NO MUERO ¡ME MATAN!
"En el capítulo Uruguay del informe CeDoSTALC 2021 denunciamos la situación que enfrentamos las personas trans en el país. Si bien hemos conquistado leyes de vanguardia, los artículos más importantes de la Ley Trans son violados sistemáticamente. La Reparatoria es un caso de éxito en la región, sin embargo, no se generan programas efectivos que incluyan a las personas trans mayores de 25 años para los llamados bajo el Cupo Laboral Trans, a su vez los requisitos tampoco contemplan las características de la población por lo que el resultado sigue siendo la exclusión. En el acceso a la educación, tampoco se registran buenas prácticas. Lo que se registra es una marginación sistemática que nos orilla al trabajo sexual. A la pobreza y exclusión social le sumamos la centralización de los servicios de salud, por lo que las personas trans que no viven en la capital no cuentan con acceso a la salud integral trans. ¡Nos siguen matando!" Karina Pankievich, Presidenta de la Asociación Trans del Uruguay (ATRU).
ÍNDICE INTRODUCCIÓN............................................................................................................................................................ 2 1.
REDLACTRANS ............................................................................................................................................... 2
1.2 ATRU, Asociación Trans del Uruguay...................................................................................................... 3 2. Centro de Documentación y Situación Trans en Latinoamérica y el Caribe (CeDoSTALC) ............................................................................................................................................................ 4 SITUACIÓN DE LAS PERSONAS TRANS EN URUGUAY ............................................................................ 5 METODOLOGÍA PARA EL RELEVAMIENTO DE CASOS ........................................................................... 8 Violaciones a los derechos humanos de las personas trans en Uruguay durante el año 2021 ..................................................................................................................................................................................... 10 A. Derecho a la salud ...................................................................................................................................... 10 B. Derecho a la educación ............................................................................................................................ 13 C. Derecho al trabajo ...................................................................................................................................... 14 D. Derecho de acceso a la justicia ............................................................................................................. 17 E. Discriminación y violencia institucional, social ............................................................................. 18 F. Fronteras: Población trans migrante, y mujeres trans del interior ....................................... 21 Recomendaciones al Estado de Uruguay ................................................................................................... 22 REFERENCIAS ....................................................................................................................................................... 22 Datos de contacto ............................................................................................................................................ 22
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INTRODUCCIÓN 1. REDLACTRANS La Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (RedLacTrans) fue creada en 2004 y en la actualidad está integrada por 22 organizaciones lideradas por mujeres trans, promoviendo y asegurando que sean éstas quienes hablen por y se representen a sí mismas. La Red promueve los principios de inclusión y participación sin discriminación de ningún tipo, con particular énfasis en la equidad de los géneros, el respeto a las etnias, a las identidades y las expresiones de género, a la edad, al país de origen y/o situación socioeconómica y cultural. La RedLacTrans se encuentra en la actualidad en Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay. Accionamos con el propósito de hacer efectivo el cumplimiento y el ejercicio de los derechos humanos desde y hacia nuestra población a través de estrategias de incidencia política, visibilización, participación y fortalecimiento de nuestras organizaciones en acciones de salud, educación y justicia. Así, nuestra visión se orienta hacia una región sin discriminación ni violencia, con el respeto a nuestra identidad de género y el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales. En este sentido, los distintos informes elaborados desde la RedLacTrans han ido visibilizando las reiteradas violaciones que nuestra población sufre día a día y contribuyendo a la incidencia política de sus organizaciones de base. Asimismo, hemos presentado el informe regional 2016-2017 Esperando la muerte en el 167° y 169° Período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebrados a lo largo de 2018 en Bogotá, Colombia, y Denver, Colorado, Estados Unidos; la “Guía de recomendaciones sobre la atención integral a la salud de la salud de las mujeres Trans en Latinoamérica y el Caribe” ante autoridades de la salud y activistas mexicanas, en enero de 2019 en Guadalajara, México y en las reuniones de incidencia política lideradas por la RedLacTrans ante representantes de Agencias de las Naciones Unidas en marzo de 2019 en Ginebra, Suiza; y se presentó el Informe Regional 2018 Basta de Genocidio Trans en la 49° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio de 2019 en Medellín, Colombia. Cabe mencionar que previa a la realización de este informe, y durante el confinamiento decretado por los diferentes países de la región como medida preventiva de contagio ante la 2
crisis generada por la pandemia de COVID-19 y ante la falta de respuesta estatal, hemos lanzado -en formato virtual- los informes Las vidas Trans en tiempos de pandemia y Paren de matarnos. Informes que nos ha permitido visibilizar la situación de las personas trans de América Latina y el Caribe y con los que hemos podido denunciar la situación de extrema pobreza y exclusión social a la que nos vemos expuestas las personas trans ante la falta de políticas públicas y de voluntad política para mitigar el estigma y la discriminación estructural que recae sobre nuestros cuerpos.
1.2 ATRU, Asociación Trans del Uruguay ATRU tiene la misión de trabajar por el cumplimiento de los derechos humanos de las personas trans en Uruguay. Si bien reconocemos la existencia de leyes que garantizan el derecho a la no discriminación en nuestro país, en la realidad, éstas no han alcanzado al conjunto de las personas trans. En ATRU, las acciones afirmativas en la promoción de salud, educación y trabajo formal son áreas prioritarias de trabajo. ATRU asesora, guía y orienta sobre las dudas de la población objetivo. Busca mejorar su calidad de vida y de trabajo, lucha por la inclusión de las personas trans en las políticas públicas del país realizando incidencia política, talleres de sensibilización en el ámbito de la salud y educación, en lo social y cultural. ATRU gestiona actividades dirigidas a la concientización de las problemáticas vinculadas a esta población y a la erradicación de su discriminación; siempre procura brindar herramientas para la inclusión de la comunidad en los espacios en los que históricamente ha sido rechazada. Teniendo en cuenta que todos somos iguales frente a ley, buscamos ante todo esa igualdad; además, desde ATRU trabajamos en la ampliación de las oportunidades para todas las personas trans, en especial en el acceso al sistema laboral formal. ATRU realiza acciones de promoción y asistencia en salud integral, para que los tratamientos hormonales y las cirugías se realicen en forma adecuada. Ofrece también consejería permanente, contención psicoemocional y atención a personas viviendo con VIH/sida y a sus familiares, así como acompañamiento a controles médicos. ATRU se constituye como una Red Nacional, con presencia en los departamentos Artigas, Rivera, Cerro Largo, Durazno, Tacuarembó, Florida, Flores, Maldonado, Paysandú y Río Negro, en cada uno de los cuales trabaja una referente trans. Asimismo, seguimos fortaleciendo nuestra Red Nacional para accionar en todo el país. 3
Como organización de la sociedad civil, desde el año 2006 ATRU articula con la RedLacTrans (Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans), con agencias de cooperación como el Fondo de Mujeres del Sur, con agencias de las Naciones Unidas como Onusida e incide en los organismos de la Organización de los Estados Americanos (OEA). También sostiene alianzas interinstitucionales con ministerios nacionales; articula en el Consejo de Diversidad Sexual y en la coordinación de la marcha por la diversidad, entre otros. A través de la incidencia política de Gloria Álvez Mariños, ATRU impulsó la Ley del trabajo Sexual Ley N 17515; y, además, ATRU formó parte de la redacción y presentación del proyecto de Ley Integral Trans que se presentó ante el Poder Ejecutivo, sancionada en el año 2018 como Ley N19684.
2. Centro de Documentación y Situación Trans en Latinoamérica y el Caribe (CeDoSTALC) En la región se evidencia la falta de conocimiento e información sobre la situación social de la población trans. En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó recolectar información estadística de manera sistemática sobre la violencia contra las personas LGBT en América Latina y el Caribe. En general, las escasas estadísticas existentes señalan que una de las formas más extremas del estigma y la discriminación hacia las personas trans en América Latina es la violencia social e institucional. Si bien la violencia en América Latina y el Caribe afecta a toda la población, las personas trans la sufren en forma desproporcionada por ser víctimas de crímenes de odio y por la impunidad que rodea a estos crímenes. El estigma social y la discriminación se acrecientan cuando las personas trans adquieren VIH-SIDA, constituyendo una barrera importante que impide acceder a los servicios de tratamiento y apoyo. Como respuesta a esta situación, la RedLacTrans ha puesto en marcha el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CeDoSTALC), que permite obtener información de primera mano a partir de la recepción de denuncias sobre las violaciones y vulneraciones de derechos humanos que sufre la población trans en la región. El CeDoSTALC se constituye como un sistema comunitario para recopilar información, monitorear y brindar respuesta a las barreras que impiden el acceso a los derechos humanos de la población trans en la región. Dicho sistema se ancla en una plataforma virtual de recolección de casos que posibilita la circulación y centralización de la información de las OTBN (Organización Trans de Base Nacional) con la Secretaría Regional de la RedLacTrans. 4
Oportunamente, para la puesta en marcha del CeDoSTALC, la RedLacTrans realizó talleres de capacitación a fin de que una mujer trans se desempeñara como documentadora de vulneraciones a los derechos humanos en su territorio. Se trata de una estrategia que garantiza el éxito en la documentación debido al acercamiento directo hacia su misma población. La RedLacTrans reconoce el apoyo brindado por Robert Carr Fund, por el trabajo de documentación y elaboración del presente informe. Este proceso ha demostrado que el trabajo en asocio entre diferentes organizaciones es la estrategia que asegurará la continuidad del CeDoSTALC para disminuir las violaciones a los derechos humanos que sufren las personas trans en América Latina y el Caribe.
SITUACIÓN DE LAS PERSONAS TRANS EN URUGUAY
Si bien existe un amplio marco normativo, tanto a nivel nacional como internacional, la realidad es que continúan ocurriendo violaciones de muchos de los derechos fundamentales de las personas trans. Ante la progresiva falta de respuesta estatal, las problemáticas que sufre la población trans han tenido creciente visibilización y se ha instalado en la agenda política como un tema sensible en la órbita de los derechos humanos. Ya pasó más de un año desde la declaración de la emergencia sanitaria por covid-19 en Uruguay y si hay algo que quedó claro es que sus efectos no son los mismos para todas y todos. Las personas trans y la diversidad sexual, en toda su diversidad, se enfrentaron a una profundización de las desigualdades, la pobreza y la violencia. La población de personas trans, que ya padecía la exclusión estructural e histórica en todos los ámbitos de la vida, parece haber quedado expuesta a una situación de mayor desamparo, quedando aún más evidente su exclusión en esta emergencia sanitaria. Por otra parte, con el cambio de gobierno en Uruguay, se presentaron recortes de presupuesto en salud, educación, en lo social y en el acceso a la justicia, todo lo cual produjo una exclusión aún mayor de las personas trans en las políticas públicas. Este nuevo gobierno provida, conservador, con sectores y bancadas evangélicas, impulsó la derogación de la ley para personas trans; implementó la LUC (Ley de Urgente Consideración) que tiene 135 artículos en contra de la democracia y de las minorías, dándole el poder a los militares y a la 5
policía, lo que nos retrotrae a tiempos de la dictadura. Cabe destacar que, a través de la movilización de ATRU junto a otros movimientos sociales y estudiantiles, se realizaron campañas de sensibilización e información a la población general lo que tuvo como resultado el fracaso del prereferéndum con el que los sectores religiosos - junto a algunos sectores del gobierno – motivaron la consulta popular antiderechos. Esta iniciativa llegó solo al 10% del padrón electoral1. Si bien el tema de la diversidad sexual está en agenda desde la década de los 90, es recién en el año 2004 cuando enfrentar todo tipo de discriminación se declara de interés nacional, esto nos lleva a mantenernos vigilantes para que los derechos conquistados por la sociedad civil se cumplan y no tengamos ningún tipo de retroceso. Al respecto, la Ley 17817, Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación, establece en su artículo 2: … se entenderá por discriminación, toda distinción, exclusión, restricción, preferencia o ejercicio de violencia física y moral, basada en motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación e identidad sexual, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Con el paso de los años, se han conquistado otras importantes normas vinculadas a los derechos por la diversidad sexual: •
Ley 17817. Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de
Discriminación. •
Ley 18437. Ley General de Educación del año 2008, en su Artículo 8 (De la diversidad
e inclusión educativa) establece que “el Estado asegurará los derechos de aquellos colectivos minoritarios o en especial situación de vulnerabilidad, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades en el pleno ejercicio del derecho a la educación y su efectiva inclusión social. Para el efectivo cumplimiento del derecho a la educación, las propuestas educativas respetarán las capacidades diferentes y las características individuales de los educandos, de forma de alcanzar el pleno desarrollo de sus potencialidades”. •
1
Ley 18246. Ley de Unión Concubinaria. Reconoce a las parejas del mismo sexo.
https://www.pagina12.com.ar/210292-fracaso-en-uruguay-el-intento-de-derogar-la-ley-trans
6
•
Ley 18590. Código de la Niñez y la Adolescencia. Modificación de disposiciones
relativas a la adopción. Establece igualdad y protección de los derechos de los niños de las familias LGBT, adopción conjunta. •
Ley 18620. Derecho a la Identidad de Género y al Cambio de Nombre y Sexo en
Documentos Identificatorios. Permite a la población trans obtener un documento acorde con su identidad de género. •
Ley 19075. Matrimonio Igualitario. Reconoce el derecho de las parejas del mismo sexo
a contraer matrimonio en igualdad de condiciones que las parejas heterosexuales. •
Ley 17515. Ley sobre el Trabajo Sexual. Regula las actividades y la situación
del trabajo sexual en Uruguay. •
Ley 19167. Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Atañe a mujeres,
independientemente de su estado civil, o parejas biológicamente impedidas para la concepción. •
Ley 19580. Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género. Tiene como objeto
garantizar el efectivo goce del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género. Comprende a mujeres de todas las edades, mujeres trans, de las diversas orientaciones sexuales, condición socioeconómica, pertenencia territorial, creencia, origen cultural y étnico-racial o situación de discapacidad, sin distinción ni discriminación alguna. Se establecen mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección, sanción y reparación. •
Ley 18250. Ley de Migraciones. El Estado uruguayo reconoce como derecho
inalienable de las personas migrantes y sus familiares sin perjuicio de su situación migratoria, el derecho a la migración, el derecho a la reunificación familiar, al debido proceso y acceso a la justicia, así como a la igualdad de derechos con los nacionales, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición. •
Ley 19684. Ley Integral para Personas Trans. Tiene como objeto asegurar el derecho
de las personas trans residentes de la República a una vida libre de discriminación y estigmatización, para lo cual se establecen mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección, promoción y reparación.
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METODOLOGÍA PARA EL RELEVAMIENTO DE CASOS
Este informe es el resultado del trabajo llevado a cabo por las activistas de la RedLacTrans para documentar aquellas vulneraciones a los derechos humanos que vivencian día a día, a fin de visibilizarlas como una muestra de la realidad de la región. A partir de su trabajo, fue posible elaborar numerosos informes que dan cuenta de la situación de las personas trans en distintos territorios así como elaborar cinco informes regionales. •
El informe titulado Esperando la muerte, corresponde al período 2016-2017;
•
Basta de genocidio trans, corresponde al período 2018;
•
Paren de matarnos, corresponde al período 2019-2020;
•
Las vidas trans en tiempos de pandemia, corresponde al año 2020; y
•
el presente informe, titulado No muero, ¡me matan!, corresponde al período 2021. Todos ellos constituyen instrumentos sólidos para revertir los históricos contextos
de violencia y estigmatización padecidos por nuestra población. En cuanto a la sistematización de datos, importa señalar que su relevamiento se dirige a compensar en la mayor medida posible la evidente falta de información pública sobre la situación de la población trans en América Latina y el Caribe. Ello es especialmente urgente en contextos en que los Estados no sólo no brindan respuesta a tal carencia, ni promueven la participación de las organizaciones trans territoriales en este tipo de relevamiento, sino que ni siquiera prestan colaboración mediante la sistematización de datos, lo que constituye un desafío también para futuros relevamientos. Y si bien los datos relevados son reales y concretos, resultan insuficientes para expresar cabalmente la realidad, pues resulta imposible registrar en forma exhaustiva todas las vulneraciones a los derechos humanos que las mujeres trans padecen cotidianamente en nuestra región. Esto puede deberse a numerosos motivos, mencionaremos entre ellos el alarmante nivel de vulneración de sus derechos, su invisibilización tanto por parte de particulares como por parte de los Estados, las restricciones en el acceso a la justicia y, en líneas generales, el propio accionar del Estado y la falta de confianza en el mismo por parte de la población afectada. Como ya fue explicado en oportunidad de presentar la metodología aplicada en la elaboración de los informes regionales 2016-2017 y 2018, todos los reportes son resultado de una historia de trabajo comunitario entre las Coordinadoras Nacionales. Para hacerlos 8
posibles, las Coordinadoras Nacionales de la RedLacTrans acordaron en abril de 2017, en el marco del Taller Regional de Buenos Aires, los criterios de cada una de las sub-regiones, Cono Sur, Andina y Centroamérica, para llevar a cabo las tareas de relevamiento, documentación y sistematización. Además, en aquella instancia se revisó y validó la herramienta de toma de casos de vulneraciones, la cual fue implementada de manera unánime por todas las Organizaciones Trans de Base Nacional. A partir de estos insumos, la RedLacTrans dio inicio al desarrollo de un software acorde con las necesidades de nuestra población. Pero, a fines de 2018, este software sufrió vulneraciones en su seguridad por lo que la compañía creadora lo dio de baja. En respuesta a esta situación, la Secretaría Regional de la RedLacTrans estableció como objetivo la creación de una plataforma propia para continuar con el trabajo de las documentadoras trans, la cual funciona regularmente desde mayo de 2019. En el mes de mayo de 2017, la RedLacTrans llevó a cabo un taller de entrenamiento en documentación de casos de vulneraciones a los derechos humanos en la ciudad de San Salvador, El Salvador, donde las promotoras de derechos humanos de América Latina se capacitaron en recolección de casos y su carga al sistema virtual. Este taller marcó el inicio de un proceso de documentación regido por el uso de herramientas estandarizadas en todos los países, de manera que la documentación en la región sea llevada a cabo bajo los mismos criterios. Dos meses después, bajo la modalidad de prueba piloto, se dio inicio a la documentación de casos en 17 países y las activistas de cada organización de base nacional comenzaron a relevar los casos de vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres trans, a cuyo conocimiento pudieron acceder en sus respectivos territorios. En este aspecto, se debe resaltar la profundidad del conocimiento que tienen las Organizaciones Trans de Base Nacional sobre la información a relevar en sus territorios, donde viven las activistas trans y también sufren vulneraciones a sus derechos. En esos mismos territorios trabajan para desarrollar dispositivos propios de intervención frente al irrespeto de sus derechos que, como se dijo más arriba, ellas pueden contarnos “de primera mano”. Además, las tareas de registro fueron coordinadas y supervisadas desde la Secretaría Regional ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Como parte del monitoreo del proyecto, se celebraron dos instancias presenciales para identificar obstáculos y lecciones aprendidas a lo largo de los primeros meses, en el marco de los Talleres Subregionales de Incidencia Política, en Quito (septiembre 2017) y en Ciudad de México (octubre 2017). A partir de los insumos que cada organización de base nacional produjo y sistematizó 9
en sus reportes pudieron elaborarse los informes regionales Esperando la muerte, Basta de genocidio trans, y el informe Paren de matarnos sobre los períodos 2016-2017, 2018 y 20192020 respectivamente. Así las cosas, este informe refleja un análisis situacional respecto de las vulneraciones a los derechos humanos de las personas trans en la región y propone una serie de recomendaciones dirigidas a los Estados de las Américas con el objeto de que arbitren los medios necesarios para asegurar a las personas trans el goce efectivo de todos los derechos, que largamente nos han sido negado.
Violaciones a los derechos humanos de las personas trans en Uruguay durante el año 2021
A. Derecho a la salud Para nosotras, las personas trans, aún sigue siendo complejo acceder a los servicios de los centros de Salud, pues debemos enfrentar numerosos obstáculos, llegando muchas veces a ser expulsadas de dichos centros. Desde que una mujer trans sale a la calle rumbo al centro de salud u hospital, es objeto de burlas de la gente. Al llegar al centro de salud nos reciben con miradas, codazos entre las personas, risas de funcionarios de seguridad y muchas veces hasta acosos. Luego, en admisión no te respeten la identidad de género, más no teniendo el cambio registral. Se ve una fuerte resistencia para aceptar colocar el nombre social y solo el apellido; también una resistencia cuando se les habla de la Ley Integral para Personas Trans. Se ve desinterés en escuchar. Nicole Casaravilla, documentadora trans de CeDoSTALC Uruguay y Referente de ATRU. Lo expuesto tiene impacto negativo en la salud de las personas trans pues, ante las situaciones de humillación y discriminación, con frecuencia desisten de ser atendidas, tal como comenta Nicole Casaravilla: … porque es una humillación cuando nos llaman por el nombre que está en la cédula; la mirada de la gente en sala de espera, murmullos, risas, y luego un médico que ni siquiera te mira y menos te revisa; que aún nos ven como objetos de transmisión de enfermedades sexuales. Y estos casos de discriminación se dan mucho más fuerte con mujeres trans que viven en el interior del país. 10
Cuando las mujeres trans desean comenzar el tratamiento hormonal encuentran muchas dificultades. Si bien el tratamiento es brindado de manera gratuita por ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado), solo está disponible es muy pocos centros de salud. Entre ellos podemos mencionar el Hospital de Saint Bois en Montevideo, la Policlínica de Barros Blancos en Canelones, el Hospital Departamental de Paysandú, y la Policlínica Chaplin (región Norte). Por tanto, cuando las mujeres trans residentes en el interior del país desean realizar el tratamiento de manera segura y bajo supervisión médica, deben trasladarse de sus localidades. Deben viajar varias horas, a veces por rutas que están en pésimo estado, y con frecuencia sin suficiente dinero para pagar estos pasajes. Lamentablemente, debido a la reducción de los presupuestos de las instituciones, ya los pasajes no se pueden conseguir por el Mides (Ministerio de Desarrollo Social) o por el propio hospital. Esto lleva a que muchas veces las personas abandonen los tratamientos hormonales y recurran a prácticas peligrosas pues, para feminizar sus cuerpos, se inyectan sustancias nocivas, como líquidos o aceites de avión. Esto es un riesgo en sí mismo para la salud, y un riesgo aun mayor considerando que la mayoría de las mujeres trans conviven con VIH/sida. A continuación, presentamos un caso de discriminación y violación de la identidad de género en los servicios de salud: V. va a consultar en el hospital de Rivera por depresión, dolor abdominal y torácico. En admisión, le dice a la funcionara que no tiene el cambio registral; la funcionaria se niega a anotarla por el nombre social, ni por el apellido... Ante esta situación V. se siente mal, intenta explicar sobre la ley de identidad, pero la funcionaria se mantiene en su postura de no modificar el papel de ingreso a emergencia. V queda en la sala de espera, y cuando sale le enfermera y grita el nombre que aparece en la cédula, se producen miradas de burlas, risas, chistes... Al entrar a consulta, V. recibe malos tratos del médico, quien no la revisa y apenas le habla. V. sale de allá y realiza la denuncia. A más de nueve años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, este tipo de situaciones siguen ocurriendo en Uruguay, por lo que exigimos al Estado uruguayo el respeto de nuestras identidades. El 80 % de las personas alcanzadas por este estudio fueron mujeres trans, mientras que el 10 % fueron hombres trans. Estos porcentajes expresan el nivel de invisibilización de las identidades trans, así como la falta de apoyo y de voluntad política para combatir el rechazo, la discriminación, y la falta de acceso a los derechos humanos que hoy seguimos sufriendo; por eso exigimos que el Estado brinde más sostén y herramientas para trabajar con las poblaciones de la diversidad sexual. 11
Identidades de género alcanzadas por la encuesta
10% 10% Mujeres trans Hombres trans Personas no binarias
80%
También podemos mencionar la falta de inclusión y de información de las personas trans que residen en el interior del país, por lo que se requiere que el Estado implemente políticas públicas en todos los ámbitos y con alcance federal. Esta ausencia impacta en el acceso a la salud integral, a tratamientos hormonales, cirugías y tratamientos de enfermedades generales. Otro aspecto es el maltrato hacia las personas trans en el interior del país, pues es mucho mayor en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Como se expone en el siguiente gráfico, destacamos en este sentido que la inmensa mayoría de casos que logran ser visibles no pertenecen a las áreas rurales y más desprotegidas:
10% Zona urbana Zona rural
90%
Desde ATRU, accionamos e incidimos intentando acercarnos hacia todos los rincones del país, algo que con frecuencia se nos hace difícil por carecer de apoyo institucional.
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B. Derecho a la educación Las personas trans seguimos siendo expulsadas de los sistemas educativos formales. Si bien gran parte de la población trans está alfabetizada, solo ha terminado los estudios primarios con grandes dificultades mientras que muchas fueron expulsadas en los primeros años de los estudios secundarios. Según el censo MIDES del año 2016, el 60 % de la población no tiene el ciclo básico completo, el 75 % abandonó los estudios formales y el 55 % abandona los estudios antes de los 18 años. Desde luego, esto trae como consecuencia una baja calificación lo cual afecta las pocas o nulas posibilidades de inserción en el mercado laboral formal. De este modo, aumenta la exclusión social y la marginalidad. En esta grave situación, juega un rol principal la discriminación ejercida por parte de directores, adscriptos, profesores de centros educativos con sus discursos conservadores y la negativa a respetar la identidad de género. Se registra cómo el accionar en la educación de funcionarios con ideologías evangélicas, cristianas, muchos incluso siendo pastores, deterioran la calidad y el acceso a la educación, además de contribuir a la pérdida de la laicidad en el sistema educativo. Reflejo de este contexto, es el caso de E, una chica trans que está haciendo los trámites para cambiarse el nombre. Un adscripto del liceo se niega a respetar su identidad de género, a pesar de que E le expresa que su nombre es E y que quiere que esté así en la lista de llamadas, el adscripto pone el nombre que está en la cédula. E se siente avergonzada, aunque cuenta con el apoyo de sus compañerxs quienes insisten en que el adscripto use el nombre de E. Muchas veces ellos mismos borran el nombre que está en lista de llamadas, y colocan E, pero cuando el adscripto lo advierte, imprime un listado nuevo. Es necesario que desde el Estado se implementen políticas públicas efectivas que derriben las barreras de discriminación y exclusión que enfrentamos las personas trans en el sistema educativo; que la educación uruguaya vuelva a ser laica, que directores y funcionarios del sistema educativo dejen sus ideologías y posturas conservadoras fuera del sistema de aula ya que la mayor parte de la discriminación hacia personas trans es generada por autoridades educativas con inclinaciones religiosas pentecostales.
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Nivel de instrucción alcanzado 100% 90%
85%
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
8%
8%
Secundaria incompleta
Secundaria completa
0% Primaria completa
Esta gráfica expresa el resultado de las acciones discriminatorias ejercidas en el sistema educativo uruguayo. Es decir, si más del 80% de las personas trans alcanzadas por este estudio solo lograron terminar el nivel de educación primario ¿Cómo podremos acceder al mercado laboral formal? También cabe destacar que las políticas públicas en el ámbito de la educación y de todos los servicios basados en el respeto a los derechos humanos deben contemplar en su accionar a las infancias trans, adolescencias trans y las adultas trans mayores quienes, desde el inicio, pasando por su pleno desarrollo y en el tránsito educativo, están expuestas con frecuencia a violencia intrafamiliar, agravada por la violencia de compañeros y docentes en el aula. El Estado debe garantizar el libre desarrollo, fuera de toda discriminación, rechazo y exclusión, y brindar asesoramiento para padres o sus respectivos tutores.
C. Derecho al trabajo El derecho al trabajo es otro de los derechos negados a la población trans, cuya mayor parte carece de trabajo formal. Producto de la alta discriminación, así como de su falta de calificación, las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo formal son casi nulas. De este modo, las personas trans se ven obligadas al trabajo sexual como única forma de obtener ingresos económicos para 14
sobrevivir. Según el censo MIDES del año 2016, el 67 % de la población dice haber ejercido o ejercer el trabajo sexual; el 19 % afirma haber sufrido discriminación por parte de su empleador y el 64,5 % por parte de un supervisor o un compañero. Lamentablemente, este censo del año 2016 conserva su vigencia, pues más del 60 % de las personas trans alcanzadas ejercen el trabajo sexual como única vía para sobrevivir.
Ocupación 100% 90% 80% 70%
69%
60% 50% 40% 30% 15%
20% 10%
8%
8%
Desocupadxs
Otros
0% Trabajadoras sexuales
Activistas defensoras de DDHH
Durante la emergencia sanitaria se agravó la falta de trabajo, con una mayor exclusión de personas trans. Quienes no tienen un trabajo formal, solo cuenta con la TUS TRANS (una tarjeta social en la que todos los meses depositan 1300 pesos uruguayos), un aporte económico que no alcanza para cubrir los costos básicos de un mes. Debido al aislamiento social, no era posible ir a las zonas de trabajo porque éramos desplazadas por la policía y algunas llevadas a jefatura. En cuanto al trabajo sexual ejercido por redes sociales también pone en peligro nuestras vidas. Han existido casos en los que compañeras trans trabajadoras sexuales son contactadas por perfiles falsos o, cuando la compañera se presenta en el sitio propuesto, se encuentra con más de una persona que pretenden tener relaciones sexuales forzadas y terminan por ser abusadas sexualmente. También sucede que los clientes no quieren cumplir con el pago del servicio arreglado previamente, y amenazan con violencia física e incluso usando armas de fuego para evitar el pago del servicio sexual. Cuando decimos que el trabajo sexual vía internet implica violaciones o vulneraciones a los derechos humanos de las 15
personas trans, nos referimos a este tipo de situaciones donde no conocemos a las personas que nos contactan, y que carecen de marcos regulatorios efectivos, e incluso existe falta de seguimiento por parte de la justicia. Exigimos que las instituciones públicas y privadas respeten los cupos para personas trans establecidos en la Ley 19684 que en su artículo 13 sobre programas de capacitación y calificación dice: Encomiéndese al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional la determinación de un cupo no inferior al 1% (uno por ciento) destinado a las personas trans, en los diversos programas de capacitación y calificación que implemente. Exigimos al estado políticas públicas que incluyan personas trans y de la diversidad sexual, así como personal capacitado y sensibilizado pues la mayor parte de la exclusión en el sistema de trabajo es causada por la discriminación, el acoso y el hostigamiento. Esto se muestra en la gráfica sobre los tipos principales de violación y abuso hacia personas trans. Está claro que el Estado debe brindar herramientas y mucho más apoyo en las políticas públicas de inclusión, de modo que en las instituciones no se violen las leyes vigentes, algo que ocurre en los ámbitos sociales, educativos y sanitarios, donde incluso a veces ni siquiera se conocen dichas leyes.
Tipo principal de abuso o violación 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
23% 15% 8%
15%
8%
15% 8%
8%
Entre estos datos cabe destacar que, si bien contamos con legislaciones vigentes en torno al ejercicio del derecho al trabajo, el trabajo sexual en las calles ofrece un panorama 16
preocupante que pone en riesgo nuestras vidas. Por ello desde ATRU se sigue exigiendo al gobierno la implementación real y efectiva de las leyes. No podemos seguir siendo las olvidadas de la democracia, sobreviviendo en un contexto de peligro constante.
D. Derecho de acceso a la justicia La población de personas trans, al igual que muchas otras poblaciones vulnerables, tiene un difícil acceso a la justicia. Se vuelve muy complejo acceder al sistema judicial pues, si bien existen servicios que ofrecen asesoramiento, así como representación gratuita, los mismos están colapsados. Por otra parte, el costo de los profesionales privados, así como la tributación que requieren muchos de los procesos judiciales, torna inaccesible para las personas trans proceder ante los estrados judiciales. Cuando en el año 2018 se aprobó la Ley 19684, Ley Integral para Personas Trans, tuvo como objetivo modificar el cambio registral de un proceso judicial a uno administrativo, puesto que, por lo ya mencionado, en la Ley 18620, Ley de Identidad de Género, el trámite para el cambio Registral resultaba inaccesible. Según el censo MIDES del año 2016, solo el 19% de la población contaba con el cambio registral, sin embargo, gracias a la aprobación de la Ley 19684, se registró un aumento en este tipo de trámite. Pero este cambio no se aplica a las personas trans menores que aun deben recurrir a un abogado de oficio, lo que genera más complicaciones por lo anteriormente mencionado. La Ley 19684, artículo 6, debe ser efectiva para toda la población trans: (Adecuación de nombre o sexo en documentos identificatorios).- Toda persona podrá solicitar la adecuación de la mención registral de su nombre, sexo, o ambos, cuando los mismos no coincidan con su identidad de género. La referida adecuación será de iniciativa personal del titular, quien debe formular la petición ante la Dirección General del Registro de Estado Civil, acreditando los antecedentes que la justifique junto con los demás requisitos que establezca la reglamentación. Para el caso de menores de edad que no obtengan la anuencia de sus representantes legales o sea imposible obtenerla de quien debe prestarla, podrán recurrir a los mecanismos previstos en los artículos 110 del Código Civil y 404 del Código General del Proceso, concordantes y complementarias, debiéndose tener en cuenta el interés superior del menor, siendo de aplicación lo establecido en la Convención Sobre los Derechos del Niño y en los artículos 8° y 11 bis de la Ley N° 17823, de 7 de setiembre de 2004 (Código de la Niñez y la Adolescencia). 17
En el año 2021, luego de que un hombre, imputado por pornografía infantil, declarara ser el autor de cuatro asesinatos cometidos hace más de diez años, se reabrieron los casos de la Brasilera, Gabriela, Cassandra y Kiara, todas mujeres trans que murieron de un disparo en la cabeza. Estos casos sin resolver a lo largo del tiempo ponen de manifiesto la impunidad con que los agresores tratan a las personas trans, impunidad validada por la sociedad y consolidada por la ausencia de justicia. Es por eso que desde ATRU, y como parte de nuestras acciones estratégicas, seguimos acompañando a las víctimas de violaciones y vulneraciones a los derechos humanos para que realicen las denuncias correspondientes. En el gráfico siguiente podemos observar que el 80% de las personas trans alcanzadas por este estudio lograron realizar una denuncia formal.
20% Realizaron denuncia formal No realizaron denuncia formal
80%
. A pesar de estos avances, el acceso a la justicia para personas trans continúa siendo muy difícil. Lo verificamos cuando a ATRU llegan casos de violencia y abusos y hay que hacer trámites muy engorrosos o tratar con personas con actitudes discriminativas. Hemos tenido muchos éxitos frente a denuncias, pero también hemos visto en algunos lugares, que la justicia no es igual para todas las personas. Por este motivo, se siguen registrando casos de violaciones muy crueles cuyas víctimas no realizan la denuncia formal.
E. Discriminación y violencia institucional, social La discriminacion puede provenir tanto de personas como de instituciones. La mayoría de las denuncias corresponden a casos de discriminación por identidad de género y llegaron a provocar situaciones de violencia verbal o física. En el informe CeDoSTALC 2016-2017, la mayor cantidad de lesiones a derechos, 67,6 %, se vinculó con situaciones de discriminación, 18
mientras que en el año 2018 fue de 50 %, de ahí se concluye que existe un avance en cuanto a la aceptación social de las personas trans. Lamentablemente, en el año 2021, y en el contexto de la emergencia sanitaria, el porcentaje de esos actos de discriminacion ha aumentado: discriminacion en la vía pública, discriminacion y violencia institucional y violencia intrafamiliar. Así, se registra en este informe más del 60 % de los casos corresponden a asesinatos, violaciones y golpizas como parte de las acciones más crueles. Discriminación institucional Se entiende como discriminación institucional la violencia ejercida por las instituciones, sean publicas o privadas. A continuación se expone un caso que pone de manifiesto dicha violencia: Estaba teniendo problema con mi tarjeta de BROU pues desde el 01-09-21 me habían bloqueado temporalmente la tarjeta. Fui a la dependencia de Rivera para buscar la solución donde me dicen que no saben el porqué del bloqueo... Al otro día llamo telefónicamente a BROU central, me informan que corresponde a los de mi departamento solucionarlo, pasándome el número para que yo me comunicara con ellos. Llamé y me atiende una funcionaria a quien le comento mi problema; de la nada ella empieza a maltratarme, me pide mi número de identidad, y comienza a referirse a mí en masculino. Le dije que yo ya tenía el cambio registral, que yo no era señor sino señora, en su respuesta me dice “todavía que te hago una gauchada vos me faltás el respeto”. Yo le dije que quien estaba faltando el respeto, no respetando mi identidad de género, era ella... ahí me alteró la voz y me cortó la llamada. Discriminación social En los casos que presentamos a continuación, se observa que la mayor parte de la discriminación se produce en la sociedad en general, y se basa en desconocer la identidad de género, pues se insulta a las mujeres trans que además son objeto de burlas. Estos casos exponen la violencia hacia la integridad física y el derecho a la vida: En marzo de 2021, en la ciudad de Las Piedras, fue agredida una persona trans que ejerce como trabajadora sexual en la zona. La víctima estaba en su parada habitual cuando un hombre la levantó en su vehículo, la apuñaló e intentó degollarla. De acuerdo con la información inicial, el autor no le robó nada. Fue encontrada herida en la calle por otras trabajadoras del lugar que la socorrieron y la llevaron hasta el Hospital de Las Piedras y de allí fue derivada al Pasteur en Montevideo. Permaneció internada con perforación de un pulmón y debieron hacerle una traqueotomía. 19
Caso de violencia en vía pública: En noviembre de 2021, en el Departamento de Rocha, un joven trans que estaba en la ruta haciendo dedo, fue levantado por un auto con tres hombres quienes lo sometieron y violaron. En base a la descripción de los agresores, la policía intenta identificarlos. Hasta el momento, no ha habido avances en la investigación. Caso de discriminación, violencia en lugares públicos: En febrero de 2020, una mujer trans denunció en las redes sociales que fue discriminada por el personal del popular Jackson Bar, un lugar que ha sido denunciado otras veces en el pasado por usar de forma discriminatoria el «derecho de admisión». Según denunció la influencer RJ el sábado por la noche decidió salir con una amiga y escogieron el Jackson para ir a bailar. «Entramos como todo el mundo, y estábamos en el medio de la noche tomando unos tragos y se acercaron dos patovicas a pedirnos que nos retiremos sin darnos ningún tipo de explicación», contó en un video que se difundió en sus redes sociales. «Los travas no eran así», le dijo alguien en el bar; «Como que son gritones, o queman o se prostituyen. Querían ir por ese lado, pero en este caso ninguna de las dos estábamos haciendo nada de eso. Ni estábamos ejerciendo la prostitución, ni drogándonos, ni metiéndonos con ningún pibe», aclaró. Estaban «como dos pibas normales» dijo, para luego denunciar que los del boliche decidieron expulsarlas sin razón aparente. Pidió a sus seguidores compartir y denunciar la discriminación en este y otros lugares, ya que son problemas que los colectivos sexualmente diversos siguen padeciendo. Los casos de violencia y discriminación han aumentado con el cambio de gobierno, pue se observan discursos de odio, desinterés del Estado frente a estos casos graves de violencia, todo esto agravado por la emergencia sanitaria, el encierro, el aislamiento social y la implementación de la LUC.
Principales autores de abusos y violaciones 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
36%
7%
14%
14%
Personal Personal de Personal de Agentes del uniformado, salud pública educación Estado militares, pública policÍa
20
21% 7% Cliente de Individuo civil trabajo sexual
Ocupación de las víctimas 100% 90% 80% 70%
69%
60% 50% 40% 30% 15%
20%
8%
10%
8%
0% Trabajadorxs sexuales
Activistas Defensoras de DDHH
Desocupadxs
Otros
Como vemos, son las activistas y defensoras de los derechos humanos, junto a las trabajadoras sexuales, quienes viven con mayor intensidad estas violencias. Cuanto mayor es la visibilidad del trabajo de las activistas, mayor es el riesgo que corren; y donde pensábamos que encontraríamos una acogida es en realidad donde más sufrimos amenazas y hostigamientos. Muchas de estas vulneraciones provienen de personas uniformadas pues, tal como se observa en el gráfico anterior, 15 % fueron activistas que sufrieron ataques mientras que 69 % fueron trabajadoras sexuales. También de esto el Estado debe hacerse responsable, pues la seguridad es para todos los ciudadanos, no se debe excluir y mucho menos silenciar a las personas que luchan contra eso. Ahí es donde tenemos un Estado ausente y opresor.
F. Fronteras: Población trans migrante, y mujeres trans del interior La pandemia hizo que quedara aún más visible la problemática de la diversidad sexual, en especial de las personas trans que residen en el interior del país y migrantes. Se observa un contraste en el interior pues encontramos departamentos muy conservadores, donde es mayor la exclusión, la violencia institucional, y todo tipo de violación a los derechos humanos. En la frontera de Uruguay con Brasil, una frontera seca, prosperan con más vigor los discursos de odio de políticos de ultraderecha y cristianos. Se registra mucha violencia hacia las personas trans pero las denuncias realizadas quedan inactivas pues con frecuencia el victimario huye a Brasil. Por otra parte, las intendencias de ambos países tienen una política muy conservadora, excluyente, fascista y genocida con ausencia de políticas públicas. En cuanto al tránsito migratorio, encontramos fronteras abiertas para la entrada de 21
personas trans y la diversidad sexual. En situación de pandemia, hubo numerosas migrantes trans, muchas tuvieron suerte de seguir hacia la capital, otras lograron estabilizarse pero otras fueron relegadas a vivir en situación de calle. Cuando desde la organización intentamos ayudar, comprobamos que en las instituciones existe rechazo institucional y rechazo xenofóbico y que hay personal no preparado o calificado para abordar la problemática de las personas migrantes. Hay quienes violan la Ley 18250, Ley de Migraciones, siendo las más afectadas, una vez más, las personas trans. Se registraron casos en los que no permitían el ingreso al país, poniendo en cuestión y duda la identidad de género, y dejando a las personas en situación de calle. Respecto al servicio de salud pública, la exclusión de las personas migrantes se evidencia hasta en la falta de medicación para el tratamiento de enfermedades crónicas, otra violación a la Ley de Migraciones. Está claro que se requiere de voluntad política y de compromiso social para erradicar la centralización en todos los aspectos.
22
Recomendaciones al Estado de Uruguay El Estado tiene el deber de garantizar a todos los habitantes del territorio nacional el ejercicio pleno de sus derechos, no solo por lo establecido en la Constitución de la República, sino por los compromisos internacionales asumidos. Se han hechos amplios avances en políticas sociales, pero estamos lejos del ideal, y es nuestro deber exigir la concreción de nuevas propuestas realizadas por instituciones inmersas en la problemática, como ATRU y otras, que ven posibilidades con un enfoque diferente, y con una mayor y más directa vinculación con los involucrados. Se hace necesario contar con nuevos recursos para que las personas trans puedan realmente hacer efectivos sus derechos como parte de la sociedad uruguaya. Se deben tomar medidas correctivas para combatir la discriminación y generar condiciones de igualdad efectivas, que el derecho a la educación esté garantizado por el Estado y que existan planes educativos que respondan a las necesidades de la población trans. En esta línea, proponemos políticas públicas efectivas que condenen la discriminación y que sean acompañadas por campañas de sensibilización a docentes, estudiantes y personal administrativos de los centros. Que la educación sea LAICA, que no tengamos casos de mensajes de odios de directores, profesores y funcionarios con discursos conservadores, excluyentes, misóginos. Que el acceso a la salud no sean solo palabras. En el área de la salud, especialmente en el interior del país, hace falta concientización y sensibilización de todo el personal, en especial de médicos/as, administrativos/as y del cuerpo de enfermería. Exigimos una policlínica de hormonización y, para la salud integral de las personas trans en el interior del país, sea en Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo o Artigas, que los tratamientos hormonales se respeten como cualquier otro tratamiento; cabe destacar que hay lugares del país en los que hace más de un año que no llegan las hormonas a centros de salud. A pesar de que en Uruguay existe compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos, y que se ubica como una de las naciones en América del Sur con una agenda robusta en cuanto a la defensa de los mismos, consideramos que dichas políticas no han anclado todavía al interior de la sociedad. Aún observamos, de forma periódica y preocupante, casos de discriminación sin que exista denuncia alguna ante las autoridades competentes. 23
Es necesario que exista igualdad de condiciones en el real acceso al trabajo, que se cumplan los cupos para personas trans en llamados públicos y privados; que haya un convenio o contrato con las personas trans que se postulen a los llamados, que puedan acceder al trabajo formal, pero con condiciones que les permitan terminar sus estudios, capacitar a las personas trans. Que las personas trans y la diversidad sexual sean incluidas en todo tipo de auxilio con carácter de emergencia, incluidas en sus políticas públicas. Que el sistema de seguridad (jefaturas, policías) sea un aliado para la seguridad de la población trans, en vez de ser la población trans objeto de violencia y discriminación por parte de las mismas. La realidad es que, en su mayoría, las personas trans se dedican al trabajo sexual porque es la única vía de ingreso a la que pueden acceder. Si se generaran capacitaciones acordes, podría llegar a crecer el porcentaje de personas trans con trabajo formal, lo que daría un gran impulso a su calidad de vida y su salud, quedando quizás menos expuestas a enfermedades de transmisión sexual, agresiones y violencia física. Mayor promoción y garantía de los derechos humanos de las personas trans. Lucha implacable contra la discriminación, campañas públicas de sensibilización a la población en general, y especialmente en los institutos relacionados con los derechos básicos: salud, educación y trabajo. Urgente realización de campañas de sensibilización en el interior del país, donde se perciben los casos más obvios de discriminación y odio a las personas trans. Es vital concientizar sobre diversidad sexual a los niños en las escuelas, para que desde pequeños se les inculque que todos y todas somos iguales porque somos personas y tenemos los mismos derechos, tal como establece la Constitución. La población trans lleva consigo una socialización sustentada en el estigma y la discriminación, condiciones que la hace particularmente vulnerable en cuanto a su salud, el acceso a la educación y el trabajo. Esto determina que este grupo de seres humanos viva en la marginación y la pobreza. Para reducir la homofobia y la transfobia es indispensable sensibilizar e incluir a las minorías sexuales, atacando las causas de la intolerancia, educando a la sociedad y para que esté acorde con la realidad actual del mundo. El derecho a la identidad es inalienable y debe ser garantizado por los Estados. El acceso a tener el documento identificatorio que coincida con su identidad de género sería un reconocimiento a tantos años de lucha, de discriminación y estigma, un reconocimiento 24
por parte del
Estado a la identidad de las personas trans. Dicho logro sería una piedra
angular en la concreción hacia una sociedad con plena justicia social, en la cual todos y todas tengamos los mismos derechos y obligaciones.
REFERENCIAS RedLacTrans (diciembre de 2020). Paren de matarnos. www.redlactrans.org Disponible en: http://redlactrans.org.ar/site/paren-de-matarnos-informe-regional-20192020-cedostalc/ El País (22 de Febrero de 2020) Información. www.elpais.com.uy Disponible en: https://www.elpais.com.uy/informacion/realizo-protesta-frente-jacksonbar-caso-discriminacion.html Subrayado (Marzo de 2021). Policiales. www.subrayado.com.uy Disponible en: https://www.subrayado.com.uy/un-cliente-apunalo-e-intento-degollar-unamujer-trans-las-piedras-n728581 Subrayado (Setiembre de 2021). Policiales. www.subrayado.com.uy Disponible en: https://www.subrayado.com.uy/reabrieron-cuatro-casos-mujeres-transasesinadas-hace-mas-10-anos-n795621 Montevideo Portal (6 de noviembre de 2021). Policiales. www.montevideo.com.uy Disponible en: https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Un-varon-trans-fue-violado-enRocha-por-tres-personas-uc803386 La Diaria (27 de octubre de 2021) diaria Feministas. www.ladiaria.com.uy Disponible en: https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2021/10/repudian-accionarde-la-policia-de-rivera-que-detuvo-a-una-pareja-homosexual-por-abrazarse-en-un-espaciopublico/ Ley 19684. Ley Integral para Personas Trans. Disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19684-2018 Ley 19617. Regulación de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19167-2013 Ley 17817. Declaración de Interés Nacional. Lucha contra el Racismo la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación. Disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/17817-2004 Ley 18437. Ley General de Educación. Disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18437-2008 Ley N° 18250. Ley de Migraciones. Disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18250-2008/76 25
Ley N° 19.889. Ley de Urgente Consideración. Disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19889-2020
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