría Regional ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Como parte del monitoreo del proyecto, se celebraron dos instancias presenciales para identificar obstáculos y lecciones aprendidas a lo largo de los primeros meses, en el marco de los Talleres Subregionales de 7
Incidencia Política, en Quito (septiembre 2017) y en Ciudad de México (octubre 2017). A partir de los insumos que cada organización de base nacional produjo y sistematizó en sus reportes pudieron elaborarse los informes regionales Esperando la muerte, Basta de genocidio trans, y el informe Paren de matarnos sobre los períodos 2016-2017, 2018 y 20192020 respectivamente. Este informe refleja un análisis situacional respecto de las vulneraciones a los derechos humanos de las personas trans en la región y propone una serie de recomendaciones dirigidas a los Estados de las Américas con el objeto de que arbitren los medios necesarios para asegurar a las personas trans el goce efectivo de todos los derechos, que largamente nos han sido negados.
Violaciones a los derechos humanos de las personas trans en Perú durante el año 2021
A. Violaciones al derecho a la vida y la integridad física En la Constitución Política del Perú se tipifican la vida, la integridad, la identidad, la igualdad y la libertad como derechos fundamentales de todas las personas. No obstante, el acceso a los derechos humanos fundamentales no está garantizado para las personas trans. Tal como se comentó antes en este informe, la expectativa de vida de las personas trans no supera los 35 años de vida, mientras que la media para el resto de la población supera ampliamente los 70 años. Somos una población socialmente muerta, sin acceso a los derechos económicos, sociales, políticos y ambientales, que sufre la violencia y la impunidad de un sistema que nos margina. Esta situación tiene efectos directos y letales; como podremos observar en la siguiente muestra, el principal tipo de violencia que sufrimos es la discriminación que trae consigo consecuencias graves, incluso la muerte. Según los casos registrados de vulneración y violación a los derechos humanos de las personas trans, entre el 1ero de enero y el 30 de noviembre de 2021, 69.44 % ha sufrido algún tipo de discriminación, 16.67 % corresponde a asesinatos, mientras que el 13.89 % restante corresponde a algún tipo de acoso u hostigamiento:
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16,67%
DISCRIMINACIÓN
13,89%
69,44%
TIPO PRINCIPAL DE ABUSO O VIOLACIÓN
ACOSO/HOSTIGAMIENTO
ASESINATO
Estos casos de violencia no solo suceden en la intimidad del domicilio de las víctimas, también ocurren en ámbitos públicos y privados, como restaurantes o discotecas. Tenemos en este estudio que 75 % de las víctimas fue vulnerada o violentada en la zona de trabajo sexual, 11 % en su propio domicilio, 8 % en un servicio de salud y 6 % en su lugar de trabajo. Esto demuestra el entramado de injusticia del que somos víctimas las personas trans en el Perú, y la impunidad con la que atacan los agresores.
Lugar donde ocurrieron los hechos 11% 6% Zona de trabajo sexual
8%
Servicio de salud Lugar de trabajo Domicilio de la víctima
75%
En este sentido, cabe resaltar el caso de Azul Rojas Marín, una mujer trans que fue detenida en febrero del año 2008. Azul fue insultada, golpeada y violada sexualmente en la comisaría. Dos días después denunció estos hechos, pero la investigación preparatoria fue sobreseída y luego archivada. Este caso hoy es emblema de lucha ya que el día 12 de marzo de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una sentencia contra el Estado: Perú es responsable por la detención ilegal, tortura, violación sexual, discriminación por 9
orientación sexual y afectación a las garantías y protección judiciales que sufrió Azul Rojas Marín. El caso Azul amplía la jurisprudencia de la Corte IDH en este tema y además es el primero expresamente ligado a actos de violencia. La sentencia, que subraya que los abusos son cometidos a veces por agentes estatales, coincide, además, con la reciente medida de salida alternada por género para contener el contagio de COVID-19, una situación en la que se registraron algunos tratos degradantes a la población LGBTI por parte de la policía. El análisis de la sentencia de la Corte IDH hecho por la Directora Ejecutiva en Idehpucp, Elizabeth Salmón señala: … la violencia contra la población LGTBI comunica simbólicamente una sanción social contra ellas y merma su ejercicio de derechos, lo cual puede dar lugar a crímenes de odio. Por ello, cualquier limitación de la libertad personal de personas LGBTI debe tener una justificación objetiva de las autoridades; de lo contrario, se considerará que la medida es discriminatoria per se y que es una manifestación de la discriminación estructural. En esa misma línea, se establece que en la investigación de actos violentos contra personas LGBTI la autoridad debe verificar si obedecen a motivos discriminatorios. (…) Hay dos aspectos técnicos de interés en este caso. Uno es el relativo a la tortura y la finalidad discriminatoria y el segundo es el de las garantías y protección judiciales. En cuanto a lo primero, la Corte concluyó que los abusos podían considerarse tortura porque hubo i) intencionalidad de los agentes (golpes e introducción de vara policial en el ano); ii) severos maltratos físicos y mentales; y iii) finalidad discriminatoria por el tipo de violencia, los insultos estereotipados y la misma violación sexual. (…) El Estado peruano debe cumplir esta sentencia que manda medidas de no repetición como la implementación de un “Protocolo sobre investigación y administración de justicia en procesos penales sobre violencia contra personas LGTBI”, la capacitación de agentes estatales, y el programa de recolección de datos estadísticos sobre violencia contra población LGTBI. El Estado debe tomar nota de este caso y comunicar claramente a sus agentes que no se tolerará conductas de este tipo. Asimismo, debe prevenir, a través de la capacitación, que los estereotipos resulten en hechos de violencia. De ese modo el sufrimiento de Azul Rojas Marín no habrá sido en vano y avanzaremos hacia la afirmación de una sociedad más democrática e inclusiva. La cultura machista arraigada en la sociedad, la impunidad de los actos de violencia ante la falta de investigación y sanción judicial, la ausencia del Estado y la falta de una Ley de Identidad de Género son las principales razones por las que, al momento del presente informe, las personas trans en Perú somos perseguidas, criminalizadas y asesinadas. Un genocidio trans.
B. Violaciones al derecho a la salud Como mencionamos, 8 % de los casos registrados en CeDoSTALC corresponde a casos de vulneración y violación de los derechos humanos de las personas trans ocurridos en servicios 10
de salud. En Perú, la salud está tipificada como un derecho humano programático en la Constitución Política, un derecho también vulnerado para las personas trans. Para que la población pueda gozar plenamente del acceso y permanencia, es obligación inmediata del Estado diseñar e implementar políticas públicas. En este sentido, durante los meses de agosto, septiembre y octubre sostuvimos un diálogo entre las documentadoras trans de CeDoSTALC en la región Andina, y hallamos estas coincidencias: •
En los servicios de salud las personas trans encontramos abuso de poder, malos tratos, falta de sensibilización, acoso verbal. Todo lo cual suele comenzar por el personal de seguridad.
•
El profesional médico y de enfermería también genera vulneraciones a la hora de atender a la población. Muchas veces expresado en el estigma de relacionar a las identidades trans directamente con el VIH u otras ITS e incluso no respetando el nombre autopercibido.
•
Las personas trans nos encontramos con una grave falta de profesionales capacitados en las problemáticas específicas de la población.
•
Con frecuencia se presentan vulneraciones al derecho a la confidencialidad (sobre todo cuando son personas VIH+ que asisten a citas médicas).
•
La falta de información sobre los servicios, la falta de respeto por la identidad autopercibida y las burocracias que dificultan el proceso de actualizar los documentos o historias clínicas que reflejen nuestra identidad autopercibida son algunas de las problemáticas que generan la expulsión de las personas trans de estos espacios. En el año 2016, el Ministerio de Salud anunció el acceso a servicios de salud integral y
diferenciados para personas trans. Observamos que esta propuesta se centra en la atención relacionada con el VIH, soslayando el acceso a la salud integral efectivo y de calidad a través de clínica general, endocrinología, acceso a cirugías, salud mental, etc. Evidencia de esta situación es el caso de T.R: T.R lleva muchos años con el VIH encima, cuando fue diagnosticada no existía en el Perú ningún tratamiento antirretroviral y a la gente solo le quedaba esperar la muerte. En ese entonces el mundo no se paralizó y los países no competían por descubrir vacunas como ahora. El virus de inmunodeficiencia humana era una pandemia menos visible y marginal que la del coronavirus. Una cosa de homosexuales, prostitutas y promiscuos. Hace veintiún años, en el verano del ‘99, cuando T.R fue la única de cinco amigas en infectarse, estaba convencida de que su 11
vida acabaría antes del nuevo milenio. Es un lunes de agosto por la tarde, y T.R está esperando sus medicinas desde hace media hora en el Hospital de Ventanilla. Aunque el Ministerio de Salud dio una disposición durante la pandemia de repartir tratamientos por tres meses para evitar exponerse, T.R ha tenido que venir cada mes porque sus fármacos son más costosos y difíciles de conseguir. Esta mujer transgénero de 43 años tiene el virus despierto. Desde inicios de año, T.R sigue el tratamiento de rescate que, como indica su nombre, auxilia a quienes ya no les surte efecto los dos primeros esquemas del Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA). “Después de esto me darán placebo”, dice, con las piernas cruzadas, la mano alzada, y atropellando las palabras con la velocidad suficiente para restarle dramatismo al asunto. Un paciente es considerado ‘sano’ cuando reduce su carga viral al mínimo y logra tener al VIH indetectable. En su último análisis, antes de que se clausuraran las consultas en marzo, T.R registró 84 mil copias de VIH por milímetro de sangre. Ella insiste en que es un avance porque en algún momento de 2019 llegó al millón. Un millón cuando tendría que estar en cero.
C. Violaciones al derecho al trabajo Entre el 1° de enero y el 30 de noviembre de 2021, observamos que 72.22 % de las compañeras ejercieron el trabajo sexual para poder vivir y también por la dificultad de poder conseguir trabajos formales, 16.67 % accedió a algún otro tipo de trabajo informal sin beneficios y expuestas a ser vulneradas, mientras que el 11.11 % restante no cuenta con un trabajo estable para su sostenibilidad económica.
Ocupación de las víctimas Desempleada
11,11%
Otro trabajo informal
16,67%
Trabajadora sexual
72,22% 0%
20%
40%
60%
80%
100%
A pesar de que el acceso al trabajo y su promoción forman parte de los derechos establecidos en la Constitución Política de Perú, no existen políticas públicas o programas por parte del Estado que promuevan el acceso al trabajo para las personas trans. Que en 2021 el trabajo sexual sea la principal vía de subsistencia para las personas trans, es el resultado de una estructura histórica de exclusión social y pobreza. Y, aunque el 12
ejercicio del trabajo sexual no es ilegal en Perú, no existen regulaciones específicas que protejan los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, por lo cual es ejercido en ámbitos de violencia y persecución. Como expresamos antes, 75 % de los casos registrados sucedieron en la zona de trabajo sexual.
Autor principal de los hechos 100% 90% 80% 70% 60%
47,22%
50% 40%
36,11%
30% 16,67%
20% 10% 0% Fuerzas de seguridad/Uniformados
Cliente de trabajo sexual
Pareja
En este contexto, también se registra que más del 30 % de los casos de abuso o violación a los derechos humanos fueron ejercidos por las fuerzas de seguridad, mientras que casi el 50 % tuvo como autor principal a un cliente de trabajo sexual. No contar con leyes que promuevan el acceso al trabajo de las personas trans, y el conjunto de situaciones que atentan contra su vida en contextos de criminalización y persecución, tiene su impacto a lo largo de toda la vida. La falta de un empleo formal también conlleva la falta de acceso a beneficios sociales como las prestaciones de salud, los seguros de desempleo, e incluso la dificultad de acceder a una vivienda de calidad debido a la falta de comprobantes de ingresos económicos.
D. Violaciones al derecho a la educación Con el propósito de generar indicadores sobre el máximo nivel educativo logrado en el año 2021, registramos los siguientes datos de las víctimas alcanzadas por CeDoSTALC Perú: 63.89 % de las compañeras cuentan con la primaria incompleta, cifra que resulta preocupante, 19.44 % completó la primaria mientras que del 16.67 % restante no se dispone de información.
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Nivel de instrucción alcanzado 100% 90% 80% 70%
63,89%
60% 50% 40% 30% 20%
19,44%
16,67%
Primaria completa
Ns/Nc
10% 0% Primaria incompleta
La educación en Perú no solo es un derecho constitucional, también está regulada por la Ley General de Educación N° 28044, donde se establece que se trata de un proceso que se desarrolla durante toda la vida. Así, la educación no solo contribuye a la formación integral de las personas, también es parte de la creación de cultura, de la comunidad nacional y, en consecuencia, es universal en su acceso y gratuita por ser un servicio público. La ley también menciona la equidad, la cual no es respetada en su acceso y permanencia para las personas trans, pues en Perú somos expulsadas del sistema educativo, siendo que la vulneración de este derecho trae consigo repercusiones negativas en todas las etapas siguientes del desarrollo humano y en la integración a las diferentes instituciones sociales. En el ámbito escolar muchas veces somos víctimas de burlas y acoso por parte del cuerpo estudiantil e incluso del personal docente, administrativo, auxiliar y directivo.
E. Normativas existentes nacionales e internacionales En el Perú existen normativas que amparan de alguna manera a la comunidad trans, principalmente en Piura, Loreto y Lima, donde las compañeras siguen en la lucha por su pleno cumplimiento. A lo largo de los años, estas normativas han generado un avance significativo para la comunidad. En Loreto, nuestra compañera Carol Ríos, activista de la ciudad de Iquitos, menciona la Ordenanza Municipal N° 014-2009-CM-MDB, aún sin pleno cumplimiento. También enfatiza en la necesidad de una ordenanza que señale específicamente la orientación sexual y la identidad de género. 14
Por otro lado, la compañera Patty Alburquerque del distrito de Castilla en Piura destaca la existencia de tres normativas: la Ordenanza Municipal N° 011-2012-MDC, la Ordenanza Municipal N° 161-00 –MPP y la Ordenanza Regional N° 351-2016/GRP-CR. Como activista principal de esta ciudad, articula sus acciones con el actual alcalde del distrito de Castilla, buscando generar nuevos vínculos de diálogo para la creación de normativas que engloben en su totalidad las necesidades de la comunidad trans. Finalmente, en Lima, la capital del Perú, nuestra compañera Fara Zamudio señala las siguientes normativas: •
“Ordenanza que promueve el respeto a la igualdad y prohíbe toda forma de discriminación en el distrito de San Martín de Porres”.
•
Ordenanza 151-MDI. Municipalidad Distrital de Independencia.
•
Ordenanza Municipal N° 000026. Municipalidad Provincial del Callao. “Prohíbe toda forma de discriminación en la jurisdicción de la Municipalidad Provincial del Callao”.
•
Concejo Metropolitano de Lima. 10 de abril de 2019. Ordenanza Nª 2160. “Ordenanza que promueve el respeto a la igualdad, previene, prohíbe y sanciona toda manifestación de prácticas o actos discriminatorios en Lima Metropolitana”.
•
Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial (Resolución Ministerial Nº 952-2018-IN)
•
MIMP. Manual para el personal de serenazgo e inspectores municipales. Sin embargo, Fara Zamudio comenta que estas disposiciones no se cumplen en su
totalidad, pero que siguen en pie de lucha para su cumplimiento, así como para la creación de nuevas normativas que amparen los derechos humanos de nuestra comunidad.
F. Violaciones al derecho a la justicia En Perú no se respeta este derecho fundamental para las personas trans. Como hemos desarrollado a lo largo del presente informe, las vulneraciones a los derechos que afectan a diario la vida de las personas trans son múltiples y se presentan en todos los ámbitos. La falta de acceso a la justicia es un eslabón más en esta cadena de violaciones. Tal como se ve en el gráfico, nuestros registros expresan que las fuerzas de seguridad representan 36,11 % de los autores de vulneraciones y violaciones a los derechos humanos.
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Autor principal de los hechos 100% 90% 80% 70% 60%
47,22%
50% 36,11%
40% 30%
16,67%
20% 10% 0% Fuerzas de Cliente de trabajo sexual seguridad/Uniformados
Pareja
Esta situación no solo se da en las zonas de trabajo sexual donde las fuerzas de seguridad hostigan, persiguen y detienen arbitrariamente a las personas trans trabajadoras sexuales, también forma parte de los discursos de odio y conservadores presentes a diario en los medios de comunicación, a través de funcionarios públicos y de sectores conservadores relacionados con la Iglesia. Desde el momento en que intentamos presentar una denuncia formal, las personas trans enfrentamos una vulneración a nuestro derecho a la justicia pues recibimos malos tratos, burlas y rechazo por parte de los uniformados. De ahí que más del 80 % de las personas trans que vieron vulnerados sus derechos humanos durante 2021 no hayan realizado una denuncia formal:
¿Realizó una denuncia formal?
17% Si No
83%
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Al ser consultadas al respecto, vemos que no presentan denuncias debido a: •
Falta de información sobre los procesos administrativos o burocráticos para interponer una denuncia.
•
Miedo a sufrir represalias por parte de la policía o los autores de los hechos que tienen relación con las fuerzas de seguridad.
•
Miedo a ser revictimizadas en las dependencias de la justicia.
•
Desconfianza en los procesos ya que con frecuencia las denuncias son archivadas y desestimadas.
G. Violaciones al derecho a la identidad Pese a que la Constitución del Perú, decenas de tratados internacionales y la reciente aprobación de la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte IDH sobre Costa Rica hablan del respeto y reconocimiento de la identidad, en Perú las personas trans no tenemos acceso a este derecho fundamental. Como respuesta a esta situación, desde Trans Organización Feminista por los Derechos Humanos hemos propuesto y apoyado diversos proyectos para el debate y sanción de la Ley de Identidad de Género en Perú. A pesar de estos esfuerzos, los parlamentarios no se han pronunciado a favor de la población trans. Como impacto de la lucha, la movilización y la organización podemos contar el caso de Dania Calderón García quien, a los 42 años, después de seis años de lucha en los tribunales, se convirtió en la primera mujer trans que cambió el sexo en su Documento Nacional de Identidad (DNI) sin la necesidad de someterse a una reasignación genital. Ella recibió su nuevo documento en la sede del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). En una conferencia de prensa, Dania Calderón García afirmó: Este proceso no ha sido nada fácil. Ha sido largo, tedioso, no solo desgastante en lo económico, físico, sino también en lo mental. Ha sido un proceso que, particularmente, ha pasado factura a mi estado anímico. (…) En un momento había decidido dejarlo todo. Había tantas incongruencias de la Reniec acerca de mi demanda que influyó en el tema de la decisión, pero seguí firme. Como tengo mis compañeras aquí en Féminas, siempre ellas acompañándome, en las buenas y en las malas, en ellas donde tuve el soporte para seguir adelante. A veces la sociedad nos empuja a tomar decisiones equivocadas. Dania también se expresó sobre la urgencia de una Ley de Identidad de Género, un derecho de todo ciudadano: 17
Yo estoy contenta por una parte de haber logrado este derecho y el respeto humano que todos debemos tener, pero, por otra parte, me siento frustrada por las trabas en Reniec para la certificación de mi partida y de mi DNI. No deseo que mis compañeras pasen por lo que yo he vivido. Necesitamos urgentemente una ley de identidad de género. (…) Si Reniec ya me dio mi DNI con el cambio de sexo y de nombre, que es lo que corresponde, yo les pediría a las autoridades de Reniec que no nos obstruyan más. Si la justicia ha fallado a mi favor, que el caso de mis compañeras también sea igual. Por su parte, la doctora Johan Sotelo, defensora de Dania, agregó: Basta de estar pidiendo certificados psicológicos, psiquiátricos y cirugías. La persona no se vuelve trans de un día para otro, es algo que vive desde su pequeña infancia. No reconocer a las personas con el género que se identifican es violentarlas, sobre todo cuando sufren de discriminación.
H. Violencia en el contexto de COVID-19, “pico y género” La pandemia de COVID-19 ha desatado en el mundo entero una crisis social, política y sanitaria sin precedentes, situación que trajo consigo más vulneraciones a los derechos humanos de las personas trans. Desde Trans Organización Feminista hemos aunado esfuerzos para ayudar a nuestras compañeras quienes, ante la falta de apoyo del Estado, se encontraron ante una doble crisis de pobreza y exclusión social. El lunes 16 de marzo de 2020, el gobierno peruano decretó el inicio del estado de emergencia, con un confinamiento estricto que duró hasta fines de junio. Aunque el confinamiento terminó, hasta el día de hoy el estado de emergencia está vigente. La situación generada por la pandemia ha afectado a la mayoría de la población, especialmente a quienes están en pobreza y pobreza extrema, así como con diferentes vulnerabilidades sociales y de salud. Entre estas se encuentra el grupo de mujeres trans, conformado por personas que, ya antes de la pandemia, estaban en situación de precariedad económica (ganando dinero para el día), se dedicaba mayoritariamente al trabajo sexual, eran migrantes -especialmente de la selvay algunas de ellas vivían con VIH, tuberculosis y complicaciones en su salud por someterse de manera empírica a procesos de feminización corporal y facial. La pandemia ha agudizado más la precariedad de la situación, pues una gran mayoría no pudo continuar trabajando, sea en el trabajo sexual, en la peluquería, cocina, decoración etc. Confinadas en sus casas, muchas han debido enfrentar la pandemia a solas, o intentar migrar a sus lugares de origen, arriesgando sus vidas. Pero no solamente fue la falta de trabajo la situación que afectó a la población trans femenina; también fueron sujeto de discriminación y estigma, y hasta de violencia y asesinato. 18
Durante el confinamiento obligatorio, el gobierno de ese momento ensayaba diversas modalidades, principalmente para evitar aglomeraciones en los mercados. Una de las medidas adoptadas se denominó “pico y placa de género”, es decir, en ciertos días de la semana podían salir los hombres y en otros días las mujeres. Las mujeres trans, asumiendo su identidad plenamente, salieron los días que correspondían a las mujeres, y eso las hizo vulnerables a la discriminación por parte de la policía que controlaba la calle. Para las fuerzas del orden, ellas eran “hombres”, porque su DNI así lo indicaba (Solís y Bueno 2020, El Comercio 2020). Al respecto
recomendamos
ver
el
siguiente
video:
https://www.youtube.com/watch?v=TC9BrZ4kcTo Como lo muestra el video, las mujeres trans fueron víctimas de numerosas vejaciones, insultos y “castigos” por haber salido el día “incorrecto”. El Observatorio de Derechos LGBT de la UPCH, registró once casos de discriminación en ese período (Perez-Brumer y Silva Santisteban 2020), aunque es probable que haya habido muchos casos más que no se hicieron públicos. El “Pico y placa de género” fracasó por su inviabilidad y desconocimiento de las dinámicas de género en los roles domésticos; no obstante, esta norma afectó seriamente a las mujeres trans que ya venían sufriendo económica y psicológicamente los embates de la pandemia (La República 2020). Pero esto no ha sido todo. Durante la pandemia también se registraron cinco asesinatos de mujeres trans, y un sexto que podría tratarse de un caso de negligencia en el acceso oportuno a la salud. •
Cristal Romero fue encontrada muerta en su vivienda de El Porvenir en Trujillo. (Satélite 2020).
•
Brenda Venegas, de 52 años, fue asesinada en su peluquería en San Juan de Lurigancho. Fue torturada, golpeada, maniatada y ahorcada con un cable. El crimen fue cometido por su pareja de 23 años. (Mano Alzada 2020).
•
Gabriela Cruz, de 46 años, fue encontrada muerta en su vivienda de San Miguel. Tenía las manos atadas en la espalda con un cable y una tela en la boca. Habría muerto por ahorcamiento. Aún no se conoce quién perpetró el crimen. (Agencia Presentes 2020).
•
Soledad Rojas, de 48 años, también conocida como Shisha, fue asesinada en su negocio en el distrito de El Tambo en la ciudad de Huancayo. La encontraron acuchillada en el cuello y la nuca. (Agencia Presentes 2020).
•
Ali Mamani, de 44 años, fue encontrada muerta en un hostal en la ciudad de Arequipa, no se sabe aún si fue asesinada o si se trató de una úlcera que no fue atendida, como se ha especificado en el reporte de autopsia. (Entorno Inteligente 2020). 19
Vemos así que las mujeres trans, al igual que las mujeres cisgénero, al estar confinadas en sus casas, o no poder trabajar, han estado a merced de parejas maltratadoras, al punto que cuatro de ellas llegaron a ser asesinadas por sus parejas u hombres próximos. En este contexto es que las organizaciones trans, incluida Trans Organización Feminista, deciden contribuir al bienestar de las mujeres trans, haciéndoles entrega de canastas con víveres para que, por lo menos, su alimentación diaria estuviera cubierta. Muchas mujeres trans se reunieron para organizar ollas comunes con los víveres, mientras que otras los usaron individualmente. El hecho es que esta entrega logró, de alguna forma, paliar ese momento de urgente necesidad que vivían las mujeres trans. I.
Alcances • La magnitud de la afectación que ha sufrido la población trans femenina, a raíz de la
pandemia de COVID-19 y las medidas restrictivas decretadas por el gobierno incluye la vida social, como consecuencia de las restricciones para organizar reuniones, ir a discotecas, bares, etc. Cabe destacar que para esta población la vida social formaba parte de su quehacer cotidiano, así como la economía y el trabajo, ambos limitados pues los rubros de servicios (belleza y cocina) en los que las mujeres trans encuestadas se desempeñaban, estaban muy restringidos, en especial el trabajo sexual, cuyos horarios de ejercicio coincidían con el toque de queda decretado y, además, por el impedimento de contactos para evitar contagios. • Si bien los márgenes de ganancia de una buena parte de las mujeres trans superaba la remuneración mínima vital (930 soles), se trataba en muchos casos de emprendimientos personales, informales y pequeños (fuera del trabajo sexual) que han estado cerca de la quiebra o tuvieron que cerrar obligadamente. Esos ingresos no les permitieron contar con ahorros suficientes para resistir tantos meses sin trabajar, además, muchas de ellas mandan dinero a sus familias fuera de Lima. • Paulatinamente han regresado al trabajo; la recuperación, aunque lenta, es evidente para esta población. • Durante la cuarentena, las organizaciones trans lograron establecer ayudas para sus comunidades en todo el país, lo cual ha podido suplir las carencias en alimentación. • Respecto a la salud, vemos cómo la población trans femenina encuestada, en una buena proporción, ya tenía una rutina establecida de asistencia a la AMP y/o TARGA, para recibir periódicamente condones y consejería, rutina que se vio forzosamente interrumpida por la inmovilización obligatoria, y también durante toda la pandemia ya que los servicios de atención primaria cerraron, y los servicios especializados dejaron de dar atención, pues prácticamente 20
todo el sistema de salud estuvo dedicado a la atención de la pandemia. • El COVID-19 alcanzó a muchas mujeres trans, pero no gravemente. Muchas de ellas, a pesar de haber sentido los síntomas, no solicitaron una prueba de detección y se curaron solas, mientras que otras accedieron principalmente a la prueba rápida. Afortunadamente, sólo una pequeña proporción de las encuestadas estuvo hospitalizada. • Un número importante de encuestadas no ha retomado su rutina y aún no recibe los servicios de AMP, de Targa, ni tampoco otros servicios especializados. Es posible corroborar esto con las listas de chequeo, donde vemos que algunos servicios no atienden hasta el día de hoy, o están muy restringidos. • Podemos comprobar también que antes de la pandemia, en la mayoría de regiones, se estaban implementando los servicios de la Norma Técnica Trans, aunque lentamente. Sin embargo, también en ellos la pandemia ha tenido un efecto negativo pues este avance se ha frenado de golpe y no se sabe aun cuándo se retomará. • El COVID-19 evidenció la precaria situación política, social y económica de las mujeres trans en el país, y la existencia de una epidemia oculta que es la violencia, la discriminación, la transfobia y la ausencia de legislación que proteja los derechos humanos de las personas trans en el Perú. II. Pasos a seguir • Socializar los resultados del informe sobre el impacto del COVID-19 en las mujeres trans con las autoridades locales, regionales y central. • Entrenar a las mujeres trans líderes en monitoreo comunitario con el fin de saber aplicar los instrumentos necesarios para esta acción comunitaria. • Garantizar la implementación de fondos para este tipo de proyectos, liderados por las organizaciones trans. • Seguir articulando al movimiento trans femenino a través de este tipo de actividades. III. Características básicas de las mujeres trans que recibieron apoyo alimentario Como hemos descrito en la encuesta realizada a mujeres trans, casi 80 % perdió su trabajo durante la pandemia; de este porcentaje, más
de la mitad recibió ayuda de las
organizaciones trans, la cual consistió, principalmente, en canastas de alimentos básicos. Llamamos “bonos trans” a las bolsas de alimentos básicos. Este término fue acuñado cuando el Estado peruano comenzó a dar diferentes bonos a la población en general, al tiempo que solicitaba requisitos que muchas de las mujeres trans no cumplían. A las mujeres trans que recibieron esta ayuda, aproximadamente 927 personas en las ciudades mencionadas en 21
el gráfico, se les pidió responder a una pequeña encuesta, cuyos resultados presentamos a continuación.
Posesión de DNI A diferencia de lo que sucedía hace diez años, una gran mayoría de mujeres trans tiene DNI, a pesar de que no represente su identidad. Sin embargo, casi un 20 % de mujeres trans que no tiene DNI son de Huamanga, en la sierra sur del país y Lambayeque, en la costa norte. Las demás ciudades se mantienen en el rango entre 94 % y 100 %. Edad de las mujeres que han recibido apoyo alimentario Si bien el rango de edad mayoritario es bastante amplio (26 a 50 años), la mayoría de las mujeres trans que recibieron el bono son mujeres adultas. En casi todas las ciudades las beneficiarias del bono están en ese rango de edad, salvo la ciudad de Chiclayo cuyo porcentaje mayor, 75 %, está entre 18 a 25 años.
Acceso a vivienda de las mujeres trans que recibieron apoyo alimentario En cuanto al acceso a la vivienda, poco más de la mitad (56 %) vive sola y poco más de la tercera parte (34 %) vive con su familia, siendo escasas las personas que viven con la pareja u otros. Si observamos los resultados por localidad, en Huamanga, Chiclayo, Pucallpa, Are-quipa, Ica, Cusco, Ate-Vitarte, Chosica, San Juan de Lurigancho entre 65% y 75% de las encuestadas vive sola, mientras que en Piura, Trujillo y Chimbote predomina el vivir con la familia. En las 22
ciudades y distritos que restan, los porcentajes se encuentran distribuidos entre vivir sola y vivir con la familia u otras personas. Todo ello coincide de alguna manera con la encuesta a mujeres trans, en la cual también se observa que una gran mayoría vive sola o con familiares (nucleares u otros parientes). Acceso al trabajo de las mujeres trans que recibieron apoyo alimentario Los rubros donde más se desempeñan las mujeres trans que recibieron el bono de ayuda son el trabajo sexual (más de la tercera parte) y la peluquería (un poco más del 20%). Si lo desagregamos por ciudad, distinguimos que Huancayo, Chiclayo, Chimbote, Iquitos, Tacna, Ate- Vitarte, y Surco/Barranco muestran mayores porcentajes de dedicación al trabajo sexual entre las que recibieron el bono. En cambio, en Huamanga, Tumbes, Piura, Trujillo, Pucallpa, Arequipa, Cusco, San Juan de Lurigancho y Callao, a pesar de que una parte significativa se dedica al trabajo sexual, hay otros rubros diversificados, siendo en algunas localidades el rubro “otros” el dominante. En Sullana la mitad de las encuestadas se dedica al trabajo sexual y la otra mitad a otros oficios; también en Ica un 50 % se dedica al trabajo sexual y el otro 50 % diversifica su actividad en otros oficios; lo mismo ocurre en Chosica, donde el 50 % se dedica a la peluquería, mientras que para la otra mitad los oficios se distribuyen en porcentajes pequeños. Constatamos que en algunas ciudades el trabajo sexual ya no es la única posibilidad para las personas trans, y que más bien se nota una tendencia a la diversificación en otros oficios, más allá de la peluquería. Esto podría deberse a la pandemia, que ha obligado a muchas personas, entre ellas a las mujeres trans, a cambiar su trabajo. Vale la pena resaltar que esta diversificación se ha dado en oficios menores, de poca paga y muchas veces intensivos en trabajo, lo que expresa poca disposición social para ofrecer a las personas trans trabajos más calificados y mejor pagados, para los cuales podrían estar preparadas. Sentimientos de las mujeres trans en relación al COVID-19 Un gran porcentaje de las mujeres trans (96 %) que recibieron el bono, como toda la ciudadanía, siente temor al COVID-19. Sin embargo, en Huamanga y en Trujillo hay significativos porcentajes, 15 % y 11 % respectivamente, que no sienten temor; mientras que en Huancayo y en los distritos de Surco y Barranco la mitad de las mujeres trans que recibieron el bono no sienten temor.
23
Recomendaciones al Estado de Perú Al Congreso de la República •
Aprobar una ley de identidad de género que establezca un procedimiento administrativo a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) para que las personas trans puedan cambiar su nombre y/o sexo en sus documentos de identidad. Este procedimiento debe ser célere, no patologizante y respetuoso de su dignidad e intimidad.
•
Aprobar una ley que reconozca la unión civil entre personas del mismo sexo. Modificar el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1098, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para incorporar expresamente a las personas LGBTI como población vulnerable, y pueda así diseñar y supervisar una política pública que garantice sus derechos fundamentales, con visión intersectorial.
•
Incorporar las categorías de orientación sexual e identidad de género en los artículos 46° inciso 2 literal d) y 323° del Código Penal, con la finalidad de superar los problemas de interpretación de los operadores jurídicos y brindar una mejor protección de los bienes jurídicos y derechos fundamentales de las personas LGBTI, que son afectadas por conductas de violencia y discriminación. La inclusión expresa de dichas categorías en el Código Penal incrementará los estándares de protección en el marco normativo vigente, en consonancia con las obligaciones internacionales del Estado peruano.
Al Poder Judicial •
Incorporar en los planes de capacitación a jueces penales, civiles, constitucionales y a sus auxiliares jurisdiccionales de todas las cortes superiores del país, criterios de igualdad y no discriminación vinculados con la temática de diversidad sexual, en particular lo referido al reconocimiento de la orientación sexual y la identidad de género de las personas LGBTI.
A la Defensoría del Pueblo •
Implementar un registro de procesos judiciales que involucren delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, y discriminación en agravio de personas LGBTI, estableciendo mecanismos para garantizar la confidencialidad y otros criterios que señale la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Dicha información debe servir para conocer la magnitud de la violencia que afecta a cada subgrupo que integra el colectivo 24
LGBTI, caracterizar los contextos en que se producen conductas ilícitas en agravio de estas personas y permita a las instancias competentes adoptar acciones y estrategias de prevención. Al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables •
Incorporar en todos sus planes nacionales y sectoriales los criterios de orientación sexual e identidad de género para los grupos señalados en el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1098.
Al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: •
Incorporar a la población LGBTI en el próximo Plan Nacional de Derechos Humanos, el cual debe incluir objetivos, lineamientos, acciones estratégicas e indicadores para que los demás sectores implementen medidas concretas a fin de garantizar los derechos fundamentales de dicho colectivo.
•
Establecer estrategias de coordinación y seguimiento de las medidas señaladas en el Plan Nacional de Derechos Humanos con todos los sectores del Ejecutivo, en tanto se apruebe la norma que modifique la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que le permita asumir la rectoría intersectorial de dicho sector poblacional.
Al Ministerio de Salud •
Incorporar la perspectiva de igualdad y no discriminación vinculada a la orientación sexual e identidad de género de las personas LGBTI en los protocolos de atención del Sector Salud, a fin de revertir los prejuicios y estigmatizaciones de la que son víctimas.
•
Desarrollar estrategias para mejorar el respeto y la calidad de la atención de las personas LGBTI en los centros de salud a nivel nacional.
•
Incorporar en las políticas del Sector Salud servicios específicos referidos a la salud sexual y reproductiva, teniendo en consideración las contingencias o prevalencias médicas específicas de cada uno de los grupos que conforman el colectivo LGBTI. Dichas medidas deben incluir el establecimiento de servicios de información y consejería en salud.
•
Desarrollar planes específicos de salud mental para personas LGBTI que atiendan los problemas de baja autoestima, ansiedad, asilamiento, ideas suicidas, estrés psicológico, entre otros.
•
Incrementar el presupuesto de la Estrategia Sanitaria de VIH/Sida para las acciones 25
destinadas a la atención de los grupos de mayor riesgo de la población LGBTI (hombres que tienen sexo con otros hombres – HSH y personas trans), y fortalecer la Estrategia de Promotores Educadores de Pares (PEP) a través del aumento del número de especialistas que desarrollen tales labores. •
Adoptar medidas para optimizar la capacidad de atención de los Centros Especializados de Referencia de ITS/VIH/Sida (Cerits) y las Unidades de Atención Médica Periódica (UAMP), como el establecimiento de horarios de atención adecuados para las personas LGBTI que viven con VIH/Sida.
•
Establecer criterios uniformes para el registro de información sobre la morbilidad y mortalidad por VIH/Sida en la población LGBTI, a fin de contar con datos epidemiológicos que permitan monitorear el impacto de las intervenciones sanitarias en materia de prevención, atención y tratamiento para este colectivo.
Al Ministerio de Educación •
Desarrollar estrategias nacionales para: i) la difusión permanente de la Ley Nº 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas; ii) la promoción de la convivencia democrática y sin violencia entre docentes y alumnos/as en las instituciones educativas a nivel nacional; y iii) la capacitación de docentes y comunidad educativa para la prevención de situaciones de violencia y discriminación motivados por la orientación sexual e identidad de género de los niños, niñas y adolescentes LGBTI.
•
Aprobar el Plan Estratégico Nacional de la Juventud al 2021 elaborado por la Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju), el cual incorpora acciones favor de la población LGBTI en temas de participación política, no discriminación, trabajo, violencia y difusión de derechos.
Al Ministerio de Relaciones Exteriores •
Impulsar, en coordinación con los Sectores de Justicia y Derechos Humanos y Mujer y Poblaciones Vulnerables, la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y de la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia.
Al Ministerio Público •
Implementar en todos los distritos fiscales del país planes de capacitación dirigidos a las fiscales y los fiscales, así como a los asistentes en función fiscal, respecto a los criterios 26
de igualdad y no discriminación vinculados a la temática de diversidad sexual, en particular lo referido al reconocimiento de la orientación sexual y la identidad de género de las personas LGBTI. •
Implementar un registro de denuncias e investigaciones fiscales que involucren delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, y discriminación, en agravio de personas LGBTI, estableciendo mecanismos para garantizar la confidencialidad y otros criterios que señale la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.
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Datos de contacto
Nombre de la organización: Trans Organización Feminista por los Derechos Humanos de las Personas Trans Mail institucional: Transorganizacionfeminista@gmail.com Número de teléfono: 938617966 Página web: https://hovupipumu.jimdofree.com/ Redes sociales: https://www.facebook.com/organizacionfeministatrans/
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